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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00130-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00130-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución SSPD- núm. 000358 de 30 de enero de 2005, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Una vez quede en firme la presente sentencia, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2008-00130-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00130-00
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

TESIS: SE ACCEDE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR
CUANTO PROSPERA EL CARGO DE FALSA MOTIVACIÓN HABIDA
CUENTA QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS INCURRIÓ EN ERROR EN LOS VALORES DE
CONSUMO HISTÓRICO QUE APLICÓ EN EL ACTO ACUSADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad actora contra la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, por medio de la cual solicitó declarar la nulidad de la

Resolución núm. 000358 de 30 de enero de 2005 que ordenó a la

actora la reliquidación de las facturas de los meses de septiembre y

octubre de 2003, con base en el promedio histórico de 184 kwhm del

predio de propiedad del señor Nabor Trochez Moncayo.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00130-00
Actora: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A E.S.P.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP, en adelante,

CEDENAR S.A ESP, por medio de apoderado judicial y en ejercicio

de la acción de nulidad1, prevista en el artículo 84 del Código

Contencioso Administrativo, en adelante, CCA, presentó demanda

ante el Tribunal Administrativo de Nariño tendiente a obtener la

declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 00358 de 30 de

enero de 2005, expedida por la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios, que le ordenó reliquidar las facturas de los

meses de septiembre y octubre de 2003, con base en el promedio

histórico de 184 kwhm.

I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes

hechos:

1º. Que el señor Nabor Trochez Moncayo presentó derecho de

petición el 15 de junio de 2004 ante CEDENAR S.A ESP, con

radicado núm. 8465, mediante el cual solicitó la revisión de la factura

del servicio de energía, la cual se había venido incrementando cada

1
Adecuación del medio de control de nulidad al de nulidad y restablecimiento del derecho Auto 24 de
julio de 2009. Folio 102 del cuaderno No. 1 del expediente.

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mes en $5.000, pues “los recibos de diciembre de 2003 eran de

$68.000, los de enero, febrero, marzo, abril y mayo de ($70.000,

73.000, 74.000 y 88.000) con una diferencia mensual de $5.000 y

6.000.”

2º. CEDENAR S.A ESP, mediante oficio DAC-APC-1313 de 7 de julio

de 2004 da respuesta al derecho de petición, negando las solicitudes

del señor Trochez Moncayo con base en las siguientes consideraciones:

2.1. La facturación se realiza de acuerdo con lo previsto en la Ley

142/94, artículo 146, conforme al cual: “LA MEDICIÓN DEL CONSUMO

Y EL PRECIO EN EL CONTRATO. La empresa y el suscriptor tienen

derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los

instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a

que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al

suscriptor o usuario”.

2.2. El usuario debe ponderar que el mayor o menor consumo de

energía no depende del número de personas que allí habitan ni de la

cantidad de electrodomésticos que posea, sino del uso racional de la

energía eléctrica.

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2.3. CEDENAR S.A ESP, ordenó la revisión técnica núm. 271665

efectuada el 29 de junio de 2004, en la cual se registró la lectura 01243

con la que se estableció que los consumos facturados eran correctos

y, por consiguiente, no era procedente reliquidar la facturación.

3°. Contra la anterior decisión el señor Trochez Moncayo interpuso

recurso de reposición y, en subsidio, de apelación el 14 de julio de

2004 con radicado múm. 8926, manifestando que, a su juicio,

resultaba exagerado el cobro del servicio de energía, pues "Antes de

colocar el contador trifilar grande, pagaba la suma de $50.000, luego

$60.000, posteriormente $73.000 y ahora dizque $89.000; no es

justo porque técnicamente utilizamos la energía para preparar un

desayuno, es decir se utiliza una sola vez al día…"2.

4°. CEDENAR S.A ESP, mediante oficio DAC-APC-1421 de 29 de julio

de 2004 resolvió el recurso de reposición confirmando su decisión, para

lo cual adujo:

“Teniendo en cuenta que la facturación se efectúa única y
exclusivamente como lo prevé la Ley 142/94 y Resolución CREG
108 de 1997 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es
decir haciendo la diferencia entre lecturas actuales y lecturas
anteriores, se reliquidan los meses de marzo y abril de la
siguiente manera:

2
Folio 3 del cuaderno No. 1 del expediente.

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Marzo con 279
Abril con 255
Se factura conforme a lo previsto en la Ley 142/94, Artículo 146:
"LA MEDICION DEL CONSUMO Y EL PRECIO EN EL CONTRATO.
La empresa y el Suscriptor tienen derecho a que los consumos
se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de
medida que la técnica haya hecho disponibles, y que el consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o
usuario.

• De lo antes mencionado están las lecturas reportadas por el
lector del sector y sus consumos así:

Mes Lectura actual Lectura anterior Consumos

Marzo 426 147 279

Abril 681 426 255

Mayo 947 681 266

Junio 1164 947 217

5º. Mediante la Resolución núm. 000358 de 30 de enero de 2005 la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el

recurso de apelación interpuesto por el señor Trochez Moncayo y

ordenó:

"MODIFICAR la decisión DAC-APC-1313 de julio 7 de 2004,
proferida por la EMPRESA CENTRALES ELECTRICAS DE
NARIÑO - CEDENAR S.A. E.S.P. en el sentido de ordenar a la
prestadora que reliquide la facturación de los meses de
septiembre y octubre de 2003; con base en el promedio
histórico de 184 kwhm; de conformidad con la parte motiva
de la presente resolución.
PARÁGRAFO: CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO CEDENAR
S.A. E.S.P. deberá dar cumplimiento a lo ordenando en el
artículo anterior, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, una vez quede en firme la presente resolución,
remitiendo evidencia del cumplimiento al día siguiente hábil a

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la Dirección Territorial Suroccidente de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.”

