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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01321-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-01321-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por los señores Denis Andrea Alape Hoyos y Jenrry Medina Velásquez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-01321-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

24 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL– Exige similitud fáctica / EFECTOS RETROACTIVOS DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DE LOS ACTOS DE CARÁCTER GENERAL - No afectan las situaciones jurídicas consolidadas / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Hecho de la administración se generó en cumplimiento de un acto administrativo de contenido general / INCAUTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS – Por prohibición de manipulación, comercialización y distribución de pólvora vigente para la época de los hechos / DAÑO ANTIJURÍDICO - No se acredito

Los actores en su escrito de tutela señalaron que el Tribunal accionado, se apartó de los precedentes judiciales sentados por el Consejo de Estado en las sentencias del 6 de marzo de 2003, 27 de octubre de 2005, 21 de mayo y 29 de mayo de 2009 (…) Al respecto, se evidencia que no existe identidad fáctica con el caso sub examine, por cuanto en las sentencias mencionadas, si bien hacen referencia en algunos apartes a los efectos en el tiempo de los actos administrativos que fueron declarados nulos o a normas jurídicas que fueron declaradas inexequibles, lo cierto es que no tratan de casos en los cuales se pretenda demostrar la antijuridicidad de un daño con fundamento en la nulidad de un acto administrativo. En ese sentido, tampoco se observa una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver, razón por la cual, la Sala concluye que las sentencias referidas por el actor no son un precedente aplicable al caso concreto. (…) la Sala advierte que los actores afirmaron que el Tribunal en la sentencia acusada, se apartó del precedente judicial del Consejo de Estado que sobre los efectos retroactivos de las sentencias de nulidad de los actos de carácter general. En ese sentido, es preciso indicar que esta Corporación judicial, de forma mayoritaria, ha advertido que los efectos retroactivos de las sentencias de nulidad de los actos de carácter general, son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas (…) Ello significa que los efectos ex tunc, no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales las creadas, modificadas o extinguidas por un acto particular y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede administrativa ni en sede judicial. En el presente caso, está demostrado que la situación alegada por los actores estaba consolidada, debido a que la incautación y destrucción de los artículos pirotécnicos no estaban en discusión en sede administrativa o judicial. Lo anterior, debido a que lo que se debatía a través de la acción de reparación directa (…), era la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Municipio de Florencia, Caquetá, por el presunto daño antijurídico causado. Ahora bien, los actores en su escrito de tutela señalaron que la parte accionada se apartó del precedente judicial contenido en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los conceptos emanados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son de obligatorio cumplimiento o ejecución y no constituyen precedente judicial

AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Incumplimiento de carga argumentativa / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN – Inexistencia / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – Incumplimiento de carga argumentativa / ERROR INDUCIDO – Incumplimiento de carga argumentativa

Los actores en su escrito de tutela indicaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, no obstante no cumplieron con la carga argumentativa mínima de señalar las pruebas que, a su juicio, no valoró la autoridad judicial accionada, ni argumentaron en que forma la falta de valoración de los medios probatorios, trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales (…) Para la Sala, contrario a lo sostenido por los actores, el Tribunal no incurrió en una decisión sin motivación, toda vez que la providencia proferida en cuestión, se fundamentó en argumentos jurídicos razonables, persuasivos y convincentes. La Sala observa que la autoridad judicial accionada argumentó con fundamento en los presupuestos fácticos del caso sub examine, la valoración de las pruebas allegadas al plenario y la jurisprudencia del Consejo de Estado, referente a la antijuridicidad de los daños provenientes de una actividad ilícita, al momento de los hechos (…) Los actores en su escrito de tutela indicaron que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional (…)93. Para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima de establecer cómo se configuró el error inducido con fundamento en las reglas establecidas por la Corte Constitucional

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01321-00(AC)

Actor: DENIS ANDREA ALAPE HOYOS Y JENRRY MEDINA VELÁSQUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial – alcance/
Defecto fáctico – alcance/
Decisión sin motivación – alcance/
Violación directa de la Constitución – alcance/
Error inducido – alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) Igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Denis Andrea Alape Hoyos y Jenrry Medina Velásquez contra el Tribunal Administrativo del Caquetá porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de septiembre de 2018, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

Los actores, mediante apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de septiembre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00148 01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales los actores fundamentan la solicitud de tutela son los siguientes:

Indicaron que fueron los propietarios de la Cacharrería Medisur, ubicada en el Barrio Consolata del Municipio de Florencia, Caquetá, en el año 2008, en la cual vendían artículos pirotécnicos, con los permisos requeridos, y eran un distribuidor autorizado de Industrias Martinicas El Vaquero Ltda.

