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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00575-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00575-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00575-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: JAVIER DE JESÚS VILLA DÍAZ GRANADOS
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL PROCEDIMIENTO DE
CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS EXTRANJEROS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada1 por el señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados contra las
Resoluciones 20429 de 4 de octubre de 2017, 4072 de 9 de marzo de 2021 y 9954
de 1.º de junio de 2021.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.El señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho2 presentó demanda con el propósito de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 20429 DEL 04 DE
OCTUBRE DE 2017 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación”,
expedida por LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, y que decidió
NEGAR la convalidación del título CURSO DE POSTGRADUAC@O LATO SENSU
EN MEDICINA E CIRUGIA PLÁSTICA ESTÉTICA, otorgado por la UNIVERSIDADE
VEIGA DE ALMEIDA, de Río de Janeiro, Brasil, solicitada por el demandante.

2. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 004072 DEL 09 DE MARZO
DE 2021 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en
contra de la Resolución 20429 del 4 de octubre de 2017, en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia,
dentro del expediente 2021-00008”, expedida por LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, que decidió confirmar en todas sus partes la Resolución
No. 20429 del 04 de octubre de 2017.

3. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 009954 DEL 01 DE JUNIO
DE 2021 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por LA
NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, que decidió confirmar en todas

1
A través de apoderado judicial.
2
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

sus partes la Resolución No. 004072 del 09 de marzo de 2021 y la Resolución No.
20429 del 04 de octubre de 2017.
4. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a LA
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a título de restablecimiento, a
expedir el acto administrativo correspondiente para CONVALIDAR el título de CURSO
DE POST-GRADUAC@O LATO SENSU EN MEDICINA E CIRUGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA, otorgado por la UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, de Río de Janeiro,
Brasil obtenido por el demandante JAVIER DE JESÚS VILLA DÍAZ GRANADOS en
cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo con la Resolución 06950 de 2015,
vigente para la fecha en que se inició y finalizó el curso de postgrado, por el
equivalente en Colombia como Especialista en Cirugia (sic) Plástica: Reconstructiva
y Estética.

5. Que se condene en costas a la entidad demandada en los términos del artículo 188
del CPACA.

6. Se condene a la entidad demandada a cumplir la sentencia en los términos
dispuestos en el artículo 192 y concordantes del CPACA. […]”3. (Negrilla del texto).

2. Mediante escrito de 14 de diciembre de 2021, el demandante presentó
subsanación de la demanda, en el que aportó el comprobante de la notificación de
la Resolución 9954 de 1.º de junio de 20214.

I.1.1. Los hechos

3. Indicó que el señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados se graduó como médico
cirujano en la Universidad Libre de Colombia - Seccional Atlántico en 1992 y,
posteriormente, cursó la especialización de cirugía general por dos años en la
Fundación Universitaria San Martín - Sede Puerto Colombia.

4.Aclaró que, entre marzo de 2012 y febrero de 2015, cursó el programa de “[…]
CURSO DE POST-GRADUAÇAO LATO SENSU EN MEDICINA E CIRUGIA
PLÁSTICA ESTÉTICA […]” en la “[…] UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA […]”
con asistencia periódica a clases teóricas y prácticas.

5. Manifestó que el 9 de octubre de 2015 obtuvo el respectivo título y el 28 de
diciembre de 2015 solicitó al Ministerio de Educación Nacional su convalidación
como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

6. Mencionó que en ese trámite cumplió con todos los requisitos exigidos en la
Resolución 5547 de 1.° de diciembre de 2005, pues allegó el diploma apostillado,
las traducciones oficiales, el récord quirúrgico y las certificaciones del director del
programa.

7. Mediante Resolución 20429 de 2017, confirmada a través de las Resoluciones
4072 y 9954 de 2021, el ministerio negó la convalidación al advertir que los estudios
cursados no eran equiparables a los homólogos nacionales, por cuanto no se
cumplió con la carga horaria requerida, la asistencia era semipresencial y se
presentaban inconsistencias en el plan de estudios.

3
Cfr. Índice 2 expediente digital, documento denominado “3_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”.
4
Cfr. Índice 10 expediente digital, documento denominado “SUBSANACIÓN(.PDF) NroActua 10“.

3

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8. El señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados afirmó que los actos acusados
vulneran los artículos 2, 4, 6, 13, 26 y 29 de la Constitución Política; 13 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5; 13 del Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales6; 3 de la Ley 1437 de 2011; y las Resoluciones 5547 de 1 de diciembre
de 20057 y 6950 de 15 de mayo de 20158. Los cargos se agrupan en los siguientes
ejes temáticos9:

i) La aplicabilidad de la Resolución 5547 de 1 de diciembre de 2005

9.Señaló que la Resolución 5547 de 2005 era la norma aplicable al proceso de
convalidación, ya que estaba vigente cuando finalizó sus estudios en febrero de
2015.

10. Puso de presente que las Resoluciones 5547 de 2005 y 6950 de 2015, exigen
requisitos similares para la convalidación de títulos otorgados por instituciones
extranjeras reconocidas por las autoridades competentes. Sin embargo, el
ministerio utilizó la Resolución 6950 de 2015 como base para negar la convalidación
de su título.

ii) Infracción del ordenamiento superior que regula el procedimiento de
convalidación de títulos académicos foráneos

11. Refirióque los actos cuestionados vulneran los artículos 2, 4 y 6 de la
Constitución Política, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, y 13 del “Protocolo de El Salvador”, así como la Resolución 6950 de
2015, porque el Ministerio de Educación Nacional cometió un error al negar la
convalidación de su título y basar su decisión en una comparación con otras
facultades colombianas de medicina.

12. Precisó que el ministerio empleó criterios que no estaban estipulados en la
Resolución 06950 de 2015 para negar la convalidación, y concluyó erróneamente
que el demandante no cumplía con las condiciones de dedicación exclusiva,
asistencia presencial y la cantidad mínima de 11.520 horas académicas.

5
Ley 74 de 26 de diciembre de 19685, “[…] Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 […]”.
6
Ley 319 de 1996, “[…] Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988 […]”.
7
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior […]”.
8
“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país,
para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014 […]”.
9
El demandante no explicó las razones por las que los actos acusados desconocían los artículos 13 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

4

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

13. Señaló que, en mayo de 2017, dos años después de haber finalizado sus
estudios en Brasil, le solicitaron nuevos requisitos adicionales que no estaban
claramente establecidos en ninguna norma. Entre estos requisitos se encontraban
la intensidad horaria, la asistencia presencial y el contenido del currículo educativo,
entre otros.

14. Argumentó que el demandante presentó todos los requisitos adicionales exigidos
por la Resolución 6950 de 2015, en especial el plan de estudios del programa
académico. Dicho plan forma parte de la autonomía universitaria y de los títulos que
otorgan países extranjeros, por lo que no corresponde cuestionar un programa
educativo solo porque no es idéntico al colombiano.

15. Explicó que las instituciones extranjeras educativas cuentan con autonomía
universitaria. Por lo tanto, “[…] no puede el Ministerio so pretexto de validar unos
estudios, cuestionar la independencia académica y curricular que tienen las
Universidades extranjeras respecto de sus propios títulos […]”.

16. Expresó que el ministerio realizó una investigación sobre la legitimidad e
idoneidad de la Universidad Veiga de Almeida de Brasil que fue publicada en la
Gaceta del Congreso de la República núm. 1109 de 7 de diciembre de 2016. Allí se
informó que dicha universidad cuenta con acreditación de alta calidad y que la
primera convalidación de títulos de posgrado de dicha institución se realizó el 14 de
septiembre de 2010 y que a la fecha de la exposición habían convalidado treinta y
nueve solicitudes y habían negado ocho.

iii) Quebrantamiento de los derechos al trabajo y a la libre escogencia de
profesión

17. Citó como transgredidos los artículos 25 y 26 de la Constitución Política “[…] al
impedirle practicar las actividades profesionales inherentes al título de
especialización cuya convalidación fue denegada, pues el hecho de que el
Ministerio hubiese convalidado otros títulos de educación superior le generó la
legítima confianza de que al culminar sus estudios de especialización, recibiría el
mismo tratamiento […]”.

iv) Transgresión del derecho a la igualdad

18. Afirmó que el Ministerio de Educación Nacional vulneró el derecho a la igualdad
debido a que otorgó un trato diferenciado e injustificado al demandante, en
comparación con otros profesionales de la medicina que cursaron especializaciones
en Brasil, bajo condiciones académicas similares o iguales, y a quienes se les
convalidaron sus títulos para ejercer como especialistas en cirugía plástica,
reconstructiva y estética en Colombia.

v) Desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legitima

19. Indicó que el Ministerio de Educación Nacional infringió el artículo 3 de la Ley
1437 de 2011, al expedir las Resoluciones 20429, 4072 y 9954, ya que la entidad

5

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

no respetó los principios de imparcialidad y buena fe. Asimismo, señala que se
quebrantó su confianza legítima, pues tenía la expectativa de recibir el mismo
tratamiento que se otorgó en situaciones análogas al culminar sus estudios de
especialización.

vi) Vulneración del derecho al debido proceso

20. Argumentó que, al resolver los recursos de reposición y apelación presentados
contra la Resolución 20429, el ministerio utilizó argumentos diferentes a los que
originalmente fundamentaron la negativa de la convalidación. Concretamente, el
ministerio en la Resolución 20429 de 2017, cuando resolvió la solicitud de
convalidación, no abordó ningún aspecto relacionado con la idoneidad de los
programas de especialización de la Universidad Veiga de Almeida en Brasil. Sin
embargo, cuando decidió el recurso de apelación mediante la Resolución 4072 de
2021, presentó nuevos argumentos para justificar la negativa de la convalidación.

21. Mencionó que estos fundamentos adicionales estaban relacionados con la
idoneidad del programa y se apoyaban en el análisis de normas extranjeras que
cuestionaban la legalidad del título otorgado.

I.2. La contestación de la demanda

22. Mediante escrito de 1.° de junio de 202210, el Ministerio de Educación Nacional
se opuso a las pretensiones de la demanda. Explicó que la convalidación de títulos
es el reconocimiento que el ministerio efectúa sobre un título otorgado por una
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente
reconocida por la autoridad competente en el país de origen, cuando es homologo
a un programa nacional.

23. Sostuvo que la evaluación académica requiere estudiar de forma individual las
actividades académicas y situaciones particulares en las cuales se adelantaron los
estudios correspondientes. En el marco de esa evaluación, el demandante no
superó el examen académico realizado por la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES).

24. Indicó que, en este caso, no hubo un trato diferenciado ya que el derecho a la
igualdad implica que todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley y
que las normas se apliquen de manera uniforme. El proceso de convalidación
seguido por el demandante fue sometido a una evaluación académica bajo los
mismos criterios que se aplicaron en los demás casos citados, conforme a la
Resolución 6950 de 2015 y respetando el debido proceso administrativo.

25. Argumentó que los actos administrativos demandados se expidieron con total
apego al ordenamiento jurídico y después de cumplir todas las etapas del
procedimiento previsto en la Resolución 6950 de 2015 que regulaba el asunto al
momento de tramitar la solicitud. Dicha resolución establece que, para títulos en el

10
Cfr. Índice 20 expediente digital, documento denominado “CONTESTACIÓN MINISTERIO DE EDUCACION 2(.pdf)
NroActua 20”.

6

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

área de la salud, se debe aplicar el criterio de evaluación académica que realiza la
Sala del Área de Ciencias de la Salud de la CONACES.

26. Destacó que “[…] las competencias y habilidades adquiridas se obtienen de
forma individual por la naturaleza misma del proceso […]”, por lo que la mencionada
evaluación “[…] viene a ser el resultado de un análisis integral sobre los estudios
cursados, así como de los procesos de formación de orden particular […]”.

