RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2022-00388-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00388-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00388-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Carlos Giovanny Campiño Rojas. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2022-00388-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: CARLOS GIOVANNY CAMPIÑO ROJAS
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - PROCEDIMIENTO
DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS OTORGADOS
EN EL EXTERIOR

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el señor Carlos Giovanny Campiño Rojas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Carlos Giovanny Campiño Rojas1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda en la que formuló las
siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se DECLARE por parte del despacho la nulidad y restablecimiento de
derechos en contra de los siguientes actos administrativos que niegan la solicitud de
convalidación de mi representada (sic); resolución No. 19021 del 07 de octubre de
2020 que resuelve solicitud de convalidación, la No. 8945 del 21 de mayo de 2021
que resuelve el recurso de reposición y la No. 015982 del 27 de agosto de 2021 que
resuelve recurso de apelación, quedando ejecutoriada y cobrando firmeza, mediante
la cual se le negó la convalidación de su título de DOCTORADO EN EDUCACIÓN,
otorgado el 21 de mayo de 2018, por la Institución de Educación Superior
UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, al señor CARLOS GIOVANNY
CAMPIÑO ROJAS.

2. Condenar a la entidad demandada al pago de costas procesales, según lo previsto
en el art 188 del C.C.A. (sic)

3. Que se ordene en cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por
el despacho posterior a que el fallo quede en firme.

4. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses
comerciales y monetarios hasta que se efectué debidamente indexado y actualizado.

1
A través de apoderado judicial.
2
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas
de monedas de curso legal en Colombia, y se ajustaran dichas condenas tomando
como base el índice de precios al consumidor. […]”3 (negrilla del texto).

I.1.1. Los hechos

2.Señaló que el señor Carlos Giovanny Campiño Rojas el 27 de septiembre de
2008 obtuvo el título de licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño.
Posteriormente, el 24 de junio de 2012 se graduó como magíster en Etnoliteratura
de la misma institución.

3.Manifestó que cursó el programa de Doctorado en Educación ofrecido por la
Universidad de Baja California de México entre el año 2014 y el 21 de mayo de
2018.

4.Indicó que el 13 de agosto de 2019 presentó ante el Ministerio de Educación
Nacional la solicitud de convalidación del título de Doctor en Educación.

5.Afirmó que, mediante Resolución 019021 de 7 de octubre de 20204, el Ministerio
de Educación Nacional negó la convalidación del título otorgado por la Universidad
de Baja California.

6.Consideró que, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación contra la anterior decisión.

7.Informó que, mediante Resolución 008945 de 21 de mayo de 20215, el Ministerio
de Educación Nacional resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión de
negar la convalidación.

8.Adujo que, ante la demora en resolver el recurso de apelación, promovió acción
de tutela, en virtud de la cual el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bogotá amparó sus derechos fundamentales.

9. Explicó que, en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional
expidió la Resolución 015982 de 27 de agosto de 20216, mediante la cual resolvió
el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de vulneración

10. Sostuvo que las Resoluciones 019021 de 7 de octubre de 2020, 008945 de 21
de mayo de 2021 y 015982 de 27 de agosto de 2021 incurren en las causales de
nulidad de falsa motivación, falta de motivación y vulneración de los artículos 13,
27, 29 y 209 de la Constitución Política, la Ley 30 de 28 de diciembre de 19927, la

3
Cfr. Índice 2 del expediente digital, carpeta denominada “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, documento denominado
“06SubsanacionDemanda”.
4
“[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 019021 del 07 de
octubre de 2020 […]”.
6
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
7
"[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]".

3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

Ley 9628 de 8 de julio de 20059, así como los principios de igualdad, confianza
legítima y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, por las siguientes
razones:

i) Aplicación indebida del régimen normativo y vulneración del derecho al
debido proceso

11. Indicó que el Ministerio de Educación Nacional aplicó indebidamente el régimen
de convalidación, pues no tuvo en cuenta que el demandante inició el programa de
Doctorado en Educación en el año 2014 y culminó las materias en el año 2015. Al
respecto, precisó:

“[…] la norma con la que desarrolló más del 70% de su programa académico fue la
Resolución No. 06950 de 2015, se debe tener en cuenta que ella ya había adquirido
unos derechos y que no era una mera expectativa. Es por ello, que la Resolución
20797 del 09 de octubre de 2017, no se debió aplicar al caso concreto, pues está
violando la seguridad jurídica de la cual somos beneficiarios […]” (negrilla del texto).

12. Afirmó que el ministerio desconoció la situación académica consolidada durante
el desarrollo del programa y afectó la seguridad jurídica del demandante. Por lo
tanto, debía protegerse su expectativa legítima y aplicarse el principio de
favorabilidad.

13. Complementó que el Ministerio de Educación Nacional vulneró el derecho al
debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, “[…] al no
ACOTAR JURISPRUDENCIALMENTE una TRANSICIÓN en la resolución 20797
del año 2017 […]”.

ii) Quebrantamiento de la Ley 30 de 1992

14. Planteó que el Ministerio de Educación Nacional desconoció la naturaleza y
metodología del programa cursado porque los programas de posgrado se pueden
desarrollar bajo modalidades de investigación o profundización, de conformidad con
la Ley 30 de 1992. El doctorado que cursó correspondía a un modelo académico
distinto al tradicional, en el cual no resultaba indispensable el desarrollo de clases
teóricas ni de trabajo de grado, dado que la formación se estructuraba a partir de un
proceso de investigación y acompañamiento académico.

iii) Falsa y falta de motivación

15. Consideró que “[…] La falta de motivación, que no es equiparable a la “falsa
motivación”, es la omisión de motivar el acto administrativo imputable a la autoridad
que lo profiere, lo cual constituye un vicio de procedimiento, y, por ende, una causal
de nulidad por expedición irregular del acto, mientras que la “falsa motivación”
supone que sí hubo motivación, pero ésta no corresponde a los hechos. Ahora bien,

8
En la demanda no se desarrolló el concepto de violación de esta Ley, ni se precisó cuál era el artículo que transgredían los
actos demandados.
9
“[…] Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. […]”.

