Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00319-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00319-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-00319-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: AMANDA CRISTINA GUERRERO HERNÁNDEZ
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la demandante contra la
sentencia de 8 de junio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1.La señora Amanda Cristina Guerrero Hernández en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda con el propósito de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] Primera: Se declare la Nulidad de la Resolución 15249 del 10 de septiembre de
2018 (Acto Administrativo definitivo), así como de las Resoluciones 11219 de 2017 y
demás Actos preparatorios, con fundamento en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Segunda: Consecuencia de lo anterior se ordene al Ministerio de Educación
Nacional, Convalidar el Título de Especialista en Oftalmología, otorgado por el
(sic) Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay, a la
doctora Amanda Cristina Guerreo (sic) Hernández, identificado con la cedula de
ciudadanía […], a título de Restablecimiento del Derecho.
Tercera: Condenar al Ministerio de Educación Nacional al pago del lucro cesante
que ha dejado de percibir como médico especializado en Oftalmología, desde el
momento en el cual, de acuerdo a la norma vigente, se debió otorgar la convalidación
del título, hasta la fecha en la cual se emita la sentencia definitiva por parte del
despacho. Esta pretensión se estima al momento de iniciar la demanda en
seiscientos ochenta y dos millones de pesos ($682'000.000), aclarando que la
misma se aumentará al momento de emitir la sentencia, por cuanto lo que deja el
médico de percibir mensualmente se debe tasar hasta el día en el que reconozca la
convalidación del título y el médico pueda recibir la remuneración como médico, o la
1
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Demanda página 2 y siguientes y subsanación página 142 y siguientes.
2
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
suma que se llegue a declarar probada en el proceso. Esta pretensión se funda en la
certificación laboral que se aporta al proceso.
Cuarta: Condenar al Ministerio de Educación Nacional al pago de los perjuicios
morales que se están ocasionando como consecuencia de la expedición de un Acto
Administrativo espurio. Los anteriores se tasan en 100 salarios mínimos atendiendo
a se (sic) le está generando un daño psicológico al no permitirle el ejercicio
profesional, o la suma que se llegue a probar dentro del proceso, a título de perjuicios
morales.
Quinta: Condenar al Ministerio de Educación Nacional al pago de los perjuicios
constitucionales que se están ocasionando como consecuencia de impedirle ejercer
sus derechos fundamentales al trabajo, al libre ejercicio profesional, a la educación.
Los anteriores se tasan en 300 salarios mínimos atendiendo a se (sic) le está
generando un daño psicológico al no permitirle el ejercicio profesional y alejarla de
su país y familia.
Sexta: Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada. […]”
(negrilla del texto).
2. Mediante escrito de subsanación de la demanda de 18 de junio de 20193, se
precisó el alcance de la primera pretensión así:
“[…] Primera: Se declare la Nulidad de la Resolución 15249 del 10 de septiembre
de 2018, Acto Administrativo definitivo, que decidió la solicitud de convalidación de
Titulo presentada por la doctora Amada Cristina Hernández Guerrero, negando la
misma por las razones expuestas en la motivación del Acto. […]” (negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
3. Indicó que obtuvo el título de médica general en la Universidad de La Sabana y
que posteriormente, entre los años 2013 a 2015, cursó una especialización en
oftalmología en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” de
Paraguay.
4.Manifestó que esa universidad es una institución creada a través de la Ley 2072
de 2013 de la República del Paraguay, y acreditada por la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), mediante
Resolución 110 de 20 de agosto de 2013.
5.Precisó que el programa de oftalmología de la Universidad Católica "Nuestra
Señora de la Asunción" oficialmente se aprobó mediante Resolución CONES 513
3
El documento señaló lo siguiente: “[…] Indica el despacho que en las pretensiones se deben individualizar cada uno de los
actos que se demandan, aclarando cuáles son los actos cuya nulidad se solicita y especificando el contenido de cada uno.
Es necesario aclarar que el suscrito depreca la declaración de nulidad de la Resolución 15249 de 2018, expedida por el
Ministerio de Educación, como acto administrativo definitivo respecto de la solicitud de convalidación de la doctora
Amanda Cristina Guerrero Hernández.
Por otra parte, y atendiendo a que la anterior Resolución viene motivada por las Resoluciones 11219 de 2017 y 2766 de 2018,
se solicitó que las mismas fueran también declaradas nulas, sin embargo, y en atención a que el medio de control invocado
con el fin de dar claridad a la actuación me permitió modificar la pretensión primera en los términos dispuestos por el despacho
la cual quedará de la siguiente manera:
Pretensiones
Con fundamento en los hechos que a continuación se narran y las normas que reglamentan la materia en los procedimientos
de convalidación, puntualmente la Resolución 6950 de 2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, además de la
Constitución Política y demás normas concordantes, me permito elevar ante el despacho las siguientes:
Primera: Se declare la Nulidad de la Resolución 15249 del 10 de septiembre de 2018, Acto Administrativo definitivo, que
decidió la solicitud de Convalidación de Título presentada por la doctora Amanda Cristina Hernández Guerrero, negando la
misma por las razones expuestas en la motivación del Acto. […]” (negrilla del texto).
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
de 2017, expedida por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Dicha
resolución incluyó la especialización en oftalmología, sede Asunción, en el Registro
Nacional de Ofertas Académicas.
6.Sostuvo que el 1.º de abril de 2016 radicó ante el Ministerio de Educación
Nacional la solicitud de convalidación de la aludida especialización.
7. Explicó que la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior del ministerio, mediante Resolución 11219 de 1.° de junio de 2017, negó
la convalidación porque: i) en Colombia estos programas tienen una duración de
tres años; ii) exigen dedicación mínima de 6.432 horas de trabajo académico del
estudiante; iii) se desarrollan en modalidad de residencia; y iv) exigen la
participación del residente como cirujano principal en los procedimientos
considerados en Colombia como básicos en la formación de este tipo de
especialistas.
8. Afirmó que presentó, contra esa decisión, recurso de reposición y en subsidio de
apelación, en el que alegó que la especialización que cursó era presencial, en
modalidad de residencia, duró tres años y participó en procedimientos de urgencia
oftálmica.
9. Complementó que, mediante oficio con radicación núm. 2017-ER-256200 de 23
de noviembre de 2017, amplió los argumentos del recurso. Y a través de oficio con
radicación núm. 2018-ER-086423 de 19 de abril de 2018, informó al ministerio que
no había valorado esos argumentos adicionales.
10. Agregó que, en las Resoluciones 2766 de 20 de febrero de 2018 y 15249 de 10
de septiembre de 2018, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior y la Dirección de Calidad para la Educación Superior del
ministerio resolvieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente,
en el sentido de confirmar la decisión de negar la convalidación.
11. Explicó que, debido a la situación, decidió regresar a Paraguay, donde le
reconocieron el título de oftalmóloga y además obtuvo la especialidad en Glaucoma.
Sin embargo, esta última especialidad tampoco ha sido convalidada en Colombia,
ya que el título principal de oftalmología no fue homologado.
12. Adujo que, durante el trámite de conciliación prejudicial, el Ministerio Público
solicitó al ministerio demandado que asistiera a la audiencia de conciliación y
reconsiderara su decisión, pero ninguna de las solicitudes fue atendida.
I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
13. La señora Amanda Cristina Guerrero Hernández afirmó que las Resoluciones
11219 de 1.º de junio de 2017, 2766 de 20 de febrero de 2018 y 15249 de 10 de
septiembre de 2018 incurren en falsa motivación, y transgreden los artículos 13, 29
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
y 53 de la Constitución Política y la Resolución 06950 de 15 de mayo de 20154, así
como los principios de buena fe y confianza legitima. Los cargos se agrupan en los
siguientes ejes temáticos:
i) Infracción de las normas en las que deberían fundarse los actos
administrativos
14. Indicó que “[…] el Ministerio de Educación está vulnerando los derechos
fundamentales de mi representada partiendo del derecho a la igualdad, consagrado
en el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto independientemente que
tanto el programa como ella tengan las condiciones para ser validados en Colombia,
por un capricho evidente se le desconoce esta situación y se le está dando un trato
desigual al no permitir su ejercicio profesional, lo cual de paso también desconoce
el artículo 53 constitucional al Derecho al Trabajo y el libre ejercicio de la profesión,
este último por cuanto si la doctora se quedara en Colombia solo podría dedicarse
a laborar como médico general desconociendo no solo sus estudios sino
habilidades, harto y bien reconocidas en el extranjero. […]”.
15. Soportó la transgresión del debido proceso en “[…] el desconocimiento al artículo
40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
el cual permite aportar las pruebas y documentación que se considere pertinentes
antes de la decisión definitiva y la obligación de ser tenida en cuenta pero en este
caso claramente no se tuvo en cuenta y por ende se vulnera igualmente el derecho
constitucional […]”.
16. Manifestó que la norma aplicable al trámite de convalidación en el momento de
su solicitud era la Resolución 06950. Esta regulación exige aprobar tanto una
evaluación legal como una evaluación académica.
17. En cuanto a la evaluación legal, indicó que en la actuación administrativa se
probó que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y su programa de
Oftalmología cuentan con la respectiva acreditación institucional y del programa.
18. Frente a la evaluación académica, consideró que el ministerio no realizó una
valoración completa del programa cursado, pese a que la solicitud incluía
comparaciones con los estándares de la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina y certificaciones sobre los procedimientos quirúrgicos efectuados durante
la formación.
19. Finalmente, señaló que el ministerio desconoció las pruebas que demostraban el
cumplimiento de los requisitos exigidos. Esta omisión le ocasionó perjuicios, ya que
actualmente ejerce su profesión en el extranjero.
4
“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país,
para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014 […]”.
