Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00288-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00288-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2019-00288-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Convalidación de título académico otorgado en el extranjero
Decisión: Negar la nulidad de los actos administrativos demandados
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Mary Yolene Torres Granja contra las Resoluciones núms.
23067 de 31 de octubre de 20171 y 6060 de 12 de junio de 20192.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Mary Yolene Torres Granja, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), con el propósito
de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
Primera. - Que son nulos parcialmente los actos administrativos No. 23067 de 2017
y 6060 de 2019 expedidos por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en cuanto no se
convalida el título de DOCTOR EN EDUCACIÓN a mí mandante.
Segunda. - Que como restablecimiento del derecho se condene a la convalidación
del título de DOCTOR EN EDUCACIÓN.
Tercera. - Que la entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los
términos señalados por el CPACA.
Cuarta. - Que se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho
(negrita y subrayado del original).
1.2. Hechos
1 «Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación».
2 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación».
3 La demanda fue radicada el 12 de julio de 2019 y obra en el índice 33 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Como fundamento fáctico de las pretensiones, señaló que, mediante la solicitud
identificada con el radicado núm. CNV-2017-0001126 de 16 de enero de 20174 inició ante
el Ministerio de Educación Nacional el trámite de convalidación del título de Doctora en
Educación, otorgado el 21 de octubre de 2016, por la Universidad Alas Peruanas, de la
República del Perú.
Narró que el Ministerio sometió la solicitud al criterio de «evaluación académica» previsto
en el numeral 3 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 15 de mayo de 2015 y, en
consecuencia, remitió la documentación a la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES).
Indicó que la Sala de Evaluación de la CONACES conceptuó que los estudios realizados
no correspondían al nivel de doctorado, sino al de maestría. Con fundamento en dicho
concepto, la subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
expidió la Resolución núm. 23067 de 31 de octubre de 2017, mediante la cual convalidó
el título extranjero como equivalente al de «Magíster en Educación» otorgado por las
instituciones de educación superior colombianas. Decisión frente a la cual, interpuso
recurso de apelación.
Durante el trámite del recurso, mediante comunicación núm. 2019-EE-060960 de 15 de
mayo de 2019, la entidad le trasladó un nuevo concepto de la CONACES, frente al cual,
el 21 de mayo de 2019, solicitó que su caso fuera nuevamente examinado a partir de la
totalidad de los documentos aportados y de los criterios establecidos en la Resolución
núm. 6950 de 20155. Asimismo, pidió que se mantuviera la convalidación como «Magíster
en Educación» reconocida en la Resolución núm. 23067 de 2017.
Finalmente, el Ministerio expidió la Resolución núm. 6060 de 12 de junio de 2019,
mediante la cual resolvió el recurso de apelación, mantuvo la convalidación del título en
el nivel de maestría y negó su reconocimiento como doctorado.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse y falsa motivación. Para sustentar tales cargos expuso,
en síntesis, los siguientes argumentos:
1.3.1. Infracción de las normas en que debía fundarse
(i) Desconocimiento del Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos celebrado
entre Colombia y Perú
Afirmó que los actos acusados desconocieron el Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior celebrado entre los
gobiernos de Colombia y Perú el 26 de abril de 1994 y aprobado mediante la Ley 574 de
2000, por cuanto, conforme a sus artículos 1 y 2, los Estados contratantes estaban
obligados a reconocer y conceder validez a los títulos y grados académicos expedidos
4 Como consta en la parte considerativa de la Resolución núm. 006060 de 12 de junio de 2019 obrante en:
Samai, índice 7, documento electrónico con certificado A62172BF8E252743 5FC9B4C9995B0C7E
C3DADCDE700E4D96 449A5792C87AFEE2 denominado “RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO-1-R_006060_12062019 (2).pdf(.pdf)”.
5 «Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución
21707 de 2014».
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por las universidades e instituciones de educación superior oficialmente reconocidas en
sus respectivos sistemas educativos.
En este sentido, señaló que la Universidad Alas Peruanas se encontraba autorizada por
las autoridades competentes de ese país -el Ministerio de Educación y la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)- para ofrecer
el programa de Doctorado en Educación y, por tanto, el Ministerio de Educación
colombiano debía reconocer el título en el mismo nivel en que fue otorgado y no someterlo
a evaluación académica. Como apoyo de su planteamiento, aludió a la Resolución núm.
5547 de 2005, que contemplaba el convenio de reconocimiento de títulos como criterio
de convalidación y reservaba la evaluación académica como última ratio.
(ii) Vulneración del principio de confianza legítima
Sostuvo que la solicitud debía resolverse con la Resolución núm. 6950 de 2015, vigente
cuando obtuvo el título -21 de octubre de 2016- e inició el trámite de convalidación, y no
con la Resolución núm. 20797 de 2017, mediante la cual se regula la convalidación de
títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución núm.
6950 de 2015, por cuanto, en su criterio, la referencia a esta última disposición comportó
la aplicación retroactiva de una regulación posterior y desfavorable.
En este contexto, invocó el principio de confianza legítima consagrado en el artículo 83
de la Constitución Política, por considerar que el Ministerio había brindado un tratamiento
diferente a su solicitud, al aplicar una norma que no regía el trámite.
(iii) Infracción del numeral 1 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015
Manifestó que el Ministerio infringió el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución núm.
6950 de 2015, que permitía aplicar el criterio de «acreditación» cuando la institución o el
programa contara con un «reconocimiento equivalente» otorgado por una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad reconocida en el país de origen.
Bajo ese marco normativo, indicó que la Universidad Alas Peruanas había sido autorizada
inicialmente por el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (CONAFU) y
que, posteriormente, fue reconocida y supervisada por la SUNEDU para ofrecer
programas de posgrado, lo que, a su juicio, constituía un «reconocimiento equivalente»
en los términos de la Resolución núm. 6950 de 2015. Por esta razón, consideró que el
Ministerio debió aplicar el criterio del numeral 1 y convalidar el título, en lugar de
someterlo a evaluación académica.
1.3.2. Falsa motivación
La demandante sostuvo que los actos acusados se sustentaron en apreciaciones
equivocadas e incompletas acerca del nivel académico del programa y, particularmente,
de la calidad de la tesis doctoral.
Indicó que el Ministerio aplicó el criterio de evaluación académica previsto en el numeral
3 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015 y acogió la recomendación de la
CONACES de no convalidar el título como doctorado, fundada, entre otros aspectos, en
que el trabajo de investigación no reunía el rigor exigible para ese nivel de formación.
Alegó que tal conclusión desconoció los documentos aportados durante la actuación, los
cuales, en su criterio, acreditaban una equivalencia razonable entre el programa cursado
3
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y los doctorados ofrecidos en Colombia, en cuanto a contenidos curriculares, actividades
académicas, evaluaciones, créditos, intensidad horaria teórica y práctica, mecanismos
de supervisión docente, procedimientos, perfil de egreso y competencias desarrolladas.
Adujo que la tesis fue presentada, evaluada y aprobada por la Universidad Alas Peruanas
como requisito para obtener el título, de ahí que la CONACES no pudiera efectuar una
nueva valoración de su contenido ni supeditar la convalidación a la emisión de un
concepto favorable sobre su rigor investigativo, pues, a su juicio, «no existe norma jurídica
que limite la convalidación de un título de educación superior por razones de evaluación
en el trabajo de investigación o tesis». Además, la autonomía universitaria permitía que
la institución extranjera estableciera y evaluara los requisitos de grado, de modo que al
Ministerio únicamente le correspondía verificar que la investigación hubiera sido
efectivamente realizada y aprobada, sin entrar a realizar un nuevo estudio de dicho
requisito.
Agregó que, en otros trámites, el Ministerio había convalidado títulos de maestría y
doctorado pese a la existencia de conceptos desfavorables de la CONACES sobre los
trabajos de investigación. En consecuencia, cuestionó la falta de uniformidad de la
entidad para determinar cuándo acogía o se apartaba de tales conceptos.
También invocó, como elemento demostrativo de la validez del título, el hecho de haber
realizado posteriormente estudios posdoctorales en México, para cuyo ingreso le habría
sido reconocido el título de doctora obtenido en Perú.
Finalmente, advirtió que la Resolución núm. 6060 de 2019 contenía referencias
equivocadas a la Universidad de Carabobo, Venezuela, y a un recurso de reposición,
pese a que el título fue otorgado por la Universidad Alas Peruanas y el medio de
impugnación resuelto fue el recurso de apelación, lo que, a su parecer, evidenciaba la
falta de un estudio suficiente del caso.
II. TRÁMITE DEL PROCESO
2.1. Admisión
Mediante auto de 1 de julio de 2020, se inadmitió la demanda, por no haberse aportado
copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación
o ejecución6. Una vez subsanada7, fue admitida mediante providencia de 21 de junio de
2021, en la cual se ordenó notificar al Ministerio de Educación Nacional, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público8.
2.2. Contestación
La Nación - Ministerio de Educación guardó silencio dentro del término para contestar la
demanda9.
2.3. Trámite de sentencia anticipada
6 Samai, índice 4.
7 Samai, índice 7.
8 Samai, índice 11.
9 Samai, índice 20.
4
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Mediante auto de 21 de marzo de 202310, el Despacho sustanciador consideró que el
caso sub examine se subsumía en los supuestos previstos en el numeral 1 del artículo
182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia,
prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio11 y resolvió sobre
las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
2.4. Alegatos de conclusión
En auto de 29 de junio de 202312, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.
2.4.1. Dentro del término concedido, el Ministerio de Educación Nacional se opuso a las
pretensiones, por considerar que el proceso de convalidación se adelantó con
observancia de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
Explicó que la convalidación de títulos obtenidos en el exterior forma parte del sistema
de aseguramiento de la calidad de la educación superior y exige un examen integral de
legalidad y de equivalencia académica en términos de calidad, encaminado a verificar la
idoneidad profesional del solicitante y a proteger los intereses de la colectividad. Precisó
que la obtención de un título extranjero no confiere un derecho adquirido a su
convalidación, sino una mera expectativa, por lo que la negativa no genera
responsabilidad ni un perjuicio indemnizable.
En cuanto al caso concreto, señaló que la evaluación fue realizada por los expertos
académicos de la CONACES, con fundamento en los documentos aportados durante el
trámite. Según indicó, dicho órgano examinó, entre otros aspectos, los requisitos de
ingreso, la duración y carga horaria del programa, sus contenidos curriculares,
10 Samai, índice 39.
11 El litigio se fijó en los siguientes términos: “En la demanda se formulan dos cargos de nulidad de los
actos administrativos: el primero, fundamentado en la causal de expedición con infracción de las normas
superiores, y el segundo, sustentado en la causal de falsa motivación. // 2.2.1.1. Con relación al primer
cargo, de acuerdo con la demanda, se deberá determinar si los actos acusados, Resoluciones números
23067 del 31 de octubre de 2017, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación”; y 6060
de 12 de junio de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional, infringen una, varias o todas las siguientes normas superiores: Convenio de
Reconocimiento Mutuo de certificados, títulos y grados académicos de educación superior entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima, el 26 de
abril de 1994, aprobado mediante la Ley 574 de 2000; artículo 3 de la Resolución 6950 de 2015 del
Ministerio de Educación Nacional; y el principio de confianza legítima. // De advertirse que los actos
cuestionados se profirieron infringiendo una, algunas o todas las normas superiores invocadas en el libelo
introductorio, se deberá determinar si ello conduce a declarar su nulidad. // En este mismo cargo, la actora
aduce que la convalidación del título se realizó con fundamento en la Resolución No. 20797 de 2017,
normativa que era posterior y que no le era aplicable; en ese sentido, a la Sala le corresponde determinar
si es cierto dicha afirmación, y de encontrar afirmativa la respuesta, tendrá que resolverse si ello genera la
nulidad solicitada. // 2.2.1.2. En lo que atañe a la causal de falsa motivación, se propone la siguiente
controversia: // Teniendo en cuenta que la parte demandante afirmó que la única exigencia que debe
tenerse en cuenta al momento de la convalidación de un título de educación superior por razones de
evaluación en el trabajo de investigación o tesis, es la constancia de que dicho trabajo se realizó y aprobó
dentro de sus estudios y que no es necesario un concepto positivo sobre el mismo por parte de la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, se
deberá determinar si dicha afirmación es cierta, y si es cierto que los actos administrativos demandados la
desconocen. // Si la respuesta a los interrogantes señalados fuese afirmativa, entonces deberá examinarse
si por tales razones incurren los actos administrativos demandados en nulidad por falsa motivación. //
2.2.1.3. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a
ordenarle a la entidad demanda a convalidar el título de Doctor en Educación a favor de la demandante”.
12 Samai, índice 44.
5
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
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metodología, orientación de las asignaturas, prácticas, componente investigativo y
competencias desarrolladas.