4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

para determinar la existencia de esta situación se debe expedir el acto
administrativo de forma clara, puntual y suficiente, incluyendo este punto el alcance
y contenido del acto para que éste pueda suministrar al destinatario las razones
fácticas y de derecho que fueron fuentes de la producción del acto; situación que
exponemos no sucede con ninguna de las Resoluciones demandadas […]”.

16. Explicó que el Ministerio de Educación Nacional desconoció la idoneidad del título
de Doctor en Educación otorgado por la Universidad de Baja California, el cual ya
había convalidado a otros ciudadanos, mediante actos administrativos anteriores.

17. Planteó que el ministerio omitió valorar adecuadamente la duración del programa,
el plan de estudios, la metodología, la formación investigativa, los créditos cursados
y la tesis doctoral presentada.

iv) Desconocimiento del derecho a la igualdad

18. Afirmó que el Ministerio de Educación Nacional desconoció que ya había
convalidado el título de Doctor en Educación otorgado por la Universidad de Baja
California, mediante las Resoluciones 7165 de 15 de abril de 2015, 9420 de 11 de
mayo de 2016, 15749 y 15758 de 11 de agosto de 2017, 5632 de 27 de marzo de
2017, 17008 de 28 de agosto de 2017, 23623 de 31 de octubre de 2017, 00663 de
23 de enero de 2018, 00265 de 15 de enero de 2018, 10520 de 4 de octubre de
2019, 44099 de 25 de septiembre de 2020 y 7878 de 6 de mayo de 2021.

19. Sostuvo que esas decisiones demostraban la existencia de un precedente
administrativo aplicable a su caso, pues se trataba del mismo programa académico,
de la misma institución extranjera y de títulos con idéntica denominación. La falta
de aplicación del precedente administrativo vulneró su derecho a la igualdad, pues
otros ciudadanos en condiciones semejantes obtuvieron la convalidación del mismo
título, mientras que la administración le otorgó un tratamiento desfavorable.

20. Precisó que “[…] el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL estaría
discriminando y limitando a ciudadanos nacionales y extranjeros frente a las
Universidades Nacionales para que sus títulos sean reconocidos en Colombia, para
el caso particular el del demandante. […]”.

v) Vulneración del principio de confianza legítima

21. Manifestó que cursó sus estudios doctorales bajo la confianza legítima generada
por las actuaciones previas del Ministerio de Educación Nacional, entidad que había
convalidado en varias oportunidades el título de Doctor en Educación otorgado por
la Universidad de Baja California.

22. Indicó que la decisión de negar la convalidación, sin explicar suficientemente el
cambio de criterio frente a casos anteriores, vulneró la buena fe y la seguridad
jurídica, pues sometió al demandante a un trato inesperado e incoherente con la
actuación previa de la administración.

5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

vi) Vulneración del artículo 209 de la Constitución Política

23. Anotó que la entidad demandada desconoció los principios de imparcialidad,
buena fe y transparencia que rigen la función administrativa, en los términos del
artículo 209 de la Constitución Política y del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, por
las siguientes razones:

“[…] • Imparcialidad, omiten de manera directa la objetividad, al NO actuar teniendo
en cuenta que deberían tratar y garantizar derechos de todas las personas sin
discriminación alguna, sin tener la consideración de carácter GENERAL.
• Buena fe, brilla por su ausencia, la publicación de diario oficial en la página web del
ministerio, así como también en la misma resolución, es imposible que las personas
hubieran podido observar esta publicación.
• Transparencia, No se evidencia transparencia alguna con la publicación de la
resolución 20797 del año 2017, más en su artículo 24, es casi imposible detectar un
verdadero periodo de transición entre las personas que querían convalidar su título
en Colombia, reiterando una vez más el criterio SUBJETIVO de la sala de CONACES,
exigiendo requisitos que NO se encuentran contemplados en la norma, es decir una
indebida motivación de los actos administrativos. […]”.

vii) Transgresión del artículo 27 de la Constitución Política

24. Agregó que el Estado debe garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra.

I.2. La contestación de la demanda10

25. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, dado que el título sometido a convalidación no superó
el examen académico efectuado por la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, autoridad que
concluyó que el programa cursado no es equivalente a un doctorado en Colombia
en el campo de la educación.

26.Propuso las excepciones denominadas “[…] LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS […]”, “[…] INEXISTENCIA DEL DERECHO DEL
DEMANDANTE A LA CONVALIDACIÓN […]”, “[…] AUSENCIA DE LOS
ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD: RUPTURA DEL
NEXO DE CAUSALIDAD […]” y “[…] GENÉRICA […]”.

27. Adujo que la solicitud de convalidación se presentó el 21 de abril de 2020, bajo
el radicado CNV-2020-0000387, fecha para la cual se encontraba vigente la
Resolución 10687 de 2019. Por ello, el trámite debía adelantarse con sujeción a
dicha normativa.

