Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00478-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00478-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2016-00478-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00478-00
Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
TESIS: SE NIEGAN LAS PRETENSIONES. LOS ACTOS QUE NEGARON LA
CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO EXTRANJERO SE AJUSTAN A DERECHO. EL
MINISTERIO APLICÓ EL RÉGIMEN EN EL ÁREA DE LA SALUD, FUNDÓ SU
DECISIÓN EN CONCEPTOS TÉCNICOS REGULARMENTE RECAUDADOS. NO
SE ACREDITARON LOS CARGOS DE LA DEMANDA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor
HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA, a través de apoderado judicial,
tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones 01993 de 16
de febrero de 2015, «Por medio de la cual se resuelve una
solicitud de convalidación»; 06120 de 6 de mayo de 2015, «Por
medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 01993 del 16 de febrero de 2015»; y
14462 de 8 de septiembre de 2015, «Por medio de la cual se
resuelve un recurso de apelación», expedidas por el MINISTERIO
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00478-00
Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
DE EDUCACIÓN NACIONAL1, por medio de las cuales se le negó
actor la convalidación del título de médico especialista en oncología que
le otorgó la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de
los Buenos Aires.
I.- LA DEMANDA
I.1. El señor HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA, por conducto de
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener
las siguientes declaraciones:
«[…] A TÍTULO DE NULIDAD
Se decrete la nulidad de la Resolución No. 01993 del 16 de febrero
de 2015 expedida por la Dra. YEANNETE GILEDE GONZÁLEZ
subdirectora de Aseguramiento de Calidad para la Educación
Nacional “por medio de la cual se resuelve una solicitud de
convalidación”.
Se decrete la nulidad de la Resolución No. 06120 del 6 de mayo
de 2015 “expedida por la Dra. YEANNETE GILEDE GONZÁLEZ
subdirectora de Aseguramiento de Calidad para la Educación
Nacional “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. 01993 del 16 de febrero de
2015”.
Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 14462 del 08 de
septiembre de 2015 expedida por el Dr. FELIPE MONTEZ JIMENES
director de Calidad para la Educación Nacional “Por medio de la
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En adelante el MINISTERIO.
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
cual se resuelve un recurso de apelación”. Notificada por aviso en
la página web del Ministerio de Educación Nacional, el 12 de
febrero de 2016.
A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional, a convalidar el
título de “Médico Especialista en Oncología Clínica” otorgado por
la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires, el 7 de julio de 2014 al doctor HERNANDO JOSÉ
CÓRDOBA VEGA (sic) […]».
I.2.- El actor, señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
Que el 5 de septiembre de 2014, el actor presentó ante el
MINISTERIO la solicitud de convalidación del título de médico
especialista en oncología que le otorgó la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires, la cual se le negó mediante
la Resolución 01993 de 16 de febrero de 2015, expedida por el
subdirector de aseguramiento de la calidad de la educación. Señaló que
la solicitud se decidió bajo el criterio de convalidación, por lo que contra
su negativa interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
Indicó que el recurso de reposición se resolvió mediante la Resolución
06120 de 6 de mayo de 2015, en el sentido de confirmar la decisión
objeto de recurso, razón por la que el MINISTERIO procedió a
conceder en forma subsidiaria el recurso de apelación ante el director
de calidad de la educación superior.
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
Manifestó que en Resolución 14462 de 8 de septiembre de 2015,
notificada mediante aviso de 12 de febrero de 2016, el director de
calidad de la educación superior confirmó la decisión de negar la
convalidación.
Informó que el 28 de enero de 2016, el actor presentó ante el director
de calidad de la educación superior del MINISTERIO una solicitud de
nulidad de la actuación administrativa que se adelantó con motivo de
la solicitud de convalidación, al considerar que se aplicó en forma
indebida el criterio de evaluación académico previsto en el artículo 3
de la Resolución 5547 de 2005.
Aclaró que la solicitud de nulidad se presentó sin tener conocimiento
de que la Resolución 14462 de 8 de septiembre de 2015, «Por medio
de la cual se resuelve un recurso de apelación», se encontraba en
el trámite de la notificación por aviso.
El 19 de febrero de 2016, el actor presentó ante el director de calidad
de la educación superior del MINISTERIO una nueva solicitud de
nulidad, la cual se fundamentó en que, la Resolución 14462 de 8 de
septiembre de 2015 no decidió la nulidad de la actuación administrativa
que presentó dentro del trámite de notificación por aviso de la
resolución antes citada.
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
Adujo que el director de calidad de la educación superior del
MINISTERIO negó las solicitudes de nulidad argumentando lo
siguiente: i) el criterio de evaluación académica no se aplicaba de
manera residual, cuando la convalidación no se enmarca en otro
criterio, sino además cuando no se tenga certeza del nivel de estudios
que se está convalidando o su denominación y, ii) al haberse agotado
la vía gubernativa no es procedente realizar un nuevo estudio de
convalidación.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Sostuvo que los actos administrativos acusados de nulidad vulneraron
el debido proceso, pues el MINISTERIO accedió a 9 solicitudes de
convalidación iguales a las del actor en los últimos 8 años. Adujo que
el MINISTERIO negó la solicitud de convalidación con fundamento en
los siguientes argumentos:
➢ El artículo 2 de la Resolución 5547 de 2015 y el artículo 178 del
Decreto 019 de 2012, estableció que uno de los criterios de
convalidación de títulos de educación superior otorgados por
universidades extranjeras era el de «evaluación académica».
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➢ La CONACES emitió un concepto desfavorable para la convalidación
al considerar que «además de presentar un año de concurrencia
con la especialidad de medicina interna (ya convalidada) es que el
tiempo destinado a la formación en oncología clínica (1752 horas)
es muy inferior y no equivalente al del programa ofrecido en
Colombia, que tiene 2 años de duración y 162 créditos académicos
a 7776 horas de actividades teórico prácticas como residentes de
la especialidad, posteriores a la celebración del título de especialista
en medicina interna».
