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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00529-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00529-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cauca que condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar. «Segundo. No condenar en costas». Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por María Mercedes Fajardo López contra el ICBF, por los motivos expuestos en esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021) Demandante: María Mercedes Fajardo López Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2017-00529-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2017-00529-011 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López
Demandado: Instituto colombiano de Bienestar Familiar2

Tema: Nivelación salarial y prestacional. El empleo público y su
remuneración. Principio de a trabajo igual salario igual. Deber de
acreditación del cumplimiento de iguales funciones e
identificación del empleo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cauca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Mercedes Fajardo López presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se
declarara la nulidad del Oficio S-2017-225773-0101 del 4 de mayo de 2017, por medio
del cual el director de Gestión Humana del ICBF le negó el reconocimiento y pago de
la diferencia salarial y prestacional entre lo que percibía en los cargos de secretaria y
técnico administrativo y lo que devengaba un profesional especializado, desde el 1° de
marzo de 1999 hasta el 2 de febrero de 2015.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:

1
El radicado del tribunal corresponde al 19001-23-33-003-2017-00529-00.
2
En lo sucesivo ICBF.
3
En adelante CPACA.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

i) el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de salarios y prestaciones
entre la remuneración que devengaba en los cargos de secretaria y técnico
administrativo y lo que percibía un profesional especializado, entre los años «1999 y el
2016»; ii) la indexación de la condena conforme con el IPC; iii) los intereses previstos
en el artículo 192 del CPACA, desde la fecha de ejecutoria hasta el pago efectivo de
la condena; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Entre el 14 de agosto de 1992 y el 1° de octubre de 2016 «fecha en que fue retirada
del servicio debido a reconocimiento de pensión de vejez» [sic], María Mercedes Fajardo
López trabajó en el ICBF, esto es por más de 24 años, en el ejercicio de los siguientes
cargos:

Cargo Desde Hasta
Secretaria 14 de agosto de 1992 13 de noviembre de 2003
Técnico administrativo 14 de noviembre de 2003 29 de enero de 2015
Profesional universitario 30 de enero de 2015 1° de octubre de 2016

3.2. En el año de 1999 obtuvo el título profesional de psicóloga social, por tanto «en
reiteradas ocasiones solicitó a la administración regional y central del ICBF que fuera tenida
en cuenta para un nombramiento acorde con sus cualidades y calidades profesiones,
laborales, sociales e individuales» [sic], sin que estas se hubiesen tenido en cuenta.

3.3. A través del «Oficio 00653 [y] la Resolución 00109 fue trasladada a partir del 1° de marzo
de 1999 al área misional centro zonal sur, con las funciones de secretaria, pero ejerciendo de
hecho (…) funciones relacionadas con su perfil profesional» [sic].

3.4. Mediante la Resolución 2298 del 31 de octubre de 2003, fue nombrada en el cargo
de técnico administrativo, grado 10; no obstante, continuó «con las mismas funciones
que le asignaron desde marzo de 1999 en el área misional» [sic], estas son las equivalentes
de «un profesional especializado».

3.5. Por medio del Oficio 005590 del 17 de noviembre de 2008, el director regional le
comunicó que, una vez verificados los requisitos mínimos de la Convocatoria 001 de
2005 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, «se constató que no cumpl[ió] con los
requisitos mínimos de estudio y experiencia establecidos en el manual especifico de funciones
de esta entidad para el desempeño del cargo profesional especializado, código 2028, grado
15» [sic].

3.6. Con la Resolución 00163 del 20 de enero de 2015, el director regional del Cauca la
nombró en el cargo de profesional universitario, código 2044, grado 44 de la planta

4
Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

temporal de personal del ICBF.

3.7. El 2 de marzo de 2017, reclamó al ICBF el reconocimiento y pago de la diferencia
salarial y prestacional, entre los cargos en los que fue nombrada entre el 1° de marzo
de 1999 y el 2 de febrero de 2015, y el que en realidad desempeñó al ejercer funciones
de «profesional»; sin embargo, dicha petición fue negada a través del acto
administrativo demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; y 1, 2 y 24 de la Ley 909 de 2004. En cuanto al concepto de violación expuso
lo siguiente 5.

4.1. Las labores de «profesional especializado» fueron ejercidas desde el año de 1999,
con la aquiescencia de sus superiores; sin embargo, su remuneración fue inferior, en
tanto que su nombramiento fue para cumplir labores del nivel asistencial.

4.2. Se vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que le fueron asignadas funciones
de «profesional especializado», pero con el salario y las prestaciones de «primero de
secretaria y posteriormente de técnico administrativo» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

5. El ICBF se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en lo
siguiente6:

5.1. Según la historia laboral que reposa en los archivos de la entidad, María Mercedes
Fajardo López prestó sus servicios en el ICBF seccional del Cauca, así:

Cargo Ubicación Desde Hasta
Secretaria, código 541, División jurídica 18 de agosto de 1992 28 de noviembre de 1995
grado 10
Secretaria, código 540, División de servicios 29 de noviembre de 1995 24 de febrero de 1997
grado 12 técnicos
Secretaria, código 540, División financiera 10 de noviembre de 1998 28 de febrero de 1999
grado 12
Secretaria, código 540, Centro zonal sur 1° de marzo de 1999 13 de enero de 2000
grado 14
Secretaria, código 540, Centro zonal Popayán 14 de enero de 2000 15 de enero de 2002
grado 14 Dos
Secretaria, código 540, Centro zonal Popayán 16 de enero de 2002 30 de enero de 2003
grado 14 Tres (indígena)
Secretaria, código 540, Centro zonal Popayán 31 de enero de 2003 13 de noviembre de 2003
grado 14 Tres (indígena)
Técnico administrativo, Centro zonal Popayán 14 de noviembre de 2003 1° de febrero de 2004

5
Folios 398 al 415.
6
Folios 428 al 437.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

código 4065, grado 10 Tres (indígena)
Técnico administrativo, Centro zonal Popayán 2 de febrero de 2004 9 de septiembre de 2013
código 4065, grado 10 Dos (centro)
Técnico administrativo, Centro zonal centro 10 de septiembre de 2013 30 de enero de 2015
código 3124, grado 12
Profesional universitario, Centro zonal centro 2 de febrero de 2015 1°de octubre de2016
código 2044, grado 03

5.2. Los cargos en los que fue nombrada la demandante «se encuentran reglados y para
cada uno existe funciones claramente establecidas dentro del manual de funciones» [sic].

5.3. Lasinconformidades respecto del concurso de méritos debieron reclamarse
directamente ante la CNSC y «frente a las funciones que cumplía dentro del ICBF la misma
no ejerció dentro de los términos de la ley acciones frente a las funciones asignadas en el
cargo al cual fue nombrada» [sic].