Afirmó que la recomendación de no convalidar es vinculante por mandato legal y
obedeció a que el programa cursado presentaba diferencias sustanciales respecto de los
doctorados ofrecidos en Colombia, especialmente en su componente investigativo. Al
respecto, destacó que, conforme a la Ley 30 de 1992 y al Decreto 1075 de 2015, los
programas de doctorado deben tener como fundamento la investigación y procurar la
formación de investigadores capaces de desarrollar y orientar autónomamente procesos
académicos e investigativos13.
2.4.2. La parte actora reiteró los argumentos principales esgrimidos en la demanda14.
2.5. Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal15.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo
149.1 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 16,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, expedidos por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Primera de esta Corporación es competente
para conocer, en única instancia, del presente asunto, por tratarse del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra actos administrativos
expedidos por una autoridad del orden nacional.
3.2. Actos administrativos demandados
3.2.1. La Resolución núm. 23067 de 31 de octubre de 2017, «Por medio de la cual se
resuelve una solicitud de convalidación», expedida por la subdirectora de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional17. Dicho
acto es del siguiente contenido:
RESOLUCIÓN No. 23067
31 OCT 2017
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las
que le confiera el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No 6175 del
31 de marzo de 2017
CONSIDERANDO:
13 Samai, índice 49.
14 Samai, índice 50.
15 Samai, índice 51.
16 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
17Samai, índice 33, documento electrónico con certificado 386C7B692D42F527 376E6B3E6062F927
B4815B04F4FCECCE 21EF61D64B7E05DA denominado “CD FOLIO No.14(.rar)”, archivo
“DOCUMENTOS CONVALIDACION.pdf”, págs. 2 y 3.
6
Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Que MARY YOLENE TORRES GRANJA, ciudadana colombiana, identificada con
cédula […], presentó para su convalidación el título de DOCTOR EN EDUCACIÓN,
otorgado el 21 de octubre de 2016, por la UNIVERSIDAD ALAS PERÚANAS, PERÚ.
mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-
2017-0001126.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al
Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior
otorgados por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con las
normas vigentes.
Que en virtud del artículo 3°, numeral 3, de la Resolución 06950 del 15 de mayo de
2015, uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de
educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación
Académica. En el referido precepto normativo se lee lo siguiente: “Si el título que se
somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios señalados
anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que se
están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, sin perjuicio de
que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones, órganos y
pares evaluadoras cuando así se requiera”.
Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, y en aplicación
del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política
de Colombia, este Ministerio mediante comunicación No. TS2-2017-0001843 del 7
de junio del 2017, realizó el correspondiente traslado académico, a través del cual se
le informó la equivalencia de su título a nivel de maestría para que aclarara, aceptara
o complementara la documentación allegada y se pronunciara por escrito sobre los
aspectos analizados por el evaluador.
Que, transcurrido el término legalmente otorgado, la señora MARY YOLENE
TORRES GRANJA, se pronunció el 13 de junio de 2017 respecto del traslado
académico efectuado por este Ministerio, allegando documentación complementaria
para la convalidación del título a nivel de Doctorado.
Que con la complementación de información y respuesta al traslado de concepto por
parte del convalidante se convocó nuevamente a evaluación, para estudiar los
nuevos documentos allegados y la respectiva sala ratificó la decisión de convalidar
el título a nivel de maestría: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN.
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber
estudiado la documentación presentada, se concluye que es procedente la
convalidación solicitada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. -Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos
y legales en Colombia, el título de DOCTOR EN EDUCACIÓN, otorgado el 21 de
octubre de 2016, por la UNIVERSIDAD ALAS PERÚANAS, PERÚ, a MARY YOLENE
TORRES GRANJA, ciudadana colombiana, identificada con cédula […], como
equivalente al título de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, que otorgan las instituciones
de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992.
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
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PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no
exime al profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las
normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión.
ARTÍCULO SEGUNDO. -La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación y contra la misma proceden el recurso de reposición y apelación, los
cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto
en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. 31 OCT 2017
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
[Firma]
NANCY CONSUELO CAÑON SUAVITA
3.2.2. La Resolución núm. 6060 de 12 de junio de 201918, «Por la cual se resuelve un
recurso de apelación», expedida por la directora de Calidad para la Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional. En la motivación del acto se señaló:
RESOLUCIÓN No.
006060 12 JUN 2019
«Por la cual se resuelve un recurso de apelación»
LA DIRECTORA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el
Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 06950 de 2015, y
CONSIDERANDO
1. Trámite de la convalidación:
[…]
Que conforme con la fecha de radicación de la solicitud inicial, para el análisis del
presente caso se aplica la Resolución 06950 de 2015, “Por medio da la cual se define
el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones
de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación
superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014”, la cual asignó a la Subdirección
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior la competencia para
resolver las solicitudes de convalidación y atender los recursos de reposición dentro
del mismo trámite.
Que el proceso de convalidación supone un examen de legalidad y un examen
académico de los estudios cursados. Con el examen de legalidad se evalúan
aspectos tales como la naturaleza jurídica de la institución que otorga el título, la
naturaleza jurídica de este y la metodología bajo la cual se desarrolló el programa
académico cursado por el solicitante. Con el examen académico de los estudios
cursados por el solicitante, adelantado durante el trámite de convalidación, se
18Samai, índice 7, documento electrónico con certificado A62172BF8E252743 5FC9B4C9995B0C7E
C3DADCDE700E4D96 449A5792C87AFEE2 denominado “RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO-1-R_006060_12062019 (2).pdf(.pdf)”.
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
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determina que estos sean razonablemente equivalentes a los ofrecidos en Colombia.
En ese sentido los estudios son objeto de una evaluación académica por parte de
pares expertos, que teniendo en cuenta el contenido del programa, la intensidad
horaria, el número de créditos, los trabajos de investigación, si es del caso, entre
otros, determinan la denominación y la equivalencia de los estudios cursados.
Que el numeral 3 artículo 3 de la Resolución 06950 de 2015 establece “Si el título
que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios señalados
anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que se
están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES-, sin perjuicio de
que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones, órganos y
pares evaluadores cuando así se requiera”.
[…]
2. Recurso de apelación
[…]
Que para resolver el presente recurso es necesario acudir a las Guías de Sistemas
Educativos desarrolladas por esta Dirección, como un instrumento que facilita el
entendimiento de los conceptos de licenciamiento y acreditación que se utilizan en el
ámbito educativo en Perú y de los cuales depende la aplicación del criterio de
convalidación respectivo.
Que en las Guías de Sistemas Educativos, el Capítulo Perú Versión 2 de 2018,
establece:
“(...) Aseguramiento de calidad y acreditación
A partir de la promulgación de la Ley N° 30220 - Ley universitaria, publicada el 03 de julio
de 2014, se formaliza el rol rector del MINEDU sobre la Política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria. Asimismo, se sientan las bases para el
aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria a través de dos
procesos fundamentales:
• EI Licenciamiento, que establece y verifica, permanente y obligatoriamente, la
existencia de condiciones básicas de calidad para el funcionamiento del servicio
universitario en lo referido a creación de universidades, filiales, facultades, escuelas y
programas que permiten obtener un grado académico. Se encuentra a cargo de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
• La Acreditación, como un proceso voluntario de certificación de la calidad
alcanzada por las universidades o sus programas, conforme a criterios internacionales. Se
encuentra a cargo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (SINEACE) Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa.”
Que el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (CONAFU), era el
órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que autorizaba y
supervisaba el funcionamiento de las universidades del Perú, sin embargo, el sistema
educativo en Perú ha venido transformándose en los últimos 15 años, con lo que
nació la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
y se suprimió el CONAFU.
Que de acuerdo con la argumentación de la convalidante, la UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS es una institución “de rango universitario, autorizada por el organismo
competente en ese país”, que en este caso es la Superintendencia Nacional de
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) conforme con la Res. N° 10296
CONAFU 26/04/1996.
Que una vez revisada la resolución del extinto Consejo Nacional para la Autorización
de Universidades – CONAFUR (sic), se colige que la UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS efectivamente es una institución autorizada por la SUNEDU para la
oferta de programas de posgrado en Perú, es decir que cuenta con lo que en ese
país se denomina como Licenciamiento, sin embargo, no cuenta con Acreditación de
alta calidad, información que se puede corroborar en el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa de Perú.
Que en esta medida, no es viable la aplicación del criterio de Acreditación o
Reconocimiento de Calidad previsto en el artículo 11 de la Resolución 20797 de
2017, pues no deben confundirse las definiciones de acreditación y autorización,
contempladas en el artículo 35 de la Resolución en comento, ya que mientras la
acreditación asegura el cumplimiento de determinadas condiciones de calidad, el
licenciamiento o autorización no.
Que cabe destacar que el proceso de convalidación en el marco de la Resolución
6950 de 2015 es un trámite que busca a través de los criterios allí dispuestos,
establecer la equivalencia del título objeto de análisis a títulos que expidan
instituciones de educación superior nacionales conforme con la oferta educativa
autorizada por esta Cartera.
Que una vez analizados los argumentos y la documentación allegada por Ia
convalidante, la Dirección de Calidad para la Educación Superior, encontró necesario
solicitar un concepto adicional a la CONACES, la cual se pronunció así:
“(...)
1. ASPECTOS GENERALES:
[…]
2. ASPECTOS ACADÉMICOS - ARGUMENTACIÓN:
La Sala de Evaluación de Educación de la CONACES en sesión del 19 de julio de 2017
(sic)19 revisó la documentación allegada por la peticionaria quien solicita convalidar el título
de Doctora en Educación, otorgado por la Universidad ALAS Peruanas, el 19 de
septiembre de 2016 (sic20). La Sala procede al estudio de la solicitud y realiza la evaluación
académica en los siguientes aspectos:
La estructura curricular está integrada por los siguientes seminarios: Filosofía de la
Educación; Seminario Problemas de la Educación Superior Contemporánea; Seminario de
Investigación I; Historia y Filosofía Universitaria; Diagnóstico y Evaluación del Currículo;
Investigación I; Neurociencias; Proyectos Educativos, Investigación IlI; Administración y
Gestión Universitaria; Seminario Evaluación y Acreditación Universitaria; Seminario de
Investigación IV.
El proceso formativo tuvo una duración de 52 créditos y fue realizado del 2014 al 2015, el
cual no es equivalente a los del país ya que el promedio de dedicación requerido en los
programas de Doctorado en Educación supera los 80 créditos, es decir, más de 3.840
horas de trabajo académico.
El proyecto de investigación presentado como requisito de grado se tituló: “DISEÑO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN PEDAGÓGICA PARA FORTALECER
LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COGNITIVAS EN ESTUDIANTES
19 En el expediente consta que el segundo concepto emitido por la CONACES data del 15 de julio de 2017.
20 Según obra en el expediente, el título de Doctora en Educación fue otorgado a la señora Mary Yolene
Torres Granja el 21 de octubre de 2016.
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
AFROCOLOMBIANOS CON BAJO AUTOCONCEPTO QUE CURSAN ENTRE TERCERO
Y QUINTO GRADOS DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ZULDEMAYDA”
DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO, COLOMBIA – 2015” desarrollado en 184
páginas, el cual en su estructura interna no guarda el rigor y coherencia académica e
investigativa de un trabajo realizado a nivel de Doctorado.
La Sala de Evaluación de Educación considera que el plan de formación cursado, el
número de créditos y la intensidad horaria no son equivalentes a los de los programas de
Doctorado del país, así mismo, el rigor de la investigación realizada no es del nivel del (sic)
de los Doctorados en Colombia; por lo tanto, la Sala de Evaluación de Educación sugiere
al MEN no convalidar POR ESTUDIOS DEL NIVEL DE DOCTORADO.
El programa objeto de estudio sería equivalente con un programa del nivel de Maestría en
Colombia.
El Ministerio de Educación con fundamento en el estudio de documentos correspondiente,
información complementaria allegada por la convalidante y el estudio realizado por la sala
de CONACES, emite resolución número 23087 (sic) de 31 de octubre de 2017 y resuelve
en su ARTICULO PRIMERO. – “Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos
y legales en Colombia, el título de DOCTOR EN EDUCACION, otorgado el 21 de octubre
de 2016, por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, PERÚ, a MARY YOLENE TORRES
GRANJA, […], como equivalente al título de MAGISTER EN EDUCACIÓN, que otorgan
las instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992”.