27. Manifestó que la fecha correcta en que se presentó la solicitud fue el 23 de marzo
de 2016 y para que se pudiera aplicar la Resolución 5547 de 2005, vigente antes
de la fecha en que se presentó la solicitud de convalidación, se debería encontrar
en presencia de derechos adquiridos y no solo de meras expectativas, escenario
que no se configura en este caso.

28. Indicó que la solicitud de convalidación se presentó el 23 de marzo de 2016 fecha
en que la Resolución 5547 de 2005 no estaba vigente. Aunado a ello, la demora en
el estudio del trámite se debió a la actualización de la herramienta tecnológica
dispuesta para el trámite de solicitudes de convalidación, a los fenómenos de
migración, a la complejidad de la oferta educativa y a la internacionalización de la
educación superior.

29. Adujo que en Brasil se implementó una política gubernamental denominada
“más médicos para Brasil” que establecía como meta la creación de más escuelas
y lineamientos de formación de médicos generales y especialistas con el fin de
aumentar la cobertura. Dicha medida no contó con el apoyo de la Asociación
Médica de Brasil ni la Asociación Médica Mundial por cuanto no se respetaron los
lineamientos de la regulación de licencia médica y desarrollo de competencias
adecuadas.

30. Señaló que el título cuya convalidación se solicita no cumplió con los requisitos
técnicos y académicos exigidos, ya que el curso realizado fue de modalidad
semipresencial y no de tiempo completo, no contó con un número suficiente de
horas prácticas asistenciales y los estudios de cirugía general realizados como
residente en la Fundación Universitaria San Martín no están incorporados dentro
del plan de estudios del programa de posgrado cursado en Brasil.

31. Indicó que los actos administrativos acusados se encuentran amparados con
presunción de legalidad, toda vez que la carga de la prueba para desvirtuarlos
radica en la parte demandante.

32. Manifestó que no se puede invocar la autonomía universitaria establecida en la
Constitución Política, ya que se trata de un título otorgado por una institución de
educación superior extranjera, la cual se rige por las normas de su propio país. Por
ello, dichos títulos deben ser evaluados conforme a la legislación colombiana.
33. Puso de presente que obtener un título en el extranjero no otorga
automáticamente derechos adquiridos, sino que es necesario cumplir con el
proceso de convalidación para asegurar la homogeneidad del nivel académico con
los programas nacionales.

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

34. Finalmente, presentó las excepciones de: i) “[…] Presunción de legalidad de los
actos administrativos proferidos por el Ministerio de Educación […]”; ii) “[…]
Inexistencia de concepto de violación en los actos acusados […]”; y iii) “[…]
Excepción genérica […]”.

I.3. Trámite del proceso

35. Mediante auto de 3 de diciembre de 202111, se inadmitió la demanda para que
la parte demandante allegara la constancia de notificación de la Resolución 954 de
1º de junio de 2021.

36. A través de auto de 25 de abril de 202212, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

37. En la audiencia inicial de 31 de marzo de 202313, se fijó el litigio y se decretaron
pruebas.

38. Por auto de 8 de febrero de 202414 se prescindió de la audiencia de alegación y
se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.4. Los alegatos de conclusión

39. El señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados, mediante escrito de 23 de febrero
de 202415, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y señaló que en el
análisis de las pruebas se deben tener en cuenta las resoluciones aportadas que
convalidaron los títulos de múltiples profesionales exactamente iguales al suyo.

40. El Ministerio de Educación Nacional, en escrito de 23 de febrero de 202416,
insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

41. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el planteamiento del problema jurídico: y iv) el análisis del caso concreto.
II.1. Competencia

42. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 149 de
la Ley 1437 y el artículo 1317 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201918, la Sección

11
Cfr. Índice 5 expediente digital, documento denominado “AUTOQUEINADMITEDEMANDA(.DOC) NroActua 5”.
12
Cfr. Índice 12 expediente digital, documento denominado “AUTOQUEADMITEDEMANDA(.pdf) NroActua 12”.
13
Cfr. Índice 37 expediente digital, documento denominado “ACTA AUDIENCIA INICIAL(.pdf) NroActua 37”.
14
Cfr. Índice 73 expediente digital, documento denominado
“AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR_ALEGATOS(.pdf) NroActua 73”.
15
Cfr. Índice 79 expediente digital, documento denominado “118_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 79”.
16
Cfr. Índice 78 expediente digital, documento denominado “ALEGATOS JAVIER DE JESUS VILLA DIAZ
GRANADOSDOCXPDF(.pdf) NroActua 78 “.
17
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
18
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia,
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía,
en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional.

II.2. Los actos administrativos demandados

43. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 20429 de 4 de
octubre de 2017, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Negar la convalidación del título CURSO DE PÓS-
GRADUAÇAO “LATO SENSU” EM MEDICINA E CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA
otorgado el 9 de octubre de 2015 por la UNIVERSIDADE VÉIGA DE ALMEIDA,
BRASIL, a JAVIER DE JESÚS VILLA DÍAZ GRANADOS, ciudadano colombiano […].

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación y contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los
cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal dentro de los
diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 […]”. (Negrilla del texto).

44. También se demandó la Resolución 4072 de 9 de marzo de 202119, a través de
la cual el Ministerio de Educación Nacional, al resolver el recurso de reposición,
confirmó la decisión de no convalidar ese título académico y concedió el recurso de
apelación ante la Dirección de Calidad para la Educación Superior.

45. Asimismo, se cuestionó la Resolución 9954 de 1.° de junio de 202120, a través de
la cual el Ministerio de Educación Nacional, al resolver el recurso de apelación,
confirmó las anteriores decisiones en el sentido de no convalidar ese título académico.

19
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia del 2 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, dentro de la acción de tutela 2021- 00008, promovida por el señor JAVIER
DE JESÚS VILLA DIAZ GRANADOS en la cual se dispuso: […] “Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad
demandada que, dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la notificación del presente fallo, tenga
notificado por conducta concluyente al señor Jesús Villa Díaz Granados de la Resolución 20429 de fecha 4 de octubre de
2017, y resuelva su recurso de reposición y en subsidio apelación incoado contra ésta.”
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución 20429 del 4 de octubre del 2017, por medio de la cual el Ministerio de
Educación Nacional resolvió “Negar la convalidación del título de CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO “LATO SENSU” EM
MEDICINA E CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA otorgado el 9 de octubre de 2015 por la UNIVERSIDADE VÉIGA DE
ALMEIDA, BRASIL, a JAVIER DE JESÚS VILLA DÍAZ GRANADOS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de
ciudadanía No. […].
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación ante la Dirección de Calidad para la Educación Superior, y remitir
el expediente CNV-2016-0003105 para el efecto.
ARTÍCULO CUARTO: Oficiar a la Unidad de Atención al Ciudadano -UAC-, para una vez surtida la notificación del presente
acto administrativo, se remita copia de la misma a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
[…]”.
20
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar las Resoluciones 20429 del 4 de octubre del 2017 y 004072 del 09 demarzo de
2021, por medio de las cuales la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, resolvió ‘Negar la
convalidación del título de CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO “LATO SENSU” EM MEDICINA E CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA otorgado el 9 de octubre de 2015 por la UNIVERSIDADE VÉIGA DE ALMEIDA, BRASIL, a JAVIER DE JESÚS
VILLA DÍAZ GRANADOS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. […]’.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar por conducto de la Unidad de Atención al Ciudadano de este Ministerio, la presente
Resolución al señor JAVIER DE JESUS VILLA DIAZ GRANADOS, acorde con lo dispuesto en artículo 56 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de acuerdo a las prescripciones
normativas plasmadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha en que quede ejecutoriada; esto es, a partir de su notificación.
[…]”.

9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

II.3. El planteamiento del problema jurídico

46. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 31 de marzo de
2023, corresponde a la Sala determinar si los actos demandados transgredieron
“[…] lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 6°, 13, 26, 29 y 83 de la Constitución
Política, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Ley 74 de 1968), el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de El
Salvador” (Ley 319 de 1996), el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, las Resoluciones
5547 de 2005 y 06950 de 2015, al desconocerle los derechos a la educación, a la
igualdad, al trabajo digno, a la prevalencia del derechos sustancial sobre el formal
y al principio del caso similar del señor JAVIER DE JESUS VILLA DIAZ
GRANADOS al negar la convalidación del título otorgado. […]”.

47. En la audiencia inicial se precisó que:

“[…] Concretamente la parte actora formuló como cargo de violación, el relacionado
con el desconocimiento de las normas superiores en las cuales debían fundarse los
actos acusados, falsa motivación y desviación de poder para lo cual señaló que:
1. Vulneración de los artículos 2°, 4°, 6, 13 y 83 de la Constitución Política, el artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74
de 1968) y el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de El Salvador” (Ley 319 de
1996) por cuanto el Ministerio de Educación: i) desconoció los derechos a la
educación, a la igualdad, al trabajo digno y a la prevalencia del derechos sustancial
sobre el formal del señor JAVIER DE JESUS VILLA DIAZ GRANADOS al negar la
convalidación del título otorgado; ii) erró al negar la convalidación fundamentado en
un análisis comparativo con otras facultades de medicina de Colombia, sin tener en
cuenta la autonomía universitaria con que cuentan las Universidades extranjeras
para expedir títulos académicos; iii) no tuvo en cuenta que el propio ente ministerial,
previamente y durante los años 2010 a 2012, concedió convalidaciones de los títulos
obtenidos por otros profesionales en esta misma universidad de Brasil y bajo los
mismos componentes académicos; iv) defraudó la confianza legítima [al
demandante] de que al culminar sus estudios de especialización, recibiría el mismo
tratamiento de los casos similares.

2. Vulneración del artículo 26 de la Constitución Política, en la medida que impidió al
actor escoger libremente su profesión u oficio, esto es, al no permitirle ejercer las
actividades profesionales inherentes al título de especialización cuya convalidación
fue denegada.

3. Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, en tanto que el ente
ministerial “no puede sorprender con nuevos argumentos al resolver el recurso de
reposición y en subsidio de apelación con fundamentos diferentes a aquellos que
soportaron la negativa”.

4. Vulneración del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, toda vez que: “con la expedición
de los actos acusados desconoció que las actuaciones de la administración deben
desarrollarse con arreglo especialmente a los principios de igualdad, imparcialidad y
buena fe”.

5. Vulneración de las Resoluciones Nos. 5547 de 2005 y 06950 de 2015, comoquiera
que el ente ministerial: i) desconoció que ambas resoluciones contienen idénticos
requisitos para efectos de la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, ii)
interpretó de manera subjetiva dichas resoluciones y concluyó erróneamente que los
programas académicos ofrecidos por la Universidad del Brasil no se ajustan al

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

“record” académico exigido en Colombia, iii) utilizó criterios no contemplados para la
convalidación del título conferido, iv) no tuvo en cuenta que el convalidante presentó
el plan de estudios solicitado, concluyendo el ente ministerial erróneamente que el
mismo no cumplía con la dedicación exclusiva, la presencialidad y tampoco que tuvo
la dedicación mínima de 11.520 horas, exigidas en Colombia y; v) desconoció el
principio del caso similar, relativo a que el Ministerio ya había convalidado 39 títulos
de idénticas condiciones a las ofrecidas al actor por la Universidad del Brasil. […]”.

II.4. Análisis del caso concreto

48. Para resolver los problemas jurídicos citados supra, la Sala estudiará en acápites
independientes los cargos relacionados con: i) la aplicabilidad de la Resolución
5547 de 2005; ii) los requisitos normativos exigidos para la convalidación del título
objeto de estudio; iii) la presunta vulneración del derecho a la igualdad; iv) la
presunta transgresión del derecho al trabajo; v) la presunta vulneración del derecho
al debido proceso; y vi) el presunto desconocimiento de los principios de buena fe
y confianza legitima.

