Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00499-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Conexión competitiva: el consumidor no es especializado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00499-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2009-00499-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
8 de junio de 2018
COTEJO MARCARIO – Entre el signo STARTOX y la marca STAROX previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA FARMACÉUTICA – Rigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo STARTOX por existir similitud y conexión competitiva con la marca STAROX
Si bien es cierto las marcas no son idénticas, por cuanto el signo solicitado STARTOX contiene la letra “T”, que no tiene la marca previamente registrada STAROX, la Sala considera que dicha partícula no le otorga suficiente distintividad al signo que le permita identificarse en el mercado y generar una diferencia con la marca registrada, por lo que podría generar un riesgo de confusión. […] [E]n el caso sub examine, la partícula adicional que tiene el signo solicitado a registro, no permite que el signo STARTOX cumpla con estos presupuestos que le permitan establecer su distintividad y su diferencia con la marca registrada. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre el signo solicitado STARTOX y la marca previamente registrada STAROX existe similitud ortográfica, toda vez que la primera reproduce casi en su totalidad la marca registrada, existe identidad en las vocales, en la raíz y en la terminación, en el núm. de sílabas y similitud en las consonantes y la longitud de la palabra, motivo por el cual, la única diferencia, esto es la letra “T” adicional, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado, lo cual puede inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea mayor. […] En ese orden, atendiendo que existe una similitud ortográfica de los signos, aunado al hecho que las raíces y terminaciones del signo son las mismas, la Sala considera que, igualmente, existe semejanza fonética entre los signos cotejados habida cuenta que su pronunciación es muy parecida porque, por un lado, las consonantes están ubicadas en la misma posición, salvo la letra “T” y, por el otro, las vocales son las mismas, lo que genera un sonido muy similar. […] La Sala considera que en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras STARTOX y STAROX son expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. […] Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado STARTOX y la marca registrada STAROX, presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, toda vez que, la única diferencia, esto es la inclusión de la letra “T” en la mitad del signo que pretendía ser registrado, no le otorga suficiente distintividad ni a nivel ortográfico ni sonoramente, que permita al consumidor diferenciarla con total claridad de la marca previamente registrada.
REGLA DE ESPECIALIDAD DE REGISTRO MARCARIO – Alcance / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00417-00, C.P. María Elizabeth García González.
CONEXIÓN COMPETITIVA – El consumidor no es especializado / CONEXIÓN COMPETITIVA – El sigo STARTOX y la marca STAROX se encuentran en la misma clase de nomenclátor y pueden tener canales de publicidad afines
[E]sta Sección considera que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que las marcas en conflicto identificarían, porque si bien es cierto, el signo STARTOX pretendía distinguir productos veterinarios, y la marca registrada STAROX identifica analgésicos y preparaciones anti-infecciosas de uso humano, los productos se encuentran en la misma clase del nomenclátor, pueden tener canales de publicidad afines, el almacenamiento posterior puede ser el mismo y el consumidor puede considerar por error, dada la similitud ortográfica y fonética, que los productos son intercambiables. Adicionalmente, atendiendo que el consumidor no es especializado y que no todas las personas tienen la capacidad de discernimiento para distinguir este tipo de productos, ante la posibilidad de que el consumidor ingiera un producto veterinario pensando que es un fármaco para uso humano, lo que conlleva a la existencia de un riesgo de afectación grave a su salud, es suficiente para considerar la que el riesgo de confusión es mayor y que, por tanto, existe conexidad entre los productos. Así las cosas, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto, en primer lugar, existe similitud ortográfica y fonética entre el signo nominativo solicitado STARTOX y la marca nominativa previamente registrada STAROX y, en segundo lugar, hay una relación y conexidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar. El cargo no prospera.
FALSA MOTIVACIÓN – Causales para su configuración / FALSA MOTIVACIÓN – No se configura porque existió coherencia en la motivación y la decisión tomada por la demandada
En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, porque las resoluciones contienen tanto la fundamentación fáctica, como jurídica; los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro marcario. Así las cosas, bajo el entendido que la Entidad realizó correctamente el análisis de registrabilidad, motivando en debida forma los actos y que no se expidieron con falsa motivación, el cargo tampoco prospera.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Tercera, de 14 de abril de 2016, Radicación 25000-23-24-000-2008-00265-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 25 de marzo de 2009, Radicación 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797), C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151 INCISO 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00499-00
Actor: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. MARCAS NOMINATIVAS STARTOX Y STAROX. MARCAS FARMACÉUTICAS SEMEJANTES CON PRODUCTOS DISTINTOS. CONEXIÓN COMPETITIVA. REGLA DE ESPECIALIDAD.
Esta Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. contra las resoluciones núms. 5238 de 10 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 12632 de 24 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 19289 de 27 de abril de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa STARTOX para identificar productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Decisión; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con el fin de que se reconozcan las siguientes:
Pretensiones
"[…] 2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 5238 del 10 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07/84895 mediante la cual se negó el registro de la marca STARTOX (NOMINATIVA) Clase 05 Internacional.
2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 12632 del 24 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-84895 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión negativa contenida en la Resolución No 5238 del 10 de Febrero de 2009 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 19289 del 27 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para Ia Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07-84895, mediante Ia cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en Ia Resolución No. 5238 de 2009, ya referida.
2.4. Consecuencialmente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca "STARTOX" (NOMINATIVA) Clase 05 Internacional, tal como se solicitó.
