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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00407-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-00407-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de marzo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-00407-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: ANDRÉS ALFONSO DÍAZ GARZÓN
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 5547 DE 2005 Y CRITERIOS DE
VERIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN DE
TÍTULOS ACADÉMICOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 25 de marzo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Andrés Alfonso Díaz Garzón a través de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 presentó demanda con
el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…]

1. Suplico a esa prestigiosa corporación, se DECLARE LA NULIDAD del acto
administrativo complejo integrado por la Resolución Número 14026 del 2 de
Septiembre de 2014 (Por medio de la cual se negó la convalidación del Título de
Especialista en Cardiología al Dr. ANDRÉS ALFONSO DIAZ GARZÓN), Resolución
Número 00417 del 7 de Enero de 2015 (Por medio de la cual se decidió el recurso
de reposición interpuesto), Resolución Número 09198 del 25 de Junio de 2015 (Por
medio de la cual se resolvió el recurso de apelación formulado), emitidas por LA
NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por haber sido expedidos
con infracción de las normas en que debería fundarse, en forma irregular, mediante
falsa motivación.

2. Como consecuencia de la anterior determinación y a título de restablecimiento del
derecho, se ORDENE a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
representado legalmente por la Dra. GINA PARODY D ECHEONA (sic) O quien en
el futuro haga sus veces, convalidar el Título de Especialista en Cardiología a mi
1
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

representado Dr. ANDRÉS ALFONSO DÍAZ GARZÓN, otorgado por la Universidad
Favaloro de conformidad a lo dispuesto por la ley de educación superior de la
República Argentina y teniendo en cuenta el convenio de convalidación de títulos
existente con nuestro país.

3. Que se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a
reconocer y pagar al actor lo que ha dejado de percibir por concepto de ingresos
aproximadamente unos TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
($35.000.000) mensuales, desde el momento mismo en que fue proferida la
Resolución número 14026 del 2 de Septiembre de 2014 por medio de la cual se le
negó la convalidación de su Título de Especialista en Cardiología.

4. Que se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, como
reparación del daño ocasionado a indemnizar a mi representado por todos los
perjuicios de orden material como se estima razonadamente en la presente
demanda.

5. Que la condena respectiva sea actualizada en la forma prevista en nuestro
ordenamiento jurídico.

6. Que si no se efectúa el pago de manera oportuna, la entidad liquide los intereses
como lo ordena la ley.

7. Que se condene en costas a la entidad demandada. […]2”. (Negrilla del texto).

I.1.2. Los hechos

8. Indicó que el señor Andrés Alfonso Díaz Garzón es médico de la Universidad del
Tolima, título otorgado el 11 de junio de 2004 y que con ocasión del convenio de
convalidación de títulos que tiene el Estado colombiano con la República Argentina
realizó una especialización en cardiología en la Universidad Favaloro.

9. Señaló que la Universidad de Favaloro el 9 de agosto de 2012 le otorgó el título
de especialista en cardiología, el cual le fue entregado en la ciudad de Buenos Aires
el 26 de septiembre de 2013.

10. Argumentó que entregó la documentación al Ministerio de Educación Nacional
para la solicitud de convalidación del título, el cual mediante la Resolución 14026 de
2 de septiembre de 2014 la negó y que, en esa medida, presentó recursos de
reposición y en subsidio apelación contra la citada resolución.

11. Indicó que el Ministerio de Educación Nacional mediante las Resoluciones 00417
de 7 de enero de 2015 y de 9198 de 25 de junio de 2015 resolvió respectivamente
los recursos de reposición y apelación, confirmando en todas sus partes la
Resolución 14026 de 2 de septiembre de 2014.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

12. El señor Andrés Alfonso Díaz Garzón afirmó que los actos acusados
transgreden los artículos 26 y 29 de la Constitución Política y la Resolución 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por las siguientes razones:

2
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 3 y 4.

3

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

i) Vulneración al derecho fundamental al debido proceso

13. Señaló que el Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación del título
de especialista en cardiología, argumentando que el título se sometió a evaluación
académica y la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior – CONACES emitió concepto académico
desfavorable el 17 de julio de 2014, en el que recomendó obtener el título de
especialista de medicina interna como requisito previo para poder convalidar el título
de especialista.