Manifestaron que el señor Jenrry Medina Velásquez, en su condición de Representante Legal de la Cacharrería Medisur, suscribió contratos de prestación de servicios con el Municipio de Acevedo, Huila, y con los administradores de la Finca “[…] La Johana […]” del Municipio de La Montañita, Caquetá, por medio de los cuales se comprometió a organizar y realizar eventos de fin de año con actividades que incluían espectáculos con fuegos artificiales.

Señalaron que el señor Jenrry Medina Velásquez, en su condición de Representante Legal de la Cacharrería Medisur, compró a Industrias Martinicas El Vaquero Ltda. la suma de quince millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos dos pesos ($15.789.202) en pólvora para poder cumplir con sus compromisos contractuales, el 21 de noviembre de 2008.

Refirieron que la Alcaldía Municipal de Florencia, Caquetá, profirió el Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008, por medio del cual prohibió la manipulación, la comercialización y la distribución de pólvora en el Municipio de Florencia, el cual “[…] posteriormente […] se declararía nulo […]”.

Afirmaron que la Policía Nacional incautó los artículos pirotécnicos adquiridos por el señor Jenrry Medina Velásquez, en su condición de Representante Legal de la Cacharrería Medisur, el 19 de diciembre de 2018.

Indicaron que el Secretario de Gobierno del Municipio de Florencia, Caquetá, autorizó a la SIJIN de Caquetá la destrucción de los artículos pirotécnicos incautados, el 22 de diciembre de 2008.

Adujeron que presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Municipio de Florencia, Caquetá, en la cual solicitaron declarar a las entidades responsables por los perjuicios causados por la incautación y destrucción de los artículos pirotécnicos de la Cacharrería Medisur.

Sentencia proferida el 20 de marzo de 2018 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00148 00

El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante sentencia de 20 de marzo de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:

“[…]

PRIMERO. – DECLARAR PROBADA la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción alegada por la demandada Municipio de Florencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. – NO CONDENAR en costas.

[…]”.

Señaló que los actores al controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó la destrucción del producto pirotécnico incautado, el 19 de diciembre de 2008, y del Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008, por medio del cual se prohibió la manipulación, la comercialización y la distribución de pólvora en el Municipio de Florencia, debieron interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y no de reparación directa.

Afirmó que la acción de reparación directa en la cual el daño es generado por un acto administrativo, es procedente siempre y cuando no se alegue su ilegalidad y, teniendo en cuenta, que en el caso sub examine los actores habían sustentado el daño ocasionado en la presunta ilegalidad del Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008, se configuraba la excepción de inepta demanda.

Explicó que tampoco se configuraban los supuestos de daño especial ocasionados por un acto administrativo, en la medida que el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia proferida el 18 de septiembre de 2008, dentro de la acción de nulidad identificada con el número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00081 00, había declarado la nulidad del Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008.

Sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00148 01

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. JTA – 054 del 20 de marzo de 2018, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia Caquetá, que declaró probada la “excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas. […]”.

Consideró que la acción de reparación directa era procedente, debido a que se trataba de un daño antijurídico proveniente de un hecho de la administración, que se generó en cumplimiento de un acto administrativo de contenido general de la administración, por medio del cual se prohibió la venta, el almacenamiento, la manipulación y el uso de artículos pirotécnicos, de conformidad con lo establecido en la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2011 por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación.

Señaló que, según el material probatorio: i) la Policía Nacional incautó aproximadamente una tonelada de material pirotécnico al señor Jenrry Medina Velásquez en el Barrio Consolata del Municipio de Florencia, Caquetá, el 19 de diciembre de 2008, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008; ii) dicho Decreto suscrito por el Alcalde del Municipio de Florencia, vigente para la época de los hechos, prohibió la manipulación, la comercialización y la distribución de pólvora en Florencia y; iii) por tal razón, la Secretaría de Gobierno del Municipio de Florencia autorizó la destrucción de los artículos pirotécnicos incautados, dado que la mercancía se encontraba en una bodega, desconociendo su prohibición.

Refirió que si bien se advertía la existencia de un daño, por cuanto los artículos pirotécnicos estaban avaluados en quince millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos dos pesos ($15.789.202), lo cierto era que no podía catalogarse como antijurídico, en la medida que el almacenamiento de la mercancía infringía lo establecido en el en el Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008, lo cual implicaba que los actores estaban “[…] en el deber jurídico de soportar el hecho adverso […]”.

