Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00250-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00250-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2019-00250-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00250-00
Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
TESIS: DENIEGA PRETENSIONES. LOS ACTOS QUE NEGARON LA
CONVALIDACIÓN DEL TÍTULO EXTRANJERO SE AJUSTAN A DERECHO. EL
MINISTERIO APLICÓ EL RÉGIMEN EN EL ÁREA DE LA SALUD, FUNDÓ SU
DECISIÓN EN CONCEPTOS TÉCNICOS REGULARMENTE RECAUDADOS. NO
SE ACREDITARON LOS CARGOS DE LA DEMANDA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor
WILLIAM PAREDES JARAMILLO, a través de apoderado judicial,
tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones 25881 de 17
de noviembre de 2017, «Por la cual se resuelve una solicitud de
convalidación»; 17481 de 2 de noviembre de 2018, «Por medio de
la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 25881 de 17 de noviembre de 2017»; y 18782 de
10 de diciembre de 2018, «Por medio de la cual se resuelve un
recurso de apelación», expedidas por el MINISTERIO DE
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
EDUCACIÓN NACIONAL1, por medio de las cuales se le negó actor la
convalidación del título de MÉDICO ESPECIALISTA EN
CARDIOLOGÍA que le otorgó la Universidad de Favaloro, Argentina.
I.- LA DEMANDA
I.1. El ciudadano WILLIAM PAREDES JARAMILLO, por conducto de
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener
las siguientes declaraciones:
«[…] 2.1. Solicito se sirva decretar la nulidad de las Resoluciones
No. 25881 de fecha 17 de noviembre de 2017, Resolución No.
017481 de fecha 02 de noviembre de 2018 y, Resolución No.
018782 de fecha 10 de diciembre de 2018, por medio de las cuales
se negó la convalidación del título de especialista en cardiología,
otorgado el 08 de septiembre de 2016, por la Universidad de
Favaloro, Argentina, a William Paredes Jaramillo.
2.2. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, solicito se ordene al Ministerio de
Educación Nacional por conducto de la Dirección de Calidad para la
Educación Nacional, convalide para todos los efectos académicos y
legales en Colombia el título de especialista en cardiología,
otorgado el ocho (08) de septiembre de 2016, por la Universidad
de Favaloro, Argentina, a William Paredes Jaramillo.
2.3. Que se ordene al Ministerio de Educación Nacional dar
cumplimiento a la sentencia en los términos dispuestos en el
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) – Ley 1437 de 2011 […]».
1
En adelante el MINISTERIO.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
I.2.- El actor, señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
Que el 5 de abril de 2017 presentó ante el MINISTERIO la solicitud
de convalidación del título de médico especialista en cardiología que le
otorgó la Universidad de Favaloro, Argentina, la cual se le negó
mediante la Resolución 25881 de 17 de noviembre de 2017, expedida
por la subdirectora de aseguramiento de la calidad de la educación.
Sostuvo que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación, los cuales no fueron resueltos por el
MINISTERIO dentro del término legal oportuno, por lo que tuvo que
presentar una acción de tutela, la cual correspondió al Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante sentencia
de 1o. de noviembre de 2018, le ordenó a la demandada pronunciarse
frente a los recursos interpuestos.
Indicó que el recurso de reposición se resolvió mediante la Resolución
17481 de 2 de noviembre de 2018, en el sentido de confirmar la
decisión objeto de recurso, razón por la que el MINISTERIO procedió
a conceder en forma subsidiaria el recurso de apelación ante la
directora de calidad de la educación superior.
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Mencionó que en la Resolución 18782 de 10 de diciembre de 2018, la
directora de calidad de la educación superior confirmó la decisión de
negar la convalidación.
Adujo que mediante derechos de petición de 8 y 27 de marzo de 2019,
le solicito al MINISTERIO copia de los actos acusados de nulidad y un
informe relacionado con los casos en los que hubiere convalidado
títulos de cardiología, otorgados por la Universidad de Favaloro,
Argentina, dentro de los últimos 8 años.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Sostuvo que los actos administrativos acusados incurrieron en la causal
de nulidad de infracción a las normas superiores en que debían
fundarse, comoquiera que desconocieron su derecho fundamental a la
igualdad y vulneraron el principio de dignidad humana, al sustentarse
en apreciaciones subjetivas y especulativas carentes de rigor jurídico,
que omitieron valorar de manera objetiva el esfuerzo académico, la
formación profesional y la dedicación del acto para obtener el título
académico.
Que, asimismo, el MINISTERIO vulneró sus derechos a la igualdad y
al debido proceso, pues convalidó otros diplomas con idénticas
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características a las del actor, por lo que estimó que negar la
convalidación constituía un trato discriminatorio.
Adujo que se vulneraron los derechos a la educación y a elegir
libremente su profesión u oficio, pues al actor se le impidió practicar
las actividades profesionales inherentes a su título de especialista en
cardiología, lo cual desconocía el esfuerzo que le implicó viajar al
exterior para mejorar sus condiciones educativas y profesionales.
Señaló que se transgredió el derecho fundamental de petición, toda
vez que la Administración omitió resolver oportunamente los recursos
interpuestos, excediendo los términos legales establecidos para ello y,
además, vulneró los principios de buena fe y confianza legítima, al
incurrir en contradicciones injustificadas en la argumentación para
denegar la solicitud de convalidación.
Advirtió que las resoluciones demandadas vulneraron el artículo 84 de
la Constitución Política, habida cuenta que la convalidación de títulos
otorgados por instituciones de educación superior extranjeras debían
cumplir los requisitos previstos en la Resolución 6950 de 15 de mayo
de 2015, la cual previó la evaluación académica por parte de la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior – CONACES, sin perjuicio de que el
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MINISTERIO pudiera solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando se necesitara.
Adujo que la CONACES emitió concepto desfavorable a su solicitud de
convalidación, al considerar que en Colombia la especialización en
cardiología correspondía a una segunda especialidad derivada de la
medicina interna y exigía una dedicación igual o superior a 4.992 horas
de trabajo académico, de las cuales aproximadamente el 80% (3.990
horas) correspondían a la actividad clínica asistencial supervisada por
docentes, por lo que al no aportarse el título de especialista en
medicina interna no era procedente la convalidación.
Al respecto, la parte actora indicó que no aportó el título de especialista
en medicina interna, dado que la especialización que realizó antes de
cursar la especialización de cardiología fue la de medicina crítica y
cuidado intensivo en la Universidad de la Sabana, la cual consideró no
se valoró adecuadamente dentro del trámite de la solicitud de
convalidación, a pesar de ser considerada como una supraespecialidad
que tenía mayor rango en comparación con la de medicina interna.