14. Mencionó que la resolución demandada exige requisitos no determinados en la
Resolución 5547 de 1 de diciembre de 20053, los cuales debe aplicar en forma
sucesiva y excluyente. Aclaró que el título procede de la República Argentina,
Estado con el cual Colombia ha ratificado convenios de convalidación de títulos.

ii) La convalidación u homologación por parte del Estado colombiano de
títulos académicos conferidos en el exterior

15. Indicó que el artículo 26 de la Constitución Política establece que toda persona
es libre escoger profesión u oficio. Asimismo, que la Corte Constitucional determinó
el alcance de esa norma, como aquella libertad que no pugna con la facultad
concedida al legislador de exigir títulos de idoneidad. Por ello, la finalidad de la
homologación de títulos académicos es la protección del interés general y de los
derechos de las personas.

16. Señaló que el artículo 38 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 19924 establecía
que dentro de las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior – ICFES, estaba la de homologar y convalidar títulos de
estudios cursados en el exterior y que el Gobierno Nacional por medio del Decreto
2230 de 2003, trasladó dicha función a la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad del MEN, sin embargo, este fue derogado.

17. Alegó que el Gobierno Nacional expidió la Resolución 5547 de 2005, en la cual
definió el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por la autoridad competente en el respetivo país, para expedir títulos
de educación superior.

18. Expuso que el artículo 3 de la mencionada resolución dispuso que para la
convalidación de títulos de pregrado y posgrado debe hacer una evaluación de la
información y en su orden verificar los siguientes criterios: i) convenio de
reconocimiento de títulos; ii) programa o institución acreditados o su equivalente en
el país de procedencia; iii) caso similar; y iv) evaluación académica.

3
“Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior”.
4
“Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

4

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

19. Precisó que, en relación con el criterio de evaluación académica, era aplicable
de manera excluyente cuando el título que se somete a convalidación no se
enmarca en ninguno de los otros criterios. Asimismo, que su aplicación no es
automática y que el hecho de inobservar este precepto configura una decisión
discrecional que transgrede el derecho fundamental al debido proceso y demuestra
que los actos administrativos fueron expedidos con infracción de las normas en que
debería fundarse, en forma irregular y mediante falsa motivación.

20. Concluyó que la aplicación rigurosa de los anteriores criterios, pautas y
procedimientos constituyen no sólo una condición necesaria para proteger los
derechos de los ciudadanos frente a las actividades que implican un riesgo social,
sino también para asegurar los de quienes han obtenido un título en el extranjero,
como el derecho al debido proceso y la libertad de profesión un oficio.

I.2. La contestación de la demanda

21. El Ministerio de Educación Nacional mediante escrito de 2 de mayo de 20175,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que no es el titular de las
obligaciones pretendidas por vía de restablecimiento del derecho y porque los actos
demandados se ajustan a derecho.

22. Argumentó que el trámite de la convalidación de títulos consiste en el
reconocimiento que el Gobierno realiza respecto de un título de educación superior,
otorgado por una institución de educación superior extranjera legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo país.

23. Señaló que el procedimiento es realizado por el Ministerio de Educación
Nacional y tiene la finalidad de realizar un examen académico y de legalidad de los
estudios realizados, es decir, la equivalencia del título obtenido en el exterior con
uno obtenido en Colombia.

24. En esa medida, advirtió que según la Resolución 5547 de 1 de diciembre de
2005 y el Decreto 019 de 2012, uno de los criterios aplicables para efectos de la
convalidación de títulos de educación superior otorgados por instituciones
extranjeras es el de evaluación académica, el cual procede si el título que se somete
a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios o si no existe certeza
sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando.

25. Detalló que con el examen de legalidad se evalúan aspectos tales como la
naturaleza jurídica de la institución que otorga el título, del título otorgado y el
reconocimiento de la metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico
cursado por el solicitante.

26. Sostuvo que realizó el análisis y encontró que el programa de estudios realizado
por el demandante no cumplía con los requisitos establecidos debido a la falta de

5
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 251 a 256.

5

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

componentes académicos de medicina interna, ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 de la Resolución 5547 de 2005.

27.Argumentó que el demandante debió acreditar el programa de estudios de
especialización en medicina interna previo a los estudios de cardiología, lo cual no
ocurrió en el caso concreto.

28. En efecto, señaló que el ministerio ha exigido en el momento de la convalidación
de títulos de posgrado de médicos quirúrgicos en el que está incluido el de
especialista en cardiología, para el caso concreto: i) ser médico general y
especialista en medicina interna graduado en una universidad colombiana o
extranjera con el título convalidado de acuerdo a legislación vigente; ii) título de
especialista en medicina interna otorgado por una universidad con programas
aprobados por el estado colombiano o convalidado por el Estado colombiano en
caso se ser obtenido en el exterior; iii) el cumplimiento del requisito legal de servicio
social obligatorio; y iv) los demás requisitos de cada facultad de medicina.