3. ARGUMENTOS DEL CONVALIDANTE
La convalidante presenta Recurso de Reposición (sic) a la Resolución número 23067 de
31 de octubre de 2017, manifestando inconformidad por la convalidación del título de
Doctorado Educación con un título de maestría en educación, solicita sea estudiado
nuevamente su caso, argumentando lo siguiente: “En adelante, como quedó especificado
en Colombia según la resolución 20797 del 9 de octubre, quien haya obtenido un título
académico en el exterior y desee convalidarlo en el país, se verá sometido a un criterio
diferente al que se venía realizando el proceso de convalidación, P 1 /2 en donde los
diplomas convalidables serán aquellos expedidos por las Instituciones de Educación
Superior reconocidos oficialmente por las entidades homólogas al Ministerio en cada país
y por sus sistemas de aseguramiento de calidad”. La convalidante, señala que el SUNEDU
reconoce su título de DOCTORA EN EDUCACIÒN y que la UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS es reconocida igualmente por ese organismo.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El caso reingresa a la Sala en la sesión del 9 de maya de 2019; después del estudio de la
documentación adicional anotada por la convalidante y de un análisis integral del caso, la
Sala de Evaluación de Educación no encontró información significativamente diferente a
la que motivó la decisión establecida en la resolución número 23067 de 31 de octubre de
2017, toda vez que, las razones expuestas por la sala para recomendar NO Convalidar
con título de Doctor en Educación, las cuales están relacionadas con requisitos básicos
de calidad de los programas de Doctorado en Colombia, no se desvirtúan en el recurso
interpuesto. Por lo tanto, se ratifica la decisión de NO CONVALIDAR el título en estudio,
toda vez que encuentra que el programa de Doctorado en estudio NO CUMPLE con las
condiciones básicas exigidas en Colombia para programas de este nivel en el campo de
la educación, en cuanto la carga de trabajo académico es inferior al promedio exigido a
programas de Doctorado en el país, no se evidencia una correspondencia del producto
resultado de aprendizaje con el nivel de formación […].
Que debe aclararse que cuando la Sala se refiere a recurso de reposición
corresponde al recurso de apelación […].
Que en esta línea, amparándose en el debido proceso y en las garantías de
contradicción y defensa de la recurrente, este Despacho mediante radicado No.
2019- EE-060960 trasladó el concepto citado y le solicitó a la recurrente que
informará:
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
1- “Si cuenta con elementos adicionales para controvertir lo argumentado por la CONACES
en el concepto adjunto, los cuales deberá aportar en su respuesta.
2- Si no cuenta con elementos adicionales para controvertir lo argumentado por la
CONACES, y en ese orden de ideas, autoriza la convalidación de su título como
equivalente a un título obtenido en un nivel formativo diferente (Maestría).”
Que en respuesta al traslado, mediante radicado 2019-ER-135475 del 21 de mayo
de 2019, la convalidante solicitó una nueva valoración de su caso, y aportó
información que ya había sida valorada por esta Cartera, por la que no es procedente
un nuevo pronunciamiento de la CONACES. Que además, para justificar en la
comunicación de respuesta acudió a diversos argumentos jurídicos, sobre los cuales
esta Dependencia aclara:
• Frente a los argumentos esgrimidos sobre la presunta vulneración al principio de
confianza legítima:
No existió una vulneración de este principio con la comunicación 2019-EE-060960 de
fecha 15 de mayo de 2019, toda vez que no se estaba notificando a la convalidante
de lo que ella interpreta como una intención de revocar la Resolución No. 23067 del
31 de octubre de 2017, expedida por la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, mediante la cual se convalidó el título DOCTOR EN
EDUCACIÓN, otorgado el 21 de octubre de 2016 por la UNIVERSIDAD DE
CARABOBO, VENEZUELA, a la señora MARY YOLENE TORRES GRANJA, por un
título de MAGISTER EN EDUCACIÓN, sino que se extendió una solicitud con
fundamento en el artículo 79 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo, para que indicara si contaba con elementos para
controvertir los argumentos de la CONACES o no e igualmente, se consultó si a pesar
del concepto del mencionado órgano asesor, autoriza la convalidación de su título
como equivalente a un título obtenido en un nivel formativo diferente al doctorado, en
este caso por uno de maestría […].
Que teniendo en cuenta el concepto académico transcrito, se evidencia que el título
objeto del proceso de convalidación CNV-2017-0001126 no puede convalidarse
como equivalente a un programa de doctorado en Colombia, por lo que la Dirección
de Calidad para la Educación Superior acoge el concepto emitido por Sala de
Evaluación de la CONACES, y considerando la comunicación 2019-ER-135475
enviada por la recurrente, de la cual no se desprenden argumentos que desvirtúen
dicho concepto, confirmará la Resolución 23067 del 31 de octubre de 2017, por medio
de la cual la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior
resolvió convalidar el título de DOCTOR EN EDUCACIÓN, otorgado el 21 de octubre
de 2016 por la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, VENEZUELA, (sic) a la señora
MARY YOLENE TORRES GRANJA, por un título de MAGISTER EN EDUCACIÓN.
[…]
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 23067 del 31 de octubre
de 2017, por medio de la cual la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para
la Educación Superior, resolvió convalidar el título de DOCTOR EN EDUCACIÓN,
otorgado el 21 de octubre de 2016, por la UNIVERSIDAD ALAS PERÚANAS, PERÚ,
a la señora MARY YOLENE TORRES GRANJA, ciudadana Colombia, identificada
con cédula de ciudadanía No. […] como equivalente al título de MAGISTER EN
EDUCACIÓN, que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de
acuerdo con la Ley 30 de 1992. […] (negrita y mayúsculas del original).
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3.3. Planteamiento del caso
Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados a través de los cuales el
Ministerio de Educación Nacional convalidó el título de Doctora en Educación obtenido
por la señora Mary Yolene Torres Granja en la Universidad Alas Peruanas como
equivalente al título de Magíster en Educación, fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse o con falsa motivación.
La parte actora sustenta el cargo de infracción de las normas en que debían fundarse los
actos acusados en que: (i) el Ministerio desconoció el Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior celebrado
entre Colombia y Perú, aprobado mediante la Ley 574 de 2000, en virtud del cual debía
convalidarse en el mismo nivel académico; (ii) la entidad demandada infringió el numeral
1 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015, pues la autorización y el
reconocimiento otorgados a la Universidad Alas Peruanas por el CONAFU y la SUNEDU
constituían, a su juicio, un «reconocimiento equivalente» que permitía aplicar el criterio
de «acreditación», sin someter el título a evaluación académica por parte de la
CONACES; y (iii) desconoció el principio de confianza legítima, al aplicar la Resolución
núm. 20797 de 2017 que no regía el trámite.
Asimismo, aduce que los actos acusados están falsamente motivados, por cuanto: (iv) se
sustentaron en una valoración desfavorable del componente investigativo y de la tesis,
sin que la CONACES estuviera facultada para efectuar una nueva valoración del trabajo
ni para exigir un concepto favorable acerca de su rigor investigativo; (v) la documentación
aportada demostraba una equivalencia razonable con los programas doctorales ofrecidos
en Colombia; (vi) el Ministerio había convalidado otros títulos pese a conceptos
desfavorables sobre los trabajos de grado; (vii) sus estudios posdoctorales posteriores
corroboraban la validez del título; y, (viii) la Resolución núm. 6060 de 2019 contenía
referencias equivocadas a la universidad de Carabobo, Venezuela, y a un recurso de
reposición.
3.4. Análisis del caso
Para resolver los dos cargos, la Sala examinará: (i) si el Convenio aprobado mediante la
Ley 574 de 2000 imponía el reconocimiento automático del título en el nivel de doctorado
o si el Ministerio conservaba la competencia para aplicar el procedimiento interno de
convalidación; (ii) cuál era la normativa aplicable a la solicitud y si la mención de la
Resolución núm. 20797 de 2017 comportó su aplicación retroactiva y vulneró la confianza
legítima; (iii) si la autorización o reconocimiento de la Universidad Alas Peruanas
satisfacía el criterio de acreditación o reconocimiento equivalente previsto en el numeral
1 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015; y (iv) si la evaluación académica
acogida en los actos demandados se fundó en hechos ciertos y en parámetros
jurídicamente pertinentes, o si fue desvirtuada por las pruebas aportadas por la
demandante.
En caso de prosperar alguno de los cargos de nulidad, la Sala determinará si, a título de
restablecimiento del derecho, procede ordenar al Ministerio de Educación Nacional
convalidar el título de Doctora en Educación otorgado a la demandante por la Universidad
Alas Peruanas.
3.4.1. Alcance del Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y
Grados Académicos de Educación Superior celebrado entre Colombia y Perú
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La parte actora sostiene que, en virtud del Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior celebrado entre los
gobiernos de Colombia y Perú, aprobado mediante la Ley 574 de 2000, el título debía
convalidarse en el mismo nivel académico en que fue expedido, debido a que la
Universidad Alas Peruanas era una institución oficialmente reconocida por el sistema
educativo peruano.
Los artículos 1 y 2 del Convenio prevén que las partes reconocerán y concederán validez,
por intermedio de sus respectivos Ministerios de Educación, a los títulos y grados
académicos otorgados por universidades e instituciones de educación superior
oficialmente reconocidas por los sistemas educativos de los dos Estados. Asimismo, el
artículo 3 dispone que las partes promoverán, a través de los organismos competentes,
el otorgamiento del derecho al ejercicio de la profesión a quienes acrediten poseer un
título reconocido, «de acuerdo con las normas legales internas vigentes para cada
profesión». Así lo estableció el Convenio:
Artículo 1. Las partes reconocerán y concederán validez a los títulos y grados
académicos de educación superior otorgados por las universidades e instituciones
de educación superior reconocidas oficialmente por los sistemas educativos de
ambos Estados, por intermedio de los respectivos Ministerios de Educación.
Artículo 2. Para los efectos de este convenio se entenderá por reconocimiento la
validez oficial otorgada en cada uno de los Estados contratantes a los estudios
realizados en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo del otro
Estado, acreditados por títulos o grados académicos.
Artículo 3. Las partes proveerán por intermedio de los organismos competentes
de cada país, el otorgamiento del derecho al ejercicio de la profesión a quienes
acrediten poseer un título reconocido, de acuerdo con las normas legales internas
vigentes para cada profesión (subrayas y negrillas por fuera del texto original).
Al revisar la constitucionalidad del Convenio y de su ley aprobatoria, la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-1260 de 200021, explicó que el reconocimiento de los
títulos expedidos por otro Estado se encuentra sujeto al cumplimiento previo de los
requisitos establecidos en la legislación especial de cada país, pues tales exigencias
permiten garantizar la formación e idoneidad profesional y salvaguardar el interés
general. De igual manera, al examinar el artículo 3, precisó que la remisión a las normas
internas reivindica la prevalencia del ordenamiento jurídico interno de cada país
contratante. Al respecto, se destaca:
[…] el compromiso que adquiere Colombia a través del instrumento analizado, sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, encuentra fundamento
constitucional, no sólo en los ya citados artículos 226 y 227 de la Carta Política, sino
también y de manera concreta en el último inciso artículo 2 del ordenamiento
superior, que establece que “...las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”, siendo sin duda un mecanismo de
protección, la suscripción de este tipo de convenios, que permiten el
reconocimiento de los títulos de idoneidad expedidos por otros Estados, previo
el cumplimiento de los requisitos que la legislación especial de cada uno de
ellos prevé, los cuales garantizan el ejercicio de profesionales debidamente
formados y capacitados, con lo que se salvaguarda el interés general.
21 Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 20 de septiembre de 2000, M.P. Fabio Moron Diaz.
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[…]
El artículo 3 del Convenio establece, que las Partes promoverán por intermedio de
los organismos competentes de cada país, el otorgamiento del derecho al ejercicio
de la profesión a quienes acrediten poseer un título reconocido, de acuerdo con las
normas legales internas vigentes para cada profesión.
Tal disposición la Corte la encuentra acorde con nuestro ordenamiento superior, pues
en primer lugar su texto reivindica la prevalencia del ordenamiento jurídico
interno de cada país parte, señalando que la realización del mencionado
objetivo está sujeta al mismo, lo que reafirma la realización de los principios de
soberanía, autonomía y autodeterminación de los pueblos, consagrados en
nuestra Carta Política; y segundo lugar, porque su contenido se traduce en un claro
desarrollo del mandato del artículo 26 de nuestro ordenamiento superior, que
establece que toda persona es libre de escoger profesión u oficio, pero que la ley
podrá exigir títulos de idoneidad y que las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.
De esta manera, aunque el instrumento internacional contiene el compromiso de
reconocer y conceder validez a los títulos expedidos por instituciones oficialmente
reconocidas, de su texto no se desprende que dicho reconocimiento opere
automáticamente ni que la sola habilitación legal de la institución extranjera impida
verificar la correspondencia académica del título. En efecto, la intervención de los
Ministerios de Educación prevista en el artículo 1 y la remisión a las normas internas
contenida en el artículo 3 evidencian que el Convenio no sustituyó las competencias de
las autoridades nacionales ni eliminó el procedimiento interno de convalidación.
Esta interpretación guarda correspondencia con la postura sostenida por esta Sección22
en casos análogos, en los que se ha sostenido que la existencia de un convenio de
reconocimiento recíproco no implica una convalidación automática y que el titular del
diploma debe satisfacer las condiciones previstas por el ordenamiento colombiano. La
Sala lo ha expresado así23:
De lo anterior se concluye que la convalidación de títulos mencionada en dicho
convenio [Convenio regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de
Educación Superior en América Latina y el Caribe, suscrito el 19 de julio de 1974, y
aprobado a través de la Ley 8 de 21 de enero de 1977] no implica un reconocimiento
automático. Por el contrario, exige que la persona que posee el diploma cumpla
ciertos requisitos. Incluso, en la Sentencia C-050 de 1997, la Corte Constitucional
estableció que los títulos obtenidos en el extranjero deben someterse al proceso de
convalidación, sin importar si existe un acuerdo de reconocimiento recíproco entre el
país de origen del título y Colombia24.