Indicó que, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 25 de mayo de 2011, al resolver un caso con presupuestos fácticos análogos, estableció que el daño no tenía la connotación de antijurídico si provenía de una actividad ilícita, esto es, de la infracción consciente de la norma por parte de quien lo alega, debiendo asumir las consecuencias de su actuación irregular. En ese sentido, concluyó:

“[…] En consecuencia, al no probarse el daño antijurídico, no hay lugar a continuar con el examen de los demás elementos de la responsabilidad estatal, como quiera que en el sub judice no se logró acreditar el primero de ellos, por lo tanto las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad, de ahí que no se le pueda atribuir al Estado responsabilidad sino se concatena su conducta, acción u omisión con el daño antijurídico padecido por la víctima y estando ausente en este caso dicho elemento decae la acción indemnizatoria, por falta de prueba de la existencia del mismo. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…]

Que, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente Acción de Tutela se AMPAREN los Derechos Constitucionales Fundamentales de los señores DENIS ANDREA ALAPE HOYOS Y JENRRY MEDINA VELÁSQUEZ, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, AL TRABAJO, A LA VIDA DIGNA, A LA FAMILIA Y A LA HONRA, consagrados por los artìculos 29, 229, 12, 25, 11, 42 y 21 de la Constitución Política de Colombia, que están siendo vulnerados por LA SENTENCIA ORAL NO. 07-09128-18/ORD61-02, PROFERIDA POR LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ DE FECHA VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2018 DENTRO DEL PROCESO CON RADICACIÓN 18-001-33-31-001-2011-00148-01, NOTIFICADA POR EDICTO FIJADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DESFIJADO EL 02 DE OCTUBRE DE 2018, al “ REVOCAR la sentencia No. JTA-054 del 20 de marzo de 2018, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, Caquetá, que declaró probada la “excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción”, y aún así “NEGAR las pretensiones de la demanda”.

QUE SE REVOQUE LA SENTENCIA ORAL NO. 07-09128-18/ORD61-02, PROFERIDA POR LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ DE FECHA VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2018 DENTRO DEL PROCESO CON RADICACIÓN 18-001-33-31-001-2011-00148-01, NOTIFICADA POR EDICTO FIJADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DESFIJADO EL 02 DE OCTUBRE DE 2018.

Que se ORDENE a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá que, en su calidad de juez natural, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la decisión de tutela, profiera una nueva sentencia, favorable a las pretensiones de la demanda, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Juez de esta Tutela y por ende, respetuosa de los Derechos Constitucionales fundamentales de mis Representados.

Que se adopten todas las demás medidas necesarias para tutelar y reivindicar los Derechos Constitucionales Fundamentales de mis defendidos que fueron vulnerados con la sentencia proferida el veinte (20) de septiembre de 2018 dentro del proceso con radicación 18-001-33-31-001-2011-00148-01.

[…]”.

Los actores en su escrito de tutela, indicaron que la autoridad judicial accionada, incurrió en:

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial: especificamente, las sentencias proferidas el 6 de marzo de 2003, el 27 de octubre de 2005, el 2 de abril y 21 de mayo de 2009 por el Consejo de Estado, respecto a los efectos retroactivos de la nulidad de los actos administrativos. En ese sentido, explicó: “[…] habiendo aclarado que el decreto en el cual se basaron el Municipio de Florencia y la Policía Nacional, para proceder con la incautación y destrucción de la mercancía de propiedad de los aquí accionantes, se entiende como inexistente desde su expedición, sí es claro que el daño es antijurídico o lo que es lo mismo, mis poderdantes no tenían la obligación legal de soportar ese daño […]”. Asimismo, sostuvo que se desconoció el Concepto núm. 2195 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Defecto fáctico: por valorar inadecudamente “[…] el material probatorio al referir que no existió daño antijurídico […]” y no valorar “[…] la sentencia del propio Tribunal Administrativo del Caquetá – que obraba en el proceso para el momento del fallo objeto de esta solicitud – en la que declaró nulo el Decreto 392 de 2008 y los efectos retroactivos que esta tiene […]”.

Decisión sin motivación: por estimar que la decisión del Tribunal no guardó relación con los supuestos fácticos del caso y, por tanto, carecía de fundamentos.

Violación directa de la Constitución: al desconocer el contenido del artículo 90 de la Constitución Política, debido a que “[…] de haberse respetado y aplicado la norma en cuestión, se habría declarado al Estado como responsable del daño antijurídico […]”.

Error inducido: debido a que los argumentos de los demandados indujeron al Tribunal a incurrir en errores de interpretación que llevaron a considerar que no procedía la aplicación retroactiva de la nulidad del Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008.

Actuación

El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de abril de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Asimismo, dispuso vincular al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y al Municipio de Florencia, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe.

Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas

El Secretario General de la Policía Nacional, mediante escrito de 22 de abril de 2019, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, por estimar que no se vulneraron los derechos fundamentales de los actores.

