RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2017-01253-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01253-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01253-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Tema: nivelación salarial. Subtema: alcance de las sentencias del Consejo de Estado
que declaran la nulidad de actos administrativos de carácter general frente a
situaciones jurídicas particulares.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B1 de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por Dora Valencia Valencia, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 6 de febrero de 2020,
que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Dora Valencia Valencia acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del acto ficto derivado de
la falta de respuesta a la solicitud de homologación, nivelación y reajuste salarial
presentada ante la Gobernación del Valle del Cauca, así como el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales correspondientes. Lo anterior, al
considerar que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867
de 1999 y 0015 de 2000, su situación administrativa debía analizarse conforme a los
manuales de funciones expedidos con posterioridad, en los cuales el cargo de auxiliar

1 El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ha manifestado su impedimento por vínculo de

amistad con el magistrado ponente en la sentencia de primera instancia, el doctor Óscar A. Valero
Nisimblat, el cual fue declarado infundado por la Sala mediante auto del 18 de septiembre de 2024,
dentro del expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

administrativo, grado 9, comprendía funciones materialmente equivalentes a las
desempeñadas por ella en el cargo de auxiliar administrativo, grado 1.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que no se acreditó la equivalencia funcional entre los cargos de auxiliar
administrativo, grados 1 y 9, dado que, conforme a la normativa vigente, existían
diferencias en los requisitos y funciones asignadas a cada uno.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, en razón a que las situaciones jurídicas derivadas de
los actos administrativos mediante los cuales la demandante fue incorporada a la
planta de personal del departamento del Valle del Cauca quedaron consolidadas y
que, además, no se acreditó la equivalencia funcional alegada ni la procedencia de la
nivelación salarial reclamada.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Dora Valencia Valencia, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 23 de agosto de
20172, contra el Departamento del Valle del Cauca, con las siguientes pretensiones3:

2. Se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por la
falta de respuesta a la petición presentada el 30 de junio de 2016, mediante la cual
solicitó la nivelación salarial respecto del cargo que desempeñaba en la Gobernación
del Valle del Cauca.

3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó que se ordene al
Departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de los siguientes
conceptos: i) la nivelación y pago de los reajustes salariales derivados de la
homologación de cargos solicitada; iii) los intereses moratorios y la sanción por mora,
causados por el no pago de las prestaciones sociales; iv) la indexación de las sumas
que se reconozcan con ocasión de la sentencia; y v) la condena en costas a la entidad
demandada.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. La señora Dora Valencia Valencia es empleada de carrera administrativa en la
Gobernación del Valle del Cauca, donde desempeña el cargo de auxiliar
administrativo, grado 1, con una asignación mensual de $1.368.120.

2 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 4 a 22.
3 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, -pretensiones de la demanda- pp. 10 a 14.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

6. El gobernador del Valle del Cauca dispuso, mediante los Decretos 1867 de
1999 y 0015 de 2000, una reestructuración administrativa y modificó la planta global
de cargos del nivel central del departamento. No obstante, ambos decretos fueron
declarados nulos por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
a través de sentencia del 22 de mayo de 2014.

7. Durante el tiempo en que los referidos decretos estuvieron vigentes, se
implementó una estructura de carrera administrativa que generó una situación de
discriminación salarial entre los servidores públicos de los niveles profesional, técnico,
asistencial y auxiliar.

8. Las funciones que cumple la señora Dora Valencia Valencia como auxiliar
administrativa, grado 1, son equivalentes a las del cargo de auxiliar administrativo,
grado 9, previsto en los manuales de funciones adoptados mediante los Decretos
0651 de 2002, 0711 de 2005 y 0821 de 2007. En su criterio, la diferencia salarial entre
dichos cargos se originó en la estructura administrativa adoptada mediante los
Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000, declarados nulos por el Consejo de Estado.
Por ello, para determinar la equivalencia de los cargos desempeñados, deben
aplicarse los Decretos departamentales 2118 de 1998, 0596 de 1999 y 0423 de 2011.

9. La señora Dora Valencia Valencia presentó petición, el 30 de junio de 2016,
ante la Gobernación del Valle del Cauca, solicitando el reconocimiento y pago de la
nivelación salarial entre el cargo de auxiliar administrativo, grado 1, que desempeña,
y el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, que considera equivalente; sin embargo,
la administración no dio respuesta a dicha solicitud.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 22, 23, 25, 26, 29, 53, 122, 123 y 125.
La Ley 23 de 19914.
La Ley 640 de 20015.
La Ley 909 de 2004.
La Ley 785 de 2005.
El Decreto 1569 de 19986.
El Decreto 2539 de 20057.
El Decreto 1716 de 2009.

11. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los
Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000, mediante los cuales se adoptó la estructura

4 Derogado parcialmente por la Ley 2220 de 2022.
5 Derogado por la Ley 2220 de 2022.
6 Derogado por el Decreto Ley 785 de 2005.
7 Derogado por el Decreto 1083 de 2015.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

administrativa y la planta de personal del departamento del Valle del Cauca, vulneran
las normas que regulan la carrera administrativa y el empleo público, así como
diversos principios constitucionales que rigen la función pública y las relaciones
laborales. En particular, adujo que generaron una diferenciación salarial injustificada
entre cargos con funciones equivalentes, lo cual desconoce los principios de igualdad,
mérito y remuneración equitativa.

12. Indicó que dichos actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento
de las disposiciones legales que regulan la carrera administrativa, entre ellas, las
contenidas en la Ley 443 de 1998, la Ley 617 de 2000 y sus normas concordantes,
así como de los procedimientos que debían observarse para la definición de la
estructura de los empleos y sus condiciones salariales.