II.4.1. La aplicabilidad de la Resolución 5547 de 1 de diciembre de 2005

49. El demandante afirmó que su procedimiento de convalidación se rige por los
parámetros normativos señalados en la Resoluciones 5547 de 2005, y que el
Ministerio de Educación Nacional no consideró que las Resoluciones 5547 de 2005
y 6950 de 2015 establecen los mismos requisitos para convalidar los títulos
obtenidos en el exterior.

50. Con el fin de resolver los planteamientos, se advierte que el debido proceso y el
principio de legalidad en sede administrativa, por regla general21, exigen que las
decisiones de las autoridades públicas estén fundadas en la normatividad vigente
al momento en que inicia el procedimiento administrativo, bien sea a petición de
parte o de oficio.

51. Esta Sección ha sostenido que el procedimiento de convalidación de títulos
académicos extranjeros que adelanta el Ministerio de Educación Nacional, en
cumplimiento del deber del Estado colombiano de inspeccionar y vigilar la calidad
de los servicios educativos, se rige por la norma reglamentaria vigente al momento
de la respectiva solicitud22.

52. En el caso concreto, la norma aplicable cuando el demandante radicó la
petición de convalidación el 23 de marzo de 2016, era la Resolución 06950 de 2015
que estuvo vigente desde su publicación en el Diario Oficial 49522 de 25 de mayo
de 2015.

21
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González. La
aplicación de la Ley o el reglamento en el tiempo presenta tres reglas excepcionales. La retroactividad es la posibilidad de
aplicar una norma a situaciones de hecho consolidadas antes de su entrada en vigencia. La ultractividad es la aplicación de
una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que tuvieron lugar durante su término de vigor, pero que
actualmente los regula una nueva disposición jurídica, con el fin de proteger derechos adquiridos y legítimas expectativas. La
retrospectividad implica aplicar una norma a sucesos anteriores a su vigencia, cuyos efectos seguían activos o no se
resolvieron de manera definitiva.
22
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de mayo de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación
núm. 11001-03-24-000-2016-00230-00, entre otras.

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

53. La Resolución 06950 derogó la Resolución 21707 de 22 de diciembre de 201423,
que había derogado al momento de su publicación la Resolución 5547 de 1.° de
diciembre de 2005, “[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la
convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior […]”.

54. El artículo 324 de la Resolución 5547, determinó unos criterios de convalidación
diferentes a los señalados Resolución 06950 de 2015 para los programas del área
de salud, como se estudiará en el siguiente acápite. De manera que los referidos
reparos no prosperan.

II.4.2. Los requisitos normativos exigidos para la convalidación objeto de
estudio

55. El demandante afirmó que los actos cuestionados vulneran los artículos 2, 4 y 6
de la Constitución Política, 1325 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y 1326 del Protocolo Adicional a la Convención Americana

23
“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones
de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo
país, para expedir títulos de educación superior […]”. 24
“[…] ARTÍCULO 3. Convalidación de títulos de pregrado y posgrado. Para efectos de la convalidación de títulos de
pregrado y de posgrado se deberá hacer una evaluación de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite correspondiente: 1. CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS. Si el título procede de alguno de los países con los cuales el Estado
colombiano ha ratificado convenios de convalidación de títulos […]
2. PROGRAMA O INSTITUCIÓN ACREDITADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. Si la institución
que otorgó el título que se somete a convalidación o si el programa académico cursado por el solicitante se
encuentran acreditados, o cuentan con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o
evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel internacional, se procederá a convalidar el título. En este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo
en debida forma de la documentación requerida. 3. CASO SIMILAR. Cuando el título que se somete a convalidación, corresponda a un programa académico que
hubiera sido evaluado con anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, se resolverá aplicando la
misma decisión que en el caso que sirve como referencia. Para tal efecto, deberá tratarse del mismo programa académico, ofrecido por la misma institución y con una diferencia entre
las fechas de otorgamiento de los dos títulos que no podrá exceder los ocho (8) años. En este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo
en debida forma de la documentación requerida. Una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de soporte a otra convalidación. 4. EVALUACIÓN ACADÉMICA. Si el título que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando,
o su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación académica. Este trámite se adelantará en
un término no mayor a cinco (5) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. […]”
(Negrillas de la Sala)
25
“[…] Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
[…] c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus
hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de
que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. […]”. 26
“[…] Artículo 13. Derecho a la educación

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sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de El Salvador”, y la
Resolución 6950 de 2015, porque el Ministerio de Educación Nacional cometió un
error al negar la convalidación de su título al basar su decisión en una comparación
con otras facultades de medicina de Colombia, sin considerar la autonomía que
tienen las universidades extranjeras para otorgar títulos académicos.

56. Sostiene que el ente ministerial interpretó la Resolución 06950 de 2015 de
manera subjetiva y, por ello, concluyó equivocadamente que los programas
académicos de la Universidad del Brasil no cumplen con el historial académico
requerido en Colombia.

57. Señaló que el Ministerio empleó criterios que no estaban estipulados para validar
el título otorgado. Además, la entidad concluyó erróneamente que este no cumplía
con las condiciones de dedicación exclusiva, asistencia presencial y la cantidad
mínima de 11.520 horas exigidas en Colombia, aunque presentó el plan de estudios
requerido.

58. En su criterio, esa decisión desconoció del derecho a la educación previsto en el
artículo 67 de la Constitución Política y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal.

59. La Sala pone de presente que el artículo 67 superior contempló el deber del
Estado colombiano de inspeccionar y vigilar la calidad de los servicios educativos.
Dicha responsabilidad comprende la homologación y convalidación de los estudios
foráneos.

60. El derecho a la educación no solo implica el acceso a programas académicos,
sino que también exige que esos programas cumplan con estándares de calidad
que promuevan el desarrollo integral de las capacidades de cada individuo. El literal
c del artículo 6 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 199227 y el artículo 228 de la Ley
1188 de 200829 establecen que uno de los objetivos de la educación superior y sus
instituciones es “[…] prestar a la comunidad un servicio con calidad […]”.

61. El procedimiento de convalidación de títulos obtenidos en el extranjero
materializa directamente este derecho, ya que el Estado, a través del Ministerio de
Educación Nacional, verifica que la formación recibida fuera del país sea
equivalente y pertinente respecto a la ofrecida a nivel nacional.

1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, así mismo, en que la educación debe capacitar a
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad Democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos
y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz […]”.
27
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]”.
28
La norma enlista las condiciones de calidad que deben cumplir las instituciones de educación para obtener el registro
calificado de sus programas académicos, tanto en la estructura y relevancia de los contenidos curriculares como en la
formación docente, infraestructura y relación con el sector externo. Además, se requieren mecanismos transparentes de
selección y evaluación, una administración eficiente, cultura de autoevaluación, seguimiento de egresados, bienestar
universitario y recursos adecuados.
29
“[…] Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.

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62. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución
06950 de 2015, “[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para
la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la
Resolución 21707 de 2014. […]”.

63. El artículo 2.° de la Resolución 06950 de 2015 enlistó los documentos que debían
aportar quienes pretendieran adelantar el trámite de convalidación, así:

“[…] Artículo 2. Requisitos para la Convalidación. Para efectos de adelantar el
trámite de convalidación, el solicitante debe presentar ante el Ministerio de Educación
Nacional los siguientes documentos:

1. Solicitud diligenciada en debida forma, según lo establecido por el Ministerio de
Educación Nacional.

2. Fotocopia del diploma legalizado o apostillado, según corresponda, del título que
se pretende convalidar. El diploma del título original debe estar debidamente
legalizado, por vía diplomática o con sello de apostilla.

3. Original o copia del certificado de calificaciones, debidamente legalizado o
apostillado.

4. Para estudios de posgrado, se deberá anexar copia del documento de
pregrado otorgado por la institución de educación superior legalmente
reconocida en Colombia o copia de la resolución que otorga la convalidación del
título de pregrado emitida por este Ministerio, si el título de pregrado fue obtenido en
el extranjero.

5. Fotocopia del documento de identidad del solicitante.

6. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente, a nombre del solicitante.

Parágrafo 1. Cuando se trate de un programa del área de la salud, o de un título
propio o no oficial se deberá presentar el plan de estudios del programa.

Parágrafo 2. El plan de estudios debe contener una descripción de las
asignaturas cursadas, el número de créditos y la intensidad horaria del
programa. Cuando el certificado de calificaciones contenga esta información no se
deberá presentar el plan de estudios.

Parágrafo 3 Los documentos señalados en los numerales 2 y 3 y en el parágrafo
1 del presente artículo escritos en idioma distinto del castellano, deberán ser
traducidos por traductor o intérprete oficial, reconocido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 del 2012.
[…]” (Negrilla fuera del texto).

64. El artículo 3.° ibidem señaló que, “[…] Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante
respecto de los programas del área de la salud y de pregrado en derecho,
contaduría y educación […]”, la convalidación de títulos de pregrado y posgrado
seguiría tres criterios principales.

65. El primero de “acreditación”, aplicable cuando el programa o la institución que
otorga el título está acreditada en el país de origen. El segundo de “caso similar”,

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

aplicable cuando el título corresponde a un programa que ya ha sido evaluado
previamente y cumple con las condiciones de denominación, institución y un plazo
menor a ocho años entre otorgamientos. El tercer tipo corresponde a la evaluación
académica ante la CONACES, cuando los títulos no se ajustan a los criterios
previamente establecidos o surgen dudas respecto a su nivel académico o
denominación.

66. Sin embargo, el artículo 5 de la resolución ibidem aclaró que los programas del
área de salud se evaluarían siguiendo exclusivamente el criterio de evaluación
académica, veamos:

“[…] Artículo 5. Requisitos para la Convalidación de Títulos de Programas en
el Área de la Salud. Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud,
todos éstos deberán someterse a evaluación académica por parte de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES- sin
perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera.

Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud, además de los
requisitos señalados en el artículo 2 de esta Resolución, se deberá acreditar lo
siguiente: (…)

2. Para títulos de posgrado: Se debe anexar lo siguiente:

a) Récord quirúrgico o de consulta expedido por las entidades o instituciones
facultadas para desarrollar actividades académicas o asistenciales en el área
de la salud.

b) Documentos que acrediten actividades académicas y asistenciales.

Los documentos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, que
se encuentren escritos en idioma distinto del castellano, deberán ser
traducidos por traductor o intérprete oficial, reconocido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012.
[…]” (Negrilla fuera del texto).

67. Como puede apreciarse, la Resolución 06950 de 2015 estableció un
procedimiento especial para la convalidación de estudios en el área de la salud, en
cuyo desarrollo prima el criterio de evaluación académica a cargo de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la CONACES. Este enfoque exige la presentación
de documentos adicionales a los exigidos a otros programas, con el objetivo de
comparar la duración y el contenido de los estudios realizados en el extranjero, a
partir de las certificaciones de internado rotatorio, el récord quirúrgico y las
constancias de actividades académicas y asistenciales.

68. En el presente caso, se acreditó que el 23 de marzo de 2016 el demandante
solicitó al ministerio la convalidación del título de posgrado cursado en la
Universidad Veiga de Almeida en la República Federativa de Brasil.

15

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

69. Para acreditar los estudios que había realizado, el demandante aportó el diploma
de 17 de julio de 199230, expedido por la Seccional del Atlántico de la Universidad
Libre de Colombia, por medio del cual le concedió el título de médico y cirujano.

70. En el trámite de homologación, incluyó la traducción oficial del certificado de
notas de la especialización en medicina y cirugía plástica estética que es del
siguiente tenor:

71. Respecto de la práctica quirúrgica adelantada en la especialización en cirugía
estética, el certificado de 15 de mayo de 2015 del coordinador de Postgrado en
Medicina y Cirugía Plástica Estética de la Universidad Veiga de Almeida (UVA)
refiere a las siguientes prácticas “[…] en el ambulatorio de la Sociedad Brasileña
de Medicina y Cirugía Plástica Estética (SBMCPE) en los hospitales con convenio
además de las prácticas autorizadas supervisadas y acreditadas por las directivas
de la Universidad […]”:

30
Cfr. Índice 2 del expediente digital, documento denominado: “4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”. Página 8.