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
ii) Falsa motivación
20. Advirtió que la CONACES, en el momento en que se presentó la solicitud, estaba
conformada únicamente por profesionales que no tenían especialización en
oftalmología. Por esta razón, no fue posible contar con un evaluador académico
experto en esa área específica. El hecho que el ministerio no consultara a un par
académico especializado incidió en la valoración del programa y de los
procedimientos realizados. A su juicio, el ministerio debió acudir a la Academia
Nacional de Medicina o a la Sociedad Colombiana de Oftalmología.
21. Sostuvo que la entidad indicó que no se realizaron procedimientos exigidos en
Colombia, aunque en la solicitud y en los recursos constaban certificaciones que
acreditaban su cumplimiento, por lo que la decisión de negar la convalidación no
correspondía con las pruebas obrantes.
iii) Presunta afectación de los principios de buena fe y confianza legítima
22. Afirmó que el ministerio vulneró los principios de confianza legítima y buena fe,
porque “[…] independiente de la modificación de la norma, el Ministerio con sus
interpretaciones está generando inseguridad jurídica, pues modifica sus posiciones
en la misma actuación una y otra vez, no da aplicación al proceso dispuesto por la
norma, desconoce la normatividad que cobija las pruebas presentadas por la
solicitante, todo esto conlleva a que el Ministerio parta del desconocimiento del
principio de buena fe y se cambien, en términos de la Corte Constitucional, las
reglas de juego para el administrado […]”.
que la Resolución 6950 de 2015 “[…] cambió las condiciones de
23. Refirió
convalidación de manera intempestiva y obligó a los estudiantes que desde hace
tres años atrás venían realizando sus estudios en el exterior tuvieran que solicitar
documentación adicional a la que se solicitaba en la Resolución anterior, para el
caso de mi representada él, como muchos de sus colegas, consiguieron la
documentación solicitada, amparados en dicha norma […]”.
I.2. Contestación de la demanda5
24. El Ministerio de Educación no presentó escrito de contestación.
I.3. Trámite del proceso
25. Mediante auto de 31 de mayo de 20196, el magistrado sustanciador de la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que la parte
actora: i) estimara razonadamente la cuantía; ii) individualizara los actos
5
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 197 y siguientes.
6
Ibidem, página 138 y siguientes.
6
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
administrativos acusados; y iii) indicara las normas violadas y el concepto de
violación.
26. Por auto de 12 de julio de 20197 se rechazó la demanda8.
27. Mediante auto de 13 de febrero de 20209, la Sección Primera del Consejo de
Estado decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto
de 12 de julio de 2019, en el sentido de revocar esa decisión, y ordenar al
magistrado sustanciador del proceso en primera instancia que provea sobre su
admisión10.
28. En auto de 19 de abril de 202111, el a quo admitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho12.
29. Mediante auto de 29 de julio de 202113, se denegó la medida cautelar solicitada.
30. Por auto de 13 de septiembre de 202114, se resolvió aplicar el procedimiento de
sentencia anticipada, se fijó el litigio15, se decretaron las pruebas del proceso y se
corrió traslado para alegar.
7
Ibidem, página 161 y siguientes. 8
El a quo afirmó que la parte demandante no cumplió correctamente con el requisito de identificar de manera precisa y
detallada todos los actos administrativos que quería impugnar en su demanda. En concreto, la demanda solo pidió la nulidad
de la Resolución 15249 de 10 de septiembre de 2018, que resolvía un recurso de apelación, pero no incluyó el acto
administrativo principal es decir la Resolución 11219 de 1.º de junio de 2017 que originó la decisión controvertida. 9
Cfr. Índice 4 del expediente digital del Consejo de Estado, en el radicado 25000234100020190031901. 10
La Sección Primera explicó lo siguiente: “[…] Para resolver, cabe poner de relieve que la señora Amanda Cristina Guerrero
Hernández presentó ante el Ministerio de Educación Nacional solicitud de convalidación del título de Especialista en
Oftalmología, otorgado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con sede en Asunción (Paraguay). Petición
que fue resuelta por dicha cartera ministerial, a través de los siguientes actos administrativos:
• Resolución No. 11219 de 1º de junio de 2017 […]
• Resolución No. 02766 de 20 de febrero de 2018 […]
• Resolución No. 015249 de 10 de septiembre de 2018 […]
[…] Nótese que el actor efectivamente pretendió la nulidad de la Resolución 15249 de 10 de septiembre de 2018, “así como
de las Resoluciones 11219 de 2017 y demás actos preparatorios…”, y si bien la redacción de la pretensión primera de la
demanda no es del todo precisa, lo cierto es que de la lectura de la misma se colige que se están demandando los dos (2)
actos administrativos antes reseñados.
[…] Para la Sala de Decisión, en este contexto, no era necesario que la parte actora cumpliera con el requisito al que alude
la citada providencia, en tanto, se reitera, aunque la redacción inicial de la pretensión principal no era del todo precisa, la
realidad es que sí se demandó el acto principal o definitivo, esto es, la Resolución 11219 de 1º de junio de 2017, por medio
de la cual el Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación del título de oftalmóloga a la demandante. Así las cosas, para la Sala, el a quo, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y del acceso a la
administración de justicia, no debió inadmitir la demanda a través del auto de 31 de mayo de 2019, ya que, como se
advirtió, de la lectura de la pretensión primera de la demanda y de la revisión de los hechos que dieron lugar a la
misma, era viable entender cuáles eran los actos administrativos demandados dentro del presente asunto y, en
consecuencia, no deberá tenerse en cuenta el memorial de subsanación presentado por la demandante, en tanto que,
se reitera, el acto principal sí había sido identificado correctamente con la demanda y, además, le asiste razón al
actor en lo relativo a que dicha actuación procesal resultaba innecesaria.
[…] Por todo lo anterior, la Sala revocará el auto de 12 de julio de 2019, por medio del cual la Subsección “B” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda mencionada en la referencia por no haberse
subsanado conforme a lo ordenado en el auto inadmisorio de la misma y, en consecuencia, se ordenará que el magistrado
sustanciador del proceso en primera instancia, provea sobre su admisión […]”. (Negrilla fuera del texto). 11
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 180 y siguientes. 12
En dicha providencia se precisó: “[…] 1°) Obedézcase y cúmplase lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado
en auto 13 de febrero de 2020 a través del cual revocó la providencia de 5 de abril de 2019 expedida por esta corporación.
2°) Por reunir los requisitos formales y por ser esta Sección del tribunal competente para conocer del asunto de la referencia
admítese en primera instancia la demanda presentada por la señora Amparo Cristina Guerrero Hernández en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Educación Nacional […]”. 13
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
MEDIDA CAUTELAR - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 33. 14
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 203 y siguientes. 15
“[…] De conformidad con lo establecido en el precitado artículo 182A, adicionado a la Ley 1437 de 2011 se procederá a
fijar el litigio, con el fin de establecer los hechos relevantes dentro de la controversia en el siguiente sentido:
7
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
I.4. La sentencia de primera instancia
31. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de junio de 2023, negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante16.
32. Señaló que los programas de especialización en oftalmología en Colombia
exigen como requisitos: i) tener una duración de 3 años; ii) una dedicación mínima
de 6432 horas de trabajo académico del estudiante; iii) el desarrollo del programa
en la modalidad de residencia; y iv) la participación del residente, como cirujano
principal en la realización de procedimientos considerados como básicos en la
formación de este tipo de especialistas.
33. Agregó que el residente debe realizar procedimientos de cirugía de estrabismo,
intervenciones en la cámara posterior del ojo, uso de láser para tratar el edema
macular, queratoplastias y cirugías de retina en casos de urgencias por trauma
ocular penetrante, entre otros.
34. Aclaró que el Ministerio de Educación Nacional debe cerciorarse de la idoneidad
de los profesionales que ingresan al país para ejercer sus estudios, especialmente
en el área de la salud. Esto es fundamental porque la sociedad tiene el derecho de
ser atendida por especialistas altamente capacitados.
35. Refirió que la evaluación de las solicitudes de convalidación de títulos en el área
de la salud, de conformidad con la Resolución núm. 6950 de 2015, se sujeta a la
evaluación académica realizada primordialmente por la Sala del Área de Ciencias
de la Salud de la CONACES.
36. Consideró que, para obtener la convalidación del título de especialista en
oftalmología en Colombia, es requisito indispensable que el residente haya
participado como cirujano principal en procedimientos de corrección quirúrgica del
estrabismo, intervenciones en la cámara posterior del ojo, aplicación de láser para
tratar el edema macular, realización de queratoplastias y cirugías de retina en casos
de urgencias por trauma ocular penetrante. Por lo tanto, no se evidenció que
Sobre los hechos planteados por la parte demandante, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no emitió ningún
pronunciamiento.
Así mismo se fija el litigio respecto al análisis de los cargos de nulidad propuestos en la demanda, estos son: i) infracción de
las normas en las que deberían fundarse los actos administrativos, ii) falsa motivación y, iii) desconocimiento del principio de
buena fe en su dimensión de confianza legítima, para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados:
i) Resolución no. 11219 de 1º de junio de 2017, mediante la cual se negó la convalidación del título de especialista en
oftalmología otorgado el 19 de agosto de 2015 por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay a la
señora Amanda Cristina Guerrero Hernández.
ii) Resolución no. 15249 de 10 de septiembre de 2018, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de
confirmar la Resolución no. 11219 de 2017.
Sobre estos aspectos versará la decisión y para dicho estudio, se tendrá en cuenta el escrito de demanda, partiendo del
principio de justicia rogada. […]”.
16
La parte resolutiva de la referida sentencia es del siguiente tenor: “[…] 1.°) Denieganse las pretensiones de la demanda.
2.°) Abstienese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte demandante. 3.°) Devuélvase a la parte actora
el remanente que hubiese a su favor por concepto del depósito de expenses para atender los gastos ordinaries del proceso.
4.“) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo
y de Io Contencioso Administrativo. 5.°) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor […]” (negrilla del texto).
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
existiera una falsa motivación ni se violaron las normas que fundamentaron los
actos administrativos impugnados.