13. Agregó que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de mayo de 2014,
declaró la nulidad de los referidos decretos, al evidenciar su ilegalidad. En ese sentido,
sostuvo que la anulación de dichos actos implicó la pérdida de sustento jurídico de las
decisiones adoptadas con fundamento en ellos, particularmente en lo relativo a la
fijación de las escalas salariales.

14. En esa línea, consideró que la administración desconoció el sistema técnico de
administración de personal propio de la carrera administrativa, al apartarse de los
parámetros legales que rigen el ingreso, permanencia, clasificación y remuneración
de los servidores públicos.

15. Finalmente, señaló que tales actuaciones vulneraron derechos de carácter
laboral, en especial los relacionados con la igualdad, la estabilidad y la remuneración
justa, así como principios como la primacía de la realidad y la favorabilidad en materia
laboral, lo que justifica el reconocimiento de la nivelación salarial reclamada.

2.2. Contestación de la demanda

16. El departamento del Valle del Cauca, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos8.

17. Manifestó que la demandante solicitó el reconocimiento y pago de una
nivelación salarial con fundamento en que las funciones que desempeña en el cargo
de auxiliar administrativo, grado 1, son equivalentes a las del cargo de auxiliar
administrativo, grado 9; sin embargo, esta última categoría estaba prevista en los
Decretos 0651 de 2002, 0711 de 2005 y 0821 de 2007, actualmente derogados.

18. Adujo que, si bien mediante sentencia del 22 de mayo de 2014 el Consejo de
Estado declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999, dicha decisión obedeció a la
ausencia de un estudio técnico que soportara la modificación de la estructura

8 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, -pretensiones de la demanda- pp. 147 a
152.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

administrativa, sin que de ello se derive la creación de equivalencias entre cargos o el
reconocimiento automático de diferencias salariales.

19. En ese orden, el Decreto 1867 de 1999, vigente para la época de vinculación
de la demandante, únicamente establecía los cargos de auxiliar administrativo en los
grados 1 y 2, cada uno con requisitos distintos, sin que existiera el grado 9 dentro de
dicha estructura.

20. Que, aunque en la normativa posterior, esto es, el Decreto 1597 de 2016,
mediante el cual se adoptó el manual específico de funciones, requisitos y
competencias de la planta de personal del departamento, actualmente vigente, se
describe el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, este exige requisitos distintos a
los previstos para el grado 1. En efecto, para el primero se requiere acreditar 48 meses
de experiencia relacionada, mientras que para el segundo basta con la aprobación de
cuatro años de educación básica secundaria.

21. En consecuencia, manifestó que no es viable acceder a la nivelación salarial
sin que exista soporte probatorio suficiente que acredite las condiciones alegadas por
la demandante, máxime cuando estas se sustentan en actos administrativos
derogados y en requisitos distintos de los previstos en la normativa actualmente
vigente.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 6 de
febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas9, en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

ARTÍCULO SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas en esta instancia.

23. Como primera medida, el fallador de primera instancia delimitó el objeto del
litigio en determinar si la nivelación salarial solicitada debía analizarse a la luz de los
efectos de la sentencia del 22 de mayo de 2014, mediante la cual el Consejo de Estado
declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000.

24. En ese contexto, destacó que debía establecerse si, como lo sostiene la
demandante, la nulidad de dichos decretos implicaba acudir a los manuales de
funciones adoptados mediante l los Decretos departamentales 2118 de 1998, 0596 de
1999 y 0423 de 2011, o si, por el contrario, resultaba aplicable la normativa vigente al
momento de la reclamación, esto es, el Decreto 1597 de 2016, como lo plantea la
entidad demandada.

9 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, -pretensiones de la demanda- pp. 233 a
252.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

25. Asimismo, indicó que correspondía determinar si existía equivalencia entre el
cargo de auxiliar administrativo, grado 1, desempeñado por la demandante, y el de
auxiliar administrativo, grado 9, con el fin de establecer la viabilidad de la nivelación
salarial pretendida.

26. Al respecto, el Tribunal concluyó que, si bien las sentencias de nulidad
proferidas por el Consejo de Estado tienen, en principio, efectos retroactivos, en
cuanto restablecen la situación al estado anterior a la expedición del acto anulado,
dichos efectos solo se predican respecto de situaciones jurídicas no consolidadas, es
decir, aquellas que se encuentran controvertidas en sede administrativa o judicial, o
que aún pueden ser objeto de debate.

27. Sin embargo, advirtió que, de las pruebas allegadas al proceso, se evidencia
que la demandante no impugnó en sede administrativa ni acudió ante esta jurisdicción
para controvertir el cargo que le fue asignado al momento de su incorporación a la
planta de personal, con ocasión de la reestructuración administrativa dispuesta por el
Decreto 1867 de 1999. En efecto, se estableció que fue vinculada a la Secretaría de
Gobierno departamental en el cargo de auxiliar administrativo, código 55001,
mediante el Decreto 0425 de 2000, sin que hubiera formulado objeción o
cuestionamiento alguno frente a dicha decisión.

28. Así las cosas, para el Tribunal, la situación jurídica derivada de dicha
incorporación se consolidó con anterioridad a la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, razón por la cual no resultan aplicables los efectos de nulidad invocados por
la demandante, ni procede el reconocimiento de la nivelación salarial solicitada.