➢ La solicitud de convalidación no se podía adelantar bajo el criterio
de caso similar, como fueron convalidados los títulos de los señores
Javier Alberto Granados Gómez y Oswaldo Patemina porque dichos
títulos fueron convalidados por caso similar.
➢ La concurrencia entre los estudios de especialista en medicina
interna y el programa de oncología clínica hacía disminuir la
dedicación práctica del tiempo completo que se le debía dedicar a
cada especialidad.
El actor adujo que los argumentos expuestos por el MINISTERIO para
negar la convalidación eran contradictorios, para lo cual citó el caso del
médico Alejandro Salim Abuchar Alemán, quien obtuvo concepto
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favorable de convalidación y también cursó simultáneamente el
programa de medicina interna en la Escuela Argentina de Medicina
Interna.
Destacó que se vulneró el debido proceso al no darse aplicación a la
Ley 147 de 13 de julio de 1994, «POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA
EL “CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS,
TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, MEDIA
Y SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Señaló que el criterio de convalidación de «evaluación académica»
procedía únicamente si el título objeto de la solicitud no se podía
convalidar por el criterio de «programa o institución acreditada», su
equivalente en el país de procedencia o el criterio denominado «caso
similar», sino existía certeza respecto del nivel académico de los
estudios que se estaban convalidando o su denominación.
Sostuvo que en el trámite de convalidación el MINISTERIO debía
expresar con claridad cuál era el criterio de convalidación que iba a
aplicar, al igual que las razones por las que aplicaba uno y no otro,
como garantía del debido proceso.
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Señaló que se vulneró el debido proceso ante el desconocimiento de lo
previsto en el artículo 3 de la Resolución 5547 de 2005, el cual
establecía que «Si el título procede de alguno de los países con los
cuales el Estado colombiano ha ratificado convenios de convalidación
de títulos, éstos serán convalidados en un término no mayor a dos (2)
meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida».
Indicó que el MINISTERIO interpretó de forma errada el artículo 3 de
la Resolución 5547 de 2005, pues en dicha disposición no se estableció
que los títulos en el área de la salud únicamente podrían ser
convalidados bajo el criterio de evaluación académica, por lo que se le
negó al actor la posibilidad de que su solicitud de convalidación fuera
estudiada bajo alguno de los siguientes criterios: i) convenio de
reconocimiento de títulos, ii) programas o institución acreditadas o su
equivalente en el país de procedencia y, iii) caso similar.
Indicó que la solicitud de convalidación podía resolverse
favorablemente dando aplicación a lo previsto en el artículo 178 del
Decreto 019 de 2012, «que en concepto del suscrito había derogado el
artículo 3 de la Resolución núm. 5547 de 1o. de diciembre de 2005, en
la medida en que el citado decreto anti trámites no hizo distinción entre
los programas que fueran objeto de convalidación, es decir, que el
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artículo 178 del Decreto 019 de 2012 no estableció un criterio especial
o determinado para el estudio de la convalidación de programas de
salud como en apariencia lo establece el artículo 3 de la Resolución
Nro. 5547 del 1º de diciembre de 2005».
Finalmente, señaló que se vulneró el artículo 18 de la Ley 1164 de
2007, «Por la cual se dictan disposiciones en materia de Talento
Humano en Salud», pues el principal criterio para la convalidación de
títulos de educación superior en el área de la salud eran los acuerdos
o convenios internacionales suscritos por Colombia.
II.3.- Contestación
El MINISTERIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, pues consideró que los actos administrativos acusados de
nulidad estaban ajustados a derecho, dado que, de conformidad con
lo previsto en los artículos 30 de la Resolución 5547 de 2005 y 178 del
Decreto 019 de 2012, unos de los criterios aplicables para efectos de
la convalidación de títulos de educación superior otorgados por
instituciones extranjeras era la evaluación académica, según la cual
«si el título que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno
de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el
nivel académico de los estudios que se están convalidando, o su
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denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación
académica».
Adujo que en el examen de legalidad se evaluaban aspectos como la
naturaleza jurídica de la institución que otorgó el título, la naturaleza
jurídica de dicha institución y la metodología bajo la cual se desarrolló
el programa académico que cursó el solicitante. Agregó que con el
examen académico los expertos determinaban que éstos fueran
razonablemente equivalentes a los ofrecidos en Colombia para lo cual
tenían en cuenta el contenido del programa, la intensidad horaria, el
número de créditos y los trabajos de investigación, de ser el caso.
Señaló que en uso del criterio de evaluación académica que se
desprendía del análisis del artículo 3°, numeral 4, de la Resolución
5547 de 2005, el MINISTERIO procedió a remitir el expediente de
convalidación ante la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la cual
conceptuó en sala de 18 de diciembre de 2014, lo siguiente:
«[…] En el presente caso, el estudio de los requisitos para la
convalidación determinó que los estudios realizados además de
presentar un año de concurrencia con la especialidad de medicina
interna (ya convalidada), es que el tiempo destinado a la
formación en oncología clínica (1752 horas) es muy inferior y no
equivale al del programa ofrecido en Colombia, que tiene 2 años
de duración y 162 créditos académicos equivalentes a 7776 horas
de actividades teórico – prácticas como residente de la
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especialidad, posteriores a la obtención del título de Especialista
en Medicina Interna […]».
Consideró que la convalidación dependía de que el título y la institución
superaran el examen legal y académico previsto en el ordenamiento
jurídico, por lo que en el caso del actor no era procedente acceder a la
solicitud de convalidación, dado que no se cumplió con la intensidad
horaria prevista en Colombia para la especialidad de oncología clínica.
II.4. Audiencia inicial. El Despacho Sustanciador, mediante proveído
de 6 de mayo de 20222, dio aplicación a lo previsto en el artículo 182A
de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42
de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, por lo que prescindió de
realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA,
fijó el litigio3 y resolvió sobre las pruebas aportadas por las partes.
Posteriormente, en auto de 3 de junio de 20224 corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
2
Visible en el índice 75 del expediente digital.