Sostuvo que el MINISTERIO, en los actos acusados de nulidad,
solamente tuvo en cuenta el concepto de la CONACES, sin aplicar lo
previsto en el convenio de reconocimiento mutuo que se suscribió entre
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Colombia y Argentina, el cual fue aprobado mediante la Ley 147 de
1994, a través del cual «las partes reconocerán y concederán validez
a los certificados de estudios de educación primaria y media, y a los
títulos y grados de académicos de educación superior otorgados por
universidades e instituciones reconocidas oficialmente por los sistemas
educativos de ambos Estados».
Aclaró que no aportó la información correspondiente al récord de
actividades asistenciales y procedimientos realizados durante su
formación, con los mecanismos de supervisión docente, dado que la
Universidad de Favaloro no llevaba un registro detallado de los mismos,
por lo que no estaba obligado a lo imposible.
Finalmente, consideró que los actos acusados estaban falsamente
motivados, dado que «la Administración motivó las resoluciones aquí
acusadas en una norma que no contenía en su totalidad los requisitos
para que William Paredes convalidara su título de especialista, sino que
por parte de la CONACES, posteriormente, estableció otros requisitos
adicionales para obtener la convalidación solicitada, omitiendo la
valoración de las pruebas aportadas y, peor aún, aplicándola
erróneamente».
II.3.- Contestación
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El MINISTERIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, para lo cual indicó que el actor no acreditó el cumplimiento
de los requisitos establecidos para la convalidación de títulos obtenidos
en el extranjero.
Destacó que la CONACES realizó la evaluación académica con
fundamento en los documentos aportados en el trámite de
convalidación y el criterio de expertos académicos, los cuales tenían la
experiencia suficiente para determinar si el título sometido a
convalidación cumplía con los requisitos que se exigían en el país,
considerando aspectos como duración, formación previa cuando fuera
requisito, contenidos curriculares, metodología, orientación de las
asignaturas, prácticas y procedimientos desarrollados, entre otros.
Resaltó que el área de la salud era un campo que causaba un impacto
directo en la sociedad, por lo que era obligación del Estado, a través
del MINISTERIO, cerciorarse de la idoneidad de los profesionales que
ingresaban al país a ejercer sus estudios, teniendo como principio el
interés de la sociedad colombiana.
Sostuvo que los actos administrativos acusados de nulidad se
expidieron con fundamento en las pruebas aportadas, al igual que lo
dispuesto en la Resolución 6950 de 2015, por lo que no le asistía razón
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a la parte actora en sus argumentos, pues se garantizó en todo
momento el debido proceso.
Señaló que la CONACES, a través de sus conceptos, evaluaba de forma
individual la organización de las actividades académicas y las
condiciones particulares en las cuales se adelantaron los estudios y
procedimientos correspondientes, por lo que era la evaluación
académica el resultado del análisis integral sobre los estudios
cursados.
En ese sentido, indicó que no era posible dar aplicación al criterio de
convalidación por caso similar, dado que el artículo 5° de la Resolución
6950 de 2015 previó, de manera expresa, que el único criterio bajo el
cual se adelantarían los trámites de convalidación de títulos del área
de la salud era el de la evaluación académica, por lo que se descartaba
la aplicación de los criterios de caso similar y acreditación.
Finalmente, sostuvo que no se advertía la vulneración del principio de
buena fe y confianza legítima debido a que dentro del procedimiento
que dio lugar a la expedición de los actos administrativos acusados la
Administración respetó las normas y reglamentos previamente
establecidos, dado que en todos los procesos de convalidación del área
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de salud realizó la evaluación académica con el fin de determinar si en
cada caso era procedente la convalidación de los títulos académicos.
II.4. Audiencia inicial. El Despacho sustanciador, mediante proveído
de 20 de mayo de 20222, dio aplicación a lo previsto en el artículo 182A
de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42
de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, por lo que prescindió de
realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA,
fijó el litigio3 y resolvió sobre las pruebas aportadas por las partes.
Posteriormente, en auto de 6 de julio de 20224 corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- La parte actora5 solicitó declarar la nulidad de los actos
acusados y, en consecuencia, convalidar el título de ESPECIALISTA
2
Visible en el índice 42 del expediente digital.
3
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL incurrió en
falsa motivación al expedir las resoluciones núms. 25881 de 17 de noviembre de 2017; 17481 de 2 de noviembre
de 2018; y 18782 de 10 de diciembre de 2018 y si éstas desconocieron o no los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 23, 26,
29, 67, 83 y 84 de la Constitución Política; 13 de la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968 y 13 de la Ley 319
de 20 de septiembre de 1996; 1º y 2º de la Ley 147 de 13 de julio de 1994 y los principios de buena fe y
confianza legítima, conforme a lo expuesto por el actor a folios 2 a 26 y 131 a 162 del expediente físico y a lo
respondido por la entidad demandada a folios 216 a 221 ibidem […]».
4
Visible en el índice 53 del expediente digital.
5
Visible en el índice 60 del expediente digital.
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EN CARDIOLOGÍA que le otorgó la Universidad de Favaloro, en tanto
demostró las competencias necesarias para acreditar la idoneidad del
título.
Reiteró que los actos acusados de nulidad estaban falsamente
motivados, dado que la Administración estableció requisitos adicionales
para acceder a la convalidación del título, omitió la debida valoración
de las pruebas aportas y aplicó erróneamente las normas relativas a la
convalidación de títulos otorgados en el exterior.
Destacó que la demandada no tuvo en cuenta los argumentos
relacionados con el requerimiento de acreditar la especialización en
medicina interna, el récord de actividades asistenciales y de
procedimientos realizados durante la formación del programa
académico, lo cuales fueron satisfechos con otros documentos de igual
o mayor nivel académico.
Adujo que el MINISTERIO convalidó títulos de iguales características
al del actor, por lo que estimó que no había razón admisible para
denegar la convalidación «pues al fin y al cabo todos ellos debieron
cumplir los mismos requisitos y satisfacer las mismas exigencias
académicas, lo cual es motivo más que suficiente para acceder a las
pretensiones de la demanda».
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Concluyó que con la expedición de los actos acusados se vulneraron
los derechos a la igualdad, el trabajo, el debido proceso y la educación,
entre otros, pues al demandante se le negó la convalidación de su título
de especialista en cardiología sin que existieran fundamentos en
derecho para ello.
