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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00230-00

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00230-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 11576 de 21 de julio de 2014, 18367 de 5 de noviembre de 2014 y 21508 de 19 de diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional que adelante nuevamente el procedimiento de convalidación del sub examine, acorde a lo reglado en la Resolución núm. 5547 de 2005, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00230-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 5547 DE 2005 Y CRITERIOS
DE VERIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS OTORGADOS EN
EL EXTERIOR

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovida por la señora Carolina Lozano Karanauskas, en contra de las
Resoluciones 11576 de 21 de julio de 20141, 18367 de 5 de noviembre de 20142 y
21508 de 19 de diciembre de 20143.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.La señora Carolina Lozano Karanauskas, a través de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, presentó demanda
con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERA-. DECRETAR LA NULIDAD de las Resoluciones 11576 del 21 de julio
de 2014, 18367 del 5 de noviembre de 2014 y 21508 fechada el 19 de diciembre de
2014 a través de las cuales el Ministerio de Educación Nacional negó a la señora
CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS la convalidación de su título de MASTER EN

1
“[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]”.
2
“[…] Por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 11576 de 21 de julio de 2014
[…]”.
3
“[…] Por medio de la cual se decide el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 11576 de 21 de julio de 2014
[…]”.
4
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO otorgado el 20 de octubre de 2003 por la
UNIVERSITAT POMPEU FABRA de España.

SEGUNDA-. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, que se ordene al Ministerio de Educación Nacional que dicte acto
administrativo de convalidación del mencionado título a favor de la señora CAROLINA
LOZANO KARANAUSKAS.

TERCERA-. Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL, por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
causados a la señora CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS con ocasión del tiempo
que estuvieron vigentes y causaron efectos las citadas resoluciones.

CUARTA-. Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL a pagar a título de indemnización de los perjuicios
materiales ocasionados a la señora CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS, la suma
de dinero actualizada de los que ella dejó de percibir a título de salario durante el
tiempo que estuvo sin empleo (lucro cesante), así como la suma de dinero actualizada
de los gastos en que incurrió para vivir en la ciudad de Barcelona durante los 13
meses que duraron sus estudios de maestría y los costos de financiación de dichos
estudios que tuvo que pagar el ICETEX (daño emergente), según lo que se llegue a
probar.

QUINTO-. Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, concédase a la
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a pagar a título de
indemnización de perjuicios morales ocasionados a la señora CAROLINA LOZANO
KARANAUSKAS, la suma de dinero que (sic)

SEXTA-. Se actualicen las sumas reconocidas que como perjuicios se concreten,
hasta la fecha del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º, numeral 8º
de la Ley 80 de 1883 y en el artículo 1º del Decreto 679 de 1994.

SÉPTIMA-. Las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia devengarán
intereses de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 192 y numeral 5º del
artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

OCTAVA-. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
[…]”5.

2.Mediante oficio de 13 de junio de 2016, la demandante presentó escrito de
subsanación de la demanda, en el que desistió de las pretensiones tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptima6.

I.1.1. Los hechos

3. Señaló que la señora Carolina Lozano Karanauskas laboró en el Departamento
Nacional de Planeación, en el cargo de técnico operativo 4080, desde el 4 de
diciembre de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2002.

5
Cfr. Índice 48 expediente digital. Documento denominado “ED - CuadernoPpalParte1-2-CuadernoPrincipalParte1Folio1a
196.pdf(.pdf) NroActua 48”, folio 184 y siguientes.
6
Ibidem, documento denominado “ED - CuadernoPpalParte2-3-CuadernoPrincipalParte2 Folio 197a392.pdf(.pdf) NroActua
48”, folio 10 y siguientes.

3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

4. Indicó que la demandante, en el año 2002, obtuvo la beca DNP – FONADE -
ICETEX para cursar estudios de Maestría en Análisis Económico Aplicado, en la
Universitat Pompeu Fabra de la Ciudad de Barcelona (España). Por ello, renunció
al referido empleo el 10 de septiembre de 2002.

5.Mencionó que el 20 de octubre de 2003 obtuvo el título de Máster en Análisis
Económico Aplicado, expedido por la Universitat Pompeu Fabra.

6. Señaló que, al regresar a Colombia, se vinculó en el DNP en el cargo de
subdirectora técnica 0150, grado 20, cuyo requisito para desempeño exigía título de
posgrado. Una vez asumió dicho cargo, el 1.° de octubre de 2012 se comprometió
a tramitar ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los dos años
siguientes, la convalidación del título de maestría.

7. Expresó que el 14 de febrero de 2014, presentó la solicitud de convalidación, y
el 18 de junio del mismo año, agregó información adicional para demostrar que el
ministerio, mediante Resolución 5547 de 2005, convalidó el mismo título a María
Victoria Ángulo González.

8.Adujo que, mediante Resolución núm. 11576 de 21 de julio de 2014, la entidad
accionada denegó la convalidación del título.

9. Afirmó que presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la
anterior decisión, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 18367 de
5 de noviembre y 21508 de 19 de diciembre de 2014, respectivamente, en el sentido
de confirmar la decisión recurrida.

10. Puso de presente que el Ministerio de Educación Nacional omitió notificar la
Resolución 21508 de 2014; acto administrativo que conoció el 26 de octubre de
2015, mediante oficio de 14 de septiembre de 2015, en respuesta a un derecho de
petición.

11. Mencionó que el 13 de enero de 2016 presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación por los referidos hechos,
trámite que concluyó el 29 de marzo de 2016.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

12. La señora Carolina Lozano Karanauskas afirmó que los actos acusados incurren
en los vicios de falsa motivación, desviación del poder, y vulneran el preámbulo y
los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 13, 26, 29, 54, 67, 68, 69, 70, 71, 83, 152 y 209 de
la Constitución Política; 8.º, 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de El

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Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

Salvador”; 2°, 3°, 10 y 138 de la Ley 1437; 2.° y 3.° de la Resolución 5547 de 1.° de
diciembre de 20057, por las siguientes razones:

i) La inconformidad sobre la normatividad aplicable al caso

13. Sostuvo que la entidad ministerial aplicó normas posteriores al momento en que
obtuvo el grado, lo que representa “[…] un desconocimiento igualmente grosero del
debido proceso y de la legalidad […]”. Al respecto, precisó lo siguiente:

“[…] En esta nueva resolución dicho Ministerio, haciendo caso omiso por completo
de los argumentos expuestos en el recurso, repitió su posición de dar aplicación a
normas posteriores a los hechos (repito, vigentes cuando se convalidó el título de
MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ) y desechó la solicitada aplicación del
principio de igualdad con una mera afirmación genérica (desprovista de toda prueba
y de fundamento concreto alguno) según la cual supuestamente la convalidación de
este título afectaría derechos a la igualdad de "profesionales colombianos" […]”
(negrilla fuera del texto).

14. Explicó que, “[…] con las resoluciones cuestionadas fue vulnerado, además, el
artículo 1° de la Constitución por ser contrarias a la dignidad humana puesto que,
tal y como se narró en los hechos, tales actos pretenden sustentarse en una serie
de afirmaciones carentes de prueba y en una serie de normas que no estaban
vigentes en el momento de los hechos, desconociendo las normas que, si (sic) eran
aplicables al caso, como las que aquí se citan, todo lo cual comporta un trato
agraviante e indigno […]”.

ii) Vulneración de los artículos 1.°, 54, 67 y 209 de la Constitución Política

15. Manifestó que el ministerio demandado vulneró los artículos 1.°, 54, 67 y 209 de
la Constitución Política y los propósitos del Estado Social y Democrático de Derecho
al trabajo y a la justicia, “[…] al ponerla en riesgo de que se le declare insubsistente
en el cargo al no poder acreditar el cumplimiento de los requisitos, como es el de
grado de maestría […] negando el acceso al conocimiento […], pues se sustentan
en afirmaciones carentes de prueba y en normas inaplicables, todo lo cual comporta
un trato agraviante e indigno […]”.

iii) Falsa motivación y transgresión del ordenamiento superior por no aplicar
el supuesto de convalidación de caso similar

16. Argumentó que las Resoluciones 11576, 18367 y 21508 de 2014 vulneran los
artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.º, 13, 29 y 83 de la Constitución Política; 2.°, 3.° y 10 de la
Ley 1437; 8.º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y 3.° de la Resolución 5547 de 2005 porque el ministerio convalidó en el

7
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior […]”.

5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

año 2007 el mismo diploma a la señora María Victoria Ángulo González, quien se
encontraba en una situación fáctica similar.

17. Consideró que el Ministerio de Educación Nacional omitió de manera “[…] radical
e injustificada […]” aplicar el artículo 3.º de la Resolución 5547 de 2005, conforme
al cual esta entidad debe seguir sus precedentes administrativos cuando resuelve
las solicitudes de convalidación de títulos previamente evaluados. Por esta razón,
los actos demandados incurren en falsa motivación.

18. Argumentó que el ministerio “[…] vulneró el principio de confianza legítima […]”,
previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, ya que la demandante tenía la
legítima confianza que “[…] al culminar sus estudios de maestría recibiría el mismo
trato […]” dado a quien se le convalidó ese título hace menos de 8 años.