El anterior acto administrativo fue sustentado por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en los

siguientes argumentos:

"[…] En el cuadro se observa que, para el mes de octubre de
2003, se retiró el medidor, sin embargo en el expediente no
reposa antecedente alguno sobre este hecho, durante los
meses de noviembre y diciembre de 2003, no se hizo lectura
y se cobraron 235 kwhm, en enero se toma lectura de 241.8
kwhm, para febrero de 2004 se toman dos lecturas, la una el
1 de febrero y la otra el 20 de febrero de 2004, ambas arrojan
diferentes datos, igualmente para marzo de 2004 se registra
un consumo de 228.133; sin embargo se aprecia también en
la casilla correspondiente a causa de no lectura - la anotación
• 30 DIRECTO CON SERVICIO.

De lo anterior, se colige que la empresa no está cumpliendo
con el Régimen de los servicios Públicos Domiciliarios, en lo
que a la obligatoriedad de la medición se refiere, se infiere que
si hubo lugar al cambio de medidor, al periodo
inmediatamente siguiente, debió registrarse una lectura, no se
entiende por qué durante los siguientes dos periodos
continuaba con la misma lectura 235, si justamente el medidor
se cambió. El promedio histórico de consumos que registraba
el contador ubicado en el predio bajo examen, hasta agosto
de 2003, era de 184,5 kwhm; y en septiembre a octubre de
2003, el consumo ascendió a 263 kwhm; es decir un 142%;
al igual que para el período de agosto de 2003 donde el
consumo fue 247 kwhm, se incrementó en un 132%; sin que
la empresa, previo envío de la factura, hiciere o por lo menos
así no lo probó en el expediente, la revisión previa, a efectos
de establecer las causas del incremento. Conforme a la
normatividad descrita, la norma establece la obligatoriedad
para la empresa prestadora de realizar Revisión Previa en el
evento en que se infiera una desviación significativa en los
consumos con respecto al promedio de los últimos seis meses;
sin embargo, procedió a enviar la factura, contraviniendo lo
dispuesto por la norma citada; razón por la cual, se obliga a

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reliquidar el período del mes de septiembre y octubre de 2003;
con base en el promedio histórico de 184 kwhm […]”.

6º. Frente a la anterior decisión, CEDENAR instauró acción de

nulidad ante el Tribunal Administrativo de Nariño, habiendo sido

admitida mediante auto de 20 de febrero de 2006.

7º. La Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Nariño mediante

auto de 15 de febrero de 2008 decretó la nulidad de lo actuado,

considerando errada la admisión de la demanda y ordenó remitir al

Consejo de Estado, por competencia, dado que el acto administrativo

demandado fue expedido por una autoridad del orden nacional y no

por organismos del orden departamental, distrital y municipal, según

lo dispone el artículo 128, modificado por el artículo 36 de la Ley 446

de 1998.3

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación

del contrato de condiciones uniformes4, la Ley 142 de 1994, artículo

149 y el parágrafo 1° del artículo 37 de la Resolución 108 de la CREG.

3
Articulo 128 modificado por la Ley 446 de 1998 en su artículo 36 Competencia del Consejo de Estado
en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los
siguientes procesos privativamente y en única instancia: 1. De los de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de
derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. (…)

4
Folio 25 del cuaderno No. 1 del expediente

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Señaló que se incurre en falsa motivación en el acto administrativo

demandado, dado que existe una divergencia evidente entre los

fundamentos de hecho que originan el acto administrativo y la

realidad fáctica, en el sentido de que los datos tomados por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no

corresponden al historial de consumos del inmueble, al parecer,

porque utilizaron la información existente en el computador del

funcionario a cargo que era de otro usuario y de otro recurso de

apelación.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que se tengan como argumentos para sustentar la posición de esa

entidad, las consideraciones de hecho y de derecho efectuadas en el

acto administrativo demandado; y que dicho acto administrativo se

encuentra ajustado a la Constitución Política, a la Ley 142 de 1994 y

demás normas concordantes.

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Propuso la excepción de legalidad respecto del cargo en relación con

la falsa motivación que alega el demandante, por cuanto la parte

actora pretende confundir estableciendo una falsa motivación, como si

la Superintendencia hubiera incluido unas cifras que no son ciertas

cuando en realidad la discusión jurídica se refiere a los períodos que

se tomaron en cuenta para calcular el consumo; que se debe tener

claro que el período reclamado corresponde a los meses de enero a

junio de 2004 lo que implica que debe calcularse el consumo promedio

de los últimos 6 meses; que como se enunció en la resolución

demandada, en octubre de 2003 el instrumento de medida fue retirado

y durante los meses de diciembre y noviembre de 2003 no se llevaron

a cabo lecturas de consumo y se cobraron cifras que no corresponden

al consumo del usuario; y que en febrero de 2004 se tomaron dos

lecturas y en marzo de 2004 se dejó constancia de que no se hizo

lectura porque se contaba con servicio directo.

Sostuvo que los anteriores hechos demuestran la ilegalidad en las

actuaciones de la empresa CEDENAR S.A ESP, pues su actuación se

apartó del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, precepto que ordena:

“Artículo 146. La medición del consumo, y el precio en el
contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que
los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo

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sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o
usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea
posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su
valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes,
con base en consumos promedios de otros períodos del mismo
suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de
suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con
base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base
en los de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias
similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de
fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas
están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa
de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos
meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este
período la empresa cobrará el consumo medido.

La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa,
le hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por
acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del
servicio o la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa
determine el consumo en las formas a las que se refiere el inciso
anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la
no colocación de medidores en un período superior a seis meses
después de la conexión del suscriptor o usuario”.

Adicionalmente, señaló que la oficina jurídica de la Superintendencia

de Servicios Públicos mediante concepto 752 de 2006 analizó el marco

normativo del derecho a que los consumos se midan y la procedencia

del cobro por consumo promedio, estableciendo que de conformidad

con el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley 142 de 1994, los usuarios

de los servicios públicos deben obtener de las empresas la medición

de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos

apropiados, dentro de los plazos y términos que para los efectos fije la

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comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera

de las empresas o las categorías de los municipios.

Asimismo, citó el Concepto SSPD-OJ 2006-558, emanado de dicha

oficina jurídica, conforme al cual, de acuerdo con el inciso 8° del

artículo 146 en comento, se fijó un plazo a las empresas a partir de la

vigencia de la Ley, para elevar los niveles de macro y micro medición

a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan,

con un porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y

financiación de los medidores de los estratos 1, 2 y 3.

