Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00257-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00257-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2012-00257-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: DAVID FELIPE LONDOÑO MARTÍNEZ
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento,
promovida por el señor David Felipe Londoño Martínez, en contra de las
Resoluciones 10393 de 18 de noviembre de 20111 y 1950 de 27 de febrero de 20122.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. El señor David Felipe Londoño Martínez, obrando a través de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento3, presentó demanda con
el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1°. Que se declare nula la Resolución Números (sic) No 10393 del 18 de
noviembre de 2011, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación",
expedida por la Directora de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional.
2°. Que se declare nula la Resolución 1950 de 27 de febrero de 2012, “Por medio de
la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución número
10393 del 18 de noviembre de 2011", expedida por la Directora de Calidad para la
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
3°. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se restablezca su
derecho, ordenando se convalide y reconozca el título oficial de Master obtenido por
1
"[…] Por la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]".
2
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución número 10393 de 18 de noviembre de 2011
[…]".
3
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
DAVID FELIPE LONDOÑO MARTINEZ en la “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA" España como “MAGISTER EN PRODUCCION ANIMAL”
4°. Que se ordene al Ministerio de Educación Nacional, dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del C.C.A. […]”.4
I.1.1. Los hechos
2. Señaló que el 2 de octubre de 2009 la Universidad Politécnica de Valencia otorgó
al demandante el título oficial de master universitario en producción animal, cuya
convalidación solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional el 7 de octubre de
2010.
3. El 23 de marzo de 2011 el Ministerio de Educación Nacional informó al
demandante el concepto emitido el 15 de diciembre de 2010, por la Sala de Biología,
Agronomía, Veterinaria y afines de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de Educación Superior (CONACES), en el que recomendó no convalidar el
título al nivel de maestría.
4. El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 10393 de 2011
resolvió convalidar el título extranjero de máster, como equivalente a especialista
en producción agroindustrial. Esa decisión fue confirmada parcialmente a través de
la Resolución 1950 de 27 de febrero de 2012, en la que se homologó el grado a
especialista en producción animal.
I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
5. El señor David Felipe Londoño Martínez afirmó que los actos acusados incurren
en los vicios de falta y falsa motivación, y vulneran los artículos 2.°, 4.°, 13, 25, 29,
67, 83 y 228 de la Constitución Política, 14 de la Ley 30 de 28 de diciembre de
19925, 35 del Código Contencioso Administrativo y 42 de la Ley 1437 de 2011, así
como la Resolución 5547 de 1.° de diciembre de 20056. Los cargos se agrupan en
cinco planteamientos.
i) La falta de motivación
6. Adujo que: “[…] Las resoluciones impugnadas carecen de sustento por dos
consideraciones; La (sic) primera por cuanto acogen el concepto de la CONACES,
el cual carece por completo de motivación y es contrario en su argumentación y la
segunda por cuanto las resoluciones expedidas con base en dicho concepto omiten
pronunciamientos necesarios para su promulgación […]”.
4
Cfr. Índice 68 expediente digital. Documento denominado “ED_C01_02DemandaYAnexos(.pdf) NroActua 68”.
5
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]”.
6
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior […]”.
3
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Demandante: David Felipe Londoño Martínez
7. Argumentó que la motivación es imprescindible, conforme al artículo 42 de la Ley
1437. Dicha omisión “[…] implica un abuso en el ejercicio de la autoridad puesto
que, con la motivación se permite rebatir u oponerse a las razones que se tuvieron
por el para tomar la decisión. El hecho de que la motivación deba ser sumaria no
quiere decir que sea incompleta o inexistente como en el presente caso. La
motivación es un requisito esencial del acto y debe basarse en hechos ciertos y
comprender todas las cuestiones planteadas so pena de nulidad, por ausencia de
uno de sus elementos esenciales […]”.
ii) La indebida motivación del concepto de la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - CONACES
8. Mencionó que el concepto de la CONACES se basa en afirmaciones subjetivas,
porque indica que la duración del programa a convalidar no coincide con lo
requerido para una titulación equivalente en Colombia. Explicó que los créditos
ECTS en la Unión Europea representan 1800 horas anuales de dedicación
intensiva, a diferencia de las maestrías en Colombia cuya exigencia de tiempo
presencial es menor. De acuerdo con el Decreto 2566 de 10 de septiembre de
20037, los 42 créditos en Colombia se cursan en 2 años, con clases diarias de 2
horas.
9. Explicó que la maestría en cuestión tuvo una duración de dos semestres, pero
ofrecía actividades académicas presenciales a tiempo parcial todas las tardes, de
lunes a jueves, duplicando así la intensidad lectiva habitual en Colombia.
10. Añadió que el ministerio en el pasado convalidó otros títulos de posgrado
españoles con una intensidad horaria equivalente como maestrías. En su opinión,
el criterio de equivalencia se debe evaluar considerando la duración de los 357
másteres aprobados por el ministerio.
11. Planteó que el concepto cuestionado también concluye que “[…] teniendo un
título base de Ingeniero de Producción Agroindustrial, la convalidación en un área
específica de la zootecnia (...) no le habilitaría para el ejercicio en los campos
específicos de esta área, por lo que sería prudente no convalidar como maestría en
el área de la titulación […]”. Agregó que esa afirmación confunde la tarjeta
profesional con la convalidación del título de maestría. La tarjeta profesional se
obtiene con estudios de pregrado en el área correspondiente, cuya evaluación no
compete al ministerio.
12. Finalmente, consideró que el concepto de la CONACES, al recomendar la
convalidación como título de especialista, también vulnera el artículo 14 de la Ley
30 de 1992, que establece cuáles son los requisitos para ingresar a programas de
educación superior.
7
"[…] Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de
programas académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.
4
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Demandante: David Felipe Londoño Martínez
iii) La violación al derecho de defensa y audiencia al no valorar las objeciones
presentadas en el trámite administrativo
13. Indicó que la Resolución 1950 "[…] confunde la relación de los hechos con la
motivación del acto, dado que afirma que la finalidad de la vía gubernativa es
“permitir la controversia de los actos contrarios al ordenamiento jurídico...” pero se
limita a enumerar las razones de inconformidad expuestas en el recurso de
reposición sin pronunciarse sobre las mismas […]”. Adicionalmente, no se demostró
que el ministerio notificara al demandante los conceptos de 15 de diciembre de 2010
y de 26 de julio de 2011.
iv) La presunta incongruencia entre las Resoluciones 1950 y 10393
14. Consideró que, al comparar el artículo 1.° de las Resoluciones 10393 y 1950, se
observa que la Resolución 10393 otorgó la convalidación como equivalente a "[…]
Especialista en Producción Agroindustrial […]", mientras que la Resolución 1950,
aunque niega la reposición solicitada, la reconoce como equivalente a "[…]
Especialista en Producción Animal […]". Esto evidencia la “[…] poca atención
prestada […]” al recurso de reposición, y configura un vicio de forma por
incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva. Este vicio “[…] hace anulable la
Resolución impugnada por falta de congruencia […]”.