II.5.2- La demandada6 reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de contestación de la demanda, haciendo especial énfasis en
que la CONACES realizaba la evaluación académica con fundamento en
los documentos aportados con la solicitud y el criterio de expertos
académicos, respecto del contenido del programa, la intensidad
horaria, el número de créditos y los trabajos de investigación, entre
otros; y de ser el caso determinaban la denominación y la equivalencia
de los estudios cursados.
Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, al
considerar que las actuaciones administrativas desplegadas durante el
trámite de convalidación del actor cumplieron con los principios de
buena fe, confianza legítima y debido proceso, pues se fundamentaron
en rigurosas evaluaciones académicas, estudios y procedimientos, por
lo que eran el resultado de un análisis integral de los títulos obtenidos
6
Visible en el índice 59 del expediente digital.
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por el señor PAREDES JARAMILLO y, en consecuencia, se ajustaban
al principio de legalidad que regía todas las actuaciones del Estado.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Los actos acusados
«[…] RESOLUCIÓN No. 25881
(17 NOV 2017)
Por la cual se resuelve una solicitud de convalidación
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
en ejercicio de las atribuciones legales y en especial las que
confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución
No. 6175 del 31 de marzo de 2017.
CONSIDERANDO:
Que WILLIAM PAREDES JARAMILLO, ciudadano colombiano (…),
presentó para su convalidación el título de ESPECIALISTA EN
CARDIOLOGÍA, otorgado el 08 de septiembre de 2016 por la
UNIVERSIDAD DE FAVALORO, ARGENTINA, mediante solicitud
radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-
2017-0005362.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009,
corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los
títulos de educación superior otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.
Que en virtud del artículo 5º de la Resolución 06950 del 15 de mayo
de 2015, para efectos de la convalidación de títulos del área de la
salud, establece: “todos estos deberán someterse a evaluación
académica por parte de la Sala del Área de Ciencias de la Salud de
la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior – CONACES, sin perjuicio de que el
Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones,
órganos y pares evaluadores cuando así se requiera…”.
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Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior – CONACES-, la cual emitió concepto académico en los
siguientes términos:
“El convalidante es ciudadano colombiano, con el título de Médico y
Cirujano convalidado por el ICFES según Resolución 2150 del 1 de
septiembre de 1992, quien presenta para convalidación el título de
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA, otorgado por la UNIVERSIDAD DE
FAVALORO en septiembre de 2016. Se evidencia copia del
documento de identidad, copia del título a convalidar, plan de
estudios, certificado de las calificaciones obtenidas y récord de
procedimientos.
El título corresponde al plan de estudios aportado.
El plan de estudios da cuenta de un programa de dos años de
duración, desarrollados entre abril de 2014 y diciembre de 2015
(que corresponde en realidad a 17 meses), con una dedicación total
certificada de 2817 horas, de las cuales 2000 corresponden al
componente práctico asistencial. El plan de estudios contempla
espacios académicos orientados a la formación en ciencias básicas
aplicadas a la cardiología (semiología y fisiología), así como
formación clínica en emergencias, unidad coronaria, hemodinamia,
electrofisiología cardiaca, rehabilitación, entre otros. No se observan
contenidos en cardiología intervencionista, entre otros. Para cada
espacio académico se describen los contenidos, pero no se describen
las actividades realizadas durante las rotaciones contempladas en el
Programa.
El certificado de calificaciones corresponde al plan de estudios
aportado.
No se aporta el récord de las actividades asistenciales y
procedimientos realizados por el convalidante durante su
formación”.
CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con los argumentos expuestos, se recomienda al
Ministerio de Educación Nacional. No convalidar.
EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO
La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES
recomienda al Ministerio de Educación Nacional No convalidar,
teniendo en cuenta que en Colombia la Especialización en
Cardiología corresponde a una segunda especialidad derivada de la
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Medicina Interna y exige una dedicación igual o superior a 4992
horas de trabajo académico, de las cuales aproximadamente el 80%
(3990 horas) corresponden a la actividad clínica asistencial
supervisada por docentes, por considerarse que es el tiempo
necesario para el desarrollo de las competencias propias de este tipo
de especialidades.
No aporta información sobre las actividades realizadas en las
rotaciones contempladas en el Programa y no se aporta récord de
actividades asistenciales y procedimientos realizados durante su
formación, con los mecanismos de supervisión docente. Para el caso
de los procedimientos, el récord debe establecer la fecha, edad de
los pacientes, el diagnóstico, tratamiento y la actuación del
convalidante en cada uno de los procedimientos, ya sea como
operador principal, ayudante u observador”.
El convalidante el día 12 de septiembre de 2017 se pronunció frente
al concepto académico emitido, y adjuntó la documentación con la
que en su concepto satisfacía las observaciones detalladas en el
citado dictamen. Por lo anterior, se procedió a solicitar una nueva
valoración técnica – académica a la CONACES, la cual emitió
concepto desfavorable en los siguientes términos:
“(…) Se evidencia certificado de rotaciones por los servicios de
consultorio de cardiología (200 horas), emergencias (200 horas),
unidad coronaria (300 horas), recuperación post cirugía
cardiovascular (300 horas), unidad de cuidado intermedio telemetría
(300 horas), diagnóstico por imágenes (200 horas), hemodinámica
(125 horas), electrofisiología cardiaca (125 horas), hipertensión
arterial y lípidos (125 horas), rehabilitación cardiovascular (125
horas). En el mismo no se especifican las instituciones donde se
llevaron a cabo, ni los horarios o actividades en las que participó el
convalidante.
La solicitud fue evaluada por la Sala de Evaluación de Salud y
Bienestar de la CONACES, el 31 de agosto de 2017, recomendando
al Ministerio de Educación Nacional No convalidar, teniendo en
cuenta que:
(…)
En respuesta al traslado del concepto correspondiente, el
convalidante envía comunicación personal en que indica que no
aporta el título de Medicina Interna, ya que en documentación inicial
que aparece en los requisitos emitidos por el ministerio para la
convalidación, no subraya que se adicione el título mencionado. Sin
embargo, señalo que solo poseo título de Médico Intensivista
otorgado por universidad colombiana (Universidad de la Sabana,
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programa de 4 años) para lo cual adiciono diploma y acta de grado,
aclarando que, dentro de su programa de formación, se realiza un
entrenamiento previo de áreas en medicina interna.