37. Respecto de la vulneración del principio de buena fe en su dimensión de
confianza legítima, el a quo aclaró que la Resolución 21707 de 22 de diciembre de
201417, para la fecha de la convalidación, había sido derogada por la Resolución
6950 de 2015. Además, al contrastar las normas en lo que concierne a los requisitos
para la convalidación de títulos de programas en el área de la salud, no encontró
diferencia alguna, por lo que no prosperó el cargo.
I.5. Recurso de apelación
38. La demandante presentó recurso de apelación mediante escrito de 12 de julio de
202318.
39. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar,
se acceda a las pretensiones, dado que los actos demandados se encuentran
falsamente motivados y el tribunal de primera instancia “[…] no se pronunció ni tuvo
en cuenta todos los hechos que se relataron en la demanda, ni las pruebas,
conducencia y pertinencia de las mismas […]”.
40. Consideró que la afirmación del a quo, según la cual la demandante no realizó
procedimientos de alta complejidad conforme a su récord quirúrgico, no es cierta.
A su juicio, la sentencia de primera instancia carece de fundamento objetivo, pues
se apoya en una percepción parcial de los conceptos desfavorables de la
CONACES y no tiene en cuenta que la señora Amanda Cristina Guerrero
Hernández presentó toda la documentación exigible para esa convalidación.
41. Señaló que el tribunal no valoró el material probatorio que demuestra el
cumplimiento de las exigencias académicas y que recibió una formación mejor a la
ofrecida en Colombia. Además, no “[…] apreció adecuadamente las competencias
y calidades de la profesional, dejando de lado un análisis jurídico a lo realmente
solicitado y pensando en la persona a quien se le están vulnerando sus derechos
[…]”.
42. Mencionó que la demandante “[…] fue responsable de la guardia y actividades
de emergencia de la Fundación Visión y que, además, realizó procedimientos láser
Nd:YAG y Argón para iridotomías, así como otras certificaciones que se evidencian
en la documentación aportada al proceso […]”.
43. Consideró que “[…] la CONACES solo lo conformaban cinco médicos (ninguno
especialista en oftalmología), un enfermero, una odontóloga y un bacteriólogo […]”,
quienes no estaban capacitados para brindar el concepto.
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“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país,
para expedir títulos de educación superior […]”.
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Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 303 y siguientes.
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
44. Planteó que “[…] la CONACES, de manera extraña incluyó la realización como
básicos, la participación en procedimientos de queratoplastia y estrabismo,
procedimientos que de acuerdo con la Resolución 2002 de 2014 emitida por el
Ministerio de Salud, los habilitados para realizar esta práctica quirúrgica deben ser
practicados por subespecialista, sin embargo, mi poderdante indicó en su récord
quirúrgico que si había participado en este tipo de procedimiento, en estrabismo en
10 y en queratoplastias en 2 […]”.
45. Agregó que “[…] estos documentos fueron comparados con el documento base
de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), detallando
uno a uno los procedimientos y evidenciando que se cumple con los requisitos
establecidos en Colombia para que se otorgue el título de Especialización en
Oftalmología […]”.
46. Argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta que la norma aplicable es la
Resolución 6950 de 2015. Ese acto administrativo “[…] no manifiesta con claridad
una formalidad frente al supuesto récord quirúrgico que debían tener los
especialistas, sin embargo, es importante reiterar que la doctora Guerrero certificó
un récord quirúrgico de 11.594 horas pese a que el mínimo exigido era de 6.432
horas […]” (negrilla del texto).
47. Frente a la residencia médica y el récord quirúrgico, indicó lo siguiente:
“[…] 1. En Colombia no existe un programa de residencias médicas, como si existen
en países como Paraguay; Argentina; Brasil, en Colombia contamos si con
Especializaciones que se estructuran bajo el Principio de Autonomía Universitaria y
se desarrollan en virtud del Convenio Docencia – Servicio, regulado por el Decreto
2376 del 1° de julio de 2010, en pocas palabras advertir que existen un Sistema de
Residencias Médicas en Colombia, es una falacia.
2. Para la fecha en la que mi representada realizó su especialización en el Paraguay
entre los años 2013 y 2016, no existía un registro en el cual los médicos en
entrenamiento llevaran un récord quirúrgico en el cual se indicara la calidad en la cual
estos médicos participaban en los procedimientos, es decir si actuaban como
cirujanos principales o cirujanos ayudantes o participantes, lo anterior en atención a
que el mismo Convenio Docencia-Servicio no lo exige y ningún pensum académico
de ninguna universidad así lo dispone.
Por otra parte, si revisamos el documento ASCOFAME, que es el que nos debe servir
de referencia, allí se indican ciertos procedimientos considerados como básicos,
indicando que debe realizarse entrenamientos en estos procedimientos realizando los
procedimientos, sin embargo, en ningún procedimiento se indica en calidad de que
debe haber participado el médico en entrenamiento.
3. Es claro que la doctora realizó entrenamiento en todos los procedimientos que
ASCOFAME exige e incluso realizó entrenamiento en otros procedimientos
considerados básicos por la Institución de Educación Superior donde cursó la
especialización y que definitivamente suman en su preparación como oftalmóloga y
hacen que su título sea convalidable. […]”.
10
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
48. Sostuvo que el ministerio vulneró el derecho al debido proceso debido a los
reiterados silencios ante las diferentes solicitudes y diligencias en las que se le pidió
reconsiderar su decisión. Aunado a ello, la falta de respuesta a la demanda
constituye un grave indicio en contra de la entidad demandada, pues implica una
violación al principio de lealtad procesal.
49. Respecto del desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legitima,
alegó que “[…] el Ministerio modifico en varias ocasiones sus posiciones e
interpretaciones frente a la aplicación del proceso como se evidencia en la
Resolución 15249 de septiembre de 2018, dejando a un lado las múltiples
indicaciones del mismo por parte de la Corte Constitucional […]”.
50. Sostuvo que “[…] es una inseguridad jurídica que, independientemente de la
modificación de la norma, el Ministerio, con sus interpretaciones cambiantes,
modifique sus enfoques en el mismo proceso una y otra vez, no dé aplicación al
proceso dispuesto por la norma, desconozca la normatividad que cobija las pruebas
presentadas, llevando un resultado negativo por parte del Ministerio,
desconociendo totalmente la aplicación del principio de buena fe y se cambien, en
términos de la Corte Constitucional, “las reglas de juego para el administrado” […]”.
I.6. Trámite del proceso en segunda instancia
51. En auto de 25 de julio de 202319, se concedió, en el efecto suspensivo, el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante.
52. Mediante auto de 29 de septiembre de 2023 20, el consejero ponente de la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió el recurso y advirtió a los sujetos
procesales que no había lugar a dar traslado para alegar de conclusión.
53. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
54. Para decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados, iii) el
planteamiento de los problemas jurídicos, y iv) el análisis del caso concreto.
II.1. Competencia
55. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación presentados contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
19
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 317.
20
Cfr. Índice 5 del expediente digital de segunda instancia.
11
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
lo dispuesto en el artículo 15021 de la Ley 1437 y el artículo 13 del Acuerdo 8022 de
12 de marzo de 201923, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados 24
56. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 11219 de 1.º
de junio de 2017, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA
EN OFTALMOLOGÍA, otorgado el 19 de agosto de 2015 por la UNIVERSIDAD
CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, PARAGUAY, a AMANDA
CRISTINA GUERRERO HERNÁNDEZ, ciudadana colombiana, identificada con
cédula de ciudadanía […]”25. (Negrilla del texto).
57. También se demandó la Resolución 2766 de 20 de febrero de 201826 que, al
resolver el recurso de reposición contra ese acto, confirmó la decisión y concedió la
apelación ante la Dirección de Calidad para la Educación Superior.
58. Se demandó la Resolución 15249 de 10 de septiembre de 201827 que confirmó
las Resoluciones 11219 y 2766.
II.3. El planteamiento de los problemas jurídicos
59. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
8 de junio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
60. Ela quo negó las pretensiones de la demanda porque la demandante no
demostró que las resoluciones acusadas se encuentren falsamente motivadas,
transgredan las normas invocadas del ordenamiento, así como los principios de
buena fe y confianza legitima, por cuanto la peticionaria no acreditó en la
documentación aportada, documentos que comprueben la formación integral como
especialista, al no actuar como cirujano principal en la realización de
procedimientos considerados en Colombia como básicos en la especialización de
oftalmología.
61. La señora Amanda Cristina Guerrero Hernández en su recurso de apelación
afirmó que los actos demandados están falsamente motivados y que el tribunal no
consideró adecuadamente los hechos y pruebas que demuestran su idoneidad y
competencias, así como su experiencia profesional y académica superior a la
21
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
22
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
23
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
24
Conforme a lo resuelto en los autos de 13 de febrero de 2020 y 19 de abril de 2021.
25
“[…] Por la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]”. Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia,
documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 35 y
siguientes.
26
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No.11219 del 01 de
junio de 2017 […]”. Ibidem, página 37 y siguientes.
27
“[…] Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Ibidem, página 48 y siguientes.
12
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
ofrecida en Colombia. Sostuvo que presentó toda la documentación requerida para
la convalidación del título y que el tribunal desestimó injustamente el material
probatorio.
62. Cuestionó la composición y capacidad técnica de la CONACES para evaluar la
especialidad en oftalmología. Además, señaló que ha participado en
procedimientos de queratoplastia y estrabismo, los cuales fueron reconocidos
oficialmente, y que su experiencia quirúrgica y las horas de práctica superan el
mínimo exigido.
63. Finalmente, alegó vulneración al debido proceso y de los principios de buena fe
y confianza legítima, debido a los reiterados cambios en las interpretaciones
normativas por parte del Ministerio de Educación Nacional y la falta de respuesta a
las solicitudes y la demanda.