19. Precisó que la garantía al debido proceso, consagrada en el artículo 29 superior
y en los artículos 8 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, […] fue desconocida por las resoluciones materia de cuestionamiento
al incorporarse en su texto una falsa motivación y al pasar por alto que el Ministerio
de Educación ya había convalidado idéntico título otorgado a una tercera persona
[…]”.

20. Indicóque la entidad demandada inobservó el deber de “[…] otorgar la
convalidación de los títulos que ya hubiese evaluado con anterioridad, siempre y
cuando la diferencia de fechas de otorgamiento entre el uno y el otro no superara
los 8 años […]”.

21. Planteó que los actos demandados desconocen el precedente judicial de la
Sección Primera del Consejo de Estado plasmado en la sentencia de 13 de marzo
de 20148.

iv) Desviación del poder

22. Alegó que “[…] el Ministerio de Educación Nacional se ha negado a aplicar las
normas pertinentes, ha aplicado en forma arbitraria normas posteriores a los hechos
y ha desconocido el derecho a la igualdad […]”.

v) Transgresión del ordenamiento superior por la aplicación arbitraria de los
criterios de convalidación

23. Argumentó que las Resoluciones 11576, 18367 y 21508 de 2014 vulneran los
artículos 1.°, 2.° y 4.° de la Constitución Política; 10 de la Ley 1437 y 3.° de la
Resolución 5547 de 2005, así como el precedente judicial adoptado por la Corte
Constitucional “[…] en las sentencias T 956 de 2011 […], T 232 de 2013 […] y T 430
de 2014 […]”.

8
Radicación núm. 2010-00166, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

24. Explicó que los artículos 1.° y 2.° de la Constitución Política resultaron
transgredidos “[…] cuando el Ministerio de Educación Nacional omitió su deber de
garantizar la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales de la
demandante, lo que se concretó al negarse la convalidación del título académico
obtenido por ella y al imponerse el arbitrio de la administración por encima de las
razones jurídicas que han debido imperar en este asunto […]”.

25. Sobre la vulneración del artículo 4.° de la Constitución Política, indicó que las
normas constitucionales prevalecen sobre las demás disposiciones del
ordenamiento jurídico. En este contexto, planteó que los actos demandados
desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el procedimiento de
convalidación de los títulos propios expedidos por instituciones académicas
extranjeras.

vi) Los cargos restantes de nulidad

26. La demandante no presentó concepto de violación respecto de los artículos 5.°,
26, 68, 69, 70, 71 y 152 de la Constitución Política; 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 13 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales
“Protocolo de El Salvador”.

I.2. La contestación de la demanda

27. Mediante escrito de 14 de septiembre de 20179, el Ministerio de Educación
Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que esa entidad
resolvió el trámite de convalidación conforme al régimen jurídico aplicable, y que la
demandante no cumplió con la carga argumentativa mínima exigible para demostrar
la configuración de las causales de nulidad invocadas.

28. Adujo que “[…] la demandante mediante correo electrónico de 26 de octubre de
2015 se dio por notificada del contenido de la Resolución No. 21508 de 19 de
diciembre de 2014 así consta, a folios 50 a 53 de los anexos de la demanda; sin
embargo, según certifica la Unidad de Atención al Ciudadano del MEN, la
Resolución No. 21508 de 19 de diciembre de 2014, no pudo ser notificada
personalmente, ni por aviso, razón por la cual, se dio en cumplimiento a lo previsto
en el artículo 69 del CPACA, quedando ejecutoriada la decisión el 17 de febrero de
2016. […]”.

29. Mencionó que el trámite de convalidación busca establecer si los programas
académicos extranjeros son equivalentes a los impartidos en Colombia, con el
propósito de garantizar que los títulos foráneos cumplan requisitos legales similares
a los nacionales. Dicho procedimiento se rige por la Resolución 5547 de 2005.

9
Cfr. Índice 48 expediente digital. Documento denominado “ED - CuadernoPpalParte2-3-CuadernoPrincipalParte2Folio197a
392.pdf(.pdf) NroActua 48”, folio 36 y siguientes.

7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

30. Adujo que la demandante presentó acción de tutela contra el Ministerio de
Educación Nacional, resuelta de manera favorable mediante sentencia de 5 de
febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D.

31. Agregó que el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento de la citada
orden judicial, a través de la Resolución 02887 de 16 de febrero de 2016, resolvió
convalidar el referido título, hasta tanto dicha orden judicial se confirmara en
segunda instancia.

32. Precisó que, mediante sentencia de 14 de abril de 2016, la Sección Primera del
Consejo de Estado revocó la sentencia de 5 de febrero de 2016, al considerar que
la solicitud de amparo resultaba improcedente ante la existencia de un mecanismo
de defensa judicial idóneo, eficaz y oportuno. Por lo tanto, la Resolución 02887
quedó sin efectos, dejando las Resoluciones 11576 de 2014, 18367 de 2014 y
21508 de 2014 en firme.

33. Agregó que "[…] el MEN tiene una competencia reglada para convalidar
únicamente: (i) los títulos otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o (ii) los otorgados por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación y por
esa misma razón lo primero que debe observar el MEN en el proceso de
convalidación es la legalidad de la institución y del título otorgado en el extranjero
[…]”.

34. Explicóque el programa académico cursado confiere un título no oficial
denominado "[…] título propio […]”, el cual no goza "[…] de los efectos académicos,
profesionales y de validez en todo el territorio español […]”. Aunado a ello, "[…] los
estudios académicos, los créditos e intensidad horaria difiere en forma total a lo que
es una Maestría en el Estado Colombiano […]”. Por lo tanto, el ministerio no
quebrantó los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 13 de la Constitución Política.

35. Respecto de la presunta vulneración del derecho a la igualdad, manifestó que el
procedimiento de convalidación de María Victoria Ángulo González comenzó en
2006 y terminó el 16 de marzo de 2007, antes de la expedición del Real Decreto
1393 de 29 de octubre de 2007. En esa época, solo era necesario que el título fuera
otorgado por una institución reconocida oficialmente en España, sin importar si era
oficial o propio.

36. Manifestó que el caso de Ángulo González no es comparable al de la
demandante, quien inició su convalidación el 14 de febrero de 2014, después de
las modificaciones del Real Decreto 861 de 2010 que exige verificar si el título es
oficial o propio. Adicionalmente, según el artículo 3.° de la Resolución 5547 de
2005, una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de soporte a otra
convalidación.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

37. Planteó que el principio de confianza legitima "[…] presupone que la situación
jurídica que regulaba las relaciones con los administrados sea una situación,
además de legal, similar, lo cual no ocurre en este caso porque como quedo (sic)
explicitado en el año 2007 momento para el cual se convalido (sic) un título similar
al obtenido por la hoy demandante, a otra persona, no existía el Real Decreto 1393
del 29 de octubre de 2007 […]”.

38. Reconoció que el ministerio decidió en los actos acusados no convalidar los
títulos, sin realizar previamente la evaluación académica. Sin embargo, con ocasión
del fallo de tutela de 5 de febrero de 2016, la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) adelantó dicha
evaluación recomendando no convalidar esos estudios al nivel de maestría.

39. Adujo que los actos demandados tampoco vulneran el artículo 10 de la Ley 1437
porque:

"[…] Las dos sentencias que la demandante considera se desconocieron son dos
sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, las sentencias T-956 de
2011 y T 232 de 2013, en dichas sentencias las (sic) Corte Constitucional no ordena
convalidar un título propio, define que para determinar la viabilidad de la
convalidación de un título propio en el territorio nacional, se requiere de la evaluación
académica […].

La sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 13 de marzo
de 2014 dentro del expediente 2010-00166-00, no es una sentencia de unificación
jurisprudencial, aunque por supuesto constituye un antecedente jurisprudencial pero
que difiere del caso en debate porque en el caso en controversia existe una
evaluación académica a través de un concepto emitido por CONACES que conceptúa
no convalidar. […]”.

I.3. Trámite del proceso

40. Mediante auto de 2 de mayo de 201610, se inadmitió la demanda para que la
parte demandante estimara la cuantía conforme a lo previsto en el numeral 6.º del
artículo 162 de la Ley 1437.

41. Por auto de 31 de agosto de 201611, se requirió al Ministerio de Educación
Nacional para que allegara la constancia de notificación y ejecutoria de la
Resolución 21508 de 19 de diciembre de 2014.

42. A través de auto de 14 de junio de 201712, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

10
Cfr. Índice 48 expediente digital. Documento denominado “ED - CuadernoPpalParte2-3-CuadernoPrincipalParte2 Folio
197a392.pdf(.pdf) NroActua 48”, folio 10 y siguientes.
11
Ibidem, folio 13.
12
Cfr. Expediente físico folios 156 y siguientes.

9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

43. Mediante auto de 27 de junio de 2019, se negó la solicitud de suspensión
provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 11576 de 2014, 18367 de
2014 y 21508 de 2014, así como la medida cautelar anticipativa de convalidación
del título de posgrado objeto del litigio13.

44. Por auto de 16 de octubre de 201914, el Consejero de la Sección Primera,
Oswaldo Giraldo López, declaró improcedente el recurso de súplica presentado por
la demandante contra el auto de 27 de junio de 2019. Además, adecuó dicho escrito
como recurso de reposición y lo remitió para su trámite.