5.4. Ley 909 de 2004, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado admiten la existencia de funciones asignadas a los servidores de las plantas
de personal de las entidades públicas sin que de manera específica estén detalladas
en el manual de funciones, de ahí que «para la mayoría de los cargos» del ICBF se
dispuso la de «ejercer las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo» [sic].

5.5. Elascenso en la función pública exige el cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales. Por lo tanto, la demandante podía acceder a un empleo de
mayor categoría a través de los concursos de méritos ofertados por la entidad.

5.6. Las labores asignadas correspondieron a los procesos de su nivel, aun cuando
pudieron presentar similitud con las de otros cargos.

5.7. Por último, propuso las excepciones que denomino: i) caducidad; ii) incumplimiento
de la carga de la prueba; y iii) la innominada o genérica.

1.3. La sentencia apelada

6. Mediante sentencia proferida el 6 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del
Cauca negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos 7:

6.1. María Mercedes Fajardo López no acreditó que se encontrara en igualdad de
condiciones laborales respecto de otro servidor de la entidad y que ella recibiera una
remuneración inferior. Además, tampoco probó la asignación y cumplimiento de «todas
las funciones de un cargo superior al que ocupaba» [sic].

6.2. No le asistió razón a la demandante al señalar que la asignación de funciones
desbordó la naturaleza del empleo para el que fue nombrada, puesto que las

7
Folios 568 al 579.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

asignadas para el año de 2003 fueron de apoyo a algunos programas desarrollados
por la entidad en los municipios del departamento, labores que coinciden con el nivel
del cargo que ocupó.

6.3. La demandante no identificó el empleo del cual habría cumplido funciones «si se
tiene en cuenta que el cargo de profesional universitario del que se reclama la remuneración
esta contemplado en todos los manuales de funciones, tanto para el nivel central como para
los niveles regionales, y aún más, para las distintas áreas de operación de la entidad: salud,
pedagogía y social, y con distintos códigos y grados -que son elementos de la denominación
del empleo que impactan directamente en la remuneración» [sic].

6.4. Si bien Franceline Salas declaró que en algún momento fue compañera de la
demandante y que coordinaban programas y municipios dentro del ICBF, lo cierto es
que no precisó el extremo temporal de dicha situación «tampoco detalló que las funciones
de ambas fueran exactamente las mismas, que cumplieran en igual horario, y por, sobre todo,
que ellas tuvieran el mismo régimen laboral de vinculación y permanencia en el empleo
público». Los demás testigos reconocieron que no eran servidores de la entidad y, por
tanto, no les constó que cumpliera labores como profesional universitario.

6.5. Según lo dispuesto por los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General de
Proceso8, resulta procedente la condena en costas de la parte vencida en el proceso .

1.4. El recurso de apelación

7. María Mercedes Fajardo López solicitó que se revocara la sentencia proferida con
los siguientes argumentos9:

7.1. El a quo incurrió en un error de valoración probatoria al desconocer que, conforme
con las pruebas obrantes en el expediente, «durante más de 18 años», por instrucciones
de sus jefes inmediatos, desempeñó labores propias del cargo de «profesional
especializado» mientras permaneció formalmente en los de secretaria y técnico
administrativo.

7.2. No le asistió razón al tribunal al señalar que la demandante «no probó que la actora
se encontraba en iguales condiciones laborales que otro empleado dentro de la entidad»,
puesto que, con la contestación de la demanda, el ICBF no allegó la hoja de vida de
Mariela Guarnizo [quien ejercía similares funciones] ni certificó los salarios
devengados por ella «es imposible que sea la demandante la que entre a demostrar que las
dos servidoras públicas ejercían las mismas funciones» [sic].

7.3. Los documentos aportados con la presentación de la demanda dan cuenta de que
desde el 1° de marzo de 1991 hasta el 1° de octubre de 2016, pese a estar vinculada
en los cargos de secretaria y técnico administrativo, se les asignaron funciones

8
En adelante CGP.
9
Folios 276 al 280.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

distintas a los cargos ostentados, estas fueron como «profesional especializado».

7.4. Las funciones asignadas a los cargos de « profesional especializado, grado 15» y los
de «secretaria y técnico administrativo» son considerablemente diferentes.

7.5. El intercambio de comunicación entre la demandante y sus superiores es prueba
suficiente para acreditar que «el orden jerárquico del ICBF era conocedor de las funciones
ejercidas por la demandante» [sic] como «profesional especializado».

7.6. De acuerdo con las certificaciones expedidas por la entidad, resulta evidente que,
pese a encontrarse vinculada en cargos del nivel asistencial, ejerció funciones con
capacidad de decisión, orientación y liderazgo, propias del nivel profesional, tales
como «orientar, brindar asistencia técnica, coordinar, gestionar recursos, suscribir
documentos, supervisar funciones de contratista, entre muchas más» [sic].

7.7. Desde que fue trasladada del área administrativa a la misional [1° de marzo de
1999] sus funciones se «convirtieron desde la realidad a las de profesional especializado,
funciones totalmente distintas unas de las otras, como se corrobora en el manual de funciones,
según dice el oficio de traslado, por necesidades del servicio, funciones que desarrollan de
tiempo completo, en horarios de 10,12 y hasta más horas, por el cumulo de trabajo, funciones
que desarrolla de acuerdo al perfil profesional delegadas por los superiores inmediatos de
forma tácita, escrita o verbal como se demuestra en el oficio nro. 029 del 10-02-2003, actos
administrativos -evaluaciones de desempeño, resoluciones, oficios, informes y demás» [sic].

7.8. Sin fundamento se le restó valor probatorio a los testimonios recaudados, en tanto
que ellos hicieron parte «del engranaje y relación directa» con el sistema nacional de
bienestar familiar, puesto que «en su mayoría los testigos son servidores públicos que están
adscritos a alcaldías, universidades, asociaciones de cabildos como jurisdicción especial,
hospitales, secretarias de educación, cultura y deporte, por lo que no era que tuvieran la
impresión como afirma el fallador, era que su relación laboral con el ICBF a través de la señora
Fajardo López, convertía esa relación en laboral, teniendo en cuenta que esta, estaba
enmarcada por la ejecución de programas, proyectos, acciones, gestiones, convenios,
supervisiones, asistencia técnica, evaluación, etc., en los distintos programas, proyectos,
investigaciones entre el ICBF y los meas agentes del sistema» [sic].