II.4. Análisis del caso concreto
64. Para resolver los problemas jurídicos de forma ordenada, la Sala estudiará en
acápites independientes los cargos relacionados con: i) la valoración probatoria
sobre los requisitos normativos exigidos para la convalidación objeto de estudio; ii)
la presunta falsa motivación; iii) la presunta vulneración al debido proceso; iv) la
presunta vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima; y v) el
indicio grave relacionado con no contestar la demanda.
II.4.1. La valoración probatoria sobre los requisitos normativos exigidos para
la convalidación objeto de estudio
65. La demandante sostiene que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas que
demuestran el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales exigibles
para la convalidación del programa cursado.
66. Afirmó que el tribunal no consideró todos los hechos citados en la demanda, ni
las pruebas aportadas al proceso y que la sentencia de primera instancia parte de
una interpretación incompleta de los conceptos emitidos por la CONACES.
67. Respecto de la evaluación académica señaló que: i) la Resolución 6950 de 2015
no establece formalidades estrictas sobre el récord quirúrgico; ii) la demandante
superó ampliamente el mínimo de horas exigidas; iii) en Colombia no existe un
sistema formal de residencias médicas, por lo que la formación recibida en
Paraguay es válida y suficiente para la convalidación del título; iv) su récord
quirúrgico incluye los procedimientos médicos que el tribunal consideró no
realizados; y v) el ministerio vulneró el derecho al debido proceso al no responder
oportunamente a las solicitudes presentadas.
68. Para resolver los planteamientos, la Sala pone de presente que el Ministerio de
Educación Nacional en la Resolución 06950 de 2015 reglamentó “[…] el trámite y
los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
13
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación
superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014. […]”.
69. El artículo 2.° de la Resolución 06950 de 2015 enlistó los documentos que debían
aportar quienes pretendieran adelantar el trámite de convalidación, así:
“[…] Artículo 2. Requisitos para la Convalidación. Para efectos de adelantar el
trámite de convalidación, el solicitante debe presentar ante el Ministerio de Educación
Nacional los siguientes documentos:
1. Solicitud diligenciada en debida forma, según lo establecido por el Ministerio de
Educación Nacional.
2. Fotocopia del diploma legalizado o apostillado, según corresponda, del título que
se pretende convalidar. El diploma del título original debe estar debidamente
legalizado, por vía diplomática o con sello de apostilla.
3. Original o copia del certificado de calificaciones, debidamente legalizado o
apostillado.
4. Para estudios de posgrado, se deberá anexar copia del documento de
pregrado otorgado por la institución de educación superior legalmente
reconocida en Colombia o copia de la resolución que otorga la convalidación del
título de pregrado emitida por este Ministerio, si el título de pregrado fue obtenido en
el extranjero.
5. Fotocopia del documento de identidad del solicitante.
6. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente, a nombre del solicitante.
Parágrafo 1. Cuando se trate de un programa del área de la salud, o de un título
propio o no oficial se deberá presentar el plan de estudios del programa.
Parágrafo 2. El plan de estudios debe contener una descripción de las
asignaturas cursadas, el número de créditos y la intensidad horaria del
programa. Cuando el certificado de calificaciones contenga esta información no se
deberá presentar el plan de estudios. […]” (Negrilla fuera del texto).
70. El artículo 3.° ibidem señaló que, “[…] Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante
respecto de los programas del área de la salud y de pregrado en derecho,
contaduría y educación […]”, la convalidación de títulos de pregrado y posgrado
seguiría tres criterios principales.
71. El primero de “acreditación”, aplicable cuando el programa o la institución que
otorga el título está acreditada en el país de origen. El segundo de “caso similar”,
procedente cuando el título corresponde a un programa que ya ha sido evaluado
previamente y cumple con las condiciones de denominación, institución y un plazo
menor a ocho años entre otorgamientos. El tercer tipo corresponde a la evaluación
académica ante la CONACES, cuando los títulos no se ajustan a los criterios
previamente establecidos o surgen dudas respecto a su nivel académico o
denominación.
14
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
72. Sin embargo, el artículo 5 de la resolución ibidem aclaró que los programas del
área de salud se evaluarían siguiendo exclusivamente el criterio de evaluación
académica, veamos:
“[…] Artículo 5. Requisitos para la Convalidación de Títulos de Programas en
el Área de la Salud. Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud,
todos éstos deberán someterse a evaluación académica por parte de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES- sin
perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera.
Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud, además de los
requisitos señalados en el artículo 2 de esta Resolución, se deberá acreditar lo
siguiente: (…)
2. Para títulos de posgrado: Se debe anexar lo siguiente:
a) Récord quirúrgico o de consulta expedido por las entidades o instituciones
facultadas para desarrollar actividades académicas o asistenciales en el área
de la salud.
b) Documentos que acrediten actividades académicas y asistenciales.
Los documentos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, que
se encuentren escritos en idioma distinto del castellano, deberán ser
traducidos por traductor o intérprete oficial, reconocido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012.
[…]” (Negrilla fuera del texto).
73. Como puede apreciarse, la Resolución 06950 de 2015 estableció un
procedimiento especial para la convalidación de estudios en el área de la salud, en
cuyo desarrollo prima el criterio de evaluación académica a cargo de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la CONACES. Este enfoque exige la presentación
de documentos adicionales a los exigidos a otros programas, con el objetivo de
comparar la duración y el contenido de los estudios realizados en el extranjero, a
partir de las certificaciones de internado rotatorio, el récord quirúrgico y las
constancias de actividades académicas y asistenciales.
74. La Sala destaca que el análisis de equivalencia de los títulos obtenidos en el
extranjero con sus homólogos nacionales forma parte esencial de las funciones de
inspección y vigilancia atribuidas al Ministerio de Educación Nacional por el artículo
67 de la Constitución Política. El procedimiento de convalidación no es un trámite
administrativo netamente formal, sino una instancia en la que la entidad demandada
salvaguarda la calidad y pertinencia de los servicios educativos ofrecidos a nivel
internacional.
75. El literal c del artículo 6 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 199228 establece
como uno de los objetivos de la educación superior y sus instituciones, “[…] prestar
a la comunidad un servicio con calidad […]”, y como uno de los elementos que
28
"[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]".
15
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
define la calidad de los programas académicos, la denominación y su
correspondencia con el nivel de formación.
76. En el mismo sentido, el artículo 229 de la Ley 1188 de 200830 señaló las
condiciones de calidad para la oferta y desarrollo de programas académicos, y los
literales a) y d) del artículo 6 de la Ley 1751 de 16 de febrero de 2015 31
establecieron que la disponibilidad y la calidad son elementos del derecho a la
salud. La primera comprende la “ […] existencia de servicios y tecnologías e
instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y
profesional competente […]”. La segunda implica que “[…] los establecimientos,
servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser
apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de
calidad aceptados por las comunidades científicas […]”.
77. Bajo este marco normativo, el ministerio demandado debe asegurar que quienes
obtienen títulos de posgrado fuera del país en el área de la medicina puedan ejercer
sus profesiones en igualdad de condiciones, siempre y cuando se compruebe que
los estudios realizados cumplen con los criterios de calidad establecidos a nivel
nacional.
78. Precisamente, en la sentencia de 12 de junio de 202532, esta Sección estudió la
legalidad de la convalidación de un título de especialista en cardiología conforme a
los parámetros previstos en el artículo 3 de la Resolución 5547 de 1.º de diciembre
de 200533, concluyendo que el ministerio estaba facultado para aplicar el criterio de
evaluación académica dada la incertidumbre sobre el nivel académico del estudio,
y que el requisito de la especialidad previa en medicina interna es obligatorio según
el documento del ministerio denominado “Especialidades Médico-Quirúrgicas en
Medicina”.
79. En el presente caso la demandante presentó la solicitud de convalidación el 1.º
de abril de 2016, como lo acredita la constancia de radicación núm.
COR20160003448 de 13 de abril de 2016, suscrita por la Unidad de Atención al
Ciudadano del ministerio demandado34.
80. Paraello, aportó el diploma de 19 de agosto de 201535, expedido por la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, en el que se certificó la
29
La norma enlista las condiciones de calidad que deben cumplir las instituciones de educación para obtener el registro
calificado de sus programas académicos, tanto en la estructura y relevancia de los contenidos curriculares como en la
formación docente, infraestructura y relación con el sector externo. Además, se requieren mecanismos transparentes de
selección y evaluación, una administración eficiente, cultura de autoevaluación, seguimiento de egresados, bienestar
universitario y recursos adecuados.
30
“[…] Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.
31
“[…] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones […]”.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Rad. 25000 23 41 000 2016 00407 01.
33
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior […]”.
34
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_CD3 FOLIO 211-
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS - RESERVADO(.zip) NroActua 2”, en el documento denominado:
“EXPEDIENTEADMINISTRATIVO”.
35
Ibídem página 40 y siguientes.
16
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
especialización en oftalmología, realizada entre el 25 de febrero de 2013 al 16 de
febrero de 2015, con un total de 11.594 horas36.
81. También presentó una certificación de terminación de estudios en oftalmología,
otorgado por la Fundación Visión, junto con el plan de estudios, la constancia de
título en trámite, el récord quirúrgico y el trabajo final titulado “[…] Tamizaje por
medio de oftalmoscopia indirecta para cicatrices por Retinocoroiditis por
Toxoplasma spp. en una población del Paraguay […]”.
82. Se presentó el certificado de estudios de la especialización en oftalmología
elaborado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, donde
consta las asignaturas y las fechas en las que se cursó el programa, con un total
de 11.594 horas37.
83. La Sala destaca que, según la certificación de la directora de Postgrado e
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” de 15 de marzo de 201638, esa malla curricular se
discrimina así:
“[…] ÁREA TEMÁTICA
1. RESIDENTE DE PRIMER AÑO
Perfil:
• Curso teórico / práctico de refracción al principio del año.
Laboratorio de cirugía experimental cada semana a partir del tercer mes bajo la
supervisión de residentes de mayor jerarquía.