Indicó que el hecho de que la empresa no haya respetado el derecho

del usuario a la medición de sus consumos ameritaba la revocatoria de

la decisión empresarial y la consecuencia era que CEDENAR S.A ES,

perdiera el derecho a recibir el precio.

Explicó que, en relación con la desviación significativa, la

Superintendencia de Servicios Públicos realizó el análisis de los últimos

seis períodos con el fin de determinar el consumo promedio; pero que

en aquellos períodos en los cuales sí se había realizado lectura del

medidor no podían tenerse en cuenta períodos facturados por consumo

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promedio, en lo cual radicaba la diferencia entre los cálculos del

demandante.

Sostuvo que para determinar el consumo promedio se toman los

últimos seis períodos (si la facturación es mensual) previos a la

facturación reclamada, se suman y se dividen entre seis; que al

consumo de los períodos anteriores se le resta el promedio histórico y

éste será el consumo sobre el que se analizará en qué porcentaje hay

aumento o reducción; que se realizó una regla de tres simple para

determinar el porcentaje de variación del consumo. Adicionalmente,

señaló que en temas de energía eléctrica se debe acudir al contrato de

condiciones uniformes para consultar los porcentajes que se

consideran constitutivos de desviación significativa por defecto o por

exceso del consumo.

Agregó que de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2, en

concordancia con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, la empresa y

el usuario tienen derecho a que los consumos se midan; y que de

acuerdo con el artículo 149 de la ley de servicios públicos es obligación

del prestador antes de preparar las facturas, investigar las

desviaciones significativas frente a consumos anteriores.

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Para la Superintendencia en el acto administrativo demandado, la

demandante no investigó a fondo las causas que motivaron la

desviación significativa que se produjo, incumpliendo con su obligación

legal de llegar al fondo del asunto, con el objeto de determinar los

motivos que se generaron para ese incremento del consumo.

II.2. TERCERO INTERESADO

Mediante auto admisorio de 24 de julio de 2009, la magistrada

conductora del proceso ordenó la notificación personal de la admisión

de la demanda al señor Nabor Trochez Moncayo, por ser tercero

interesado en las resultas del proceso.

La señora Dolores del Carmen Enríquez de Trochez, sucesora del señor

Nabor Trochez Moncayo, quien falleció el 28 de abril del año 2013, por

intermedio de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Propuso la excepción de mérito o de fondo, en la cual solicitó declarar

la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en

razón a que el 24 de julio de 2009 el Consejo de Estado admitió el

medio de control, sin atender a que de conformidad con el artículo 83

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del Código de Procedimiento Civil, referente al litis consorcio necesario

pasivo, el señor Nabor Trochez Moncayo, (q.e.p.d.), debe ser tenido

en cuenta como persona natural integrante de la parte demandada. Lo

anterior, por cuanto el proceso se está tramitando según los

lineamientos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

pues, en el hipotético evento en que se acceda a las pretensiones

incoadas por la parte actora, el directamente afectado con la decisión

sería el peticionario inicial.

Sostuvo que en ningún momento se notificó el auto admisorio al señor

Nabor Trochez Moncayo, dentro del término de un (1) año

contabilizado a partir de la notificación por estado a la parte

demandante del auto admisorio de la demanda.

Anotó que el 21 de abril de 2016, se notificó personalmente a su

poderdante el auto admisorio proferido el 24 de julio de 2009 y estima

que operó el fenómeno de la caducidad de la acción por cuanto, reitera,

nunca se le notificó el auto admisorio al señor Trochez Moncayo y a su

sucesora se le notificó dicho auto años después de encontrarse vencido

el término de que trata el artículo 90 del CPC, aplicable a las

actuaciones procesales administrativas.

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En relación con legalidad de la Resolución 000358, expedida por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, señala que dicho

acto se enmarca en los parámetros legales que rigen la materia, tales

como: los artículos 144 y 149 de la ley 142 de 1994 y la Resolución a

CREG 108 de 1997.

Por último, propone la excepción innominada, fundamentada en

aquellos hechos constitutivos de excepciones de mérito que resulten

probados dentro del proceso y que deban ser declarados de manera

oficiosa por el juzgador, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 306

del CPC.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en

lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• En esta etapa procesal, la parte demandada y el tercero con interés

directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

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• Por su parte, la actora presentó alegatos de conclusión de manera

extemporánea, en los que reiteró los argumentos expuestos en la

demanda.

• El Ministerio Público rindió concepto, en el que señaló que compartía

los argumentos de la entidad demandada, en razón a la inexistencia

de motivación del acto administrativo demandado.

Adujo que, de conformidad con los artículos 146, 144 y 149 de la Ley

142 de 1994, se evidencia que es deber de la empresa demandante

prestadora del servicio de energía eléctrica efectuar la revisión previa

con el fin de determinar los consumos promedios y con base en ellos

facturar el servicio realmente prestado al usuario y/o suscriptor.

Además, que es obligación de las empresas de servicios públicos

investigar las desviaciones significativas frente a los consumos

anteriores, antes de la expedición de la respectiva factura, por lo que

corresponde a la empresa detectar en el sitio la causa del alto

consumo, revisar las instalaciones internas, verificar el buen estado y

normal funcionamiento del equipo de medida de lo cual se deberá dejar

constancia en el acta de visita correspondiente.

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Argumentó que CEDENAR S.A ESP no investigó a fondo las causas

que motivaron la desviación significativa que se produjo, incumpliendo

con su obligación legal de llegar al fondo del asunto, con el objeto de

determinar los motivos que generaron el incremento del consumo: y

que mientras se establece la causa, de conformidad con el artículo 149

de la Ley 142 de 1994, la empresa debe facturar con base en los

consumos históricos, procedimiento que fue omitido por la empresa y

que dio lugar a la expedición del acto administrativo impugnado.