7.9. Laafirmación relativa a que la demandante no identificó el empleo que está
pidiendo ser nivelado carece de fundamento, toda vez que desde la presentación de
la demanda «esta claramente demostrado que no es la pretensión de profesional universitario
la que se está haciendo valer sino la de profesional especializado (…) una vez se coteje las
hojas de vida de la actora con la de Mariela Guarnizo» [sic].

1.5. Tramite en segunda instancia

8. El recurso de apelación se concedió a través de la providencia del 15 de julio de

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

202110 y con auto del 10 de noviembre de esa anualidad11 se admitió, de conformidad
con el artículo 247 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.

9. El 2 de febrero 202212 María Mercedes Fajardo López solicitó practicar las pruebas
que pidió en el recurso de alzada. En consecuencia, con auto del 29 de noviembre de
202313, con fundamento en el artículo 207 del CPACA, el despacho sustanciador
saneó el proceso y requirió al tribunal para que remitiera la grabación y el acta de la
audiencia de pruebas celebrada en primera instancia, con el fin de decidir la
procedencia o no de la solicitud probatoria, puesto que tanto en el expediente físico
como en el digital no se encontraron esas piezas procesales.

10. Posteriormente, por medio de la providencia del 10 de abril de 2024 14, se negó la
solicitud probatoria en segunda instancia presentada por la parte actora, por cuanto: i)
carecía de sentido decretar en segunda instancia unas documentales que reposan en
el expediente y que fueron debidamente incorporadas; ii) la solicitud de oficiar al ICBF
para allegar la hoja de vida de Mariela Guarnizo no correspondió a una prueba dejada
de practicar en primera instancia pues de ese requerimiento, allí no se hizo mención;
y iii) pese a que los testimonios de Marisol Orozco y Miller Muelas no pudieron
practicarse, por errores no atribuibles a ellos sino a fallas técnicas en el sistema de
audiencias virtuales. Lo anterior no implica que deban ser decretadas en segunda
instancia, pues con todo, el material probatorio resultaba suficiente para resolver el
litigio.

11. La demandante y el ICBF no emitieron pronunciamiento en esta oportunidad.

1.6. El Ministerio Público

12. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta
instancia15.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 16, los
problemas jurídicos consisten en determinar:

10
Folios 641.
11
Folio 648.
12
Samai, índice 6.
13
Samai, índice 15.
14
Samai, índice 24.
15
Según se indicó en la constancia secretarial del 18 de noviembre de 2024, visible en el índice 7 de
Samai.
16
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

14. ¿Si esta sala tiene competencia para estudiar si a la demandante le asiste el
derecho a la nivelación con el empleo «profesional especializado, grado 15», pese a que
la pretensión del sub judice se planteó frente al de profesional universitario?

15. Y si la respuesta al anterior interrogante es positiva, determinar ¿si María Mercedes
Fajardo López tiene derecho a que se le reconozcan los salarios y prestaciones del
cargo de «profesional especializado, grado 15», por ejercer sus funciones, pese a ostentar
los cargos de «secretaria y técnico administrativo»?

2.2. Marco normativo

2.2.1. El empleo público y su remuneración

16. Al referirse a la función pública, el artículo 122 de la Constitución Política prescribe
«[n]o habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente». A su vez, el artículo
123 ibidem prevé que «[s]on servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas,
los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente
y por servicios», quienes «ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la
ley y el reglamento».

17. En esencia, desde el Decreto 2400 de 196817 la noción de «empleo» se determina
a partir de varios elementos18 que se mantienen en la Ley 909 de 200419. El primero
es el aspecto objetivo, delimitado por el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades. El segundo se trata de un aspecto subjetivo referido a la asignación
que se le hace a una persona con las competencias necesarias para llevar a cabo ese
conjunto de funciones. Un tercer elemento es el teleológico, que se deriva del artículo
2 de la Carta Política que orienta la actividad de las autoridades a la consecución de
los fines del Estado.

18. En efecto, el artículo 19 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 delimita el
concepto y la estructura del empleo público en los siguientes términos:

«Artículo 19. El empleo público.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta
ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito
de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

17
«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones».
18
El artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 señaló: Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas
por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural […]».
19
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

2. El diseño de cada empleo debe contener:

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar
con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los
requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso
al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias
funcionales del contenido del empleo».

19. A su vez, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004, al reglar los « cuadros funcionales»,
permite la agrupación de empleos semejantes. Estas similitudes se predican de « la
naturaleza general de sus funciones, sus responsabilidades» y de que requieran de
«conocimientos y/o competencias comunes». Ello con la finalidad de regular, entre otros
aspectos, el «acceso, el ascenso, el sistema retributivo y la capacitación de los empleados
públicos de carrera»20.

20. Ahora, en cuanto a la remuneración de este personal, el artículo 2 de la Ley 4ª de
199221 señala los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Gobierno nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, dentro de
los cuales se encuentran:

«i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;

k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral».

21. En línea con lo anterior, el artículo 3 de la misma Ley 4ª de 1992 determina que el
sistema salarial de los servidores públicos está integrado por i) la estructura de los
empleos, que se define de acuerdo con las funciones que se deban desarrollar; y ii) la
escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos.

22. Conforme con lo expuesto en precedencia, la definición de las funciones que
desarrollan los empleados públicos tiene trascendencia constitucional, no solo porque
el artículo 122 de la Carta Política proscribe la existencia de un empleo público que no
tenga funciones detalladas en un instrumento jurídico, sino porque es determinante

20
Artículo 20.2 de la Ley 909 de 2004.
21
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

para la garantía del derecho a la igualdad en materia salarial 22 y la proporcionalidad
de la remuneración respecto de la calidad y cantidad de trabajo23. Es alrededor de
estas funciones que se establecen la forma de provisión de los empleos24, así como
los requisitos y calidades para su desempeño25.

23. Precisamente, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
depende de factores variables, entre ellos la naturaleza de las funciones, las calidades
exigidas para su desempeño, la estructura de los empleos y la escala y el tipo de
remuneración para cada cargo. Estos elementos se reflejan en el sistema de
nomenclatura, clasificación y remuneración diseñado para ordenar los diferentes
empleos de la administración pública.

24. Este sistema comprende: i) el nivel, que agrupa los cargos por su jerarquía con base
en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad; ii) la
denominación, entendida como el nombre o identificación del conjunto de deberes,
atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo; iii) la clase, referida al
grado de importancia dentro del nivel; iv) el código, que corresponde al número
utilizado para el manejo sistematizado del régimen de clasificación y remuneración de
cada cargo; v) el grado, que indica la asignación mensual del empleo dentro de una
escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad de las funciones; y vi) la
remuneración asignada a cada grado.