29. Al margen de lo anterior, el fallador de primera instancia analizó la procedencia
de la nivelación salarial solicitada por la demandante, mediante la comparación entre
el cargo de auxiliar administrativo, grado 1, que desempeñaba la demandante, y el de
auxiliar administrativo, grado 9, conforme a la normativa vigente para el momento de
la reclamación, en particular, los Decretos 1596 y 1597 de 2016, mediante los cuales
se determinó la planta de empleos del departamento del Valle del Cauca y se adoptó
el manual específico de funciones, requisitos y competencias.

30. No obstante, resolvió que dicha nivelación no procede, toda vez que el cargo
desempeñado por la demandante, para el cual fue nombrada mediante el Decreto
1338 de 2009 y del que tomó posesión el 20 de octubre de 2009, no es equivalente al
de auxiliar administrativo, grado 9, dado que, aunque ambos comparten ciertos
propósitos y funciones generales, presentan diferencias relevantes en sus funciones
específicas y en los requisitos exigidos para su desempeño, particularmente en
materia de experiencia laboral y formación académica. En consecuencia, consideró
que no se configuró vulneración del principio de igualdad ni un trato discriminatorio en
materia salarial.

31. Asimismo, precisó que el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, tenía
carácter transitorio, en tanto la planta de personal adoptada mediante el Decreto 1596

6

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

de 2016 dispuso su supresión una vez se presentara la vacancia definitiva del empleo,
debido a que su asignación salarial excedía los límites fijados para el respectivo nivel
jerárquico.

32. Finalmente, refirió que la demandante no aportó elementos de prueba que
permitieran acreditar que, pese a las diferencias previstas en el manual de funciones
y competencias laborales, ambos cargos eran ejercidos en condiciones equivalentes,
razón por la cual concluyó que no procedía la homologación ni la nivelación salarial
pretendida.

2.4. Recurso de apelación

33. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el fin de que se revoque la decisión y, en su lugar, se acceda a
las pretensiones de la demanda10.

34. Para la recurrente, el tribunal erró al considerar que la situación jurídica se
encontraba consolidada, pues el objeto del medio de control no consiste en cuestionar
los actos administrativos mediante los cuales se dispuso la reestructuración
administrativa ni la incorporación a la planta de personal, sino el acto ficto derivado de
la falta de respuesta a la solicitud de nivelación y homologación salarial presentada el
30 de junio de 2016.

35. En ese sentido, explicó que la afectación alegada no corresponde a una
situación agotada o consolidada, en tanto la demandante continúa vinculada a la
entidad y las diferencias salariales y prestacionales reclamadas siguen causándose
periódicamente.

36. Asimismo, afirmó que el tribunal desconoció principios constitucionales y
laborales como la igualdad, la favorabilidad, la primacía de la realidad y la condición
más beneficiosa, al no considerar que, pese a la diferencia formal entre los cargos,
las funciones desempeñadas por la demandante corresponden materialmente a las
asignadas al cargo de auxiliar administrativo, grado 9.

37. Finalmente, expuso que el derecho a la nivelación salarial no depende
exclusivamente de la categoría o grado del empleo, sino de la naturaleza de las
funciones efectivamente desarrolladas, razón por la cual considera procedente el
reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

38. Mediante auto del 26 de octubre de 202311, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080

10 Samai, índice 61, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia)
11 Samai, índice 4.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

de 2021.

39. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
instancia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

41. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

42. ¿La situación jurídica derivada de la incorporación de la demandante a la planta
de personal del departamento, en el cargo de auxiliar administrativo, grado 1, se
encontraba consolidada y, por tanto, excluida de los efectos de la sentencia del 22 de
mayo de 2014, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de los
Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000?

43. ¿Existe equivalencia entre el cargo de auxiliar administrativo, grado 1,
desempeñado por la demandante, y el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, que
permita acceder a la nivelación salarial y a las diferencias salariales reclamadas?

44. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) alcance de las sentencias del Consejo de Estado que declaran la nulidad
de actos administrativos de carácter general frente a situaciones jurídicas particulares;
(ii) criterios para el reconocimiento de la nivelación salarial en el empleo público; (iii)
hechos probados; y (iv) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá los
problemas jurídicos formulados.

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. Alcance de las sentencias del Consejo de Estado que declaran la nulidad
de actos administrativos de carácter general frente a situaciones jurídicas
particulares

45. En relación con los efectos en el tiempo de las sentencias que declaran la
nulidad de actos administrativos de carácter general, proferidas en el marco del medio
de control de nulidad simple, el artículo 189 del CPACA no contiene una regulación

8

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

expresa sobre la materia. Por ello, dicho asunto ha sido desarrollado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado12, en los siguientes términos:

46. En efecto, la declaratoria de nulidad comporta una consecuencia restitutoria,
conforme lo prevé el artículo 1746 del Código Civil, según el cual: «la nulidad
pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho
para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto
o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita».

47. En materia contencioso-administrativa, ello implica que las sentencias que
declaran la nulidad de actos administrativos de carácter general producen, en
principio, efectos retroactivos, por lo que las situaciones jurídicas surgidas durante la
vigencia del acto anulado deben restablecerse al estado anterior a su expedición.

48. No obstante, tales efectos solo se predican respecto de situaciones jurídicas
particulares no consolidadas, esto es, aquellas que aún pueden ser controvertidas en
sede administrativa o judicial. Por el contrario, las situaciones jurídicas consolidadas,
que ya no son susceptibles de discusión, no resultan afectadas por la declaratoria de
nulidad, caso en el cual la decisión únicamente produce efectos hacia el futuro13.

49. Asimismo, se ha precisado que la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo de carácter general no implica, por sí misma, la desaparición de los
actos administrativos particulares expedidos a su amparo, pues estos conservan su
presunción de legalidad mientras no sean controvertidos y anulados en las acciones
correspondientes. En ese sentido, la jurisprudencia ha descartado que exista una
nulidad automática de los actos particulares derivados del acto general anulado 14.