2- En cuanto al número de horas realizadas en la especialidad de
Cardiología Universidad de Favaloro, me gustaría adicionar
nuevamente el Plan de estudio completo, con el número de horas
prácticas y teóricas, para que nuevamente sea valorado, ya que la
documentación enviada inicialmente no pude incluirla y cuando lo
intenté realizar no me lo permitió el sistema.
3- En este nuevo plan de estudio, podrá verificar las actividades
realizadas en las rotaciones contempladas en el programa.
4- No aporto récord de actividades asistenciales y procedimientos
realizados con lo establecido como edad del paciente, diagnóstico,
tratamiento y actuación del convalidante en cada uno de los
procedimientos, ya sea como operado principal, ayudante y
observado, debido a que la universidad no lleva registros de
prácticas de alumnos, solo constata la asistencia de los mismos a los
servicios detallados, para lo cual adjunto el documento emitido por
la Institución Universitaria.
5- Adiciono constancias de contenidos teóricos y prácticos de toda
la especialidad de cardiología incluyendo los de cardiología
intervencionista”.
(…)
CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con los argumentos expuestos, se recomienda al
Ministerio de Educación Nacional. No convalidar.
EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO
En Colombia la Especialización en Cardiología corresponde a una
segunda especialidad derivada de la Medicina Interna y exige una
dedicación igual o superior a 4992 horas de trabajo académico, de
las cuales aproximadamente el 80% (3990 horas) corresponden a la
actividad clínica asistencial supervisada por docentes, por
considerarse que es el tiempo necesario para el desarrollo de las
competencias propias de este tipo de especialistas.
El convalidante allega título de especialista en Medicina Crítica y
Cuidado Intensivo, no así de Especialista en Medicina Interna.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
La dedicación al programa de especialización en cardiología cursado
es inferior al exigido en Colombia, teniendo en cuenta una
dedicación total certificada de 2817 horas, de las cuales 2000
corresponden al componente práctico asistencial, adicionalmente,
no aporta el récord de actividades asistenciales y procedimientos
realizados durante su formación, por lo que la sala no puede precisar
la equivalencia en contenidos y actividades con lo ofertado en
Colombia”.
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de
haber estudiado la documentación presentada, se concluye que no
es procedente la convalidación solicitada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. – Negar la convalidación del título de
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA, otorgado el 08 de septiembre de
2016 por la UNIVERSIDAD DE FAVALORO, ARGENTINA, a WILLIAM
PAREDES JARAMILLO, ciudadano colombiano (…) […]».
«[…] RESOLUCIÓN No. 017481
(02 NOV 2018)
Por medio de la cual se decide el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución No. 25881 del 17 de noviembre
de 2017.
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que
confiere el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 014705 del
21 de agosto de 2018.
CONSIDERANDO
(…)
DEL CASO EN CONCRETO
(…)
Ahora bien, con el propósito de resolver de fondo la totalidad de
los argumentos presentados por el recurrente, conviene recordar
que fueron tres los argumentos académicos en los que se basó la
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
CONACES para proferir la negativa de convalidación previamente
transcrita, a saber: i) la ausencia de formación previa en medicina
interna, ii) la disparidad de horas dedicadas a la formación
adelantada por el convalidante en relación con el tiempo exigido
por los programas análogos ofertados por las instituciones de
educación superior colombianas y iii) la imposibilidad de examinar
la equivalencia que presenta la formación foránea con los
programas locales, teniendo en cuenta que no se allegó documento
en el que constara el récord quirúrgico y de procedimientos propio
de una formación médico quirúrgica como lo que se pretende
convalidar.
Pues bien, luego de estudiar de manera detenida los
planteamientos esgrimidos en el recurso allegado, se tiene que los
mismos carecen de las aptitudes necesarias para desvirtuar la
negativa de convalidación instrumentada en el acto administrativo
recurrido, debido a las razones que se proceden a señalar:
I. En un primer término, el señor PAREDES JARAMILLO señala que
cuenta con el título de especialista en MEDICINA CRÍTICA Y
CUIDADO INTENSIVO otorgado por la UNIVERSIDAD DE LA
SABANA de Colombia y en vista de que esta formación es una
subespecialidad de la medicina interna, el requisito de formación
previa de encontrarse acreditado. Frente a éste punto, conviene
señalar que aun cuando está comprobado que el convalidante
cuenta con la titulación referida, en la presente instancia
procedimental no se cuentan con elementos probatorios que
permitan arrojar certeza de la adquisición de destrezas propias de
la medicina interna por parte del solicitante, pues luego de
consultarse el portal web del programa de la ESPECIALIZACIÓN EN
MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO ofertado por la
UNIVERSIDAD DE LA SABANA, se encontró que: “La especialización
está dirigida a: Médicos generales: Duración de 4 años Médicos
Especialistas en: Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía General,
Neurocirugía, Neurología, Gineco-obstetricia y Medicina de
Emergencias: Duración de 2 años”.
La situación previamente citada lleva a concluir que la modalidad
de ingreso al programa en mención puede efectuarse de manera
directa para los médicos generales y de manera derivada – o en
calidad de subespecialidad – para médicos que cuenten con siete
distintas especialidades. Así las cosas, no todos los egresados del
programa en comento cuentan con formación en medicina interna
como especialidad primaria, pues existen alternativas de formación
previa como requisito para el ingreso al programa, situación que
no fue esclarecida o comprobada por el recurrente.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
En contraste, aun cuando el ingreso del convalidante se hubiese
efectuado de manera directa – hecho que generaría que el tiempo
de formación en la especialidad constara de cuatro años, no se
tiene certeza acerca de la intensidad horaria exigida por el
programa, las temáticas de estudio y el grado de exposición en el
área de la medicina interna exigidas por parte de dicha formación,
pues en ningún momento fue allegado el plan de estudios de la
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO
ofertada por la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, así como tampoco
el récord quirúrgico o de procedimiento agotados con ocasión de
esa formación, situación que evidentemente impidió que la sala de
evaluación académica efectuara un análisis de fondo con miras a
establecer si el prerrequisito de formación en medicina interna se
encontraba satisfecho por parte del solicitante.