16

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

72. Obra en el plenario el diploma de 9 de octubre de 201531, expedido por la “[…]
Universidade Veiga de Almeida […]”, por medio del cual le concedió el título “Lato
Sensu” de la especialización en “[…] MEDICINA E CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA […]”, realizada entre el 17 de marzo de 2012 y el 15 de febrero de 2015,
con un total de 8140 horas32.

73. En el proceso se acreditó que la CONACES en conceptos académicos de 6 de
marzo y 14 de septiembre de 2017 valoró la equivalencia de los estudios y estudió
la información adicional que presentó el peticionario en atención al requerimiento
realizado mediante comunicación núm. TS2-2017-0001212 de 19 de abril de
201733.

74. Mediante Resolución 20429 de 4 de octubre de 201734, la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional negó la solicitud de convalidación, en atención al concepto académico
realizado por la CONACES.

75. Laparte motiva de ese acto administrativo recopila los resultados de la
evaluación académica en los siguientes apartados:

“[…] Que los estudios fueron evaluados por CONACES, la cual emitió concepto
académico en los siguientes términos:

El convalidante es ciudadano colombiano con título de médico de la Universidad
Libre de Colombia (1992) quien allega copia de un título otorgado en medicina y
cirugía plástica estética del 9 de octubre de 2015. El convalidante allega certificado
de calificaciones de medicina y cirugía plástica estética realizado entre el 17-03-
2012 y 20-02-2015 (3 años) y 2148 horas, con asignaturas cursadas en abril de
2012 y notas aprobatorias con una presencialidad del 100% para cada curso y
finalización de un trabajo de grado titulado: “lipoinjerto mamario” En el certificado se
evidencian asignaturas y una carga horaria medicina estética (96 horas), didáctica
y pedagogía (63 horas), técnica operatoria (32 horas), anestesiología (64 horas),
clínica quirúrgica (96 horas), práctica en medicina y cirugía plástica y estética (180
horas), fundamentos anatómicos y fisiológicos de la cirugía plástica y estética (96
horas), práctica en medicina estética (350 horas), práctica en cirugía plástica (360),
cirugía plástica reparadora (96 horas), seminarios en cirugía plástica estética (48
horas) y práctica en cirugía plástica estética (624 horas).

En el plan de estudios da cuenta que el convalidante cursó 8140 horas distribuidas
de las (sic) siguiente forma: 2148 horas teóricas con finalización del trabajo de
grado y 5.992 horas de actividades practicas realizadas durante marzo de 2012
a febrero de 2015 en el ambulatorio de la Sociedad Brasilera de Medicina y
Cirugía Plástica Estética (SBMCPE). En el primer año, se certifican los cursos de
clínica quirúrgica, medicina estética-cosmiatría, cirugía plástica-reconstructiva y

31
Cfr. Índice 2 del expediente digital, documento denominado: “4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”. Página 9.
32
Cfr. Índice 2 del expediente digital, documento denominado: “4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”. Páginas 16 y
27.
33
Dicha solicitud consistía en aportar prueba que indicara: i) que el programa se desarrolló en hospitales vinculados a la
institución de educación superior que otorgó el título; ii) que la institución cuenta con un programa de residencia médica en la
misma área del título otorgado, debidamente acreditado; iii) que la duración no fuera superior a la autorizada; iv) que el
aprendizaje se haya desarrollado en lugares previamente designados para tal fin; y v) que los actos médicos se desarrollaron
bajo supervisión directa de docentes. Al respecto, el convalidante allegó un pronunciamiento en el que indicó que no era
posible allegar los documentos solicitados por cuanto no contaba con la información al momento de realizar el curso y que
sería difícil obtenerlos y describió la documentación aportada consistente en el plan de estudios, actividades extracurriculares,
certificados de estudios, así como documentos que certificaban la permanencia como estudiante en Brasil.
34
Cfr. Índice 2 del expediente digital, documento denominado: “6_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”. Página 109 y
siguientes.

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

lipoplastia. En el segundo año, cirugía plástica facial, cirugía de mama, abdomen,
cirugía estética de miembros superiores y cirugía de miembros inferiores Para el
tercer año se certifica, cirugía plástica reconstructiva Il, sesiones clínicas y discusión
de casos, práctica de perfeccionamiento en procedimientos estéticos ambulatorios
práctica de perfeccionamiento en procedimientos quirúrgicos estéticos, práctica en
perfeccionamiento de procedimientos de cirugía plástica reparadora, modulo
didáctico pedagógico y trabajo de conclusión de Curso.

Adjunta récord de procedimientos certificados por la Universidad en el que da
cuenta de los procedimientos como cirujano (1736): y como asistente (552)
entre las cuales se destacan cirugía dermatológica (157), corrección de
cicatrices cutáneas (177), dermolipectomía abdominal (217). intradermoterapia
(169), liposucción (211). mamoplastia de aumento (237), matopexia (79),
plasma rico en plaquetas (137) reducción mamaria (134), aplicación toxina
botulínica (83), tratamiento quirúrgico de quemaduras (59), entre otros para un
total de 2288 y 5992 horas. Las actividades programáticas en cirugía plástica
consistieron en lunes de 7 a 18 horas en hospitalización, centro quirúrgico (9
a 16 horas) y evaluación de pacientes. Los martes y jueves de 7 a 16 horas en
visitas el servicio, curativos y evoluciones. atención de consulta externa,
centro quirúrgico (9 a 16 horas) y visitas al servicio. Los miércoles y viernes
de 7 a 18 horas en visitas al servicio, atención de consulta externa centro
quirúrgico, clases teóricas y seminarios y visitas al servicio. Sábados
domingo y festivos. clases, visitas, curativos y evolución de pacientes
hospitalizados si los hay.

Así mismo el convalidante allega copia de un certificado emitido por la
Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martin, Colombia que
da cuenta que el convalidante curso entre los años 2000 y 2001 el I y Il año
como residente en al posgrado de Cirugía General, certificado expedido el 14
de diciembre de 2015.

CONCEPTO TÉCNICO
No convalidar

ARGUMENTACIÓN
En Colombia los programas de Especialización en Cirugía Plástica Reconstructiva
y Estética se ofrecen en la modalidad de residencia de tiempo completo entendida
esta como un programa de dedicación exclusiva de carácter presencial bajo
supervisión docente y plan de delegación de responsabilidades de carácter
permanente y continua durante los 4 años de formación con una dedicación
mínima de 11520 horas de las cuales el 80% corresponden al componente
práctico asistencial. El convalidante desarrolló un curso de posgraduación que
no es de tiempo completo sino de carácter Semipresencial y con un número
insuficiente de horas prácticas asistenciales que se evidencia en el escaso
entrenamiento académico en cirugía plástica reconstructiva, oncológica,
craneofacial, quemados y de mano. Así mismo, el convalidante aporte como parte
de su formación un certificado emitido por la Fundación Universitaria San Martin que
de cuenta de haber realizado 2 años de cirugía general como residente, formación
que no hace parte de una estructura curricular integrada al plan de estudios
del programa de posgrado de medicina y cirugía plástica estética cursado en
el Brasil.

Además de lo anterior el histórico escolar señala el mes de abril como fecha en que
las asignaturas fueron cursadas, lo cual no obedece a una estructura curricular
centrada en curvas de aprendizaje y tiempo de exposición de carácter presencial y
dedicación exclusiva soportada un periodo lectivo definido en semanas
correspondientes al trabajo académico del estudiante. No se evidencia la
organización académica de las prácticas que se certifican en el histórico en medicina
y cirugía plástica estética. Así mismo, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar
de la CONACES, advierte que las horas certificadas como parte de la

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
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experiencia profesional previa al curso de posgraduación no son tenidas en
cuenta para el análisis de convalidación.

La duración del Programa cursado no exige presencialidad permanente y no
cumple con las horas de dedicación exigidas en Colombia. Así mismo, el
convalidante no aporta récord quirúrgico detallado (indicando fecha, código
del paciente, edad, diagnóstico, procedimiento y actuación del convalidante)
del programa de medicina y cirugía plástica estética.

[…] El convalidante el día 27 de junio de 2017 se pronunció frente al concepto
académico emitido y adjuntó la documentación con la que en su concepto satisfacía
las observaciones detalladas en el citado dictamen. Por lo anterior, se procedió a
solicitar una nueva valoración técnico-académica a la CONACES, la cual
emitió concepto desfavorable en los siguientes términos:

[…] El 23 de junio de 2017 el convalidante allega un pronunciamiento en el que
refiere aspectos generales sobre la entrega en debida forma de la documentación y
así mismo refiere sobre la imposibilidad de allegar documentos solicitados por
la Sala de Salud y Bienestar en cuanto, según el convalidante, es una
información con la cual no se contaba al momento de realizar el curso y que
con mayor dificultad se podrá obtener transcurridos dos años de terminación
del curso. Además de otros aspectos que se mencionan en dicho oficio, el
convalidante refiere algunas consideraciones de carácter comparativo entre planes
de estudio de la Universidad Veiga de Almeida, Universidad Javeriana, Universidad
Nacional y Universidad del Valle, así como con el programa de la Universidad Juan
N Corpas. Adicionalmente, hace un análisis respecto a la carga horaria comparando
la carga horaria presencial, práctica e independiente con las cursadas por el
convalidante incluyendo horas del programa de cirugía general en la Fundación
Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia en los años 2000 y 2001 como
residente.

Frente al primero que manifiesta en el presente oficio que cursó en Veiga de Almeida
no se allega evidencia certificada expedida por la Institución formadora que de
cuenta de que dicho curso, ni que tampoco que se encuentre integrado al plan
de estudios del título a convalidar y en el segundo, por los estudios realizados
en Colombia, la Sala de Salud y Bienestar no los tiene en cuenta en tanto que
no hacen parte integral del plan de estudios del título a convalidar.

Por otro lado, se menciona la duración del programa, así como la Universidad
Veiga de Almeida está avalada por el Ministerio de Educación y Cultura del
Brasil. Sobre el récord manifiesta que da cuenta de la participación del
convalidante en cada uno de ellos en la que según el convalidante señala el
70% fueron realizadas por él, como cirujano principal y que se encuentran
certificadas por el coordinador del posgrado.

[…] De acuerdo con lo anterior y con el fin de llevar a cabo un análisis integral, la
Sala de Salud y Bienestar encuentra que:

1. Frente a la información solicitada por el Ministerio de Educación mediante oficio
del 19 de abril de 2017, el convalidante no allega nueva información.

2. Frente a lo dicho por la Sala sobre que el convalidante desarrolló un curso de
posgraduación que no es de tiempo completo sino de carácter semipresencial
y con un numero insuficiente de horas prácticas asistenciales que se evidencia
en el escaso entrenamiento académico en cirugía plástica reconstructiva,
oncológica, craneofacial, quemados y de mano, el convalidante no aportó
información certificada por la institución formadora.

3. Frente a lo dicho por la Sala sobre que el histórico escolar señala el mes de abril
como fecha en que las asignaturas fueron cursadas, lo cual no obedece a una

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

estructura curricular centrada en curvas de aprendizaje y tiempo de exposición de
carácter presencial y dedicación exclusiva soportada un periodo lectivo definido en
semanas correspondientes al trabajo académico del estudiante, el convalidante no
aportó información certificada por la institución formadora.

4. Frente a lo dicho por la Sala sobre que no se evidencia la organización
académica de las prácticas que se certifican en el histórico en medicina y
cirugía plástica estética el convalidante no allega nueva información
académica certificada por la institución formadora.

5. Frente a lo dicho por la Sala sobre que no aporta récord quirúrgico detallado
(indicando fecha, código del paciente, edad, diagnostico, procedimiento y actuación
del convalidante) del programa de medicina y cirugía plástica estética el
convalidante no allega nueva información académica certificada por la institución
formadora.