28. Precisó que la CONACES recomendó en su primer concepto no convalidar el
título porque la documentación allegada no contenía información suficiente sobre
los contenidos de las asignaturas, la carga horaria, el número de créditos, las

10
Cfr. Índice 19 del expediente digital.

6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

actividades prácticas y la estructura investigativa del programa. Además, no existía
coherencia entre el título de Doctor en Educación y el plan de estudios cursado,
debido a la falta de información sobre los contenidos abordados en cada espacio
académico.

29. Indicó que CONACES analizó nuevamente la documentación aportada por el
demandante al resolver el recurso de reposición y concluyó que el programa tenía
una duración de dos años y una dedicación de 1600 horas, mientras que los
doctorados en educación ofrecidos en Colombia tienen una dedicación promedio
superior a 3840 horas. Además, ese programa presentaba una formación
investigativa inferior a la exigida en nuestro país y no se acreditaron actividades
complementarias propias de esa formación doctoral.

30. Sostuvo que el ministerio respetó los derechos al debido proceso y a la igualdad
del demandante. Cada solicitud de convalidación se estudia conforme al
procedimiento previsto en la normativa vigente y las condiciones particulares del
programa cursado. Por lo tanto, no era posible trasladar automáticamente
decisiones adoptadas en otros casos ni predicar un trato desigual por el solo hecho
de que otros títulos extranjeros hubieran sido convalidados.

31. Afirmó que el ministerio no desconoció la autonomía de la institución extranjera
que expidió el título. Por el contrario, cumplió su obligación legal de verificar si la
formación recibida era equivalente a la exigida en Colombia. En ese contexto,
precisó lo siguiente:

“[…] la autonomía universitaria fue prevista como una garantía para que las
universidades pudieran cumplir las funciones de docencia, investigación y extensión
que es su razón de ser, lo que en últimas les permite alcanzar los objetivos propios
de la educación superior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 de la Carta.
Incluso, la sentencia T-574 de 1993, no cataloga a la autonomía universitaria como
un derecho fundamental sino como una “garantía para un adecuado funcionamiento
institucional”.

Ahora bien, es necesario indicar que estas disposiciones normativas se desprenden
del ordenamiento jurídico interno, por lo cual no es procedente invocar dicha
normatividad respecto de instituciones de educación superior extranjeras, atendiendo
a que estas se encuentran reglamentadas según las disposiciones internas de sus
países de origen, por lo cual los títulos que emiten deben ser analizados a la luz de
las disposiciones y exigencias estatuidas en las leyes colombianas, para garantizar
que dichos títulos cumplan con ciertas condiciones de calidad, en protección de los
ciudadanos frente al ejercicio de una profesión de riesgo social. […]”.

32. Complementó que la obtención de los títulos en el exterior no generó un
derecho adquirido a la convalidación, sino una expectativa sujeta al cumplimiento
del procedimiento legal y académico correspondiente.

I.3. Trámite del proceso

33. La demanda se radicó el 24 de enero de 2022 y fue asignada por reparto al
Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá.

7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

34. Mediante auto de 7 de abril de 202211 el juzgado inadmitió la demanda y requirió
al actor para que la subsanara, debido a que advirtió: i) una indebida acumulación
de pretensiones asociada a que el demandante con la nulidad de los actos
administrativos solicitó, a título de restablecimiento, reconocimientos económicos
de carácter laboral12; ii) la necesidad de corregir el acápite de hechos por contener
apreciaciones subjetivas; iii) la falta de la constancia de notificación o ejecutoria de
la resolución que resolvió el recurso de apelación; iv) la ausencia de acreditación
del envío de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Ministerio Público; y v) la necesidad de corregir el poder conferido al apoderado
judicial.

35. El demandante en el escrito de subsanación de 28 de abril de 202213 acató las
solicitudes del juzgado. Frente al primer requerimiento, renunció a las pretensiones
económicas relacionadas con el pago de los presuntos perjuicios causados por el
no reconocimiento de la convalidación del título.

36. Porprovidencia de 28 de julio de 202214, el juzgado declaró la falta de
competencia para conocer del asunto al advertir que, en el escrito de subsanación,
el demandante renunció a las pretensiones económicas inicialmente formuladas.
Por lo tanto, la competencia correspondía al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, conforme al numeral 22 del artículo 152 de la Ley
1437, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 25 de enero de 202115.

37. El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 15 de septiembre de 202216
declaró su falta de competencia, debido a que la demanda se radicó antes de la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 202117. En consecuencia, remitió el
expediente al Consejo de Estado.

38. En providencia de 18 de octubre de 202218, el magistrado ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado inadmitió la demanda por cuanto la parte actora no
indicó las normas violadas ni desarrolló su concepto de violación. En la misma
providencia se le solicitó “[…] que, para mayor exactitud en el proceso, se condense
en un solo escrito la demanda con las respectivas correcciones de los yerros
encontrados tanto en la inadmisión realizada por el Juzgado 4° Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, como en el presente estudio de admisibilidad […]”.