Por ello, aun cuando la Universidad Alas Peruanas estuviera oficialmente reconocida por
las autoridades de dicho país, lo cierto es que el Convenio aprobado mediante la Ley 574
22 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-2019-00230-00, C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes y sentencia de 23 de octubre de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-
2019-00250-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre
de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-2019-00230-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
24 La Corte explicó que el artículo 64 del Decreto 2150 de 1995, transgredía el principio de igualdad “[…]
porque, sin una clara justificación, permite que personas con preparación inferior a la impartida en las
universidades colombianas, puedan, por el simple hecho de exhibir un título expedido por un centro
educativo extranjero, ejercer su profesión en nuestro país, en igualdad de condiciones con los profesionales
formados en Colombia. […]”.
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de 2000 no desplazaba la aplicación de la normativa interna sobre convalidación de títulos
ni acreditaba, por sí solo, que el programa académico cursado fuera equivalente a un
doctorado colombiano.
Como se desprende del contenido de los actos acusados, el Ministerio no desconoció la
autorización oficial de la Universidad Alas Peruanas ni la validez del título obtenido por la
demandante, por el contrario, mediante la Resolución núm. 23067 de 2017 lo convalidó
en Colombia como equivalente a un título de «Magíster en Educación» y, mediante la
Resolución núm. 6060 de 2019, confirmó esa decisión, reconociendo expresamente que
dicha institución estaba autorizada para ofrecer programas de posgrado en Perú y que
contaba con licenciamiento, aunque no con acreditación de «alta calidad». Al respecto,
en la decisión se señaló:
[R]evisada la resolución del extinto Consejo Nacional para la Autorización de
Universidades – CONAFUR (sic), se colige que la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
efectivamente es una institución autorizada por la SUNEDU para la oferta de
programas de posgrado en Perú, es decir que cuenta con lo que en ese país se
denomina como Licenciamiento, sin embargo, no cuenta con Acreditación de alta
calidad, información que se puede corroborar en el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa de Perú […]
Por consiguiente, la controversia no recaía sobre el reconocimiento oficial de la
Universidad Alas Peruanas, la existencia o validez del diploma en Perú, sino sobre el
nivel académico que debía reconocérsele dentro del sistema educativo colombiano. La
evaluación realizada por la CONACES tuvo precisamente esa finalidad: establecer, con
fundamento en el plan de formación, el número de créditos, la intensidad horaria y el
componente investigativo, si los estudios cursados eran equivalentes a un doctorado en
Colombia. Tal valoración, contrario a lo sostenido por la parte actora, no desconoció el
reconocimiento oficial de la universidad extranjera, sino que correspondió al ejercicio de
las competencias que el Convenio preservó en cabeza de las autoridades nacionales.
La invocación de la Resolución núm. 5547 de 200525 tampoco conduce a una conclusión
diferente, pues esa disposición no regía cuando la demandante presentó la solicitud de
convalidación el 16 de enero de 2017, dado que había sido derogada por la Resolución
núm. 21707 de 201426- artículo 1527-, posteriormente sustituida por la Resolución núm.
6950 de 201528. Esta última dispuso expresamente, en el parágrafo de su artículo 3, que
«[p]ara la convalidación de títulos provenientes de países con los cuales el Estado
colombiano haya ratificado convenios de convalidación de títulos, se tendrán en cuenta
los criterios definidos en este artículo». Por tanto, la existencia del Convenio con Perú no
impedía aplicar los criterios establecidos en la normativa interna ni obligaba a reconocer
el título en el mismo nivel académico en que fue expedido.
25 «Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones
de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior».
26 «Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior».
27 “Artículo 15. Vigencia y Derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 5547 de 2005”.
28 «Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución
21707 de 2014».
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
En consecuencia, el cargo por infracción del mencionado Convenio no prospera, por
cuanto, el Ministerio reconoció tanto la habilitación oficial de la Universidad Alas Peruanas
como la validez del título otorgado, sin que dicho instrumento lo obligara a conservar
automáticamente la denominación de «Doctora en Educación» otorgada en Perú ni
desplazara su competencia para aplicar el procedimiento interno de convalidación y
verificar la correspondencia académica del título obtenido en el exterior.
3.4.2. Normativa aplicable y principio de confianza legítima
La demandante afirma que el Ministerio aplicó retroactivamente la Resolución núm.
20797 de 2017, pese a que finalizó los estudios y obtuvo el título el 21 de octubre de
2016, fecha para la cual se encontraba vigente la Resolución núm. 6950 de 2015, y que
con ello vulneró el principio de confianza legítima.
Respecto de la aplicación de la norma en el tiempo, esta Sección29 ha explicado que el
debido proceso y el principio de legalidad exigen, por regla general 30, que los
procedimientos administrativos se rijan por la normativa vigente al momento de su
iniciación, así como, que el lapso transcurrido entre la obtención del título y la radicación
de la solicitud no altera la normativa aplicable al procedimiento de convalidación 31.
De hecho, la propia Resolución núm. 20797 de 9 de octubre de 2017, estableció un
régimen de transición claro en su artículo 24, al disponer expresamente lo siguiente:
Artículo 24. Transitoriedad de la Resolución número 06950 de 2015. Los procesos
de convalidación radicados ante el Ministerio de Educación Nacional con
anterioridad a la expedición de la presente resolución se tramitarán por norma
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2026, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00388-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de marzo
de 2018, radicación n.° 66001-23-33-000-2017-00474-01, C.P. María Elizabeth García González. La
aplicación de la Ley o el reglamento en el tiempo presenta tres reglas excepcionales. La retroactividad es
la posibilidad de aplicar una norma a situaciones de hecho consolidadas antes de su entrada en vigencia.
La ultractividad es la aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que
tuvieron lugar durante su término de vigor, pero que actualmente los regula una nueva disposición jurídica,
con el fin de proteger derechos adquiridos y legítimas expectativas. La retrospectividad implica aplicar una
norma a sucesos anteriores a su vigencia, cuyos efectos seguían activos o no se resolvieron de manera
definitiva.
31 Así lo sostuvo la Sala en la sentencia de 28 de mayo de 2026, con radicación n.° 11001-03-24-000-2022-
00388-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes: “55. Con el fin de resolver el planteamiento, se advierte
que el debido proceso y el principio de legalidad en sede administrativa, por regla general, exigen que las
decisiones de las autoridades públicas estén fundadas en la normativa vigente al momento en que inicia el
procedimiento administrativo, bien sea a petición de parte o de oficio. // 56. En el caso concreto, la norma
aplicable para resolver la solicitud de la accionante era la Resolución 10687 de 9 de octubre de 2019, “[…]
Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y
se deroga la Resolución 20797 de 2017 […]”, por ser la vigente para la fecha de presentación de la petición
ante el Ministerio de Educación Nacional. // 57. En el plenario obra la certificación elaborada el 6 de mayo
de 202032 por el referido ministerio conforme a la cual el ciudadano presentó su solicitud el 21 de abril de
2020 y no el 13 de agosto de 2019 como lo afirmó en la demanda. Ese documento señala: // “[…]LA
ASESORA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL HACE
CONSTAR: // Que CARLOS GIOVANNY CAMPIÑO ROJAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.
98364732 de Pupiales presentó ante este Ministerio la solicitud de convalidación del título de Posgrado de
DOCTORADO EN EDUCACIÓN PH.D. de LA UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA en PAIS NO
ENCONTRADO. // Que los documentos fueron radicados con el número CNV-2020-0000387 de 21 de Abril
de 2020 y su solicitud se encuentra en trámite con el folder No. 0011963. […]”. // 58. Por lo tanto, el cargo
no prospera pues la aplicación de la Resolución 10687 de 2019 al sub examine, a pesar del lapso
transcurrido entre la obtención del título y la radicación de la solicitud, no implicó el desconocimiento de la
normativa aplicable al caso ni de su derecho al debido proceso”.
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
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general, de conformidad con la Resolución número 06950 del 15 de mayo de 2015.
El trámite bajo esta nueva normativa procederá a petición de parte.
Artículo 25. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga la Resolución número 06950 del 15 de mayo de 2015.
En este sentido, esta Corporación ha precisado que «la Resolución 6950 de 2015
mantuvo una vigencia transitoria solo para las solicitudes de convalidación que ya se
encontraban radicadas ante el Ministerio de Educación Nacional al momento de entrar
en vigencia la Resolución No. 20797»32.
En el sub examine, la solicitud de convalidación del título de posgrado de «Doctorado en
Educación» otorgado por la Universidad Alas Peruanas a la señora Mary Yolene Torres
Granja, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el 16 de enero de 2017,
esto es, antes de la entrada en vigencia de la Resolución núm. 20797 de 9 de octubre de
2017. Así consta en la certificación elaborada el 1 de febrero de 2017 por el referido
ministerio33:
En consecuencia, por mandato expreso del artículo 24 de la Resolución núm. 20797 de
9 de octubre de 2017, el trámite debía resolverse con fundamento en la Resolución núm.
6950 de 2015.
En los actos demandados se evidencia que la administración acató esta regla, pues la
Resolución núm. 23067 de 2017 fundamentó su decisión en el numeral 3 del artículo 3
de la Resolución núm. 6950 de 2015; e igualmente, la Resolución núm. 6060 de 2019
indicó expresamente que, «conforme con la fecha de radicación de la solicitud inicial,
para el análisis del presente caso se aplica la Resolución 06950 de 2015», reproduciendo
nuevamente su artículo 3 y concluyendo que el recurso debía resolverse con sujeción a
esa regulación.
Si bien en la Resolución núm. 6060 de 2019 se hizo mención a la Resolución núm. 20797
de 2017, la Sala advierte que esto se dio con el fin de responder a un argumento
formulado por la propia recurrente -hoy demandante-, sin que esto implicara un cambio
en la normatividad que rigió el trámite.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consulta de 10 de octubre de 2017, radicación n.°
11001-03-06-000-2016-00124-00(2304-2304 AD), C.P. Óscar Darío Amaya Navas.
33 Samai, índice 35, documento electrónico con certificado 00815C65006FCDE8 67992765718F0AC1
AAA68C950F957565 4FB18FFFF8CF490B denominado “ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS(.pdf)”,
pág. 37.
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En efecto, en el recurso de apelación34 interpuesto contra la Resolución núm. 23067 de
2017, la hoy demandante invocó la Resolución núm. 20797 de 2017, en los siguientes
términos:
En Colombia según la resolución 20797 del 9 de octubre, quien haya obtenido un
título académico en el exterior y desee convalidarlo en el país, se verá sometido a un
criterio diferente al que se venía realizando el proceso de convalidación en donde los
diplomas convalidables serán aquellos expedidos por las Instituciones de Educación
Superior reconocidos oficialmente por las entidades homólogas al Ministerio en cada
país y por sus sistemas de aseguramiento de calidad.
En respuesta a dicho argumento, en la Resolución núm. 006060 de 2019, el Ministerio
de Educación Nacional se refirió a los artículos 11 y 35 de la Resolución núm. 20797 de
2017 con el propósito de explicar la diferencia entre acreditación y autorización, así:
[N]o es viable la aplicación del criterio de Acreditación o Reconocimiento de Calidad
previsto en el artículo 11 de la Resolución 20797 de 2017, pues no deben confundirse
las definiciones de acreditación y autorización, contempladas en el artículo 35 de la
Resolución en comento, ya que mientras la acreditación asegura el cumplimiento de
determinadas condiciones de calidad, el licenciamiento o autorización no.
Por tanto, no se advierte que dicha mención hubiera modificado el marco normativo
aplicable al asunto, máxime porque la distinción empleada por la entidad tampoco fue
creada por la Resolución núm. 20797 de 2017, pues el numeral 1 del artículo 3 de la
Resolución núm. 6950 de 2015 ya exigía que la institución o el programa estuvieran
acreditados o contaran con un reconocimiento equivalente otorgado por una entidad
certificadora o evaluadora de «alta calidad»35. Por ello, la referencia a la regulación
posterior tuvo un carácter explicativo y no alteró el supuesto normativo que debía
verificarse.
Con todo, tampoco se advierte que el principio de confianza legítima, en los términos
formulados por la demandante, hubiera sido vulnerado, pues, tal prerrogativa protege «la
expectativa genuina que alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado
para el ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas
súbitamente»36. En este caso, la administración no modificó las reglas aplicables ni
defraudó una expectativa fundada, dado que respetó el régimen de transición del artículo
24 de la Resolución núm. 20797 de 2017 y evaluó la solicitud con los criterios de la
Resolución núm. 6950 de 2015.