3. CONCEPTO TÉCNICO:

No convalidar.

4.ARGUMENTACIÓN:

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar
recomienda al Ministerio de Educación no convalidar teniendo en cuenta que en
Colombia los programas de Especialización en Cirugía Plástica: Reconstructiva y
Estética se ofrecen en la modalidad de residencia de tiempo completo entendida
este como un programa de dedicación exclusiva, de carácter presencial bajo
supervisión docente y plan de delegación de responsabilidades de carácter
permanente y continua durante los 4 años de formación con una dedicación mínima
de 11520 horas de las cuales el 70% corresponden al componente práctico
asistencial. El convalidante desarrolló un curso de posgraduación que no es de
tiempo completo sino de carácter semipresencial y con un numero insuficiente
de horas prácticas asistenciales que se evidencia con el escaso entrenamiento
académico en cirugía plástica reconstructiva. oncológica craneofacial
quemados y de mano. Así mismo, el convalidante aporta como parte de su
formación un certificado emitido por la Fundación Universitaria San Martin que
de cuenta de haber realizado 2 años de cirugía general como residente,
formación que no hace parte de una estructura curricular integrada al plan de
estudios del programa de posgrado de medicina y cirugía plástica estética
cursado en el Brasil.

Además de lo anterior, el histórico escolar señala el mes de abril como fecha en
que las asignaturas fueron cursadas, lo cual no obedece a una estructura
curricular centrada en curvas de aprendizaje y tiempo de exposición de
carácter presencial y dedicación exclusiva soportada en un periodo lectivo
definido en semanas correspondientes al trabajo académico del estudiante.
No se evidencia la organización académica de las prácticas y rotaciones que se
certifican en el histórico en medicina y cirugía plástica estética. Así mismo, la Sala
de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES, advierte que las horas
certificadas como parte de la experiencia profesional previas al curso de
posgraduación no son tenidas en cuenta para el análisis de convalidación.

La duración del Programa cursado no exige presencialidad permanente y no cumple
con las horas de dedicación exigidas en Colombia. En este sentido los programas
en Colombia exigen como mínimo de la carga total 8100 horas de trabajo práctico
asistencial presencial bajo supervisión docente. Así mismo, el convalidante no
aporta récord quirúrgico detallado (indicando fecha, código del paciente, edad,
diagnóstico, procedimiento y actuación del convalidante) del programa de medicina
y cirugía plástica estética […]”.

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76. El 13 de agosto de 2018 el demandante presentó recurso de reposición y, en
subsidio de apelación, contra la anterior decisión, en el que consideró:

“[…] El programa de especialización medico quirúrgica en “Medicina y Cirugía
Plástica Estética” ofrecido por la UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, cumple el
tiempo y contenidos necesarios exigidos por la normatividad colombiana para
las especialidades medico quirúrgicas; pues al comparar los planes de estudio
de programas académicos EN CIRUGIA PLASTICA ESTETICA (sic), de varias
facultades de medicina de instituciones de educación superior colombianas,
debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional con el CURSO
DE POS-GRADUAÇAO LATO SENSU EM MEDICINA E CIRUGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA encontramos lo siguiente:

En general todos los programas de Especialización En Cirugía Plástica:
Reconstructiva y Estética en Colombia, en virtud de la autonomía universitaria,
tienen asignaturas diferentes de acuerdo perfil del profesional que quieren formar y
a la proyección social del programa. En cada universidad las rotaciones tienen una
duración y orden diferente, e incluso en unos programas aparecen asignaturas que
en otros programas no se contemplan como es el caso de ortopedia, cirugía
oculoplastica, microcirugía y quemados.

Al hacer el comparativo del plan de estudios de especialización en cirugía plástica
con tres programas similares en Colombia, debidamente aprobados por el ministerio
de educación nacional, se desvirtúan de plano los argumentos señalados por la Sala
de Ciencias de la salud de Conaces y se demuestra que no existen razones
académicas ni legales por las cuales no convalidar el título del Dr. Villa.

[…] De otra parte, y en cuanto al argumento de que “... Lo cursado por el
convalidante es inferior en tiempo y contenidos para desarrollar las competencias
necesarias que le permitan el ejercicio de la especialidad en Colombia", es necesario
observar que Como GRADUAÇÃO LATO SENSU EM MEDICINA E CIRUGIA
PLÁSTICA ESTÉTICA de la UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, BRASIL, los
programas en Colombia tienen una carga horaria presencial, en el mejor de los
casos, de 8.896 horas de trabajo presencial, que incluyen clases teóricas más las
de práctica, a las que les suman 3096 horas de trabajo independiente del estudiante,
para un total de 11.952 horas totales.

En el caso del Dr. Villa, no es cierto que lo cursado es inferior en tiempo
exigido por los programas de Especialización En Cirugía Plástica:
Reconstructiva y Estética en Colombia, tal como se evidencia en los
documentos anexados a la solicitud, específicamente en el documento de
"certificación de actividades académicas y prácticas quirúrgicas", el total de
horas certificadas es de ocho mil ciento cuarenta horas (8.140) horas de
trabajo presencial, distribuidas de la siguiente manera: créditos teóricos 2.148
horas y actividades prácticas 5.992,anexo a este adicional a ello solo para
cirugía general anexo la certificación de la rotación en Cirugía General de la
universidad de San Martin y las calificaciones correspondientes, tiempo y
contenidos más que suficientes para desarrollar las competencias que me
permiten el ejercicio de esta especialidad en Colombia.

Reitero, de esta manera, que están acreditadas 8.140 horas de trabajo presencial
con la UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, BRASIL, además del tiempo de
trabajo independiente cercano a las 3.500 horas; es decir una intensidad semanal
cercana o promedio de 65 horas, lo cual resulta equivalente a los planes de estudio
similares comparados, tanto en créditos académicos como en intensidad horaria.

En Colombia la especialidad de cirugía plástica estética y reparadora tiene
como prerrequisito el pregrado de "Medicina General", mas no es requisito
para cursar este posgrado, tener titulación de posgrado en "Cirugía General",

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

incluso si un cirujano general cursa el posgrado de cirugía plástica en
Colombia debe cursarlo completo ya que los contenidos temáticos no son
homologables.

En Brasil todos los programas de cirugía plástica estética y reparadora tienen
una duración de 3 años, no existe programas de este posgrado con duración mayor
a 3 años y cada una de las instituciones que ofrecen el curso de posgrado en este
país tiene, en virtud de la autonomía universitaria, la libertad para establecer sus
requisitos propios para el ingreso de estudiantes extranjeros y nacionales.

En este caso en particular, la Universidad Veiga de Almeida […] dispone que el
curso de pos graduación de medicina y cirugía plástica estética tiene autorización
para funcionamiento a través de resolución N° 41/2002 de diciembre 13 de 2002 del
concejo de enseñanza, pesquisa y extensión CEPE/UVA, apoyado de acuerdo a
resolución N° 1 de junio 08 de 2007 del CNE/CES), exige como prerrequisito para
ingreso al curso de cirugía plástica tener titulación en medicina, mas no el título de
posgrado en cirugía general, ya que esta institución avalada en el Brasil tiene
autonomía para establecer estos requisitos.

[…] Exigir mayores requisitos a los que estaría sometido cualquier estudiante de un
programa similar debidamente aprobado por el ministerio de educación en Colombia
es un abuso de poder, una violación a los derechos fundamentales del
solicitante de la convalidación y la comisión de un daño que el ciudadano
convalidante no está obligado a soportar […]”.

77. La Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del
ministerio, en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, al resolver el referido recurso
de reposición en la Resolución 4072 de 9 de marzo de 2021, concluyó que el título
no supera el examen de legalidad.

78. Explicó que esa subdirección revisó la legalidad del título de posgrado
presentado por el señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados, verificando en el
registro e-MEC de Brasil que el curso “Lato Sensu” en Medicina y Cirugía Plástica
Estética no cuenta con el debido registro, lo que impide confirmar que la institución
esté autorizada para ofrecer educación superior, por las razones que se transcriben
a continuación:

“[…] Así las cosas, con ocasión del recurso de reposición impetrado contra la
Resolución 20429 del 4 de octubre del 2017, esta Subdirección procedió
nuevamente a realizar el examen de legalidad del título arrimado para estudio de
convalidación por el señor JAVIER DE JESUS VILLA DIAZ GRANADOS. Al
respecto, se realizó la respectiva búsqueda en el “Cadastro Nacional de Cursos e
Instituígóes de Educagáo Superior - Cadastro e-MEC” http://emec.mec,qov.br/.
(Registro Nacional de Cursos e Instituciones de Educación Superior - Registro e-
MEC) y no se evidencia que el “CURSO DE POSGRADUAÇAO ‘LATO SENSU’ EM
MEDICINA E CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA,” cuente con el debido registro, por
lo que no es posible establecer que la institución otorgante del título se encuentre
autorizada por la autoridad competente en el respectivo país para ofertar formación
en educación superior.

De acuerdo con lo anterior, parta (sic) esta Subdirección es claro que el título
académico aportado no supera el examen de legalidad, pues se tienen
fundadas dudas respecto de la legalidad del programa cursado, por lo que se
debe concluir que no es procedente la convalidación solicitada.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

[…] Así las cosas, se procedió a revisar en la Divisao de Assuntos Educacionais
(División de Asuntos Educativos) del Ministerio Das Relagoes Exteriores (Ministerio
de Relaciones Exteriores) de Brasil
http://www.dce.mre.qov.br/estranqeiros/residencia medica.pdf. indagando sobre la
normatividad que rige la actividad de los profesionales de la salud extranjeros en
territorio brasilero, pues es de público conocimiento que tienen ciertas restricciones
en su campo de acción. En efecto, se encontró que:

[…] De acuerdo con la Resolución No. CFM N° 1.832/2008 del Consejo Federal
de Medicina de Brasil, un médico extranjero portador de visa temporal no puede
cursar Residencia Médica, sin embargo, esta misma disposición reglamenta el
desarrollo de “Programas de Capacitación Profesional para Médicos
Extranjeros”, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos:

i) Los programas deberán ser preferiblemente desarrollados en unidades
hospitalarias directamente ligadas a instituciones de enseñanza superior que
mantengan programas de residencia médica en las mismas áreas, acreditados
por la Comisión Nacional de Residencia Médica (CNRM).

ii) Los cursos no enmarcados en el inciso anterior deberán tener evaluación,
autorización y registro en el CFM.

iii) El programa del curso deberá tener duración y contenido idénticos a lo
previsto para programas autorizados por la CNRM para cada especialidad.

iv) Los actos médicos derivados del aprendizaje solo podrán ser realizados en
los lugares previamente designados por el programa y bajo supervisión
directa de profesionales médicos de elevada calificación ética profesional,
que asumirán la responsabilidad solidaria de los actos mencionados.

v) Está prohibida la realización de actos médicos por el practicante fuera
de la Institución del programa o incluso en actividades médicas de otra
naturaleza en lugares no previstos por el programa en la misma institución
so pena de incurrir en el ejercicio ilegal de la medicina, siendo interrumpido
su programa de manera inmediata, sin perjuicio de otras sanciones legales.

vi) En el certificado de finalización del curso deberá constar el nombre del área
del programa, periodo de realización, y explícitamente, que el mismo no es válido
para la actuación médica profesional en territorio Brasileño.

Por lo tanto, aunque no sea posible cursar la Residencia Medica (sic) en el país,
el extranjero sin visado permanente podrá formarse en un programa propio
para médicos extranjeros de igual contenido y validez, constituido para
este fin en una institución pública de enseño superior, con certificación de
especialización emitido por la universidad”

Así las cosas, en aras de verificar el cumplimiento de estos requisitos, el Ministerio
de Educación Nacional procedió a la revisión del expediente para corroborar que
se hubiera aportado prueba que indique la satisfacción de los mismos a través de
los siguientes puntos.