50. Al respecto, la Corte Constitucional15 ha precisado que las sentencias mediante
las cuales el Consejo de Estado declara la nulidad de actos administrativos producen,
en principio, efectos hacia el pasado, en cuanto retrotraen la situación al estado
anterior a la expedición del acto anulado. No obstante, tales efectos no se extienden
a las situaciones jurídicas consolidadas, entendidas como aquellas que no fueron
oportunamente controvertidas ante la administración o la jurisdicción, o que ya fueron
definidas por estas.

51. En similar sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil16 de esta Corporación ha
señalado:

«Como lo sostuvo la Sala en el Concepto 2195 de 2014, por regla general la anulación

12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 52001-23-31-000-1999-

00869-01.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo, sentencia del 4 de diciembre de 2018,

radicado 660014-33-31-002-2007-00107-01; Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de agosto de
2021, radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de agosto de 2021, radicado 66001-

33-33-001-2012-00141-01.
15 Corte Constitucional, sentencia T-121 del 8 de marzo de 2016.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de marzo de 2019, radicado 11001-03-06-

000-2018-00217-00 (2403).

9

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

de actos administrativos tiene efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se
profirió el acto anulado por la jurisdicción, lo que implica predicar que el acto no existió
ni produjo efectos jurídicos.

[…]

No obstante, precisa la Sala, al retrotraerse las cosas al estado anterior a la expedición
del acto, solo se afectarán aquellas situaciones no consolidadas o las que al tiempo
de producirse el fallo eran objeto de debate o susceptibles de ser controvertidas ante
las autoridades judiciales o administrativas.»

52. De conformidad con lo expuesto, las sentencias del Consejo de Estado que
declaran la nulidad de actos administrativos de carácter general producen, por regla
general, efectos retroactivos; sin embargo, tales efectos únicamente se predican
respecto de situaciones jurídicas no consolidadas. En consecuencia, los actos
administrativos particulares expedidos al amparo del acto general anulado conservan
su presunción de legalidad y subsisten mientras no sean controvertidos y anulados
mediante las acciones correspondientes.

3.4.2. Criterios para el reconocimiento de la nivelación salarial en el empleo
público

53. Sobre las plantas de personal, la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que estas corresponden al conjunto de empleos creados por las
entidades estatales para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales,
cuya definición responde a las necesidades del servicio y comprende la determinación
de la naturaleza, clasificación y contenido funcional de los cargos requeridos17.

54. Al respecto, los artículos 122 y 125 de la Constitución Política disponen que los
empleos públicos deben tener funciones previamente definidas en la ley o el
reglamento, estar contemplados en la respectiva planta de personal y contar con
apropiación presupuestal para su remuneración. Asimismo, establecen que, por regla
general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera
administrativa.

55. En concordancia con lo anterior, el artículo 13 del Decreto 1042 de 197818 y, el
artículo 3 de la Ley 4ª de 199219 prevén que la asignación salarial de los empleados
públicos se determina conforme a la estructura del empleo, su denominación y grado,

17 Consejo de Estado, Sección Segunda; Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado: 76001-23-

33-000-2017-00898-01 (2464-2021); Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2018,
radicado: 73001-23-33-000-2014-00383-02 (2239-2016).
18 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones».
19 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política».

10

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

las funciones y responsabilidades asignadas, así como los requisitos de formación y
experiencia exigidos para su desempeño.

56. Bajo ese entendido, quien pretenda la nivelación salarial por considerar que las
funciones que desarrolla son equivalentes a las de otro cargo existente en la planta
de personal de la misma entidad o de una diferente, cuya remuneración es superior,
deberá acreditar, entre otros aspectos, la equivalencia funcional entre ambos
empleos, así como la similitud en la categoría, preparación, responsabilidades y
condiciones laborales20.

57. Al punto, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de «a trabajo
igual, salario igual» responde a un criterio relacional propio del juicio de igualdad,
razón por la cual resulta necesario verificar la equivalencia entre las funciones
desempeñadas y las condiciones de cualificación exigidas para cada empleo, con el
fin de establecer si existe una diferencia injustificada en la remuneración percibida por
los servidores comparados21.

58. En consecuencia, no toda diferencia salarial entre servidores públicos implica
una vulneración del principio de igualdad, pues esta puede encontrarse justificada en
criterios objetivos y razonables, como las funciones asignadas, el nivel de
responsabilidad, los requisitos de formación y experiencia exigidos para el empleo o
la clasificación y grado del cargo correspondiente22.

59. Con fundamento en lo anterior, corresponde a la parte que pretende el
reconocimiento de una nivelación salarial acreditar los supuestos de hecho en que
sustenta sus pretensiones, conforme a la carga de la prueba prevista en el artículo
167 del CGP.

3.5. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto

60. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

61. La señora Dora Valencia Valencia fue nombrada en el cargo de secretaria de
la Inspección Departamental de Policía del municipio de Jamundí, mediante el Decreto
0259 del 3 de marzo de 1989, y tomó posesión del mismo a través de acta del 17 de
marzo de ese año23.

62. Posteriormente, el gobernador del departamento del Valle del Cauca, por medio
del Decreto 0425 del 21 de junio de 2000, incorporó a la demandante a la Secretaría
de Gobierno Departamental en el cargo de auxiliar administrativo, código 55001. Dicha

20 Corte Constitucional: sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997.
21 Corte Constitucional, sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2023, radicado 76001-23-33-

000-2016-00580-01 (1394-2021); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 76001-23-33-000-2016-01081-01 (2460-2021).
23 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 80 a 82.