2.6 Ordenar Ia notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en Ia Gaceta de Propiedad Industrial.
2.7. Condenar en costas a la parte accionada […]".
Presupuestos fácticos
La parte demandante indicó en síntesis los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., el 17 de agosto de 2007, solicitó el registro de la marca nominativa STARTOX para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 580, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009, negó el registro de la marca nominativa STARTOX para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa STAROX que identifica productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de GRÜNENTHAL GMBH.
BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 12632 de 24 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 19289 de 27 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009.
Normas violadas
BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. en el libelo introductorio adujo la vulneración del artículo 61 de la Constitución Política y de los artículos 136 literal a), 150 y 151 inciso 2.º de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina.
Concepto de la violación
Los cargos de violación, en síntesis, los expuso la demandante así:
Afirmó que se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto “[…] no es claro que la marca STAROX (N) propiedad de GRÜNENTHAL GMBH comparte similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, en relación con la marca mixta STARTOX solicitada por la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. […]”.
Precisó que “[…] la accionada desconoce la aplicación de la regla de especialidad, pues a pesar de que los dos signos pertenecen a la misma clase internacional, los mercados a los cuales va dirigido son completamente diferentes […]”
Explicó que la marca nominativa STAROX fue concedida para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente analgésicos y preparaciones anti-infecciosas, medicamentos que únicamente son para el uso humano y no corresponde a productos veterinarios, como lo pretende la marca nominativa STARTOX solicitada por la sociedad demandante, en donde se pretende amparar solamente productos veterinarios.
Así las cosas, consideró que la marca solicitada “[…] es perfectamente registrable en virtud a lo consagrado por el principio de especialidad, toda vez que ésta fue solicitada para identificar productos ubicados en la clase 05 internacional, de manera restringida para productos “veterinarios”, a contrario sensu, la marca tomada como fundamento para la negación de su registro por la Superintendencia de Industria y Comercio, identifica única y exclusivamente analgésicos y preparaciones antiinfecciosas, por lo que su protección se limita única y exclusivamente a los precitados productos […]”.
Precisó que “[…] los productos farmacéuticos para uso humano, se comercializan en sitios especializados como son las droguerías y por regla general son dados a su consumidor bajo prescripción médica. Por otra parte, los productos veterinarios se encuentran en sitios completamente diferentes, como tiendas veterinarias y/o especializadas para el agro, y sus consumidores adquirentes, deben tener conocimiento producto del producto que sean comprar, que por regla general son los agrónomos, zootecnistas, veterinarios y campesinos relacionados con el cuidado y conservación de animales […]”.
En relación con los medios de publicidad agregó que “[…] son completamente diferentes, pues los unos (productos farmacéuticos de uso humano) cuando la ley se lo permite “medicamentos de venta libre” son publicitados en medios masivos de publicidad, cuando son ofrecidos bajo prescripción médica solo se puede hacer publicidad mediante un visitador médico conforme a lo establecido por el Decreto 677 de 1995. Por otra parte, los productos de uso veterinario y el agro, pues van dirigidas a un público específico, por eso no encontramos avisos, propagandas y promociones ofreciendo “medicamentos de uso veterinario” [...]”.
Consideró que no existe posibilidad de relación o vinculación entre los productos, en atención a que su finalidad es diferente, no se utilizan conjunta ni complementariamente, no son parte ni accesorios entre sí, no tienen características comunes y no son intercambiables o sustituibles entre sí, motivo por el cual, no existe riesgo de confusión.
Indicó que los signos son diferentes fonéticamente porque “[…] la pronunciación de la marca STAROX y STARTOX es diferente, ya que la T de la marca negada ilegalmente, obliga a pausar la pronunciación […]”.
Sostuvo que se vulneró, por indebida aplicación, el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, porque “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio en nuestro caso hizo un análisis, es cierto, pero no de fondo, la ocasión ameritaba un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada una de las hipótesis posibles, que se fundamentara la motivación de su decisión, al no hacerlo violentó el contenido del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose su resolución en un acto anulable por falsa motivación, las leyes le exigían motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una decisión y no fue tal. De manera desafortunada se desconoció el principio de Especialidad […]”.
Adujo que se transgredió, por indebida aplicación, el artículo 151 inc. 2.º ibidem, toda vez que la Superintendencia no tuvo en cuenta que por “[…] el hecho que las marcas se encuentren dentro de la misma clase 05 internacional, no es óbice para que la accionada haya negado el registro de la marca STARTOX […]”.
Por último, consideró que se vulneró, por falta de aplicación, el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que “[…] la Superintendencia debió amparar los derechos de propiedad industrial de mi poderdante, concediendo el registro de la expresión “STARTOX” (nominativa) como marca para distinguir productos de la Clase 05 Internacional, amparo que inexplicablemente negó a mi poderdante quedándose corta en el cumplimiento de sus funciones […]”.
Actuaciones de las entidades vinculadas al proceso
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por intermedio de su apoderado especial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:
Los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de 2000.
Indicó que para que un signo sea reconocido como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. En este sentido, afirmó que la marca STARTOX no era lo suficientemente distintiva y por ende no era registrable.
Realizó el análisis de confundibilidad con base en lo cual sostuvo que “[…] el signo solicitado STARTOX reproduce casi en su totalidad el signo registrado STAROX presentando una diferencia consistente en la letra T. Ahora bien, al ser cotejados simultáneamente el signo solicitado STARTOX como el signo registrado STAROX, presentan similitudes fonéticas y ortográficas siendo evidente su confundibilidad, hecho que puede inducir al público consumidor a error en la escogencia del producto […]”.
Agregó que se presenta riesgo de confusión entre los signos “[…] toda vez que comparten estructura ortográfica semejante, con una misma secuencia de letras y por ende hace que los signos confrontados presenten semejanzas visuales y fonéticas, pudiendo inducir al consumidor a error en el mercado […]”.