11
Cfr. Índice 2 del expediente digital, carpeta denominada “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, documento denominado
“04AutoInadmiteDemanda”.
12
El demandante había solicitado la reubicación en el escalafón docente y el pago de los salarios dejados de devengar.
13
Cfr. Índice 2 del expediente digital, carpeta denominada “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, documento denominado
“06SubsanacionDemanda”.
14
Ibidem, “08AutoRemiteCompetencia”.
15
“[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción […]”.
16
Cfr. Índice 2 del expediente digital, documento denominado “REMITE POR COMPETENCIA(.pdf) NroActua 2”.
17
El artículo 86 de la Ley 2080 precisó que: “[…] La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas
que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley […]”.
18
Cfr. Índice 4 del expediente digital.

8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

39. El demandante el 1.º de noviembre de 202219 presentó escrito de subsanación
de la demanda, en el que desarrolló el concepto de violación, pero citó las
pretensiones iniciales.

40. A través de proveído de 28 de noviembre de 202220, se admitió la demanda y se
ordenó notificar personalmente a la parte demandada, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En dicho auto se citaron las
pretensiones de la demanda dispuestas en el escrito de subsanación de 28 de abril
de 2022 y se precisó que, mediante memorial de 1.º de noviembre de 2022, la parte
actora corrigió el único defecto advertido en el auto de 18 de octubre de 2022,
consistente en desarrollar en debida forma el concepto de violación21.

41. Frente a esa decisión las partes guardaron silencio.

42. En la audiencia inicial celebrada el 31 de julio de 202322, se saneó el proceso,
se fijó el litigio y se decretaron las pruebas.

43. Por auto de 8 de febrero de 202423, se prescindió de realizar la audiencia de
alegaciones y juzgamiento. En consecuencia, se corrió traslado a las partes para
que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio
Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

44. Laparte actora, mediante escrito de 22 de febrero de 2024 24, reiteró los
argumentos de la demanda. Adicionalmente, mencionó que el Doctorado en
Educación de la Universidad de Baja California que cursó, es el mismo programa
que posteriormente obtuvo acreditación de alta calidad, pues conservaría la misma
denominación, modalidad, créditos, carga horaria, asignaturas y estructura
académica.

45. El Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito de 23 de febrero de
202425, reiteró los argumentos del escrito de contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

46. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.

19
Cfr. Índice 9 del expediente digital.
20
Cfr. Índice 11 del expediente digital.
21
De esa providencia se destaca el siguiente extracto: “[…] Este Despacho, mediante auto de 18 de octubre de 2022, inadmitió
la demanda por cuanto la parte actora no dio cumplimiento a la exigencia consagrada en el numeral 4° del artículo 162 del
CPACA, toda vez que, si bien mencionó algunas normas violadas, lo cierto es que no desarrolló en debida forma el concepto
de violación, puesto que no explicó el motivo por el cual con la expedición del acto se transgredieron las normas mencionadas,
a lo que se suma que en su escrito no mencionó ninguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 137 del
CPACA. Tal proveído fue notificado a la parte demandante, mediante correo electrónico el 19 de octubre de 20223, y por
estado electrónico el 21 de octubre de la misma anualidad4.
Mediante escrito radicado el 1º de noviembre de 20225, y estando dentro de la oportunidad legal, la parte actora aportó escrito
de subsanación, en el que corrigió la omisión anteriormente referida. […]” (negrilla fuera del texto).
22
Cfr. Índice 43 del expediente digital.
23
Cfr. Índice 58 del expediente digital.
24
Cfr. Índices 63 del expediente digital.
25
Cfr. Índices 65 y 66 del expediente digital.

9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

II.1. Competencia

47. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 149 de
la Ley 1437 y el artículo 1326 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201927, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia,
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía,
en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional.

II.2. Los actos administrativos demandados

48. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 019021 de 7
de octubre de 2020, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la convalidación del título de GRADO DE
DOCTOR EN EDUCACIÓN, otorgado el 21 de mayo de 2018, por la Institución de
educación superior UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA, MEXICO, a CARLOS
GIOVANNY CAMPIÑO ROJAS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de
ciudadanía No. 98364732.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación y contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los
cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso al tenor de lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. […]” (negrilla del texto).

49. También se demandaron las Resoluciones 008945 de 21 de mayo de 2021 y
015982 de 27 de agosto de 2021, a través de las cuales la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y la Dirección de Calidad
para la Educación Superior resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición
y apelación presentados contra la Resolución 019021 en el sentido de confirmar esa
decisión.

II.3. Planteamiento del problema jurídico

50. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 31 de julio de
2023, y a los cargos de nulidad desarrollados en el escrito de la demanda,
corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados, “[…]
quebrantan lo dispuesto en los artículos 13, 27 y 29 de la Constitución Política, la
Ley 30 de 1992, la Ley 962 de 2005, al desconocerle los derechos a la educación,
a la igualdad, al trabajo digno, a la confianza legítima, a la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y al principio del caso similar del señor Carlos Giovanny
Campiño Rojas.

Concretamente la parte actora formuló como cargo de violación, el relacionado con
el desconocimiento de las normas superiores en las cuales debían fundarse los
actos acusados y falsa motivación, para lo cual señaló que:

26
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
27
Reglamento interno del Consejo de Estado.

10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

i) El ente ministerial erró al aplicar la Resolución No. 20797 de 9 de octubre de 2017
toda vez que, el acto administrativo que se encontraba vigente en el momento de
inicio y terminación de los estudios era la Resolución No. 06950 de 2015,
desconociendo el principio de seguridad jurídica;

ii) El ente ministerial desconoció los derechos a la educación, a la igualdad, al
trabajo digno, a la confianza legítima y a la prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal del señor Carlos Giovanny Campiño Rojas al negar la convalidación del
título otorgado aplicando una norma anterior y omitiendo en análisis de la estructura
curricular del programa; y,

iii) La entidad demandada no tuvo en cuenta, que ya existían precedentes
administrativos en los cuales se había convalidado el título de Doctorado en
Educación realizado en la Universidad de Baja California, México […]”.