25. Asimismo, la configuración de la nomenclatura constituye un elemento de especial
relevancia en la organización de los empleos, pues, además de definir las funciones y
responsabilidades de cada servidor, determina la escala salarial que le corresponde,
atendiendo a su nivel, denominación, código y grado dentro de la función pública.

2.2.2. Deber de acreditar el cumplimiento de iguales funciones del cargo del cual
se pretende la nivelación salarial

26. En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la
parte demandante el desempeño de un empleo igual al comparado, pero con mejor
condición salarial, la sentencia del 9 de diciembre de 201926 precisó las condiciones
para la procedencia de tal clase de pretensiones, al indicar que:

«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta
equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que:
a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe
acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae
consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho

22
Artículo 13 ibidem.
23
Artículo 153 ibidem.
24
Artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
25
Artículo 19 de la Ley 909 de 2004.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en
lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos» [se
subraya].

27. Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional27 también se pronunció del
siguiente modo:

«En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus
empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de
condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a
criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los
iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales...”

[…]

7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se pronunció
para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto
ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor,
ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el
horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales».

28. Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las
controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material, tal
como lo ha reiterado la Corte28, así:

«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla
elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía superior
al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o privadas. (…) Por lo tanto
no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una vulneración de
la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la cual señala que un trato diferente
sólo se convierte en discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido)
cuando no obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es
conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios válidos
constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre trabajadores que
desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera
que es posible encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”29

27
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación también
señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «[…] Al respecto,
se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda
interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]» (se subraya).
28
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-
3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de
tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla
jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca
la igualdad para efectos de nivelación salarial.
29
«Corte Constitucional, sentencia T-545A/07».

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio
del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos
que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de
exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben
una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial
injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable, que justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y
desempeño30; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas
en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos31; y (iii) la distinta
clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas
salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos
empleos32» [cursiva del texto original]. [sic]

29. Estas consideraciones implican que en los asuntos donde existe una aparente
igualdad basada exclusivamente en el ejercicio homogéneo de algunas funciones que
le corresponden a un empleo con mejor remuneración, o en la sola nomenclatura
semejante de la plaza ocupada, dichos supuestos no pueden ser suficientes para fijar
un criterio de equiparación viable en lo relativo a la nivelación salarial, pues deberán
valorarse todas las condiciones particulares de cada empleo en contraste desde
diferentes aristas objetivas, de suerte que un examen adecuado para hallar un trato
discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares y no entre similares con
ciertas diferencias.

30. Conforme con lo anotado, se precisa que quien pretenda el pago de una diferencia
en su remuneración porque considera que las funciones que cumple resultan
asimilables a las de otro servidor cuya asignación es mayor, debe acreditar que existe
un criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un trato
disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que
quien está en la supuesta situación desfavorable: a) desarrollaba las mismas funciones
y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza comparada; b) contaba con
idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado; c)
acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo cotejado; y
d) detentaba un vínculo laboral con el Estado homogéneo al del extremo comparado.

2.2.3. El principio de a trabajo igual salario igual

31. En relación con la eficacia del derecho a la igualdad y el trabajo digno, se han
generado diversidad de posiciones dogmáticas y jurisprudenciales que establecen
unas condiciones y requisitos a evaluar, en aquellos eventos en los que se hace

30
«Corte Constitucional, sentencia T-1075/00».
31
«Corte Constitucional, sentencias T-1098/00 y T-545A/07».
32
«Corte Constitucional, sentencia T-105/02».

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

necesario identificar los derechos y deberes de los trabajadores en relación con su
forma de vinculación.

32. La Corte Constitucional indicó que el principio de a trabajo igual, salario igual,
responde a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad 33. En ese contexto, el
test de igualdad es una herramienta metodológica para la valoración de la posible
afectación del derecho fundamental en una situación concreta. Como punto de partida,
se debe verificar la identidad existente en las funciones que desarrollan dos sujetos y
si estos están sometidos a un régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo para proceder a establecer si, a pesar de ello, cada uno recibe una
remuneración diferente.

33. En tal sentido, insiste la Corte Constitucional en que la discriminación salarial
injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable, que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia constitucional ha
catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras: i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; ii) las diferencias de la
estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos
que se muestran prima facie análogos; y iii) la distinta clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.

34. De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la protección constitucional del
principio de a trabajo igual, salario igual, tiene sustento en la eficacia de los principios
mínimos del trabajo, tanto de remuneración acorde con la cantidad y calidad de la
labor, como de, especialmente, la primacía de la realidad sobre las formas dentro de
la relación laboral.

2.3. Caso concreto

35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

36. Durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1992 y el 1° de octubre de
2016, María Mercedes Fajardo López estuvo vinculada con el ICBF, regional Cauca,
así34:

Cargo Ubicación Situación Desde Hasta
administrativa
Secretaria, código Nombramiento e 28 de noviembre de
División jurídica 18 de agosto de 1992
540, grado 1035 incorporación 1995

33
Corte Constitucional, sentencia T-833 de 2012.
34
La información consignada en el cuadro se funda en la certificación expedida el 14 de septiembre de
2020 suscrita por la coordinadora del Grupo Administrativo del ICBF. Visible a folios 515 al 516.
35
Según las actas de posesión 009 del 18 de agosto de 1992 y 00088 del 17 de diciembre de 1993,
visible a folios 7 y 9.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

Secretaria, código División de servicios 29 de noviembre de
Incorporación 24 de febrero de 1997
540, grado 1236 técnicos 1995
Secretaria, código 10 de noviembre de
División financiera Incorporación 28 de febrero de 1999
540, grado 12 1998
Secretaria, código
Centro zonal sur Traslado 1° de marzo de 1999 13 de enero de 2000
540, grado 1437
Secretaria ejecutiva, Centro zonal
Incorporación 14 de enero de 2000 15 de enero de 2002
código 540, grado 1438 Popayán Dos
Reubicación
Centro zonal
Secretaria, código dentro de la
Popayán Tres 16 de enero de 2002 30 de enero de 2003
540, grado 1439 planta global de la
(indígena)
regional
Centro zonal
Secretaria, código 13 de noviembre de
Popayán Tres Incorporación 31 de enero de 2003
540, grado 1440 2003
(indígena)
Técnico Centro zonal
14 de noviembre de
administrativo, código Popayán Tres Nombramiento 1° de febrero de 2004
2003
4065, grado 1041 (indígena)
Reubicación
Técnico Centro zonal
dentro de la 9 de septiembre de
administrativo, código Popayán Dos 2 de febrero de 2004
planta global de la 2013
4065, grado 1042 (centro)
regional
Técnico
10 de septiembre de
administrativo, código Centro zonal centro Incorporación 30 de enero de 2015
2013
3124, grado 1243
Profesional
universitario, código Centro zonal centro Nombramiento 2 de febrero de 2015 1°de octubre de2016
2044, grado 0344

36.1. El 14 de abril de 2000, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia le otorgó a la
demandante el título de profesional en psicología social comunitaria45.