Por último, en relación con la conexidad competitiva, adujo que “[…] si bien es cierto el signo solicitado pretende distinguir productos veterinarios los cuales tienen una naturaleza definida, no es menos cierto que esta pueda comprender una preparación analgésica o antiinfecciosa como producto veterinario para tratar un dolor o infección animal, razón por la que de permitirse el signo solicitado en registro, el consumidor no dispondrá de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar el producto y el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable para ser registrado […]”.
GRÜNENTHAL GMBH, vinculada al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso, no se pronunció respecto de la demanda.
Interpretación Prejudicial
El Consejero Sustanciador, mediante providencia de 19 de diciembre de 2014, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en la demanda.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a esta Corporación la interpretación 568-IP-2015 el 7 de julio de 2016, la cual será objeto de estudio por estas Sala en las consideraciones de esta providencia.
Alegatos de conclusión
Este Despacho, mediante auto de 29 de agosto de 2017, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte demandante y la autoridad demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, Grünenthal GMBH, no hizo manifestación alguna. La Agencia del Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y el artículo 1 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de los signos y marcas iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, vi) análisis del caso concreto.
La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.
Los actos administrativos demandados
Los actos administrativos demandados son los siguientes:
La Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca nominativa STARTOX solicitada por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa STAROX registrada a favor de GRÜNENTHAL GMBH para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La resolución indicó:
“[…]
Como puede observarse, el signo solicitado STARTOX reproduce casi en su totalidad a la marca registrada STAROX. Los signos solo se diferencian en la segunda letra “T” presente en el signo solicitado y ausente en la marca registrada, sin embargo, esta característica no es suficiente para diferenciarlas entre sí, pues en conjunto las expresiones presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles al ser cotejadas de manera sucesiva. La anterior similitud puede inducir al consumidor a error sobre el origen de los productos que pretenden amparar.
En adición, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que el signo solicitado distingue: “productos veterinarios”, productos de la clase 5 internacional; mientras que la marca registrada ampara: “para distinguir única y exclusivamente analgésicos y preparaciones antiinfecciosas”, productos de la clase 5 internacional.
En este sentido, los signos confrontados distinguen productos de la clase 5, los cuales no son los mismos, sin embargo, debido a la similitud de las expresiones antes estudiadas, se podría causar confusión en el público consumidor al adquirir los productos y caer en el error de tomar uno por el otro. Lo anterior implica que exista similitud sobre la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia; adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial o similar uso
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca nominativa STARTOX para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Biostar Pharmaceutical S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
[…]”.
La Resolución núm. 12632 de 24 de marzo de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos precisando:
“[…]
Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el acto administrativo recurrido se encuentra ajustado a legalidad en tanto el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.
En efecto. os signos en estudio STARTOX y STAROX apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que estos comparten una estructura ortográfica semejante, conformada por una misma secuencia de letras desde su inicio y final, que hace que los signos presenten una visual y fonética semejante, diferenciadas sólo en la inclusión que hace el signo solicitado de la letra “T”, antecediendo la letra “O”, lo cual no es suficiente para imprimirte a este último el grado de distintividad necesario como para diferenciarse de la marca registrada y poder acceder al registro.
Por lo tanto, se puede afirmar que entre los signos STARTOX y STAROX existe confundibilidad visual y fonética, pudiendo inducir a error al consumidor respecto de los productos que buscan distinguir en el mercado.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios.
[…]
De lo anterior, bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los distinguidos con la marca previamente registrada, pues si bien es cierto el signo solicitado pretende productos veterinarios, los cuales tienen una naturaleza finalidad definida, no es menos cierto que esta puede comprender una preparación analgésica o una infección animal, razón por la cual de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondrá de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 5238 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.
ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
[…]”.
La Resolución núm. 19289 de 27 de abril de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009. La resolución insistió en los argumentos expuestos y profundizó en los criterios para determinar la conexidad de los productos, indicando:
“[…]
Desde los puntos de vista visual, ortográfico y fonético, se observa que los signos confrontados STARTOX y STAROX presentan semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.
Justamente, al comparar la expresión solicitada con la marca registrada, se observa que el solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente obtenida. En efecto, si bien la expresión solicitada contiene un vocablo adicional, “T” en éste aspecto no recae la distintividad. La confundibilidad en este caso se da por tal reproducción fonética similar que contienen ambas expresiones, pues aunque presente los cambios ya mencionados, en una primera impresión se observan similares y suenan prácticamente igual; lo anterior se puede demostrar de la siguiente manera: STARTOX [ s tar 't oks ] ¡ STAROX [ s 'tar oks ].
[…]
“La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligado al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis […]
De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que si bien se encuentran claramente limitados y definidos por la marca registrada, pueden llegar a tener alguna relación o vinculación con los productos veterinarios reivindicados por el solicitante, este es el caso de las preparaciones antiinfecciosas de la marca registrada. Como bien es sabido muchas marcas de productos farmacéuticos tienen una línea de productos veterinarios, además se da el hecho que numerosas preparaciones utilizadas para uso humano son utilizadas en animales, en este caso un antiinfeccioso puede serlo, lo anterior aunado al hecho que los signos cotejados se encuentran en la misma clase internacional y que son prácticamente idénticos hace que de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 5238 de 10 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.
[…]”.