Asimismo, indicó que la acción de tutela solo procede cuando no hay otro medio de defensa judicial y esta se utilice como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no sucede en el caso concreto.

El Apoderado Especial del Municipio de Florencia, mediante escrito de 23 de abril de 2019, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, por estimar que no se vulneraron los derechos fundamentales de los actores. En ese sentido, refirió que no se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable, y los argumentos de los actores querían plantear una tercera instancia de la litis.

Adicionalmente, señaló que el Tribunal valoró los medios de prueba allegados al plenario, y que el hecho de que se hubiere declarado la nulidad del Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008 no implicaba automáticamente que se debían conceder las pretensiones del proceso de reparación directa, por cuanto son procesos diferentes.

Explicó que “[…] a pesar que se decretó la nulidad del Decreto 392 de 2008, se debe resaltar que existe una Ley de carácter nacional que supone mayor trascendencia que un decreto de carácter municipal, razón por la cual, aunque la prohibición expresa contenida en el decreto declarado nulo, la misma se contiene en los mismos términos en la Ley 670 de 2001 […]”.

Señaló que el Tribunal no incurrió en error inducido, en la medida que la defensa del Municipio de Florencia se realizó en ejercicio de su derecho de contradicción.

Los Magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante escrito de 24 de abril de 2019, solicitaron declarar improcedente la solicitud de tutela y, en subsidio, negar las pretensiones planteadas por los actores.

Afirmaron que en la solicitud de tutela no se acreditaron los siguientes requisitos de procedibilidad: i) la relevancia constitucional, dado que se trataba de un asunto meramente legal que no conllevó a la vulneración de los derechos fundamentales de los actores; ii) la subsidiariedad, en la medida que tenían otros medios de defensa judicial, como lo era el recurso extraordinario de revisión, y no plantearon el argumento de los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 392 de 2 de diciembre de 2008 en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el proceso de reparación directa; y iii) la incidencia que tuvo la presunta irregularidad en la sentencia del Tribunal.

Indicaron que en los actores fundamentaron su solicitud de tutela en la omisión de valoración probatoria, sin indicar a cuáles pruebas se referían y que incidencia tenían en la decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo del Caquetá, al proferir la sentencia de 20 de septiembre de 2018, dentro del proceso de reparación directa identificado con número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00148 01, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los actores, al incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, respecto a los efectos retroactivos de la nulidad de los actos administrativos, lo que derivó en la configuración de los defectos fáctico, decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y error inducido.

Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; v) defecto fáctico; vi) decisión sin motivación; vii) violación directa de la Constitución; viii) error inducido y, finalmente, la ix) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por los señores Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera – que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los actores;

La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y además, ii) los actores cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos invocados en la solicitud de tutela.

Para la Sala exigirle a los actores una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

Cumplió con el principio de inmediatez ;

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos invocados;

En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;

Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega;

No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, respecto a los efectos retroactivos de la nulidad de los actos administrativos, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00148 01, lo que derivó en la configuración de los defectos fáctico, decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y error inducido.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al momento de resolver los casos concretos. Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa racional.
11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador […]”.
[…]
“[…] Lo anterior conlleva necesariamente una adecuada interpretación del concepto “imperio de la ley” al que refiere el artículo 230 C.P. Para la Corte, la definición de las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez, cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades […]”. (Resaltado por la Sala).

En ese orden de ideas, las reglas y sub reglas jurisprudenciales que crean los órganos de cierre, como lo es entre otros, el Consejo de Estado, tienen carácter vinculante para los demás jueces que hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y deben ser aplicados, cuando se evidencie, i) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso, lo que trae como consecuencia, que dentro del marco de un Estado Social de Derecho, como el de Colombia, se garanticen principios constitucionales tan importantes como la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]“.

En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.

Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Decisión sin motivación

Esta Sección ha señalado que la motivación de las sentencias judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los usuarios de la administración de justicia, que hace parte de las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que existe un defecto por decisión sin motivación cuando se presenta “[…] el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido […]”.

Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.

En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución, se estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de la Carta Política de 1991.

Error inducido

Frente a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] El error inducido acaece cuando una providencia judicial en apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales.

De esta manera, se trata de una violación de derechos fundamentales que no es atribuible al funcionario judicial accionado, puesto que el defecto en la providencia es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa, por lo que la actuación judicial resulta lesiva de derechos fundamentales.

De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de 2001, expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al menos dos presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental […]”.

La configuración de este defecto se materializa cuando la actuación del juez se ve afectada o manipulada por el actuar irregular de terceros que trae como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales.

En ese orden, se entiende configurado el defecto por error inducido cuando la providencia que profiere el juez es correcta dado que se ajusta a los postulados legales y constitucionales respetándose el debido proceso; presenta vicios exógenos porque se fundamenta en información equivocada, falsa e imprecisa.