Por tanto, como la referencia explicativa a la Resolución núm. 20797 de 2017 no
constituyó una aplicación retroactiva desfavorable ni un cambio abrupto de la conducta
34 Ibidem, págs. 26 – 28.
35 “Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de pregrado y posgrado. Sin perjuicio de lo dispuesto más
adelante respecto de los programas del área de la salud y de pregrado en derecho, contaduría y educación,
para efectos del trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar una
evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes criterios le es aplicable:
1. Programa o institución acreditada, o su equivalente en el país de procedencia. Se encuentra dentro de
este criterio cuando el título que se solicita convalidar cuente con alguna de las dos siguientes condiciones:
a) Si la institución que otorgó el título que se somete a convalidación se encuentra acreditada, o cuenta
con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad,
reconocida en el país de origen.
b) Si el programa académico cursado por el solicitante se encuentra acreditado, o cuenta con un
reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida
en el país de origen […]”.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de julio de
2018, radicación n.° 25000-23-24-000-2009-00348-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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administrativa y la solicitud de convalidación fue tramitada mediante la regulación
aplicable, este cargo no prospera.
3.4.3. Infracción del numeral 1 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015
La parte actora sostiene que el Ministerio de Educación Nacional infringió el numeral 1
del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015, por cuanto la autorización y el
reconocimiento otorgados a la Universidad Alas Peruanas por el CONAFU y la SUNEDU
constituían un «reconocimiento equivalente» que imponía aplicar el criterio de «programa
o institución acreditada» y, por consiguiente, convalidar el título en el nivel de doctorado,
sin someterlo a evaluación académica por parte de la CONACES.
Sobre el particular, el artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 201537 dispuso que, para
efectos de la convalidación de títulos de pregrado y posgrado, el Ministerio debía evaluar
la información y verificar, en su orden, la procedencia de: (i) el criterio de «acreditación»,
cuando el programa o la institución que otorgó el título estuviera acreditada en el país de
origen; (ii) el criterio de «caso similar», cuando el mismo programa hubiera sido evaluado
previamente y se cumplieran las condiciones de denominación, institución y
temporalidad; y, (iii) el criterio de «evaluación académica» ante la CONACES, cuando el
título no se ajustara a los criterios anteriores o existieran dudas sobre su nivel académico
o denominación38. La norma estableció:
Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de pregrado y posgrado. Sin
perjuicio de lo dispuesto más adelante respecto de los programas del área de la salud
y de pregrado en derecho, contaduría y educación, para efectos del trámite de la
convalidación de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar una
evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios le es aplicable:
1. Programa o institución acreditada, o su equivalente en el país de procedencia. Se
encuentra dentro de este criterio cuando el título que se solicita convalidar cuente
con alguna de las dos siguientes condiciones:
a) Si la institución que otorgó el título que se somete a convalidación se encuentra
acreditada, o cuenta con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen.
b) Si el programa académico cursado por el solicitante se encuentra acreditado, o
cuenta con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o
evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen.
Para la aplicación del criterio de convalidación por acreditación, la fecha de obtención
del título debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación
del programa o de la institución que otorgó el título que se pretende convalidar.
Si la solicitud presentada por el interesado se encasilla dentro de este primer criterio,
se procederá a convalidar el título. El trámite de convalidación se adelantará en un
término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida.
37 «Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución
21707 de 2014».
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre
de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-2019-00230-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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2. Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando el título que se somete
a convalidación, corresponde a un programa académico que hubiera sido evaluado
con anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o por el ICFES, siempre que
se cumpla con las siguientes condiciones:
1. Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener la misma
denominación.
2. Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
3. Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los dos títulos y su
respectiva resolución no superior a ocho (8) años.
En este evento, una vez verificadas las condiciones señaladas anteriormente, la
solicitud de convalidación se resolverá en el mismo sentido de la decisión que sirvió
como referencia. El trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor
a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación
requerida.
Una decisión de convalidación realizada por aplicación del criterio de caso similar no
podrá servir de soporte a otra convalidación.
3. Evaluación académica. Si el título que se somete a convalidación no se enmarca
en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el
nivel académico de los estudios que se están convalidando, o su denominación, se
someterá la documentación a proceso de evaluación académica ante la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
—CONACES- sin perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional
a las asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera.
Este trámite se adelantará en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a
partir del recibo en debida forma de la documentación requerida.
Parágrafo. Para la convalidación de títulos provenientes de países con los cuales el
Estado colombiano haya ratificado convenios de convalidación de títulos, se tendrán
en cuenta los criterios definidos en este artículo (negrillas del original, subrayas fuera
de texto).
Del tenor de la norma se desprende que: (i) los criterios de convalidación son de
aplicación sucesiva y excluyente, de manera que el Ministerio debía verificar su
procedencia en el orden fijado por la regulación39; (ii) el criterio de «acreditación» previsto
en el numeral 1 no comprendía cualquier autorización, registro o reconocimiento oficial,
pues exigía que la institución o el programa estuvieran acreditados o contaran con un
reconocimiento equivalente otorgado «por parte de una entidad certificadora o
evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen»; y (iii) la acreditación debía
encontrarse vigente cuando se expidió el título cuya convalidación se solicitó.
Conviene hacer énfasis en que, el numeral 1 del artículo 3 ibidem impuso un requisito
cualificado, debido a que, la «acreditación» o el «reconocimiento equivalente» debían
referirse a la «alta calidad» de la institución o del programa, y no a su simple
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2026, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00388-00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. En esta
providencia se reiteró lo señalado por la Sección en las sentencias de 18 de octubre de 2012, radicación
n.° 11001-03-24-000-2009-00376-00, C. P. María Elizabeth García González; 13 de marzo de 2014,
radicación n.° 11001-03-24-000-2010-00166-00, C. P. Guillermo Vargas Ayala; 5 de marzo de 2015,
radicación n.° 11001-03-24-000-2009-00355-00, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno; 2 de junio de 2016,
radicación n.° 11001-03-24-000-2014-00343-00, C. P. María Elizabeth García González, y 6 de noviembre
de 2020, radicación n.° 11001-03-24-000-2010-00215-00, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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reconocimiento legal. Una interpretación distinta privaría de efecto útil la exigencia de que
el reconocimiento proviniera de una entidad «certificadora o evaluadora de alta calidad».
En este contexto, para aplicar el criterio de «acreditación» debía demostrarse que: (i) el
CONAFU o la SUNEDU certificaban estándares de alta calidad; (ii) la Universidad Alas
Peruanas o el Doctorado en Educación contaban efectivamente con esa certificación; y
(iii) esta se encontraba vigente para el 21 de octubre de 2016, fecha en que se otorgó el
título.
Para resolver el cargo, la Sala considera necesario precisar las actuaciones adelantadas
durante el trámite de convalidación, particularmente aquellas relacionadas con el
reconocimiento oficial de la Universidad Alas Peruanas y con la aplicación de los criterios
previstos en el artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015.
Como antecedentes administrativos del trámite, obra en el expediente el diploma de 19
de abril de 2007, mediante el cual la Universidad Antonio Nariño confirió a la señora Mary
Yolene Torres Granja el título de Psicóloga40.
Asimismo, a la actuación se aportó la comunicación de 17 de agosto de 2015, mediante
la cual, la Universidad Alas Peruanas informó a la señora Mary Yolene Torres Granja que
contaba con «la autorización del Ministerio de Educación y de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria para dictar el programa de Doctorado en
Educación y emitir el título a nombre de la Nación»41. A esa comunicación se anexó el
plan de estudios del programa.
También se allegó el acta de 29 de septiembre de 201642, en la que consta que la señora
Torres Granja sustentó el trabajo de investigación presentado como requisito para optar
por el grado de Doctora en Educación y obtuvo la calificación de «aprobado magna cum
laude», junto con el respectivo trabajo de grado43.
De igual manera, se incorporó al expediente con la respectiva apostilla, el diploma de 21
de octubre de 201644, mediante el cual la Universidad Alas Peruanas le confirió a la
señora Torres Granja el título de Doctora en Educación y el certificado de estudios núm.
0001-0000134522 de 3 de enero de 201745, en el que consta que aprobó 52 créditos
correspondientes a 12 asignaturas que integraban el programa académico.
40 Samai, índice 35, documento electrónico con certificado 00815C65006FCDE8 67992765718F0AC1
AAA68C950F957565 4FB18FFFF8CF490B denominado “ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS(.pdf)”,
pág. 46.
41 Ibidem, págs. 10 y 11.
42 Ibidem, pág. 50
43 Ibidem, págs. 112 – 294.
44 Ibidem, pág. 8.
45 antecedentes administrativos, pág. 6 y 7.
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
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Con fundamento en esa documentación46, el 16 de enero de 2017, la señora Mary Yolene
Torres Granja solicitó al Ministerio de Educación Nacional la convalidación del
mencionado título, trámite al que le fue asignado el radicado núm. CNV-2017-000112647.
Durante la actuación administrativa, el Ministerio de Educación Nacional acudió al criterio
de «evaluación académica» previsto en el numeral 3 del artículo 3 de la Resolución núm.
6950 de 2015 y, en consecuencia, sometió el asunto a consideración de la Sala de
Evaluación de Educación de la CONACES.
El 22 de mayo de 201748, la CONACES rindió concepto en el que, luego de examinar la
estructura curricular, el número de créditos, la carga de trabajo académico y el
componente investigativo, concluyó que el programa cursado no era equivalente a un
doctorado ofrecido en Colombia, aunque sí correspondía al nivel de maestría. En
particular, la CONACES señaló que el proceso formativo comprendió 52 créditos y fue
cursado entre los años 2014 y 2015, mientras que los doctorados en Educación ofrecidos
en Colombia superaban, en promedio, los 80 créditos y las 3.840 horas de trabajo
académico. Asimismo, consideró que la tesis presentada como requisito de grado no
guardaba «el rigor y coherencia académica e investigativa de un trabajo realizado a nivel
de Doctorado». Por ello, recomendó convalidar el título como equivalente al de Magíster
en Educación.
Mediante comunicación núm. TS2-2017-0001843 de 7 de junio de 201749, el Ministerio
de Educación Nacional trasladó el concepto a la interesada para que se pronunciara
sobre su contenido.
El 13 de junio de 201750, la señora Torres Granja solicitó reconsiderar la recomendación.
Al respecto, manifestó: «[…] lo que busco es que se respete el título que me otorga la
República del Perú con una Universidad legalmente reconocida ante el SUNEDU y que
se respeten los acuerdos existentes entre Colombia y Perú». Para sustentar su solicitud,
aportó una comunicación de la Universidad Alas Peruanas en la que la institución se
refirió al Convenio de Reconocimiento Mutuo celebrado entre ambos países y destacó
que este comprendía los títulos otorgados por «las universidades e instituciones de
46 De acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 6950 de 2015 “Para efectos de adelantar el trámite de
convalidación, el solicitante debe presentar ante el Ministerio de Educación Nacional los siguientes
documentos: // 1. Solicitud diligenciada en debida forma, según lo establecido por el Ministerio de
Educación Nacional. // 2. Fotocopia del diploma legalizado o apostillado, según corresponda, del título que
se pretende convalidar. El diploma del título original debe estar debidamente legalizado, por vía diplomática
o con sello de apostilla. // 3. Original o copia del certificado de calificaciones, debidamente legalizado o
apostillado. // 4. Para estudios de posgrado, se deberá anexar copia del documento de pregrado otorgado
por la institución de educación superior legalmente reconocida en Colombia o copia de la resolución que
otorga la convalidación del título de pregrado emitida por este Ministerio, si el título de pregrado fue obtenido
en el extranjero. // 5. Fotocopia del documento de identidad del solicitante. // 6. Comprobante de pago de
la tarifa correspondiente, a nombre del solicitante. // Parágrafo 1. Cuando se trate de un programa del área
de la salud, o de un título propio o no oficial se deberá presentar el plan de estudios del programa. //
Parágrafo 2. El plan de estudios debe contener una descripción de las asignaturas cursadas, el número de
créditos y la intensidad horaria del programa. Cuando el certificado de calificaciones contenga esta
información no se deberá presentar el plan de estudios. // Parágrafo 3 Los documentos señalados en los
numerales 2 y 3 y en el parágrafo 1 del presente artículo escritos en idioma distinto del castellano, deberán
ser traducidos por traductor o intérprete oficial, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los
términos del artículo 251 de la Ley 1564 del 2012”.
47 Así obra en la certificación de 1 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Educación, en: Samai,
índice 35, documento electrónico con certificado 00815C65006FCDE8 67992765718F0AC1
AAA68C950F957565 4FB18FFFF8CF490B denominado “ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS(.pdf)”,
pág. 37.
48 Ibidem, págs. 29-30.
49 Ibidem, págs. 295 - 296.
50 Ibidem, págs. 109 – 110.
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
educación superior reconocidas oficialmente por los sistemas educativos de ambos
Estados».