29. Justificó que, el ministerio aplicó la norma vigente que para el caso concreto es
la Resolución 5547 de 2005, por tanto, tuvo en cuenta el alto riesgo social que
conlleva “[…] y la colocación en riesgo de quienes confían en la idoneidad, no es
viable convalidar el título de especialista en cardiología otorgado por la Universidad
Favaloro […]”.

30. Alegó que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad mientras
se encuentren vigentes y gozan de plena validez y aplicación. En consecuencia, no
hay sustento jurídico para declarar la nulidad de las Resoluciones 09198 del 25 de
junio de 2015, 0417 del 7 de enero de 2015 y 14026 del 2 de septiembre de 2014.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

31. Mediante auto de 30 de septiembre de 20166 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

32. El 27 de noviembre de 20177 se realizó la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20118 en la que se resolvió sobre el decreto
y práctica de pruebas solicitadas por las partes.

33. El 21 de mayo de 20199 se realizó la audiencia de pruebas con la finalidad de
realizar la práctica del testimonio solicitado en audiencia inicial, la cual se continuó

6
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 236 a 239.
7
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 299 a 309.
8
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

9
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 496 a 500.

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

el 24 de septiembre de 201910 y se ordenó correr traslado a las partes para
presentar escrito de alegatos de conclusión.

34.El 31 de enero de 202011 por medio de auto se decretó como prueba el
documento denominado “Especialidades Médico – Quirúrgicas en Medicina”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

35. LaSubsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de marzo de 202112, negó las
pretensiones de la demanda.

36. Propuso como problema jurídico principal “[…] determinar si la Resolución
N°14026 del 02 de septiembre de 2014 (por medio de la cual se negó la
convalidación del título de especialista en Cardiología al Dr. Andrés Alfonso Díaz
Garzón); la Resolución N°00417 del 07 de enero de 2015 (por medio de la cual se
decidió el recurso de reposición interpuesto); y la Resolución N°09198 del 25 de
junio de 2015 (por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación formulado),
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, fueron expedidas con violación
del debido proceso, falsa motivación e infracción de las normas en que debía
fundarse […]”.

37. Respecto del restablecimiento, analizó “[…] si le asiste o no interés al
demandante […], esto es, que su título sea convalidado y se reconozcan y paguen
los valores dejados de percibir por concepto de ingresos desde que fue negada la
convalidación del título y se repare el daño ocasionado por los perjuicios de orden
material estimados en la demanda […]”.

38. Señaló como problemas asociados determinar “[…] si se observaron los criterios
de convalidación establecidos en el artículo 3 de la Resolución No. 5547 de 2005,
los cuales deben ser aplicados de forma gradual […]”; establecer “[…] si se aplicó o
no el criterio de evaluación académica, siendo este excluyente y aplicable
únicamente cuando no se enmarca en los criterios descritos en el artículo 3 de la
Resolución No. 5547 de 2005, o no existe certeza sobre el nivel académico de los
estudios que se convalidaron o su denominación […]”; y por último, analizar “[…] si
existe o no exigencia legal de obtener un título de medicina interna para convalidar
y obtener el título de especialista en cardiología […]”.

39. Expuso que el derecho a la educación hace parte del catálogo de prerrogativas
incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

10
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 523 a 525.
11
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 543 a 544.
12
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 574 a 600.

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

40. Indicó que la Constitución Política determina el derecho a la educación como
servicio y derecho y que la Nación y las entidades territoriales participan en la
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales y que
de acuerdo con la Ley 30 de 1997, el título académico es el reconocimiento otorgado
a una persona natural por la culminación de un programa y por haber adquirido un
saber determinado en una Institución de Educación Superior.

41. Manifestó que: i) la función de convalidar los títulos de educación otorgados en
el extranjero le correspondía al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, competencia que le fue transferida al Ministerio de Educación
Nacional; ii) que la convalidación fue regulada por la Resolución 5547 de 1 de
diciembre de 2005, la cual definió el trámite y los requisitos para la convalidación de
títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por
instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente, que incluía
acreditar el cumplimiento de los requisitos adicionales específicos para los
programas de especialidades médico-quirúrgicas; y iii) la evaluación académica
debe ser tenida en cuenta de manera preferente cuando el Ministerio de Educación
Nacional advierta que existe duda respecto de la denominación del diploma
otorgado o el nivel de los estudios a convalidar, para lo cual debe remitir la
documentación a la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior – CONACES.