El problema jurídico
Teniendo en cuenta los cargos de nulidad formulados por la parte demandante en el escrito de demanda, corresponde a la Sala en primer lugar, determinar si la marca nominativa STARTOX solicitada por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser semejante y confundible con la marca nominativa STAROX que identifica productos de la misma clase, de propiedad de GRÜNENTHAL GMBH. En segundo lugar, se estudiará si la entidad vulneró, por falta de aplicación, el artículo 151 ibidem. En tercera medida, analizará si la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró, por indebida aplicación, el artículo 150 inc. 2.º ibídem, toda vez que no realizó adecuadamente el estudio de registrabilidad y, finalmente, examinará si la entidad al negar la concesión del registro vulneró el artículo 61 de la Constitución Política.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de las resoluciones núms. 5238 de 10 de febrero de 2009, 12632 de 24 de marzo de 2009 y 19289 de 27 de abril de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca nominativa STARTOX para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Sala precisa que el signo solicitado y la marca registrada en conflicto, sobre los cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:
SIGNO NEGADO
Nominativa clase 5
STARTOX
Solicitante: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A.
MARCA REGISTRADA
Nominativa clase 5
STAROX
Titular:
GRÜNENTHAL GMBH
Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas
La Sala considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Junta del Acuerdo de Cartagena, hoy Comisión de la Comunidad Andina.
El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de Junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”.
La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 del 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior.
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 del 6 de diciembre de 1992.
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 el 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente.
La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sucediéndose de esta forma al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario Andino.
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
Principios y características del Derecho Comunitario Andino
Precisado lo anterior, esta Sala recuerda que en el Derecho Comunitario Andino las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, efecto y aplicación directos.
En primer lugar, y como antecedente inmediato el concepto de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, aparece formalmente enunciado la declaración de los integrantes de la Comisión plenipotenciarios de los Países Miembros, aprobada en los siguientes términos durante el XXIX período de sesiones ordinarias, de 28 de mayo de 1980: "El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los países miembros". Este principio se incluyó en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al establecer que los Estados Partes “están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. En este sentido, es claro que las decisiones de aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por lo organismos internacionales de integración.
En segundo lugar, el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, define el carácter vinculante y obligatorio del derecho comunitario andino, cuando establece que las decisiones obligan a los Estados Partes desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.
En tercer lugar, las decisiones producen efectos directos e inmediatos en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes, dejando sin efecto normas que le sean contrarias tanto a nivel comunitario como internas, debido a que no se requiere un acto jurídico interno del Estado Parte.
Finalmente, en relación con el principio de aplicación directa, en virtud del cual no se requieren actos de transposición, el artículo 3 ibidem, afirma que las decisiones serán directamente aplicables en los Estados Partes a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este sentido, las decisiones no requerirán de un acto jurídico expreso del Estado Parte para incorporar su contenido al derecho interno y solo se requerirá cuando la misma Decisión así lo disponga.
Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Partes, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir íntegramente la normativa comunitaria, sin que sea posible aducir la aplicación de una norma interna como justificación por el incumplimiento o inobservancia, toda vez que, en esas circunstancias podría generarse responsabilidad internacional tanto del Estado como de los demás sujetos. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Partes de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho Protocolo fue aprobado por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Partes.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.
Este Despacho, mediante auto de 19 de diciembre de 2014, ordenó suspender el proceso para efectos de elaborar y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la solicitud de interpretación prejudicial, actuación que realizó la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 568-IP-2016 de fecha 7 de julio de 2016, en donde consideró que para el presente caso debían ser interpretados los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a su juicio son aplicables al caso particular así:
“[…]
2. Comparación entre signos denominativos.
2.1. Como la controversia radica en la posibilidad de confusión entre la marca STARTOX (denominativa), solicitada por Biostar Pharmaceutical S.A., y la marca STAROX (denominatlva), registrada a favor de Grunenthal Gmbh, es necesario que se proceda a compararlas, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o núms., individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual.
[…]
2.4. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial te debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos STARTOX (denominativo) y STAROX (denominativo).
3. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en clase 5 de la Clasificación internacional de Niza.
3.1. Biostar Pharmaceutical S.A. solicitó el registro de la marca STARTOX (denominativa) para distinguir “productos veterinarios" comprendidos en la clase 5. Por su parte, STAROX (denominativa), signo sobre cuya base se formuló la oposición al registro, se encuentra registrada "para distinguir única y exclusivamente analgésicos y preparaciones anti-v infecciosas", productos igualmente incluidos en la clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estime pertinente referirse al presente tema.
3.2. Ante todo, es necesario tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. En ese sentido, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
3.3. Sin embargo, el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado, en aras de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, dado que, de encontrarse similitud entre los mismos, podría llegar a causar daños irreversibles a la salud humana.
3.4. En consecuencia, es preciso que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, normalmente informado, es decir, el público consumidor de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica especializada, encontrándose de esta manera expuesto a graves consecuencias para su salud en caso de confusión.
[…]
3.8. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado STARTOX (denominativo) y los productos analgésicos y preparaciones anti-infecciosas, contenidos igualmente en la clase 5, que distingue la marca opositora STAROX (denominativa). No obstante, tratándose de productos incluidos en la clase 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más acucioso y minucioso, teniendo en cuenta la posible casuística y atendiendo a directrices como las señaladas […]”.
Finalmente, el Tribunal de Justicia señaló que conforme con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el proceso interno.
Análisis del caso concreto
Corresponde a esta Sala estudiar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de los cuales se negó el registro de la marca nominativa STARTOX para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa STAROX registrada a favor de GRÜNENTHAL GMBH para identificar productos de la misma clase; para lo cual se estudiará y analizará i) si los signos en conflicto se encuentran incursos en la causal de nulidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) si la entidad demandada transgredió el artículo 151 inc. 2.º ibidem; iii) si en los actos acusados se omitió realizar el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 inc. 2.º ibidem y iv) si por el no registro marcario se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política.