45. A través de auto de 23 de febrero de 2021, se resolvió el recurso de reposición,
en el sentido de confirmar lo resuelto en el auto de 27 de junio de 201915.

46. En la audiencia inicial de 2 de julio de 202116, se saneó el proceso, se declaró
parcialmente procedente la excepción previa propuesta por el ministerio
denominada incumplimiento de los “[…] requisitos formales de la demanda […]”17,
se fijó el litigio, se decretaron pruebas, se prescindió de la audiencia de alegación
y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.4. Los alegatos de conclusión

47. La señora Carolina Lozano Karanauskas, mediante escrito de 19 de julio de
202118, reiteró parcialmente los argumentos expuestos en la demanda, en tanto
reconoció que la “[…] norma aplicable para la época de la solicitud de convalidación
presentada por la actora era la resolución No. 5547 de 2005 […]”.

48. El Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito de 9 de julio de 202119,
reiteró los argumentos del escrito de contestación de la demanda.

13
Se consideró que la demandante no aportó las pruebas necesarias para adelantar el juicio de legalidad previo, y tampoco
desarrolló la carga argumentativa mínima exigible en la solicitud cautelar.
14
Cfr. Expediente físico folios 104 y siguientes.
15
Se precisó que el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional no era procedente porque no se demostró la
transgresión del ordenamiento superior. Se puso de presente que la demandante pretende la homologación del título foráneo
cursado, con base en un precedente administrativo de un programa con un nombre parcialmente distinto. Además, se
mencionó que, en el año 2016, en cumplimiento de una acción de tutela, el MEN solicitó a la CONACES que adelantara una
evaluación académica de esos estudios, en virtud de la cual el programa cursado no es equiparable a las maestrías ofertadas
en Colombia, debido a la diferencia en la intensidad horaria y el contenido del programa.
16
Cfr. Índice 84 expediente digital. Documento denominado “ACTA AUDIENCIA INICIAL(.PDF) NroActua 84”.
17
En relación con el concepto de violación de los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 29, 54, 67, 83 y 209 de la Constitución Política;
8º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2°, 3°, 10 y 138 de la Ley 1437, se consideró
que la demanda está formulada en forma completa y se dirige a desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
demandados. Aunado a lo anterior, el cargo de ilegalidad recae sobre una proposición jurídica real y existente y no
simplemente deducida por el actor, o implícita en el cuerpo de la demanda.
Frente a la transgresión de los artículos 5°, 26, 68, 69, 70, 71 y 152 de la Constitución Política; así como los artículos 13 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de El Salvador”, se explicó que el demandante no desarrolló el
concepto de violación, razón por la cual la excepción propuesta está llamada a prosperar, esto es, al no haber dado
cumplimiento a la exigencia establecida en el numeral 4º del artículo 162 de la Ley 1473 de 2011. En consecuencia, dichas
disposiciones no se tuvieron en cuenta para la fijación del litigio.
18
Cfr. Índice 87 expediente digital, documento denominado “ALEGATOS DE CONCLUSION(.PDF) NroActua 87”.
19
Cfr. Índice 86 expediente digital, documento denominado “ALEGATOS DE CONCLUSION(.PDF) NroActua 86”.

10

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Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

49. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el planteamiento del problema jurídico;
(iii) los actos administrativos demandados; y (iv) el análisis del caso concreto.

II.1. Competencia

50. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 149 de
la Ley 1437 y el artículo 1320 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201921, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia,
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía,
en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional.

II.2. El planteamiento del problema jurídico

51. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 2 de julio de 2021,
corresponde a la Sala determinar si los actos demandados transgredieron “[…] el
preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 29, 54, 67, 83 y 209 de la Constitución
Política; 8º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como en los artículos 2°, 3° y 10º del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2º y 3º de la Resolución 5547
del 1° de diciembre de 2005; incurriendo así en desconocimiento de las normas
superiores en que debían fundarse los actos, desviación de poder y falsa
motivación, puesto que, en el trámite de convalidación del título extranjero obtenido
por ella, se aplicaron normas que no se encontraban vigentes al momento de los
hechos, vulnerando asimismo el derecho a la igualdad y el principio del caso similar.
[…]”22.

20
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
21
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
22
Los cargos de transgresión del ordenamiento superior se sintetizaron en la fijación del litigio así:
“[…] 1. Violación del preámbulo y de los artículos 1°, 54, 67 y 209 de la Constitución Política, en tanto que se desconocieron
los propósitos fundantes del Estado Social y Democrático de Derecho, como lo son el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, “al negarse efectivamente el trabajo, al ponerla en riesgo de que se le declare insubsistente en el cargo al no
poder acreditar el cumplimiento de los requisitos, como es el de grado de maestría (…) negando el acceso al conocimiento”
y contrariando la dignidad humana, “pues se sustentan en afirmaciones carentes de prueba y en normas inaplicables, todo lo
cual comporta un trato agraviante e indigno”.
2. Violación del artículo 2° de la Constitución Política, en la medida que el Ministerio de Educación Nacional omitió su deber
de garantizar la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales de la demandante, lo que se concretó al negarse la
convalidación del título académico obtenido por ella “y al imponerse el arbitrio de la administración por encima de las razones
jurídicas que han debido imperar en este asunto”.
3. Violación del artículo 4° de la Constitución Política, pues de haberse tenido en cuenta que las normas constitucionales
prevalecen sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, se habría accedido a la homologación o convalidación
del título obtenido en España, pues las condiciones materiales y académicas que rodearon la situación posibilitaban que ello
ocurriera.
4. Violación de los artículos 6º y 13 de la Constitución Política, toda vez que el ente ministerial “desconoció que, mediante
resolución anterior, ese mismo Ministerio concedió la convalidación del mismo título obtenido por MARÍA VICTORIA ANGULO
GONZÁLEZ, a pesar de estar en la misma situación fáctica”.
5. Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, 8º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, por cuanto el Ministerio de Educación Nacional omitió de manera “radical e injustificada la aplicación de la norma
que regula su situación específica, que lo es el artículo 3º de la Resolución 5547 de 2005”, incorporando una falsa motivación,
pasando por alto que ya había convalidado idéntico título a una tercera persona.

11

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Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

II.3. Los actos administrativos demandados

52. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 11576 de 21
de julio de 2014, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Negar la convalidación del título de MÁSTER EN
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO, otorgado el 20 de octubre de 2003 por la
UNlVERSlTAT POMPEU FABRA, ESPAÑA, a CAROLINA LOZANO
KARANAUSKAS, ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No.
52.151.825, por las razones indicadas.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley los cuales deberán ser
interpuestos dentro del plazo de diez (10) días establecido por el artículo 76 de la
Ley 1437 de 2011. […]”. (Negrilla del texto).

53. También se demandaron las Resoluciones 18367 de 5 de noviembre de 201423,
y 21508 de 19 de diciembre de 201424, a través de las cuales el Ministerio de
Educación Nacional, al resolver respectivamente los recursos de reposición y
apelación, confirmó la decisión de no convalidar ese título académico.

II.4. Análisis del caso concreto

54. Por razones metodológicas, la Sala resolverá el problema jurídico teniendo en
cuenta los cinco componentes temáticos de la demanda.

55. Primero, se analizará si las Resoluciones 11576, 18367 y 21508 de 2014
vulneran los artículos 1.° y 29 de la Constitución Política al aplicar normas
posteriores a los hechos. En segundo lugar, si los mismos actos quebrantan los
artículos 1.° 54, 67 y 209 y los derechos al trabajo y a la justicia. En tercer lugar, si
esas resoluciones desconocen las normas superiores relacionadas con el principio
de igualdad e incurren en falsa motivación. En cuarto lugar, si se configuró la causal
de desviación del poder. Y, finalmente, si la decisión del Ministerio de Educación

6. Violación del artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que “al expedir los actos administrativos vulneró el principio
de confianza legítima”.
7. Violación de los artículos 2°, 3° y 10º de la Ley 1437 de 2011, por cuanto se “desconoció el precedente sentado en esta
materia por la Corte Constitucional en las sentencias T 956 de 2011, T 232 de 2013 y T 430 de 2014”, particularmente en la
providencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 13 de marzo de 2014, dentro del proceso radicado 2010-
00166, M.P. Guillermo Vargas Ayala, relacionado con el hecho de que durante el trámite de convalidación de los títulos
propios, el Ministerio de Educación Nacional debe realizar el examen destinado a determinar la idoneidad de estas titulaciones
y no denegarlas por el simple hecho de ser propios y no contar con el reconocimiento oficial por parte del Gobierno Español.
8. Violación de los artículos 2° y 3° de la Resolución 5547 de 1° de diciembre de 2005, en la medida que la entidad ministerial
aplicó normas posteriores a los hechos e inobservó el deber de “otorgar la convalidación de los títulos que ya hubiese evaluado
con anterioridad, siempre y cuando la diferencia de fechas de otorgamiento entre el uno y el otro no superara los 8 años”.
[…]”.
23
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No.11576 del 21 de julio de 2014. por medio de la cual el Ministerio
de Educación Nacional negó la solicitud de convalidación del título de MASTER EN ANALJSIS ECONOMICO APLICADO,
otorgado el 20 de octubre de 2003 por la UNIVERSITAT POMPEU FABRA. ESPANA a CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS
[…].
ARTÍCULO SEGUNDO: Se concede el recurso de apelación el cual se surtirá en la Dirección de la Calidad de la Educación
Superior […]”.
24
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No.11576 del 21 de julio de 2014. por medio de la cual el Ministerio
de Educación Nacional negó la solicitud de convalidación del título de MASTER EN ANALJSIS ECONOMICO APLICADO,
otorgado el 20 de octubre de 2003 por la UNIVERSITAT POMPEU FABRA. ESPANA a CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS
[…]”.