42. Determinado lo anterior, sostuvo que en el caso concreto no se vulneró el debido
proceso administrativo porque al momento de la solicitud estaba determinada la
aplicación de la Resolución 5547 de 1 de diciembre de 2005, lo que significaba que
el trámite de convalidación se llevó a cabo según las normas procesales que rigen
la actuación administrativa. Concluyó que no se cumplió ninguno de los eventos que
ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado en los que pueda verse
afectado el derecho de audiencia y defensa.

43. Señaló que la Resolución 5547 de 1 de diciembre de 2005, particularmente el
parágrafo del artículo 3, establecía que para acceder a las solicitudes de
convalidación de títulos de postgrados médico quirúrgico, se deberían tener en
cuenta los criterios definidos en el documento denominado “[…] Especialidades
Médico – Quirúrgicas […]” publicado por el ministerio.

44. Argumentó que respecto de la especialidad de cardiología se establecieron unos
requisitos para el ingreso al programa, así que contrario a lo que sostuvo el
demandante, la norma aplicable y vigente para el momento de la solicitud si contiene
dentro de sus exigencias para convalidar el título de cardiólogo una formación previa
en medicina interna, toda vez que en las instituciones de educación superior
colombianas para el ingreso a ese programa de especialización exigen al estudiante
además de un pregrado en medicina, la formación en una primera especialidad.

45. Analizó los expedientes remitidos por el ministerio (CNV-2015-3263, CNV- 2015-
4076, CNV-2015-4094 y CNV 2015-4222) y advirtió que no existen conceptos
positivos emitidos por CONACES para el título de especialista en cardiología
otorgado por la Universidad de Favaloro en vigencia de la Resolución 5547, en la

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

medida de que en los casos analizados regía la Resolución 6950 de 2015 y que en
ellos también se requirió acreditar el título de especialista interna proferidos por una
institución de educación superior colombiana o su convalidación o formación al
interior del programa de cardiología.

46. Concluyó que, como la formación en medicina interna si era un requisito
establecido en la norma que regula el proceso de convalidación, el cargo tampoco
está llamado a prosperar, en consecuencia, no existió falsa motivación.

47. Resolvió negar las pretensiones de la demanda por cuanto no se logró desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos demandados, además no condenó en costas
en primera instancia.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

48. Eldemandante mediante memorial de 21 de abril de 202113, solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, de conformidad con los siguientes
argumentos.

49. En relación con el cargo de violación al debido proceso no comparte la conclusión
a la que llegó el tribunal, porque el Ministerio de Educación Nacional no estaba
habilitado para aplicar directamente el criterio de evaluación académica, toda vez
que el proceso de convalidación es reglado y con ello se quebranta la Ley 147 de
199414.

50. Planteó que el criterio que le aplicaba era el de reconocimiento de títulos de
conformidad y, en esa medida, se debía tener en cuenta que por medio de la
Resolución 245 de 2010 expedida por la Comisión Nacional de Educación y
Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de Buenos Aires, Argentina,
se acreditó la especialización en cardiología de la Universidad Favaloro.

51. Argumentó que también le aplicaba el criterio de caso similar, por cuanto aduce
que en el caso del señor Sebastián Campbell Quintero se decidió convalidar y
reconocer para todos los efectos académicos y legales el título de especialista
otorgado por la Universidad de Favaloro.

52. Señaló que el documento denominado “[…] Especialidades Médico – Quirúrgicas
[…]” señala a manera de “[…] recomendación […]” los requisitos mínimos que se
presentan para 40 especialidades y son simplemente sugerencias que se pueden
acatar o inobservar, en consecuencia, una recomendación carece de fuerza
vinculante al no ser obligatoria.

13
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folios 616 a 623.
14
“Por medio de la cual se aprobó el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados Académicos de
Educación Primaria, Media y Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Argentina suscrito en Buenas Aires el día 3 de diciembre de 1992.

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

53. Recordó que, la convalidación de títulos por el criterio de evaluación académica
es únicamente aplicable de manera excluyente cuando el título que se somete a
convalidación no se enmarca en ninguno de los demás criterios.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

54. Esta autoridad judicial a través de auto de 24 de agosto de 202115, admitió el
recurso de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran
por escrito sus alegatos de conclusión.