11

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

decisión se adoptó con fundamento en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y en los
artículos 44, 45 y 47 del Decreto 1568 de 1998, disposiciones que regulaban la
incorporación de los servidores cuyos cargos habían sido suprimidos a empleos
equivalentes dentro de la nueva planta de personal, siempre que existieran vacantes
que debieran proveerse por necesidades del servicio24.

63. La demandante tomó posesión del cargo de auxiliar administrativo, código
55001, de la planta de personal de la Gobernación del Valle del Cauca, mediante acta
2000-1961 del 21 de junio de 2000.25.

64. Más adelante, mediante el Decreto 0456 del 19 de octubre de 2006, el
gobernador del Valle del Cauca encargó a la señora Dora Valencia Valencia del cargo
de secretario, código 440, grado 4, hasta el 31 de diciembre de 2006. La posesión se
surtió a través del acta 2006-10366 del 20 de octubre del mismo año26.

65. Luego, el gobernador del Valle del Cauca incorporó a la demandante a la planta
de cargos de la entidad en el empleo de auxiliar administrativo, grado 1, mediante el
Decreto 1338 del 21 de septiembre de 2009. La posesión en dicho cargo se realizó
por acta 2009-1333 de la misma fecha27.

66. Asimismo, a través del Decreto 1143 del 14 de noviembre de 2013, la
demandante fue nombrada provisionalmente en el cargo de auxiliar administrativo,
grado 3, por el término que durara la situación administrativa que originó la vacancia
del empleo, una vez finalizada la cual debía regresar al cargo del cual era titular. La
correspondiente posesión se efectuó mediante acta 2013-0789 del 22 de noviembre
de 201328.

67. Finalmente, la señora Dora Valencia Valencia presentó petición ante la
Gobernación del Valle del Cauca, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago
de la homologación, nivelación y reajustes salariales, al considerar que, con ocasión
de la nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000, declarada por el Consejo
de Estado mediante sentencia del 22 de mayo de 2014, debía reconocérsele la
equivalencia entre el cargo de auxiliar administrativo, grado 1, que desempeñaba, y el
cargo de auxiliar administrativo, grado 929.

24 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 86 a 88.
25 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 84.
26 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 108 a 114.
27 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 90 a 98.
28 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 98 a 106.
29 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 26 a 30.

12

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

3.6. Caso concreto

68. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en establecer, de una parte,
si la situación jurídica derivada de la incorporación de la demandante a la planta de
personal del departamento del Valle del Cauca, en el cargo de auxiliar administrativo,
grado 1, se encontraba consolidada y, por tanto, excluida de los efectos de la
sentencia del 22 de mayo de 2014, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la
nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000.

69. De otra parte, corresponde determinar si existe equivalencia entre el cargo de
auxiliar administrativo, grado 1, desempeñado por la demandante, y el cargo de
auxiliar administrativo, grado 9, de manera que resulte procedente el reconocimiento
de la nivelación salarial y de las diferencias salariales reclamadas.

70. Al respecto, la demandante sostuvo que la declaratoria de nulidad de los
Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000 privó de sustento jurídico la reestructuración
administrativa adelantada por el departamento del Valle del Cauca y, en
consecuencia, la incorporación efectuada en el cargo de auxiliar administrativo, grado
1. Con fundamento en ello, afirmó que su situación administrativa debía analizarse
conforme a los manuales de funciones adoptados mediante los Decretos
departamentales 2118 de 1998, 0596 de 1999 y 0423 de 2011, en los cuales se
contemplaba el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, respecto del cual alegó
desempeñar funciones equivalentes, pese a la diferencia salarial existente entre
ambos empleos.

71. Por su parte, el Tribunal concluyó que la situación jurídica derivada de la
incorporación de la demandante se encontraba consolidada, en tanto el acto particular
mediante el cual fue incorporada al cargo de auxiliar administrativo, grado 1, no fue
controvertido en sede administrativa ni judicial. Asimismo, consideró que no se
acreditó equivalencia funcional entre los cargos de auxiliar administrativo, grados 1 y
9, dado que presentaban diferencias en sus funciones y en los requisitos exigidos para
su desempeño.

72. En ese contexto, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos
planteados.

3.6.1. Efectos de la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015
de 2000 frente a la situación jurídica de la demandante.

73. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró,
mediante sentencia del 22 de mayo de 201430, la nulidad de los Decretos 1867 del 22
de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000. El primero establecía la
estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central del departamento
del Valle del Cauca, mientras que el segundo fijaba la escala salarial para los

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2014, radicado 76001-23-

31-000-2005-01449-01 (0019-11).

13

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

diferentes niveles de la administración central del departamento.

74. En dicho proveído, se concluyó que el documento denominado Plan de
Reforma Económica Territorial (PRET), utilizado como soporte de la reestructuración
administrativa adelantada por el departamento del Valle del Cauca, no constituía un
estudio técnico en los términos exigidos por el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998,
dado que no contenía un análisis suficiente sobre las cargas de trabajo, las funciones
de los empleos existentes, los perfiles requeridos para la nueva planta de personal ni
la justificación de los niveles y grados salariales asignados a los cargos creados con
ocasión de dicha reestructuración.

75. Explicado lo anterior, se advierte que en el recurso de apelación la demandante
insiste en que la declaratoria de nulidad de los referidos decretos afectó la validez de
la reestructuración administrativa adelantada por el departamento del Valle del Cauca
y, en consecuencia, del acto de incorporación mediante el cual la señora Dora
Valencia Valencia fue vinculada al cargo de auxiliar administrativo, grado 1, dado que
dicha decisión se adoptó con fundamento en los parámetros fijados en esos actos
administrativos.