12

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

Nacional transgrede el ordenamiento superior por la aplicación arbitraria de los
criterios de convalidación.

i) La inconformidad sobre la normatividad aplicable al caso

56. La demandante afirma que las Resoluciones 11576, 18367 y 21508 de 2014
quebrantan el debido proceso y el principio de legalidad, porque obtuvo el título
académico cuestionado en el año 2003, pero el Ministerio de Educación Nacional
resolvió la actuación administrativa basándose en la Resolución 5547 de 2005,
posterior a ese grado.

57. Con el fin de resolver el planteamiento, se advierte que el debido proceso y el
principio de legalidad en sede administrativa, por regla general25, exigen que las
decisiones de las autoridades públicas estén fundadas en la normatividad vigente
al momento en que inicia el procedimiento administrativo, bien sea a petición de
parte o de oficio.

58. En el caso concreto, la norma aplicable cuando la demandante radicó el 14 de
febrero de 201426 la petición de convalidación del Máster en Análisis Económico
Aplicado, cursado en la Universitat Pompeu Fabra, entre el 28 de octubre de 2002
y el 20 de octubre de 2003, era la Resolución 5547 de 1.° de diciembre de 2005,
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos
otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones
legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para
expedir títulos de educación superior […]”.

59. Esta Sección explicó en la sentencia de 6 de noviembre de 202027 que el artículo
1.°28 de la Resolución 5547 establece dos supuestos respecto del ámbito de
aplicación de esa reglamentación. El primero refiere a la convalidación de los títulos
otorgados por instituciones de educación superior extranjeras. El segundo versa
sobre la homologación de los títulos de educación superior concedidos por
instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo
país.

25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González. La
aplicación de la Ley o el reglamento en el tiempo presenta tres reglas excepcionales. La retroactividad es la posibilidad de
aplicar una norma a situaciones de hecho consolidadas antes de su entrada en vigencia. La ultractividad es la aplicación de
una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que tuvieron lugar durante su término de vigor, pero que
actualmente los regula una nueva disposición jurídica, con el fin de proteger derechos adquiridos y legítimas expectativas. La
retrospectividad implica aplicar una norma a sucesos anteriores a su vigencia, cuyos efectos seguían activos o no se
resolvieron de manera definitiva.
26
Cfr. Índice 48 expediente digital, documento denominado “ED - CuadernoPpalParte2-3-CuadernoPrincipalParte2 Folio
197a392.pdf(.pdf) NroActua 48”, folio 63.
27
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2014-00343-
00.
28
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La convalidación prevista en la presente Resolución se efectuará
únicamente respecto a títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior. […]”.

13

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

60. El artículo 2.°29 del citado reglamento precisó cuáles son los requisitos exigidos
para la convalidación de los títulos extranjeros ante el Ministerio de Educación
Nacional.

61. En cuanto al estudio de la documentación y su trámite posterior, la Resolución
5547 dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO OCTAVO. ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN. Una vez recibida
la documentación en debida forma se asignará a un profesional del Grupo de
Convalidaciones, quien se encargará de adelantar el trámite correspondiente con
sujeción a los parámetros, términos y criterios de convalidación establecidos
en la presente Resolución. (…)

ARTÍCULO DÉCIMO. DECISIÓN. Cumplidos los procesos de evaluación legal y
académica, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución
motivada decidirá de fondo la solicitud. Contra el acto administrativo que decida
el trámite de convalidación procederán los recursos de ley. […]”. (Negrilla de la Sala).

62. El artículo 12 indicó que esa “[…] reglamentación rige a partir de la fecha de su
expedición […]”; esto es desde su publicación en el Diario Oficial 46115 de 7 de
diciembre de 2005, hasta su derogatoria a través del artículo 15 de la Resolución
21707 de 22 de diciembre de 201430.

63. Como puede apreciarse, la Resolución 5547 de 2005 establece el procedimiento
mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional lleva a cabo la inspección y
vigilancia de la calidad de los servicios educativos, como se indica en el artículo 67
de la Constitución Política. Esta obligación incluye la homologación y convalidación
de los estudios extranjeros a un nivel equivalente a los nacionales, proceso que se
inicia a solicitud de parte.

64. Por lo tanto, el cargo no prospera pues la aplicación de la Resolución 5547 de
2005 al sub examine, a pesar del lapso transcurrido entre la obtención del título y

29
“[…] Artículo 2°. Requisitos para la convalidación. Para efectos de adelantar el trámite de convalidación, se deberán
presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud escrita en el formato suministrado por el Ministerio.
2. Fotocopia autenticada del diploma del título que se pretende convalidar. El diploma del título original deberá estar
debidamente legalizado, por vía diplomática o con sello de apostilla.
3. Original o copia autenticada del certificado de calificaciones o del plan de estudios del programa del título que se somete a
convalidación, expedidos por la institución donde se cursaron los estudios. El certificado de calificaciones original o el plan de
estudios deberán estar debidamente legalizados, por vía diplomática o con sello de apostilla.
4. Fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, de extranjería, pasaporte).
5. Recibo de consignación de la tarifa correspondiente.
Parágrafo 1°. En el evento de no contar con el certificado de calificaciones o el plan de estudios o no haberlos legalizado,
podrán ser remitidos directamente por la institución de educación superior otorgante del título al Ministerio de Educación
Nacional. […]”.
Parágrafo 2°. Los documentos señalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo extendidos en idioma distinto del
castellano, deberán ser traducidos por traductor o intérprete oficial, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en
los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.
30
“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país,
para expedir títulos de educación superior […]”.

14

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la radicación de la solicitud31, de ninguna forma implicó el desconocimiento de la
normatividad aplicable al caso.

ii) Vulneración de los artículos 1.°, 5432, 6733 y 20934 de la Constitución Política

65. Laseñora Carolina Lozano Karanauskas sostiene que los actos acusados
desconocen su derecho al trabajo “[…] al ponerla en riesgo de que se le declare
insubsistente en el cargo a no poder acreditar el cumplimiento de los requisitos,
como es el de grado de maestría […]”. Además, alega que las resoluciones
demandadas le negaron el acceso al conocimiento “[…] puesto que no es posible
en estas condiciones que la demandante pueda favorecerse profesional y
académicamente de sus estudios de maestría y de esa manera seguir creciendo
en su conocimiento y experiencia […]”.

66. Frente al mismo argumento, esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de
201735 explicó, en un caso con similares supuestos fácticos, que la decisión del
Ministerio de Educación Nacional de convalidar o no determinado estudio, por sí
misma, no vulnera el derecho al trabajo porque “[…] no está cuestionando ni se ha
referido a los títulos y experiencia del actor, con los cuales puede acreditar su
idoneidad profesional y derivar su sustento, sin que se le afecte su derecho al
trabajo ni le cercene la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente […]”.

67. El procedimiento de convalidación “[...] implica la realización de un riguroso
examen de legalidad y una valoración académica de los estudios cursados, a
efectos de determinar la naturaleza jurídica de la institución de educación superior
en la cual se cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual
se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa comprobación
de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en nuestro país
[...]”36.

31
Nótese que, entre los requisitos que debe presentar, quien pretenda la convalidación de un título académico foráneo, se
encuentra la remisión de la fotocopia autenticada del diploma que se pretende convalidar. Aquella autenticación en el sub
examine se realizó, a través del procedimiento de apostilla, conforme al XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961,
sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros, conforme a la certificación de 19 de
diciembre de 2012, elaborada por el vicedecano del colegio notarial de Cataluña.
32
“[…] Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. […]”.
33
“[…] Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. […] corresponde al Estado regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. […]”.
34
“[…] Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley. […]”.
35
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2013-
00302-00.
36
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación núm.
11001-03-24-000-2010-00166-00.

15

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68. Conforme al criterio jurisprudencial supra, la decisión del Ministerio de Educación
Nacional sobre la equivalencia de los estudios académicos foráneos no cuenta con
la virtualidad de desconocer las normas superiores invocadas, porque esa
competencia se ejerce para proteger la integridad profesional de quienes laboran
en el país y para garantizar que todos los títulos obtenidos en el extranjero cumplan
con los estándares nacionales.

69. En otras palabras, los actos que resuelven esta tipología de procedimiento no
afectan una prerrogativa laboral o académica existente, sino que versan sobre una
expectativa futura. Así, el reparo de la demandante desconoce que el juicio de
legalidad de la jurisdicción contenciosa - administrativa se realiza con fundamento
en los supuestos fácticos y jurídicos vigentes al momento de la expedición de los
actos administrativos objeto del proceso judicial37.