55. En la oportunidad procesal, las partes no se pronunciaron y el Ministerio Público
no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

56. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el planteamiento del problema jurídico;
(iii) los actos administrativos demandados; y (iv) el análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1316 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

V.2. El planteamiento del problema jurídico

58. Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 14026 de 2 de septiembre de
2014, confirmada por las resoluciones 00417 de 7 de enero de 2015 y 9198 de 25
de junio de 2015, transgreden o no el artículo 3 de la Resolución 5547 de 2005 y la
Ley 147 de 1994, en razón a que, en criterio del recurrente, se vulneró el debido
proceso al analizar los criterios aplicables en el trámite de convalidación de títulos y
porque los actos administrativos están afectados de falsa motivación e infracción de
las normas en que deberían fundarse, por exigirse el requisito de medicina interna
para la procedencia de la convalidación del título de especialista en cardiología.

V.3. Los actos administrativos demandados

59. En la demanda se cuestionó la legalidad de la Resolución 14026 de 2 de
septiembre de 201418 por medio de la cual se resolvió una solicitud de

15
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
15, folio 5.
16
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
17
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
18
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folio 23.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

convalidación, expedida por la subdirectora de aseguramiento de la calidad para la
educación superior, que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN
CARDIOLOGÍA, otorgado el 26 de septiembre de 2013 por la UNIVERSIDAD
FAVALORO, ARGENTINA, a ANDRÉS ALFONDO DÍAZ GARZÓN, ciudadano
colombiano, identificado con cédula de ciudadanía […] por las razones indicadas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley, los cuales deberán ser
interpuestos dentro del plazo de diez (10) días establecido por el artículo 76 de la Ley
1437 de 2011 […]”.

60. Se cuestionó la legalidad de la Resolución 417 de 7 de enero de 201519 por medio
de la cual se decidió el recurso de reposición contra la Resolución 14026 del 2 de
septiembre de 2014, expedida por la subdirectora de aseguramiento de la calidad
para la educación superior, que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 14026 del 02 de
septiembre de 2014, por medio de la cual el Ministerio de Educación RESOLVIÓ
“Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA, otorgado
el 26 de septiembre de 2013, por la UNIVERSIDAD FAVALORO, ARGENTINA, a
ANDRÉS ALFONSO DÍAZ GARZÓN, ciudadano colombiano, identificado con
cédula de ciudadanía No. […].

ARTÍCULO SEGUNDO: Se concede el recurso de alzada ante la Dirección de la
Calidad para la Educación Superior.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
notificación […]”.

61. También se cuestionó la legalidad de la Resolución 9198 de 25 de junio de 201520
por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, expedida por el director de
la calidad para la educación superior, que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes las Resoluciones 14026
de 2 de septiembre de 2014 y 00417 de 7 de enero de 2015, por medio de las cuales
la SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR, respectivamente Resolvió negar la solicitud de
convalidación del título de ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA otorgado el 26 de
septiembre de 2013 por la UNIVERSIDAD FAVALORO, ARGENTINA, al señor
ANDRÉS ALFONSO DÍAZ GARZÓN, ciudadano colombiano, identificado con
cédula de ciudadanía No. […] y confirmó la Resolución No. 14026 de 2 de
septiembre de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación […]”.

19
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folio 35 a 38.
20
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folio 39 a 46.

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

V.4. Análisis del caso concreto

62. Para resolver el planteamiento jurídico, la Sala estudiará: (i) la presunta
transgresión del debido proceso por la aplicación del criterio de evaluación
académica en el proceso de convalidación del título de especialista en cardiología;
y (ii) la presunta falsa motivación de los actos administrativos por exigir como
requisito mínimo el determinado en el documento “Especialidades Médico-
Quirúrgicas en Medicina” para la convalidación de la especialización, haber
obtenido el título en medicina interna.

(i) Transgresión al debido proceso por la aplicación del criterio de evaluación
académica en el proceso de convalidación del título de especialista en
cardiología

63. El recurrente argumentó que no comparte la decisión del a quo porque considera
que el Ministerio de Educación Nacional no estaba habilitado para aplicar el criterio
de evaluación académica.

64. Para dar respuesta a lo anterior, la Sala destaca que, según lo establecido en los
artículos 13 y 29 de la Constitución Política, una de las garantías fundamentales del
debido proceso es el derecho a la defensa y a ser escuchado. Este derecho implica
que toda persona debe tener la posibilidad de expresar sus argumentos en
condiciones de igualdad frente a las demás partes del proceso, de presentar sus
razones, de cuestionar y refutar las pruebas en su contra, así como de solicitar y
valorar aquellas que considere favorables a su posición21.

65. En línea con la garantía del debido proceso, la Corte Constitucional al interpretar
el artículo 29 de la Carta, determinó que este derecho se aplica a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, se deriva la protección a
un debido proceso administrativo, el cual presupone disposiciones ordenadas por la
Constitución y la ley, siempre que sean adecuadas a la naturaleza de la actuación
de las autoridades.