II. En cuanto a la aplicación del Convenio Internacional de
Reconocimiento de Títulos suscrito entre la República de Argentina
y Colombia como argumento para contrarrestar la diferencia
numérica que existe entre las horas de formación agotadas por el
convalidante en relación con los programas que en paridad se
ofertan en nuestro país, se le recuerda al señor PAREDES
JARAMILLO que el examen que hace el Ministerio de Educación
Nacional para la convalidación de títulos obtenidos en el extranjero,
no pretende declarar la idoneidad de las personas, ni cuestionar la
formación que obtuvo en el extranjero, sino que se trata de
someter a estudio el título, a fin de establecer si es asimilable o no
a los que se otorgan en Colombia, haciendo para el efecto la
comparación con los programas que se imparten en el país y que
son ofertados de conformidad con la ley, es decir, que previamente
han sido objeto de análisis y otorgamiento de los respectivos
registros de funcionamiento para poder ofertarse, y según los
cuales, se debe cumplir con unas condiciones de formación que
comprenden tiempos de estudio y exposición al conocimiento,
prácticas propias de cada especialidad, créditos, entre otras
exigencias, para lograr la respectiva titulación, lo cual no se
encontró demostrado en el presente caso, pues la formación
ostentada por el recurrente es inferior en poco más de 2.000 horas
a lo exigido en los programas de cardiología ofertados en Colombia,
circunstancia lleva a concluir (sic) más allá de toda duda razonable
que el título cuya convalidación se pretende, presenta fundadas
diferencias con los ofertados en el nivel local.
Ahora bien, en lo atinente a la aplicación de la Ley 147 del 13 de
julio de 1994 por medio de la cual se aprobó el “Convenio de
Reconocimiento Mutuo de Certificados, títulos y Grados
Académicos de Educación Primaria, Media y Superior entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
de Argentina” la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de
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la Educación Superior señala que el acuerdo en mención adolece
del nivel de reglamentación requerido para poder garantizar su
cabal ejecución, por lo que se considera que es susceptible y
requiere necesariamente del ejercicio de la potestad reglamentaria
prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política
de Colombia, a través de la emisión de actos administrativos
imprescindibles que conviertan en realidad el enunciado abstracto
de la ley.
(…)
III. En lo que respecta a la aseveración en la que el señor PAREDES
JARAMILLO indica que “no está obligado a lo imposible” pues no
pudo aportar el récord de actividades y de procedimientos exigido
por la sala de evaluación académica en su momento, pues la
institución otorgante del título no lleva registros de las prácticas de
alumnos, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior señala que la obligación de aportar el
documento en mención se encuentra reglamentada en el artículo 5
de la Resolución No. 06950 de 2015 y permite demostrar que el
estudiante que curso una especialización médica quirúrgica – como
en este caso – ejecutó cada uno de los procedimientos que se
exigen por parte de las instituciones de educación superior
colombianas para efectos del otorgamiento del mismo título, de
manera que la exigencia del documento en mención lejos de ser
una carga desproporcional es necesaria.
(…)
En conclusión, no es posible exigirle a la autoridad administrativa
que actúe en contra de los reglamentos que regulan los trámites
que le competen, circunstancia que ocurriría en el presente caso si
la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior decidiera convalidar el título ostentado por el recurrente
aun cuando no cuenta con elementos necesarios que permitan
acreditar los procedimientos que fueron practicados con ocasión de
la formación medico quirúrgica que se pretende convalidar,
desconociendo con esto de manera flagrante el artículo 5 de la
Resolución No. 06950 de 2015.
(…)
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 25881 del
17 de noviembre de 2017, por medio de la cual el Ministerio de
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Educación Nacional decidió “Negar la convalidación del título de
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA, otorgado el 08 de septiembre de
2016 por la UNIVERSIDAD DE FAVALORO, ARGENTINA, a WILLIAM
PAREDES JARAMILLO, ciudadano colombiano (…) […]».
«[…] RESOLUCIÓN No. 018782
(10 DIC 2018)
«Por la cual se resuelve un recurso de apelación»
LA DIRECTORA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en
especial las conferidas en el Decreto 5012 de 2009 y la
Resolución 06950 de 2015, y
CONSIDERANDO
(…)
Que una vez analizados todos los argumentos allegados por el
convalidante, la Dirección de Calidad para la Educación Superior,
no evidencia que en el recurso interpuesto por el señor WILLIAM
PAREDES JARAMILLO se hayan desarrollado argumentos
académicos o aportado nuevos elementos probatorios diferentes a
los anexados en un comienzo. En ese sentido, el convalidante al no
proporcionar en el recurso de apelación ningún documento
adicional para sustentar la equivalencia a lo desarrollado en los
programas que se ofrecen en Colombia, para que de esta manera
se subsanara y se complementara con los correspondientes
soportes lo señalado en las evaluaciones académicas realizadas en
el trámite de la convalidación, esta Dirección no considera
necesario solicitar un concepto adicional por parte de la CONACES
o de otro órgano o par evaluador, para realizar una nueva
valoración académica.
Que el artículo 5 de la Resolución 06950 del 15 de mayo de
2015, establece los requisitos para la convalidación de
títulos de programas en el área de la salud, indicando que
todos los títulos de programas del área de la salud deberán
someterse a evaluación académica por parte de la CONACES.
(…)
Que teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que, de conformidad
con los documentos que obran en el expediente, el título que se
pretende convalidar no supera el análisis académico del que fue
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objeto por la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, y toda vez que en el presente asunto no
se añaden argumentos distintos para sustentar la apelación, ni
documentos que impliquen una nueva revisión de la Sala del caso
en concreto, este Despacho debe decidir con base en los
documentos aportados por el convalidante y la recomendación de
CONACES, considerando inviable la convalidación del título puesto
que lo cursado por el convalidante no es equivalente a los
programas de Especialización en Cardiología que se oferta en
Colombia, razón por la cual se acoge dicha recomendación y en
consecuencia se debe confirmar la decisión de primera instancia.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1. Confirmar en todas sus partes las Resoluciones No.
25881 del 17 de noviembre de 2017, y No. 017481 del 02 de
noviembre de 2018, por medio de las cuales la Subdirectora de
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, resolvió
negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN
CARDIOLOGÍA, otorgado el 08 de septiembre de 2016 por la
UNIVERSIDAD DE FAVALORO, ARGENTINA, a WILLIAM PAREDES
JARAMILLO, ciudadano colombiano (…) […]».
2. Problema jurídico
El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de las
resoluciones 25881 de 17 de noviembre de 2017, «Por la cual se
resuelve una solicitud de convalidación»; 17481 de 2 de
noviembre de 2018, «Por medio de la cual se decide el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución No. 25881 de 17 de
noviembre de 2017»; y 18782 de 10 de diciembre de 2018, «Por
medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», por medio
de las cuales se negó la convalidación del título de médico especialista
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
en cardiología al ciudadano WILLIAM PAREDES JARAMILLO,
expedidas por el MINISTERIO.