2. RESIDENTE DE 2DO. AÑO
Clínicos:
Manejo de instrumental avanzado tales como Topógrafo corneal, campímetro de
Humphrey, Angiografía, Ecografía ocular A y B, prueba de Worth, Exoftalmometría,
prueba de Maddox (diplopía), Manejo de lentes de contacto, microscopía especular,
Queratometría y pruebas de estereopsis así como de visión preferencial.
Quirúrgicos:
• Cataratas
• Emergencias menores
• Pasos iniciales en cirugías mayores:
Trabeculectomía, Retina, estrabismo plástica, córnea, Láser segmento anterior,
escisiones y biopsias.
3. RESIDENTE DE 3ER. AÑO
Clínicos:
Debe manejar sin dificultad el 90% de los problemas que se presenten en la clínica.
Quirúrgicos:
Realiza cirugías mayores básicas solo incluyendo trabeculectomías estrabismos
horizontales
-Manejo de emergencias
-Heridas corneo esclerales
36
Ibídem página 19 y siguientes.
37
Ibídem página 19 y siguientes.
38
Ibídem página 28 y siguientes.
17
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
-Heridas corneales
-Glaucomas secundarios
-Ataque agudo de glaucoma
-Drenaje de abscesos
-Hifemas Traumáticos.
-Vitrectomía Anterior.
[…]
1. RESIDENTE DE PRIMER AÑO
• Refracción
• Oftalmoscopia
• Biomicroscopía
• Indirecta
• Gonioscopia
• Campos visuales
• Tonometría
• Ecografía
• Privilegios quirúrgicos a partir del 6to. mes:
1. Pterigión
2. Enucleación
3. Evisceración
4. Chalazión
5. Debe presentar proyecto de investigación anualmente
6. Puede sacar libros de biblioteca por 24 horas
7. Puede asistir a un congreso al tener trabajo científico aceptado.
[…]
RESIDENTE 2DO. AÑO
[…]
Puede gestionar el ingreso de emergencias quirúrgicas. Debe de presentar trabajo
de investigación anual. Entra a cirugía los días asignados al día que le corresponde
la rotación. Empieza a hacer casos de cataratas con adjuntos y luego solo cuando se
le autorice. Dependiendo de su destreza quirúrgica se le asignarán:
• 1-3 cataratas por día
• Pterigion
Enucleaciones y evisceraciones
Enseña procedimientos menores al R1 entrante bajo supervisión del R3.
• Se inicia en cirugía Plástica
• Consulta con R3 para indicaciones quirúrgicas y casos complicados
• Refiere casos quirúrgicos al R3 correspondiente a los tutores.
• Sigue sus propios pacientes operados y los del adjunto manteniéndolo informado
de los casos que ha operado.
Se sugiere que el becario y residente obtengan un seguro de responsabilidad médica
(mala praxis), dado que la Fundación no puede ser responsable ante cualquier
problema legal que pueda sucederse.
b. Segundo Semestre
Rotación por el Centro de Microcirugia Ocular y Láser Conocimientos y habilidades
desarrolladas: 1. Manejo del paciente privado.
2. Angiografía Fluoresceinica -Realización -Interpretación supervisada
3. Láser - Yag - aplicaciones - capsulotomia - Iridotomia - Iridoplastía - Suturolisis -
Argón - Panfotocoagulación - Láser focal
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
4. Conocer manejo e interpretación del campímetro Humphrey (perimetria
computarizada)
5. Hacer refracciones, ecografías A y B, Queratometría y cálculo de lente intraocular,
topografía, autorefracción y microscopía especular
Perfil:
• Curso teórico / práctico del láser de YAG a principios del año.
• Curso teórico / práctico de ecografía y angiografía.
• Asistir al Laboratorio de cirugía experimental cada semana.
3. RESIDENTE DE 3ER. AÑO
Actividades
Horario desde 7:00 hasta 20:00 h. de lunes a sábado en forma presencial y en otros
horarios o dias feriados en caso de ser necesario a discreción de las autoridades de
la
Fundación.
1. Primer Semestre
El residente mayor en la clínica es el encargado de supervisar el trabajo de los demás
residentes y debe abandonar la clínica hasta asegurarse que no haya ningún tipo de
dificultad clínica con los demás residentes. Debe de presentar trabajo de
investigación anual. Es el residente de mayor jerarquía en cirugía y el encargado de
supervisar las labores quirúrgicas de los demás residentes. No debe abandonar el
quirófano hasta asegurarse que la labor quirúrgica de los otros residentes haya
terminado.
b. Segundo Semestre
Se hace cargo de los residentes en caso de ausencia el jefe de residentes y opera
emergencias. Perfil:
• Curso teórico / práctico de panfotocoagulación.
• Asistir al Laboratorio de cirugia experimental.
[…]
TIEMPO DE DURACIÓN DEL CURSO: 3 años equivalentes a 11.594 horas […]”.
84. Al evaluar la documentación, mediante concepto núm. CNV2016000343339 de 3
de julio de 2016, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES
recomendó “[…] Condicionar la decisión al cumplimiento de requisitos y/o estudios
adicionales […]”, por las siguientes razones:
“[…] La convalidante es ciudadana colombiana que obtuvo su título de Médico en la
Universidad de la Sabana en Chía, Cundinamarca, en Diciembre de 2006 y presenta
para convalidación certificación de terminación de estudios en Oftalmología, certificado
por la Fundación Visión y en trámite por parte de la Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción en Paraguay.
Adjunta a la solicitud copia de la cédula de ciudadanía, del plan de estudios, de la
constancia de título en trámite, del récord quirúrgico y del trabajo final "Tamizaje por
medio de oftalmoscopia indirecta para cicatrices por Retinocoroiditis por
Toxoplasma spp. en una poblacion del Paraguay".
39
Ibídem página 57 y siguientes.
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Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
El plan de estudios da cuenta de un programa de tres años de duración, en la modalidad
de residencia, con una dedicación de 11594 horas, que la convalidante curso en el
hospital de la fundación visión entre 2012 y 2015.
Aunque el plan de estudios enuncia la formación en todos los campos de la especialidad,
el récord quirúrgico incluye esencialmente cirugías tipo pterigión (111) y cataratas (185),
sin mencionar el tipo de intervención realizada, y 37 procedimientos tipo sutura corneal,
chalazión, inyección de avastin y evisceración. No hay evidencia de participación en
procedimientos de cámara posterior, en abordaje de urgencias y emergencias en
oftalmología, en cirugía refractiva o en cirugía reconstructiva, entre otros, esenciales en
el ejercicio de la especialidad.
[…]
Lo aportado por la convalidante no es un título oficialmente otorgado por una Institución
de Educación Superior debidamente reconocida. En Colombia la formación de
especialistas en oftalmología incluye requisitos básicos como la exposición a un amplio
número de actividades y procedimientos clínicos y quirúrgicos propios de la especialidad
(No hay evidencia de participación en procedimientos de cámara posterior, en abordaje
de urgencias y emergencias en oftalmología, cirugía refractiva, cirugía reconstructiva,
entre otros), los que se consideran esenciales para el ejercicio de la especialidad q u e
garantice la adquisición de las competencias y capacidades necesarios para asumir los
diversos (sic) retos del ejercicio profesional. […]”.
85. Mediante oficio TS2-2016-0001717 de 29 de octubre de 201640 se le corrió
traslado a la convalidante del concepto emitido por el evaluador.
86. La convalidante el 17 de noviembre de 2016 se pronunció frente al concepto
allegando copia del título otorgado el 19 de agosto de 201541, expedido por la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y del certificado de 15 de
noviembre de 201642, otorgado por la Fundación Visión.
87. Este último documento especifica el tipo de cirugía realizada como primera
cirujana para cada año de residencia, y su participación en las cirugías y
procedimientos oftalmológicos realizados durante sus tres años de entrenamiento.
88. De ese documento, la Sala destaca los siguientes procedimientos:
“[…] PRIMER AÑO
INTERVENCIONES Primer Participación
cirujano en el
procedimiento
CIRUGÍA DE PTERIGION
Pterigios Grado I-II-III 25 124
(rotación de colgajo o plastia
libre)
Pterigio recidivante
CONJUNTIVA
Recubrimiento conjuntivial 2
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
OFTALMOLOGICAS
40
Ibídem página 131.
41
Ibídem página 40 y siguientes.
42
Ibídem página 61 y siguientes.