66. Por lo anterior, el debido proceso administrativo se aplica a todas las actuaciones
administrativas y debe garantizar: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii)
el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii)
los principios de contradicción e imparcialidad; y, (iv) los derechos fundamentales
de los asociados.

67. La aplicación del debido proceso administrativo implica para la administración y
los administrados una serie de garantías. La Corte Constitucional ha señalado las
siguientes22: i) conocer las actuaciones de la administración; ii) acceder ante la
administración y ser oído por ella; iii) solicitar el decreto y la práctica de pruebas y
controvertir las que otros soliciten y las que se practiquen; iv) ejercer el derecho de
defensa; v) impugnar los actos administrativos; y vi) gozar de las demás garantías
establecidas en su beneficio. Estas garantías deben respetarse en todo el
21
Sentencia C-025 de 2009 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22
Sentencia C-162 de 2021 Corte Constitucional, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

procedimiento administrativo, desde el inicio de la actuación, la formación y
expedición de los actos administrativos, su notificación o comunicación, su
impugnación y resolución, su ejecutoriedad y hasta su ejecución.

68. El proceso de convalidación de títulos que adelantó el Ministerio de Educación
Nacional, para el caso concreto, se realizó de conformidad con la Resolución 5547
de 1 de diciembre de 200523.

69. Enrelación con los criterios aplicables para la convalidación de títulos de
pregrado y postgrado, el artículo tercero de la mencionada resolución, determina
que se “[…] deberá hacer una evaluación de la información y en su orden verificar
cuál de los siguientes criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite
correspondiente […]” y de manera ordenada se verificará si procede para la
convalidación uno de los siguientes: i) convenio de reconocimiento de títulos; ii)
programa o institución acreditados, o su equivalente en el país de procedencia; iii)
caso similar; y iv) evaluación académica.

70. En esa medida, se advierte que de la parte considerativa de la Resolución 14026
de 2 de septiembre de 2014 se tiene que, el Ministerio de Educación Nacional
señaló que uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos
de educación superior es el de evaluación académica, el cual establece que “[…] si
el título que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los
estudios que se están convalidando, o su denominación, se someterá la
documentación a proceso de evaluación académica […]”.

71. En efecto, mediante evaluación de 7 de mayo de 2014 se determinó no convalidar
por la siguiente razón: “[…] El programa de especialización en Cardiología que se
ofrece en las Instituciones de educación Superior en Colombia tiene una duración
de dos años pero requiere título de especialista en Medicina Interna. Existen
programas que no exigen el requisito anteriormente mencionado, pero tienen una
duración de cuatro (4) años e incluyen uno o dos años de Medicina Interna dentro
de su formación con el fin de lograr la integralidad del programa […]”24.

72. Posteriormente, el 17 de julio de 2014 también se determinó no convalidar
porque: “[…] en Colombia las especializaciones en Cardiología exigen como
requisito previo el título de Especialista en Medicina Interna. Se recomienda
acercarse a una institución de Educación Superior en Colombia reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional y completar la formación […]”25.

73. Porsu parte, el ministerio al resolver el recurso de reposición expidió la
Resolución 00417 de 2015 en la cual explicó que no aplicó los criterios “[…]
convenio de reconocimiento de títulos […]” y “[…] programa o institución

23
“Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior”.
24
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folio 424.
25
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folio 430.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

acreditados, o su equivalente en el país de procedencia […]” porque no se cumplían
con los requisitos para ser convalidado de forma directa. En igual sentido, al aplicar
el criterio de caso similar, esa cartera ministerial señaló que no existía un asunto
con las mismas circunstancias, lo cual le permitió aplicar el criterio que es objeto de
reproche.

74. En relación con los criterios de verificación, esta Sección en las sentencias de 18
de octubre de 201226, 13 de marzo de 201427, 5 de marzo de 201528, 2 de junio de
201629 y 6 de noviembre de 202030 explicó que esos criterios de verificación son
jerárquicos y excluyentes.

75. La Sala considera que, en relación con este trámite, el ministerio estaba
habilitado por el parágrafo del del artículo 3 de la Resolución 5547 de 1 de diciembre
de 2005 para aplicar directamente el criterio de evaluación académica que el
parágrafo citado señala que para “[…] efectos de la convalidación de títulos
correspondientes a postgrados médico - quirúrgicos, se deberán tener en cuenta lo
criterios definidos por la comunidad académica en el documento “Especialidades
Médico - Quirúrgicas en Medicina”, publicado por el Ministerio de Educación
Nacional […]”, los cuales deben ser tenidos en cuenta para la convalidación.