Agregó que el demandante no probó la revisión previa a efectos de

establecer el incremento del consumo, toda vez que la visita que

manifiesta la entidad prestadora haber realizado corresponde a una

practicada a raíz de la reclamación del suscriptor, por lo cual no es

revisión previa sino a posteriori, en la que se determina que todas las

instalaciones y el equipo de medida funcionan correctamente, aspecto

que no se discute, pues lo que se discute es el hecho de que la empresa

no hubiera ordenado la revisión en el momento oportuno, es decir,

cuando detectó un incremento injustificado en el consumo. Esta

revisión procede de acuerdo con su propio contrato de condiciones

uniformes frente al incremento que supere el 50% respecto de los

consumos anteriores.

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Comparte los argumentos esgrimidos en la resolución demandada que

se fundamentaron en tres aspectos cardinales:

i) El artículo 146 de la Ley 142 de 1994 le confiere al usuario el derecho

a que se midan sus consumos; ii) la carga de la prueba le corresponde

a la empresa prestadora de servicios públicos en armonía con el

artículo 133, numeral 1, de la Ley 142 de 1994, que establece la

presunción de abuso de la posición dominante de la empresa de

servicios públicos, cuando se traslada al suscriptor o usuario la carga

de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa; iii) la

empresa no cumplió con la obligación de llevar a cabo una revisión

previa al verificar que se había presentado una desviación significativa

en el consumo. Es decir, la parte actora no llevó a cabo una lectura de

sus consumos, ni una revisión previa a la facturación habiéndose

evidenciado desviación significativa, como tampoco logró determinar,

efectivamente, la causa de esa desviación del consumo del inmueble.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

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En este punto conviene aclarar que la demanda se admitió por el

Despacho conductor, adecuando el medio de control de nulidad al de

nulidad y restablecimiento del derecho en razón a que no es la

naturaleza del acto lo que determina la acción sino los motivos o fines

que se persiguen con ella.

De la excepción de caducidad

La Sala debe asumir el análisis sobre la caducidad de la acción

planteada a título de excepción por el apoderado del tercero con interés

directo en las resultas del proceso, sucesora del señor Nabor Trochez

Moncayo, señora Dolores del Carmen Enríquez de Trochez.

El apoderado ha planteado la excepción de caducidad acudiendo a dos

argumentos: i) Que en aplicación del artículo 83 del CPC, referente al

litis consorcio necesario pasivo, el señor Nabor Trochez Moncayo

(q.e.p.d.) debió ser teniendo en cuenta como persona natural

integrante de la parte demandada, pues como el proceso se está

tramitando bajo los lineamientos de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, en el evento en que se acceda a las

pretensiones de la actora, resultaría directamente afectado con la

decisión; ii) Que operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la

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acción, por cuanto, por una parte, al señor Trochez Moncayo, jamás se

le notificó el auto admisorio de la demanda; y, por la otra, a su

sucesora se le notificó varios años después de encontrarse vencido el

término de que trata el artículo 90 del C.P.C., aplicable a las

actuaciones procesales administrativas.

Sobre el particular, la Sala trae a colación el artículo 136, numeral 2,

del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la fecha en que

se presentó la demanda, que es del siguiente tenor:

“La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de los
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto,
según el caso”.

Del texto de la norma transcrita se colige que el fenómeno jurídico

de la caducidad en materia contenciosa está ligado únicamente al

hecho de que el administrado presente la demanda contra el acto

en la vía jurisdiccional, dentro del término de los cuatro meses

siguientes a la publicación, notificación, comunicación o ejecución,

según sea el caso y no al hecho de la notificación del auto admisorio

al demandado.

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De ahí que en este caso no tenga aplicación el artículo 90 del Código

de Procedimiento Civil.

Al efecto, es del caso poner de presente en el caso bajo examen,

conforme consta a folio 47 del Cuaderno núm. 1, la Resolución

núm. 00358 de 30 de enero de 2005, acusada, expedida por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fue notificada

por edicto desfijado el 28 de febrero de 2005, razón por la cual los

cuatro (4) meses, señalados en el artículo 136 del CCA, con que

contaba la actora para la presentación de la demanda, vencían el

lunes 29 de junio de 2005 (teniendo en cuenta que dicho término se

debe computar a partir del día siguiente a la notificación).

Habida cuenta que la demanda fue radicada el 13 de junio de 2005,

según consta a folio 5 del cuaderno núm. 1, resulta evidente que la

presentación de la demanda se hizo en tiempo y, como consecuencia

de ello, no operó la caducidad de la acción.

Comoquiera que en este caso la demanda radicada ante el Tribunal

Administrativo de Nariño se presentó en tiempo, al no estar afectada

por el fenómeno de la caducidad, es irrelevante la fecha en que se

notifica el auto admisorio al demandado o al tercero. En

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consecuencia, no tiene vocación de prosperar la excepción propuesta

por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Ahora, respecto a la excepción de legalidad propuesta por la parte

demandada, advierte la Sala que constituye precisamente el objeto de

las pretensiones de la demanda y habrá de analizarse en el estudio de

fondo.

El acto administrativo demandado

Resolución núm. SSPD – No. 000358 de 30 de enero de 2005,

expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios

“[…] LA DIRECTORA TERRITORIAL SUROCCIDENTE

De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas
por los numerales 29 y 31 del Artículo 79, los Artículos 154 y
159 (Modificado por el Artículo 29 de la ley 689 de 2001) de la
Ley< 142 de 1994, y el Artículo 20 del Decreto 990 de 2002 y,

I. ANALISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE
APELACION:

Mediante oficio radicado el 14 de julio de 2004, bajo el No 8926,
ante LA EMPRESA CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A.
E.S.P. CEDENAR S.A. E.S.P., el señor NABOR TROCHEZ
MONCAYO, suscriptor No 218796, interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. DAC-
OFN-01279 de diciembre 23 de 2004, proferida por la citada
empresa, mediante la cual se resuelve desfavorablemente una
reclamación No 4023, relacionada con inconformidad en el cobro

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de la factura del periodo facturado del 30 de septiembre al 31
de octubre de 2003.