De la supuesta violación, por indebida aplicación, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000
Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre los signos en conflicto se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos, en primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segunda medida, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.
Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”.
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.
En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal en la interpretación rendida en para el presente asunto precisado que “[…] el riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”.
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, y en la interpretación prejudicial para el caso sub examine, se reiteró tal y como se observa a continuación:
“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población general […]” (Destaca la Sala).
De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual.
Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:
“[…]
a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el núm. de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea ylo valor idéntico y/o semejante […]”.
En este punto, esta Sala precisa que los signos en conflicto son marcas nominativas, motivo por el cual, en el caso sub examine, no resulta procedente realizar el análisis desde el punto de vista gráfico.
Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida para el presente asunto, señaló que “[…] los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o núms., individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual […]”.
Bajo el anterior contexto, la Sala procede a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto, para lo cual, recuerda que los signos en conflicto son las siguientes:
SIGNO NEGADO
Nominativa clase 5
STARTOX
Solicitante: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A.
MARCA REGISTRADA
Nominativa clase 5
STAROX
Titular:
GRÜNENTHAL GMBH
Comparación Ortográfica
Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el núm. de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario con base en estos criterios:
MARCA CUESTIONADA
S
T
A
R
T
O
X
1234567
MARCA REGISTRADA
S
T
A
R
O
X
123456
De la confrontación que se hace entre las marcas en conflicto, la Sala advierte que si bien es cierto los signos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos por distinto núm. de letras, existen ciertas semejanzas y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:
LAS CONSONANTES EN EL SIGNO SOLICITADO
S
T
R
T
X
1
2
4
5
7
LAS CONSONANTES EN LA MARCA REGISTRADA
S
T
R
X
1
2
4
6
El signo solicitado a registro STARTOX está compuesto por cinco (5) consonantes, de las cuales, reproduce cuatro (4) letras de la marca STAROX previamente registrada (S, t, R y X) y tres (3) se encuentran en la misma posición. Adicionalmente, las dos marcas empiezan con las letras “S” y “T” y terminan en “X”.
En relación con las vocales, como podrá observarse a continuación, el signo solicitado STARTOX reproduce las mismas dos vocales (“A” y “O”) que hacen parte de la marca previamente registrada STAROX, aunado al hecho de estar casi en la misma posición.
LAS VOCALES EN EL SIGNO SOLICITADO
A
O
3
6
LAS VOCALES EN LA MARCA REGISTRADA
A
O
3
5
De igual forma, de la comparación de los signos, esta Sala observa que tanto su raíz “STAR”, como su terminación “OX”, coinciden completamente existiendo identidad en este aspecto.
En relación con el núm. de sílabas tanto el signo negado, como la marca registrada, están compuestas por dos sílabas, circunstancia que genera una similitud adicional toda vez que las letras que conforman el signo que pretendía ser registrado coincide casi en su integridad con la marca previamente registrada.
Si bien es cierto las marcas no son idénticas, por cuanto el signo solicitado STARTOX contiene la letra “T”, que no tiene la marca previamente registrada STAROX, la Sala considera que dicha partícula no le otorga suficiente distintividad al signo que le permita identificarse en el mercado y generar una diferencia con la marca registrada, por lo que podría generar un riesgo de confusión. En este sentido, esta Sección recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, y en el caso sub examine, la partícula adicional que tiene el signo solicitado a registro, no permite que el signo STARTOX cumpla con estos presupuestos que le permitan establecer su distintividad y su diferencia con la marca registrada.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre el signo solicitado STARTOX y la marca previamente registrada STAROX existe similitud ortográfica, toda vez que la primera reproduce casi en su totalidad la marca registrada, existe identidad en las vocales, en la raíz y en la terminación, en el núm. de sílabas y similitud en las consonantes y la longitud de la palabra, motivo por el cual, la única diferencia, esto es la letra “T” adicional, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado, lo cual puede inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea mayor.
Comparación Fonética
Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:
STARTOX – STAROX STARTOX – STAROX STARTOX – STAROX
STARTOX – STAROX STARTOX – STAROX STARTOX – STAROX
STARTOX – STAROX STARTOX – STAROX STARTOX – STAROX
En ese orden, atendiendo que existe una similitud ortográfica de los signos, aunado al hecho que las raíces y terminaciones del signo son las mismas, la Sala considera que, igualmente, existe semejanza fonética entre los signos cotejados habida cuenta que su pronunciación es muy parecida porque, por un lado, las consonantes están ubicadas en la misma posición, salvo la letra “T” y, por el otro, las vocales son las mismas, lo que genera un sonido muy similar.
Aunado a lo expuesto y teniendo en cuenta que una de las reglas del cotejo marcario es que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, los signos en conflicto fonéticamente son muy similares, toda vez que la letra “T” única diferencia, no le genera suficiente diferencia sonora que le permita identificarla en el mercado, toda vez que al pronunciar la marca no se puede distinguir perfectamente la letra “T” y por lo mismo, el riesgo de confusión o asociación en lugar de diluirse se acrecienta.
Comparación Ideológica
Atendiendo que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico, es menester por la Sala precisar, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcar tienen algún significado.
La Sala considera que en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras STARTOX y STAROX son expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano, no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios.
Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado STARTOX y la marca registrada STAROX, presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, toda vez que, la única diferencia, esto es la inclusión de la letra “T” en la mitad del signo que pretendía ser registrado, no le otorga suficiente distintividad ni a nivel ortográfico ni sonoramente, que permita al consumidor diferenciarla con total claridad de la marca previamente registrada. La Sala recuerda que la distintividad es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación y en el caso objeto de estudio, el signo STARTOX al presentar similitud con la marca registrada no goza de dichas características.
Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto
Visto el artículo artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre los signos, es menester que los productos o servicios que distinguirá cada una de las marcas, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.
Visto el artículo 151 inciso 2.º de la Decisión 486 de 2000, la Sala colige que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó.
Esta Corporación en reciente pronunciamiento del 8 de marzo de 2018, con ponencia de la Doctora María Elizabeth García González, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:
“[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.
De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida para el presente asunto, recordó:
“[…] es necesario tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. En ese sentido, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]” (Destacado de Sala).
Al igual que para la comparación de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto. En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron reiterados en la interpretación prejudicial realizada para el caso bajo estudio, en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enlisto como presupuestos los siguientes:
“[…]
a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
b) Los canales de aprovisionamiento. distribución y de comercialización, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines.
c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios […]”.
Clase a la que pertenecen los productos
Atendiendo, en primer lugar, que la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. en el formulario único de registro de signos distintivos indicó que la marca STARTOX identificaría “productos veterinarios” pertenecientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, que la marca previamente registrada STAROX fue concedida para distinguir “productos analgésicos y preparaciones anti infecciosas” para el ser humano, los cuales, igualmente hacen parte de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para la Sala resulta diáfano que se cumple el primer criterio, esto es, que los productos pertenezcan a la misma clase.
Atendiendo que los productos se encuentran en la misma clase del nomenclátor internacional y que son productos farmacéuticos, la Sala precisa que de conformidad con los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de registrabilidad tanto de los signos, como de la conexidad de los productos debe ser muy minucioso porque de presentarse confusión entre los productos, la salud del consumidor podría afectarse gravemente.
En este sentido, en la interpretación prejudicial rendida para el caso sub examine, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:
“[…] 3.3. Sin embargo, el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado, en aras de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, dado que, de encontrarse similitud entre los mismos, podría llegar a causar daños irreversibles a la salud humana.
3.4. En consecuencia, es preciso que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, normalmente informado, es decir, el público consumidor de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica especializada, encontrándose de esta manera expuesto a graves consecuencias para su salud en caso de confusión.
3.5. En este escenario, se debe realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los acápites precedentes, considerando la naturaleza de los productos distinguidos por los signos en conflicto y su posible incidencia en la generación de un eventual riesgo de confusión […]” (Destacado de Sala).
Canales de comercialización y medios de publicidad
La Sala considera que si bien se trata de productos farmacéuticos, debido a que unos son veterinarios y otros son para el consumo humano, los canales de comercialización no son similares aunque, toda vez que los productos del signo solicitado STARTOX se provisionarán en veterinarias, en tanto los productos de la marca registrada STAROX se encontrarán en droguerías y podrán requerir eventualmente prescripción médica.
En cuanto a los canales de publicidad, a juicio de la Sala los productos de las marcas objeto de estudio requerirán de revistas especializadas, salvo en los medicamentos de venta libre tanto veterinarios como de uso humano, que podrán ser publicitados por medios masivos de comunicación, motivo por el cual la Sala considera que en este sentido los medios de publicidad sí podrían llegar a ser afines y tal circunstancia, aunado al hecho de que el consumidor de productos farmacéuticos no es especializado, podría generar que el riesgo de confusión o asociación acreciente.
Intercambiabilidad o complementariedad de los productos o servicios.
En cuanto a este criterio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada al presente proceso explicó:
“[…] En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o lntercamblabilldad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovísionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. […]” (Destacado de Sala).
A juicio de la Sala, teniendo en cuenta lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este último aspecto debe ser analizado con mayor precaución y detenimiento, debido a que si eventualmente los productos después de su comercialización se encuentran en el hogar de un consumidor o en su finca o en almacenes privados, y bajo el entendido de que existe una similitud entre los signos STARTOX (signo solicitado) y STAROX (marca registrada), podría el consumidor confundir las marcas o pensar que los productos son intercambiables y en caso de ingerirse un producto por error, eventualmente conllevaría una afectación grave a su salud, máxime teniendo en cuenta que el ciudadano está acostumbrado a “auto-medicarse” y, al no ser un consumidor especializado por lo general, no tiene la capacidad para diferenciar entre un producto farmacéutico para uso humano o animal.
En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido al especial cuidado que debe tenerse al momento de realizar el examen de registrabilidad de marcas que identifiquen productos farmacéuticos. En efecto en el proceso 35-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, retirado en el proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, indicó:
“[…] El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.
El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
[…]
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.
En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.
Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados […]” (Destacado de Sala).
En otra oportunidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación del proceso 236-IP-2015 insistió en el especial cuidado y prudencia que se debe tener al momento de realizar el estudio de registrabilidad y particularmente, la conexidad de los productos farmacéuticos con el fin de impedir cualquier riesgo de confusión en el consumidor, debido a las graves consecuencias para la salud humana. En efecto, en esa oportunidad precisó:
“[…] para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegar a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede productor efectos nocivos y hasta fatales” (proceso No. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. No. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN) […]” (Destacado de Sala).