15. Explicó que la Resolución 1950 debió incluir en su motivación que el ministerio
se apartaba del concepto de la CONACES respecto al nombre de la equivalencia
otorgada, y en su parte resolutiva, debió reponer parcialmente la Resolución 10393,
para modificar el nombre de la equivalencia del título otorgado.
v) La transgresión del artículo 3.° de la Resolución 5547 de 2005 y de los
artículos 2.°, 4.°, 13, 25, 29, 67, 83 y 228 de la Constitución Política
16. Consideró que el ministerio aplicó incorrectamente el trámite del numeral 4.° del
artículo 3.° de la Resolución 5547 de 2005, al someter la solicitud de convalidación
a la evaluación académica de la CONACES. Ese procedimiento debió aplicar el
criterio previsto en el numeral 2.° del artículo 3.° de la misma resolución, ya que el
título lo expidió una entidad pública extranjera acreditada en todo el territorio
español.
17. Agregó que la Universidad Politécnica de Valencia es una institución que cuenta
con 55 programas de maestría, cuyo presupuesto total para 2011 ascendió a 373
millones seiscientos mil euros, de los cuales 64 millones ochocientos treinta mil
euros están destinados a la investigación. En materia de calidad, la Universidad
Politécnica de Valencia, figura entre las 500 universidades más prestigiosas del
mundo desde el año 2003, de acuerdo con “[…] Academic Ranking of World
Universities ARWUp […]”.
18. Consideró que “[…] la solicitud formulada se hizo con base en un “TÍTULO
OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ANIMAL, CON
5
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Demandante: David Felipe Londoño Martínez
VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, tal como reza la certificación
reconocida como prueba, tanto por el Comité como por parte de la Directora de
Calidad para la Educación Superior del Ministerio […]”.
19. Mencionó que la modificación del procedimiento transgrede los principios al
debido proceso, a la legalidad, a la igualdad, a la confianza legítima, y a la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, plasmados en los artículos 2.°,
4.°, 13, 29, 67, 83 y 228 de la Constitución Política; así como el derecho al trabajo
consagrado en el artículo 25 superior.
I.2. Trámite del proceso
20. Mediante autos de 6 de julio8 y 1.° de septiembre9 de 2015, se admitió la
demanda y se ordenó notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
21. En la audiencia inicial de 19 de agosto de 201610, se fijó el litigio, se decretaron
pruebas, se prescindió de la audiencia de alegación y se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.
I.3. La contestación de la demanda
22. Mediante escrito de 30 de noviembre de 2017 11, el Ministerio de Educación
Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda de forma extemporánea12.
I.4. Los alegatos de conclusión
23. El señor David Felipe Londoño Martínez, mediante escrito de 1.° de
septiembre de 201613, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Mencionó
que en la audiencia inicial se configuró un error al negar la solicitud probatoria con
fundamento en el artículo 73 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 14. De ese "[…]
vicio sustancial […] no se percataron de este hierro ni el Despacho, ni el Ministerio
Publico, ni el Apoderado […]”.
24. Consideró que "[…] si los argumentos que sustentan la demanda, el expediente
de la actuación administrativa, la jurisprudencia y estos alegatos no son suficientes,
solicito con respeto y en aplicación al artículo 213 de CPACA, decretar de oficio las
pruebas que recojan los interrogantes de las pruebas solicitadas, con el fin de que
se restablezca el derecho del demandante y en ultimas se haga justicia, fin de toda
actuación jurisdiccional […]”.
8
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folios 45 y siguientes.
9
Ibidem, folios 70 y siguientes.
10
Ibidem, folios 195 y siguientes.
11
Ibidem, folios 80 y siguientes.
12
Cfr. Índice 16 expediente digital. El término para contestar la demanda venció el día 26 de noviembre de 2015.
13
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folios 207 y 215.
14
"[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
6
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Demandante: David Felipe Londoño Martínez
25. El Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito de 1.° de septiembre
de 201615, precisó que el criterio de evaluación académica es una causal prevista
para la valoración del procedimiento de convalidación.
26. Señaló que, según el artículo 2.5.3.2.6.4. del Decreto 1075 de 26 de mayo de
201516 y la Resolución 5547 de 2005, los programas de maestría tienen una
duración de 50 a 60 créditos, y su propósito es ampliar y desarrollar los
conocimientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o
profesionales.
27. Respecto de la diferencia existente en la parte resolutiva de los actos
demandados, indicó que "[…] la disparidad en la equivalencia de las resoluciones
10393 del 18 de noviembre de 2011 y 1950 del 27 de febrero de 2012, se debió
(sic) una reconsideración hecha por los pares evaluadores de la comisión nacional
intersecciones para el aseguramiento de la calidad de la educación superior-
CONACES, al momento de someter por segunda vez a evaluación académica el
título presentado por el convalidante, lo cual es razonable si se tiene en cuenta que
el titulo original presentado por el convalidante del MASTER UNIVERSITARIO EN
PRODUCCION ANIMAL, guarda relación con el área de conocimiento de que trata
la equivalencia otorgada en la resolución 1950 de 27 de febrero de 2012, que
decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 10393 del 18 de
noviembre de 2011. […]”
I.5. El concepto del Ministerio Público
28. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, mediante concepto
de 2 de septiembre de 201617, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
29. En cuanto a la aplicación errónea del trámite consagrado en el numeral 4.° del
artículo 3.° de la Resolución 5547 de 2005, señaló que: "[…] una vez revisados los
antecedentes administrativos y las pruebas aportadas en el proceso que dentro del
mismo no existe prueba alguna que demuestre que la institución que otorgo (sic) el
título o el programa académico cursado por el solicitante se encuentran acreditados
o cuentan con un reconocimiento de una entidad certificadora o evaluadora de alta
calidad reconocida en el país o a nivel internacional, mediante la cual se puede
probar que el trámite aplicable al caso en concreto es el consagrado en el numeral
2° del artículo 3° de la Resolución 5547 de 2005, razón por la cual los argumentos
expuestos en este punto por el actor carecen de certeza al no estar plenamente
acreditados dentro del expediente […]”.
30. Precisó que los actos acusados no quebrantan los derechos de audiencia y a la
defensa porque: "[…] el actor fue notificado en debida forma, conoció de todas las
15
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folios 205 y 206.
16
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación […]".
17
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folios 222 y siguientes.
7
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actuaciones procesales, ejerció su derecho a la defensa, al igual que tuvo la
oportunidad para controvertir la decisión tomada por la autoridad administrativa al
presentar el recurso de reposición; circunstancias que generan que con la
expedición de los actos se haya cumplido con el procedimiento establecido para el
mismo […]”.
31. Sobre el cargo de la demanda relacionado con la incongruencia existente en la
parte motiva y resolutiva de las resoluciones demandadas, consideró lo siguiente:
"[…] Para el caso que nos ocupa una vez revisadas las Resoluciones expedidas por
el Ministerio de Educación Nacional se evidencia que efectivamente dentro de la parte
resolutiva de la misma en especial la que resuelve el recurso de reposición existe una
disparidad en cuanto a la forma de convalidar el título, sin embargo esta Delegada
advierte que la misma fue el resultado de la presentación del recurso y la objeción
presentada por el demandante al concepto emitido por el CONACES, razones que
sirvieron para que al ser evaluado por segunda vez la solicitud de convalidación del
actor se llegara a la conclusión que el título a convalidar sería como especialización
pero en Producción Animal y no en Producción Agroindustrial. […]”.