3
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 01993 de 16 de febrero de 2015,
06120 de 6 de mayo de 2015 y 14462 de 8 de septiembre de 2015 desconocieron los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13,
26, 29, 54, 67, 68, 69, 70, 71, 152 y 209 de la Constitución Política; 3º de la Resolución 5547 de 1º de
diciembre de 2005; 18 de la Ley 1164 de 2007; 178 del Decreto 019 de 2012 y la Ley 147 de 13 de julio de
1994, conforme a lo expuesto por el actor a folios 81 a 116 del cuaderno físico principal y a lo respondido por
la parte demandada a folios 131 a 135 ibidem […]».
4
Visible en el índice 83 del expediente digital.
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II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- La parte actora5 en su escrito de alegatos de conclusión
solicitó declarar la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia,
convalidar el título de especialista en oncología que le otorgó la
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos
Aires, dado que los argumentos expuestos por el MINISTERIO en
dichos actos eran contradictorios y vulneraban el derecho a la igualdad,
pues a 7 personas que estudiaron medicina interna y al mismo tiempo
oncología clínica sí se les convalidó este último título.
Sostuvo que la evaluación académica que se realizó dentro del trámite
de convalidación que solicitó el actor presentaba las siguientes
inconsistencias:
«[…] - No estableció los criterios aplicables para la misma, es decir,
(i) no quedó definido cuales eran los criterios académicos a exigir.
• En comparación a qué plan de estudio y que qué universidad se
haría la evaluación académica (sic).
• Porqué el plan de estudio cursado por el doctor Córdoba Vega no
cumplía las exigencias ante un determinado plan de estudio ofrecido
en Colombia.
• Cuál es el plan de estudio y ofrecido por qué universidad exige el
cumplimiento de una cantidad determinada de horas en la oncología
clínica en Colombia […]».
5
Visible en el índice 89 del expediente digital.
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Señaló que el MINISTERIO en el trámite del recurso de apelación
incluyó como nuevo argumento que el solicitante solo había
profundizado un año en conocimientos de oncología clínica y sugirió
realizar estudios complementarios en ciertas áreas del conocimiento,
sin mencionar cuáles.
Indicó que las exigencias académicas de la especialización en oncología
clínica de la Universidad del Bosque eran equivalentes a las que
acreditó el actor dentro del trámite de convalidación, por lo que
consideró que la evaluación académica no se ajustó a lo ofrecido el
Colombia ni a lo que aportó el solicitante.
Finalmente, cuestionó que existieran conceptos diferentes de la
CONACES en trámites de convalidación que, según el actor, tenían las
mismas características.
II.5.2- El MINISTERIO6 reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de contestación de la demanda, haciendo especial énfasis en
que la evaluación académica que se realizó con fundamento en los
documentos que aportó el actor dentro del trámite de convalidación se
fundamentó en el criterio de expertos académicos, de conformidad con
6
Visible en el índice 89 del expediente digital.
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lo previsto en los artículos 5 de la Resolución 21707 de 2014 y 5 de la
Resolución 06950 de 2015.
Adujo que las resoluciones 21707 de 2014 y 06950 de 2015, aplicables
para la fecha del trámite de convalidación que adelantó la parte
demandante no establecen como criterio de convalidación el
«programa o institución acreditados o su equivalente en el país», por
lo que no era procedente la aplicación de ese criterio.
Resaltó que el área de la salud era un campo que causaba un impacto
directo a la sociedad, por lo que era obligación del Estado cerciorarse
de la idoneidad de los profesionales que ingresaban al país a ejercer
sus estudios, teniendo como principio el interés social el cual es
definido por esta autoridad administrativa como el derecho de la
sociedad colombiana de contar con profesionales con las más altas
aptitudes para ejercer una determinada profesión.
Respecto de la infracción del artículo 18 de la Ley 1164 de 2007, adujo
que la mencionada disposición señalaba los requisitos para el ejercicio
de las profesiones y ocupaciones del área de la salud, pero no
establecía algún criterio de evaluación aplicable al proceso de
convalidación, pues señalaba era un requisito para ejercer las
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profesiones relacionadas con el área de la salud, esto es, la
convalidación de títulos obtenidos en el extranjero.
Frente a la aludida vulneración del debido proceso, indicó que la
evaluación surtida por la CONACES se llevó a cabo con observancia de
los documentos aportados en el trámite de convalidación y el recurso
interpuesto por el recurrente, de conformidad con lo previsto en el
artículo 167 del Código General del proceso.
Finalmente, afirmó que los actos acusados estaban ajustados al
principio de legalidad, pues el proceso de convalidación gozó de las
garantías propias del debido proceso administrativo, en el que se le
concedió al solicitante la oportunidad para ejercer su derecho de
defensa y contradicción, permitiéndole la interposición de los recursos
procedentes.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Los actos acusados
En el caso en concreto, la parte actora solicitó la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
• «[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 01993
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(16 DE FEB. 2015)
Por la cual se resuelve una solicitud de convalidación
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
en ejercicio de las atribuciones legales y en especial las que
confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución
No. 5515 del 16 mayo de 2013.
CONSIDERANDO:
Que Hernando José Córdoba Vega, ciudadano colombiano (…),
presentó para su convalidación de título de médico especialista en
oncología clínica, otorgado el 7 de julio de 2014 por la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires
Argentina, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación
Nacional con el No. 2014ER143150-54831/14.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009,
corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los
títulos de educación superior otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.
Que en virtud del artículo 3º de la Resolución 5547 del 1º de
diciembre de 2005 y 178 del Decreto 019 de 2012, unos de los
criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de
educación superior otorgados por institucione extranjeras es el de la
Evaluación Académica, el cual establece que “Si el título que se
somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza del nivel académico
de los estudios que se están convalidando, o su denominación, se
someterá la documentación a proceso de evaluación académica”.
Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior, CONACES, la cual emitió concepto académico desfavorable
el 18 de diciembre de 2014, en los siguientes términos:
“3. CONCEPTO TÉCNICO
Concepto (convalidar, no convalidar, aplazar)
No convalidar
Argumentación
Como bien lo anota el mismo convalidante; las razones de la Sala
de Evaluación de Ciencias de la Salud de CONACES para NO
RECOMENDAR la convalidación del título solicitado, además de
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presentar un año de concurrencia con la especialidad de Medicina
Interna (ya convalidada), es que el tiempo destinado a la formación
en Oncología Clínica (1752 horas) es muy inferior y no equivale al
del programa ofrecido en Colombia, que tiene 2 años de duración y
162 créditos académicos equivalentes a 7776 horas de actividades
teórico – prácticas como residente de la especialidad, posteriores a
la obtención del título de Especialista en Medicina Interna”.
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de
haber estudiado la documentación presentada, se concluye que no
es procedente la convalidación solicitada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la convalidación del título de Médico
Especialista en Oncología Clínica, otorgado el 7 de julio de 2014 por
la Pontificia Universidad Católica de Argentina Santa María de los
Buenos Aires Argentina, a Hernando José Córdoba Vega, ciudadano
colombiano, identificado con cédula de ciudadanía (…)
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y contra la misma proceden los recursos de
ley, los cuales deberán ser interpuestos dentro del plazo de diez (10)
días establecido por el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 […]».
• «[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 06120
(06 MAYO 2015)
Por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución 01993 del 16 de febrero de 2015.
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que
confiere el Decreto 5012 de 2009 y las resoluciones No. 2763 del
13 de noviembre de 2003 y No. 9926 del 31 de julio de 2013.
CONSIDERANDO
(…)
DEL CASO EN CONCRETO
(…)
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18
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00478-00
Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
La inconformidad del recurrente frente a la Resolución 01993 de
2015, está expresamente dirigida a que se acceda a la convalidación
del título por aplicación de casos similares que se derivan de las
convalidaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional
en los casos de los señores Javier Alberto Granados Gómez, Oswaldo
Mario Paternina y hace mención al señor Iván Díazgranados (sic),
puesto que, según afirma, todos son médicos Especialista en
Oncología Clínica y que se encuentran en la misma situación con
ellos, de lo cual debería darse aplicación al caso similar, para el
efecto se analizará lo siguiente:
En relación con el criterio de convalidación por caso similar es
pertinente acotar que – tanto en la Resolución 5547 de 2005, como
en la 21707 de 2014 que la derogó – existen unos presupuestos para
que esto pueda ser viable, y son: i) Debe tratarse del mismo
programa académico, es decir, deben tener expresamente la misma
denominación, ii) Debe tratarse de la misma institución que otorgó
el título y iii) Debe existir una diferencia entre las fechas de
otorgamiento de los títulos y su respectiva resolución no superior a
ocho (8) años.
(…)
De la misma normatividad mencionada anteriormente, se entiende
claramente que para que se pueda aplicar un caso similar, (adicional
a los tres presupuestos mencionados), el caso previo debió haberse
sometido al criterio de evaluación académica por parte del Ministerio
de Educación Nacional o del ICFES, razón por la que se debe
entender que solo los casos que fueron sometidos al criterio de
evaluación académica son los que sirven como sustento para
aplicarse como casos similares.
En efecto, y analizado los casos que el recurrente afirma son
similares, se encuentra que estos no pueden ser aplicados, puesto
que por un lado, el caso del señor Javier Alberto Granados Gómez
fue convalidado a través del criterio de caso similar al igual que el
caso del señor Oswaldo Paternina Suárez, y por otro lado, en el
sistema de convalidaciones se encuentra que el señor Iván
Diazgranados Fernández no se le ha convalidado el título de
especialista en Oncología Clínica.
(…)
Cabe anotar que el caso del recurrente se sometió a evaluación académica
con un posible caso similar que este Ministerio había evaluado
anteriormente: así las cosas, el estudio académico se realizó teniendo en
cuenta el caso que finalizó con la Resolución 6241 de 2014, en la que
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00478-00
Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
el Ministerio de Educación Nacional accedió a convalidar un título de
MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA CLINICA, proveniente de la
misma institución de educación superior y con una diferencia de
tiempo -entre las fechas de otorgamiento de los títulos - no superior
a 8 años. No obstante, y como lo estableció la sala, existe una
particularidad que hace que el caso analizado no desemboque en un
concepto favorable, y consiste en la concurrencia entre los estudios de la
Especialidad de Medicina Interna y el Programa de Oncología Clínica que
hace que disminuya la dedicación práctica de tiempo completo que se le
debe entregar a cada especialidad.
Es conveniente manifestar que la razón para someter a Evaluación
Académica el asunto sub examine está íntimamente ligado a la
necesidad y responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional -
como entidad encargada, entre otras funciones-. de ejercer la
inspección y vigilancia de las Instituciones de Educación Superior en el país,
con la particularidad de que como no le es posible ejercer dicho control
sobre los títulos de educación extranjera, es necesario, lógico y
viable que se encargue de ejercer el control sobre los títulos que
convalida para determinar la idoneidad de los mismos (…).
(…)
En efecto, para surtir el análisis sobre la convalidación del título de idoneidad
del convalidante, el Ministerio de Educación Nacional se soporta en el
criterio de pares expertos académicos de la Comisión Nacional
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior CONACES-, que posean el conocimiento requerido y la
amplia experiencia para determinar si el titulo sometido a
convalidación tiene la formación que en Colombia se exige
(considerando todos los aspectos como duración, contenidos
curriculares, metodología, orientación de las asignaturas entre
otros), y así poder establecer si la persona desarrolló las amplias
competencias (teórico – prácticas) necesarias para ejercer un tipo de
profesión como la de Especialista en Oncología Clínica, que implica un riesgo
social.