70. Por ende, el cargo no prospera debido a que las problemáticas relacionadas con
los efectos derivados de la ejecución de las Resoluciones 11576, 18367 y 21508
de 2014, en cuanto a posibles oportunidades laborales y académicas de la
demandante, además de referirse a hechos futuros e inciertos, exceden el objeto
del presente medio de control38.

iii) La falsa motivación y la transgresión del régimen jurídico relacionado con
los principios de igualdad, debido proceso y buena fe

71. La señora Carolina Lozano Karanauskas alega que las Resoluciones 11576,
18367 y 21508 de 2014 se encuentran falsamente motivadas y transgreden los
artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.º39, 1340, 2941, 8342 de la Constitución Política, 2.°, 3.° y 1043
de la Ley 1437, 8º44 y 1445 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

37
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 27 de mayo de 2010. Rad.: 2005 - 01869. Consejero Ponente:
doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
38
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación núm. 11001-03-24-000-2014-00682-00.
39
“[…] Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. […]”.
40
“[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. […]”.
41
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. […]”.
42
“[…] ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. […]”.
43
“[…] ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. Al resolver los
asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera
uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones
de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que
se interpreten y apliquen dichas normas. […]”.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, declaró condicionalmente exequible ese precepto
“[…] en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas
por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas
constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga
omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad […]”
44
La norma refiere al deber de los Estados Partes de garantizar el derecho a fundar organizaciones sindicales internacionales
o a afiliarse a las mismas.
45
“[…] Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituír en
su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza
primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación
progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para
todos. […]”.

16

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

Sociales y Culturales46; 2.° y 3.° de la Resolución 5547 de 2005, porque el ministerio
demandado tenía que resolver la solicitud cuestionada siguiendo el criterio de caso
similar.

72. Puso de presente que el Ministerio de Educación Nacional en el 2005 convalidó
el mismo título académico a la señora María Victoria Ángulo González. Sin embargo,
de manera radical e injustificada, omitió aplicar el numeral 3.° del artículo 3.º de la
Resolución 5547 de 2005, que señala:

“[…] ARTÍCULO 3. Convalidación de títulos de pregrado y posgrado. Para
efectos de la convalidación de títulos de pregrado y de posgrado se deberá hacer
una evaluación de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite correspondiente:

1. CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS. Si el título procede de alguno
de los países con los cuales el Estado colombiano ha ratificado convenios de
convalidación de títulos […]

2. PROGRAMA O INSTITUCIÓN ACREDITADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL
PAÍS DE PROCEDENCIA. Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación o si el programa académico cursado por el solicitante se encuentran
acreditados, o cuentan con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel
internacional, se procederá a convalidar el título. En este caso, el trámite de
convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados a
partir del recibo en debida forma de la documentación requerida.

3. CASO SIMILAR. Cuando el título que se somete a convalidación,
corresponda a un programa académico que hubiera sido evaluado con
anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, se resolverá
aplicando la misma decisión que en el caso que sirve como referencia.

Para tal efecto, deberá tratarse del mismo programa académico, ofrecido por la
misma institución y con una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los
dos títulos que no podrá exceder los ocho (8) años.

En este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a
dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación
requerida.

Una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de soporte a otra
convalidación.

4. EVALUACIÓN ACADÉMICA. Si el título que se somete a convalidación no se
enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe
certeza sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando,
o su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación
académica. Este trámite se adelantará en un término no mayor a cinco (5) meses
contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. […]”
(negrilla fuera del texto).

46
Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, “[...] por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 [...]”.

17

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

73. Frente a este precepto normativo, la Sección Primera del Consejo de Estado en
las sentencias de 18 de octubre de 201247, 13 de marzo de 201448, 5 de marzo de
201549, 2 de junio de 201650 y 6 de noviembre de 202051 explicó que esos criterios
de verificación son jerárquicos y excluyentes.

74. Esto significa que el ministerio no puede negar una convalidación solamente
porque el título no cumple con el supuesto previsto en el numeral 2.° del artículo 3.°
de la Resolución 5547. En tal evento será necesario verificar si se configura el
supuesto de caso similar, y si tampoco opera tal escenario, el ministerio deberá
adelantar la evaluación académica respectiva a través de la CONACES.

75. Respecto del caso similar, la jurisprudencia de esta Sección precisó que debe
existir identidad fáctica entre los actos administrativos citados como precedentes y
la solicitud respectiva, en cuanto a: (i) el contenido del programa52; (ii) la universidad
que otorgó la titulación; y (iii) el nivel de convalidación pretendido53.

76. En el asunto sub examine, se acreditó que el 14 de febrero de 2014 la
demandante requirió al ministerio la convalidación del Máster en Análisis Económico
Aplicado, cursado en la Universitat Pompeu Fabra entre el 28 de octubre de 2002 y
el 20 de octubre de 200354.

77. El diploma de 20 de octubre de 2003 precisó cuál era el nombre de la titulación
otorgada así:

55

78. El documento 2014ER21436 SAC 5591 39 (sin fecha), denominado “[…]
verificación de documentos de solicitud de CONVALIDACIÓN […]”, demuestra que

47
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2009-
00376-00.
48
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00166-00,
Actor: Carlos Felipe Córdoba.
49
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm. 11001-03-24-000-2009-00355-
00.
50
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2014-
00343-00.
51
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00215-
00
52
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 13 de marzo de 2014 radicación núm.
11001-03-24-000-2010-00166-00, Actor: Carlos Felipe Córdoba.
53
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 6 de noviembre de 2020,
radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00215-00.
54
Cfr. Índice 48 expediente digital, documento denominado “ED - CuadernoPpalParte2-3-CuadernoPrincipalParte2 Folio
197a392.pdf(.pdf) NroActua 48”, folio 63.
55
Ibidem, folio 69.

18

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

la demandante requirió la aplicación del numeral 3.° del artículo 3.° de la Resolución
5547, conforme a la siguiente constancia:

“[…] ANEXA CARTA DE SOLICITUD DE CASO SIMILAR A LA RESOLUCIÓN DE
CONVALIDACIÓN NO. 1317 DEL 16 DE MARZO DE 2007 […]”56

79. En la Resolución 1317 de 16 de marzo de 200757, el Ministerio de Educación
Nacional reconoció la siguiente convalidación:

“[…] Que MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ (…) presentó para su
convalidación el título de MÁSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICA APLICADA,
otorgado el 15 de noviembre de 2000, por la UNIVERSITAT POMPEU
FABRA, ESPAÑA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación
Nacional con el No. 2006ER692982581606.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4675 de 2006
corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de
educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

Que en virtud del artículo 3° de la Resolución 5547 del 1° de diciembre de
2005, uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de
títulos de educación otorgados por instituciones extranjeras es el de
evaluación académica el cual establece que “Si el título que se somete a
convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios señalados
anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios
que se están convalidando, o su denominación, se someterá la
documentación a proceso de evaluación académica”.

Que los estudios fueron evaluados por la Sala de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la cual emitió
concepto favorable señalando que el título es equivalente al de
MAGISTER EN ECONOMÍA.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y
legales en Colombia, el título de MÁSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICA APLICADA,
otorgado el 15 de noviembre de 2000, por la UNIVERSITAT POMPEU FABRA,
ESPAÑA, como equivalente al título de MAGÍSTER EN ECONOMÍA a MARÍA
VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ. […]”. (Negrilla fuera del texto).

80. Mediante oficio de 10 de abril de 2014, la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior solicitó a la demandante que allegara “[…] una
certificación emitida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DE ESPAÑA, donde conste que el título de análisis económico aplicado otorgado

56
Ibidem, folio 73.
57
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación.

19

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
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por la UNIVERSITAT POMPEU FABRA, ESPAÑA, corresponde a un título oficial
de educación superior […]”58. (Negrilla, mayúscula y subrayado del texto).

81. Através de oficio de 18 de junio de 201459, la demandante contestó ese
requerimiento en los siguientes términos:

“[…] En este sentido, me permito poner en su conocimiento que el 16 de marzo de
2007, la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional, emitió la Resolución 1317 mediante la cual resuelve: "Convalidar y
reconocer para todos sus efectos académicos y legales, el título de MASTER EN
ANÁLISIS ECONÓMICA APLICADA, otorgado el 15 de noviembre de 2000 por la
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, ESPAÑA, a (…) como equivalente al título de
MAGISTER EN ECONOMÍA "(Ver Anexo 1).

Y que para llegar a dicha resolución, expone dentro de los considerandos: "Que los
estudios fueron evaluados por la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Comisión Nacional intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior - CONACES, la cual emitió concepto favorable, señalando que el
título obtenido es equivalente al de MAGISTER EN ECONOMÍA.

Al respecto se destaca que los estudios evaluados con concepto favorable por
el CONACES, para el curso 2000-2001, son los mismos que yo cursé en 2002-
2003, por cuanto guardan un programa muy similar en contenido y asignaturas,
dictado por el mismo cuerpo profesoral, con la misma calidad y las mismas
exigencias académicas, según consta en certificado emitido por la Universidad
Pompeu Fabra, el cual se adjunta al documento como Anexo 2.

Ahora, como se puede inferir del mismo certificado, tanto la edición 2000-2001 del
Máster como la edición 2002-2003, se desarrollaron dentro de la usanza y marco
legal vigente de su momento coma Master propio de la Universidad Pompeu
Fabra, ya que tan solo a partir del curso académico 2006-2007, con la
publicación del Real Decreto 1393/2007, se produce un cambio sustancial en la
regulación de los Máster y posgrados en España. […]”. (Negrilla fuera del texto).