En criterio del demandante, los actos acusados incurrieron en falsa
motivación y desconocimiento de los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 23, 26,
29, 67, 83 y 84 de la Constitución Política; 13 de la Ley 74 de 26 de
diciembre de 19687 y 13 de la Ley 319 de 20 de septiembre de 19968;
1º y 2º de la Ley 147 de 13 de julio de 19949; los principios de buena
fe y confianza legítima; y la Resolución 06950 de 2015.
3. La convalidación de títulos académicos otorgados en el
extranjero
De conformidad con los artículos 2610 y 6711 de la Constitución Política,
el Estado tiene la responsabilidad de inspeccionar y vigilar la educación
7
«Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966».
8
«Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito
en San Salvador el 17 de noviembre de 1988».
9
«Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados,Títulos y Grados
Académicos de Educación Primaria, Media y Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Argentina", suscrito en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1992».
10
«ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles».
11
«ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
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y el ejercicio de las profesiones. Con el fin de lograr dicho cometido, la
Ley 30 de 28 de diciembre de 199212 definió diferentes mecanismos de
evaluación de calidad de las instituciones y de los programas de
educación superior y conservó la potestad de revisar la equivalencia
entre los estudios cursados en instituciones extranjeras de educación
superior y sus homólogos nacionales.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 30 de 1992, el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES tiene la
labor de homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el
exterior, competencia que posteriormente fue trasladada al Ministerio
de Educación Nacional, mediante los Decretos 2230 de 2003, 4675 de
2006, 1306 de 2009 y 5012 de 2009.
En virtud de lo anterior, desde el año 2005 el Ministerio de Educación
Nacional ha expedido una serie de resoluciones en aras de definir el
trámite y requisitos exigibles para la convalidación de títulos de
educación superior otorgados en el extranjero. Así, mediante la
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular
y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley.
12
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
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Resolución 06950 de 201513, «[…] Por medio de la cual se define el
trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones
legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo
país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la
Resolución 21707 de 2014 […]»14, el Ministerio señaló las etapas que
debían seguirse en el trámite de solicitud de convalidación, así:
«Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de
pregrado y posgrado. Sin perjuicio de lo dispuesto más
adelante respecto de los programas del área de la salud y de
pregrado en derecho, contaduría y educación, para efectos del
trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de
posgrado, se deberá realizar una evaluación legal de la
información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios le es aplicable:
1. Programa o institución acreditada, o su equivalente en
el país de procedencia. Se encuentra dentro de este criterio
cuando el título que se solicita convalidar cuente con alguna de
las dos siguientes condiciones:
a) Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación se encuentra acreditada, o cuenta con un
reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país
de origen.
b) Si el programa académico cursado por el solicitante se
encuentra acreditado, o cuenta con un reconocimiento
equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora
de alta calidad, reconocida en el país de origen.
Para la aplicación del criterio de convalidación por acreditación,
la fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro
del término de vigencia de la acreditación del programa o de la
institución que otorgó el título que se pretende convalidar.
13
Derogada por la Resolución 20797 de 2017, derogada a su vez por la resolución 10687 de 2019.
14
Norma vigente al momento de la solicitud de convalidación.
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Si la solicitud presentada por el interesado se encasilla dentro
de este primer criterio, se procederá a convalidar el título. El
trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor
a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma
de la documentación requerida.
2. Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando
el título que se somete a convalidación corresponde a un
programa académico que hubiera sido evaluado con
anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o por el
ICFES, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:
1. Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener
la misma denominación.
2. Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
3. Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento
de los dos títulos y su respectiva resolución no superior a ocho
(8) años.
En este evento, una vez verificadas las condiciones señaladas
anteriormente, la solicitud de convalidación se resolverá en el
mismo sentido de la decisión que sirvió como referencia. El
trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor
a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma
de la documentación requerida.
Una decisión de convalidación realizada por aplicación del
criterio de caso similar no podrá servir de soporte a otra
convalidación.
3. Evaluación académica. Si el título que se somete a
convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel
académico de los estudios que se están convalidando, o su
denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica ante la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior —CONACES- sin perjuicio de que el
Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se
requiera.
Este trámite se adelantará en un término no mayor a cuatro
(4) meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida.
Parágrafo. Para la convalidación de títulos provenientes de
países con los cuales el Estado colombiano haya ratificado
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convenios de convalidación de títulos, se tendrán en cuenta los
criterios definidos en este artículo».
A partir de lo señalado en la citada disposición, en el trámite de
convalidación de títulos de pregrado y postgrado se deberá verificar si
procede para la convalidación uno de los siguientes criterios: i)
convenio de reconocimiento de títulos; ii) programa o institución
acreditados, o su equivalente en el país de procedencia; iii) caso
similar; y iv) evaluación académica.
Como lo mencionó esta Sección en la sentencia de 2 de mayo de
202515, el procedimiento de convalidación «[...] implica la realización
de un riguroso examen de legalidad y una valoración académica de los
estudios cursados, a efectos de determinar la naturaleza jurídica de la
institución de educación superior en la cual se cursaron los estudios,
el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la metodología bajo la
cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual se
dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa
comprobación de que los títulos que ostentan son equivalentes a los
conferidos en nuestro país [...]»16.
4. Caso concreto
15
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Rad. 11001-03-24-000-2016-00230-00.
16
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 11001-
03-24-000-2010-00166-00.
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En este asunto, la Sala advierte que a través de los actos
administrativos acusados el MINISTERIO denegó la solicitud de
convalidación de la especialización en cardiología del actor, al
considerar que no se cumplió con el criterio de la evaluación
académica, dado que el señor PAREDES JARAMILLO no acreditó la
formación previa en medicina interna, el tiempo exigible para los
programas análogos ofertados en el país, ni el récord quirúrgico y de
procedimientos propio de una formación médico quirúrgica como la que
pretendía convalidar, para poder examinar la equivalencia que
presentaba la formación foránea respecto de los programas locales.
El demandante argumentó que se vulneró su derecho al debido
proceso, dado que existían casos similares en los que el MINISTERO
sí accedió a la solicitud de convalidación, situación que implicaba un
trato desigual a quienes se encontraban en las mismas situaciones de
hecho y de derecho.