El 15 de julio de 201751, la Sala de Evaluación de Educación de la CONACES efectuó
una segunda valoración, en la que mantuvo la recomendación de convalidar el título como
equivalente al de Magíster en Educación, por considerar que la nueva información
aportada por la interesada se relacionaba con el reconocimiento oficial de la universidad
y con la existencia del convenio bilateral, pero no desvirtuaba las diferencias académicas
advertidas en el primer concepto respecto de la carga de trabajo, el número de créditos
y el componente investigativo del programa.
Con fundamento en esas evaluaciones, mediante la Resolución núm. 23067 de 31 de
octubre de 201752, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior resolvió convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en
Colombia el título de Doctora en Educación otorgado por la Universidad Alas Peruanas,
como equivalente al título colombiano de Magíster en Educación.
Inconforme con la decisión, el 16 de noviembre de 201753, la interesada interpuso recurso
de apelación. En su escrito sostuvo que la SUNEDU era la autoridad encargada del
licenciamiento, la supervisión de la calidad y la fiscalización del servicio universitario en
el Perú y afirmó:
[…] el SUNEDU reconoce mi título de DOCTORA EN EDUCACIÓN, mediante el
registro de títulos y diplomas, el cual es un procedimiento administrativo por mandato
legal que reconoce el diploma obtenido y emitido por una institución de rango
universitario, autorizada por el organismo competente en ese país.
Agregó que «la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS desde luego es reconocida ante el
SUNEDU» y solicitó que se respetara la denominación del título, debido a que había
cursado sus estudios «en una institución educativa […] reconocida ante el SUNEDU,
quien se encarga de realizar supervisión de la calidad y fiscalización del servicio
educativo superior universitario».
En el trámite del recurso, la Dirección de Calidad para la Educación Superior solicitó una
nueva evaluación académica a la Sala de Evaluación de Educación de la CONACES, la
cual fue rendida el 9 de mayo de 201954. En dicho concepto se mantuvo la recomendación
de convalidar el título como equivalente al de Magíster en Educación, por cuanto no se
encontró información significativamente diferente de la examinada en las evaluaciones
anteriores. En ese sentido, consideró que los argumentos de la recurrente relacionados
con el reconocimiento de la Universidad Alas Peruanas y del título por parte de la
SUNEDU no desvirtuaban las deficiencias académicas advertidas, reiterando que la
carga de trabajo del programa era inferior a la correspondiente a los doctorados ofrecidos
en Colombia y que el producto de investigación no evidenciaba correspondencia con el
nivel de formación doctoral.
51 Ibidem, págs. 31 – 32.
52 Samai, índice 33, documento electrónico con certificado 386C7B692D42F527 376E6B3E6062F927
B4815B04F4FCECCE 21EF61D64B7E05DA denominado “CD FOLIO No.14(.rar)”, archivo
“DOCUMENTOS CONVALIDACION.pdf”, págs. 2 y 3.
53 Samai, índice 35, documento electrónico con certificado 00815C65006FCDE8 67992765718F0AC1
AAA68C950F957565 4FB18FFFF8CF490B denominado “ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS(.pdf)”,
págs. 26-27.
54 Ibidem, págs. 57 – 59.
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Mediante comunicación núm. 2019-EE-060960 de 15 de mayo de 201955, el Ministerio
trasladó ese concepto a la recurrente para que se pronunciara sobre su contenido y
aportara elementos adicionales para controvertirlo. Además, le solicitó indicar si
autorizaba la convalidación del título en un nivel de formación diferente al de doctorado.
El 21 de mayo de 201956, la señora Torres Granja solicitó una nueva valoración de su
solicitud. Reiteró que la Universidad Alas Peruanas tenía autorización del Ministerio de
Educación y de la SUNEDU para ofrecer el Doctorado en Educación; afirmó que, de
acuerdo con la información suministrada por esta última autoridad, la universidad se
encontraba «institucionalizada»; invocó nuevamente el convenio bilateral y pidió que el
título fuera reconocido en el nivel de doctorado. Subsidiariamente, solicitó que se
mantuviera la convalidación como Magíster en Educación dispuesta en la Resolución
núm. 23067 de 201757.
Finalmente, mediante la Resolución núm. 6060 de 12 de junio de 2019, la Dirección de
Calidad para la Educación Superior resolvió el recurso de apelación. En dicho acto
examinó los argumentos relacionados con la autorización, el reconocimiento oficial y la
alegada acreditación de la Universidad Alas Peruanas.
En primer lugar, señaló que la institución había sido autorizada mediante la Resolución
núm. 102-96-CONAFU de 26 de abril de 1996, expedida por el CONAFU, organismo que
para ese momento autorizaba y supervisaba el funcionamiento de las universidades
peruanas. Asimismo, explicó que dicha entidad fue posteriormente suprimida y que sus
funciones fueron asumidas por la SUNEDU. Así se consignó en el acto:
Que el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (CONAFU) era el
órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que autorizaba y
supervisaba el funcionamiento de las universidades del Perú; sin embargo, el sistema
educativo en Perú ha venido transformándose en los últimos 15 años, con lo que
nació la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
y se suprimió el CONAFU.
Que, de acuerdo con la argumentación de la convalidante, la UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS es una institución “de rango universitario, autorizada por el organismo
competente en ese país”, que en este caso es la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), conforme con la Resolución núm. 102-
96-CONAFU de 26 de abril de 1996.
55 Ibidem, págs. 107-109.
56 Ibidem, págs. 38 – 45.
57 «PETICIÓN// 1.- Teniendo en cuenta todo lo anteriormente plasmado, solicito muy respetuosamente se
estudie nuevamente mi proceso de convalidación con toda la documentación aportada en un principio y a
la fecha, con relación a aplicar el criterio que realmente corresponde de acuerdo al capítulo II de la
Resolución 06950 de 2015, para de esta forma lograr obtener exitosamente el título justo y pretendido que
es el de DOCTOR EN EDUCACIÓN. // 2- En caso que el recurso de apelación interpuesto, sea resuelto
desfavorablemente con relación al título de DOCTOR EN EDUCACIÓN, solicito de forma subsidiaria
se respete la Resolución No. 23067 del 31 de octubre de 2017, expedida por la Subdirectora de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, mediante la cual CONVALIDA Y RECONOCE
para todos los efectos académicos y legales en Colombia el título de Doctor en Educación, otorgado
el 21 de octubre de 2016, por la Universidad Alas Peruanas, Perú, a la señora MARY YOLENE
TORRES GRANJA como equivalente al título de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, que otorgan las
instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992, pues de lo contrario el
recurso de ley interpuesto en buena fe y con confianza legítima ante la entidad, lo que haría es más gravosa
mi situación, fin totalmente ajeno e incoherente al pretendido con el recurso de apelación» (negrillas fuera
del texto original).
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
A partir de la revisión de la Resolución núm. 102-96-CONAFU de 26 de abril de 1996, el
Ministerio entendió que la Universidad Alas Peruanas se encontraba oficialmente
autorizada para ofrecer programas de posgrado. No obstante, consideró que dicha
autorización -originalmente concedida por la CONAFU y posteriormente sometida a la
supervisión de la SUNEDU- acreditaba su habilitación para prestar el servicio educativo,
pero no demostraba que la institución o el Doctorado en Educación contaran con
acreditación de alta calidad. Sobre este punto, señaló:
Que una vez revisada la resolución del extinto Consejo Nacional para la Autorización
de Universidades -CONAFU-, se colige que la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
efectivamente es una institución autorizada […] para la oferta de programas de
posgrado en Perú, es decir, que cuenta con lo que en ese país se denomina como
licenciamiento; sin embargo, no cuenta con acreditación de alta calidad, información
que se puede corroborar en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa de Perú.
Para fundamentar esa distinción, la Dirección de Calidad para la Educación Superior
acudió a la Guía de Sistemas Educativos, capítulo Perú, versión 2 de 2018. Con base en
ese documento explicó que, dentro del sistema educativo peruano, el licenciamiento y la
acreditación correspondían a procedimientos diferentes: el primero tenía por objeto
verificar las condiciones básicas de calidad necesarias para el funcionamiento y la
prestación del servicio universitario y se encontraba a cargo de la SUNEDU; mientras que
la segunda constituía un procedimiento voluntario de certificación de la calidad alcanzada
por las universidades o sus programas, conforme con estándares superiores, y estaba a
cargo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE). Así lo señaló en el mencionado acto:
Que para resolver el presente recurso es necesario acudir a las Guías de Sistemas
Educativos desarrolladas por esta Dirección, como un instrumento que facilita el
entendimiento de los conceptos de licenciamiento y acreditación que se utilizan en el
ámbito educativo en Perú y de los cuales depende la aplicación del criterio de
convalidación respectivo.
Que en las Guías de Sistemas Educativos, el Capítulo Perú Versión 2 de 2018,
establece:
“(...) Aseguramiento de calidad y acreditación
A partir de la promulgación de la Ley N° 30220 - Ley universitaria, publicada el 03
de julio de 2014, se formaliza el rol rector del MINEDU sobre la Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Asimismo,
se sientan las bases para el aseguramiento de la calidad de la educación superior
universitaria a través de dos procesos fundamentales:
• EI Licenciamiento, que establece y verifica, permanente y
obligatoriamente, la existencia de condiciones básicas de calidad para el
funcionamiento del servicio universitario en lo referido a creación de
universidades, filiales, facultades, escuelas y programas que permiten obtener un
grado académico. Se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
• La Acreditación, como un proceso voluntario de certificación de la calidad
alcanzada por las universidades o sus programas, conforme a criterios
internacionales. Se encuentra a cargo del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.”
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
[…]
Que en esta medida [ante la falta de acreditación de la Universidad Alas Peruanas],
no es viable la aplicación del criterio de acreditación o reconocimiento de calidad […],
pues no deben confundirse las definiciones de acreditación y autorización […], ya
que, mientras la acreditación asegura el cumplimiento de determinadas condiciones
de calidad, el licenciamiento o autorización no.
Con fundamento en esa distinción y en las evaluaciones académicas de la CONACES,
la Dirección de Calidad para la Educación Superior concluyó que la autorización otorgada
por la CONAFU, el reconocimiento oficial y la supervisión ejercida por la SUNEDU no
constituían, por sí solos, una acreditación o un reconocimiento equivalente de «alta
calidad». Asimismo, consideró que los argumentos y documentos aportados por la
recurrente no desvirtuaban las diferencias advertidas respecto de la carga académica, la
formación investigativa y el producto de investigación. En consecuencia, confirmó la
Resolución núm. 23067 de 31 de octubre de 2017 y mantuvo la convalidación del título
como equivalente al título colombiano de Magíster en Educación.
Revisado el material probatorio, la Sala advierte que, aun si se acepta -como lo hizo el
Ministerio en el acto acusado- que la Universidad Alas Peruanas se encontraba
oficialmente autorizada, institucionalizada o reconocida para el momento en que otorgó
el título de Doctora en Educación a la señora Mary Yolene Torres Granja, lo cierto es que
esas condiciones no equivalían a una acreditación o reconocimiento equivalente de «alta
calidad» y, por tanto, no era procedente la convalidación del título académico mediante
la aplicación del criterio de «acreditación».
En efecto, el acervo probatorio aportado por la señora Mary Yolene Torres Granja -el
diploma, el acta de sustentación y los certificados de estudios-, así como las
verificaciones efectuadas por el Ministerio de Educación Nacional durante el trámite de
convalidación, permiten inferir que la Universidad Alas Peruanas contaba con una
autorización de funcionamiento otorgada por el extinto CONAFU y que posteriormente
estuvo sometida a la supervisión de la SUNEDU, sin que en el expediente exista prueba
de que el licenciamiento, el registro del título o la supervisión a cargo de aquellas
entidades fueran equivalentes a una acreditación de alta calidad.
Asimismo, la información publicada por la SUNEDU muestra que la Resolución núm. 102-
96-CONAFU de 26 de abril de 1996 otorgó a la Universidad Alas Peruanas únicamente
una autorización provisional de funcionamiento; que la Resolución núm. 169-2002-
CONAFU dejó sin efectos esa decisión y se abstuvo de pronunciarse sobre la
autorización definitiva; y que la Resolución núm. 531-2002-ANR institucionalizó
posteriormente la universidad. De igual manera, se advierte que la universidad presentó
su solicitud de licenciamiento ante la SUNEDU el 29 de mayo de 2017 y que, luego de la
evaluación correspondiente, se verificó el incumplimiento de 33 de los 44 indicadores
aplicables de las «condiciones básicas de calidad». En consecuencia, mediante la
Resolución del Consejo Directivo núm. 172-2019-SUNEDU/CD de 24 de diciembre de
2019, la SUNEDU negó la licencia institucional a la Universidad Alas Peruanas y dejó sin
efectos la Resolución núm. 531-2002-ANR y las disposiciones complementarias
expedidas por la ANR y el CONAFU58.
58 Así se desprende de la Resolución del Consejo Directivo núm. 172-2019-SUNEDU/CD de 24 de
diciembre de 2019, expedida por la SUNEDU, consultada en la fecha de esta providencia en la página web:
http://sunedu.gob.pe/lista-de-universidades-denegadas/
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Dichos actos acreditan que la Universidad Alas Peruanas contó con habilitación o
reconocimiento oficial entre 1996 y 2019, pero no certifican la alta calidad de la institución
o del Doctorado en Educación.