De este modo, la aplicación del caso similar bajo las condiciones anotadas
no puede ser viable, ya que cada caso conlleva su propia complejidad y
situaciones particulares específicas que hacen necesario el análisis
del caso concreto de forma independiente, cuando se observe que,
de convalidar el título por aplicación de un caso similar, se esté
exponiendo a la sociedad a afrontar un riesgo social que surge de la
no exigencia de títulos de idoneidad conforme a los requerimientos
y exigencias que, para el efecto, sí se demanda de las profesiones
que se ofertan en Colombia.
CONSIDERACIONES FINALES
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00478-00
Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
Siendo un aspecto eminentemente técnico - académico el
desarrollado por la respectiva sala de la CONACES en la relacionado
con el análisis académico en el que se determinó que la concurrencia
de especialidades y la dedicación en tiempo práctico al programa no
daba certeza sabre la idoneidad del título obtenido, el Despacho
considera pertinente reiterar su posición frente a lo que ya estuvo
decidido.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior procederá a CONFIRMAR la Resolución 01993 del 16 de
febrero de 2015.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 01993 del 16 de
febrero de 2015, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional
decidió “Negar la convalidación del título de MÉDICO ESPECIALISTA
EN ONCOLOGÍA CLÍNICA, OTORGADO EL 7 DE JULIO DE 2014 POR
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ARGENTINA SANTA
MARÍA DE LOS BUENOS AIRES ARGENTINA, A HERNANDO JOSÉ
CÓRDOBA VEGA, ciudadano colombiano, identificado con cédula de
ciudadanía (…)”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Concédase el recurso de apelación ante la
Dirección de Calidad de la Educación Superior […]»
• «[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 14462
(08 SET. 2015)
Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación
El DIRECTOR DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le
confiere el Decreto 5012 de 2009, Resoluciones Nos.2763 de 13 de
noviembre de 2003, 16280 de 2 de octubre de 2014 y 06950 de 15
de mayo de 2013, y
CONSIDERANDO
(…)
Empero el Ministerio de Educación Nacional no se sustrae de la
obligación de hacer el análisis respectivo del caso específico, y en
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
esa medida se procedió a aplicar nuevamente uno de los criterios
para la convalidación de títulos, es así como dentro de los criterios
que ha venido manejando este Ministerio para la convalidación de
títulos están: (i) acreditación académica, (ii) caso similar y (iii)
evaluación académica, siendo éste último el criterio empleado
para asegurar la correcta decisión de los casos que requieren de un
análisis profundo en procura de asegurar la idoneidad de los títulos
otorgados en el exterior, conforme a las exigencias legales que se
hacen a los programas académicos ofertados por las instituciones de
educación superior colombianas en aras de garantizar la idónea
formación.
Es así como una vez recibido el recurso interpuesto por el
convalidante, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, en aras de cumplir con las funciones que le han
sido asignadas en virtud de la Ley y en cumplimiento de sus
objetivos, sometió a evaluación académica el asunto materia de
impugnación, y con fecha el 8 de abril de 2015, se emitió concepto
en el que la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior —CONACES-, se pronunció
de la siguiente manera:
“En comunicación del 22 de marzo de 2015 presenta apelación
en la cual no aporta nueva documentación y solicita el derecho
a la igualdad en convalidación por caso similar. Al revisar el caso
presentado por el convalidante se observa que dicha persona no
entró en concurrencia de formación, pues egresó como
Especialista en Medicina Interna en el mes de septiembre de
2010, cursando posteriormente dos años de oncología clínica.
3. CONCEPTO TÉCNICO
Concepto
No Convalidar
Argumentación:
Los programas que se ofrecen en Colombia de oncología clínica
tienen una duración mínima de 2 años, para médicos
especialistas en medicina interna. Por la concurrencia
presentada en los dos programas, parte del tiempo que el
convalidante cursó en Oncología ya fue tenido en cuenta para la
convalidación del título de Medicina Interna por parte del
Ministerio de Educación Nacional”.
Cabe anotar que el caso del recurrente se sometió a evaluación
académica con un posible caso similar que este Ministerio había
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evaluado anteriormente, así las cosas, el estudio académico se
realizó teniendo en cuenta el caso que finalizó con la Resolución
6241 de 2014, en la que el Ministerio de Educación Nacional accedió
a convalidar un título de MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGİA
CLÍNICA, proveniente de la misma institución de educación superior
y con una diferencia de tiempo -entre las fechas de otorgamiento de
los títulos - no superior a 8 años. No obstante, y como la estableció
la sala, existe una particularidad que hace que el caso analizado no
desemboque en un concepto favorable, y consiste en la concurrencia
entre los estudios de la Especialidad de Medicina Interna y el
programa de Oncología Clínica que hace que se disminuya la
dedicación práctica de tiempo completo que se le debe entregar a
cada especialidad.
En efecto, para surtir el análisis sobre la convalidación del título de
idoneidad del convalidante, el Ministerio de Educación Nacional se
soporta en el criterio de pares expertos académicos de la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior — CONACES-, que poseen el conocimiento
requerido y la amplia experiencia para determinar si el título
sometido a convalidación tiene la formación que en Colombia se
exige (considerando todos los aspectos como duración, contenidos
curriculares, metodología, orientación de las asignaturas, entre
otros) y así poder establecer si la persona desarrolló las amplias
competencias (teórico - prácticas) necesarias para ejercer un tipo
de profesión como la de Especialista en Oncología Clínica, que
implica un riesgo social.
(…)
4.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes las
Resoluciones Nos. 01993 de 16 de febrero de 2015 y 06120 de 6 de
mayo de 2015, por medio de las cuales la SUBDIRECTORA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUPERIOR,
respectivamente, negó al doctor HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
(…) la convalidación del título de MÉDICO ESPECIALISTA EN
ONCOLOGÍA CLÍNICA, otorgado el 7 de julio de 2014 por la
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MARÏA DE
LOS BUENOS AIRES ARGENTINA, y confirmo la Resolución 01993 de
16 de febrero de 2015 […]».