36.2. Resolución 9948 del 10 de diciembre de 2001, mediante la cual el director de
Desarrollo de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá autorizó
a la demandante para ejercer la profesión de psicología social comunitaria en el
territorio nacional46.

36.3. Oficio 029 del 10 de febrero de 2003, a través del cual la coordinadora Centro
Zonal indígena, «de acuerdo con la reestructuración interna que acaba de llevarse a cabo en
la institución» [sic] le comunicó a la demandante sobre una reasignación de funciones47.

36
Según el acta de posesión 00190 del 31 de julio de 1998, visible a folio 10.
37
De acuerdo con la Resolución 000109 del 1° de marzo de 1999, visible a folio 42.
38
Acta de posesión 0048 del 14 de enero de 2000, visible a folio 46.
39
Memorando 00132 del 15 de enero de 2002, visible a folio 47.
40
Memorando 0471 del 31 de enero de 2003 y acta de posesión 035 de esa fecha, visible a folios 48 y
49.
41
De acuerdo con la Resolución 2298 del 31 de octubre de 2003 y el acta de posesión 126 del 14 de
noviembre de 2003, visibles a folios 13 y 14.
42
Memorando del 22 de enero de 2004, visible a folio 44.
43
Según el acta de posesión 0086 del 10 de septiembre de 2013, visible a folio 18.
44
De acuerdo con la Resolución 0102 del 30 de enero de 2015 y el acta de posesión 0056 de esa
fecha, visibles a folios 19 y 20.
45
Folio 21.
46
Folio 22.
47
Folios 74 y 75.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

36.4. Oficio sin número del 8 de abril de 2006, en el cual «Olga Isabel Montenegro G.,
servidora Pública ICBF» certificó que, entre el 15 de enero de 2002 y el 16 de septiembre
de 2003, la demandante cumplió funciones de apoyo a distintos programas, en los
componentes de supervisión, capacitación y rendición de cuentas en los municipios del
área de influencia del centro zonal48.

36.5. Oficios 00559049 y 00581150 del 13 y del 20 de noviembre de 2008, por medio de
los cuales la directora regional ICBF del Cauca le comunicó a la demandante que no
cumplió con los requisitos mínimos para el ejercicio de profesional especializado,
código 2028, grado 1551.

36.6. Oficio000818 del 7 de marzo de 2013, a través del cual el coordinador
administrativo del ICBF regional Cauca presentó una relación de los psicólogos
«contratados de planta, supernumerarios y por contrato» [sic] desde el año de 2008, así52:

Nombre profesión Fecha Tipo de vinculación
Psicólogo Social, profesional
Planta centro, zonal
Mariela Guarnizo Hurtado universitaria, grado 15, 14/04/2008
norte
código 2028
Yelitza Araceli Bravo Psicólogo Social, grado 5, Planta centro, zonal
29/12/2008
Sandoval código 2044 norte
Psicólogo Social, grado 5, Planta centro, zonal
Emma del Carmen Urrego 9/10/2008
código 2044 Popayán
Psicólogo Social, grado 7, Planta centro, zonal
Beatriz Eugenia Guetocue 11/08/2009
código 2044 Popayán
Número de
contrato 279 y
389 de 2011, a
Psicólogo Social, profesional Centro zonal sur,
Adalberto Alban partir del 2012
universitario municipio del Bordo
ejerce como
psicólogo social
comunitario
Número de
Psicólogo Social, profesional Contratista centro zonal
Leonisa Acosta contrato 503 de
universitaria Popayán
2011
Número de
Psicólogo Social, profesional
Edith Margot Torres Solarte contrato 641 de Contratista
universitaria
2012
Psicólogo Social, profesional Contratista por
María Inés Montero Gamboa Centro zonal Popayán
universitaria un año

36.6.1. Asimismo, manifestó que «revisados los archivos del grupo jurídico en el listado de
contratistas año 2008 y 2[0]10 no se encontró vinculación como psicólogos sociales durante
estas vigencias» [sic].

36.7. Resolución 6588 del 8 de julio de 2016, mediante la cual el secretario general del
ICBF retiró del servicio a María Mercedes Fajardo López, a partir del 1° de octubre de
201653.

48
Folio 15
49
Folio 57.
50
Folio 58.
51
Folios 55 al 59.
52
Folios 81 y 82.
53
Folios 448 y 449.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

36.8. El 25 de febrero de 201754, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y
pago de la diferencia salarial entre los cargos de secretaria técnico-administrativa y lo
que devengaba un «profesional universitario», desde año de «1998 hasta el 2 de febrero
de 2015 cuando se hizo justicia reconociéndome el salario de profesional universitario sin
cambiarme las funciones que venía desempeñando» [sic].

36.9. La anterior petición fue negada a través del Oficio S-2017-225773-0101 del 4 de
mayo de 201755, suscrito por el director de Gestión Humana, por cuanto «revisada su
historia laboral se logró evidenciar que durante su vinculación con el Instituto, esto es desde
el 18 de agosto de 1992 ostentaba el cargo de secretaria y con posterioridad el de técnico
administrativo, desempeñando las funciones establecidas en el manual de funciones para
dichos cargos y recibiendo la asignación mensual correspondiente. Es necesario aclarar que
usted fue vinculada como profesional universitario a partir del año 2015 mediante resolución
0163 del 20 de enero de 2015, en la que se cambiaron sus funciones asignándose las
correspondientes al perfil profesional universitario y en consecuencia el valor por concepto de
asignación mensual» [sic].

36.10. Documentos relacionados con el concurso público de méritos-Convocatoria 001
de 2005, en el que se determinó que la demandante no cumplió con los requisitos
mínimos para el ejercicio del cargo de profesional especializado, código 2028, grado
1556.

36.11. Contratos de prestación de servicios, actas, certificaciones, informes de gestión y
demás documentos contractuales en los que se evidencia que la demandante fungió
como supervisora de la relación contractual57.