II.4. Análisis del caso concreto

51. Por razones metodológicas, la Sala resolverá el problema jurídico teniendo en
cuenta los dos componentes temáticos de la demanda.

52. Primero, se analizará si los actos administrativos acusados desconocieron la
normativa aplicable al trámite de convalidación. En segundo lugar, se analizará si
las decisiones acusadas incurrieron en falsa motivación, falta de motivación y
vulneraron el principio de confianza legitima y los artículos 13, 27, 29 y 209 de la
Constitución Política y la Ley 30 de 1992, al negar la convalidación del título pese
a que el mismo programa había sido convalidado en casos anteriores a otros
ciudadanos.

i) La inconformidad sobre la normativa aplicable al caso

53. El demandante afirma que los actos administrativos acusados quebrantaron el
derecho al debido proceso, porque el Ministerio de Educación Nacional resolvió su
solicitud con fundamento en una normativa no aplicable. Dicha entidad no tuvo en
cuenta que inició el programa de Doctorado en Educación en el año 2014 y culminó
las materias en el año 2015, época en la que regía la Resolución 6950 de 15 de
mayo de 201528.

54. Afirmó que la aplicación de la Resolución 20797 de 9 de octubre de 201729
desconoció los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, favorabilidad y
debido proceso porque contaba con una situación consolidada y no con una mera
expectativa. Además, la Resolución 20797 de 2017 no previó un régimen de
transición claro para quienes habían iniciado o avanzado sustancialmente sus

28
“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país,
para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014 […]”.
29
“[…] Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga
la Resolución 6950 de 2015 […]”.

11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

estudios bajo la normativa anterior, lo que desconoce los principios de transparencia
y publicidad.

55. Con el fin de resolver el planteamiento, se advierte que el debido proceso y el
principio de legalidad en sede administrativa, por regla general30, exigen que las
decisiones de las autoridades públicas estén fundadas en la normativa vigente al
momento en que inicia el procedimiento administrativo, bien sea a petición de parte
o de oficio.

56. En el caso concreto, la norma aplicable para resolver la solicitud de la accionante
era la Resolución 10687 de 9 de octubre de 2019, “[…] Por medio de la cual se
regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y
se deroga la Resolución 20797 de 2017 […]”, por ser la vigente para la fecha de
presentación de la petición ante el Ministerio de Educación Nacional31.

57. En el plenario obra la certificación elaborada el 6 de mayo de 202032 por el
referido ministerio conforme a la cual el ciudadano presentó su solicitud el 21 de
abril de 2020 y no el 13 de agosto de 2019 como lo afirmó en la demanda. Ese
documento señala:

“[…] LA ASESORA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL HACE CONSTAR:

Que CARLOS GIOVANNY CAMPIÑO ROJAS, identificado(a) con Cédula de
Ciudadanía No. 98364732 de Pupiales presentó ante este Ministerio la solicitud de
convalidación del título de Posgrado de DOCTORADO EN EDUCACIÓN PH.D. de LA
UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA en PAIS NO ENCONTRADO.
Que los documentos fueron radicados con el número CNV-2020-0000387 de 21 de
Abril de 2020 y su solicitud se encuentra en trámite con el folder No. 0011963. […]”.

58. Por lo tanto, el cargo no prospera pues la aplicación de la Resolución 10687 de
2019 al sub examine, a pesar del lapso transcurrido entre la obtención del título y
la radicación de la solicitud, no implicó el desconocimiento de la normativa aplicable
al caso ni de su derecho al debido proceso.

59. El demandante cuestionó la ausencia de un régimen de transición en la
Resolución 20797 de 2017, pero el ministerio no aplicó esa norma para resolver su
solicitud de convalidación, por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre esos reparos, los cuales no inciden en el estudio
de la legalidad de los actos administrativos demandados.

30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María
Elizabeth García González. La aplicación de la Ley o el reglamento en el tiempo presenta tres reglas excepcionales. La
retroactividad es la posibilidad de aplicar una norma a situaciones de hecho consolidadas antes de su entrada en vigencia.
La ultractividad es la aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que tuvieron lugar
durante su término de vigor, pero que actualmente los regula una nueva disposición jurídica, con el fin de proteger derechos
adquiridos y legítimas expectativas. La retrospectividad implica aplicar una norma a sucesos anteriores a su vigencia, cuyos
efectos seguían activos o no se resolvieron de manera definitiva.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de mayo de 2025. C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00.
32
Cfr. Índice 33 del expediente digital.

12

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

ii) La presunta falsa motivación, falta de motivación y vulneraron el principio
de confianza legitima y los artículos 13, 27, 29 y 209 de la Constitución Política
y la Ley 30 de 1992

60. El demandante sostuvo que los motivos que fundamentan las resoluciones
demandadas son falsos, insuficientes y que el Ministerio de Educación Nacional
desconoció los principios de igualdad, debido proceso y confianza legítima, porque
el ministerio otorgó un trato diferente a situaciones semejantes.