32. Finalmente, argumentó que "[…] los actos si están motivados, pero no en debida
forma, pues es evidente que no cumplen con el soporte fáctico y jurídico que
justifique y sirva de sustento para la expedición de los actos administrativos; pues
en los mismos se da aplicación a los criterios para la convalidación de títulos
consagrado en el artículo 3° de la Resolución 5547 de 2007, pero no se efectúan
los argumentos, razonamientos jurídicos y la evaluación pertinente para concluir
que el criterio a aplicar era el consagrado en el numeral 4 del artículo 3 de la ya
mencionada Resolución, motivos que debieron indicarse en las Resoluciones
demandadas. Además, de lo anterior en criterio de este Despacho la evacuación
de los criterios de convalidación se debido (ser) hacer de manera sucesiva y
excluyente según lo mencionado por la Corte Constitucional […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
33. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el acto administrativo demandado; (iii)
el planteamiento del problema jurídico; y (iv) el análisis del caso concreto.
II.1. Competencia
34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 1318 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201919, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.
18
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
19
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
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II.2. Los actos administrativos demandados
35. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 10393 de 18
de noviembre de 2011, cuya parte resolutiva señala:
“[...] ARTÍCULO PRIMERO.- Convalidar y reconocer para todos los efectos
académicos y legales en Colombia, el título de MASTER UNIVERSITARIO EN
PRODUCCION ANIMAL, otorgado el 02 de octubre de 2009 por la UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VALENCIA, España, a DAVID FELIPE LONDOÑO MARTÍNEZ,
ciudadano colombiano, Identificado con cédula de ciudadanía No.80.133.702, como
equivalente al título de ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, que
otorgan las instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley
30 de 1992.
PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no
exime al profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las
normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y contra la misma procede el recurso de reposición, que debe ser
presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación de
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. [...]”. (Negrilla del texto).
36. También se demandó la Resolución 1950 de 27 de febrero de 2012, cuya parte
resolutiva es del siguiente tenor:
“[...] ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la resolución N° 10393 del 18 de noviembre
de 2011, por medio de la cual este Ministerio convalidó el título de MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ANIMAL, otorgado el 02 de octubre de 2009 por
la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, España, a DAVID FELIPE
LONDOÑO MARTÍNEZ, ciudadano colombiano, identificado con cedula de
ciudadanía N° 80.133.702, como equivalencia al título de ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN ANIMAL, que otorgan las instituciones de educación superior
colombianas de acuerdo con la ley 30 de 1992.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y contra la misma no procede recurso alguno, quedando así agotada la
vía gubernativa en los términos de los artículos 62 y 63 del Código Contencioso
Administrativo. [...]”. (Negrilla del texto).
II.3. El planteamiento de los problemas jurídicos
37. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 19 de agosto de
2016, corresponde a la Sala determinar si los actos demandados “[…]
quebrantaron los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 67, 83 y 228 de la Constitución Política,
14 de la Ley 30 de 1992, 35 del CCA y 42 del CPACA y la Resolución 5547 de 1 de
diciembre de 2005, por considerar que la DIRECTORA DE CALIDAD PARA LA
EDUCACION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL expidió
en forma irregular, con infracción de las normas en que debían fundarse, con
desviación de las atribuciones propias de quien las profirió, con falta de motivación
y con violación al derecho de audiencias y defensa, los actos acusados,
especialmente, por: (i) la presunta incongruencia de la Resolución 1950 de 27 de
febrero de 2012 con la Resolución 10393 de 18 de noviembre de 2011 en cuanto
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cambia la especialidad de la equivalencia en la convalidación, (ii) por aplicar
erróneamente el trámite del numeral 4° del artículo 3° de la Resolución 5547 de
2005 y someter la acreditación de la convalidación al concepto de la Comisión
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - CONACES el
cual, presuntamente, no se encontraba debidamente motivado; (iii) por la falta de
motivación de las Resoluciones que decidieron la convalidación y; (iv) por la
violación al derecho de audiencias y defensa al no tener en cuenta ni valorar las
objeciones presentadas en el trámite administrativo. […]”.
38. Se precisó que “[…] se excluye de la fijación del litigio los artículos 44 y 50 del
CCA invocados, por cuanto no se fundamentó su desconocimiento y en tanto los
mismos no tienen relación con los cargos de violación formulados […]”.
II.4. Análisis del caso concreto
39. Para resolver los citados problemas jurídicos, la Sala estudiará: (i) los
argumentos y solicitudes adicionales planteadas en los alegatos de conclusión; (ii)
la presunta falta de motivación de las resoluciones que decidieron la convalidación;
(iii) la presunta indebida motivación del concepto de la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior – CONACES; (iv) la presunta
violación al derecho de defensa y audiencia al no valorar las objeciones
presentadas en el trámite administrativo; (v) la presunta incongruencia entre las
Resoluciones 1950 y 10393; y (vi) la presunta transgresión del artículo 3.° de la
Resolución 5547 de 2005 y de los artículos 2.°, 4.°, 13, 25, 29, 67, 83 y 228 de la
Constitución Política.
i) Los argumentos y solicitudes adicionales planteadas en los alegatos de
conclusión
40. LaSala pone de presente que ambas partes, en la etapa de alegaciones,
presentaron argumentos adicionales a los expuestos en la demanda y en el escrito
de contestación. Además, el demandante solicitó al juez ejercer sus facultades
probatorias de oficio.
41. De conformidad con los artículos 162, 175 y 279 de la Ley 1437 de 2011, el
escrito de la demanda y el libelo de contestación son los instrumentos previstos por
el legislador, en los que se exponen las razones de hecho o de derecho que
soportan las pretensiones, así como los argumentos de oposición a los cargos del
demandante, respectivamente. Según el principio de congruencia, toda sentencia
debe ser coherente con el debate judicial propuesto por las partes en la demanda y
en el escrito de contestación.
42. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la etapa de alegaciones
no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos nuevos que no
fueron planteados en la demanda o en el escrito de contestación, so pena de afectar
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garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de los
sujetos procesales20.
43. Cabe agregar que el decreto de la prueba en los asuntos contenciosos
administrativos está circunscrito a los medios, las oportunidades y a los requisitos
previstos en los artículos 211, 212 y 21321 de la Ley 1437, pues la prueba obtenida
con violación al debido proceso es nula de pleno derecho en los términos del artículo
214 ibidem.