36.12. Constancia de factores salariales devengados por la demandante entre los años
de 2015 y 201658.

36.13. Evaluaciones de gestión de algunos periodos de los años 2003, 2008, 2010 y
201259.

36.14. Comisiones de servicios otorgadas a la actora60.

36.15. Certificaciones y constancia de estudios realizados por la demandante 61.

36.16. Oficios, correos electrónicos y peticiones a través de las cuales la Universidad del
Cauca y algunas alcaldías del departamento62 intercambiaron comunicación con la

54
Folios 3 y 4.
55
Folios 5 y 6.
56
Folios 60 al 73.
57
Folios 146 al 200
58
Folios 26 al 37.
59
Folios 83 al 93.
60
Folios 94 al 214.
61
Folios 349 al 374
62
Inzá, Piendamó, La sierra y Morales.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

demandante y otros directivos de la seccional, relativa con algunos programas y
convenios desarrollados por el ICBF63.

36.17. Apartes
de los manuales de funciones de la entidad para los cargos
desempeñados por la demandante64.

2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 18 de noviembre de 202065, fueron oídos
los testimonios de Francine Paule Salas de Bustamante, Patricia Cerón Rengifo,
Rosely Fiscué Chavaco y Emilce Maritza Sánchez Beltrán de los cuales se extrae lo
siguiente:

36.18. Francine Salas de Bustamante66 actualmente se encuentra pensionada y
conoció a María Mercedes Fajardo López porque, en los años de 1999 y 2002, «en el
mismo centro zonal» fueron compañeras de trabajo en el ICBF.

36.19. Para la época en que compartieron en el centro zonal, la demandante tenía
diferentes funciones asignadas tales como «revisión de cuentas, supervisión de
programas, coordinadora de municipio, coordinadora del sistema de bienestar familiar; en fin,
tenía que ver con todos los programas del ICBF en un determinado municipio».

36.20. Como coordinadoras de municipio debían «coordinar el sistema nacional de bienestar
familiar, ósea, coordinar institucionalmente (…) capacitar, supervisar, dar línea en los
programas».

36.21. Recuerda que la demandante estuvo encargada de coordinar el sistema de
nacional de bienestar familiar en el municipio de La Sierra, pero le es imposible precisar
fechas «solo recuerda que eran pares».

36.22. La demandante residía en el municipio de Popayán, pero, periódicamente, debía
viajar al municipio que el ICBF le había asignado coordinar.

36.23. Sibien el ICBF contaba con un manual de funciones «en el cual están los
requerimientos para realizar funciones de coordinador de municipios», lo cierto es que, por
necesidades del servicio, el «director regional o coordinador de centro zonal» podía asignar
a cualquier servidor en la función, puesto que dicha designación era «potestativa».

36.24. Cuando ella fungió como coordinadora de centro zonal «par [de la demandante]»
ostentaba el cargo de profesional universitaria.

63
Folios 202 al 308
64
Folios 451 al 457; 518 al 526; y del 543 al 563.
65 Samai, índice 29, 33RECIBE MEMORIAL_38532021RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 29.
66
Minutos: Del 17:10 a 40:35.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

36.25. Tiene conocimiento de que María Mercedes Fajardo López es profesional en
psicología social, sin embargo, «mientras fueron compañeras en el mismo centro zonal no
se había graduado».

36.26. Patricia Cerón Rengifo67 es docente universitaria y desde el año 2004 presta sus
servicios en la Universidad de Nariño.

36.27. En el año 2003, se conoció con María Mercedes Fajardo López, mientras
participaron en el desarrollo de un proyecto de investigación sobre nutrición en el
municipio de Inzá, en el cual la demandante era «coordinadora del proyecto» y ella
representante de la Universidad del Cauca. No tiene conocimiento del cargo que tenía
la demandante en la planta de personal del ICBF, ni de los manuales de funciones de
esa institución.

36.28. Para el desarrollo del proyecto, la demandante coordinaba el proceso por parte
del ICBF «articulaba los diferentes niveles que participaban en el proyecto (…) ella ayudó a
recolectar la información de nutrición en cada una de las veredas».

36.29. Desconoce las funciones que se le encomendaron a la actora en el ICBF, puesto
que solo compartieron durante el año 2003 en el desarrollo del proyecto de
investigación en el municipio de Inzá; no obstante, considera que ella era la
coordinadora de la zona «entiendo que así se organizaban y a veces a ella la gente la
buscaba mucho para ciertas asesorías y cosas (…) fuera de la investigación ella realizaba otras
actividades en el municipio».

36.30. En relación con el proyecto de investigación, la demandante era la encargada de
«citarnos a todos, de dirigir la reunión, de orientarla; lo que sucede es que éramos un equipo
bastante grande, entonces, ella era la encargada de presentar las políticas, orientar cuales
eran los objetivos a los que se querían llegar con el proceso de investigación para poder
orientarlo porque si no cada uno se dispersara. Ella conocía el territorio».

36.31. Rosely Fiscué Chavaco68 actualmente es coordinadora del programa mujeres
del Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC].

36.32. En el año 2002 se conoció con María Mercedes Fajardo López quien era la
«coordinadora de seguimiento en el municipio de Inzá coordinaba el sistema de bienestar
familiar dependía del centro zonal indígena y ella nos asesoraba en la política pública de
atención de infancia y adolescencia en el municipio».

36.33. Para desarrollar los programas que el ICBF tenía en el municipio de Inzá, la
demandante «se desplazaba al municipio, regularmente, cada 2 meses [hasta allá] desde
Popayán (…) cuando ella iba se reunía con los comités, con las alcaldías, con los hogares.
Hacía recorrido en las zonas aledañas en donde funcionaban los hogares de bienestar».

67
Minutos: Del 1:08:05 a 1:30:01.
68
Minutos: Del 1:31:56 a 1:45:56.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

36.34. Desconoce el cargo que tenía la demandante en la planta del ICBF, pero, de
acuerdo con las funciones que ella desarrolló, considera que era «el de profesional
psicológico».

36.35. Emilce Maritza Sánchez Beltrán69 es ingeniera biomédica de profesión y entre
los años de 2007 al 2008, mientras fungió como secretaria de salud del municipio de
Morales (Cauca), conoció a la demandante porque era «quien realizaba las asistencias y
el seguimiento por el ICBF».

36.36. Dicho seguimiento consistía en la verificación del «buen manejo de los recursos de
alimentación entregados por el ICBF también asistía [al municipio] en los consejos de política
social».

36.37. María Mercedes Fajardo López orientaba algunos programas de bienestar
familiar en el municipio de Morales «permanecía en el mucho tiempo en el municipio, tenía
mucha relación con nosotros». Sus labores estaban acordes con la profesión de
psicología.

36.38. No conoce el manual de funciones de la planta de personal del ICBF.

2.3.2. Análisis de la Sala

37. El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, en
consideración a que no se demostró que María Mercedes Fajardo López hubiese
desempeñado de manera plena y continua las funciones equivalentes a las de otro
servidor de la entidad con un cargo superior al que ella ocupaba.