82. Junto con la citada respuesta, la demandante aportó la certificación de 15 de
mayo de 201460, elaborada por la directora del Área de Operaciones y Ordenación
Académica de esa universidad. En dicho documento se afirmó que los citados
programas son similares:

“[…] CERTIFICO: Que la Sra. CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS […] ha
superado con aprovechamiento el Máster en Análisis Económico Aplicado, (7ª
edición), con un valor académico de 40 créditos, equivalentes a 400 horas
lectivas, Impartido (sic) en el IDEC-UPF en el marco de la programación
académica 2002-2003.

El programa se inició el 28 de octubre del 2002 y finalizó el 21 de junio del 2003.

La regulación de los másters (sic) y postgrados por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia (MEC) se produjo a raíz de la publicación del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre. Hasta ese momento, cada universidad había optado por gestionar sus
propios programas Másters (sic).

58
Ibidem, folio 76.
59
Ibidem, folio 77.
60
Ibidem, folio 82.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

Es a partir del curso académico 2006-2007, cuando surgen ofertas de un número
limitado de Másters (sic) Universitarios con la denominación de "Másters (sic)
Oficiales", que posteriormente adoptan la exclusiva denominación de "Másters (sic)
universitarios".

En este ámbito, tanto los Másters (sic) universitarios como los propios que imparte la
Universidad Pompeu Fabra (UPF), cumplen los requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), han estado aprobados por la Comisión de Postgrado y
Doctorado de la UPF, y sus títulos están firmados por el rector de dicha universidad.

La 7a edición del Máster en Análisis Económico Aplicado, curso académico 2002-
2003, se desarrolló como Máster propio de la UPF, manteniendo la misma
acreditación, la misma calidad y excelencia que el mercado le ha reconocido, desde
sus inicios, en el año 1996-1997. Las propias universidades son las que han de
acreditar el programa. Así mismo, hacemos saber que para obtener la titulación de
máster el participante tenía que asistir a clase (como mínimo al 80% de las sesiones
lectivas), superar las pruebas académicas correspondientes y superar el proyecto
final del programa.

Además, confirmamos que el contenido y las asignaturas del programa de dicho
máster son muy similares en ambas ediciones comentadas, tanto la 5ª edición
curso académico 2000-2001 como la 7ª edición curso académico 2002-2003.
[…]”. (Mayúscula del texto y negrilla fuera del texto).

83. La descripción de ese máster en las ediciones quinta y séptima está en los folios
85 a 104 del expediente digital; información a partir de la cual la Sala elaboró el
siguiente cuadro comparativo:

5° edición 7° edición
2002-2003
Programa
“[…] De manera general (y para cualquier “[…] El programa se estructura en cuatro
tipo de dedicación), el programa se módulos; otoño, invierno, primavera y
estructura en cuatro módulos: otoño, verano. Los tres primeros tienen una
invierno, primavera y verano. Los tres duración de 10 semanas lectivas y una
primeros tienen una duración de 10 semana dedicada a la realización de las
semanas lectivas y una semana dedicada a correspondientes evaluaciones. El módulo
la realización de las correspondientes de verano se dedica íntegramente a la
evaluaciones. El módulo de verano se realización del proyecto final del Máster,
dedica íntegramente a la realización del definido durante el módulo de primavera.
proyecto final del Máster, definido durante el
módulo de primavera. Módulo de otoño: Macroeconometría
Estadística aplicada, Previsión y
Módulo de otoño: Macroeconometría, coyuntura.
Estadística Aplicada, Previsión y Coyuntura,
Fuentes Estadísticas y Programas Módulo de invierno: Macroeconomía
Informáticos. aplicada, microeconometría, Investigación
operativa y Planificación económica,
Módulo de invierno: Macroeconomía Introducción a los productos
Aplicada, Microeconometría, Investigación financieros y su valoración.
Operativa y Planificación Económica.
Módulo de primavera: Política fiscal y
Módulo de primavera: Política Fiscal y comercial, Microeconomía aplicada,
Comercial, Microeconomía Aplicada, Análisis coste-beneficio, Evaluación de
proyectos y Proyecto (inicio).

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

Análisis Coste-Beneficio, Evaluación de
proyectos, Proyecto (inicio). Módulo de verano: El proyecto se realizará
bajo la dirección de un profesor. Cada
Módulo de verano: El proyecto se realizará participante, al final del módulo de
bajo la dirección de un profesor. Cada primavera, deberá presentar un informe, de
participante, al final del módulo de entre 3 y 5 páginas, donde se valorará el
primavera, deberá presentar un informe, de interés del tema elegido y se explicará
entre 3 y 5 páginas, en el que se justifique la brevemente la forma en que se piensa
elección del tema, se explique la abordar. El proyecto se completará durante
metodología y se efectué una valoración el verano y se entregará para su evaluación
previa del interés de los resultados que el 15 de octubre.
puedan obtenerse. El proyecto se El Máster está diseñado de manera que
completará durante el verano y se entregará pueda seguirse en régimen de dedicación
para su evaluación el 30 de septiembre. intensiva (1 año) o a tiempo parcial (2
años). En este último caso, el alumno
A los efectos de la realización del Máster a deberá cursar durante el primer año las
tiempo parcial las asignaturas se estructuran asignaturas incluidas en el bloque C y uno
en los tres bloques siguientes: de los dos otros bloques, A o B, que se
-Bloque A: Macro econometría, detallan a continuación:
Macroeconomía Aplicada, Investigación
Operativa, Planificación Económica y Bloque A:
Política Fiscal y Comercial. Macroeconometría, Macroeconomía
aplicada, Investigación operativa,
-Bloque B: Planificación económica y Política fiscal y
Estadística Aplicada, Previsión y Coyuntura, comercial.
Microeconometría y Microeconomía
Aplicada. Bloque B: Estadística aplicada, Previsión y
coyuntura, Microeconometría y
-Bloque C: Microeconomía aplicada.
Fuentes Estadísticas y Programas
Informáticos, Evaluación de Proyectos y Bloque C: Evaluación de proyectos y
Análisis Coste-Beneficio. Con el fin de Análisis coste-beneficio Con el fin de
repartir de manera homogénea el número de repartir de manera homogénea el número
créditos de cada bloque se han establecido de créditos de cada bloque se han
los grupos siguientes: establecido las siguientes agrupaciones:
Grupo 1: Bloques A y C.
Grupo 1: Bloques A y C Grupo 2: Bloques B y C.
Grupo 2: Bloques B y C
Cada grupo deberá cursarse a lo largo de
Cada grupo deberá cursarse a lo largo de un un año académico siendo indiferente cuál
año académico y es indiferente cuál se se escoja en primer lugar. […]”
escoja en primer lugar. […]”.

Valor académico
“[…]El Máster tiene un valor académico de “[…] 40 créditos […]”
40 créditos. […]”.

Duración y calendario
“[…] El curso tiene una duración de 270 “[…] El curso tiene una duración de 270
horas lectivas, más 55 de prácticas y 75 del hora lectivas, más 55 de prácticas y 75 del
proyecto, a desarrollar en sesiones de 18.30 proyecto final. […]”.
a 21.30 horas, los martes, miércoles y
jueves. Se iniciará el 23 de octubre de 2000
y finalizará el 21 de junio de 2001. […]”.

22

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
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84. Mediante Resolución 11576 de 21 de julio de 2014, el ministerio negó la solicitud
de convalidación objeto del litigio, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

“[…] Que revisados los efectos otorgados por la normatividad española a los títulos
propios encontramos que estos no son reconocidos como títulos de educación
superior por las autoridades competentes en el respectivo país y que por ende
no gozan de los efectos académicos y profesionales y de validez en todo el
territorio nacional español, como si lo hacen los títulos universitarios oficiales los
cuales gozan de validez en todo el territorio nacional español y en el EEES, y es a
estos a los que se les conceden efectos académicos y profesionales por parte del
gobierno español, razón suficiente para decir que estos títulos oficiales son los que
pueden ser objeto del trámite de convalidación de títulos en Colombia. En este
orden de ideas es importante precisar que en la actualidad la normatividad que
sustenta la decisión de negar la convalidación de títulos propios, no es otra que la
colombiana. Esto es, la normatividad aplicable es la colombiana y no la española,
que para este caso se cita a título de información en aras de aclarar las notas
distintivas entre una y otra clase de formación.

Que en lo referente al examen académico solicitado y como se indicó anteriormente,
al mismo se accederá una vez sea aprobado el análisis de legalidad y en este caso
particular, se puede determinar que el título de MASTER EN ANALISIS
ECONÓMICO APLICADO, no cumple con las condiciones de legalidad requeridas.

Que la señora CAROLINA LOZANO KARANAUSKAS mediante comunicación
No. 2014ER92178 del 18 de junio de 2014 y dando respuesta a la comunicación
No. 2014EE27388 del 10 de abril de 2014, presentó información
complementaria en una serie de documentos, se procedió a realizar un
análisis encontrando que no es aplicable a este caso de estudio. […]. (Negrilla
fuera del texto).