61. Afirmó que el ministerio debió aplicar el criterio de precedente administrativo, o
explicar suficientemente por qué se apartaba de esos antecedentes, en lugar de
acudir al procedimiento de evaluación académica. Además, durante la evaluación
académica se transgredió la Ley 30 de 1992 y se incurrió en un error al valorar la
equivalencia del programa cursado con sus homólogos nacionales.

62. Para resolver estos reparos, la Sala recuerda que la motivación de los actos
administrativos es un elemento necesario para su validez según lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 1437 de 2011. La motivación debe ser “[…] clara, puntual y
suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre
al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de
los mismos […]”33.

63. Frente al vicio de nulidad del acto administrativo denominado falta de motivación,
esta corporación en la sentencia de 26 de julio de 201734 precisó que tal
irregularidad comprende un aspecto procedimental y formal que se produce ante la
omisión de la administración en hacer expresos o manifiestos los motivos del acto
administrativo, lo cual resulta indispensable para garantizar el derecho de defensa
y de contradicción del administrado. Por su parte, la falsa motivación ocurre cuando
no son verdaderos los fundamentos facticos o jurídicos que utilizó la administración
para soportar su decisión.

64. Nótese además que el debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, no solo garantiza a las personas la posibilidad de ejercer su
defensa, sino que también se articula de manera esencial con los principios de
igualdad y buena fe. En el marco de estos principios, la administración debe aplicar
los criterios de convalidación de manera uniforme frente a las solicitudes
comparables, y actuar de forma coherente, transparente y leal con sus propias
actuaciones, de modo que las decisiones que adopte no resulten arbitrarias ni
desconozcan las expectativas legítimas generadas en los administrados.

65. La Sala Plena de esta corporación estableció en la sentencia de 2 de mayo de
201835 que el juez ordinario, para analizar la transgresión del principio de igualdad,

33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 13 de junio de 2013. Radicación
núm. 25000-23-27-000-2007-00169-01 (17495). C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
34
Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Milton Chaves García, radicación núm.: 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326)
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. William Hernández Gómez. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2015-00110-00(REVPI).

13

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

debe valorar si entre actores en situaciones iguales se otorgó un trato diferente sin
justificación alguna, o si se brindó un trato igual, debiéndose adoptar uno
diferenciado, en virtud de las circunstancias disímiles.

66. El derecho a la igualdad es una garantía de naturaleza relacional, lo que trae
como consecuencia que quien pretenda la nulidad de un acto administrativo por
dicha causa debe demostrar una de dos circunstancias. Bien sea que la
administración no otorgó un trato igual a quienes se encontraban en las mismas
situaciones de hecho y de derecho, o que omitió adoptar una discriminación positiva
cuando era procedente36.

67. Esto implica que existen situaciones que, por sus particularidades y
características, no pueden ser objeto de comparación razonable. Por lo tanto, en
estos casos, no procede exigir un trato igualitario, dado que la diferencia de
contextos justifica un proceder distinto por parte de la administración.

68. En el caso concreto, se debe tener en cuenta que los criterios de convalidación
dispuestos en la Resolución 10687 de 2019 son: i) acreditación o reconocimiento
en alta calidad; ii) precedente administrativo y iii) evaluación académica.

69. La Sección Primera del Consejo de Estado en las sentencias de 18 de octubre
de 201237, 13 de marzo de 201438, 5 de marzo de 201539, 2 de junio de 201640 y 6
de noviembre de 202041 explicó que los criterios de convalidación de los títulos de
educación superior otorgados en el exterior, previstos en la reglamentación
aplicable, son de verificación jerárquica y excluyente. Esto significa que la
administración debe examinar la procedencia de cada criterio en el orden
establecido por la norma.

70. Frente al criterio de acreditación o reconocimiento en alta calidad, la Resolución
10687 explica:

“[…] Artículo 13. Criterio de acreditación o reconocimiento en alta calidad. Criterio
aplicable al proceso de convalidación, cuando la institución o el programa cursado del
título a convalidar, cuenten con acreditación o reconocimiento en alta calidad por
parte de una entidad gubernamental o estatal competente u organización
privada autorizada oficialmente para ello en el país de origen.

Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán
en un término no mayor a 60 días calendario contados a partir del día siguiente hábil
al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el
Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.

36
Corte Constitucional. Sentencia C-178 de 2014. M. P. María Victoria Calle Correa.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González.
Radicación núm. 11001-03-24-000-2009-00376-00.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicación núm.
11001-03-24-000-2010-00166-00.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación
núm. 11001-03-24-000-2009-00355-00.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González.
Radicación núm. 11001-03-24-000-2014-00343-00.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00215-00.

14

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

Artículo 14. Convalidación de títulos de programas o instituciones acreditadas o
reconocidas en alta calidad. Para la aplicación del criterio de convalidación por
programas o instituciones acreditadas o reconocidas en alta calidad, se debe cumplir
una de las siguientes condiciones:

a) Que la institución o el programa que confiere el título cuente con acreditación
de calidad por una entidad gubernamental competente u organización privada
autorizada oficialmente por la autoridad competente para ello en el país de
origen del título.

b) Que la institución o el programa que confiere el título, cuenten con un
reconocimiento oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad
gubernamental competente u organización privada autorizada oficialmente por
la autoridad competente en el país de origen del título.

Una vez cumplida una de las anteriores condiciones, el Ministerio de Educación
Nacional, mediante resolución motivada, decidirá de fondo la solicitud, convalidando
el título por aplicación del Criterio de Acreditación o Reconocimiento de Calidad, la
cual será notificada en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo o el que haga sus veces.