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
2. Cuestión previa
Previo a determinar el problema jurídico que corresponde, la Sala pone
de presente que la parte actora, en la etapa de alegaciones, presentó
un argumento adicional al expuesto en la demanda, pues indicó que
las exigencias académicas de la especialización en oncología clínica de
la Universidad del Bosque eran equivalentes a las que acreditó dentro
del trámite de convalidación.
Al respecto, la Sala advierte que de conformidad con los artículos 162
y 175 de la Ley 1437 de 2011, el escrito de la demanda y el libelo de
contestación son los instrumentos previstos por el legislador, en los
que se exponen las razones de hecho o de derecho que soportan las
pretensiones, así como los argumentos de oposición a los cargos del
demandante, respectivamente. Según el principio de congruencia, toda
sentencia debe ser coherente con el debate judicial propuesto por las
partes en la demanda y en el escrito de contestación.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
la etapa de alegaciones no constituye la oportunidad procesal para
introducir argumentos nuevos que no fueron planteados en la demanda
o en el escrito de contestación, so pena de afectar garantías
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constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de los
sujetos procesales7.
Por lo anterior, la Sala se abstendrá de pronunciarse del planteamiento
extemporáneo que se planteó en los alegatos respecto de la similitud
en las exigencias académicas de la especialización en oncología clínica
de la Universidad del Bosque con la de la solicitud objeto de
pronunciamiento a través de los actos administrativos acusados de
nulidad en este proceso.
3. Problema jurídico
El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de las
resoluciones 01993 de 16 de febrero de 2015, «Por medio de la cual
se resuelve una solicitud de convalidación»; 06120 de 6 de mayo
de 2015, «Por medio de la cual se decide el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. 01993 del 16 de febrero
de 2015»; y 14462 de 8 de septiembre de 2015, «Por medio de la
cual se resuelve un recurso de apelación», por medio de las cuales
se negó la convalidación del título de médico especialista en oncología
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-
2006-01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
al ciudadano HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA, expedidas por el
MINISTERIO.
4. La convalidación de títulos académicos otorgados en el
extranjero
De conformidad con los artículos 268 y 679 de la Constitución Política,
el Estado tiene la responsabilidad de inspeccionar y vigilar la educación
y el ejercicio de las profesiones. Con el fin de lograr dicho cometido, la
Ley 30 de 28 de diciembre de 199210 definió diferentes mecanismos de
evaluación de calidad de las instituciones y de los programas de
educación superior y conservó la potestad de revisar la equivalencia
entre los estudios cursados en instituciones extranjeras de educación
superior y sus homólogos nacionales.
8
«ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles».
9
«ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular
y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley.
10
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 30 de 1992, el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES tiene la
labor de homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el
exterior, competencia que posteriormente fue trasladada al Ministerio
de Educación Nacional, mediante los Decretos 2230 de 2003, 4675 de
2006, 1306 de 2009 y 5012 de 2009.
En virtud de lo anterior, desde el año 2005 el Ministerio de Educación
Nacional ha expedido una serie de resoluciones en aras de definir el
trámite y requisitos exigibles para la convalidación de títulos de
educación superior otorgados en el extranjero. Así, mediante la
Resolución 5547 de 1o. de diciembre de 2005, «[…] Por la cual se
define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos
otorgados por instituciones de educación superior extranjeras
o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país, para expedir títulos de
educación superior […]», el MINISTERIO señaló las etapas que
debían seguirse en el trámite de solicitud de convalidación, así:
«[…] ARTÍCULO TERCERO. CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
DE PREGRADO Y POSTGRADO. Para efectos de la
convalidación de títulos de pregrado y de postgrado se deberá
hacer una evaluación de la información y en su orden verificar
cuál de los siguientes criterios se aplica para de esta forma
proceder al trámite correspondiente:
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Actor: HERNANDO JOSÉ CÓRDOBA VEGA
1. CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS. Si el
título procede de alguno de los países con los cuales el Estado
colombiano ha ratificado convenios de convalidación de títulos,
éstos serán convalidados en un término no mayor a dos (2)
meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida.
2. PROGRAMA O INSTITUCIÓN ACREDITADOS, O SU
EQUIVALENTE EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. Si la
institución que otorgó el título que se somete a convalidación o
si el programa académico cursado por el solicitante se
encuentran acreditados, o cuentan con un reconocimiento
equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora
de alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel
internacional, se procederá a convalidar el título. En este caso,
el trámite de convalidación se adelantará en un término no
mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida
forma de la documentación requerida.
3. CASO SIMILAR. Cuando el título que se somete a
convalidación, corresponda a un programa académico que
hubiera sido evaluado con anterioridad por el Ministerio de
Educación Nacional o el ICFES, se resolverá aplicando la misma
decisión que en el caso que sirve como referencia. Para tal
efecto, deberá tratarse del mismo programa académico,
ofrecido por la misma institución y con una diferencia entre las
fechas de otorgamiento de los dos títulos que no podrá exceder
los ocho (8) años. En este caso, el trámite de convalidación se
adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados
a partir del recibo en debida forma de la documentación
requerida.
Una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de
soporte a otra convalidación.
4. EVALUACIÓN ACADÉMICA. Si el título que se somete a
convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel
académico de los estudios que se están convalidando, o su
denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica. Este trámite se adelantará en un
término no mayor a cinco (5) meses contados a partir del recibo
en debida forma de la documentación requerida.
PARÁGRAFO. Para efectos de la convalidación de títulos
correspondientes a postgrados médico - quirúrgicos, se
deberán tener en cuenta lo criterios definidos por la comunidad
académica en el documento “Especialidades Médico -
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Quirúrgicas en Medicina”, publicado por el Ministerio de
Educación Nacional […]».
A partir de lo señalado en la citada disposición, en el trámite de
convalidación de títulos de pregrado y postgrado se deberá verificar si
procede para la convalidación uno de los siguientes criterios: i)
convenio de reconocimiento de títulos; ii) programa o institución
acreditados, o su equivalente en el país de procedencia; iii) caso
similar; y iv) evaluación académica.