44. En el caso concreto, durante la audiencia inicial, el demandante guardó silencio
frente a las decisiones que ahora cuestiona, lo que significa que el planteamiento
de los alegatos es extemporáneo. Igual acontece frente a los argumentos del
Ministerio de Educación Nacional debido a que el escrito de contestación de la
demanda no fue oportuno. Por lo tanto, la Sala no analizará esos planteamientos y
resolverá el litigio teniendo en cuenta el material probatorio válidamente recaudado.
ii) La falta de motivación
45. Eldemandante argumentó que las Resoluciones 10393 y 1950 omiten
pronunciamientos necesarios para su promulgación, lo que contraviene el artículo
42 de la Ley 1437, que establece que los actos administrativos deben estar
motivados para permitir su refutación y oposición.
46. Frente al vicio de nulidad del acto administrativo denominado falta de motivación,
esta Corporación en la sentencia de 26 de julio de 201722 precisó que tal
irregularidad comprende un aspecto procedimental y formal que se produce ante la
omisión de la administración en hacer expresos o manifiestos los motivos del acto
administrativo, lo cual resulta indispensable para garantizar el derecho de defensa
y de contradicción del administrado.
47. En el caso concreto, a partir de la revisión de los actos demandados, es posible
evidenciar que en ellos se señala con claridad y suficiencia los motivos por los
cuales la entidad demandada convalidó el título académico al sugerido como
equivalente por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior.
48. La parte motiva de la Resolución 10393 de 2011 explica lo siguiente:
[...] Que DAVID FELIPE LONDOÑO MARTÍNEZ, solicito la aplicación del Régimen
Excepcional para la convalidación de títulos de educación superior.
Que la Resolución 5547 de 1 de diciembre de 2005 creo en su artículo 11° un régimen
excepcional que establece lo siguiente: [...]
20
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
21
La facultad del juez de decretar pruebas de oficio, conforme al artículo 213 de la Ley 1564 únicamente opera para esclarecer
puntos oscuros o difusos de la contienda, sin que pueda desconocer las cargas legales de los sujetos procesales.
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Milton Chaves García, radicación núm.: 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326)
11
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
Que en virtud del artículo 3o de la Resolución 5547 del 1 de diciembre de 2005,
uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de
educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación
Académica, el cual establece que "SI el título que se somete a convalidación no
se enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe
certeza sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando, o
su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación
académica”.
Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectorial para
el Aseguramiento de la Educación Superior, -COONACES (sic) la cual emitió
concepto favorable, señalando que el titulo obtenido es equivalente al de
ESPECIALISTA EN PRODUCCION AGROINDUSTRIAL que con fundamento en
las anteriores consideraciones y después concluye que es procedente la
convalidación solicitada. [...]”. (Negrilla fuera del texto).
49. La Resolución 1950 de 27 de febrero de 2012 expuso:
“[...] Que mediante escrito radicado bajo el N° 2011ER118315 en el Ministerio de
Educación Nacional, el 16 de diciembre de 2011, el señor DAVID FELIPE LONDOÑO
MARTÍNEZ, solicitó se modifique la equivalencia de su título de MASTER
UNIVERSITARIO EN PRODUCCION ANIMAL, ya que no está de acuerdo con la
equivalencia otorgada, manifiesta que los estudios desarrollados corresponden a una
maestría y no a una especialización, que el concepto emitido por la sala de CONACES
se limita a manifestar que la maestría realizada tiene una duración de 60 créditos. El
recurrente afirma que la duración de la maestría cursada por él es pertinente y
suficiente por el número de créditos y por la dedicación requerida por cada crédito.
De igual forma el convalidante hace un paralelo entre especializaciones y maestrías
ofrecidas en Colombia y la efectuada por él. Finalmente hace alusión al concepto
técnico emitido por CONCACES (sic) asegurando que la resolución recurrida no tuvo
en cuenta las Objeciones presentadas al concepto y que mucho menos fueron
evaluadas por CONACES.
Que procede el despacho a decidir de fondo el recurso de reposición interpuesto
dentro de los términos legales contra la resolución N° 10393 del 18 de noviembre de
2011.
Que la vía gubernativa es un procedimiento que se sigue ante la administración para
que se aclaren, modifiquen o revoquen los actos que ponen fin a las actuaciones
administrativas, como garantía a los administrados y a la misma administración con
el fin de controvertir las decisiones, ante actos irregulares, injustos o inconvenientes.
Que la finalidad de la vía gubernativa es entonces: "...permitir la controversia de los
actos contrarios al ordenamiento jurídico ante la misma administración, previamente
a una posible acción ante la Jurisdicción contenciosa administrativa de manera que
se facilite a las personas la presentación de la solicitud de revisión, modificación o
aclaración de los mismos sobre la cual habrá de pronunciarse la administración'..."
Que los documentos fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectorial
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, quien
mediante concepto del 14 de febrero de 2012, confirma los conceptos emitidos
el 15 de diciembre de 2010 y el emitido el 26 de julio de 2011. En el cual se
confirma la decisión de CONVALIDAR COMO ESPECIALISTA EN PRODUCCION
ANIMAL.
Con fundamento en las anteriores consideraciones y después de estudiar la
documentación presentada por el recurrente, este Ministerio encuentra argumentos
suficientes para no reponer la decisión tomada mediante resolución número 10393
12
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
del 18 de noviembre de 2011, por lo que en consecuencia, ha de confirmarse lo allí
dispuesto. [...]”. (Negrilla fuera del texto).
50. Los actos demandados comparten unidad de contenido y de fin23, de manera
que la suficiencia de los motivos que justificaron esa decisión administrativa se debe
valorar en conjunto.
51. Aunado a ello, los artículos 37 del Decreto 2230 de 8 de agosto de 2003, 4.° y
43 del Decreto 5012 de 28 de diciembre de 200924, normas aplicables al caso,
explican que la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación (CONACES) se encarga de la coordinación y orientación del
aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del
cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación
superior, su transformación y redefinición de sus programas académicos.
52. Esto significa que los conceptos de la CONACES, citados en los actos acusados,
hacen parte de los motivos que justificaron la expedición de las Resoluciones 10393
de 2011 y 1950 de 2012, pues la comisión en esa instancia valoró aspectos
netamente académicos, y consideró la procedencia y oportunidad de los
planteamientos del demandante.
53. En el plenario obra el concepto del 15 de diciembre de 201025, en el que la Sala
de Biología, Agronomía, Veterinaria y Afines de la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior recomendó no convalidar el
título al nivel de maestría, por las siguientes razones:
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa. Sentencias 14 de febrero de 2012, radicación número:
11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ); de 9 de julio de 1991 (S-070); 27 de septiembre de 1994 (S-342); 9 de noviembre de
1998 (S-680).
24
“[...] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de sus
dependencias. [...]”.
25
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folio 111.
13
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
54. El 20 de mayo de 201126, el demandante se opuso a aquel concepto, al
considerar que: (i) la decisión carece de motivación; (ii) no tiene en cuenta las
diferencias existentes en la intensidad horaria de las maestrías en España y
Colombia; (iii) desconoce el principio de autonomía universitaria; y (iv) confunde el
objeto de análisis porque el peticionario no solicitó la tarjeta como profesional en
zootecnia, sino la convalidación del título de posgrado.