20
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
Extracción de cuerpo 15
extraño corneal
Sutura de Heridas corneales 15
Sutura de Heridas esclerales 10
Sutura de Heridas 6
corneoesclerales
Exploración de Herida 8
CAMARA POSTERIOR
Peeling de membrana 1
OCULOPLASTICA Y VIAS
LAGRIMALES
Blefaroplastias 10
Entropión 1
Ectropión 16
Sondajes lagrimales 10 5
INYECCIONES
Retrobulbares 30 20
Alcalinización 1 7
Subtenoniana 10 8
Intravitreas (antibióticos) 1 6
CICLOFOTOCAGULACIÓN 15
FITOPLASTIAS 7
IRIDOTOMIA LASER 31
CAPSULOTOMÍAS 19
SEGUNDO AÑO
INTERVENCIONES Primer Participación
cirujano en el
procedimiento
CIRUJIA CATARATA
Pequeña incisión, 65 123
intracapsular y
farmacoestimulsificación
CIRUGIA PTERIGION
Pterigión grado I II II (rotación 54 50
del colgajo o plastia libre)
Peterigion recidivante
CHALAZION 8
CIRUGIA DE GLAUCOMA
Trabeculotomias 2
Dispositivos de drenaje 2
CIRUGIA DE ESTRABISMO 5
CONJUNTIVA
Recubrimiento conjuntival 1
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
OFTALMOLÓGICAS
Extracción de cuerpo extraño 9
corneal
Sutura de heridas corneales 1 7
Sutura de heridas 2 5
esclerósales
21
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
Sutura de heridas 1 4
corneoesclerales
Exploración de Herida 2 9
CIRUGIA REFRACTIVA Y 7
FACOREFRACTIVA
CAMARA POSTERIOR
VVP (simple y combinado) 27
Inyecciones de gas 7
Retiro de Aceite 12
OCULOPLASTICA Y VIAS
LACRIMALES
Blefaroplastias 2 7
Entropión 2 5
ectropión 1 12
Sondajes lacrimales 3
Evisceración 3
INYECCIONES
Retrotubulares 20 10
Alcolinización 1 7
Subtenoniana 4 2
Intravitreas (antibióticos) 1 3
Intravitreas (antiangiogenicos) 5
CICLOFOTOCOAGULACIÓN 6
IRIDOTOMIA LASER 22 7
CAPSULOTOMÍAS 24 5
TERCER AÑO
INTERVENCIONES Primer Participación en
cirujano el
procedimiento
CIRUGIA
CATARATA
Pequeña incisión, 120 30
intracapsular y
Facoemulsificación
CIRUGIA
PTERIGION
Pterigion grado I II III 32 20
(rotación de colgajo o
plastia libre
CHALAZION 2
CIRUGIAS DE
GLAUCOMA
Trabeculotomias 2 9
Dispositivos de 0 13
drenaje
CIRUGIA DE 5
ESTRABISMO
CONJUNTIVA
Recubrimiento 1 1
conjuntival
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
OFTALMOLÓGICAS
22
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
Extracción de cuerpo 4
extraño
Sutura de heridas 3 7
corneales
Sutura de heridas 4
esclerales
Sutura de heridas 2 8
Cornoesclerales
Hifomas traumáticos 1
(lavado de câmara
anterior)
Extracción de cuerpo 6
extraño intraocular
en cámara anterior
Exploración de 3 12
herida
CIRUGIA 4 16
REFRACTIVA Y
FACOREFRACTIVA
Transplante de 2
cornea
CAMARA
POSTERIOR
VVPP (Simple o 49
combinado)
Inyecciones de gas 2
Retiro de Aceite 3
Retiro de explante 2
OCULOPLASTIA Y
VIAS LAGRIMALES
Blefaroplastias 2 15
Entropión 8
Ectropión 9
Sondajes lagrimales 9
Evisceración 2
Cirugía tumor 1 3
benigno de la
conjuntiva
INYECCIONES
Retrotubulares 10
Alcolinización 1 7
Subtenoniana 4 2
Intravítreas 3 3
(antibióticos)
Intravítras 13
(antiangiogénicos)
IRIDOPLASTIAS 2 7
IRIDOTOMIA 20 31
LASER
CAPSULOTOMIAS 21 19
[…]”. 43
43
Ibídem página 54 y siguientes.
23
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
89. Mediante oficio de 7 de marzo de 2016, la Fundación Visión certificó también la
siguiente actividad quirúrgica total en el periodo de tres años:
90. Posteriormente, mediante concepto núm. CNV2016000343344 de 12 de
diciembre de 2016, la CONACES conceptuó que no era procedente convalidar el
título de la demandante, por estas razones:
“[…] ASPECTOS ACADÉMICOS ARGUMENTACION
Quien emite el concepto deberá tener en cuenta, entre otros, la pertinencia de las
asignaturas cursadas, el tiempo de trabajo académico, el número de créditos de
acuerdo a lo establecido en Colombia, prácticas, investigaciones, coherencia del
nombre del título con el plan de estudios cursado.
La convalidante es ciudadana colombiana, con título de Médico otorgado por la
Universidad de La Sabana, Colombia, en el año 2006, quien presenta para
convalidación la certificación de terminación de estudios de Especialización en
Oftalmología, expedido por la UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN en Paraguay, el 10 de marzo de 2016. Se evidencia copia del
documento de identidad, copia de la certificación de terminación de estudios a
convalidar, plan de estudios, certificado de calificaciones, record de procedimientos
realizados durante su formación y certificado de haber desarrollado un trabajo de
grado.
El título corresponde al plan de estudios cursado por la convalidante.
El plan de estudios da cuenta de un programa de tres años de duración, desarrollado
en la modalidad de residencia, con una dedicación de 11594 horas, que la
convalidante cursó en el hospital de la Fundación Visión.
Aunque el plan de estudios enuncia la formación en todos los campos de la
especialidad, el récord quirúrgico incluye esencialmente cirugías de pterigión (111) y
44
Ibídem página 59 y siguientes.
24
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
cataratas (185), sin mencionar el tipo de intervención realizada, además de 37
procedimientos tipo sutura corneal, chalazión, inyección de Avastin y evisceración.
No hay evidencia de participación en procedimientos de cámara posterior, en
abordaje de urgencias y emergencias en oftalmología, en cirugía refractiva o en
cirugía reconstructiva, entre otros, esenciales en el ejercicio de la especialidad.
Se aporta copia del trabajo final, titulado: "Tamizaje por medio de oftalmoscopia
indirecta para cicatrices por Retinocoroiditis por Toxoplasma spp., en una población
del Paraguay".
La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES recomendó al
Ministerio de Educación Nacional condicionar la convalidación del título
presentado, teniendo en cuenta que lo aportado por la convalidante no
correspondía a un título oficialmente otorgado por una Institución de
Educación Superior debidamente reconocida. Así mismo, la Sala emitió dicho
concepto, teniendo en cuenta que en Colombia la formación de especialistas
en oftalmología incluye requisitos básicos como la exposición a un amplio
número de actividades y procedimientos clínicos y quirúrgicos propios de la
especialidad, y en el récord de procedimientos aportados por la convalidante
no se registra su participación como cirujano principal en procedimientos de
cámara posterior, en el abordaje de urgencias y emergencias en oftalmología,
cirugía refractiva y cirugía reconstructiva, entre otros, los cuales se consideran
esenciales para el ejercicio de la especialidad en Colombia.
En respuesta a lo anterior, la convalidante aporta el título otorgado por la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción, correspondiente a Especialista en
Oftalmología, expedido en agosto de 2015. Así mismo, aporta nuevo récord
quirúrgico expedido por la Fundación Visión, en el que da cuenta de la participación
de la convalidante en procedimientos como corrección quirúrgica de cataratas,
pterigión, sondajes lagrimales, cirugía de cataratas, chalazión, extracciones de
cuerpos extraños corneales y heridas corneales y esclerales, blefaroplastias,
ectropion, entropión, evisceraciones, fotocoagulación, iridotomía laser,
capsulotomías, trabeculotomías, iridoplastias e iridotomías laser y cirugías
refractivas, pero no evidencia la participación de la convalidante como cirujana
principal en procedimientos para el tratamiento quirúrgico del estrabismo, el
manejo de láser para edema macular, queratoplastias y el tratamiento
quirúrgico de retina en procedimientos de urgencias por trauma ocular
penetrante, considerados en Colombia procedimientos básicos en la formación
de este tipo de especialistas.
CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con los argumentos expuestos, se recomienda al Ministerio de
Educación Nacional.
No convalidar
EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO:
La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES recomienda al Ministerio
de Educación Nacional No convalidar el título presentado, teniendo en cuenta que en
Colombia los programas de Especialización en Oftalmología tiene una duración de
tres años, exigen una dedicación mínima de 6432 horas de trabajo académico del
estudiante, se desarrolla en la modalidad de residencia y exige la participación del
residente como cirujano principal en los procedimientos considerados en Colombia
como básicos en la formación de este tipo de especialistas, como son el tratamiento
quirúrgico del estrabismo, el manejo de láser para edema macular, queratoplastias y
el tratamiento quirúrgico de retina en procedimientos de urgencias por trauma ocular
penetrante, los cuales no se evidencian en el récord quirúrgico aportado por la
convalidante. […]”.
25
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
91. Mediante Resolución 11219 de 1.º de junio de 2017, la subdirectora de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior resolvió negar la
convalidación del título de especialista en oftalmología. La parte motiva de ese acto
indica que la decisión se soportó en los resultados de la evaluación académica de
la CONACES previamente enunciados.
92. La demandante presentó el 14 de mayo de 2017 recurso de reposición y en
subsidio de apelación45 contra esa decisión. Allí argumentó que la no convalidación
vulnera sus derechos al debido proceso, al trabajo y a la igualdad pues la
subdirectora no realizó un análisis detallado de los récords que fueron allegados
con la solicitud de convalidación.
93. Manifestó que el ministerio exige una serie de requisitos académicos para la
convalidación, sin que medie motivación legal alguna para su exigencia. Además,
puso de presente que la decisión tardó aproximadamente 15 meses en ser
proferida.
94. La Sala pone de presente que la demandante afirma que, mediante escrito 2017-
ER-256200 de 23 de noviembre de 2017 presentó un documento de ampliación al
referido recurso46. Sin embargo, ese documento no obra en el expediente
administrativo.
95. En el documento que anexó a la demanda (sin radicado de recibido del
ministerio), le informaba al ministerio que la Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción del Paraguay está acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
96. Se señaló que el programa de especialización de oftalmología se avaló a través
de la Resolución 513 de 2017, proferida por la Comisión Nacional de Educación
Superior (CONES) de Paraguay.
97. En relación con el examen académico, el documento planteó que la práctica
médica se realiza con el Hospital la Fundación Visión y las notas se certifican año
a año en una nota global por cada año de residencia. Indicó que las asignaturas
que se cursan cada año de residencia son establecidas por el propio programa
académico, y que este es similar a los programas ofrecidos por las universidades
colombianas.
98. Se planteó que uno de los motivos para negar la convalidación del título fue el
supuesto incumplimiento de la carga horaria. Sin embargo, en los documentos
presentados con la solicitud se especificó que el programa tuvo una duración de
11.594 horas, superando las 6.432 horas de trabajo académico exigidas por la
CONACES.
45
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 54 y siguientes.
46
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 60 y siguientes.