Como lo mencionó esta Sección en la sentencia de 2 de mayo de
202511, el procedimiento de convalidación «[...] implica la realización
de un riguroso examen de legalidad y una valoración académica de los
estudios cursados, a efectos de determinar la naturaleza jurídica de la
institución de educación superior en la cual se cursaron los estudios,
el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la metodología bajo la
cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual se
dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa
comprobación de que los títulos que ostentan son equivalentes a los
conferidos en nuestro país [...]»12.
11
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Rad. 11001-03-24-000-2016-00230-00.
12
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 11001-
03-24-000-2010-00166-00.
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5. Caso concreto
En este asunto, la Sala advierte que a través de los actos
administrativos acusados el MINISTERIO negó la solicitud de
convalidación del actor al considerar que no se cumplió con el criterio
de la evaluación académica, dado que el actor cursó en forma
concurrente la especialidad de medicina interna, ya convalidada, con
la de oncología clínica, la cual no se convalidó, dado que el número de
horas, esto es, 1.752 era muy inferior a los programas ofrecidos en
Colombia, los cuales tenían 2 años de duración y 162 créditos
académicos, equivalentes a 7.776 horas de actividades teórico –
prácticas como residente de la especialidad, posteriores a la obtención
del título de especialista en medicina interna.
El demandante argumentó que se le vulneró su derecho al debido
proceso, dado que existían casos similares en los que el MINISTERIO
sí accedió a la solicitud de convalidación, situación que implicaba un
trato desigual a quienes se encontraban en las mismas situaciones de
hecho y de derecho.
Sobre el particular, la Sala considera que el MINISTERIO estaba
habilitado por el parágrafo del artículo 3° de la Resolución 5547 de 1o.
de diciembre de 2005 para aplicar directamente el criterio de
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evaluación académica, el que señala que para «[…] efectos de la
convalidación de títulos correspondientes a postgrados médico -
quirúrgicos, se deberán tener en cuenta lo criterios definidos por la
comunidad académica en el documento “Especialidades Médico -
Quirúrgicas en Medicina”, publicado por el Ministerio de Educación
Nacional […]».
En efecto, en un caso de similares características la Sala consideró lo
siguiente13:
«[…] 68. El proceso de convalidación de títulos que adelantó el
Ministerio de Educación Nacional, para el caso concreto, se
realizó de conformidad con la Resolución 5547 de 1 de
diciembre de 2005.
69. En relación con los criterios aplicables para la convalidación
de títulos de pregrado y postgrado, el artículo tercero de la
mencionada resolución, determina que se “[…] deberá hacer
una evaluación de la información y en su orden verificar cuál
de los siguientes criterios se aplica para de esta forma proceder
al trámite correspondiente […]” y de manera ordenada se
verificará si procede para la convalidación uno de los
siguientes: i) convenio de reconocimiento de títulos; ii)
programa o institución acreditados, o su equivalente en el país
de procedencia; iii) caso similar; y iv) evaluación académica.
(…)
70. (…) el Ministerio de Educación Nacional señaló que uno de
los criterios aplicables para efectos de la convalidación de
títulos de educación superior es el de evaluación académica, el
cual establece que “[…] si el título que se somete a
convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel
académico de los estudios que se están convalidando, o su
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio de
2025, Rad. 250002341000-2016-00407-01, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica […]”.
(…)
75. La Sala considera que, en relación con este trámite, el
ministerio estaba habilitado por el parágrafo del del artículo 3
de la Resolución 5547 de 1 de diciembre de 2005 para aplicar
directamente el criterio de evaluación académica que el
parágrafo citado señala que para “[…] efectos de la
convalidación de títulos correspondientes a postgrados médico
• quirúrgicos, se deberán tener en cuenta lo criterios definidos
por la comunidad académica en el documento “Especialidades
Médico - Quirúrgicas en Medicina”, publicado por el Ministerio
de Educación Nacional […]”, los cuales deben ser tenidos en
cuenta para la convalidación.
(…)
85. Ahora bien, el recurrente alega que se debió convalidar
directamente por cuanto se configura la aplicación del criterio
de convenio de reconocimiento de títulos debido a la Ley 147
de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de
Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados
Académicos de Educación Primaria, Media y Superior entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Argentina", suscrito en Buenos Aires el 3 de
diciembre de 1992”.
86. Igualmente, porque el título se obtuvo en un programa
acreditado en el país de procedencia o nivel internacional, en
consecuencia, se cumplía con el segundo criterio.
87. Sin embargo, se reitera, que al ser una especialidad de la
medicina en la que luego de revisada la documentación, la
cartera ministerial determinó que no se cumplió con el requisito
determinado en el parágrafo, era viable la aplicación del criterio
de evaluación académica, por cuanto existía incertidumbre
sobre el nivel académico de los estudios […]». (Resaltado fuera
del texto original).
En ese sentido, la Resolución 5547 de 1o. de diciembre de 2005
reconoció un trato diferenciado en la convalidación de títulos debido a
los altos estándares profesionales que exige la medicina, pues dichos
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especialistas atendían la salud del público en general, según lo previsto
en la Ley 23 de 18 de febrero de 1981, lo cual implicaba una
responsabilidad mayor y la necesidad de garantizar que los
conocimientos, las competencias y los procedimientos médicos
cumplan con los criterios de calidad y seguridad.
Así pues, una vez analizados los documentos que tuvo en cuenta el
MINISTERIO para considerar que no era viable acceder a la solicitud
de convalidación, esto es, lo relativo a la intensidad horaria similar a la
de los programas ofrecidos en el país en el área de la especialización
en oncología, es de precisar que el criterio de convalidación por caso
similar no aplica a los estudios de posgrado del área de salud, conforme
a la norma vigente al momento de la expedición de las resoluciones
demandadas.
Dicha situación descarta la vulneración al debido proceso y el trato
desigual al que alude el demandante, pues por la naturaleza misma de
la formación en medicina, existen diferencias inherentes entre las
prácticas clínicas, las calificaciones obtenidas y hasta las materias
cursadas, impide realizar una comparación automática entre
solicitantes.