55. El 26 de julio de 2011, se reunió nuevamente la Sala de Biología, Agronomía,
Veterinaria y Afines de la CONACES para valorar esos argumentos, oportunidad en
la que conceptuó lo siguiente:
56. Mediante Resolución 10393 de 18 de noviembre de 2011, el MEN convalidó ese
título como equivalente a especialista en producción agroindustrial, razón por la que
el 18 de noviembre de 201127, el demandante presentó recurso de reposición contra
ese acto administrativo, en el que argumentó: (i) la falta de motivación del acto; (ii)
la falta de análisis de la objeción presentada; y (iii) la incongruencia de la decisión
con la solicitud presentada.
57. El 14 de febrero de 201228, la Sala de Biología, Agronomía, Veterinaria y Afines
de la CONACES valoró los planteamientos del recurso, en el sentido de
reconsiderar “[…] el área de titulación, sin perjuicio de las inhabilidades a las que
haya lugar para el ejercicio profesional en el campo específico, pero ratifica el nivel
convalidado a Especialización, por lo que decide convalidar al título de
ESPECIALISTA EN PRODUCCION ANIMAL. […]”. Esa decisión se fundamentó en
las siguientes razones:
26
Ibidem, folio 113 a 117.
27
Ibidem, folio 122 a 126.
28
Ibidem, folio 128.
14
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
“[…] De acuerdo con el Recurso de Reposición interpuesto por el convalidante, la
Sala considera:
1. No es cierto que la obtención de un título deba ser reconocido tal y como se recibió,
esta pretensión descalificaría de tajo la labor de estudio académico encomendada por
el MEN a la Sala de Conaces respectiva.
2. No es cierto que se desconozca el derecho a la defensa, simplemente que la Sala
no comparte los argumentos presentados y es su deber, en la medida de lo
académicamente sustentable, debatirlos y emitir los juicios respectivos.
3. No se está confundiendo el proceso de obtención de un título con el de
reconocimiento de tarjeta profesional, simplemente se llama la atención de que se
otorga un título de posgrado en un área de desempeño profesional que corresponde
a una profesión diferente a la que ostenta el convalidante y que esta se encuentra
normada, con lo que se pretende advertir que el título de idoneidad otorgado por la
institución titulante no habilita para el ejercicio profesional en el territorio nacional,
amén de advertir igualmente que la docencia en el nivel profesional, representa un
campo igualmente específico de ejercicio profesional; es decir, enseñar la zootecnia
implica un ejercicio profesional del zootecnista, no igual sucede con la enseñanza de
áreas no específicas aun en un programa específico como el mencionado, es decir,
enseñar química en un programa de zootecnia no necesariamente representa un
campo restringido al zootecnista.
4. La Sala aclara que la Maestría en cuestión no representa un programa
interdisciplinario como parece querer presentar el convalidante, más aún, la titulación
corresponde a un campo muy específico de desempeño: la producción animal, cuyo
perfil de ingreso normalmente las instituciones en Colombia limitan a las profesiones
relacionadas.
5. La Sala comprende el sistema de créditos europeos, mas no comparte el
argumento del convalidante en cuanto a que, precisamente entendiendo que un
crédito ECTS corresponde a 30 horas de trabajo académico, los 60 créditos del
programa cursado correspondan a 2400 horas de trabajo académico; la Sala no
entiende como se pretende equipara una medida a la otra, ya que si convencional y
metodológicamente corresponden a medidas diferentes, no son conmensurables.
6. De acuerdo al punto anterior, no es cierto que la intensidad cursada se asimile a la
exigida para programas de igual o similar denominación en el país, y tomando la
misma información que el convalidante presenta en su recurso, se aprecia que la
intensidad de 60 créditos ECTS, que corresponden a 1800 horas, esta más de
acuerdo con las ofertas de programas de Especialización que las instituciones
colombianas ofrecen en el país. […]”.
58. Como puede observarse, en el concepto de 15 de diciembre de 2010, la Sala de
Biología, Agronomía, Veterinaria y Afines de la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior señaló que el programa tenía
una duración de dos periodos académicos con una intensidad de 60 créditos ECTS
y cubría temas relacionados con el área de titulación, pero no cumplía con los
tiempos requeridos en Colombia para una titulación a nivel de maestría.
59. Se destacó que, a pesar de que la temática del programa estaba alineada con
el área de la zootecnia, el título de base del solicitante era de ingeniero de
producción agroindustrial. Por lo tanto, se mencionó que la convalidación como
15
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
maestría en zootecnia no lo habilitaría para ejercer en los campos específicos de
esta profesión regulada.
60. En el concepto de 26 de julio de 2011, se consideraron varios aspectos
relevantes en relación con la duración y pertinencia del programa de estudios
español, frente a los estándares nacionales. En primer lugar, se destacó que,
aunque no se ponía en duda la calidad de la formación, sí se cuestionaba la
compatibilidad del programa europeo con el sistema educativo colombiano, debido
a diferencias significativas en la estructura y la cantidad de horas académicas.
Específicamente, se compararon los créditos ECTS europeos (30 horas de trabajo)
con los colombianos (48 horas). Sin embargo, se advirtió que el solicitante, como
ingeniero de producción agroindustrial, no cumpliría con los requisitos específicos
previstos para ejercer en el campo de la zootecnia, regulado por las Leyes 073 de
8 de octubre de 198529 y 576 de 15 de febrero de 200030.
61. Finalmente, en el concepto de 14 de febrero de 2012, la Sala de Biología,
Agronomía, Veterinaria y Afines de la CONACES aclaró que no se cuestionaba la
honorabilidad del título base ni la intencionalidad de solicitar la matrícula profesional
en Zootecnia, sino la imposibilidad de ejercer en el campo de titulación. Igualmente,
se destacó que la docencia en el área de la zootecnia es un campo de ejercicio
profesional especial y reglamentado. Además, se subrayó que, aunque en Colombia
no se exigen horarios mínimos, se debe mantener coherencia con la tradición
nacional, reconociendo que el sistema europeo no es comparable al colombiano.
62. Esto quiere decir que, el planteamiento no prospera, porque la técnica normativa
utilizada por el ministerio, consistente en mencionar los conceptos de la CONACES
en la parte motiva de los actos demandados, sin transcribir de forma integral su
contenido, no conduce a la configuración del vicio de falta de motivación.
iii) La indebida motivación del concepto de la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior - CONACES
63. Esta Corporación ha señalado que la falsa motivación, a diferencia de la falta de
motivación, como causal de nulidad del acto administrativo opera cuando los
fundamentos de hecho o de derecho que exteriorizan la voluntad de la
administración: (i) son falsos; (ii) resultan contrarios a la realidad, bien por error o
por razones engañosas o simuladas; (iii) no justifican la decisión, o (iv) cuando el
autor ha conferido a los motivos un alcance que no tienen31.
64. En el caso concreto, el demandante sostiene que es falso el concepto de la
CONACES, conforme al cual la carga horaria y la intensidad lectiva del programa
29
“[...] Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y
Zootecnia y Zootecnia [...]”.
30
“[...] Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria
y zootecnia y zootecnia [...]”.