26
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
99. Se argumentó que aportó el récord quirúrgico detallado por cada año de
residencia dentro de las cuales se encuentran los procedimientos que en Paraguay
se consideran básicos para ejercer la especialidad y los comparó con aquellos que
determina ASCOFAME. Adicionalmente, presentó una certificación expedida por la
Dirección Académica de la Fundación Visión en la que se aclara que realizó: “[…]
procedimientos laser Nd y Argón para iridiotomias, capsulotoias,
pantofotocoagulaciones retinales, fotocoagulaciones focales y rejillas maculares,
además de participar en procedimientos de cirugía de retina, trasplantes de córnea
y cirugía facorefractiva […]”.
100. Ese documento presentaba los siguientes anexos:
101. El certificado de 3 de octubre de 201747, expedido por la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” indica que la demandante fue responsable de la
guardia y actividades de emergencia en la Fundación Visión de acuerdo con el
calendario rotativo de la residencia. Además, precisa lo siguiente:
102. En el proceso se acreditó que, mediante Resolución 2766 de 20 de febrero de
2018, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
47
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 2”. Página 105.
27
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
del Ministerio de Educación Nacional decidió confirmar la resolución objeto del
recurso de reposición, en atención a las siguientes razones:
“[…] Ahora bien, téngase en cuenta que la negativa de este Ministerio en no acceder
a la convalidación del título de ESPECIALISTA DE PRIMER GRADO EN
OFTALMOLOGIA se encuentra debidamente sustentada en el hecho, que como bien
se lee en el concepto emitido por la CONACES la convalidante no acredita en la
documentación aportada, documentos que comprueben la formación integral
como especialista tal como: "(...) la participación del residente, como cirujano
principal, en la realización de procedimientos considerados en Colombia como
básicos en la formación de este tipo de especialistas, como son el tratamiento
quirúrgico del estrabismo, el manejo de láser para edema macular,
queratoplastias y el tratamiento quirúrgico de retina en procedimientos de
urgencias por trauma ocular penetrante, entre otros, los cuales no se
evidencian en el récord quirúrgico aportado por la convalidante.
Así las cosas, cabe recordar que este Ministerio somete a evaluación la
documentación allegada por parte de los convalidantes y que sobre eso mismo es
que la CONACES emite un concepto el cual le permite tomar una decisión a esta
autoridad administrativa, atendiendo lo preceptuado por remisión normativa al artículo
167 del Código General del Proceso indica que: “(…) incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen…” y el artículo 164 de la precitada norma que reza: “(…) Toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso…”.
[…]
En consecuencia, el hecho que el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de
la función de asegurar la calidad de la educación superior y la idoneidad de los títulos
conducentes a grados académicos profesionales niegue mediante acto administrativo
motivado un trámite de convalidación, no vulnera el alcance de los artículos 25 y 53
de la Carta Política, por el contrario, salvaguarda el interés general asegurando que
los profesionales que ejercen en el contexto laboral cuenten con las aptitudes
necesarias para desempeñar su oficio sin comprometer las necesidades de la
colectividad. Por último, en lo que a este tema respecta, el nivel académico que
pretende convalidar la señora AMANDA CRISTINA GUERRERO HERNANDEZ es
posterior al nivel de formación profesional, lo que implica que la recurrente cuenta con
el nivel académico necesario para ejercer su oficio dado que cuenta con un título de
pregrado en Medicina.
[…]
En este sentido es considerable reiterar que con la decisión que adoptó este Ministerio
se da estricta aplicación a la Resolución No. 06950 del 15 de mayo de 2015 que
reglamenta el trámite de convalidación, pues precavió una excepción clara y
determinante para la convalidación de títulos del área de la salud, consistente en que
no se aplicaría criterio diferente al de la evaluación académica, y así quedó estipulado
en el artículo 3, cuando dice "[s]in perjuicio de lo dispuesto más adelante respecto de
los programas del área de la salud (...)", cuya excepción pasó a ser plenamente
identificada en el artículo 5 de la misma norma. Todo lo anterior, sin ignorar además,
que la principal razón para someter a evaluación académica el asunto sub examine,
está íntimamente ligado a la necesidad y responsabilidad del Ministerio de Educación
Nacional -como entidad encargada, entre otras funciones-, de ejercer la Inspección y
Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior en el país, con la particularidad
de que, como no le es posible ejercer dicha control frente a instituciones de educación
extranjeras, es necesario, lógico y viable que se encargue de ejercer cierto control
sobre los títulos que convalida para determinar la idoneidad de los mismos, "(...)
28
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
precisamente,: el continuo control que las autoridades educativas colombianas
ejercen sobre los centros de educación superior, imprime seriedad a sus títulos,
haciendo innecesaria la presencia del Estado en el trámite de su expedición. Pero
como al Estado colombiano le es imposible ejercer la misma vigilancia sobre los
centros de educación extranjeros, es perfectamente explicable que éste se reserve el
derecho de homologar o reconocer los estudios parciales efectuados en una
institución extranjera, y de aceptar los títulos extranjeros, a fin de reconocer la
idoneidad de sus poseedores y otorgarles el mismo tratamiento concebido a las
personas con similares títulos de origen nacional”, y se hace efectivo a fin de velar
por el cumplimiento del deber constitucional que se desprende del artículo 26 de la
Carta Política, en el que se especifica que "Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio,
salvo aquellas que impliquen un riesgo social. […]”. (Negrilla fuera del texto).
103. Ese prohijó los conceptos de la CONACES previamente escrito para resolver
los argumentos de oposición de la demandante, los cuales sintetizó así:
104. La demandante también señaló en el escrito de la demanda que el 19 de abril
de 2018, mediante oficio 2018-ER-086423, informó al ministerio que la
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, no tuvo en cuenta,
“[…] la ampliación del recurso realizada mediante radicado 2017-ER-256200, del
29
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
23 de noviembre de 2017 […]”. Aun así, ese documento no tiene constancia de
recibido.
105. Allí se señaló que, según el concepto emitido posteriormente por la CONACES,
se consideran procedimientos básicos la participación en queratoplastia y en
intervenciones de estrabismo. No obstante, aclara que sí realizó estos
procedimientos. Además, conforme a lo dispuesto en la Resolución 2002 de 2014
del Ministerio de Salud, dichos procedimientos deben ser ejecutados por un médico
subespecialista.
106. Se manifestó que en Colombia no existe un programa de residencias médicas
como en Paraguay, Argentina y Brasil, y para la fecha en la que realizó su
especialización en los años 2013 y 2016, no existía un registro en el cual los
médicos en entrenamiento llevaran un récord quirúrgico en el cual se indicara la
calidad en la cual estos médicos participaban en los procedimientos.
107. Sesolicitó que previo a tomar la decisión por parte de la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, un concepto a la Academia
Nacional de Medicina como órgano consultor.
108. En el acervo se acreditó que la Dirección de Calidad para la Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 15249 de 10 de
septiembre de 2018 resolvió confirmar las Resoluciones 11219 de 2017 y 2766 de
2018, en consideración a lo siguiente:
“[…] Que la convalidante no aportó en el recurso de apelación ningún documento
adicional para sustentar la equivalencia a lo desarrollado en los programas que se
ofrecen en Colombia, para que de esta manera se subsanara y se complementara con
los correspondientes soportes lo señalado en las evaluaciones académicas realizadas
en el trámite de la convalidación, por lo tanto, no se amerita un concepto adicional por
parte de la CONACES o de otro órgano o par evaluador, para realizar una nueva
valoración académica.
Que el artículo 5 de la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015, establece los
requisitos para la convalidación de títulos de programas en el área de la salud indicando
que todos los títulos de programas del área de la salud deberán someterse a evaluación
académica por parte de la CONACES.
Que respecto a la afectación de los derechos fundamentales que cita la convalidante
como vulnerados, se pone de presente que dichos argumentos no resultan válidos,
puesto que los mismos no fueron desconocidos, en cuanto no se generó la afectación
a una situación jurídica particular consolidada a su favor, pues la obtención de un título
académico adquirido en el exterior únicamente podría generar en el recurrente la
expectativa de obtener la convalidación del título, hasta tanto solicitara el inicio del
trámite ante éste Ministerio.
[…]
Que teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que, de conformidad con los documentos
que obran en el expediente, el titulo que se pretende convalidar no supera el análisis
académico del que fue objeto por la sala de CONACES, y toda vez que en el presente
recurso no se añaden argumentos distintos para sustentar la apelación, ni documentos
30
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
que impliquen una nueva revisión de la Sala del caso concrete, este Despacho debe
decidir con base en los documentos aportados por la convalidante y la recomendación
de CONACES, considerando inviable la convalidación del título, puesto que no se
evidencia equivalencia entre lo cursado por la convalidante y lo exigido en los
programas de Especialización en Oftalmología ofrecidos en Colombia, razón por la cual
se acoge dicha recomendación y en consecuencia se debe confirmar la decisión de
primera instancia. […]”.
109. Como puede apreciarse el Ministerio de Educación Nacional negó la
convalidación del título de especialista obtenido por la señora Amanda Cristina
Guerrero Hernández, luego de una evaluación integral, en la que concluyó que la
demandante no acreditó en la documentación aportada su participación como
cirujano principal en procedimientos de: "[...] de Cámara posterior, en et abordaje
de urgencias y emergencias en teología, cirugía refractiva y cirugía reconstructiva,
entre otros, los males se consideran esenciales para el ejercicio de la especialidad
en Colombia.[…]”.
110. Parala Sala el ministerio realizó una evaluación académica exhaustiva
conforme a lo exigido en la Resolución 06950 de 2015. La autoridad concluyó que
la documentación presentada no acreditaba la equivalencia académica requerida
para homologar el título frente a los estándares exigidos en Colombia,
especialmente en lo relativo a la formación práctica y la participación en
procedimientos considerados básicos para la especialidad.
111. El récord quirúrgico presentado por la demandante fue objeto de especial
análisis. Aunque se documentó la realización de múltiples procedimientos, la
evaluación académica de la CONACES identificó que la participación como cirujano
principal en intervenciones esenciales para la formación de oftalmólogos no quedó
suficientemente demostrada.