Ahora bien, esta Sala encuentra que en providencia de 24 de noviembre de 2016, con ponencia del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, al estudiar un caso de productos que pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional, bajo el presupuesto del riesgo que existe entre productos farmacéuticos para el uso humano y productos veterinarios, concluyó:
“[…] En relación con la marca «ASMED» no se tiene referencia a qué producto de la clase 5 identifica, por lo que claramente podría identificar un medicamento cuya presentación sea similar al producto veterinario identificado con la marca opositora, por lo que, siguiendo para el efecto la interpretación prejudicial, si bien los medicamentos veterinarios y los fármacos empleados en seres humanos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados en el uso y manipulación de tales productos, no es menos cierto que «el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase», máxime cuando el producto veterinario que identifica la marca opositora tiene una presentación y un principio activo de productos que son utilizados en seres humanos, por lo que, el solo riesgo a la salud resulta ser suficiente para evidenciar la existencia de una conexión competitiva entre los productos […]” (Destacado de Sala).
En este orden de ideas, la Sección Primera en reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, con ponencia de la Doctora María Elizabeth García González, donde la sociedad demandante era la misma sociedad que ahora demanda – BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., se estudió un caso similar donde se realizó el estudio de registrabilidad de dos marcas, una que identificaba productos veterinarios y la otra productos farmacéuticos para el uso humano, y en donde se concluyó lo siguiente:
“[…] se tiene que los signos en conflicto tienen canales de comercialización afines, pues generalmente sus productos se venden en tiendas especializadas; cumplen una misma finalidad, esto es, aliviar la salud; su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas; sus productos poseen el mismo género (farmacéuticos) y tienen relación, dado que pueden ser fabricados por los mismos laboratorios y emplear los mismos componentes, lo cual puede generar que el consumidor medio de los mismos asuma que provienen de un mismo productor. Por ello, la Sala considera que también existe conexión competitiva.
A este respecto, vale la pena precisar que es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos veterinarios, con una que distingue un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en un riesgo para su salud humana o para la salud de los animales a los que se aplica […]” (Destacado de Sala).
Corolario de lo expuesto, esta Sección considera que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que las marcas en conflicto identificarían, porque si bien es cierto, el signo STARTOX pretendía distinguir productos veterinarios, y la marca registrada STAROX identifica analgésicos y preparaciones anti-infecciosas de uso humano, los productos se encuentran en la misma clase del nomenclátor, pueden tener canales de publicidad afines, el almacenamiento posterior puede ser el mismo y el consumidor puede considerar por error, dada la similitud ortográfica y fonética, que los productos son intercambiables. Adicionalmente, atendiendo que el consumidor no es especializado y que no todas las personas tienen la capacidad de discernimiento para distinguir este tipo de productos, ante la posibilidad de que el consumidor ingiera un producto veterinario pensando que es un fármaco para uso humano, lo que conlleva a la existencia de un riesgo de afectación grave a su salud, es suficiente para considerar la que el riesgo de confusión es mayor y que, por tanto, existe conexidad entre los productos.
Así las cosas, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto, en primer lugar, existe similitud ortográfica y fonética entre el signo nominativo solicitado STARTOX y la marca nominativa previamente registrada STAROX y, en segundo lugar, hay una relación y conexidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar. El cargo no prospera.
De la supuesta vulneración, por indebida aplicación, del artículo 151 inc. 2.º de la Decisión 486 de 2000
Al respecto, la sociedad demandante afirmó que “[…] el hecho que las marcas se encuentren dentro de la misma clase 05 Internacional, no es óbice para que la accionada haya negado el registro de la marca […]”.
Visto el artículo 151 inc. 2.º de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que se refiere a la regla de especialidad de los productos en virtud de la cual se establece que el pertenecer a una misma clase del nomenclátor internacional no es suficiente para determinar la conexidad de los mismos.
Revisados los actos administrativos demandados esta Sala encuentra que no le asiste razón a la parte demandante, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, no determinó la conexidad de los productos únicamente por el hecho de que los mismos pertenecían a la misma clase del nomenclátor internacional, sino que tuvo en cuenta los criterios que ha establecido para tal fin el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales fueron analizados y estudiados por esta Sala al momento de resolver el cargo anterior.
En este sentido, en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009, por medio de la cual se negó el registro de la marca, la Entidad precisó:
“[…] en este sentido, los signos confrontados distinguen productos de la clase 5, los causales no son los mismos, sin embargo, debido a la similitud de las expresiones antes estudiadas, se podría causar confusión en el público consumidor al adquirir los productos y caer en el error de tomar uno por el otro. Lo anterior implica que exista similitud sobre la naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva […]”.
Posteriormente la Resolución núm. 12632 de 24 de marzo de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, indicó:
“[…] Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios.
[…]
De lo anterior, bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los distinguidos con la marca previamente registrada, pues si bien es cierto el signo solicitado pretende productos veterinarios, los cuales tienen una naturaleza finalidad definida, no es menos cierto que esta puede comprender una preparación analgésica o una infección animal, razón por la cual de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondrá de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad […]”.
Finalmente, la Resolución núm. 19289 de 27 de abril de 2009, consideró:
“La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligado al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis […]
De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que si bien se encuentran claramente limitados y definidos por la marca registrada, pueden llegar a tener alguna relación o vinculación con los productos veterinarios reivindicados por el solicitante, este es el caso de las preparaciones antiinfecciosas de la marca registrada. Como bien es sabido muchas marcas de productos farmacéuticos tienen una línea de productos veterinarios, además se da el hecho que numerosas preparaciones utilizadas para uso humano son utilizadas en animales, en este caso un antiinfeccioso puede serlo, lo anterior aunado al hecho que los signos cotejados se encuentran en la misma clase internacional y que son prácticamente idénticos hace que de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado […]”.