31
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016, radicación núm. 250002324000200800265-01. M.
P. María Claudia Rojas Lasso; y sentencia del 08 de junio de 2018 radicación núm. 11001-03-24-000-2009-00499-00. M. P.:
Hernando Sánchez Sánchez.
16
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Demandante: David Felipe Londoño Martínez
que cursó no eran equivalentes a una maestría colombiana. Sin embargo, el señor
David Felipe Londoño Martínez no aportó ninguna prueba para desvirtuar el criterio
de los expertos comisionados que integraron el cuerpo colegiado.
65. Frente a dicha omisión, la jurisprudencia de la Sección32 ha sostenido que el juez
establece en cada caso cuál de las partes está en mejores condiciones de probar
los hechos alegados, lo cual no es óbice para que todos los sujetos procesales
cumplan el deber de lealtad que les asiste en el proceso y que les impone
suministrar todos los medios que acreditan la veracidad de los hechos invocados33,
como ocurre en el caso concreto.
66. En cuanto al reparo asociado a que el ministerio convalidó otros programas
impartidos por distintas universidades españolas con igual intensidad horaria, esta
Sección, en un caso con similares supuestos fácticos señaló que la transgresión del
derecho a la igualdad requiere que “[...] se presente identidad en las situaciones de
hecho y de derecho que, por ende, permita reclamarse un idéntico o similar
tratamiento, lo que no ocurre en este caso [...]” 34.
67. Frente a los argumentos relacionados con la convalidación de un estudio del
área específica de la zootecnia y la presunta transgresión del artículo 14 de la Ley
30 de 1992, la Sala prohíja el criterio sostenido por esta Sección en la sentencia de
25 de junio de 200435. Ese precedente planteó que, de conformidad con los artículos
936, 1037, 1138 y 1439 de la Ley 30, los programas de posgrado requieren de un
pregrado en el área con la que estén estrechamente relacionados “[...] para llegar
al nivel avanzado en el conocimiento, partiendo de la base de lo que se ha aprendido
en o los niveles anteriores de formación, que es la condición esencial o razón de
ser de aquél [...]”.
68. La Sección aclaró que dicho criterio no significa que el evaluador del programa
exija requisitos adicionales a los señalados en la ley, ni mucho menos que este
reclamando un estudio específico como prerrequisito de un posgrado, sino que
funciona como un parámetro de análisis que garantiza la suficiencia académica
como objetivo último de la convalidación u homologación.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm. 11001-03-24-000-2013-00302-00.
33
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación núm. 68001-23-31-000-2000-09610-
01(15772).
34
Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia de 25 de junio de 2004, radicación núm. 25000-23-24-000-1999-00453-
01(8411) M. P. Claudia Marcela Arango Agudelo.
35
Ibidem.
36
“[...] Artículo 9º. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión
o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía.
También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes
liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las
disciplinas que hacen parte de dichos campos [...]”.
37
Artículo 10.- Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post-doctorados”.
38
“[...] Artículo 11.- Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de
pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias
[...]”.
39
“[...] Artículo 14. Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además de los que señale
cada institución, los siguientes: [...]
c). Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las
humanidades, las artes y la filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina académica [...]”.
17
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
69. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el cargo de falsa motivación
por las razones expuestas por el demandante no prospera, pues no se desvirtuó la
veracidad de las consideraciones plasmadas en los conceptos de la CONACES de
15 de diciembre de 2010, 26 de julio de 2011 y 14 de febrero de 2012.
iv) La violación al derecho de defensa y audiencia al no valorar las objeciones
presentadas en el trámite administrativo
70. El demandante afirmó que la Resolución 1950 vulnera el derecho de defensa y
de audiencia porque el Ministerio de Educación Nacional no resolvió las razones de
inconformidad expuestas en el recurso de reposición, y tampoco notificó al
demandante los conceptos de 15 de diciembre de 2010 y de 26 de julio de 2011.
71. Para resolver lo anterior, la Sala pone de presente que, conforme a los artículos
13 y 29 de la Constitución Política, una de las principales garantías del debido
proceso es precisamente el derecho a la defensa y audiencia, entendido como la
oportunidad reconocida a toda persona de ser oída en igualdad de condiciones
frente a los demás sujetos procesales, de hacer valer las propias razones y
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar
la práctica y evaluación de las que estime favorables40.
72. Como se mencionó previamente, el Ministerio de Educación Nacional, al resolver
el recurso de reposición presentado contra la Resolución 10393 de 2011, resolvió
de fondo los planteamientos del recurrente en la medida en que el citado acto
incorporó los conceptos de la CONACES de 15 de diciembre de 2010, 26 de julio
de 2011 y 14 de febrero de 2012.
73. En la evaluación académica del caso concreto se consignaron las razones por
las que no se compartían los argumentos presentados por el demandante, si se
tiene en cuenta que en sede administrativa el señor David Felipe Londoño no
argumentó que estudió un máster oficial, sino que cuestionó el concepto académico
de la CONACES.
74. Finalmente, frente al reparo relacionado con que el ministerio no notificó al
demandante los conceptos de 15 de diciembre de 2010, 26 de julio de 2011 y 14 de
febrero de 2012, se precisa que, según el artículo 9.°41 de la Resolución 5547 de
2005, el concepto académico que debe ser objeto de información y traslado es el
que contiene la evaluación inicial académica. En el caso concreto es el concepto de
15 de diciembre de 2010 que se comunicó al demandante mediante oficio
2011EE13016 de 23 de marzo de 201142.
40
Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 2009.
41
“[...] ARTÍCULO NOVENO. TRASLADO CONCEPTO ACADÉMICO DESFAVORABLE. En el evento de la aplicación del
criterio de convalidación por evaluación académica, en todo caso, deberá darse traslado del concepto académico desfavorable
a la solicitud del interesado, para que fije su posición explicando, aclarando o aportando información adicional, en los términos
del artículo séptimo de la presente Resolución. De no obtenerse respuesta dentro del plazo señalado, se procederá a expedir
el correspondiente acto administrativo que decide de fondo la solicitud. [...]”.
42
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folio 111.
18
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
75. Los demás conceptos que adoptó la CONACES con el propósito de resolver el
recurso de reposición contra el acto administrativo que resuelve la convalidación,
no están sujetos al mismo trámite reglamentario especial. Por lo tanto, el
planteamiento no prospera.
v) La presunta incongruencia entre las Resoluciones 1950 y 10393
76. El demandante adujo que existe una incongruencia entre la Resolución 10393
que convalidó el título como "[...] Especialista en Producción Agroindustrial [...]", y
la Resolución 1950 que lo reconoció como "[...] Especialista en Producción Animal
[...]”. Sostuvo que la falta de coherencia entre las partes motiva y resolutiva de
ambas resoluciones constituye un vicio de forma que las hace anulables.
77. Alrespecto, la Sala advierte que esa modificación responde a las
consideraciones esbozadas en los conceptos de la CONACE que aclararon las
razones por las que la convalidación aplicable era de especialista en producción
animal, en vez de especialista en producción agroindustrial.