76. En esa medida, se tiene que en el trámite de primera instancia se decretó como
prueba el documento denominado “[…] Especialidades Médico – Quirúrgicas en
Medicina […]”31, en el que se observa que dentro de los requisitos para ingresar a
la especialidad de cardiología se encuentran:

“[…] 2. Requisitos para el ingreso a la especialidad
2.1. Ser médico general graduado en una universidad colombiana o en una
universidad extranjera debidamente reconocida con el título de médico homologado
de acuerdo a la legislación vigente.
2.2. Título de Especialista en Medicina Interna otorgado por una Universidad,
con programas aprobados por el estado colombiano o convalidado por el
estado colombiano en caso de ser obtenido en el exterior.
2.3. Haber cumplido con el requisito legal del Servicio Social Obligatorio según la
Ley.
2.4. Los demás requisitos específicos de cada Facultad de Medicina […]”. (Negrilla
fuera del texto)

77. Por lo expuesto anteriormente, no tiene vocación de prosperidad el argumento
de apelación dirigido a cuestionar la garantía del debido proceso por cuanto según
el recurrente, el Ministerio de Educación Nacional no estaba habilitado para aplicar
el criterio de evaluación académica, toda vez que como se trata de la convalidación
de un título correspondiente a postgrado médico – quirúrgico, el cual tiene un
requisito específico, era totalmente adecuada su aplicación cuando se presenta
incertidumbre sobre el título que se va a convalidar.

26
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-24-000-2009-00376-00.
27
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 11001-03-24-000-2010-00166-00.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Rad. 11001-03-24-000-2009-00355-00.
29
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-24-000-2014-00343-00.
30
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. 11001-03-24-000-2014-00343-00.
31
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
15”, folio 507, 017CD FOLIO 507 documento denominado: “Especialidades Médicas Tomo 2 7202020115626 AM.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

78. Ahora bien, en relación con el argumento de apelación relacionado con la falsa
motivación e infracción de las normas en que deberían fundarse los actos
administrativos, como orden metodológico se analizarán los cuestionamientos que
tienen que ver con el análisis de los criterios que el recurrente considera debieron
ser aplicados.

(ii) La presunta falsa motivación e infracción de las normas en que deberían
fundarse los actos administrativos

79. El recurrente disiente de la decisión de primera instancia, toda vez que considera
que el documento denominado “[…] Especialidades Médico – Quirúrgicas en
Medicina […]” son recomendaciones o sugerencias que se pueden acatar o
inobservar, porque no tiene la fuerza vinculante que implique su obligación.

80. Esta Corporación ha señalado que la falsa motivación como causal de nulidad
del acto administrativo se configura cuando los fundamentos de hecho o de derecho
que exteriorizan la voluntad de la administración: i) son falsos; ii) resultan contrarios
a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) no justifican
la decisión, o iv) cuando el autor ha conferido a los motivos un alcance que no
tienen32.

81. En relación con la infracción de las normas en que deberían fundarse los actos,
esta Corporación señaló que consiste en la violación de normas superiores por: i)
su falta de aplicación; ii) aplicación indebida; e iii) interpretación errónea33.

82. En providencia del 2 de mayo de 201134 se consideró que se infringe de manera
directa la ley, por falta de aplicación, cuando se ignora la existencia de la norma, o
porque a pesar de conocerla, no se aplica a la solución del caso. En cuanto a la
aplicación indebida, señaló que se presenta cuando el precepto que se hace valer
se usa o aplica a pesar de no ser el pertinente para resolver el asunto. Y, sostuvo
que se presenta una interpretación errónea, cuando se le asigna a la norma un
sentido o alcance que no le corresponde.

83. La anterior causal está íntimamente relacionada con la falsa motivación de los
fundamentos de derecho del acto acusado. Es por esto que el Consejo de Estado
señaló que la causal de nulidad de falsa motivación por error de derecho se
configura cuando la administración desconoce los supuestos jurídicos que deben
fundamentar la decisión administrativa por alguno de los siguientes motivos: i) por
inexistencia de la norma invocada por la autoridad, ii) por ausencia de relación entre
la norma invocada por la entidad y los hechos objeto de su decisión y iii) por errónea
interpretación35.