76. Al punto, de las pruebas allegadas al plenario se observa que el gobernador
del Valle del Cauca, por medio del Decreto 0425 del 21 de junio de 2000, incorporó a
la demandante a la Secretaría de Gobierno Departamental en el cargo de auxiliar
administrativo, código 55001, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998
y en los artículos 44, 45 y 47 del Decreto 1568 de 1998, disposiciones que regulaban
la incorporación de los servidores cuyos cargos habían sido suprimidos a empleos
equivalentes dentro de la nueva planta de personal.

77. Posteriormente, el gobernador del Valle del Cauca incorporó a la demandante
a la planta de cargos de la entidad en el empleo de auxiliar administrativo, grado 1,
mediante el Decreto 1338 del 21 de septiembre de 2009, cargo del que tomó posesión
mediante acta 2009-1333 de la misma fecha.

78. Asimismo, a través del Decreto 1143 del 14 de noviembre de 2013, la
demandante fue nombrada provisionalmente en el cargo de auxiliar administrativo,
grado 3, mientras subsistiera la situación administrativa que dio origen a la vacancia
del empleo, con la previsión de que, una vez finalizada, debía regresar al cargo del
cual era titular. La correspondiente posesión se efectuó mediante el Acta 2013-0789
del 22 de noviembre de 201331.

79. Corolario de lo anterior, para el momento de presentación de esta demanda, la
señora Dora Valencia Valencia ocupaba el cargo de auxiliar administrativo, grado 1
en la planta de personal de la Gobernación del Valle del Cauca.

31 Samai, índice 63, expediente 76001-23-33-004-2017-0123-00 (de primera instancia) archivo
“3_760012333004201701253001EXPEDIENTEDIGI20230301140253”, pp. 98 a 106.

14

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

80. En ese contexto, la Sala recuerda que las sentencias del Consejo de Estado 32
que declaran la nulidad de actos administrativos de carácter general tienen, por regla
general, alcance retroactivo, en la medida en que excluyen del ordenamiento jurídico
el acto anulado desde su expedición y, por tanto, las situaciones jurídicas originadas
durante su vigencia deben analizarse como si dicho acto no hubiera existido.

81. Sin embargo, ese alcance retroactivo únicamente se proyecta sobre situaciones
jurídicas particulares no consolidadas, esto es, aquellas que aún pueden ser
discutidas en sede administrativa o judicial. En contraste, las situaciones jurídicas
consolidadas, que ya no son susceptibles de controversia, permanecen incólumes
frente a la declaratoria de nulidad, por lo que respecto de ellas la decisión produce
efectos hacia el futuro33.

82. Conforme con lo anterior, la Sala advierte que el Decreto 0425 del 21 de junio
de 2000 constituyó el acto administrativo particular que materializó la incorporación de
la demandante a la planta de personal de la entidad demandada, con ocasión de la
reestructuración administrativa adelantada por el departamento del Valle del Cauca y
establecida mediante el Decreto 1867 de 1999.

83. En esa misma línea, se observa que el Decreto 1338 del 21 de septiembre de
2009 constituyó el acto mediante el cual la demandante fue nombrada en el cargo de
auxiliar administrativo, grado 1, respecto del cual se reclama en este proceso la
nivelación salarial y las diferencias salariales correspondientes.

84. Bajo esas consideraciones, corresponde verificar si los referidos actos
administrativos consolidaron situaciones jurídicas particulares que no podían verse
afectadas por la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000
o si, por el contrario, dichas situaciones aún podían ser controvertidas y, por ende,
resultar alcanzadas por los efectos retroactivos de esa decisión judicial.

85. Recuérdese que una situación jurídica consolidada es aquella que ya no puede
ser objeto de discusión ante la administración o la jurisdicción, bien porque no fue
controvertida oportunamente o porque, habiéndolo sido, fue resuelta de manera
definitiva.

86. En ese estado de cosas, se tiene que el Decreto 0425 del 21 de junio de 2000,
fue expedido en vigencia del Decreto 01 de 1984 (CCA), cuyo artículo 62 disponía que
los actos administrativos quedaban en firme, entre otros eventos, cuando contra ellos
no procedía ningún recurso. Asimismo, el artículo 136 ibidem establecía que la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho caducaba al cabo de 4 meses contados a
partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del
acto, según el caso.

32 Corte Constitucional, sentencia T-121 del 8 de marzo de 2016.
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de marzo de 2019, radicado 11001-03-06-

000-2018-00217-00 (2403).

15

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

87. A partir de lo anterior, la Sala concluye que la situación jurídica derivada de la
incorporación de la señora Dora Valencia Valencia al cargo de auxiliar administrativo,
código 55001, quedó consolidada, en tanto el Decreto 0425 del 21 de junio de 2000
adquirió firmeza al no haber sido controvertido en sede administrativa. Asimismo, se
tiene que no fue rebatido judicialmente dentro del término legalmente previsto; en
efecto, como la ejecución del acto se materializó con la suscripción del acta de
posesión del 21 de junio de 2000, el término de caducidad de la acción venció el 22
de octubre del mismo año, sin que la demandante hubiera promovido actuación alguna
encaminada a cuestionar su legalidad.

88. De otro lado, en relación con el Decreto 1338 del 21 de septiembre de 2009,
mediante el cual la demandante fue incorporada al cargo de auxiliar administrativo,
grado 1, de la planta de personal de la Gobernación del Valle del Cauca, se advierte
que dicho acto fue expedido bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984 (CCA), razón por
la cual su análisis debe efectuarse conforme a los parámetros previamente expuestos.