78. Aunado a ello, se precisa que la irregularidad formal que cuestiona el
demandante, prevista en el artículo primero de la Resolución 1950, el cual
materialmente modificó el artículo primero de la Resolución 10393, sin reconocer
expresamente dicho ajuste, no se acompasa con las causales de nulidad
enunciadas en el artículo 137 de la Ley 1437.
vi) La transgresión del artículo 3.° de la Resolución 5547 de 2005 y de los
artículos 2.°, 4.°, 13, 25, 29, 67, 83 y 228 de la Constitución Política
79. El demandante afirmó que el ministerio aplicó incorrectamente el trámite del
numeral 4° del artículo 3° de la Resolución 5547 de 2005, al someter la solicitud de
convalidación al concepto de la CONACES, cuando debió aplicar el numeral 2° del
mismo artículo, pues el título fue expedido por una entidad pública española
acreditada para ello. Además, sostuvo que la Universidad Politécnica de Valencia
es una institución de prestigio mundial, con un presupuesto significativo y sólida
reputación académica.
80. En su criterio, la aplicación incorrecta del procedimiento vulnera los principios
constitucionales al debido proceso, a la legalidad, a la igualdad, a la confianza
legítima y el derecho al trabajo, contemplados en los artículos 2.°, 4.°43, 1344, 2545,
2946, 67, 8347 y 22848 de la Constitución Política.
43
“[…] ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. […]”.
44
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades […]”.
45
“[…] ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. […]”.
46
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. […]”.
47
“[…] ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. […]”.
48
“[…] ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. […]”.
19
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Demandante: David Felipe Londoño Martínez
81. Para resolver los planteamientos, la Sala pone de presente que el artículo 67
superior contempló el deber del Estado colombiano de inspeccionar y vigilar la
calidad de los servicios educativos. Dicha responsabilidad comprende la
homologación y convalidación de los estudios foráneos.
82. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 5547 de 1.°
de diciembre de 2005, “[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la
convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior […]”.
83. El capítulo II de la Resolución 5547, denominado “[…] De los criterios aplicables
para la convalidación de títulos […]”, determinó los siguientes supuestos fácticos
que evalúa el ministerio al momento de desarrollar esta labor:
“[…] ARTÍCULO 3. Convalidación de títulos de pregrado y posgrado. Para
efectos de la convalidación de títulos de pregrado y de posgrado se deberá hacer
una evaluación de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite correspondiente:
1. CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS. Si el título procede de alguno
de los países con los cuales el Estado colombiano ha ratificado convenios de
convalidación de títulos […]
2. PROGRAMA O INSTITUCIÓN ACREDITADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL
PAÍS DE PROCEDENCIA. Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación o si el programa académico cursado por el solicitante se
encuentran acreditados, o cuentan con un reconocimiento equivalente por
parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en
el país de origen o a nivel internacional, se procederá a convalidar el título. En
este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos
(2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación
requerida.
3. CASO SIMILAR. Cuando el título que se somete a convalidación,
corresponda a un programa académico que hubiera sido evaluado con
anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, se resolverá
aplicando la misma decisión que en el caso que sirve como referencia.
Para tal efecto, deberá tratarse del mismo programa académico, ofrecido por la
misma institución y con una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los dos
títulos que no podrá exceder los ocho (8) años.
En este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a
dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación
requerida.
Una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de soporte a otra
convalidación.
4. EVALUACIÓN ACADÉMICA. Si el título que se somete a convalidación no se
enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe
certeza sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando,
o su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación
académica. Este trámite se adelantará en un término no mayor a cinco (5) meses
20
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. […]”
(Negrillas de la Sala)
84. Esta Sección en las sentencias de 18 de octubre de 201249, 13 de marzo de
201450, 5 de marzo de 201551, 2 de junio de 201652 y 6 de noviembre de 202053
explicó que esos criterios de verificación son jerárquicos y excluyentes. Esto
significa que el ministerio no puede negar una convalidación solamente porque el
título no cumple con el supuesto previsto en el numeral 2.° del artículo 3.° de la
Resolución 5547. En tal evento será necesario verificar si se configura el supuesto
de caso similar. Pero si tampoco opera ese escenario, el ministerio deberá adelantar
la evaluación académica respectiva a través de la CONACES.
85. En el asunto sub examine, se acreditó que el 7 de octubre de 2010 el
demandante radicó solicitud de convalidación del master universitario en producción
animal, cursado en la Universidad Politécnica de Valencia54.
86. Mediante oficio de la misma fecha55, el demandante requirió al ministerio la
aplicación del régimen excepcional del artículo 1156 de la Resolución 5547, por las
siguientes razones:
“[…] Por la presente solicito acogerme al régimen excepcional de convalidación de
títulos de educación superior, ya que a la fecha cumplo con los requisitos para la
solicitud del mismo, pero carezco de título oficial emitido por el estado Español de mi
grado como Master en Producción Animal de la Universidad Politécnica de Valencia
y en su lugar poseo el certificado provisional de título emitido por esta universidad
mientras el estado Español emite el título correspondiente, proceso que usualmente
tarda más de dos años. […]” .
87. En consecuencia, junto con la solicitud aportó el certificado de 10 de diciembre
de 200957, expedido por el rector magnífico de la Universidad Politécnica de
Valencia, el cual señala:
“[…] Que Don David Felipe Londoño Martínez, nacido el 18 de mayo de 1982 en
Bogotá, departamento de Bogotá, Colombia, de nacionalidad colombiana, con
pasaporte CC80133702, ha superado en esta Universidad, con fecha 9 de septiembre
49
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2009-
00376-00.
50
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00166-00,
Actor: Carlos Felipe Córdoba.
51
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm. 11001-03-24-000-2009-00355-
00.
52
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2014-
00343-00.
53
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2014-00343-
00.
54
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folios folio 96.
55
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folio 108.
56
“[…] Artículo 11. Régimen excepcional. Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del solicitante, debidamente
justificadas, no le sea posible aportar al momento de presentar la solicitud o durante el trámite de convalidación, uno o varios
de los documentos requeridos en la presente resolución, el Comité integrado por el Director de Calidad para la Educación
Superior, el Coordinador de la sala respectiva de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior, Conaces, el Subdirector de Aseguramiento de la Calidad y el Coordinador del Grupo de
Convalidaciones, evaluará la solicitud y decidirá si es procedente o no efectuar la convalidación de dichos estudios. […]” .
57
Cfr. Índice 65 expediente digital, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 65”, folio 100.
21
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
de 2009, las enseñanzas conducentes al TITULO oficial de Máster Universitario en
Producción Animal, con validez en todo el territorio nacional, habiendo abonado los
derechos de expedición del título con fecha 2 de octubre de 2009.
Y para que surta los mismos efectos del título, con carácter provisional hasta que este
se edite, expido la presente certificación, a solicitud del interesado, en Valencia a tres
de noviembre de 2009. […]”.