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En efecto, las particularidades de cada asunto son las evaluadas por la
CONACES como el órgano competente para estudiar la documentación
y a quien le corresponde verificar la equivalencia académica y
determinar si el título extranjero cumple con los estándares nacionales,
lo cual no se advierte en el caso del actor, dado la gran diferencia en
intensidad horaria que advirtió el comité evaluador y que constituyó el
fundamento para negar la solicitud de convalidación.
Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que a lo largo de la
actuación administrativa, esto es, en la resolución inicial y las que
resolvieron los recursos de reposición y apelación, la Administración
complemente, o incluso modifique la motivación con la que niega la
convalidación, no comporta, por sí mismo, una causal de nulidad de la
actuación.
Ciertamente, por diseño legal, el recurso de reposición permite al
mismo funcionario aclarar, modificar, adicionar o revocar el acto
recurrido; y el de apelación, habilita a la autoridad superior para revisar
integralmente la decisión.
Por tanto, cuando la administración resuelve los recursos no queda
atada a la motivación inicial, sino que la autoridad puede y debe ajustar
su fundamentación para corregir errores, despejar dudas técnicas o
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reforzar razones, siempre que ello se haga sobre el expediente y dentro
del marco competencial.
En títulos del área de la salud, el procedimiento aplicable permitía no
solo la evaluación por la CONACES, sino también solicitar conceptos
adicionales a órganos científicos, cuando fuera necesario, para
robustecer la decisión, lo que además es garantía para el administrado.
En ese marco, al resolver el recurso de reposición el MINISTERIO
pidió nueva valoración a la CONACES y, al decidir la apelación, acudió
además a la Academia Nacional de Medicina, situación que de
ninguna forma constituye arbitrariedad alguna.
En convalidaciones del área de la salud, la Administración debe acudir
al criterio de evaluación académica y apoyarse en órganos técnicos
para despejar incertidumbres, sin que ello suponga per se un vicio de
procedimiento o motivación, siempre que las razones finales guarden
correspondencia con el acervo probatorio del expediente.
En suma, la Sala no advierte la alegada vulneración del debido proceso
por variación de argumentos, pues el MINISTERIO actuó dentro de
sus facultades de revisión en reposición y apelación, complementó su
motivación con soportes técnicos permitidos por la regulación aplicable
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al sector salud y mantuvo coherencia decisoria.
Por lo anterior, la Sala considera que las resoluciones 01993 de 16 de
febrero de 2015, 06120 de 6 de mayo de 2015 y 14462 de 8 de
septiembre de 2015, no vulneraron el debido proceso, pues el trato
diferenciado ordenado en la Resolución 5547 de 1o. de diciembre de
2005, atiende a la responsabilidad inherente de quienes ejercen la
medicina, en donde la protección del bienestar público exige una
evaluación rigurosa e independiente de los programas y títulos
extranjeros.
Tampoco es de recibo el argumento del actor según el cual se vulneró
el debido proceso al no darse aplicación a la Ley 147 de 13 de julio de
1994 y el Decreto 019 de 2012, dado que incluso con convenios, el
reconocimiento exige cumplir con las condiciones nacionales, como lo
señaló esta SECCIÓN en sentencia de 2 de octubre de 202514:
«[…] De lo anterior se concluye que la convalidación de títulos
mencionada en dicho convenio no implica un reconocimiento
automático. Por el contrario, exige que la persona que posee el
diploma cumpla ciertos requisitos. Incluso, en la Sentencia C-050
de 1997, la Corte Constitucional estableció que los títulos
obtenidos en el extranjero deben someterse al proceso de
convalidación, sin importar si existe un acuerdo de
reconocimiento recíproco entre el país de origen del título y
Colombia […]».
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de otubre
de 2025, MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación. 11001-03-24-000-2019-
00230-00
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En efecto, los actos administrativos gozan de presunción de legalidad;
y cuando su motivación reposa en dictámenes técnicos de órganos
especializados del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (CONACES)
o de cuerpos científicos consultados por el MINISTERIO, corresponde
al interesado desvirtuarlos con prueba técnica idónea que muestre el
yerro metodológico o la inadecuación de los parámetros usados, pues
no basta la mera invocación de virtudes del plan de estudios objeto de
la controversia.
De lo expuesto, la Sala concluye que no se configuraron los vicios de
ilegalidad endilgados a los actos demandados, pues se verificó que el
MINISTERIO aplicó el régimen vigente de convalidación en el área de
la salud, sustentó su decisión en conceptos técnicos regulares, sin que
se haya desvirtuado la presunción de legalidad de estos.
En consecuencia, no hay lugar a declarar la nulidad y, por tanto, se
negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18815 del CPACA en armonía con el numeral 8
15
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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del artículo 365 del CGP16, esto es, en aplicación de un criterio objetivo
valorativo17, la Sala condenará al actor en los términos de los
numerales 1 y 2 del artículo 36518 ibidem, al pago de las costas en esta
instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso19 y
por las agencias en derecho20”, de manera que le corresponde a esta
Sala, producto de la comprobación de la gestión útil de la parte
vencedora, fijar el valor de las costas en el componente de agencias
en derecho al verificarse en esta instancia la intervención de la parte
demandada a través de apoderado judicial. Frente a las expensas y los
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
16
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
17
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al
resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
18
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella […]”.
19
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el
valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas,
etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
20
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios
sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los
honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
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gastos del proceso, su fijación se sujetará a la liquidación21 que realice
el secretario de esta Corporación y según la comprobación de que se
incurrieron en estos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP22, se fijan como agencias en derecho, la suma de
1 SMLMV a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Lo anterior, de
conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 5°23 del Acuerdo
PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y
duración de la gestión realizada por la parte vencedora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
21
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
22
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder
el máximo de dichas tarifas. […]”.
23
“[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. […]”
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte
demandante y en favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al
momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en
la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.
En firme esta providencia archivar el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 17 octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
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Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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