Análisis del caso en concreto

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; ii) defecto fáctico; iii) decisión sin motivación; iv) violación directa de la Constitución; v) error inducido a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:

Copia del Registro Único Tributario número 14110544331 de la Cacharrería Medisur.

Copia de la matricula mercantil de la Cacharrería Medisur expedida por la Cámara de Comercio de Florencia, el 7 de febrero de 2011, en la cual consta que el propietario del establecimiento comercial es el señor Jenrry Medina Velásquez.

Copia de la Factura de Venta número 1972 expedida por Industrias Martinicas El Vaquero Ltda., en la cual consta una venta de artículos pirotécnicos al señor Jenrry Medina Velásquez, por valor de quince millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos dos pesos ($15.789.202) .

Copia de la cuenta de cobro de 22 de julio de 2009 expedida por la Cacharrería Medisur a favor de Industrias Martinicas El Vaquero Ltda., por un valor de quince millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos dos pesos ($15.789.202) .

Copia de la petición de 20 de diciembre de 2008 presentada por el señor Carlos Alberto Carvajal Salazar ante el Comandante del Departamento de Policía del Caquetá, por medio del cual solicitó la devolución de los artículos pirotécnicos incautados el 19 de diciembre de 2008.

Copia del Oficio número 049/COMAN-DECAQ de 27 de abril de 2009 suscrito por el Comandante del Departamento de Policía del Caquetá, en el cual informa al señor Jenrry Medina Velásquez que “[…] una vez realizado el procedimiento de incautación de la pólvora que se encontraba almacenada en la Calle 19 No. 13 – 16, Barrio la Consolata […] y teniendo en cuenta el Decreto No. 392 de fecha 02 de diciembre del 2008, expedido por la Alcaldía de la ciudad de Florencia, que a la letra dice “por el cual se prohibe la manipulación, comercialización y distribución de pólvora en el Municipio de Florencia” […] por tal virtud este material fue puesto a disposición del Secretario de Gobierno Municipal y este fue quien ordenó la destrucción del material incautado […]”.

Copia del Oficio número SG – 1000 de 3 de noviembre de 2009 suscrito por el Secretario de Gobierno de Florencia, por medio del cual al dar respuesta a la petición de 23 de octubre de 2009, le remitió al señor Medina Velásquez copia del Decreto número 392 de 2 de diciembre de 2009.

Copia del Oficio número 4623 de 13 de diciembre de 2009 suscrito por el Comandante del Departamento de Policía del Caquetá, en el cual informó al señor Medina Velásquez, el procedimiento de incautación de los artículos pirotécnicos del 19 de diciembre de 2009.

Copia de la sentencia proferida, en primera instancia, el 18 de septiembre de 2017, por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de nulidad identificado con el número único de radicación 18001 33 31 001 00081 00, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto número 392 de 2 de diciembre de 2008, por considerar que extralimitó la facultad dada a través de las Leyes 9 de 24 de enero de 1979 y 670 de 30 de julio de 2001.

Cargo por desconocimiento del precedente judicial

Los actores en su escrito de tutela señalaron que el Tribunal accionado, se apartó de los precedentes judiciales sentados por el Consejo de Estado en las sentencias del 6 de marzo de 2003, 27 de octubre de 2005, 21 de mayo y 29 de mayo de 2009.

Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.

Ahora bien, la Sala debe preguntarse, si dichas providencias judiciales constituyen o no precedente judicial, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, determinar si la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia de 20 de septiembre de 2018, se apartó de las reglas jurisprudenciales, plasmadas en las providencias de i) 6 de marzo de 2003, ii) 27 de octubre de 2005, iii) 21 de mayo de 2009 y iv) 29 de mayo de 2019; y del Concepto núm. 2195 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De conformidad con lo manifestado por los actores, la Sala realizará un análisis de los hechos relevantes de las providencias referidas:

Sentencia proferida el 6 de marzo de 2003 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado: i) Ecopetrol presentó declaración de impuesto de renta por el año gravable 1994, liquidando un saldo a favor para el año 1995; ii) la Administración Especial de Impuestos Nacionales Grandes Contribuyentes de Bogotá profirió a la empresa un emplazamiento para corregir su declaración privada; iii) la contribuyente dio respuesta al citado emplazamiento, exponiendo las razones por las cuales consideraba improcedente la corrección de su declaración privada; iv) la administración profirió el requerimiento especial 032 en el cual propuso modificar la liquidación privada; v) las razones expuestas por el contribuyente en la respuesta al requerimiento especial no fueron aceptadas por la administración, expidiendo en consecuencia liquidación de revisión; vi) el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión fue decidido confirmando el acto recurrido; vii) Ecopetrol, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de los actos administrativos expedidos por la DIAN y el restablecimiento del derecho correspondiente, por estimar, entre otros, que se notificó de forma extemporánea el requerimiento especial, con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 13 del Decreto 1000 de 1997, el cual fue declarado nulo mediante sentencia proferida el 11 de febrero de 2000, según el cual las declaraciones que generaban salido a favor quedaban en firme dos años después de la presentación de la declaración de renta; viii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 1 de noviembre de 2001 declaró la nulidad de los actos demandados, al acoger el cargo de notificación extemporánea del requerimiento especial; ix) la DIAN interpuso recurso de apelación, manifestando que las sentencias que declaran la nulidad tienen efectos ex tunc, es decir que se retrotraen a la fecha de expedición de la norma anulada, afectando situaciones no consolidadas; x) la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6 de marzo de 2003, confirmó la sentencia apelada, con fundamento en el artículo 795 del Estatuto Tributario.

Sentencia proferida el 27 de octubre de 2005 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado: i) Harinera Indupan S.A. importó trigo durante el 30 de julio de 1999 y el 6 de octubre de 2000 y en las liquidaciones de importación pagó y liquidó el IVA implícito, según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1344 de 1999; ii) la empresa solicitó la devolución del impuesto pagado, con fundamento en la sentencia de nulidad de la norma citada; iii) la DIAN, mediante Resolución 071 expedida el 21 de mayo de 2001, rechazó la solicitud, por considerar que el pago del IVA implícito constituyó un hecho consolidado, al cual no se le aplicaban los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad; iv) la empresa en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la citada Resolución y el restablecimiento correspondiente; v) el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 25 de marzo de 2004, anuló el acto acusado y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, practicar la liquidación oficial de corrección; vi) la DIAN interpuso recurso de apelación, por estimar que se trataba de una situación jurídica consolidada; vii) la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 27 de octubre de 2005, confirmó la sentencia apelada, por considerar que la situación no había quedado consolidada, en la medida que la declaración de importación y el levante no habían adquirido firmeza al momento de la solicitud de devolución.

Sentencia proferida el 21 de mayo de 2009 por la Sección Primera del Consejo de Estado: i) Distribuidora Toyota Ltda., PROTABACO S.A. y Leasing Bolívar S.A. refirieron que pagaron la tasa especial por servicios aduaneros creada por la Ley 633 de 2000 y cuya devolución solicitan debido a que los artículos 56 y 57 de la mencionada norma fueron declarados inexequibles, mediante sentencia C – 992 de 19 de septiembre de 2001 por la Corte Constitucional; ii) las empresas, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitaron la nulidad de los actos administrativos que negaron la solicitud de devolución de tasa aduanera; iii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda y iv) la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 21 de mayo de 2009, confirmó las sentencias apeladas.

Sentencia proferida el 29 de mayo de 2009 por la Sección Quinta del Consejo de Estado: i) los ciudadanos Jorge Andrés Chaparro, en ejercicio de la acción pública electoral, solicitaron la nulidad del acto de elección del señor Antonio Emiliano Rivera Bravo como Secretario de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes para el período 2006 – 2010 y ii) la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 29 de mayo de 2009, declaró la nulidad del acto de elección referido.

Al respecto, se evidencia que no existe identidad fáctica con el caso sub examine, por cuanto en las sentencias mencionadas, si bien hacen referencia en algunos apartes a los efectos en el tiempo de los actos administrativos que fueron declarados nulos o a normas jurídicas que fueron declaradas inexequibles, lo cierto es que no tratan de casos en los cuales se pretenda demostrar la antijuridicidad de un daño con fundamento en la nulidad de un acto administrativo.

En ese sentido, tampoco se observa una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver, razón por la cual, la Sala concluye que las sentencias referidas por el actor no son un precedente aplicable al caso concreto.

Al respecto, la Sala hace énfasis, en que no basta para invocar el desconocimiento de un precedente judicial, acreditar la existencia de un problema jurídico similar, y la identificación de las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, toda vez que los anteriores elementos deben analizarse de manera conjunta con la situación fáctica.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que los actores afirmaron que el Tribunal en la sentencia acusada, se apartó del precedente judicial del Consejo de Estado que sobre los efectos retroactivos de las sentencias de nulidad de los actos de carácter general.

En ese sentido, es preciso indicar que esta Corporación judicial, de forma mayoritaria, ha advertido que los efectos retroactivos de las sentencias de nulidad de los actos de carácter general, son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, “[…] aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue declarada nula […].

Ello significa que los efectos ex tunc, no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales las creadas, modificadas o extinguidas por un acto particular y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede administrativa ni en sede judicial.