[…] De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, luego de efectuar
la respectiva consulta en la Comisión Nacional de Residencia Medica de Brasil, no
encontró evidencia de que la institución educativa brasilera cuente con un
programa de CURSO DE POS-GRADUAQAO ‘LATO SENSU’ EM MEDICINA E
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA aprobado por parte de dicho organismo,
requisito con el cual deben contar todas las instituciones que ofrecen
programas de residencia médica en dicho país, según lo dispuesto en su

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
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normatividad, específicamente en el numeral 1, del artículo 1, de la Ley 6.932
del 7 de julio de 1981 de la República Federativa de Brasil […]

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que el titulo sometido a
consideración no superó el examen de legalidad, pues se tienen fundadas dudas
respecto del programa académico cursado, pues debe tenerse en cuenta que el
convalidante en la documentación que aporto en el recurso impetrado no logró
acreditar dos de los requisitos ya expuestos que certifican la idoneidad de los
programas con denominación de Lato Sensu ofertados en Brasil. […]”.

79. La parte motiva del citado acto también señaló que el criterio de “caso similar”
no es aplicable, pues para el área de la salud se exige exclusivamente evaluación
académica por parte de la Sala del Área de Ciencias de la Salud de CONACES,
descartando criterios de caso similar y acreditación, la cual ya se había adelantado.

“[…] Cabe anotar que del trámite materia de estudio se puede observar que la
Resolución 20429 de 2017, que definió el trámite de radicado CNV-2016-0003105,
se resolvió atendiendo lo preceptuado en el artículo 5 de la Resolución 6950 del
2015, el cual contemplo que para la convalidación de títulos en el área de la salud
“todos estos deberán someterse a evaluación académica por parte de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, sin perjuicio
de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones,
órganos y pares evaluadores cuando así se requiera”, razón por la cual no es
posible aplicar los postulados relacionados con caso similar y/o acreditación o
reconocimiento.

[…] Por último, en lo que respecta a la solicitud de convalidación del título que
concluyo con el acto administrativo traído a colación por la recurrente, se hace
necesario advertir que la evaluación académica requiere discernir de forma
individual la organización de actividades académicas y las condiciones
particulares en las cuales se adelantaron los estudios y procedimientos
correspondientes, siendo la evaluación de un título el resultado de un análisis
integral sobre los estudios cursados, así como de los procesos de formación
de orden particular.

En virtud de lo anterior, en lo que respecta a las solicitudes de convalidación de
título que concluyeron con actos administrativos positivos como una muestra de un
supuesto trato desigual, se hace necesario advertir frente a los mismos, que en
títulos del área de la salud se requiere discernir de forma individual la
organización de actividades académicas y las condiciones particulares en las
cuales se adelantaron los estudios y procedimientos correspondientes, dadas
las características del proceso de formación. Al desarrollarse las actividades
del proceso de formación sobre pacientes con necesidades particulares y con
calidades especificas frente al operador, se tiene como consecuencia la
imposibilidad de trasladar las pruebas por el carácter individual y particular
de las mismas.

Sumado a lo anterior, es relevante recordar que tratándose de un título académico
del área de la salud, no sería posible dar aplicación del criterio de
convalidación correspondiente al caso similar en el presente asunto, toda vez
que el artículo 5 de la resolución 6950 de 2015 estableció de manera expresa
que el único criterio bajo el cual se adelantarían los tramites de convalidación
de títulos del área de la salud sería el de evaluación académica, descartando
la aplicación de los criterios de caso similar y acreditación. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

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80. Respecto a las observaciones expuestas en relación con la autonomía
universitaria, se consideró esto:

“[…] de manera respetuosa se aclara que, conforme con la jurisprudencia
constitucional las instituciones de educación superior colombianas se encuentran
plenamente facultadas para definir sus programas académicos, según el modelo
educativo que hayan adoptado, por lo cual son estas quienes de forma autónoma
determinan su oferta académica, en virtud del principio constitucional de la
autonomía universitaria reconocida en el artículo 69 de la Constitución Política de
Colombia y desarrollada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, en virtud del
cual, se estableció para estas la autodeterminación administrativa que se concreta
en la capacidad de: «(i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los
mecanismos que faciliten la elección, designación y periodos de sus directivos y
administradores; (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas
académicos, formativos, docentes, científicos y culturales; (iv) seleccionar a sus
profesores y admitir a sus alumnos; (v) asumir la elaboración y aprobación de sus
presupuestos y (vi) administrar sus propios bienes y recursos»35, garantía que tiene
por finalidad evitar la intervención del Gobierno y de cualquier agente político.

Sin embargo, se resalta en este punto lo siguiente: la autonomía universitaria
fue prevista garantía para que las universidades pudieran cumplir las
funciones de docencia, investigación y extensión que es su razón de ser, lo
que en ultimas les permite alcanzar los objetivos propios de la educación
superior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 de la Carta. Incluso, la
sentencia T-574 de 1993, no cataloga a la autonomía universitaria como un
derecho fundamental sino como una “garantía para un adecuado
funcionamiento institucional”.

Ahora bien, es necesario indicar que estas disposiciones normativas se
desprenden del ordenamiento jurídico interno, por lo cual no es procedente
invocar dicha normatividad respecto de instituciones de educación superior
extranjeras, atendiendo a que estas se encuentran reglamentadas según las
disposiciones internas de sus países de origen, por lo cual los títulos que
emiten deben ser analizados a la luz de las disposiciones y exigencias
estatuidas en las leyes colombianas, para garantizar que dichos títulos
cumplan con ciertas condiciones de calidad, en protección de los ciudadanos
frente al ejercicio de una profesión de riesgo social.

Es preciso indicar que las instituciones de educación superior nacionales, así como
cuentan con los derechos que reconoce el Ordenamiento jurídico colombiano,
correlativamente implican la asunción de ciertos deberes, tales como cumplir con
requisitos mínimos de calidad, lo cual puede ser verificado por el Gobierno nacional
en virtud de las facultades de inspección y vigilancia que ejerce el señor Presidente
de la Republica sobre el servicio público educativo, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 189 numeral 21 y artículo 365 inciso 2° Superior, toda vez que la
autonomía universitaria no solo comprende una serie de atribuciones a favor
de las universidades, sino también abarca el cumplimiento de ciertos deberes,
cuya exigencia no puede ser concebida como una restricción injustificada de
su garantía institucional, pues se reitera, estos deberes hacen parte integral
del concepto de autonomía.

Es claro que este Ministerio no puede ejercer funciones de inspección y vigilancia
de instituciones de educación superior extranjeras, por lo cual no puede otorgar la
convalidación de títulos académicos extranjeros, basándose únicamente en el
principio de la autonomía universitaria, siendo indispensable que los mismos surtan
el proceso de convalidación estatuido para este efecto, sin que ello implique que se
esté vulnerando la autonomía universitaria.

35
Sentencia de la Corte Constitucional C-1435 de 2000.

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Cabe resaltar recordar que la finalidad de la convalidación de títulos en Colombia
se traduce en el reconocimiento que el Estado colombiano efectúa sobre un título
de educación superior, otorgado por una institución de educación superior
extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente
en el país de origen para expedir títulos de educación superior, de tal forma que,
con dicho reconocimiento, adquiere los mismos efectos académicos y
jurídicos que tienen los títulos otorgados por instituciones colombianas, sin
que en ningún momento esto exonere al titular del cumplimiento de los
requisitos que para el ejercicio profesional tenga establecidos la ley, según el
caso particular. […]”. (Negrilla fuera del texto).

81. La parte motiva de la Resolución 4072 de 2021 explicó que la protección de la
confianza legítima se fundamenta en los principios constitucionales del Estado de
Derecho, la seguridad jurídica y la buena fe, lo que implica que el Estado no puede
modificar de manera repentina las reglas sin conceder un periodo de adaptación
razonable. Asimismo, aclaró que en el procedimiento de convalidación cuestionado
se respetaron los criterios previamente definidos, la igualdad ante la ley y las
garantías del debido proceso.

82. Finalmente, la Resolución 4072 recordó que el Estado, a través del Ministerio de
Educación, tiene la obligación de verificar la idoneidad de los profesionales de la
salud que desean ejercer en Colombia, priorizando el interés social, entendido
como el derecho de la sociedad a contar con profesionales altamente capacitados,
debido a que:

[…] la Corte Constitucional en sentencia C-109 de 2002 respecto al mencionado
riesgo social que implica el ejercicio de la medicina manifestó:

[…] Esto hace que la vida y su protección no puedan dejarse en manos de
cualesquiera personas, justificándose a la vez el que no todos puedan
cuidarla, y mucho menos en sus momentos más críticos, como sucede
cuando el paciente se halla en cuidados intensivos.

Ciertamente, los conocimientos que se adquieren en la prosecución de la
carrera de medicina, y que se requieren para practicarla, son altamente
especializados y específicos, teniendo en cuenta la complejidad de su
objeto - la salud de las personas, tanto física, como mental - y los bienes
jurídicos que están de por medio, protegidos por la Carta Fundamental. […]

Es necesario resaltar que respecto de títulos académicos del área de la salud es
obligación del Estado, representado a través de este Ministerio, el cerciorarse de la
idoneidad de los profesionales que ingresan al país a ejercer sus estudios, teniendo
como principio el interés social, el cual es definido por esta autoridad administrativa
como el Derecho de la sociedad colombiana de contar con profesionales con las
más altas aptitudes para ejercer una determinada profesión

Es así como la Corte Constitucional ha dicho que la reserva de control de inspección
en la convalidación de títulos extranjeros, obedece claramente a la exigencia de
títulos de idoneidad que en el territorio Nacional se hace a los profesionales y que
dicho título de idoneidad no es una mera exigencia potestativa sino necesaria, en
el que se analiza que se haya cumplido con determinados requisitos que se exigen
en la formación académica a fin de “[p]roteger a la colectividad en general para que
no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando
que las personas que se anuncian para ello están en capacidad suficiente para
desempeñarse en ese campo, es decir, son idóneas, y proteger así a toda la
sociedad controlando las profesiones para que con estas labores o actividades no

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se cause daño o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres,
la salud o la integridad física de las personas” 36.

Respecto del artículo 26 de la Constitución Política, la Corte Constitucional con
relación de los títulos de idoneidad […].

Por último, sea del caso aclarar que el examen que hace el Ministerio de
Educación Nacional para la convalidación de títulos obtenidos en el
extranjero, no pretende declarar la idoneidad de las personas, ni cuestionar
la formación que obtuvo en el extranjero, sino que se trata de someter a
estudio el título, a fin de establecer si es asimilable o no a los que se otorgan
en Colombia, haciendo para el efecto la comparación con los programas que
se imparten en el país y que son ofertados de conformidad con la Ley, es
decir, que previamente han sido objeto de análisis y otorgamiento de los
respectivos registros de funcionamiento para poder ofertarse, y según los
cuales, se debe cumplir con unas condiciones de formación que comprenden
tiempos, prácticas propias de la especialidad, créditos, entre otras exigencias
para lograr la respectiva titulación. Sin embargo, en el caso sub examine como,
ya se indicó, se encuentra que no se supera el examen de legalidad dada la
ausencia en los registros oficiales de Brasil. […]”. (Negrilla del texto).

83. Posteriormente, mediante Resolución 009954 de 1 de junio de 202137, la
Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional resolvió el recurso de apelación, en los siguientes términos:

“[…] Por consiguiente, luego de examinar los argumentos esgrimidos en el Recurso
de Reposición y en subsidio Apelación objeto de esta actuación, al igual que el Acto
Administrativo que desató la Reposición respondiendo cada uno de los cargos
formulados por el impugnante contra la Resolución 20429 del 4 de octubre del 2017;
logró establecerse la razonabilidad jurídica y técnico académica de la determinación
recurrida y de aquella que resolvió el Recurso de Reposición; motivo por el cual, la
Dirección de Calidad para la Educación Superior estima inconducente la variación de
la determinación objeto de censura y acoge íntegramente los razonamientos de la
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que le
condujeron a negar la Convalidación requerida, y se encuentran plasmados en las
Resoluciones 20429 del 4 de octubre del 2017 y 004072 del 09 de marzo de 2021
[...]”.

84. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el señor Javier de Jesús Villa Díaz
Granados demostró que cursó 8.140 horas en el programa de especialización
denominado “[…] CURSO DE POST-GRADUAÇAO LATO SENSU EN MEDICINA
E CIRUGIA PLÁSTICA ESTÉTICA […]” de la Universidade Veiga de Almeida,
distribuidas entre actividades teóricas y prácticas certificadas, así como un récord
de procedimientos quirúrgicos realizados como cirujano principal y como asistente.
Además, aportó un certificado de residencia en Cirugía General cursado en
Colombia entre 2000 y 2001.

85. También se acreditó que la CONACES valoró en dos ocasiones la equivalencia
de ese estudio con los programas nacionales. En ambas evaluaciones, se concluyó
que el solicitante no cumplía con los requisitos académicos exigidos a los
profesionales colombianos, especialmente en lo referente a la cantidad de horas
prácticas, la modalidad presencial y la estructura curricular.

36
Ibidem.
37
Página 166 y siguientes del expediente.

27

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

86. Se constató que el demandante cursó cirugía general en el marco de una
residencia impartida por una universidad nacional. Sin embargo, la Sección advierte
que este componente no puede ser considerado como parte integral del programa
de estudios objeto de convalidación, porque la universidad extranjera no tenía
control sobre el contenido dogmático ni sobre la experiencia práctica impartida
durante dicha residencia.

87. El programa cursado por el solicitante era de carácter semipresencial y no
cumplía con la cantidad mínima de horas exigidas para los programas de cirugía
plástica en Colombia. La formación en el país exige dedicación exclusiva y
presencialidad permanente, con un mínimo de 11.520 horas totales, de las cuales
al menos el 70% deben corresponder a actividades prácticas asistenciales,
requisitos que el programa brasileño no alcanzó a satisfacer.

88. Nótese que, al resolver los recursos de apelación y reposición, la autoridad
administrativa tuvo en cuenta factores adicionales relacionados con la legalidad del
programa, tales como la ausencia de registro oficial en Brasil y el cumplimiento de
requisitos normativos. Estos argumentos reforzaron los resultados de la evaluación
académica de la CONACES, y responden directamente a las afirmaciones y
alegatos presentados por el peticionario.

89. Para esta autoridad judicial la autonomía universitaria no es una prerrogativa
extensible a las instituciones educativas extranjeras, pues el Ministerio de
Educación Nacional tiene el deber de garantizar la idoneidad y calidad de la
formación recibida por quienes cursaron estudios en otros países y pretenden
ejercer una profesión o especialidad en Colombia.

90. El artículo 69 de la Constitución Política confirió a las instituciones que prestan
servicios educativos de nivel universitario una protección constitucional en materia
de funcionamiento que les permite auto organizarse a través de sus propias
directivas, y autorregularse en el marco de sus estatutos38. Sin embargo, tal
autonomía ni si quiera es absoluta para las universidades nacionales, pues
encuentra sus límites en el orden público, el interés general y el bien común39.

91. El artículo 26 de la Constitución Política prevé que “[…] las ocupaciones, artes
y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas
que impliquen un riesgo social […]”. Adicionalmente, señala que “[…] la ley podrá
exigir títulos de idoneidad» y que “[…] las autoridades competentes inspeccionarán
y vigilarán el ejercicio de las profesiones […]”. En este contexto constitucional, es
importante resaltar que el ejercicio de la medicina es de aquellos oficios objeto de
control y regulación por parte del Estado.

38
En cumplimiento del aludido mandato constitucional, los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 señalan que las
universidades en nuestro país tienen el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a
sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de
su misión social y de su función institucional.
39
Corte Constitucional, Sentencia T-180 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

92. La enseñanza en medicina tiene una relación directa con el derecho a la salud
de la comunidad porque los literales a) y d) del artículo 6 de la Ley 1751 de 16 de
febrero de 201540 establecieron que la disponibilidad y la calidad son elementos
constitutivos de esta prerrogativa fundamental. La primera comprende la “[…]
existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de
programas de salud y personal médico y profesional competente […]”. La segunda
implica que “[…] los establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán
estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y
técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades
científicas […]”.

93. El artículo 2.5.3.2.6.5. del Decreto 1075 de 26 de mayo de 201541, estableció el
objetivo y el alcance de las especializaciones médico-quirúrgicas, integrando los
propósitos formativos con las funciones de docencia, investigación y prestación de
servicios de salud, así:

“[…] ARTÍCULO 2.5.3.2.6.5. Especialidades médico quirúrgicas. Son los
programas que permiten al médico la profundización en un área del
conocimiento específico de la medicina y la adquisición de los conocimientos,
desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas avanzadas para la atención de
pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías de los
diversos sistemas orgánicos que requieren atención especializada.

Para este nivel de formación se requieren procesos de enseñanza-aprendizaje
teóricos y prácticos. Lo práctico incluye el cumplimiento del tiempo de servicio
en los escenarios de prácticas asistenciales y la intervención en un número de
casos adecuado para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje
buscados por el programa. El estudiante deberá tener el acompañamiento y
seguimiento requerido.

De conformidad con el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, estos programas
tendrán un tratamiento equivalente a los programas de maestría. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

94. En ese marco normativo, los requisitos previstos en la Resolución 06950 de 2015
y la documentación adicional exigida por la CONACES obedecen precisamente a
la finalidad de proteger el interés social y asegurar que los profesionales que
ingresan al sistema colombiano cumplen con estándares de formación y
competencias equivalentes a los exigidos en el país.

95. La documentación adicional del récord quirúrgico detallado y las certificaciones
académicas responden al propósito de garantizar la aptitud profesional en áreas de
alto riesgo social.

96. Ahora bien, independientemente de los argumentos planteados por el
demandante sobre la calidad y legalidad del centro universitario donde cursó sus
estudios de especialización, la Sala considera que no se cumplió con la carga
argumentativa suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones

40
“[…] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones […]”.
41
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación […]”.

29

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

demandadas, toda vez que no se expusieron con claridad los motivos que desvirtúen la
evaluación académica efectuado por el demandado.

97. Se pone de presente que las Salas de Evaluación de la CONACES, de acuerdo
con los artículos 3 de la Ley 1188 de 25 de abril de 200842, 1.1.3.3 del Decreto 1075
de 2015, y 13 de la Resolución 10414 de 28 de junio de 2018 43, son órganos
colegiados e interdisciplinares que apoyan el proceso de evaluación de
convalidación de títulos de educación superior y de los programas de formación
complementaria, requeridos por el Ministerio de Educación Nacional, “[...] emitiendo
para ello conceptos de recomendación que el Ministerio requiera [...]”.

98. La intervención de estos órganos colegiados en los procesos de convalidación
de títulos extranjeros en Colombia tiene como objetivo asegurar que dichos títulos
cumplan con los estándares mínimos de calidad y competencia profesional, sobre
todo en profesiones que desarrollan actividades de alto riesgo social como la
medicina. En este escenario no se cuestiona la formación recibida en el extranjero,
sino que los pares académicos confirman que el título pueda equipararse a los
otorgados en Colombia.

99. Conforme a las circunstancias fácticas de este caso, no resulta aplicable el
criterio jurisprudencial adoptado por esta Sección en las sentencias proferidas el 2
de octubre de 2005 en los procesos con radicación núm. 2018-00068-0044 y 2019-
00230-0045.

100. En el primer caso, la Sala declaró la nulidad de los actos que negaron la
convalidación de un título de especialización medico quirúrgica porque se acreditó
que el demandante cursó el módulo de cirugía general, al interior del programa de
especialización extranjero impartido por una universidad de Brasil. En el segundo
caso, se declaró la nulidad porque el ministerio negó la convalidación soportada
exclusivamente en un criterio de legalidad, sin agotar previamente la evaluación
académica. En este caso se agotó la evaluación académica y el programa de cirugía
general que cursó el señor Javier de Jesús Villa Díaz Granados no hace parte del
programa foráneo cursado.

101. En consecuencia, no se demostró que las Resoluciones 20429 de 4 de octubre
de 2017, 4072 de 9 de marzo de 2021, y 9954 de 1.º de junio de 2021 vulneren los
artículos 2, 4 y 6 de la Constitución Política, 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y 13 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de El
Salvador”, y la Resolución 6950 de 2015.

42
“[…] Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.
43
“[…]Por la cual se reorganiza la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CONACES), se adopta el reglamento para el funcionamiento de sus Salas de Revisión y Consulta, de Evaluación y de
Coordinadores, y se derogan las Resoluciones 14830 de 2016 y 3179 de 2017 […]”.
44
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 11001-03-24-000-2018-
00068-00.
45
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 11001-03-24-000-2019-
00230-00.

30

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Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

II.4.3. Vulneración del derecho a la igualdad

102. El demandante argumentó que el Ministerio de Educación Nacional no tuvo en
cuenta que, entre 2010 y 2012, esa entidad había aprobado en 39 ocasiones la
convalidación de títulos obtenidos por otros profesionales en la misma universidad
de Brasil y bajo los mismos criterios académicos.

103. Para analizar la transgresión del derecho a la igualdad, la Sala Plena de esta
corporación estableció en la sentencia de 2 de mayo de 201846 que el juez debe
valorar si entre actores en situaciones iguales se otorgó un trato diferente sin
justificación alguna, o si se brindó un trato igual, debiéndose adoptar uno
diferenciado, en virtud de las circunstancias disímiles.

104. El derecho a la igualdad es una garantía de naturaleza relacional, lo que trae
como consecuencia que quien pretenda la nulidad de un acto administrativo por
dicha causa debe demostrar que la administración no otorgó un trato igual a quienes
se encontraban en las mismas situaciones de hecho y de derecho, o que omitió
adoptar una discriminación positiva cuando era procedente47.

105. Esto implica que existen situaciones que, por sus particularidades y
características, no pueden ser objeto de comparación razonable. Por lo tanto, en
estos casos, no procede exigir un trato igualitario, dado que la diferencia de
contextos justifica un proceder distinto por parte de la administración.

106. Como ya se mencionó, el artículo 3.° de la Resolución 06950 de 2015 indicó
que el criterio general de convalidación de caso similar no aplica cuando se trata de
la homologación de títulos del área de la salud. La norma en cita señaló:

“[...] Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de pregrado y posgrado. Sin
perjuicio de lo dispuesto más adelante respecto de los programas del área de
la salud y de pregrado en derecho, contaduría y educación, para efectos del
trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar
una evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios le es aplicable [...]”

107. Acto seguido el artículo 5 estableció que los títulos de programas en el área de
la salud deben ser evaluados por la Sala de Ciencias de la Salud de CONACES y,
si es necesario, el Ministerio de Educación Nacional podrá pedir opiniones
adicionales a expertos, a partir de la documentación específica que allí se enlista.

108. La Resolución 06950 reconoció un trato diferenciado en la convalidación de
títulos en el área de la salud debido a los altos estándares profesionales que exige
la medicina. Estos especialistas atienden la salud del público en general, según lo
previsto en la Ley 23 de 18 de febrero de 198148, lo cual implica una responsabilidad
mayor y la necesidad de garantizar que los conocimientos, las competencias y los
procedimientos médicos cumplan con los criterios de calidad y seguridad.

46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-15-000-
2015-00110-00(REVPI).
47
Al respecto ver la sentencia C-178 de 2014 de la Corte Constitucional.
48
“[...] Por la cual se dictan normas en materia de ética médica [...]”.