85. A través de oficio 2014ER121786 de 5 de agosto de 2014 61, la demandante
presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior
decisión, argumentando, entre otras razones, la presunta transgresión del principio
de confianza legítima y el derecho a la igualdad.

86. En la Resolución 18367 de 5 de noviembre de 2014, la entidad demandada
confirmó la decisión plasmada en la Resolución 11576, al resolver el recurso de
reposición de la demandante, basándose en las siguientes razones:

“[…] FRENTE AL CASO SIMILAR SUJETO AL DERECHO A LA IGUALDAD

La actora argumenta que existe un caso similar mediante el cual se convalidó un
título afín al que presentó la convalidante. Al respecto es necesario tener en cuenta
que si bien es cierto que existen títulos propios convalidados con anterioridad el
Ministerio de Educación Nacional observó que se viola el derecho a la igualdad
de los profesionales colombianos al convalidar un título que por su naturaleza
nacen en desigualdad a los otorgados por las Universidades colombianas,
dando así un trato discriminatorio en perjuicio de quienes realizan sus
estudios en nuestro país. […]”. (Negrilla fuera del texto).

61
Ibidem, folio 111.

23

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87. De las pruebas indicadas supra, la Sala destaca que la demandante solicitó la
aplicación del supuesto de caso similar respecto de la Resolución 1317 de 2007,
en la que esa entidad convalidó y reconoció “[…] para todos los efectos académicos
y legales en Colombia, el título de MÁSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICA
APLICADA, otorgado el 15 de noviembre de 2000, por la UNIVERSITAT POMPEU
FABRA, ESPAÑA, como equivalente al título de MAGÍSTER EN ECONOMÍA a
MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ […]”.

88. Sin embargo, también se acreditó que el título obtenido por la señora Carolina
Lozano Karanauskas fue el de “[…] MÁSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO
APLICADO […]” (negrilla fuera del texto), y que existen diferencias en los
programas académicos de ambas ediciones, aunque son mayoritariamente
similares, conforme a la certificación de 15 de mayo de 2014, elaborada por la
directora del Área de Operaciones y Ordenación Académica de la Universitat
Pompeu Fabra, y a la descripción del contenido de esos másters, obrante en los
folios 85 a 104 del expediente digital.

89. Esto significa que la situación jurídica de la señora Carolina Lozano Karanauskas
no encuadra en el supuesto del numeral 3.° del artículo 3.° de la Resolución 5547,
conforme al cual “[…] Cuando el título que se somete a convalidación, corresponda
a un programa académico que hubiera sido evaluado con anterioridad por el
Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, se resolverá aplicando la misma
decisión que en el caso que sirve como referencia […]”, porque “[…] Para tal efecto,
deberá tratarse del mismo programa académico, ofrecido por la misma
institución y con una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los dos títulos
que no podrá exceder los ocho (8) años. […]”. (Negrilla fuera del texto).

90. Esa norma señala claramente que debe tratarse del mismo programa, y en el
contexto de las citadas diferencias académicas, no se demostró que los motivos
plasmados en las resoluciones demandadas sean falsos, conforme al hecho
presuntamente erróneo indicado por la demandante, relacionado con la existencia
de un caso similar.

91. La Sección Primera de esta Corporación62, en sentencia de 11 de julio de 201963,
explicó que “[…] teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el
acto administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de
falsa motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es
decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que
facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto
administrativo no corresponde a la realidad […]”64. (Negrilla fuera de texto).

62
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de 2019. Radicación
25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
63
Ibidem.
64
Cfr. Cita ibídem.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
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92. Tampoco se acreditó la transgresión de los artículos 2.° y 3.° de la Resolución
5547; 1.°, 2.°, 4.°, 6.° y 29 de la Constitución Política; 2°, 3° y 10 de la Ley 1437;
8.º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
porque algunos de esos preceptos superiores no tienen relación directa con el
cargo y, lo cierto es que los actos demandados respetan las reglas interpretativas
previstas en los artículos 2765 y 2866 del Código Civil.

93. El Ministerio de Educación Nacional no desconoció el precedente de la Sección
Primera plasmado en la sentencia de 13 de marzo de 201467, porque en ese caso
los títulos analizados eran “[…] exactamente los mismos, diferenciándose tan sólo
en el año de su expedición […]”.

94. Aunado a ello, la demandante no probó la transgresión del derecho a la igualdad,
en los términos de la sentencia de 2 de mayo de 201868, en donde la Sala Plena de
esta corporación explicó que el juez debe valorar si entre actores en situaciones
iguales se otorgó un trato diferente sin justificación alguna, o si se brindó un trato
igual, debiéndose adoptar uno diferenciado, en virtud de las circunstancias
disímiles.

95. La decisión de la entidad demandada se aprecia razonable y oportuna ante las
diferencias existentes entre los programas objeto de comparación, lo que significa
que el Ministerio de Educación Nacional no quebrantó el principio de buena fe.

iv) Desviación del poder

96. La demandante alega que el Ministerio de Educación Nacional se negó a aplicar
las normas pertinentes, actuó arbitrariamente y vulneró el derecho a la igualdad,
circunstancias a partir de las cuales se deduce la configuración de la causal de
desviación del poder.

97. Cabe aclarar que la desviación de poder se configura cuando un acto
administrativo expedido por una autoridad competente y con las formalidades
debidas, persigue fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.

98. Por lo tanto, para valorar la configuración de esta causal, es necesario
considerar tanto los fines generales e implícitos en toda actuación administrativa
(satisfacción del interés general, búsqueda del bien común, mejoramiento del

65
“[…] ARTÍCULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados
en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. […]”.
66
“[…] ARTÍCULO 28. <SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS>. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y
obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas
materias, se les dará en éstas su significado legal. […]”.
67
Consejo de Estado. Sección Primera. C. P.: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 13 de marzo de 2014, Radicación núm.:
11001-03-24-000-2010-00166-00.
68
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. William Hernández Gómez, radicación núm. 11001-
03-15-000-2015-00110-00(REVPI).

25

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00
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servicio público), como el específico para cada tipo de acto administrativo, contenido
en la regulación de la atribución o competencia ejercida.

99. Nótese entonces que la desviación suele ser oculta, ya que permanece en la
mente de quienes participaron en la expedición del acto y queda velada por la
indicación expresa del fin jurídico que corresponde al acto. Por lo tanto, para
establecerla, es necesario analizar profundamente las intenciones detrás del acto,
lo cual complica su verificación, especialmente cuando los intereses son espurios,
innobles o mezquinos69.

100. En el caso concreto, el cargo no cuenta con vocación de prosperidad porque la
demandante no desarrolló la carga argumentativa mínima requerida para abordar el
planteamiento y, por el contrario, se acreditó la aplicación de la normatividad
vigente, y la no transgresión del principio de igualdad.

101. En todo caso, de conformidad con el acervo probatorio, para la Sala no es viable
concluir que existió una injerencia por parte de algún funcionario del ministerio en la
expedición de los actos demandados, a fin de favorecer intereses particulares.
Tampoco obra prueba que permita establecer conductas de tráfico de influencias o
de responsabilidad de algún servidor público.

v) Transgresión del ordenamiento superior por la aplicación arbitraria de los
criterios de convalidación

102. La demandante argumenta que las Resoluciones 11576, 18367 y 21508 de
2014 vulneran los artículos 1.°, 2.° y 4.° de la Constitución Política; 10 de la Ley
1437 y 3.° de la Resolución 5547 de 2005, así como el criterio jurisprudencial
adoptado en las sentencias T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de 2014, debido
a la manera arbitraria como el ministerio resolvió el procedimiento de convalidación.

103. Previamente se mencionó que los criterios de verificación previstos en el artículo
3.° de la Resolución 5547 son jerárquicos y excluyentes. Por ello, cuando no existe
un convenio de reconocimiento de títulos, ni el programa se encuentra acreditado,
o no existe un caso similar previamente convalidado, el Ministerio de Educación
Nacional debe evaluar el caso siguiendo lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo
3° de la Resolución 5547.

104. Esa norma determinó que cuando “[…] no existe certeza sobre el nivel
académico de los estudios que se están convalidando se someterá la
documentación a proceso de evaluación académica […]”. El CONACES compara
de forma objetiva el pénsum, la intensidad horaria y la metodología pedagógica con

69
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de julio de 2012. Radicación
núm. 66001-23-31- 000-1998-00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Igualmente, ver: Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de noviembre de 2021. Radicación núm. 11001-03-24-000-
2010-00529-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de julio de 2020. Radicación núm. 66001-23-33-000-2014-00137-01. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

sus equivalentes nacionales, para asegurar el nivel académico de los programas
foráneos, siguiendo un procedimiento que respeta el debido proceso70.

105. La Corte Constitucional en las sentencias T-956 de 201171, T-232 de 201372 y
T-430 de 201473 advirtió que el Ministerio de Educación Nacional no puede negar la
convalidación de los títulos propios otorgados por instituciones académicas
extranjeras, por razones de “[…] validez de esa clase de títulos […]”, dado que, ante
los eventos de incertidumbre sobre la calidad de los programas, la norma nacional
prevé el procedimiento de evaluación académica74.