En el presente caso, está demostrado que la situación alegada por los actores estaba consolidada, debido a que la incautación y destrucción de los artículos pirotécnicos no estaban en discusión en sede administrativa o judicial. Lo anterior, debido a que lo que se debatía a través de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 18001 33 31 001 2011 00148 00, era la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Municipio de Florencia, Caquetá, por el presunto daño antijurídico causado.

Ahora bien, los actores en su escrito de tutela señalaron que la parte accionada se apartó del precedente judicial contenido en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los conceptos emanados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son de obligatorio cumplimiento o ejecución y no constituyen precedente judicial, teniendo en cuenta que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado en su función jurisdiccional y no consultiva, tienen fuerza vinculante y pueden llegar a ser considerados como precedentes jurisprudenciales si cumplen los requisitos señalados para tal fin.

De conformidad con lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal al proferir la sentencia de 20 de septiembre de 2018, no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable, ajustada a derecho y al tenor de su autonomía judicial, sin evidenciar esta Sala una actuación arbitraria.

Cargo por defecto fáctico

Los actores en su escrito de tutela indicaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, no obstante no cumplieron con la carga argumentativa mínima de señalar las pruebas que, a su juicio, no valoró la autoridad judicial accionada, ni argumentaron en que forma la falta de valoración de los medios probatorios, trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales.

En efecto, para la configuración del defecto fáctico dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, los actores deben cumplir con una carga argumentativa mínima identificando i) cuales medios probatorios fueron omitidos en su valoración por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la omisión en la valoración de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual, se repite no aconteció en el presente caso.

Cargo por decisión sin motivación

Los actores en su escrito de tutela afirmaron “[…] la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá que es objeto de la presente acción de tutela, no guarda relación alguna con los supuestos fácticos del caso en concreto […]”.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia proferida el 20 de septiembre de 2008, revocó la sentencia proferida, en primera instancia, y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos jurídicos:

“[…]

De la excepción de indebida escogencia de la acción.

[…] no es de recibo para esta Corporación exigir a los demandantes incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para buscar la reparación de los perjuicios que le fueron irrogados como consecuencia de la incautación y posterior destrucción del material de pirotecnia, teniendo en cuenta que en casos análogos, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido pacifica al analizar los eventos en los que se aduce en el libelo demandatorio de la existencia de un daño antijurídico a través del medio de la acción de reparación directa, pues se ha considerado que éste proviene de un hecho de la administración en acatamiento de un acto de contenido general (Decreto) que prohibió la venta, almacenamiento, manipulación y uso de artículos pirotécnicos […].

En virtud de lo anterior, resulta necesario revocar la decisión de primera instancia de declarar probada la excepción de indebida escogencia de la acción procediéndose a analizar de fondo el presente asunto.

De la responsabilidad del Estado […]

a) El Daño – de lo probado en el plenario.

De las pruebas obrantes en el plenario se destaca […]

Conforme a las pruebas antes reseñadas, se avizora que para el día 19 de diciembre de 2008, la Policía Nacional procedió a la incautación del material pirotécnico […] por violar el Decreto 392 del 2 de diciembre de 2008, según se consignó en la referida Acta de Incautación […].

En consideración a lo anterior, es necesario destacar que mediante Decreto No. 392 de 2 de diciembre de 2008, suscrito por el Alcalde del municipio de Florencia, vigente para la época de los hechos se “PROHIBE LA MANIPULACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PÓLBORA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA” […].

De allí que la Secretaría de Gobierno del municipio de Florencia el 22 de diciembre de 2008, proceda a la autorización para la destrucción total de los artículos pirotécnicos incautados al libelista […].

El Consejo de Estado, en casos análogos ha establecido que el daño no tiene la connotación de antijurídico si éste proviene de una actividad ilícita, esto es, de la infracción consciente de la norma por parte de quien lo alega […], veamos […]

En consecuencia, al no probarse el daño antijurídico, no hay lugar a continuar con el examen de los demás elementos de la responsabilidad estatal, como quiera que en el sub judice no se logró acreditar el primero de ellos […]”.

Para la Sala, contrario a lo sostenido por los actores, el Tribunal no incurrió en una decisión sin motivación, toda vez que la providencia proferida en cuestión, se fundamentó en argumentos jurídicos razonables, persuasivos y convincentes.

La Sala observa que la autoridad judicial accionada argumentó con fundamento en los presupuestos fácticos del caso sub examine, la valoración de las pruebas allegadas al plenario y la jurisprudencia del Consejo de Estado, referente a la antijuridicidad de los daños provenientes de una actividad ilícita, al momento de los hechos.