112. Es importante aclarar que la decisión de no convalidar el título no se
fundamentó en el incumplimiento del mínimo horario exigido para la especialidad,
ni en que el programa o la institución académica no estuviera acreditado. De hecho,
este último factor no afecta la decisión definitiva porque en todas las
convalidaciones del área de la salud el único criterio aplicable es el de evaluación
académica, resultando independiente la acreditación institucional.
113. El criterio que no se subsanó en el trámite de convalidación fue la demostración
de su participación en los procedimientos básicos que los programas nacionales
exigen, condición que no se probó plenamente con la documentación aportada.
114. En el proceso judicial, la demandante no acreditó que, durante la actuación
administrativa haya presentado información adicional que permitiera subsanar las
observaciones realizadas por el ministerio y la CONACES. Aunque alegó haber
presentado un oficio de ampliación del recurso, dicho documento no tiene radicado
de recibido y no obra en el expediente administrativo aportado por el ministerio.
31
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
115. En otras palabras, no se desconoce que la demandante participó en
procedimientos de urgencias, entre otros. Sin embargo, las conclusiones técnicas
de la CONACES, al no haber sido desvirtuadas durante el debate procesal,
constituyen una prueba idónea y suficiente para sustentar la decisión adoptada.
116. La CONACES explicó que, en Colombia los programas de especialización en
oftalmología tienen una duración de tres años, exigen una dedicación mínima de
6432 horas de trabajo académico del estudiante, se desarrolla en la modalidad de
residencia y exige la participación del residente como cirujano principal en los
procedimientos indicados previamente.
117. Esto significa que el Ministerio de Educación Nacional no quebrantó las normas
del ordenamiento superior invocadas en la demanda, porque el procedimiento
regulado para la convalidación del título de especialista en oftalmología otorgado
en el extranjero exige la verificación de la equivalencia del nivel académico con los
estándares nacionales.
118. Por lo tanto, los argumentos relacionados con las diferencias existentes entre
los récords quirúrgicos y los programas de residencia de otros países no cuentan
con vocación de prosperidad porque en el trámite de convalidación prima la
normatividad nacional.
119. Los requisitos documentales exigidos en los artículos 2 y 5 de la Resolución
06950 de 2015 indican los documentos mínimos que debe aportar el solicitante que
pretende iniciar esa actuación administrativa, pero su sola presentación no obliga
al ministerio a acceder automáticamente a la convalidación. El proceso implica una
valoración académica orientada a salvaguardar la calidad educativa y el interés
público, por lo que el ministerio conserva la facultad de denegar la convalidación si
no se acredita el cumplimiento de los estándares académicos.
120. En este contexto, no se observa que el tribunal de primera instancia
desconociera el material probatorio o los hechos de la demanda y. por lo tanto, los
cargos estudiados no prosperan.
II.4.2. La presunta falsa motivación
121. La demandante argumentó que las resoluciones cuestionadas se soportaron en
motivos falsos relacionados con el nivel de formación, el récord quirúrgico y la carga
académica.
122. La Sección Primera de esta Corporación48, en sentencia de 11 de julio de
201949, explicó que concierne a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto
demandado por la causal de falsa motivación “[…] demostrar el vicio en el
48
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de 2019. Radicación
25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
49
Ibidem.
32
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
elemento causal de la decisión, es decir, la inexistencia o el error de los
antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición o, en otras
palabras, que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad
[…]”50 (negrilla fuera de texto).
123. A partir de la revisión de los actos demandados, se evidencia que en ellos se
señala con claridad y suficiencia los motivos por los cuales el ministerio no convalidó
el título académico conforme a las conclusiones contenidas en los conceptos de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, las cuales no se desvirtuaron.
124. Se pone de presente que las Salas de Evaluación de la CONACES, de acuerdo
con los artículos 3 de la Ley 1188 de 25 de abril de 200851, 1.1.3.3 del Decreto 1075
de 26 de mayo de 201552, y 13 de la Resolución 10414 de 28 de junio de 2018 53,
son órganos colegiados e interdisciplinares que apoyan el proceso de evaluación
de convalidación de títulos de educación superior y de los programas de formación
complementaria, requeridos por el ministerio de Educación, “[...] emitiendo para ello
conceptos de recomendación que el Ministerio requiera [...]”.
125. En este contexto, el cuadro comparativo relacionado con los criterios de la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina no desvirtúa la presunción de
legalidad de los actos acusados, pues la CONACES lo que reprochó a la
demandante fue no haber participado como cirujano principal en procedimientos
indispensables.
126. Por lo tanto, no se evidencia que las resoluciones impugnadas hayan incurrido
en falsa motivación, máxime cuando las conclusiones de la CONACES, se
advierten razonables y suficientes. Tampoco se advierte que los miembros de la
CONACES no contaran con la suficiencia académica para adelantar esa labor en
el caso concreto, pues estos profesionales realizan un análisis objetivo conforme a
los parámetros aplicables a cada nivel de formación y programa específico.
II.4.3. La presunta vulneración al debido proceso
127. La señora Amanda Cristina Guerrero Hernández afirmó que el ministerio
vulneró su derecho al debido proceso porque, en varias ocasiones, no respondió a
sus solicitudes ni a las gestiones en las que pidió que reconsiderara la decisión
tomada.
128. Paradar respuesta a lo anterior, la Sala resalta que el debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no solo garantiza a las
personas la posibilidad de ejercer su defensa, sino que también se articula de
50
Cfr. Cita ibídem.
51
“[…] Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.
52
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación […]”.
53
“[…]Por la cual se reorganiza la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CONACES), se adopta el reglamento para el funcionamiento de sus Salas de Revisión y Consulta, de Evaluación y de
Coordinadores, y se derogan las Resoluciones 14830 de 2016 y 3179 de 2017 […]”.
33
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
manera esencial con el principio de legalidad. En el marco de ambos principios toda
actuación de las autoridades debe fundarse en las normas aplicables al caso.
129. Esta autoridad judicial considera que el ministerio respetó ese derecho ya que
corrió traslado del concepto emitido por la CONACES, le permitió a la demandante
interponer los recursos correspondientes contra la decisión administrativa y resolvió
tales recursos en relación con los cuestionamientos que la interesada acreditó haber
realizado.
130. Enconsecuencia, la Sala destaca que el derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, se garantizó, pues se le
aseguró la posibilidad de ejercer su defensa, y el procedimiento se resolvió con
fundamento en las normas aplicables.
II.4.4. La presunta vulneración de los principios de buena fe y confianza
legítima
131. La demandante argumentó que el Ministerio de Educación Nacional vulneró los
principios de buena fe y confianza legítima al modificar reiteradamente sus
interpretaciones normativas dentro de un mismo proceso, generando inseguridad
jurídica y desconocimiento de la normativa aplicable a las pruebas presentadas.
Además, señaló en la demanda que la Resolución 6950 de 2015 cambió de forma
repentina los requisitos para la convalidación de títulos.
132. El artículo 83 de la Constitución Política señala que: “[…] las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas […]”.
133. La Corte Constitucional54 en su jurisprudencia ha precisado que la observancia
del principio de buena fe es esencial para la seriedad del procedimiento
administrativo y la credibilidad del Estado. La buena fe implica el respeto a la
conducta inicialmente desplegada y proscribe el "[…] venire contra factum proprium
[…]", en virtud del cual las entidades del Estado no pueden actuar en contra de sus
propios actos.
134. La buena fe esta entonces relacionada con la confianza legítima que exige a
las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actos, respetar
los compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas,
cuando no se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
135. En el caso concreto, la Sala observa que la decisión de la entidad demandada
no contraría el principio de buena fe, dado que se aprecia razonable y oportuna. La
actuación del Ministerio de Educación Nacional se ajustó a los parámetros legales
y fue debidamente fundamentada, sin desconocer la confianza legitima.
54
Al respecto, ver las sentencias T-475 de 29 de julio de 1992, C-836 de 2001 y T-021 de 2007, entre otras.
34
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Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
136.Los actos acusados no fueron arbitrarios ni contradictorios, sino que
respondieron a las conclusiones objetivas y razonables emitidas por la CONACES,
órgano colegiado encargado de la evaluación de convalidaciones.
137. Incluso como lo explicó el tribunal de primera instancia no existieron cambios
en la interpretación normativa y en los requisitos para la convalidación de títulos.
En cada caso, la CONACES realiza una valoración de los programas específicos,
tomando como referencia los programas nacionales, con el fin de evaluar la
equivalencia de los estudios presentados para su convalidación.
II.4.5. El indicio grave relacionado con no contestar la demanda
138. La apelante sostiene que el tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta el
indicio en contra de la entidad demandada derivado del hecho de no haber
contestado la demanda, y que esta omisión influyó en el resultado del proceso.
139. Frente a esa afirmación, la Sala recuerda que el Consejo de Estado en su
jurisprudencia pacíficamente ha considerado que los hechos expuestos en la
demanda no pueden considerarse probados únicamente porque la parte
demandada no la haya contestado55. Esta situación representa un indicio en su
contra, pero no es plena prueba de la configuración de una causal de nulidad.
140. En otras palabras, la falta de intervención del ministerio demandado no puede
entenderse como allanamiento a las pretensiones, al tratarse de una entidad
pública, sino que al juez le corresponde valorar si la demandante desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos acusados, lo cual no ocurrió en este caso.
141. Finalmente, se advierte que los presupuestos previstos en los artículos 188 de
la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, sobre condena en costas en segunda instancia,
no se configuran, porque no se acreditó su causación en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de junio de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
55
Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Tercera, radicación núm. 73001-23-31-000-2006-01815-01(34927) C.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicación núm. 76001-23-31-000-2012-00567-01
(21683) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
35
Radicación: 25000-23-41-000-2019-00319-02
Demandante: Amanda Cristina Guerrero Hernández
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posteri or
consulta, de conformidad con la ley.
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