106. Precisamente, en la sentencia T-232 la Corte Constitucional explicó que:

“[…] a partir de los presupuestos de la Resolución 5547 de 2005 y la aplicación que
se le ha dado a ésta, para efectos de la convalidación de títulos en Colombia, la
naturaleza del título, propio u oficial, no puede ser motivo para negar su
reconocimiento. De allí que se haya concluido que, para determinar la viabilidad
de la convalidación de un título propio en el territorio nacional, se requiere de
la evaluación académica, para determinar, con base en el programa, qué valor
se le da al título en el ordenamiento jurídico, y así garantizar la calidad de la
educación que se recibió […]”. (Negrilla fuera del texto).

107. En el caso concreto, como lo reconoce la entidad demandada en el escrito de
contestación, el ministerio negó la convalidación del título “propio” obtenido por la
demandante, por razones de validez, sin adelantar el procedimiento aplicable de
evaluación académica.

108. Concretamente, en la Resolución 18367 de 5 de noviembre de 2014 el ministerio
explicó que no agotó ese procedimiento por las siguientes razones:

“[…] Teniendo en cuenta la anterior y al establecer un paralelo entre los títulos
colombianos y los títulos españoles, tenemos que los títulos oficiales españoles son
los que cuentan con las mismas características legales que los títulos colombianos
(reconocimiento oficial y seguimiento de su calidad) mientras que los títulos
denominados propios (“otros títulos”) no tienen dicho reconocimiento oficial ni
cuentan con los seguimientos su calidad. Estos se asemejan, en cuanto sus
características legales a los diplomados colombianos. Es por ello que no es
posible establecer que los títulos propios son equivalentes a los títulos colombianos,
puesto que los primeros no cuentan con las mismas características que los
segundos. Conceder una equivalente en este sentido, sería una clara
violación del derecho a la igualdad de los titulados colombianos, ya que

70
Según el artículo 9.° ibidem, “[…] en el evento de la aplicación del criterio de convalidación por evaluación académica, en
todo caso, deberá darse traslado del concepto académico desfavorable a la solicitud del interesado, para que fije su posición
explicando, aclarando o aportando información adicional, en los términos del artículo 7° de la presente resolución. De no
obtenerse respuesta dentro del plazo señalado, se procederá a expedir el correspondiente acto administrativo que decide de
fondo la solicitud. […]”.
71
Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
72
Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
73
Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
74
Respecto del carácter vinculatorio de los aludidos precedente debe considerarse que aun cuando los efectos de las
sentencias T-956-11, T-232-13y T-430-14, son inter partes, lo cierto es que la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de
1996, concluyó que los apartes que fijan el contenido y alcance de los derechos constitucionales en los fallos proferidos por
esa corporación judicial al realizar el control concreto mediante sentencias de tutela, sirven de criterio auxiliar de la actividad
de los jueces. En este contexto y en virtud del principio de igualdad, la ratio decidendi de las sentencias de revisión vinculan
a todos los funcionarios judiciales al momento de resolver una controversia judicial (Sentencias T-351 de 2011, C- 104 de
1993, T-566 de 1998 y T-292 de 2006).

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Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

estaría reconociendo como equivalente a sus títulos un título extranjero que
no cuenta con los mismos efectos en su país de origen.

Es en este sentido se niega la convalidación del título del recurrente, puesto que el
mismo al ser un título propio y no contar con similares características de validez,
reconocimiento y de seguimiento de calidad de los títulos colombianos, no supera
el examen de legalidad del que habla el artículo décimo de la Resolución No.5547
de 2005.

Finalmente se recuerda que convalidando los títulos propios (diplomas que no
tienen reconocimiento de educación superior por el Estado español y cuyas
características legales se asemejan a los diplomados colombianos) se le estaría
dando mayores prerrogativas a los diplomas que no constituyen títulos de
educación superior en el extranjero con respecto a sus homólogas colombianos, ya
que aquellos se reconocerían como títulos de educación superior en Colombia con
todos sus efectos académicos y legales mientras que los diplomados colombianos
que no constituyen títulos de educación superior diplomados seminarios no se le
reconocen los mismos efectos. […]”. (Negrilla fuera del texto).

109. Por su parte, la Resolución 21508 de 19 de diciembre de 2014 explicó que:

“[…] Existen grandes diferencias entre Master como títulos propios o los Master
títulos oficiales, que permiten su reconocimiento y convalidación en Colombia y son:

1. Los Master oficiales dan acceso al doctorado los títulos propios no y,
2. Los Master oficiales están reconocidos en todo el territorio de la unión
europea.

Caso muy diferente a los títulos de master Colombianos que todos permiten
el acceso al doctorado y son reconocidos por todos los sectores económicos
en Colombia.

En el caso que nos ocupa con respecto al título de master, estos estudios están
orientados fundamentalmente a titulados universitarios de segundo ciclo y
excepcionalmente a titulados de sólo primer ciclo cuyas (titulaciones tengan
conexión con las enseñanzas especializadas del título de master. La duración
de los masters propios es generalmente menor que los oficiales. 500 horas
(50 créditos) aproximadamente, frente a las 1.500 mínimas de los oficiales;
aunque siempre dependerá de la programación de cada universidad, puesto
que hay algunos que pueden tener una duración de hasta dos cursos
académicos.

Lo anterior atiende a la legalidad de los títulos otorgados en España frente a los
títulos que, bajo la razonable equivalencia académica con programas de este mismo
nivel en Colombia, para lo cual se deben tomar las orientaciones dadas en la
normatividad colombiana tales como Decreto 1295 de 2010, entre otros. Así, de
acuerdo con dicho Decreto, en Colombia un crédito equivale a cuarenta y
ocho (48) horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las
horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo
independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades
de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de
aprendizaje. Es importante resaltar que las Maestrías oscilan entre los 45 y
los 60 créditos; que hacen referencia tanto al trabajo presencial, como al
trabajo independiente y al destinado para el trabajo de investigación, es decir
que el rango total de horas académicas para una maestría en Colombia es de
2160 a 2880 horas, que si bien se tiene difieren en gran distancia de las horas

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académicas de un programa de los denominados como "títulos propios". […]”.
(Negrilla fuera del texto).

110. Esto significa que las Resoluciones 11576 de 21 de julio de 2014, 18367 de 5
de noviembre de 2014 y 21508 de 19 de diciembre de 2014, transgreden el numeral
4.º del artículo 3.° de la Resolución 5547, por cuanto en esa situación fáctica “[…]
no existe certeza sobre el nivel académico […]” y, por ello, “[…] se someterá la
documentación a proceso de evaluación académica […]”.

111. La irregularidad mencionada no se corrigió en el año 2016, como afirma la
entidad demandada, a pesar de que el ministerio en ese año sometió el título a la
valoración técnico-académica de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES75, porque el
estudio de legalidad que adelanta esta jurisdicción se realiza conforme a las
circunstancias de hecho y de derecho vigentes al momento de la expedición de las
resoluciones demandadas.

112. La Resolución 5547 de 2005 contempló una etapa de traslado del concepto
académico que no se demostró en el caso concreto, ni se acreditó que la CONACES
evaluara en el año 2016 si el título equivale a un nivel académico distinto al de
maestría.

113. Por consiguiente, es procedente declarar la nulidad de los actos acusados y,
como existe una duda sobre el nivel de convalidación aplicable al caso, a título de
restablecimiento, se ordenará a la Dirección de Calidad para la Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional que adelante dicho procedimiento
nuevamente, conforme a lo reglado en la Resolución 5547 de 2005, sin incurrir en
la transgresión normativa demostrada en este proceso.

114. Finalmente, se advierte que los presupuestos previstos en el artículo 188 de la
Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena
en costas, no se configuran, porque no se acreditó su causación en el acervo.

75
Resolución 02387 de 16 de febrero de 2016, por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación según lo
ordenado por la sentencia de tutela 2016-00348-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D. La parte motiva de ese acto administrativo señala ”[…] 2. ASPECTOS ACADEMICOS (...) La sala de
evaluación de Administración de Empresas y Derecho del 1 de Febrero de 2016, realiza evaluación académica para
el proceso de convalidación del título propio de MÁSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO de la UNIVERSITAT
POMPEU FABRA, solicitada por el MEN. Si bien es evidente que las denominaciones de las actividades académicas
desarrolladas en temas agrupados en 4 módulos evocan las temáticas cubiertas en un programa de similares
características en Colombia, el contenido de las mismas y su desarrollo en términos de intensidad horaria, no se
asemejan a lo ofertado como formación de maestría en Colombia. La convalidante presenta certificación expedida
por la Universidad otorgante del diploma, donde se registra que fue desarrollado con un valor académico de 40
créditos, equivalentes a 400 horas (270 lectivas, 55 prácticas y 75 del proyecto), lo anterior permite a la Sala emitir
concepto académico de no encontrar razonable equivalencia con un programa de Maestría ofertado en Colombia en
términos de intensidad horaria y duración. En Colombia, un programa de ésta naturaleza es ofertado en
aproximadamente 2.300 horas 3. CONCEPTO TECNICO: No Convalidar […]". (Negrilla fuera del texto).

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Demandante: Carolina Lozano Karanauskas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 11576 de 21 de
julio de 2014, 18367 de 5 de noviembre de 2014 y 21508 de 19 de diciembre de
2014, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Dirección de
Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional que
adelante nuevamente el procedimiento de convalidación del sub examine, acorde a
lo reglado en la Resolución núm. 5547 de 2005, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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