38. La demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada en primera instancia,
al considerar que el a quo incurrió en en un error de valoración probatoria, pues
desconoció que «durante más de 18 años», por instrucciones de sus superiores, ejerció
de manera continua funciones propias del cargo de «profesional especializado» mientras
permaneció formalmente en los de secretaria y técnico administrativo, lo que ocasionó
un perjuicio económico que debe ser reparado mediante el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas.

39. Así las cosas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a
verificar si se acreditaron los presupuestos fácticos con el fin de verificar la aplicación
del principio de igualdad salarial entre trabajadores que ocupan cargos distintos en la
planta de personal, estos son: i) que ambos cuenten con igual preparación académica
y profesional; ii) que desarrollen funciones equivalentes; y iii) que el trabajador
solicitante cumpla con los requisitos exigidos para el empleo respecto del cual pretende
la nivelación salarial.

69
Minutos: Del 1:47:59 a 1:59:45.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

40. Ciertamente, respecto de la preparación académica y profesional, se tiene que,
entre el 18 de agosto de 1992 y el 1° de octubre de 2016, la demandante fue nombrada
en provisionalidad en el ICBF regional Cauca en los siguientes cargos:

40.1. Entre el 18 de agosto de 1992 y el 13 de noviembre de 2003 como «secretaría,
código 5410, grados 10, 12 y 14».

40.2. Del 14 de noviembre de 2003 al 30 de enero de 2015 como «técnico administrativo,
código 4065, grados 10 y 12».

40.3. Desde el 2 de febrero de 2016 hasta el 1° de octubre de 2016 como «profesional
universitario, código 2044, grado 03».

41. Durante el lapso de prestación de servicios, en el ICBF rigieron los siguientes
manuales de funciones:

Manual de
Cargo Lapso Requisitos para el empleo
funciones
Educación: 1. Diploma de bachiller técnico
-. Resolución 1830 comercial, tarjeta profesional de secretaria; 2.
Del 18 de agosto del 26 de agosto de Aprobación de 4 años de educación básica
de 1992 al 13 de 1996 secundaria; 3. Aprobación de 3 años de educación
Secretaría
noviembre de -. Resolución 2244 básica secundaria.
2003 del 16 de octubre de
2001 Experiencia: 1. 2 años especifica o relacionada; 2.
18 meses de experiencia; 3. 6 meses de experiencia
Educación: 1. Aprobación de 2 años de educación
superior en psicología, administración de empresas,
administración pública, economía, trabajo social,
ingeniería industrial o de sistemas. 2. Título de
-. Resolución 1695
formación técnica profesional o aprobación de 3
del 14 de septiembre
años de educación superior en derecho, economía,
de 2005
nutrición y dietética, trabajo social, desarrollo
-. Resolución 8484
familiar, sociología, psicología, pedagogía,
Del 14 de del 26 de septiembre
psicopedagogía, licenciatura infantil, educación
Técnico noviembre de de 2013
básica o educación media en diferentes áreas,
administrativo 2003 al 30 de -. Resolución 7793
ingenierías de sistemas, informática o computación.
enero de 2015 del 31 de diciembre
de 2014
Experiencia: 1. 9 meses de experiencia
-. Resolución 7301
relacionada o laboral. 2. 6 meses de experiencia
del 22 de septiembre
relacionada o laboral sí posee título de formación
de 2015
técnica profesional. 3. 3 meses de experiencia
relacionada o laboral si tiene aprobación de 3 años
de educación superior.

Educación: 1. Título profesional en disciplina
académica.

Del 2 de febrero al -. Resolución 7707 Experiencia: 1. 6 meses de experiencia profesional
Profesional
1° de octubre de del 29 de diciembre del núcleo básico de conocimiento relacionada en
universitario
2016 de 2014 nutrición y dietética, psicología, sociología,
antropología, artes liberales, educación, trabajo
social y afine, derecho y afines. 2. Tarjeta
profesional vigente

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

42. Con el fin de acreditar la experiencia y el requisito de educación, la demandante
allegó al expediente el título de «profesional en psicología social comunitaria» [expedido el
14 de abril de 2000].

43. Ahora bien, en este punto se advierte que en el recurso de apelación María
Mercedes Fajardo López señaló que no le asistió razón al tribunal al señalar que la
demandante no identificó el empleo que está pidiendo ser nivelado, toda vez que desde
la presentación de la demanda «esta claramente demostrado que no es la pretensión de
profesional universitario la que se está haciendo valer sino la de profesional especializado,
grado 15 una vez se coteje las hojas de vida de la actora con la de Mariela Guarnizo» [sic].

44. Respecto del particular, encuentra la Sala que en la demanda que dio inicio al asunto
en estudio, la demandante solicitó que se declarara la nulidad «total del Oficio No.S-
2017-225773-0101 del 4 de mayo de 2017, por medio del cual el ICBF le negó el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial resultante entre los cargos de secretaria y
técnico administrativo que percibió desde el año 1999 y el cargo de profesional universitario
cuyas funciones desempeño desde el año de 1999 hasta el 2 de febrero de 2015 cuando se le
reconoció el salario de profesional universitario sin cambiarle, modificarle o aumentarle las
funciones» [sic].

45. En esta línea, en lo correspondiente al concepto de violación de la demanda señaló
que la entidad demandada desconoció el derecho constitucional a la igualdad «al
asignarle funciones de profesional universitario con el salario y las prestaciones, primero de
secretaria y posteriormente de técnico administrativo» [sic].

46. En relación con lo anterior, mediante auto del 8 de septiembre de 202070, el tribunal
fijó el litigio en el sentido de «establecer si el Oficio de 4 de mayo de 2017, en el que se
niega el reconocimiento y pago de la nivelación salarial incurre en las causales de anulación
de violación de las normas superiores en que debería fundarse y falsa motivación, Para esto,
deberá analizarse, si pese a que la señora María Mercedes Fajardo fue nombrada en los cargos
de secretaria y técnico administrativo, desempeño materialmente funciones de un cargo
superior, esto es, de profesional universitario, desde el 1 de marzo de 1999 hasta la fecha de
su retiro del servicio el 1 de octubre de 2016. O si, por el contrario, como lo alega la entidad,
María Mercedes Fajardo siempre cumplió las funciones y recibió los emolumentos salariales y
prestaciones de los cargos en que fue nombrada» [sic], aspecto frente al cual las partes no
presentaron oposición alguna.