Para resolver, lo primero que destaca la Sala es que de conformidad
con los artículos 3° y 5° de la Resolución 06950 de 2015 disponen que
el criterio general de convalidación de caso similar no aplica cuando se
trata de la homologación de títulos del área de la salud. Las citadas
disposiciones señalan:
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«[...] Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de
pregrado y posgrado. Sin perjuicio de lo dispuesto más
adelante respecto de los programas del área de la salud y
de pregrado en derecho, contaduría y educación, para
efectos del trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de
posgrado, se deberá realizar una evaluación legal de la
información y en su orden verificar cuál de los siguientes criterios
le es aplicable: (…)
2. Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando el
título que se somete a convalidación corresponde a un programa
académico que hubiera sido evaluado con anterioridad por el
Ministerio de Educación Nacional o por el ICFES, siempre que se
cumpla con las siguientes condiciones:
1. Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener
la misma denominación.
2. Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
3. Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento de
los dos títulos y su respectiva resolución no superior a ocho (8)
años. [...]» (Resaltado fuera del texto).
«Artículo 5. Requisitos para la Convalidación de Títulos de
Programas en el Área de la Salud. Para efectos de la
convalidación de títulos en el área de la salud, todos éstos
deberán someterse a evaluación académica por parte de la
Sala del Área de Ciencias de la Salud de la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior -CONACES- sin perjuicio de
que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera.
Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud,
además de los requisitos señalados en el artículo 2 de esta
Resolución, se deberá acreditar lo siguiente:
1. Para títulos de pregrado: La certificación de cumplimiento del
internado rotatorio, debidamente legalizado o apostillado.
2. Para títulos de posgrado: Se debe anexar lo siguiente:
a) Récord quirúrgico o de consulta expedido por las entidades o
instituciones facultadas para desarrollar actividades académicas o
asistenciales en el área de la salud.
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b) Documentos que acrediten actividades académicas y
asistenciales.
Los documentos señalados en los numerales 1 y 2 del presente
artículo, que se encuentren escritos en idioma distinto del
castellano, deberán ser traducidos por traductor o intérprete
oficial, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en
los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012.
El trámite de convalidación se adelantará dentro de un término
no mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la radicación
en debida forma de la documentación.» (Resaltado fuera del
texto).
El artículo 5° estableció que los títulos de programas en el área de la
salud deben ser evaluados por la Sala de Ciencias de la Salud de
CONACES; y, si es necesario, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL podrá pedir opiniones adicionales a expertos, a partir de
la documentación específica que allí se enlista.
En ese sentido, la Resolución 06950 de 2015 reconoció un trato
diferenciado en la convalidación de títulos debido a los altos estándares
profesionales que exige la medicina, pues dichos especialistas atendían
la salud del público en general, según lo previsto en la Ley 23 de 18 de
febrero de 1981, lo cual implicaba una responsabilidad mayor y la
necesidad de garantizar que los conocimientos, las competencias y los
procedimientos médicos cumplan con los criterios de calidad y
seguridad.
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Así pues, una vez analizados los documentos que tuvo el MINISTERIO
para considerar que no era viable acceder a la solicitud de
convalidación, esto es, lo relativo a la necesidad de acreditar la
formación previa en medicina interna, el tiempo exigible para los
programas análogos ofertados en el país, al igual que el récord
quirúrgico y de procedimientos propio de una formación médico
quirúrgica como la que se pretendía convalidar, es de precisar que el
criterio de convalidación por caso similar no aplica a los estudios de
posgrado del área de salud, conforme a la norma vigente al momento
de la expedición de las resoluciones demandadas.
Dicha situación descarta la vulneración al debido proceso y el trato
desigual al que alude el demandante, pues por la naturaleza misma de
la formación en medicina, existen diferencias inherentes entre las
prácticas clínicas, las calificaciones obtenidas y hasta las materias
cursadas, impide realizar una comparación automática entre
solicitantes.
En efecto, las particularidades de cada asunto son las evaluadas por la
CONACES como el órgano competente para estudiar la documentación
y a quien le corresponde verificar la equivalencia académica y
determinar si el título extranjero cumple con los estándares nacionales,
lo cual no se advierte en el caso del actor, dado que se no se acreditó
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la especialidad en medicina interna, al igual que la intensidad horaria
y los procedimientos requeridos, situación que advirtió el comité
evaluador y constituyó el fundamento para negar la solicitud de
convalidación.
Así pues, en títulos del área de la salud, el procedimiento aplicable
permitía no solo la evaluación por CONACES, sino también solicitar
conceptos adicionales a órganos científicos, cuando fuera necesario,
para robustecer la decisión, lo que además es garantía para el
administrado.
Se reitera que, según la reglamentación aplicable al caso bajo examen,
en las convalidaciones del área de la salud la administración debe
acudir al criterio de evaluación académica y apoyarse en órganos
técnicos para despejar incertidumbres, sin que ello suponga per se un
vicio de procedimiento o motivación, siempre que las razones finales
guarden correspondencia con el acervo probatorio del expediente.
En efecto, en un caso de similares características la Sala consideró lo
siguiente17:
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de otubre
de 2025, M.p Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación. 11001-03-24-000-2019-
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«La Resolución 0695018 reconoció un trato diferenciado en la
convalidación de títulos en el área de la salud debido a los altos
estándares profesionales que exige la medicina. Estos
especialistas atienden la salud del público en general, según lo
previsto en la Ley 23 de 18 de febrero de 1981, lo cual implica
una responsabilidad mayor y la necesidad de garantizar que los
conocimientos, las competencias y los procedimientos médicos
cumplan con los criterios de calidad y seguridad.
(…)
En este contexto probatorio se destaca que el criterio de
convalidación por caso similar no aplicaba a los estudios de
posgrado del área de salud conforme a la norma vigente al
momento de la expedición de las Resoluciones 11270 y 19287
de 2018. Incluso, si dicho criterio fuese aplicable, esta Sección
en su jurisprudencia ha precisado que debe existir identidad
fáctica entre los actos administrativos citados como
precedentes y la solicitud respectiva, en cuanto a: i) el
contenido del programa; ii) la universidad que otorgó la
titulación; y iii) el nivel de convalidación pretendido. Sin
embargo, las universidades y los planes de estudios objeto de
comparación son diferentes al programa cursado por el
demandante».
Por lo anterior, la Sala considera que las resoluciones 25881 de 17 de
noviembre de 2017, 17481 de 2 de noviembre de 2018 y 18782 de 10
de diciembre de 2018, no vulneraron el debido proceso, pues el trato
diferenciado ordenado en la Resolución 06950 de 2015 atiende a la
responsabilidad inherente de quienes ejercen la medicina, en la que la
protección del bienestar público exige una evaluación rigurosa e
independiente de los programas y títulos extranjeros.