89. Al respecto, se encuentra acreditado que la señora Dora Valencia Valencia
tomó posesión del referido cargo el 21 de septiembre de 2009, esto es, el mismo día
en que fue expedido el acto de incorporación. Asimismo, se advierte que dicho decreto
no fue controvertido en sede administrativa y que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho tampoco fue promovida dentro del término de caducidad
previsto en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 (CCA), el cual venció el 22 de enero
de 2010. En consecuencia, la situación jurídica derivada de dicho acto quedó
consolidada.

90. En este punto, conviene reiterar que la jurisprudencia de esta Corporación34 ha
precisado que la nulidad de un acto administrativo de carácter general no implica, por
sí misma, la invalidez automática de los actos administrativos particulares expedidos
con fundamento en aquel.

91. Desde esta perspectiva, aunque la estructura de la planta de personal prevista
en los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000 constituyó el fundamento de las
vinculaciones de la demandante a la planta de personal de la entidad demandada, ello
no implica, por sí mismo, que las situaciones jurídicas creadas mediante los actos
administrativos particulares expedidos en desarrollo de dicha reestructuración
hubieran perdido validez o dejado de producir efectos jurídicos. Para que ello
ocurriera, era necesario que dichos actos hubieran sido controvertidos en los términos
previstos en la ley.

92. Ahora bien, se itera que la declaratoria de nulidad de los referidos decretos
obedeció a la ausencia de un estudio técnico que justificara adecuadamente la
reestructuración administrativa adelantada por el departamento del Valle del Cauca,
particularmente en lo relacionado con las cargas de trabajo, la clasificación de los

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo, sentencia del 4 de diciembre de 2018,

radicado 660014-33-31-002-2007-00107-01; Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de agosto de
2021, radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01.

16

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

empleos y la determinación de los niveles y grados salariales de la nueva planta de
personal. No obstante, en dicha decisión no se efectuó pronunciamiento alguno sobre
las situaciones jurídicas particulares consolidadas con ocasión de la expedición de
tales actos, ni se dispuso la pérdida automática de validez de los actos administrativos
particulares expedidos en desarrollo de la referida reestructuración.

93. En consecuencia, la Sala concluye que las situaciones jurídicas derivadas de
los Decretos 0425 del 21 de junio de 2000 y 1338 del 21 de septiembre de 2009
quedaron consolidadas, en tanto dichos actos administrativos adquirieron firmeza y
no fueron controvertidos oportunamente en sede administrativa ni judicial.

94. Al margen de lo anterior, aunque la demandante afirmó que el presente medio
de control se dirige contra el acto ficto derivado de la solicitud de nivelación salarial
presentada el 30 de junio de 2016 y que, por esa razón, no resulta admisible revisar
la consolidación de las situaciones jurídicas derivadas de los referidos actos
administrativos, lo cierto es que la pretensión de nivelación salarial formulada se
sustenta en la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000.

95. En efecto, la actora consideró que, como consecuencia de dicha decisión, su
situación administrativa debía analizarse conforme a los manuales de funciones
expedidos Decretos departamentales 2118 de 1998, 0596 de 1999 y 0423 de 2011,
en los cuales estaba previsto el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, respecto del
cual afirmó desempeñar funciones equivalentes.

96. Así, de accederse a la nivelación salarial reclamada se estaría desconociendo
necesariamente, la situación administrativa definida en los actos mediante los cuales
fue incorporada a la planta de personal del departamento del Valle del Cauca,
particularmente en el cargo de auxiliar administrativo, grado 1.

97. Por ello, se reitera que la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999
y 0015 de 2000 no tiene la potencialidad de afectar, per se, las situaciones particulares
consolidadas creadas con fundamento en dichos decretos ni de desvirtuar la legalidad
de los actos administrativos particulares expedidos en desarrollo de la
reestructuración administrativa adelantada por el departamento.

3.6.2. Análisis de la equivalencia funcional entre los cargos de auxiliar
administrativo grados 1 y 9 de la planta de personal de la Gobernación del Valle
del Cauca

98. En la alzada se afirma que el tribunal desconoció principios constitucionales y
laborales como la igualdad, la favorabilidad, la primacía de la realidad y la condición
más beneficiosa, al no valorar que las funciones efectivamente desempeñadas por la
demandante correspondían materialmente a las asignadas al cargo de auxiliar
administrativo, grado 9. En esa línea, sostiene que el reconocimiento de la nivelación
salarial no depende exclusivamente de la denominación o grado del empleo, sino de
la naturaleza real de las funciones ejercidas, razón por la cual considera procedente

17

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

el pago de las diferencias salariales reclamadas.

99. Para sustentar dicha equivalencia funcional, la demandante afirmó que, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de
2000, la clasificación salarial derivada de la reestructuración administrativa adelantada
por el departamento del Valle del Cauca perdió sustento jurídico. Por ello, consideró
que su situación debía analizarse conforme a los manuales de funciones expedidos
con posterioridad mediante los Decretos 0651 de 2002, 0711 de 2005 y 0821 de 2007,
en los cuales el cargo de auxiliar administrativo, grado 9, comprendía funciones que,
a su juicio, resultaban materialmente equivalentes a las que desempeñaba en el cargo
de auxiliar administrativo, grado 1.

100. No obstante lo anterior, el tribunal estudió la alegada nivelación salarial con
fundamento en la Ordenanza 432 del 24 de noviembre de 2016, mediante la cual se
ajustó y armonizó la escala de remuneración de la planta de personal de la
administración central del departamento del Valle del Cauca, disposición vigente para
el momento en que la demandante presentó la petición que dio origen a la presente
controversia.