Parágrafo. La fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del
término de vigencia de la acreditación o del reconocimiento de la institución o
del programa académico. […]” (negrilla fuera del texto).

71. Sobre el criterio de precedente administrativo, la Resolución 10687 consideró:

“[…] Artículo 15. Criterio de precedente administrativo. Criterio aplicable cuando el
título sometido a convalidación coincide con títulos que han sido evaluados
académicamente por la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) o el órgano
evaluador que el Ministerio de Educación Nacional designe para ello, siempre
y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la
presente resolución.

Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán
en un término no mayor a 120 días calendario, contados a partir del día siguiente
hábil al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima
en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.

Artículo 16. Convalidación de títulos por precedente administrativo. Para la
aplicación del criterio de convalidación por precedente administrativo, se deben
cumplir las siguientes condiciones:

a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir, tener la misma
denominación, contenidos, carga horaria, duración de los períodos
académicos, número de créditos y modalidad.

b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.

c) Deben existir al menos 3 evaluaciones académicas con concepto favorable de
convalidación, en las que se determine: i) que se trate de la misma denominación;
ii) contenidos; iii) carga horaria total del programa académico; iv) duración de los
periodos académicos; y, v) modalidad.

15

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

d) No debe existir una diferencia superior a 4 años, entre la fecha de
otorgamiento del título sometido a convalidación y al menos una de las 3
evaluaciones académicas a las que se refiere el literal c) del presente artículo.

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones señaladas anteriormente, la
solicitud de convalidación se resolverá en el mismo sentido de las decisiones que
sirvieron como referencia.

Parágrafo. El acto administrativo mediante el cual se resuelve un proceso de
convalidación al que se le aplicó el criterio de precedente administrativo no puede
servir de soporte para una solicitud posterior de convalidación. […]” (negrilla fuera del
texto).

72. En cuanto al criterio de evaluación académica, se precisó:

“[…] Artículo 17. Criterio de evaluación académica. Criterio aplicable al proceso de
convalidación, mediante el cual la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) o el órgano
evaluador que el Ministerio de Educación Nacional designe para el efecto,
estudia, valora y emite un concepto sobre la formación académica adquirida en
el exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el
territorio nacional, que permita o niegue la convalidación del título.

Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán
en un término no mayor a 180 días calendario, contados a partir del día siguiente
hábil al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima
en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.

Artículo 18. Convalidación de títulos por evaluación académica. El presente criterio
tiene como finalidad, estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación
académica adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los programas
ofertados en el territorio nacional, que permitan o nieguen la convalidación del título,
a través de un análisis técnico integral, en el que se evalúan aspectos como: i)
contenidos; ii) carga horaria del programa académico; iii) duración de los
períodos académicos; y, iv) modalidad.

La evaluación académica también resulta procedente para: i) determinar con
certeza el nivel académico o de la formación obtenida; ii) establecer la
denominación del título a convalidar; iii) establecer el área y núcleo básico del
conocimiento, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema
Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) o el que haga sus
veces; iv) aclarar evaluaciones académicas, anteriores o presentes, que sean
contrarias respecto de títulos con la misma denominación; o, v) establecer la
existencia de diferencias o similitudes entre títulos obtenidos por un mismo
solicitante, en virtud de programas que otorguen doble titulación del mismo
nivel de formación.

Parágrafo. Si a la solicitud de convalidación no se le puede aplicar el criterio de
acreditación o reconocimiento en alta calidad, o el de precedente
administrativo, la misma será sometida al criterio de evaluación académica.
[…]” (negrilla fuera del texto).

73. En el presente proceso se demostró que el demandante solicitó el 21 de abril de
2020 al Ministerio de Educación Nacional la convalidación del título de Doctor en
Educación ofrecido por la Universidad de Baja California de México.

16

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

74. El plan de estudios de ese programa, obrante en el plenario y allegado por el
demandante en el trámite de convalidación, es del siguiente tenor:

“[…]

[…]

[…]

[…]

17

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

[…]” (negrilla fuera del texto).

75. La CONACES realizó la evaluación de la solicitud de convalidación de ese título
en la sesión 24 de septiembre de 2020. En esa evaluación, se recomendó no
convalidar el título por las siguientes razones:

“[…] 4. Aspectos Académicos (Argumentación)

(...) El solicitante es ciudadano Colombiano y tramita convalidar el título de Doctor en
Educación, conferido por la Universidad de Baja California, de México, el día 21 de
mayo de 2018. El programa que se solicita convalidar se cursó en modalidad no
escolarizada. El solicitante acredita título de pregrado de Licenciado en Filosofía y
Letras otorgado por la Universidad de Nariño el día 27 de septiembre de 2008. En la
documentación aportada no se presenta información sobre contenidos de las
asignaturas y carga horaria (horas teóricas, teórico-prácticas y prácticas).

4.1 Requisito de Ingreso

No se presenta información al respecto si bien el convalidante acredita título de
pregrado de Licenciatura en Colombia.

4.2 Contenidos del programa académico

En la documentación allegada no se precisan los contenidos de los diferentes
espacios académicos seguidos en el Programa.