Igualmente, no es de recibo el argumento del actor según el cual se
18
Si bien en dicho caso la regulación del Ministerio aplicable era la Resolución 06950 de 2015, la Resolución
21707 de 2014 también estableció in trato diferenciado para la convalidación de los programas de salud.
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vulneró el debido proceso al no darse aplicación a la Ley 147 de 13 de
julio de 1994, dado que, incluso con convenios, el reconocimiento exige
cumplir con las condiciones nacionales, como lo señaló esta Sección en
sentencia de 2 de octubre de 202519:
«[…] De lo anterior se concluye que la convalidación de títulos
mencionada en dicho convenio no implica un reconocimiento
automático. Por el contrario, exige que la persona que posee el
diploma cumpla ciertos requisitos. Incluso, en la Sentencia C-050
de 1997, la Corte Constitucional estableció que los títulos
obtenidos en el extranjero deben someterse al proceso de
convalidación, sin importar si existe un acuerdo de
reconocimiento recíproco entre el país de origen del título y
Colombia […]».
En efecto, los actos administrativos gozan de presunción de legalidad;
y cuando su motivación reposa en dictámenes técnicos de órganos
especializados del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (CONACES)
o de cuerpos científicos consultados por el MINISTERIO, corresponde
al interesado desvirtuarlos con prueba técnica idónea que muestre el
yerro metodológico o la inadecuación de los parámetros usados, pues
no basta la mera invocación de virtudes del plan de estudios objeto de
la controversia.
En relación con la presunta vulneración del derecho a escoger
libremente profesión u oficio (artículo 26, C.P) y del principio de la
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de otubre
de 2025, M.p Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación. 11001-03-24-000-2019-
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buena fe (artículo 83, C.P), debe la Sala señalar que, como lo ha
explicado esta Sección, la decisión del Ministerio de Educación Nacional
de no convalidar títulos académicos cuando quiera que se advierte que
no reúnen los requisitos legales para ello, no implica, per se, la
violación de garantías individuales como la libertad de escogencia de
profesión o el derecho al trabajo, habida consideración que no se
cuestiona la formación profesional del administrado ni el título
escogido, sino que, en todo caso, es deber de la administración llevar
a cabo «[…] un riguroso examen de legalidad y una valoración
académica de los estudios cursados, a efectos de determinar la
naturaleza jurídica de la institución de educación superior en la cual se
cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado,
todo lo cual se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante
previa comprobación de que los títulos que ostentan son equivalentes
a los conferidos en nuestro país [...]»20.
Tampoco es de recibo que la demandada haya faltado a los postulados
de la buena fe, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia
constitucional, este principio no es ajeno a las limitaciones y
20
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala,
número único de radicación. 11001-03-24- 000-2010-00166-00.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
precisiones que supone la aplicación de las normas que rigen los
procedimientos de la administración21.
En lo que concierne al cargo de falsa motivación, la Sala, en la
sentencia de 12 de junio de 2025, que en esta oportunidad se prohíja,
resolvió un argumento análogo en un caso de similares presupuestos
al que es objeto de estudio, en la que concluyó:22
«[…] 80. Esta Corporación ha señalado que la falsa motivación
como causal de nulidad del acto administrativo se configura
cuando los fundamentos de hecho o de derecho que exteriorizan
la voluntad de la administración: i) son falsos; ii) resultan
contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o
simuladas; iii) no justifican la decisión, o iv) cuando el autor ha
conferido a los motivos un alcance que no tienen
(…)
87.Sin embargo, se reitera, que al ser una especialidad de la
medicina en la que luego de revisada la documentación, la cartera
ministerial determinó que no se cumplió con el requisito
determinado en el parágrafo, era viable la aplicación del criterio de
evaluación académica, por cuanto existía incertidumbre sobre el
nivel académico de los estudios
(…)
94.Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el cargo
de falsa motivación e infracción de las normas en que debería
fundarse, por las razones expuestas por el demandante no
prospera, pues no se desvirtuó la veracidad de las consideraciones
plasmadas en los actos administrativos demandados. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia recurrida […]».
21
Cfr. Sentencia C-1194 de 2008.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio de
2025, Rad. 250002341000-2016-00407-01, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
Tampoco se acreditó la transgresión de los artículos 1º, 2º, 4º, 23, 67,
y 84 de la Constitución Política; 13 de la Ley 74 de 26 de diciembre de
196823 y 13 de la Ley 319 de 20 de septiembre de 1996, amén de que
el actor no presentó una carga argumentativa suficiente24 que
sustentaran las alegadas vulneraciones.
En consecuencia, examinados los cargos propuestos, la Sala no
encontró vicios de legalidad en los actos demandados, pues se verificó
que el MINISTERIO aplicó el régimen vigente de convalidación en el
área de la salud, sustentó su decisión en conceptos técnicos regulares
y no se acreditó su desvirtuación con prueba idónea.
En este orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de las
resoluciones demandadas y, por tanto, se denegarán las pretensiones
de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
5. Condena en costas
23
«Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966».
24
En este aspecto, el actor se limitó a invocar las normas presuntamente infringidas sin desarrollar el
correspondiente concepto de violación.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18825 del CPACA en armonía con el numeral 8
del artículo 365 del CGP26, esto es, en aplicación de un criterio objetivo
valorativo27, la Sala condenará al actor en los términos de los
numerales 1 y 2 del artículo 36528 ibidem, al pago de las costas en esta
instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso29 y
por las agencias en derecho30”, de manera que le corresponde a esta
25
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
26
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
27
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al
resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
28
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella
[…]”.
29
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el
valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas,
etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
30
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios
sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los
honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Actor: WILLIAM PAREDES JARAMILLO
Sala, producto de la comprobación de la gestión útil de la parte
vencedora, fijar el valor de las costas en el componente de agencias
en derecho al verificarse en esta instancia la intervención de la parte
demandada a través de apoderado judicial. Frente a las expensas y los
gastos del proceso, su fijación se sujetará a la liquidación31 que realice
el secretario de esta Corporación y según la comprobación de que se
incurrieron en estos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP32, se fijan como agencias en derecho, la suma de
1 SMLMV a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lo
anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 5°33
del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso, la
calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.
31
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
32
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder
el máximo de dichas tarifas. […]”.
33
“[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. […]”
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte
demandante y en favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV al
momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en
la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 23 octubre de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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