88. Igualmente, el demandante radicó ante el ministerio la certificación de 2 de
octubre de 201058 del jefe del Servicio de Alumnado, y del secretario general de la
Universidad Politécnica de Valencia, conforme a la cual el señor David Felipe
Londoño Martínez cursó un título extranjero con las siguientes características:
89. El 22 de noviembre de 201059, el coordinador de la Sala de Ciencias Biológicas
de la CONACES, la directora de la Calidad para la Educación Superior, la
subdirectora de Aseguramiento de Calidad y la coordinadora del Grupo de
Convalidaciones, realizaron una reunión con el propósito de evaluar si era posible
adelantar dicho trámite por el procedimiento excepcional. En esa instancia, se
concluyó que “[…] es viable adelantar el trámite de Convalidación, toda vez que el
certificado presentado esta debidamente legalizado, evidencia que el titulo fue
otorgado, y así mismo, hace las veces del Diploma […]”.
90. A partir de ese momento, el trámite continuó siguiendo el criterio de convalidación
de evaluación académica previsto en el numeral 4.° del artículo 3.° de la Resolución
5547.
91. En este contexto probatorio, el demandante sostiene que el criterio aplicable a
su caso era el señalado en el numeral 2.° del artículo 3.° de la Resolución 5547,
58
Ibidem, folio 102.
59
Ibidem, folio 109 y 110.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
conforme al cual “[…] Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación o si el programa académico cursado por el solicitante se encuentran
acreditados, o cuentan con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel
internacional, se procederá a convalidar el título […]”.
92. Frente a dicha información, es necesario tener en cuenta que en “[…] el sistema
educativo de España existe una titulación oficial regulada por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con validez en el Espacio Europeo de
Educación Superior, y otra que da lugar a títulos propios o no oficiales, por virtud de
la autonomía de universidades y otras instituciones educativas […]”60.
93. La Corte Constitucional en su jurisprudencia precisó que “[…] De acuerdo a Ley
Orgánica de España 06 de 2001, modificada por la Ley 04 de 2007, en dicho país
hay títulos oficiales, que tendrán reconocimiento en todo el territorio nacional, y
títulos propios, los cuales, según el artículo 6 del Real Decreto de España 1496 de
1987, vigente al momento de iniciar sus estudios el accionante, “carecerán de los
efectos académicos plenos y de la habilitación para el ejercicio profesional que las
disposiciones legales otorguen a los títulos oficiales”, y que buscan suplir la
demanda académica para otro tipo de estudios no contemplados como oficiales.
[…]”61.
94. El título del demandante no era de aquellos catalogados como propios en la
legislación española, pues el programa universitario cursado es válido en todo el
territorio nacional español en el contexto de un procedimiento reglado de
acreditación, el cual se incluye en el Registro de Universidades, Centros y Títulos -
RUCT. De manera que, al ser excluyente el criterio de convalidación del numeral
2.° del artículo 3.° de la Resolución 5547, como pacíficamente lo ha sostenido esta
jurisdicción, no era procedente valorar la homologación por los demás supuestos.
95. Bajo este marco jurisprudencial, atendiendo a la documentación obrante en el
expediente judicial, la Sala advierte que el Ministerio de Educación Nacional incurrió
en la irregularidad procedimental alegada por el demandante, porque su título es de
aquellos enunciados en el numeral 2.° del artículo 3.° de la Resolución 5547.
96. Expresamente, el certificado de 10 de diciembre de 2009 señala que ese
programa confiere un “[…] TITULO oficial […]”, y a renglón seguido agrega que fue:
“[…] Expedido conforme al artículo 8.2 de la ORDEN ECI/2514/2007. de 13/08/2007,
B.O.E. de 21/08/2007 […]”, Esa norma regula en España el “[…] Procedimiento de
expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor […]”.
97. Ante dicha circunstancia probatoria, el ministerio contaba con la responsabilidad
de consultar el Registro Nacional de Universidades, Centros y Títulos de España, el
cual es público y compila todos los másteres oficiales de ese país, de conformidad
60
Corte Constitucional, sentencia C-442 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
61
Corte Constitucional, sentencia T-232 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y sentencia T-430 de 2014 M.P. Alberto
Rojas Ríos.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
con el estudio de derecho comparado realizado por esta Sección en la sentencia de
18 de octubre de 201262.
98. El acto administrativo objeto de análisis en citado antecedente judicial, refirió que
la normatividad española solo confiere acreditación académica a los títulos oficiales,
los cuales se distingue de los títulos propios, por las siguientes razones:
“[…] 1. Los títulos españoles: Propios y Oficiales.
Actualmente en España existen dos tipos de formaciones que pueden ser
desarrolladas por las Universidades y que su resultado es la obtención de un título
propio o de un título oficial (se citan normas de 2001, 2005 y 2007).
Igualmente, el real Decreto 1393 de 2007 siguiendo la misma línea de los Reales
Decretos 55 y 56 de 2005, los cuales deroga expresamente, sólo otorga efectos
académicos y profesionales a los títulos académicos y profesionales a los títulos
universitarios oficiales. (Subraya la Sala)
Artículo 4. Efectos de los títulos universitarios.
Los títulos universitarios regulados en el presente Real Decreto tendrán carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y
habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional
reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
(…)… . y solo son títulos de educación superior aquellos que son el resultado de un
programa académico que fue autorizado, a través de la expedición del Registro
Calificado y su correspondiente inclusión y codificación en el SNIES. Del mismo modo
funciona en España donde existe el Registro Nacional de Universidades, Centros y
Enseñanzas, hoy Registro de Universidades, Centros y Títulos RUCT. (Subraya la
Sala)
(…) No sucede lo mismo con los títulos propios, los cuales no gozan de los mismos
efectos académicos y profesionales y de validez en todo el territorio nacional español
como lo hacen los títulos oficiales; y no son objeto de inclusión en el Registro de
Universidades Centros y Títulos RUCT, que sólo es para títulos oficiales hoy
conducentes a la obtención de títulos de grado, máster y doctorado (primer, segundo
o tercer ciclo). (Subraya la Sala). […]”. (Negrilla y subraya del texto).
99. Esto significa que el demandante demostró la transgresión del artículo 3.° de la
Resolución 5547, y el quebrantamiento de los principios al debido proceso, a la
legalidad, a la confianza legítima y a la igualdad, consagrados en los artículos 13,
29 y 83 de la Constitución Política, porque el Ministerio de Educación Nacional
resolvió la convalidación con fundamento en el criterio de valoración académica que
no aplicable a su caso.
100. Por consiguiente, es procedente declarar la nulidad de las Resoluciones 10393
de 18 de noviembre de 2011 y 1950 de 27 de febrero de 2012, dado que la
presunción de legalidad que las ampara se desvirtuó.
62
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2009-
00376-00.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2012-00257-00
Demandante: David Felipe Londoño Martínez
101. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 10393 de 18 de noviembre
de 2011 y 1950 de 27 de febrero de 2012, expedidas por la Dirección de Calidad
para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Ministerio de
Educación Nacional que convalide el título “[…] MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PRODUCCIÓN ANIMAL […]”, otorgado el 2 de octubre de 2009 por la
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, al señor DAVID FELIPE LONDOÑO
MARTÍNEZ, en calidad de MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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