La citada empresa, mediante Resolución No DAC-APC-1421 de
julio 29 de 2004; resolvió el recurso de reposición y concedió el
recurso de apelación para ante la Superintendencia, en
consecuencia, procedió a remitir el respectivo expediente, el
cual fue radicado en el Despacho bajo el No. 2004-850 006354-
2 de octubre 22 de 2004

II. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES:

El 15 de junio de 2004, el señor NABOR TROCHEZ MONCAYO ,,
presentó una reclamación a LA EMPRESA CENTRALES
ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. CEDENAR S.A. E.S.P
manifestando su inconformidad por el incremento en la factura,
argumentando que mes a mes le ha venido subiendo $
5.000.00, los recibos de diciembre de 2003 eran de $ 68.000,
los de enero, febrero, marzo, abril y mayo de $ 70.000, $
73.000, $ 74.000, y $ 88.000, solicita una revisión y cambio del
medidor, considera que para su uso el medidor no es el
adecuado.

III. DECISION EMPRESARIAL SOBRE LA CUAL SE AGOTA
VIA GUBERNATIVA:

La empresa mediante comunicación DAC-APC-1313 de julio 7
de 2004, resuelve negativamente la reclamación manifestando
que la empresa ha calculado el consumo por estricta deferencia
de lecturas tal como lo prevé la ley 142 de 1994 y la Resolución
CREG 108 DE 1997. En su solicitud de inspección del medidor,
se ordenó la revisión técnica realizada el 29 de junio de 2004,
orden 271665, con la que se establece que los consumos
facturados son correctos y por lo tanto no es procedente
reliquidar la facturación

IV. RECURSO DE REPOSICION:

La empresa mediante decisión DAC-APC-1421 de julio 29 de
2004; resuelve el Recurso de Reposición, se reliquidan los
meses de marzo con 279 y abril con 255, prueba de lo anterior
es la factura de ajuste que se adjunta.

Las lecturas reportadas por el lector en el sector y sus consumos
son:
Marzo consumo 279
Abril 255
Mayo 266

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Junio 217"

V. RECURSO DE APELACION Y PROBLEMAS JURIDICOS:

En el recurso, el suscriptor expresa su inconformidad con la
decisión proferida por la Empresa, reiterando los argumentos
esgrimidos en la reclamación, que es exagerado el cobro del
servicio de energía eléctrica, antes de colocar el medidor trifilar
grande pagaba la suma de $50.000 y ahora dizque $ 89.000 no
es justo porque utilizamos la energía para preparar un
desayuno, es decir, se utiliza una sola vez al día, por cuanto nos
alimentamos en restaurante …."

VI. PRUEBAS OBRANTES EN ELEXPEDIENTE:

• Copia del reclamo y del recurso impetrado
• Copia de las respuestas ofrecidas por la empresa
• Historial de lecturas y consumos
• Comprobante de pago de ajuste factura del periodo junio de
2004
• Orden de revisión por reclamos de junio 29 de 2004
• Factura del mes de mayo de 2004
• Formato para remisión de expediente a la Superintendencia

VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

De conformidad con el contrato de condiciones uniformes de la
empresa:

El artículo 144 de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos
Domiciliarios, señala:

"ARTICULO 144. DE LOS MEDIDORES INDIVIDUALES. Los
contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o
usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los
instrumentos necesarios para medir
sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán
adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan;
y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las
características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del
contrato las características técnicas de los medidores, y del
mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse que los
medidores funcionen en forma adecuada; pero si será obligación
suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la

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empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no
permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando
el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de
medida más precisos. Cuando el usuario a suscriptor, pasado un
período de facturación no tome las acciones necesarias para
reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo
por cuenta del usuario o suscriptor".

ARTICULO 149. DE LA REVISIÓN PREVIA. Al preparar las
facturas, es obligación de las empresas investigar las
desviaciones significativas frente a consumos anteriores.
Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la
de periodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en
circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al
aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los
valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o
usuario según sea el caso".

En relación con la medición del consumo y el precio en el
contrato el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 dispone:

La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los
consumos se midan, a que se empleen para ello los
instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles
y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se
cobre al suscriptor o usuario…”

Analizando los consumos históricos que obran en el expediente,
se puede apreciar lo siguiente:
El periodo objeto de la reclamación son los correspondientes a
enero a junio de 2004

Los consumos anteriores fueron los siguientes:

FECHA CONSUMO KWHM
Diciembre de 2003 235
Noviembre de 2003 235
237 medidor
Octubre de 2003
retirado
Septiembre de 2003 238
Agosto de 2003 230
Julio de 2003 233

En el cuadro se observa que para el mes de octubre de 2003 ,
se retiró el medidor, sin embargo en el expediente no reposa
antecedente alguno sobre este hecho, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2003, no se hizo lectura y se cobraron

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235 kwhm, en enero se toma lectura de 241.8 kwhm, para
febrero de 2004 se toman dos lecturas, la una el 1º de febrero
y la otra el 20 de febrero de 2004, ambas arrojan diferentes
datos, igualmente para marzo de 2004 se registra un consumo
de 228 .133; sin embargo se aprecia también en la casilla
correspondiente a causa de no lectura - la anotación - 30
DIRECTO CON SERVICIO.

De lo anterior, se colige que la empresa no está cumpliendo con
el Régimen de los servicios Públicos Domiciliarios, en lo que a la
obligatoriedad de la medición se refiere, se infiere que si hubo
lugar al cambio de medidor, al periodo inmediatamente
siguiente, debió registrarse una lectura, no se entiende porqué
durante los siguientes dos periodos continuaba con la misma
lectura 235, si justamente el medidor se cambió el promedio
histórico de consumos que registraba el contador ubicado en el
predio bajo examen, hasta agosto de 2003 , era de 184.5Kwhm;
y en septiembre a octubre de 2003 , el consumo ascendió a 263
kwhm; es decir un 142%; al igual que para el periodo de agosto
de 2003 donde el consumo fue 247 kwhm, se incrementó en un
132%; sin que la empresa, previo envío de la factura , hiciere o
por lo menos así no lo probó en el expediente; la revisión
previa, a efectos de establecer las causas del incremento
conforme a la normatividad descrita, la norma establece la
obligatoriedad para la empresa prestadora d realizar Revisión
Previa en el evento en que se infiera una desviación significativa
en los consumos con respecto al promedio de los últimos seis
meses; sin embargo procedió a enviar la factura ,
contraviniendo lo dispuesto por la norma citada; razón por la
cual, se obliga a reliquidar el periodo del mes de septiembre Y
octubre de 2003 ; con base en el promedio histórico de 184
kwhm.