101. Al respecto, se tiene que el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA, dispone que la sentencia «deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley».

102. En ese orden, el principio de congruencia, previsto en la disposición en
mención, debe orientar las decisiones judiciales, en tanto constituye una
manifestación del debido proceso y de los derechos de contradicción y defensa. En
consecuencia, en sus providencias, el juez debe guardar correspondencia con lo
planteado por las partes en la demanda, su contestación y los alegatos de conclusión,
así como con los hechos acreditados, las pruebas recaudadas y las normas jurídicas
aplicables al caso35.

103. Ciertamente, aunque el departamento del Valle del Cauca, en la contestación
de la demanda, hizo referencia a la normativa vigente al momento en que la
demandante presentó la solicitud de nivelación salarial, particularmente al Decreto
1597 de 2016, mediante el cual se adoptó el manual específico de funciones,
requisitos y competencias de la planta de personal de la entidad, y sostuvo que el
cargo de auxiliar administrativo, grado 9, presentaba requisitos y características
distintas a las del empleo desempeñado por la actora, lo cierto es que la controversia
planteada en la demanda se sustentó específicamente en la equivalencia funcional
que, según la demandante, podía advertirse entre los cargos previstos en los
manuales adoptados mediante los Decretos departamentales 2118 de 1998, 0596 de

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado 19001-23-

33-000-2017-00529-01 (3853-2021). En el mismo sentido esta Subsección, sentencia del 5 de marzo de 2026,
radicado 05001-23-33-000-2017-01342-01 (2934-2025); sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado 27001-
23-00-000-2014-000222-02 (5840-2022).

18

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

1999 y 0423 de 2011.

104. En consecuencia, de conformidad con el principio de congruencia, el análisis
de la alegada nivelación salarial debe efectuarse a partir de dicho marco
argumentativo.

105. Ahora bien, sin perjuicio de lo concluido en el acápite anterior respecto de la
consolidación de las situaciones jurídicas derivadas de los Decretos 0425 del 21 de
junio de 2000 y 1338 del 21 de septiembre de 2009, la Sala abordará el análisis de la
equivalencia funcional alegada por la demandante, en atención a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y al marco argumentativo planteado en la
demanda.

106. Dicho esto, quien pretenda la nivelación salarial por considerar que las
funciones que desarrolla son equivalentes a las de otro cargo existente en la planta
de personal de la misma entidad o de una diferente, cuya remuneración es superior,
deberá acreditar, entre otros aspectos, que ejecuta funciones equivalentes, ostenta la
misma categoría, cuenta con similar preparación, asume iguales responsabilidades y
cumple condiciones laborales equiparables36.

107. Sin embargo, de las pruebas allegadas al plenario no es posible efectuar un
cotejo material entre las funciones correspondientes al cargo de auxiliar
administrativo, grado 1, desempeñado por la demandante, y aquellas asignadas al
cargo de auxiliar administrativo, grado 9, pues no se acreditaron de manera suficiente
las funciones propias de cada uno de dichos empleos en los manuales de funciones
invocados como fundamento de la pretensión.

108. En efecto, correspondía a la demandante demostrar los supuestos de hecho en
los que sustentó la alegada equivalencia funcional entre los cargos de auxiliar
administrativo grados 1 y 9. En ese sentido, debía aportar Decretos departamentales
2118 de 1998, 0596 de 1999 y 0423 de 2011, en cuya aplicación fundamentó sus
pretensiones, por tratarse de normas expedidas por una autoridad del orden territorial,
conforme a lo previsto en el artículo 167 del CPACA, en concordancia con el artículo
177 del CGP. Empero, dichos decretos no fueron allegados al expediente,
circunstancia que impide verificar las funciones asignadas a cada empleo y efectuar
el análisis comparativo requerido para establecer la procedencia de la nivelación
salarial reclamada37-38.

109. Así las cosas, la demandante no acreditó los presupuestos necesarios para
establecer la equivalencia funcional entre los cargos de auxiliar administrativo, grados
1 y 9, ni, por ende, la procedencia de la nivelación salarial y de las diferencias

36 Corte Constitucional: sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023, radicado

76001-23-33-000-2016-01081-01 (2460-2021).
38 Esta Subsección se ha pronunciado sobre casos similares en: sentencia del 8 de junio de 2023, radicado 76001-

23-33-000-2016-00580-01 (1394-2021); sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicado 76001-23-33-000-2016-
00405-01 (1424-2022).

19

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

salariales reclamadas. Por ello, se confirmará la sentencia apelada, aunque por las
razones expuestas en esta providencia.

3.7. Conclusión

110. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que las situaciones jurídicas
derivadas de los Decretos 0425 del 21 de junio de 2000 y 1338 del 21 de septiembre
de 2009 quedaron consolidadas, en tanto dichos actos administrativos adquirieron
firmeza y no fueron controvertidos oportunamente en sede administrativa ni judicial.
Asimismo, se advierte que la demandante no acreditó la equivalencia funcional
alegada entre los cargos de auxiliar administrativo, grados 1 y 9, pues no aportó los
elementos probatorios necesarios para efectuar el análisis comparativo de las
funciones y requisitos de dichos empleos. En consecuencia, no se demostró la
procedencia de la nivelación salarial ni de las diferencias salariales reclamadas.

111. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, aunque por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

3.8. Costas

112. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 39 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

113. En ese contexto, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia porque esta no se sustentó en la
acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe del ente demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –

39 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

20

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01253-01 (3293-2023)
Demandante: Dora Valencia Valencia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el 6 de febrero de 2020, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, por las
razones expuestas en este proveído.

Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.