31

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

109. En armonía con lo anterior, la Resolución 4072 de 9 de marzo de 202149 (acto
demandado) consideró lo siguiente:

“[...] Respecto de la aplicación del criterio de convalidación correspondiente al caso
similar que plantea el convalidante, aportando para tal efecto resoluciones emitidas
previamente por esta entidad, nos permitimos indicar que para dar aplicación al
criterio de “Caso Similar” contenido en el numeral 2, artículo 3 de la Resolución
6950 de 2015, se requiere lo siguiente:

“Se encuentra dentro de este criterio cuando el título que se somete a
convalidación corresponde a un programa académico que hubiera sido evaluado
con anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o por el ICFES, siempre
que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Debe tratarse del mismo
programa académico, es decir, tener la misma denominación. 2. Debe tratarse de
la misma institución que otorgó el título. 3. Debe existir una diferencia entre las
fechas de otorgamiento de los dos títulos y su respectiva resolución no superior a
ocho años. (...) Una decisión de convalidación realizada por aplicación de caso
similar, no podrá servir de soporte a otra convalidación”.

No obstante lo anterior, es preciso resaltar que en la misma normativa se
encuentra que dicho criterio no puede ser aplicado en el presente asunto, toda
vez que el artículo 5 de la Resolución 6950 de 2015 estableció de manera
expresa que el único criterio bajo el cual se adelantarían los trámites de
convalidación de títulos del área de la salud sería el de evaluación académica,
descartando la aplicación de los criterios de caso similar y acreditación.

Ahora, en cuanto a los argumentos presentados en el escrito de recurso y que
versan sobre la supuesta violación al derecho de la igualdad, considera este
Ministerio que no tienen vocación de recibo pues para poder invocar el principio
de igualdad en el caso sub examine, el convalidante tendría que haber
actuado dentro de los mismos procedimientos de los casos que se aduce
fueron convalidados, bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas
calidades, situación que resulta imposible si se tiene en cuenta que los
procedimientos médicos se realizan sobre cada paciente de forma individual,
atendiendo a las particularidades propias del caso, pero especialmente,
teniendo en cuenta que las calidades en las que se actúa dentro de estos no
son colectivas.

En virtud de lo expuesto, el trámite adelantado no puede ser tachado como
violatorio del derecho a la igualdad; por el contrario, el trámite de
convalidación vela por garantizar el derecho a la igualdad a la sociedad
colombiana, toda vez que la convalidación evita que personas con preparación
inferior a las impartidas en las universidades colombiana, puedan por el simple
hecho de exhibir un título académico obtenido en el extranjero, ejercer su profesión

49
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia del 2 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, dentro de la acción de tutela 2021- 00008, promovida por el señor JAVIER
DE JESÚS VILLA DIAZ GRANADOS en la cual se dispuso: […] “Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad
demandada que, dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la notificación del presente fallo, tenga
notificado por conducta concluyente al señor Jesús Villa Díaz Granados de la Resolución 20429 de fecha 4 de octubre de
2017, y resuelva su recurso de reposición y en subsidio apelación incoado contra ésta.”
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución 20429 del 4 de octubre del 2017, por medio de la cual el Ministerio de
Educación Nacional resolvió “Negar la convalidación del título de CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO “LATO SENSU” EM
MEDICINA E CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA otorgado el 9 de octubre de 2015 por la UNIVERSIDADE VÉIGA DE
ALMEIDA, BRASIL, a JAVIER DE JESÚS VILLA DÍAZ GRANADOS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de
ciudadanía No. […].
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación ante la Dirección de Calidad para la Educación Superior, y remitir
el expediente CNV-2016-0003105 para el efecto.
ARTÍCULO CUARTO: Oficiar a la Unidad de Atención al Ciudadano -UAC-, para una vez surtida la notificación del presente
acto administrativo, se remita copia de la misma a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
[…]”.

32

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

en el país, disposición contenida en la sentencia C-050 de 1997 [...]”. (Negrilla fuera
del texto).

110. En consecuencia, como el criterio de convalidación por caso similar no aplica
a los estudios de posgrado del área de salud, el cargo no prospera.

II.4.4. Transgresión del derecho al trabajo

111. El demandante afirmó que las Resoluciones 20429 de 4 de octubre de 2017,
4072 del 9 de marzo de 2021 y 9954 del 1.º de junio de 2021 vulneran el artículo 26
de la Constitución Política, porque la administración le impidió elegir y ejercer
libremente su profesión, al negarle la convalidación del título de especialización.

112. Esta Sección explicó en la sentencia de 2 de marzo de 201750, al resolver el
mismo cargo en otro caso con similares supuestos fácticos, que la decisión del
Ministerio de Educación Nacional de convalidar o no determinado estudio, por sí
misma, no vulnera el derecho al trabajo porque “[…] no está cuestionando ni se ha
referido a los títulos y experiencia del actor, con los cuales puede acreditar su
idoneidad profesional y derivar su sustento, sin que se le afecte su derecho al
trabajo ni le cercene la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente […]”.

113. La Sala prohijó ese criterio en la sentencia de 2 de mayo de 2025 51, teniendo
en cuenta que el procedimiento de convalidación “[...] implica la realización de un
riguroso examen de legalidad y una valoración académica de los estudios cursados,
a efectos de determinar la naturaleza jurídica de la institución de educación superior
en la cual se cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual
se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa comprobación
de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en nuestro país
[...]”52.

114.Conforme al criterio jurisprudencial supra, la decisión del Ministerio de
Educación Nacional sobre la equivalencia de los estudios académicos foráneos no
cuenta con la virtualidad de desconocer las normas superiores invocadas, porque
esa competencia se ejerce para proteger la integridad profesional de quienes
laboran en el país y para garantizar que todos los títulos obtenidos en el extranjero
cumplan con los estándares nacionales.

115. Por lo tanto, este cargo no cuenta con vocación de prosperidad, ya que los actos
administrativos que resuelven este tipo de procedimientos no afectan derechos
laborales o académicos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, sino que se
refieren únicamente a una expectativa futura.

50
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2013-
00302-00.
51
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 11001-03-24-000-2016-
00230-00.
52
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación núm.
11001-03-24-000-2010-00166-00.

33

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

II.4.5. Vulneración del derecho al debido proceso

116. El demandante señaló que el Ministerio de Educación Nacional vulneró el
artículo 29 de la Constitución Política, ya que la entidad, al resolver los recursos de
reposición y apelación, presentó argumentos nuevos y distintos a los que
originalmente fundamentaron la negativa a la convalidación del título.

117. Esta Sección en la sentencia de 17 de octubre de 202553, al resolver un caso
con similares supuestos fácticos, consideró que no existe una vulneración al debido
proceso cuando la administración ajusta, complementa o incluso modifica las
razones por las cuales toma una decisión de negar una convalidación, siempre que
lo haga con base en el expediente y dentro de sus competencias.

118. Ese precedente planteó que estas variaciones, a lo largo de las diferentes
etapas de la actuación administrativa, no constituyen una causal de nulidad, ya que
el procedimiento legalmente permite que el funcionario que resuelve la reposición
pueda aclarar, modificar, agregar o incluso revocar el acto impugnado, y que la
autoridad superior revise integralmente la decisión en apelación.

119. En consecuencia, el argumento presentado carece de vocación de prosperidad,
toda vez que las razones expuestas responden de manera concreta a las
afirmaciones realizadas por el demandante en los recursos interpuestos en sede
administrativa, particularmente en lo relativo a la idoneidad del centro de formación
extranjero, la pertinencia del programa cursado, así como a la adecuada aplicación
de los principios de igualdad, buena fe y confianza legítima, y a la salvaguarda de
los derechos fundamentales a la educación y al trabajo. De esta manera, la
administración fundamentó su decisión de manera suficiente y en respeto al derecho
fundamental al debido proceso.

II.4.6. Desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legitima

120. El demandante sostiene que, al expedir las Resoluciones 20429, 4072 y 9954,
el Ministerio de Educación Nacional vulneró el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011,
ya que la administración no actuó conforme a los principios de imparcialidad y buena
fe. Además, afirma que se defraudó su confianza legítima, pues esperaba que, al
finalizar sus estudios de especialización, recibiría el mismo trato que otros casos
similares.

121. El artículo 83 de la Constitución Política señala que: “[…] las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas […]”.

122. La Corte Constitucional54 en su jurisprudencia ha precisado que la observancia
del principio de buena fe es esencial para la seriedad del procedimiento
administrativo y la credibilidad del Estado. La buena fe implica el respeto a la

53
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 110010324000-2017-00029-00.
54
Al respecto, ver las sentencias T-475 de 29 de julio de 1992, C-836 de 2001 y T-021 de 2007, entre otras.

34

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

conducta inicialmente desplegada y proscribe el "[…] venire contra factum proprium
[…]", en virtud del cual las entidades del Estado no pueden actuar en contra de sus
propios actos.

123. La buena fe esta entonces relacionada con la confianza legítima que exige a las
autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actos, respetar los
compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas,
cuando no se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.

124. En el caso concreto, la Sala observa que la decisión de la entidad demandada
no contraría el principio de buena fe, dado que se estima razonable y oportuna. La
actuación del Ministerio de Educación Nacional se ajustó a los parámetros legales
y fue debidamente fundamentada, sin desconocer la confianza legitima.

125. Sobre este punto la Resolución 4072 de 9 de marzo de 2021 señaló que:

“[…] En el derecho colombiano el fundamento de la protección a la confianza
legitima ha seguido los lineamientos sostenidos en el derecho comparado; según el
cual, este principio se deduce de los principios constitucionales de Estado de
Derecho y Seguridad Jurídica, y se ha agregado el principio de la buena fe, regulado
expresamente en la Carta Política. Sin embargo, es menester precisar que la
protección al principio de confianza legitima presupone que la situación jurídica que
regulaba las relaciones con los administrados sea una situación legal, pues admitir
tesis contraria, conduce a aceptar que el Estado no podría corregir las situaciones
irregulares o ilegales porque por ajustar su actuar al Estado de Derecho, le viola el
principio de confianza legitima a los asociados.

[…] Como bien se expone, el principio de buena fe y el adyacente de confianza
legitima, exige que el Estado respete las normas y los reglamentos previamente
establecidos, supuesto que se encuentra plenamente demostrado en el presente
caso, toda vez que todos los procesos de convalidación del área de la salud se han
gestionado mediante el criterio de evaluación académica, a fin de determinar si es
posible efectuar la convalidación de dichos títulos académicos en cada caso.

Con esto podemos concluir que, contrario a lo expuesto por el recurrente, en el
presente caso no puede predicarse un presunto trato diferenciado e inequitativo,
toda vez que la concepción del derecho a la igualdad, en palabras de la Corte
Constitucional implica "un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones
normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme
a todas las personas". Al respecto, vale la pena indicar que el trámite de
convalidación elevado por el ciudadano no tuvo la oportunidad de ser evaluado
académicamente como todos los procesos de convalidación y gozó de las garantías
mínimas que demanda el debido proceso administrativo, atendiendo a las
disposiciones contenidas en la Resolución 6950 de 2015, siendo preciso recordar
que cada evaluación académica es individual. […]”.

126.Los actos acusados no fueron arbitrarios ni contradictorios, sino que
respondieron a las conclusiones objetivas y razonables emitidas por la CONACES,
órgano colegiado encargado de la evaluación de convalidaciones.

35

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00575-00
Demandante: Javier de Jesús Villa Díaz Granados

127. Para la Sala, la normativa aplicable a la solicitud del demandante exige una
valoración académica individualizada, especialmente en el área de medicina,
debido a los riesgos propios del ejercicio profesional.

128. Como se explicó previamente, el criterio de convalidación de caso similar no era
aplicable, ya que la administración está obligada a evaluar cada programa cursado
y los resultados académicos del solicitante de manera específica, para garantizar
que todos los procesos de convalidación se resuelvan bajo criterios académicos
objetivos y no mediante una simple equiparación con resoluciones anteriores.

129. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Javier
de Jesús Villa Díaz Granados.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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