Sobre la visita que manifiesta la entidad prestadora, haber
realizado, es pertinente señalar que corresponde a una visita
practicada a raíz de la reclamación del suscriptor , o sea, que no
es REVISIÓN PREVIA sino APOSTERIORI, en la que se determina
que todas las instalaciones y equipo de medida funcionan
correctamente ; lo cual no se discute, lo que se discute es el
hecho de que la empresa no hubiera ordenado la revisión en su
momento oportuno, es decir, cuando detectó un incremento
injustificado en el consumo, o sea, de acuerdo a su propio
contrato de condiciones, uniformes, el incremento que supere el
50% respecto del los consumos anteriores.

En mérito de lo expuesto, este Despacho:

RESUELVE

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ARTICULO PRIMERO. - MODIFICAR la decisión DAC-APC-1313
de julio 7 de 2004, proferida por la EMPRESA CENTRALES
ELECTRICAS DE NARIÑO- CEDENAR S.A. ESP, en el sentido de
ordenar a la prestadora que reliquide la facturación de los meses
de septiembre y octubre de 2003; con base en el promedio
histórico de 184 kwhm; de conformidad con la parte motiva de
la presente resolución.

PARÁGRAFO: CENTRALES ELECTRICAS DEL NARIÑO - CEDENAR
S.A. E.S.P deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo
anterior, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, una vez
quede en firme la presente resolución, remitiendo evidencia del
cumplimiento al día siguiente hábil a la Dirección Territorial
Suroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

ARTICULO SEGUNDO. - Notificar personalmente el contenido de
esta resolución al señor NABOR TROCHEZ MONCAYO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No 1.835.465 del
Tambo - N - -, quien para el efecto puede ser citado a la
Manzana H Casa 3 San Diego - Norte de la ciudad de Pasto-
Nariño: haciéndole entrega de una copia de la misma, y
advirtiéndole que contra ésta no proceden recursos en la vía
gubernativa por encontrarse agotada. En el evento en que no
pudiere surtirse la notificación personal, procédase a la fijación
del edicto emplazatorio, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO. - Notifíquese personalmente del contenido
de la presente Resolución al Representante Legal de la EMPRESA
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. CEDENAR S.A.
ESP, o a quien haga sus veces, para su cumplimiento.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su notificación.

NOTIFİQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE […]”.

Problema Jurídico

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El asunto a dilucidar se centra en establecer si la Resolución núm.

000358 de 30 de enero de 2005, proferida por la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios, fue expedida con falsa motivación al

existir una divergencia entre los fundamentos de hecho que originaron

la expedición del acto administrativo y la realidad fáctica.

Para resolver lo anterior, la Sala se referirá a los supuestos necesarios

para que opere la causal de nulidad por falsa motivación, conforme a

lo ha señalado por la jurisprudencia de esta Corporación y al contenido

de las normas aplicables a la materia objeto de estudio.

V.5 Falsa motivación. Desarrollo jurisprudencial y marco

normativo.

De conformidad con el artículo 84 del C.C.A., la nulidad procederá no

sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que

deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por

funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con

desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante

falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del

funcionario o corporación que los profirió (negrilla fuera del texto).

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La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que tiene

ocurrencia la falsa motivación cuando i) se presenta inexistencia de

fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad

de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos

en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones

engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos

de hecho o de derecho un alcance que no tienen; y iv) los motivos

que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión5.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección ha señalado que para

establecer la validez de un acto administrativo, los motivos por los

cuales se expide deben ser ciertos, pertinentes y tener el mérito

suficiente para apoyar la decisión que en él se adopta, es decir, que

correspondan a los supuestos de hecho y de derecho necesarios para

tomar la decisión y en condiciones tales que conduzcan a adoptar

una y no otra determinación, por lo que se trata de un requisito

material, en cuanto depende de la correspondencia de lo que se

5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación:
250002324000200800265-01. M. P.: María Claudia Rojas Lasso. Actoras: Judith Amparo Sierra de
Chávez y María Teresa González Zamora.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 08 de junio
de 2018. Radicación: 11001-03-24-000-2009-00499-00. M. P.: Hernando Sánchez Sánchez Actor:
Biostar Pharmaceutical S.A.

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aduzca en el acto administrativo como motivo o causa del mismo,

con la realidad jurídica y/o fáctica del caso6.

Así, en sentencia de 11 de julio de 2019, se señaló lo siguiente:

“[…] La motivación constituye, entonces, uno de los elementos
esenciales o fundamentos de legalidad del acto administrativo,
a tal punto que cuando se pretermite, o cuando se demuestra
que las razones que sustentan la decisión no son reales, no
existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo
invalida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de
la cual goza el acto administrativo, concierne a quien pretende
desvirtuarlo por la causal de falsa motivación demostrar el
vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la
inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho
que facultan su expedición o, en otras palabras, que lo
expresado en el acto administrativo no corresponde a la
realidad […]”7 (Resaltado fuera de texto)

Como se observa, es enfática la jurisprudencia en destacar la

relevancia de la motivación del acto administrativo y de suyo, la carga

de quien pretenda desvirtuarla en el sentido de demostrar la

configuración de la causal aducida.

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de

agosto de 2018. Radicación: 11001-03-24-000-2008-00388-00 (Acumulado 11001-03-24-000-2008-
00173-00). MP: Oswaldo Giraldo López, Actor: Luis Fernando Jaramillo Duque y Distribuidora Nacional
De Productos Ltda - Dinpro Ltda.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

11 de julio de 2019. Número único de radicación 250002324000201200509-01. C.P. Roberto
Serrato Valdés.