En este orden de ideas y atendiendo los presupuestos anteriores, la Sala considera que los actos acusados no vulneraron la normativa en mención, por cuanto el análisis de conexidad de los productos no se basó únicamente en el hecho de pertenecer a la misma clase internacional, sino que valoró los demás criterios, motivo por el cual el cargo no prospera.
De la supuesta violación, por indebida aplicación, del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.
Aduce la sociedad demandante que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio en nuestro caso hizo un análisis, es cierto, pero no de fondo, la ocasión ameritaba un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada una de las hipótesis posibles, que se fundamentara la motivación de su decisión, al no hacerlo violentó el contenido del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose su resolución en un acto anulable por falsa motivación, las leyes le exigían motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una decisión y no fue tal. De manera desafortunada se desconoció el principio de Especialidad […]”.
De lo anterior, la Sala encuentra que si bien la sociedad demandante aduce que los actos se encuentran viciados de nulidad por la causal de falsa motivación, la argumentación del cargo de violación se refiere a la expedición irregular del acto por indebida motivación, causales totalmente diferentes; sin embargo, esta Sección estudiará ambos supuestos en garantía del derecho de administración de justicia en atención a que tal yerro no fue advertido desde el inicio del proceso.
Precisado lo anterior, visto el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 se tiene que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, en el evento en el cual terceros presenten o no oposiciones debe realizar el examen de registrabilidad de los signos.
Atendiendo que la entidad negó el registro de la marca con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) ibidem y se pronunció en los actos administrativos frente a la conexidad de los productos y particularmente a la regla de la especialidad, como se puede apreciar en los apartes transcritos de los actos acusados en el cargo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la sociedad demandante, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó adecuadamente el estudio de registrabilidad, como lo demuestra el análisis realizado a lo largo de la providencia.
Visto el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo que prevé como causal de nulidad de los actos administrativos que hayan sido expedidos con falsa motivación, resulta necesario precisar las causales para que su configuración. En este sentido, la Corporación en sentencia del 14 de abril de 2016, con ponencia de la Doctora María Claudia Rojas Lasso reiteró los supuestos establecidos en sentencia de 25 de febrero de 2009 para la configuración de dicha causal de nulidad, precisando:
“[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión” (Destacado de Sala)
En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, porque las resoluciones contienen tanto la fundamentación fáctica, como jurídica; los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro marcario.
Así las cosas, bajo el entendido que la Entidad realizó correctamente el análisis de registrabilidad, motivando en debida forma los actos y que no se expidieron con falsa motivación, el cargo tampoco prospera.
De la supuesta vulneración del artículo 61 de la Constitución Política.
Por último, visto el artículo 61 de la Constitución Política, que establece la obligación del Estado de proteger la propiedad intelectual, y atendiendo los supuestos analizados a lo largo de la providencia, considera la Sala que no le asiste razón a la sociedad demandante en atención a que no procedía el registro de la marca STARTOX por configurarse la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y por lo tanto, no acceder a la solicitud de registro del signo, no desconoció el deber del Estado de proteger la propiedad intelectual. Tampoco prospera el cargo.
Conclusión
En suma, la Sala colige que en el presente asunto se configura una similitud ortográfica y fonética entre el signo nominativo solicitado STARTOX y la marca nominativa previamente registrada STAROX y existe una relación y conexidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar, motivo por el cual, los signos en conflicto no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que en el caso de concederse su registro, podrían generar i) riesgo de confusión que conllevaría al consumidor medio a asumir que se trata de los mismos productos y en caso de utilizarse por error un producto pensando que se trata de otro, podría afectar la salud del consumidor o ii) riesgo de asociación, esto es, que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante.
De igual manera, la Sala encontró que la Superintendencia demandada, estudió íntegramente los criterios para determinar la conexidad de los productos teniendo en cuenta la regla de la especialidad y realizando correctamente el estudio de registrabilidad del signo solicitado, motivo por el cual no se encontró que los actos hubiesen sido falsamente motivados.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que la marca nominativa STARTOX fuera susceptible de ser registrada, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día ocho (8) de junio de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Decreto 01 de enero 2 de 1984
“[…] Artículo 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”
“[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”
“[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”
Cfr. Folio 26
Cfr. Folio 27
Cfr. Folio 29
Cfr. Folio 31
Cfr. Folio 32
Cfr. Folio 40
Cfr. Folio 40
Cfr. Folio 41
“[…] Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”
Cfr. Folio 42
Cfr. Folio 121
Ibidem. Ibidem. Cfr. Folio 202
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. Cfr. Folios 7 y 8
Cfr. Folios 13 y 14
Cfr. Folios 18 y 19
Cfr. Folios 144 y 145
Cfr. Folio 184. Capturas de pantalla folio 185
Cfr. Folios 187 a 197
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. Cfr. Folio 192
Cfr. Folio 193
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Interpretación Prejudicial 568-IP-2015 Cfr. Folio 192
Cfr. Folio 193
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016. Marca: Feria Internacional del Libro. Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Rad.: 11001032400020090041700. Cfr. Folio 195
Cfr. Folio 196
Cfr.
Folio 82
Cfr. Folios 195 y 196
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 568-IP-2015 Cfr. Folio 195
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 35-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015. Reiterado en el proceso 441-IP-2015, de 4 de febrero de 2016. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 236-IP-2015, de 7 de diciembre de 2015. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad.: 11001032400020090034300. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González. Rad.: 11001032400020090041700. Cfr. Folio 41
Cfr. Folio 7
Cfr. Folios 13 y 14
Cfr. Folio 18
Cfr. Folio 40
Sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797) Consejera ponente: Myriam Guerrero de Escobar
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 250002324000200800265-01. Abril 14 de 2016.
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