Así las cosas, la autorización o el reconocimiento oficial que la Universidad Alas Peruanas
tenía para prestar el servicio educativo para la época en que la señora Torres Granja
obtuvo su título de Doctora en Educación - 21 de octubre de 2016- dista jurídicamente de
lo que constituye una acreditación de alta calidad. En el sistema peruano, mientras la
SUNEDU verifica condiciones básicas de funcionamiento, es el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) la autoridad
encargada de certificar la alta calidad. Al no obrar prueba de que la universidad o el
programa doctoral estuvieran acreditados, para la Sala es claro que el Ministerio obró
ajustado a derecho al inaplicar este primer criterio, puesto que, equiparar el
licenciamiento básico con la acreditación de alta calidad vaciaría de contenido la
exigencia cualificada que prevé el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950
de 2015.
Además, en el expediente no obra un acto del SINEACE ni de otra entidad certificadora
o evaluadora de alta calidad del Perú que acreditara a la Universidad Alas Peruanas o
específicamente al Doctorado en Educación y estuviera vigente para el 21 de octubre de
2016; más aún, el registro público del SINEACE59 consultado por la Sala tampoco reporta
una certificación de esa naturaleza; y tampoco existe prueba de que la autorización del
CONAFU, el licenciamiento, el registro del título o la supervisión de la SUNEDU fueran
equivalentes a una acreditación de alta calidad.
En tales condiciones, la autorización oficial permitía establecer que el diploma provenía
de una institución facultada para expedir títulos de educación superior, presupuesto
necesario para iniciar el trámite, sin embargo, no demostraba la condición cualificada
exigida por el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución núm. 6950 de 2015.
Conviene precisar que tampoco se acreditaron los presupuestos del criterio de «caso
similar», pues no se identificó una decisión relativa al mismo Doctorado en Educación,
impartido por la Universidad Alas Peruanas, dentro del límite temporal de ocho años, que
pudiera servir válidamente como antecedente conforme al numeral 2 del artículo 3 ibidem.
Así las cosas, al no demostrarse los presupuestos de los dos primeros criterios y existir
incertidumbre acerca de la equivalencia del nivel académico del título otorgado por la
universidad peruana, resultaba procedente acudir al criterio subsidiario de «evaluación
académica» ante la CONACES previsto en el numeral 3 del artículo 3, sin que con ello
se desconociera la validez del título en Perú o se revisara la competencia de la
Universidad Alas Peruanas para otorgarlo, pues su finalidad era determinar la
equivalencia que debía reconocérsele en Colombia, a partir de aspectos como la duración
y estructura del programa, la carga académica, los contenidos curriculares, el
componente investigativo y las competencias propias del nivel de formación doctoral.
En consecuencia, habida cuenta de que la autorización, el reconocimiento oficial y/o la
supervisión de la Universidad Alas Peruanas no satisfacían, por sí solos, el criterio de
acreditación o reconocimiento equivalente de alta calidad, la Sala concluye que el cargo
no está llamado a prosperar. Corresponde ahora establecer si la evaluación académica
estuvo debidamente sustentada y si sus conclusiones fueron desvirtuadas por las
pruebas aportadas.
59 Consultado a la fecha de esta providencia en la página web:
https://app.sineace.gob.pe/Reportes/Acreditacion-Coneau.aspx
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3.4.4. Falsa motivación
La parte actora sostiene que los actos acusados están falsamente motivados por
considerar que la decisión de no reconocer el nivel de doctorado se apoyó en una
valoración equivocada e incompleta del programa y, especialmente, de la tesis titulada
«Diseño y evaluación del programa de inclusión pedagógica para fortalecer las
estrategias de aprendizaje cognitivas en estudiantes afrocolombianos con bajo
autoconcepto que cursan entre tercero y quinto grados de primaria en la Institución
Educativa “Zuldemayda” de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia – 2015»,
presentada como requisito de grado.
Afirma que el Ministerio de Educación Nacional debía limitarse a verificar que el trabajo
de investigación hubiera sido realizado y aprobado por la Universidad Alas Peruanas, sin
efectuar una nueva valoración de su rigor académico, pues ello desconocería la
autonomía de la institución extranjera. Agrega que los documentos aportados acreditaban
una equivalencia razonable entre el programa cursado y los doctorados ofrecidos en
Colombia; que, en otros trámites, el Ministerio había convalidado títulos pese a existir
conceptos desfavorables de la CONACES sobre las tesis, y que posteriormente cursó
estudios posdoctorales en México, para cuyo ingreso le fue reconocido el título de doctora
obtenido en Perú.
Esta Corporación60 ha señalado que la falsa motivación como causal de nulidad del acto
administrativo se configura cuando los fundamentos de hecho o de derecho invocados
por la administración son inexistentes, contrarios a la realidad -bien por error o por
razones engañosas o simuladas-, insuficientes para justificar la decisión o cuando se les
atribuye un alcance que no tienen.
De igual manera, debido a la presunción de legalidad de los actos administrativos, esta
Sección61 ha explicado que concierne a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto
demandado por la causal de falsa motivación «demostrar el vicio en el elemento causal
de la decisión, es decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho
que facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto
administrativo no corresponde a la realidad».
Asimismo, cuando la motivación se apoya en conceptos emitidos por órganos técnicos
especializados, no basta con formular apreciaciones generales sobre las cualidades del
programa cursado, sino que deben aportarse elementos técnicos idóneos que permitan
demostrar el error metodológico, la falta de correspondencia de los parámetros
empleados o la equivocación de las conclusiones. Al respecto, en un asunto con
contornos fácticos similares, la Sala sostuvo62:
[L]os actos administrativos gozan de presunción de legalidad; y cuando su motivación
reposa en dictámenes técnicos de órganos especializados del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (CONACES) o de cuerpos científicos consultados por
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio
de 2025, radicación n.° 25000-23-41-000-2016-00407-01, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. En esta
providencia se reiteró lo señalado en las sentencias de 14 de abril de 2016, radicación n.° 25000-23-24-
000-2008-00265-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso, y de 8 de junio de 2018, radicación n.° 11001-03-
24-000-2009-00499-00, C. P. Hernando Sánchez Sánchez.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de
2019, radicación n.° 25000-23-24-000-2012-00509-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de octubre
de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-2019-00250-00, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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el MINISTERIO, corresponde al interesado desvirtuarlos con prueba técnica idónea
que muestre el yerro metodológico o la inadecuación de los parámetros usados, pues
no basta la mera invocación de virtudes del plan de estudios objeto de la controversia.
Aunado a lo anterior, se pone de presente que el proceso de convalidación no es un mero
trámite administrativo o documental, pues, tal como lo ha precisado esta Sección 63, este
«implica la realización de un riguroso examen de legalidad y una valoración académica
de los estudios cursados, a efectos de determinar la naturaleza jurídica de la institución
de educación superior en la cual se cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la
intensidad horaria y la metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico
cursado, todo lo cual se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa
comprobación de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en
nuestro país».
En ese escenario, las Salas de Evaluación de la CONACES son órganos colegiados e
interdisciplinarios que apoyan la evaluación de las convalidaciones y emiten los
conceptos de recomendación requeridos por el Ministerio de Educación, de acuerdo con
los artículos 3 de la Ley 1188 de 25 de abril de 200864, 1.1.3.3 del Decreto 1075 de 26 de
mayo de 201565, y 13 de la Resolución 10414 de 28 de junio de 201866.
Por lo tanto, la sola presentación de los documentos requeridos para iniciar la actuación
administrativa «no obliga al Ministerio a acceder automáticamente a la convalidación»67.
Tampoco limita su examen a comprobar que el trabajo de grado fue presentado y
aprobado por la universidad extranjera, pues la entidad debe establecer si los estudios
satisfacen los estándares académicos y de calidad exigidos en Colombia.
Al respecto, debe precisarse que el artículo 13 de la Ley 30 de 199268 establece que «los
programas de doctorado se concentran en la formación de investigadores a nivel
avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por
la persona en los niveles anteriores de formación», y dispone que estos programas
«deben culminar con una tesis».
A su turno, el artículo 2.5.3.2.2.11.6. del Decreto 1075 de 201569, prevé que los
doctorados tienen como propósito «la formación de investigadores con capacidad de
realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en un área
específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias
63 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 13 de marzo de 2014, radicación n.° 11001-03-24-000-2010-00166-00, C.
P. Guillermo Vargas Ayala; sentencia de 2 de mayo de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-2016-00230-
00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, y sentencia de 2 de octubre de 2025, radicación n.° 11001-
03-24-000-2019-00230-00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
64 «Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras
disposiciones».
65 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación».
66 «Por la cual se reorganiza la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CONACES), se adopta el reglamento para el funcionamiento de sus Salas de Revisión
y Consulta, de Evaluación y de Coordinadores, y se derogan las Resoluciones 14830 de 2016 y 3179 de
2017».
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre
de 2025, radicación n.° 11001-03-24-000-2019-00230-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
68 «Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior».
69 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación», subrogado por el
Decreto 1280 de 2018 «Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley
30 de 1992 sobre acreditación, por lo que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-».
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Demandante: Mary Yolene Torres Granja
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de este nivel de formación. Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en
este nivel de formación deben contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las
humanidades o las artes».
De estas disposiciones se desprende que la investigación no constituye un requisito
meramente formal del doctorado, sino que la formación investigativa y el producto que
culmina el programa son elementos definitorios de ese nivel académico. Por ello, para
establecer la equivalencia de un título extranjero con un doctorado colombiano, no basta
con comprobar la existencia de una tesis y su aprobación por la institución de origen;
también es pertinente determinar si el programa ofrece una formación investigativa
avanzada y si el producto presentado guardaba correspondencia con ese nivel.
Esta postura coincide con la jurisprudencia de la Sala que, en casos análogos, ha avalado
que la CONACES examine los contenidos, la carga académica, el número de créditos, la
duración del programa y su componente investigativo. Así se sostuvo al resolver un
asunto relacionado también con la convalidación de un título de Doctorado en
Educación70:
98. La Sala tampoco advierte un desconocimiento de la Ley 30 de 1992 o de los
artículos 27 y 209 de la Constitución Política, en desarrollo de la evaluación
académica practicada al demandante. CONACES examinó aspectos relacionados
con los contenidos, la carga académica, el número de créditos, la duración del
programa, la modalidad, las actividades investigativas, el perfil de egreso y la
correspondencia del título con los estándares exigidos para programas doctorales en
Colombia.
99. CONACES valoró en dos oportunidades la información aportada por el
demandante y concluyó que el programa cursado presentaba diferencias
sustanciales frente a los doctorados nacionales en educación. En particular, señaló
que la dedicación total acreditada y el componente investigativo eran inferiores a los
exigidos en nuestro país, junto con la ausencia de actividades complementarias
propias de la formación doctoral, como pasantías, estancias de investigación,
producción académica o exigencia de dominio de un idioma extranjero.
[…]
102. En ese contexto, no se advierte que el Ministerio hubiese incurrido en falsa
motivación, falta de motivación o desconocimiento del precedente administrativo. Por
el contrario, los actos acusados explicaron las razones por las cuales no procedían
los criterios de acreditación o reconocimiento en alta calidad ni de precedente
administrativo, y justificaron la remisión del asunto a evaluación académica.
La autonomía universitaria invocada por la actora no conduce a una conclusión distinta,
pues la Universidad Alas Peruanas era autónoma para diseñar su programa, definir los
requisitos de grado, evaluar la tesis y otorgar el título con los efectos previstos en el
ordenamiento peruano. No obstante, esa autonomía no sustraía el título otorgado por el
país extranjero del procedimiento colombiano de convalidación ni impedía que el
Ministerio determinara el nivel de equivalencia que debía reconocérsele en Colombia,
apoyándose en el concepto del comité de expertos.
En otros términos, no se advierte que la autoridad colombiana hubiera sustituido al jurado
de tesis ni dejado sin efectos la calificación de «aprobado magna cum laude» y, menos
aún, que hubiera desconocido que el trabajo de grado fue aceptado como requisito para
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2026, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00388-00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
conferir el título en Perú; lo que se observa es que la tesis fue examinada desde una
perspectiva diferente, como uno de los elementos que permitían establecer si la
formación cursada correspondía materialmente al nivel de doctorado exigido en
Colombia.
Por ende, contrario a lo manifestado por la parte actora, no era suficiente acreditar que
la tesis había sido realizada y aprobada, dado que, para determinar el nivel académico
razonablemente equivalente, el Ministerio podía valorar el componente investigativo y el
producto de investigación, como en efecto hizo.