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V.6. Ley 142 DE 1994 “Por la cual se establece el régimen de

los servicios públicos domiciliarios”. Revisión Previa tras

desviaciones significativas

La ley 142, que regula la prestación de los servicios públicos

domiciliarios, establece los parámetros para determinar el consumo

facturable a los usuarios. Al respecto el artículo 146 de la citada Ley,

ordena:

“Artículo 146. La medición del consumo, y el precio en el
contrato. Reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de
1999. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que
los consumos se midan; a que se empleen para ello los
instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles;
y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se
cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período
no sea posible medir razonablemente con instrumentos los
consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros
períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con
base en los de períodos anteriores o en los de usuarios en
circunstancias similares o en aforos individuales cuando se
acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el
interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de
ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A
partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses
para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este
período la empresa cobrará el consumo medido.

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La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la
empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. La que
tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario,
justificará la suspensión del servicio o la terminación del
contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo
en las formas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá
igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de
medidores en un período superior a seis meses después de la
conexión del suscriptor o usuario.”

Como se observa, el usuario tiene derecho a que se realicen las

respectivas mediciones de los servicios mediante los instrumentos de

medida que la técnica haya hecho disponibles y a que el consumo sea

el elemento principal del precio cobrado. Además, el artículo 149

impone la obligación de realizar una revisión previa, cuando después

de tomar dichas mediciones, y antes de expedir la respectiva factura,

se evidencie que hay una desviación significativa conforme a las

respectivas condiciones uniformes del contrato de prestación del

servicio público domiciliario que la empresa prestadora haya

establecido:

“Artículo 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas,
es obligación de las empresas investigar las desviaciones
significativas frente a consumos anteriores. Mientras se
establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos
anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias
semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de
las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se
cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según
sea el caso.”

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En este orden de ideas, es obligación de la empresa prestadora del

servicio realizar una revisión previa antes de expedir la respectiva

factura cuando, efectivamente, se evidencie una desviación

significativa de conformidad con las condiciones uniformes del contrato

de prestación del servicio público domiciliario.

Caso concreto

La demandante alega que el acto administrativo demandado adolece

de falsa motivación, pues existe una divergencia evidente entre los

fundamentos de hecho que originan la expedición del mismo y la

realidad fáctica. Señala que los datos tomados por la Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios para expedir el acto administrativo

no corresponden con el historial de lecturas y consumos que reposan

en el expediente, al parecer, porque dicha entidad utilizó la información

existente en el computador del funcionario a cargo, que era de otro

recurso de apelación, y por ello el promedio que la Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó tener en cuenta fue de 184,5

kwhm y no 238.33 kwhm.

Es menester tener presente que el usuario que dio origen a esta

situación jurídica, el señor Nabor Trochez Moncayo, presentó su

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inconformidad ante CEDENAR S.A. E.S.P., mediante derecho de

petición, reclamando el aumento en su factura de servicio de energía

desde diciembre de 2003, hasta mayo de 2004; es decir, que los

períodos que se deben analizar son estos 6 meses, en los que radicó

la inconformidad del señor Trochez Moncayo (q.e.p.d.), y lo señaló en

el derecho de petición presentado el 15 de junio de 20048.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, modificó la

decisión DAC-APC-1313 de 7 de julio de 2004, proferida por CEDENAR

S.A. ESP., en el sentido de ordenar a la demandante reliquidar la

facturación de los meses de septiembre y octubre de 2003, con base

en el promedio histórico de 184 kwhm, que, según la

Superintendencia, era el promedio histórico de consumos que

registraba el contador ubicado en el predio bajo examen hasta agosto

de 2003.

La Sala, al observar el promedio histórico de consumos que reposan

en el folio 21 del cuaderno núm. 1 del expediente, precisa lo siguiente:

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Folio 14 del cuaderno No. 1 del expediente.

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Para verificar si el promedio histórico señalado por la Superintendencia

es correcto o si le asiste razón a la entidad demandada, se debe

calcular el promedio histórico, según lo establecido en el parágrafo

primero de la cláusula vigésima cuarta: “DETERMINACIÓN DEL

CONSUMO FACTURABLE” de las condiciones uniformes del contrato de

prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica,

conforme al cual se toma el promedio de los últimos 6 meses. Como

la queja del usuario se remitía a diciembre de 2003, los períodos a

promediar debían ser los de junio a noviembre de 2003; sin embargo,

la Superintendencia tomó los promedios hasta agosto de 2003,

teniendo como resultado 184,5 kwhm, que verificado el historial no

corresponde a la operación matemática para obtener el promedio, sino

que correspondería a 238.3 como lo señala la demandante en su

demanda, así:

Promedio histórico de marzo a agosto de 2003

MES CONSUMO
Marzo 246
Abril 245
Mayo 238
Junio 238
Julio 233
Agosto 230
Promedio 238.3

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Como se observa, y teniendo en cuenta los valores del historial de

lecturas y promedios, el promedio histórico de marzo a agosto de 2003

es de 238.3, tal como lo argumenta la demandante y no de 184,5 como

lo señaló la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que

evidentemente erró en la operación matemática o en los valores que

correspondían al predio en conflicto.

Ahora bien, es claro que ese período no era el que debía tenerse en

cuenta para realizar el correspondiente estudio, dado que, como ya lo

advirtió la Sala, la inconformidad se generó desde el período de

diciembre de 2003, por lo cual correspondía tomar los consumos de

los meses de junio a noviembre de 2003 y, con ese resultado, verificar

si efectivamente existía un aumento considerable que permitiera

establecer una desviación significativa de consumos.

Promedio histórico de junio a noviembre de 2003

MES CONSUMO
Junio 238
Julio 233
Agosto 230
Septiembre 238
Octubre 237
Noviembre 235
Promedio 235,1

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El anterior promedio fue el que debió tenerse en cuenta para realizar

el estudio del aumento en el valor de la factura del peticionario Nabor

Trochez Moncayo y no el que señaló la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios en su resolución acusada, en la cual se establece

un error tanto en los datos numéricos como en los meses que debió

tener en cuenta para calcular el promedio y analizar si existía o no una

desviación significativa.