32
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016, radicación núm. 250002324000200800265-01. M.
P. María Claudia Rojas Lasso; y sentencia del 08 de junio de 2018 radicación núm. 11001-03-24-000-2009-00499-00. M. P.:
Hernando Sánchez Sánchez.
33
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 18 de marzo de 2021. Rad. 17001-23-33000-2016-00265-01 (23743),
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
34
Sala Especial Transitora de Decisión, Rad.. 2003-00572, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta en descongestión de la Sección Primera.
Proceso: 0500123-31-000-2007-03305-01. Sentencia del 12 de abril de 2018. CP: Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

84. En el caso concreto, la Resolución 5547 de 2005 determina que para la
convalidación de títulos correspondientes a postgrados médico – quirúrgicos se
deben tener en cuenta los criterios definidos en el documento “[…] Especialidades
Médico – Quirúrgicas en Medicina […]”, publicado por el Ministerio de Educación
Nacional; es decir, que los requisitos señalados en dicho documento no son
potestativos y sin su cumplimiento no se puede convalidar el título que se solicita.

85. Ahora bien, el recurrente alega que se debió convalidar directamente por cuanto
se configura la aplicación del criterio de convenio de reconocimiento de títulos
debido a la Ley 147 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de
Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación
Primaria, Media y Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Argentina", suscrito en Buenos Aires el 3 de diciembre de
1992”.

86. Igualmente, porque el título se obtuvo en un programa acreditado en el país de
procedencia o nivel internacional, en consecuencia, se cumplía con el segundo
criterio.

87. Sin embargo, se reitera, que al ser una especialidad de la medicina en la que
luego de revisada la documentación, la cartera ministerial determinó que no se
cumplió con el requisito determinado en el parágrafo, era viable la aplicación del
criterio de evaluación académica, por cuanto existía incertidumbre sobre el nivel
académico de los estudios.

88. Respecto del caso similar que alega el recurrente, la resolución mencionada
indica que este debe cumplir con los siguientes requisitos: i) debe tratarse del mismo
programa; ii) ofrecido por la misma institución; y iii) con una diferencia entre las
fechas de otorgamiento de los dos títulos que no podrá exceder de 8 años.

89. Los casos que obran en el proceso y que están identificados con los radicados:
CNV-2015-3263, CNV-2015-4076, CNV-2015-4094 Y CNV-2015-4222, en los que
se profirieron las resoluciones de convalidación, estas fueron expedidas en vigencia
la Resolución 6950 de 2015, en la que se determinó en el artículo 5 que: “[…] para
efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud, todos éstos deberán
someterse a evaluación académica por parte de la Sala del Área de Ciencias de
la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior —CONACES- sin perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar
un concepto adicional a las asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así
se requiera […]”. (Negrilla fuera de texto)

90. Se destaca que, en el expediente número 2015-422236 en el que se adelantó el
proceso de solicitud de convalidación del señor Sebastián Campbell Quintero, se
resolvió por medio de la Resolución 07288 de 18 de abril de 2016, convalidar y
reconocer la especialidad en cardiología. Se evidencia que realizó una residencia
en medicina interna en el programa de la especialidad así:

36
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: 011CD 2 FOLIO 477.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2016 00407 01
Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

91. En consecuencia, el organismo evaluador lo identificó y manifestó en el concepto:

92. También obra en el expediente el caso número CNV-2015-326337 del señor Jhon
Paul Gamboa Durán, respecto del cual, se expidió la Resolución 12830 de 27 de
junio de 2016, en el que se resolvió no convalidar el título de especialista en
cardiología, en la parte considerativa del acto administrativo se determinó:

93. Además, en el caso número CNV-2015-407638 del señor José Miguel Arroyo
Muñoz, la CONACE verificó que “[…] certificado del Ministerio de Salud de Argentina
en el cual consta que inició el 1 de junio de 2013 y concluyó el 31 de mayo de 2015
su formación como cardiólogo y certificado del Ministerio de Salud de Argentina en
el cual consta que inicio el 1 de septiembre de 2009 y concluyó el 31 de mayo de
2013 su formación en Medicina Interna. El proceso formativo que adelantó el
convalidante resulta equivalente a lo desarrollado en los programas de la
especialidad que se ofrecen en Colombia […]”, se resolvió convalidar el título de
especialista en cardiología.

37
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: 011CD 2 FOLIO 477.
38
Cfr. Índice 15, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: 011CD 2 FOLIO 477.

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Demandante: Andrés Alfonso Díaz Garzón

94. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el cargo de falsa motivación
e infracción de las normas en que debería fundarse, por las razones expuestas por
el demandante no prospera, pues no se desvirtuó la veracidad de las
consideraciones plasmadas en los actos administrativos demandados. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia recurrida.

95. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, sobre
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de marzo de 2021 proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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