En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada cumplió con la carga argumentativa de indicar las razones jurídicas por las cuales decidió negar las pretensiones de la demanda.

Cargo por violación directa de la Constitución

Los actores en su escrito de tutela indicaron que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución, no obstante no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.

En ese orden de ideas, en el escrito de tutela el actor simplemente se limitó a enunciar normas jurídicas de rango constitucional, sin establecer las razones jurídicas de como fueron desconocidas o vulneradas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cargo por error inducido

Los actores en su escrito de tutela afirmaron que “[…] este defecto se materializa porque en todas las sedes del proceso contencioso administrativo, los argumentos de los demandados, inducían a las respectivas autoridades a incurrir en errores de interpretación de normas e indebida escogencia de las mismas […]”.

Para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima de establecer cómo se configuró el error inducido con fundamento en las reglas establecidas por la Corte Constitucional. Se debe recordar que este defecto se estructura cuando: “[…] i) la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental […]”

La Sala debe hacer énfasis que para la estructuración del cargo por error inducido, el actor tiene la carga de demostrar como la actuación de un tercero que participó en el respectivo proceso, obrando de manera engañosa o fraudulenta, trajo como consecuencia que indujera en error al juez para adoptar su respectiva sentencia, lo cual, se repite no sucedió en el presente asunto.

Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.

Conclusiones de la Sala
En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos invocados en la solicitud de tutela, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR el amparo interpuesto por los señores Denis Andrea Alape Hoyos y Jenrry Medina Velásquez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia proferida el 15 de noviembre de 2011. N.I. 21971. C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia proferida el 25 de mayo de 2011. N.I. 19792. C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
Al respecto, es preciso indicar que si bien el actor señaló en la solicitud de tutela que la sentencia presuntamente desconocida fue proferida el “[…] 2 de abril de 2009 […]” por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso identificado con el número único de radicación “[…] 2007-00036 […]”, lo cierto es que una vez verificado el Sistema de Información de Procesos “[…] Justicia Siglo XXI […]” y la relatoría del Consejo de Estado se constató que la fecha de la providencia es del 29 de mayo de 2009.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Acerca de estas dificultades, agrupadas por la doctrina como el escepticismo ante las reglas jurídicas, Cfr... HART H.L.A. (2004) El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires. En especial, vid. Capítulo VII.

“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 000 84 00
Sentencia T-407 de 2016, M.P Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 28 de abril de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver Corte Constitucional, Sentencias T-590 de 27 de agosto de 2009 y SU-917 de 5 de diciembre de 2013 ambas con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sentencia SU-014 de 17 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr001.html" \l "44" 44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 6 de marzo de 2003. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Número único de radicación 25000 23 27 000 2000 00697 01 (13022). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 27 de octubre de 2005. M.P. Héctor J. Romero Díaz. Número único de radicación 08001 23 31 000 2001 02351 01 (14979). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 2009, C. P., Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Número único de radicación 25000 23 27 000 2003 00119 01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 29 de mayo de 2009. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. Número único de radicación 11001 03 28 000 2007 00036 00. Respecto a esta providencia, es preciso indicar que si bien el actor señaló en la solicitud de tutela que había sido proferida el “[…] 2 de abril de 2009 […]” por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso identificado con el número único de radicación “[…] 2007-00036 […]”, lo cierto es que una vez verificado el Sistema de Información de Procesos “[…] Justicia Siglo XXI […]” y la relatoría del Consejo de Estado se constató que la fecha de la providencia es del 29 de mayo de 2009. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 6 de marzo de 2003. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Número único de radicación 25000 23 27 000 2000 00697 01 (13022). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 27 de octubre de 2005. M.P. Héctor J. Romero Díaz. Número único de radicación 08001 23 31 000 2001 02351 01 (14979). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 2009, C. P., Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Número único de radicación 25000 23 27 000 2003 00119 01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 29 de mayo de 2009. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. Número único de radicación 11001 03 28 000 2007 00036 00. Al respecto ver las sentencias: CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA Sentencias de 5 de mayo de 2003. Consejera Ponente Doctora María Inés Ortiz Barbosa. Expediente 12248 y de 22 de septiembre de 2004. Consejero Ponente Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié. Expediente 13645- Sentencia de 23 de noviembre de 2005, Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03886-01(14715) Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE, Consejero ponente: HECTOR J. ROMERO DIAZ, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), Radicación número: 08001-23- 31-000-2001-02351-01(14979). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, número único de radicación: 11001 03 15 000 2019 00171 00. Acción de tutela interpuesta por los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 18 de mayo de 2004, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, número único de radicación 25000 23 24 000 2003 02447 01
Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 17 de abril de 2007, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el tema,ver entre otras, la sentencia de 11 de abril de 2018 con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez. Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional. Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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