Tampoco se advierte que los actos acusados se hubieran sustentado exclusivamente en
una apreciación aislada sobre la tesis, pues la evaluación académica en la que se
fundamentó la decisión también tuvo en cuenta el plan de estudios, los contenidos
curriculares, los 52 créditos aprobados, el período durante el cual se cursó el programa,
la intensidad horaria y la formación investigativa. Además, la demandante no aportó un
dictamen pericial, un concepto académico independiente o una comparación técnica que
demostrara que la valoración realizada por la CONACES era contraria a la realidad.
En efecto, con la solicitud de convalidación la señora Mary Yolene Torres Granja allegó
el certificado de estudios núm. 0001-0000134522 de 3 de enero de 2017, según el cual,
aprobó 52 créditos correspondientes a las 12 asignaturas del Doctorado en Educación;
así como el acta de 29 de septiembre de 2016, en la que consta que sustentó y aprobó
«magna cum laude» el trabajo de investigación presentado como requisito de grado, junto
con la respectiva tesis.
Con base en esos documentos, la Sala de Evaluación de Educación de la CONACES, en
los conceptos de 22 de mayo y 15 de julio de 2017 y 9 de mayo de 2019, identificó las
asignaturas que integraban el plan de estudios y señaló que el proceso formativo, cursado
entre 2014 y 2015, comprendía 52 créditos, mientras que los doctorados en Educación
ofrecidos en Colombia superaban, en promedio, los 80 créditos y las 3.840 horas de
trabajo académico.
Asimismo, examinó el trabajo de grado y consideró que su estructura interna no guardaba
el rigor y la coherencia académica e investigativa propios de un trabajo doctoral. La
CONACES lo expresó así:
Evaluaciones de 22 de mayo y 15 de julio de 2017:
[…]
La estructura curricular está integrada por los siguientes seminarios: Filosofía de la
Educación; Seminario Problemas de la Educación Superior Contemporánea;
Seminario de Investigación I; Historia y Filosofía Universitaria; Diagnóstico y
Evaluación del Currículo; Investigación II; Neurociencias; Proyectos Educativos;
Investigación III; Administración y Gestión Universitaria; Seminario Evaluación y
Acreditación Universitaria; Seminario de Investigación IV.
El proceso formativo tuvo una duración de 52 créditos y fue realizado del 2014 al
2015, el cual no es equivalente a los del país ya que el promedio de dedicación
requerido en los programas de Doctorado en Educación supera los 80 créditos, es
decir, más de 3.840 horas de trabajo académico.
El proyecto de investigación presentado como requisito de grado se tituló: “DISEÑO
Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN PEDAGÓGICA PARA
FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COGNITIVAS EN
32
Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
ESTUDIANTES AFROCOLOMBIANOS CON BAJO AUTOCONCEPTO QUE
CURSAN ENTRE TERCERO Y QUINTO GRADOS DE PRIMARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ZULDEMAYDA” DE LA CIUDAD DE ARMENIA
QUINDÍO, COLOMBIA – 2015” desarrollado en 184 páginas, el cual en su estructura
interna no guarda el rigor y coherencia académica e investigativa de un trabajo
realizado a nivel de Doctorado.
[…]
La Sala de Evaluación de Educación, después de analizar de manera integral los
contenidos curriculares, el tiempo de trabajo académico previsto y la formación en
investigación del programa en evaluación, considera que estos NO son equivalentes
a los requisitos establecidos en el país para este nivel de formación doctoral pero si
para uno de nivel de maestría, por lo que recomienda al Ministerio de Educación
Nacional convalidar por un programa del nivel de Maestría […].
Evaluación de 9 de mayo de 2019:
[…]
El caso reingresa a la Sala en la sesión del 9 de mayo de 2019; después del estudio
de la documentación adicional aportada por la convalidante y de un análisis integral
del caso, la Sala de Evaluación de Educación no encontró información
significativamente diferente a la que motivó la decisión establecida en la resolución
número 23067 de 31 de octubre de 2017, toda vez que, las razones expuestas por la
sala para recomendar NO Convalidar con título de Doctor en Educación, las cuales
están relacionadas con requisitos básicos de calidad de los programas de Doctorado
en Colombia, no se desvirtúan en el recurso interpuesto. Por lo tanto, se ratifica la
decisión de NO CONVALIDAR el título en estudio toda vez que encuentra que el
programa de Doctorado en estudio NO CUMPLE con las condiciones básicas
exigidas en Colombia para programas de este nivel en el campo de la educación, en
cuanto la carga de trabajo académico es inferior al promedio exigido a programas de
Doctorado en el país, no se evidencia una correspondencia del producto resultado
de aprendizaje con el nivel de formación […].
Aunque de aquellos conceptos se corrió traslado a la hoy demandante, brindándosele la
oportunidad de controvertir las evaluaciones y aportar documentación adicional, se
advierte que sus escritos se concentraron en sostener la validez del título en Perú, el
reconocimiento de la universidad y la aplicación del convenio bilateral, aspectos que no
demostraban la correspondencia académica del programa con un doctorado colombiano.
Igualmente, si bien la aprobación magna cum laude acredita que la demandante cumplió
satisfactoriamente el requisito de grado establecido por la Universidad Alas Peruanas,
ello no demuestra que el trabajo reuniera los parámetros que el sistema colombiano
asocia a la formación investigativa doctoral, pues se trata de valoraciones que responden
a objetos diferentes: una, al cumplimiento de los requisitos internos de la institución
extranjera y, otra, a la equivalencia académica del título para producir efectos en
Colombia.
La alegada «equivalencia razonable» tampoco fue demostrada, por cuanto los
documentos aportados -los certificados, el plan de estudios, el acta de sustentación y el
diploma- acreditan las asignaturas cursadas, los créditos aprobados, la realización de la
tesis y el otorgamiento válido del título. Sin embargo, esos documentos no contienen una
comparación con programas doctorales colombianos ni desvirtúan el promedio de
créditos y de dedicación empleado por la CONACES.
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Se itera que, para desvirtuar los fundamentos técnicos de los actos no bastaba afirmar
que existía una equivalencia razonable, pues era necesario demostrar, por ejemplo, que
el programa comprendía créditos o actividades académicas omitidas en la evaluación;
que la intensidad horaria había sido contabilizada incorrectamente; o que la formación y
el producto investigativo satisfacían parámetros propios del nivel doctoral en Colombia,
sin embargo, ninguno de esos supuestos fue acreditado.
Con todo, la Sala colige que las resoluciones impugnadas no incurrieron en falsa
motivación, máxime cuando las conclusiones de la CONACES, se advierten razonables
y suficientes, los aspectos académicos que sustentaron los actos acusados coinciden
con el certificado de estudios aportado por la propia interesada y no obra un elemento
técnico que demuestre que la CONACES hubiera omitido componentes académicos
determinantes, aplicado parámetros improcedentes o llegado a conclusiones contrarias
a la realidad.
Respecto al argumento relativo a la convalidación de títulos pese a la existencia de
conceptos desfavorables de la CONACES frente a los trabajos de investigación, basta
advertir que al expediente no se aportaron los respectivos actos ni sus antecedentes
académicos, de modo que no era posible establecer si correspondían a la misma
institución, programa, regulación aplicable, duración, carga académica, componente
investigativo y motivo de decisión. Tampoco se demostró la existencia de una decisión
anterior sobre el mismo Doctorado en Educación de la Universidad Alas Peruanas que
pudiera compararse con este asunto, como se explicó al analizar el criterio de «caso
similar».
Además, que en otro procedimiento el Ministerio se hubiera apartado de un concepto
técnico no demuestra, por sí solo, la falsedad de los motivos acogidos en este caso, por
cuanto, para ello era indispensable controvertir las razones concretas relacionadas con
los créditos, la intensidad horaria, el plan de formación y el componente investigativo de
los estudios adelantados por la señora Torres Granja.
Aunado a lo anterior, los estudios posdoctorales realizados posteriormente en México71
por la demandante tampoco desvirtúan la motivación de los actos, puesto que, aun si se
aceptara que la institución mexicana reconoció el título peruano como requisito de
ingreso, esa circunstancia únicamente demuestra los efectos que le atribuyó dentro de
su propio sistema académico. No acredita que hubiera efectuado una evaluación de
equivalencia conforme a la Resolución núm. 6950 de 2015 ni que el programa cursado
reuniera los parámetros académicos exigidos para ser reconocido como doctorado en
Colombia.
En último término, la Sala constata que la Resolución núm. 6060 de 2019 contiene
referencias equivocadas a la Universidad de Carabobo, Venezuela72, y a un recurso de
71 En el expediente obran el diploma de 16 de julio de 2017, mediante el cual el Instituto Universitario
Tecnológico Terra At Mundi Universitam otorgó a la señora Mary Yolene Torres Granja el grado posdoctoral
en Ciencias de la Educación, y la certificación de 30 de julio de 2017, en la que consta que cursó y acreditó
el Posdoctorado en Educación con Especialidad Posdoctoral en Evaluación Educativa. Samai, índice 33,
documento electrónico con certificado 386C7B692D42F527 376E6B3E6062F927 B4815B04F4FCECCE
21EF61D64B7E05DA denominado “CD FOLIO No.14(.rar)”, archivos
“TITULOPOSDOCTORALYOLENETORRESGRANJA.pdf” y “CERTIFICADO DE ESTUDIOS.pdf”.
72 «CONSIDERANDO […] Que una vez analizados los argumentos y la documentación allegada por Ia
convalidante, la Dirección de Calidad para la Educación Superior, encontró necesario solicitar un concepto
adicional a la CONACES, la cual se pronunció así: […] 3. ARGUMENTOS DEL CONVALIDANTE // La
convalidante presenta Recurso de Reposición a la Resolución número 23067 de 31 de octubre de
2017, manifestando inconformidad por la convalidación del título de Doctorado Educación con un título de
maestría en educación, solicita sea estudiado nuevamente su caso, argumentando lo siguiente: […] Que
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
reposición, pese a que el título objeto de convalidación fue otorgado por la Universidad
Alas Peruanas y el medio de impugnación interpuesto contra la Resolución núm. 23067
de 2017 fue el recurso de apelación - denominación que el mismo acto corrigió -. Esas
inexactitudes, si bien constituyen errores de transcripción que evidencian una deficiente
revisión formal del acto; no afectan su motivación, dado que la lectura integral de la
resolución muestra que el Ministerio identificó correctamente a la solicitante, el título de
Doctora en Educación, la institución que lo confirió y la decisión impugnada; además,
valoró el concepto de la CONACES de 9 de mayo de 2019 y resolvió el recurso de
apelación interpuesto, confirmando la Resolución núm. 23067 de 2017.
Por tanto, aunque dichas inconsistencias resultan reprochables desde el punto de vista
formal, no demuestran que el Ministerio hubiera decidido un asunto distinto ni que los
motivos de la Resolución núm. 6060 de 2019 fueran inexistentes o contrarios a la
realidad, por lo que carecen de entidad suficiente para configurar la falsa motivación
alegada.
En consecuencia, examinados los cargos propuestos, la Sala no encuentra vicios de
legalidad en los actos demandados, pues se verificó que el Ministerio de Educación
Nacional aplicó el régimen vigente de convalidación, sustentó su decisión en los
conceptos técnicos emitidos por la CONACES y no se acreditó que aquellos hubieran
sido desvirtuados con prueba idónea.
En este orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones
demandadas y, por tanto, se negarán las pretensiones de la demanda.
3.5. Costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA 73, en
concordancia con el artículo 36574 del CGP, aplicable al caso por la remisión del artículo
306 de la mencionada ley.
debe aclararse que cuando la Sala se refiere a recurso de reposición corresponde a recurso de
apelación […] - Frente a los argumentos esgrimidos sobre la presunta vulneración al principio de confianza
legítima: // No existió una vulneración de este principio con la comunicación 2019-EE-060960 de fecha 15
de mayo de 2019, toda vez que no se estaba notificando a la convalidante de lo que ella interpreta como
una intención de revocar la Resolución No. 23067 del 31 de octubre de 2017, expedida por la Subdirectora
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, mediante la cual se convalidó el título DOCTOR
EN EDUCACIÓN, otorgado el 21 de octubre de 2016 por la UNIVERSIDAD DE CARABOBO,
VENEZUELA, a la señora MARY YOLENE TORRES GRANJA, por un título de MAGISTER EN
EDUCACIÓN, sino que se extendió una solicitud con fundamento en el artículo 79 del código de
procedimiento administrativo y de lo contención administrativo, para que indicara si contaba con elementos
para controvertir los argumentos de la CONACES // […] considerando la comunicación 2019-ER-135475
enviada por la recurrente, de la cual no se desprenden argumentos que desvirtúen dicho concepto,
confirmará la Resolución 23067 del 31 de octubre de 2017, por medio de la cual la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior resolvió convalidar el título de DOCTOR EN
EDUCACIÓN, otorgado el 21 de octubre de 2016 por la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, VENEZUELA,
(sic) a la señora MARY YOLENE TORRES GRANJA, por un título de MAGISTER EN EDUCACIÓN».
73 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil. // En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
74 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
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Radicado: 11001-03-24-000-2019-00288-00
Demandante: Mary Yolene Torres Granja
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones
de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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