A partir del yerro anteriormente enunciado, la Superintendencia siguió

incurriendo en errores matemáticos como se observa a continuación:

Señala la entidad demandada, en el acto acusado, que el consumo en

septiembre y octubre de 2003 ascendió a 263 kwhm, y que en agosto

de 2003 ascendió a 247 kwhm, (datos que según revisado el historial

de consumo no corresponden, ya que los valores reales son:

septiembre 238, octubre 237 y agosto 230 kwhm) es decir, un

aumento del 142 y 132% respectivamente, teniendo presente el

promedio errado de 184,5 kwhm.

Ahora, al realizar la operación matemática para calcular el porcentaje

del aumento de consumo resulta:

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Promedio kwhm: 184.5
Consumo septiembre y octubre de 2003: 263 kwmh
Aumento: 78,5 kwhm

184,5 = 100%
78,5 = 42,5%

Promedio kwhm: 184.5
Consumo agosto de 2003: 247 kwmh
Aumento: 62,5 kwhm

184,5 = 100%
62,5 = 33,8%

De la anterior operación se advierte que el porcentaje de desviación al

que debió llegar la Superintendencia con los datos errados era de un

42,5% y 33,8% y no 142% y 132%, respectivamente, por lo que ni

en esta circunstancia se podría considerar una desviación significativa

del 50% o superior que llevara a la revisión previa señalada en el

artículo 149 de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, los períodos y datos reales que la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios debió tomar para resolver el recurso

de apelación son: i) el promedio de junio a noviembre de 2003, esto

es 235.1 kwhm; y ii) revisar de diciembre de 2003 a junio de 2004 si

en dichos períodos facturados se podría establecer una desviación

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significativa, toda vez que según el anexo 149 de las condiciones

uniformes del contrato de prestación del servicio público domiciliario

de energía eléctrica, para consumos entre “100 PIN 299” se considera

desviación significativa 50% o superior.

Entre los períodos bajo análisis, según la petición del señor Trochez

Moncayo (q.e.p.d.), la Sala evidencia que en el historial de lecturas y

consumos el consumo más alto fue el del mes de marzo de 2004 con

279 kwhm; y realizando la misma regla de tres que se hizo

anteriormente y con el promedio real resulta el siguiente dato:

Promedio kwhm: 235.1
Consumo marzo de 2004: 279 kwmh
Aumento: 43,9 kwhm

235,1 = 100%
43,9 = 18,6%

De conformidad con lo anterior, se observa que el período con mayor

consumo, marzo de 2004, presentó un aumento del 18.6% de

consumo respecto del promedio histórico de 235.1 kwhm del predio

del señor Trochez Moncayo. Lo anterior permite evidenciar que no llega

a un 50% de desviación para considerarla significativa, de conformidad

con lo dispuesto en el anexo 14 de las condiciones uniformes del

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Folio 32 anverso del cuaderno No. 1 del expediente.

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contrato de prestación del servicio público domiciliario de energía

eléctrica.

En este orden, ante la inexistencia de “desviación significativa”,

advierte la Sala que no se generó la obligación de la demandante, en

los términos del artículo 149 de la ley 142 de 1994 que prevé:

“DE LA REVISIÓN PREVIA. Al preparar las facturas, es obligación
de las empresas investigar las desviaciones significativas frente
a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura
se hará con base en la de periodos anteriores o en la de
suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante
aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las
diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o
cargarán al suscriptor o usuario según sea el caso".

De acuerdo con los cálculos efectuados, la Sala advierte que el

aumento en los consumos no constituyó una desviación significativa

en los términos dispuestos en las condiciones uniformes del contrato

de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en

su anexo 1410.

Ahora, en relación con el retiro del contador en el mes de octubre del

año 2003 que señala la entidad demandada en la contestación de la

demanda, se observa que en el histórico de lecturas y consumo se

10
Folio 32 anverso del cuaderno No. 1 del expediente.

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constata dicha anotación para ese mes, sin existir evidencia en el

expediente de que para los dos meses posteriores, noviembre y

diciembre no se haya hecho la respectiva lectura, pues en el mes de

noviembre la anotación que se realizó en el campo de causa de no

lectura fue la de “30 DIRECTO CON SERVICIO” que es la misma que

utilizó la demandante en los períodos anteriores en que sí se hizo

lectura y no hay controversia; además, para el mes de diciembre de

2003 no se dejó ninguna anotación en el campo denominado “causa

de no lectura”, por consiguiente no se puede evidenciar que no se haya

tomado la lectura en ambos meses.

Sin embargo, después de revisado el consumo de los períodos de

noviembre y diciembre de 2003 en el historial de lecturas y consumos,

se constató que se registró 235 kwhm11, que, como se indicó

anteriormente, es el promedio correcto de consumos del inmueble que

debió tenerse en cuenta para identificar si existía una desviación

significativa.

Así pues, y de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero

de la cláusula vigésima cuarta de las condiciones uniformes del

contrato de prestación del servicio de energía eléctrica, en caso de no

11
Historial de lecturas y consumos. Folio 21 del cuaderno No. 1 del expediente

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hacerse lectura, se deberá facturar con el consumo promedio de los

últimos 6 meses. De acuerdo con lo anterior, el valor que debía

registrarse era 235 kwhm, como en efecto se realizó.

De lo anteriormente expuesto, se colige que la Sala debe acceder a las

pretensiones de CEDENAR S.A. ESP, en el sentido de declarar la

nulidad de la Resolución SSPD- núm. 000358 de 30 de enero de 2005,

por encontrarse probado que hubo falsa motivación en la expedición

del acto administrativo en razón a que los supuestos de hecho

esgrimidos son contrarios a la realidad, por error en el que incurrió la

entidad que la expidió y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los

artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del

artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal,

por lo que se abstendrá de condenar en costas.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad

propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del

proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución SSPD- núm.

000358 de 30 de enero de 2005, expedida por la Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Una vez quede en firme la presente sentencia, procédase

por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que

hubiere lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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