47. Precisamente, para establecer si la demandante cumplía con las funciones de
«profesional universitario» el tribunal descartó la posibilidad de requerir al ICBF para que
allegara la certificación de la asignación mensual devengada por Mariela Guarnizo
Hurtado, en tanto que lo que se trababa de evidenciar era si «la señora Fardo López
cumplía funciones de profesional universitario y si, por tanto, debía recibir la remuneración de
este empleo» [sic].

70
Folios 490 al 498; Samai, índice 20.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

48. En la audiencia de pruebas se recepcionó el testimonio de Francine Paule Salas de
Bustamante quien afirmó que mientras fungió como coordinadora de centro zonal «par
[de la demandante]» ostentaba el cargo de profesional universitario. Incluso, que
mientras fue compañera de la demandante en igual centro zonal María Mercedes
Fajardo López no se había graduado como psicóloga.

49. Asimismo, fueron oídos los testimonios de Patricia Cerón Rengifo, Rosely Fiscué
Chabaco y Emilce Maritza Sánchez Beltrán, quienes de manera casi unísona indicaron
que la demandante ejercía labores como «profesional en psicología», pero desconocían
el manual de funciones y requisitos del personal de planta del ICBF.

50. Después de superar la argumentación contenida en la pretensión procesal y su
resistencia, el a quo procedió a verificar si la demandante acreditó los presupuestos
fácticos para la aplicación del principio de igualdad salarial entre trabajadores que
ocupan cargos distintos en la planta de personal, para lo cual, de acuerdo con el
material probatorio concluyó que, no identificó el empleo del que habría cumplido las
funciones.

51. Contra la anterior decisión, la demandante presentó un recurso de apelación en el
cual, por primera vez en el asunto en litigio -tanto en la actuación administrativa como
en judicial- sostuvo que tenía derecho al reconocimiento de la diferencia salarial puesto
que las funciones asignadas a los cargos de «profesional especializado, grado 15» y los
de «secretaria y técnico administrativo» son considerablemente diferentes.

52. Ciertamente, la Sala encuentra que a través del recurso de apelación María
Mercedes Fajardo López expone nuevos argumentos que no fueron planteados ni en
la actuación administrativa ni en las etapas procesales correspondientes y frente al
cual, la entidad demandada no tuvo oportunidad de defenderse ni el a quo de emitir
pronunciamiento.

53. Al respecto, para la Sala es importante precisar que de acuerdo con el artículo 281
del Código General del Proceso71-aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA-
la sentencia «deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley». Asimismo, el inciso
cuarto de esta disposición precisa que «[e]n la sentencia se tendrá en cuenta cualquier
hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido
alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio».

54. En esa línea, el principio de congruencia contenido en el artículo en mención debe
enmarcar las decisiones judiciales, porque conlleva a la materialización del principio
constitucional del debido proceso y de los derechos fundamentales de contradicción y

71
En lo que sigue CGP.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

defensa. De otra parte, ese principio debe ser interpretado a luz de disposiciones como
la contenida en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual en las
actuaciones judiciales «prevalecerá el derecho sustancial», por lo que, las conclusiones a
las que llegue el juez en sus providencias deben guardar congruencia con lo planteado
por las partes en la demanda, su contestación y los alegatos de conclusión, pero
también con los hechos expuestos, las pruebas y las normas jurídicas aplicables a la
controversia. En ese sentido, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación señaló72:

«El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que se
pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del
principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La
externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de la (sic) partes en la
demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la sentencia y
encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en
concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar
“los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes,
con el objeto de resolver todas las peticiones”. No debe olvidarse además, que conforme al
artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva “deberá contener decisión expresa y clara sobre
cada una de las pretensiones de la demanda...”. Dado que con la definición del proceso se
busca la certeza jurídica, la norma le impone al juez el deber de claridad respecto de la
sentencia, noción que se opone a las decisiones oscuras, ambiguas o dudosas. La
congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las
conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas
contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la
sentencia».

55. De acuerdo con lo expuesto, el planteamiento hecho en el recurso de apelación, con
el que se pretende el reconocimiento de la diferencia salarial y prestacional, desborda
la competencia que tiene la Sala para pronunciarse en el asunto en estudio, toda vez
que, desde el punto de vista de la denominada «congruencia externa» la recurrente no
planteó este argumento ni en la demanda ni en el periodo que tenía para corregirla ni
en los alegatos de conclusión. Asimismo, desde la perspectiva de la «congruencia
interna», al proceso no fueron aportados documentos que le permitieran al juez
evidenciar que, en efecto, cumplió funciones del cargo de «profesional especializado
grado 15».

56. Con todo, la Sala precisa que tal y como lo concluyó el tribunal, el cargo de
profesional del cual se pretende la nivelación salarial está previsto en todos los
manuales de funciones, tanto para nivel central como regional, en distintas áreas de
operación de la entidad y con distintos grados y códigos, elementos del empleo que
impactan directamente en la remuneración, según lo previsto por el Decreto 2717 del
26 de diciembre de 201473 y las resoluciones 2244 del 16 de octubre de 2001, 1695

72
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente 12668.
73
«Por el cual se aprueba la creación de una planta de personal de carácter temporal en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras”»

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

del 14 de septiembre de 2005, 8484 del 26 de septiembre de 2013 y 7707 del 29 de
diciembre de 2014.

57. En suma, en virtud de los principios de lealtad procesal, congruencia, contradicción
y defensa, la Sala no tiene competencia para estudiar en esta instancia los
planteamientos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación,
comoquiera que, como se explicó en líneas anteriores, esta no es la oportunidad para
traer al litigio argumentos nuevos, frente a los cuales la parte demandada no tuvo
oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

58. Por consiguiente, y por las razones hasta aquí expuestas la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

59. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

60. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

61. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma21.

62. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

63. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la decisión del tribunal de condenar en costas y
se abstendrá de condena en costas en esta instancia.

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala no tiene competencia para estudiar en esta
instancia los planteamientos expuestos por María Mercedes Fajardo López, en relación
con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones del cargo de «profesional
especializado, grado 15», por ejercer sus funciones, pese a ostentar los cargos de
«secretaria y técnico administrativo». Lo anterior, en virtud de los principios de lealtad
procesal, congruencia, contradicción y defensa, como se explicó en las
consideraciones de esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por
el Tribunal Administrativo del Cauca que condenó en costas a la parte demandante, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar.

«Segundo. No condenar en costas».

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada
por María Mercedes Fajardo López contra el ICBF, por los motivos expuestos en esta
providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo
de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del

Radicado: 19001-23-33-000-2017-00529-01 (3853-2021)
Demandante: María Mercedes Fajardo López

Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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