4.3 Asignaturas cursadas

El Programa fue cursado por el convalidante entre los años 2014 y 2015 y las
asignaturas cursadas y aprobadas son: Equidad y Calidad Educativa, Liderazgo y

18

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

Gestión Educativa, Metodología de la Investigación Científica, Filosofía de la Ciencia,
Reformas y Políticas Educativas, Seminario de Tesis Doctoral I, Estadística aplicada
a la ciencia. Seminario de Tesis Doctoral II, Evaluación de la Calidad Educativa y
Economía de la Educación. No se indica información sobre el número de créditos de
cada espacio académico ni la dedicación total al programa discriminada en horas con
tutor y en horas de trabajo autónomo.

4.4 Duración del programa 4.4.1 Cargas horaria

4.5 Número de créditos
No se allega información

4.6 Prácticas
En la documentación aportada, no se presenta información sobre actividades
prácticas.

4.7 Investigaciones
Dado que no se reporta información sobre créditos académicos y sobre los
contenidos de los diferentes espacios académicos que conforman el plan de estudios
en el Programa que se solicita convalidar, no es posible conceptuar sobre la
estructura investigativa seguida para lograr el título de Doctor en Educación.
Se reporta información sobre el desarrollo de un proyecto de grado titulado
“Disertaciones en torno a educación y posmodernidad. El influjo del
neoliberalismo en la enseñanza de los contextos latinoamericanos”.

4.8 Coherencia del nombre del título y del certificado de asignaturas con el plan de
estudios cursado

No es posible emitir un concepto sobre la coherencia entre el título de Doctor
en Educación y las asignaturas registradas en el plan de estudios debido a que
no se conocen los contenidos abordados en cada espacio académico.

5. Concepto Técnico
De conformidad con los argumentos expuestos, se recomienda al Ministerio de
Educación Nacional: No Convalidar

6. Explicación Del Concepto
No se presenta información suficiente y oportuna y en consecuencia, la Sala de
Evaluación de Educación de la CONACES, recomienda al Ministerio de Educación
Nacional NO Convalidar el título de Doctor en Educación conferido por la Universidad
de Baja California (México) […]” (negrilla fuera del texto).

76. Con fundamento en lo anterior, el ministerio negó esa convalidación a través de
la Resolución 019021 de 7 de octubre de 202042.

77. Inconforme con esa decisión, el demandante presentó recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación. En su recurso afirmó que el ministerio desconoció que
había allegado oportunamente la documentación requerida para el trámite de
convalidación, la cual aportó nuevamente con el escrito de impugnación.

78. Sostuvo que el concepto técnico de la CONACES partió de una premisa
equivocada, al señalar que no existía información sobre contenidos, intensidad
horaria, créditos, prácticas y actividades de investigación. Esos elementos estaban
incluidos en el Programa Académico y en el Plan de Estudios del Doctorado en

42
“[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]”.

19

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

Educación de la Universidad de Baja California, documentos en los cuales se
describían las asignaturas, temas, subtemas, duración del ciclo semestral,
objetivos, recursos, criterios de evaluación y perfil académico del catedrático.

79. Agregó que, aunque para la convalidación de títulos de posgrado no era
necesario aportar el título de maestría, adjuntó esa documentación para los fines
pertinentes. También indicó que la información relativa al número de créditos, horas
de trabajo autónomo, duración del programa y actividades prácticas se encontraba
en los anexos del recurso.

80. En consecuencia, alegó el ministerio debía realizar una valoración integral y
objetiva de los documentos cargados en la plataforma VUMEN y de los anexados
al recurso, entre ellos los diplomas de pregrado, maestría y doctorado, el acta de
grado, las apostillas, el certificado de notas, la constancia de terminación de
estudios, el programa académico, el plan de estudios, el formato de productos de
investigación y la tesis doctoral. Esa tesis, en su criterio, generó impacto en la
academia.

81. Frente a esos reparos, CONACES conceptuó en el acta de 20 de abril de 2021
que, una vez analizada integralmente la información aportada por el convalidante y
contrastada con la normativa vigente en Colombia, el programa de Doctorado en
Educación cursado en la Universidad de Baja California no cumplía con las
condiciones básicas exigidas para los programas doctorales en el campo de la
educación en el país.

82. La comisión advirtió que la carga académica del programa era inferior a la
requerida en Colombia, pues acreditaba una dedicación total de 1600 horas,
mientras que los doctorados nacionales en educación tienen una exigencia superior
a 3840 horas. La formación investigativa también era insuficiente debido a que el
programa destinaba 10 créditos, equivalentes al 10% del plan de estudios, e
incluyendo los seminarios de tesis doctoral, la dedicación era del 20%.

83. Indicóque no se acreditaron actividades complementarias propias de la
formación doctoral, como pasantías, estancias de investigación, ponencias,
artículos en revistas indexadas, capítulos de libro o libros, ni se evidenció la
exigencia de dominio de un idioma extranjero. Por ello, al no encontrar información
sustancialmente diferente a la valorada en el concepto inicial, reiteró la existencia
de diferencias significativas entre el programa cursado y los doctorados nacionales,
y recomendó no reponer la decisión que negó la convalidación.

84. Del concepto se destacan los siguientes apartados:

“[…] La Sala de Evaluación de Educación estudió, a partir de la normatividad vigente
en Colombia para programas a nivel de doctorado, el recurso de reposición
presentado consideró para el análisis la información aportada por el
convalidante, así como la dispuesta en los sistemas de información.
NOMBRE DEL PROGRAMA: Doctorado en Educación.
NIVEL DE FORMACIÓN: Posgrado (Doctorado)
METODOLOGÍA: No escolarizada.

20

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

CONTENIDO DEL PROGRAMA: En la certificación de terminación de estudios,
allegada por el convalidante, se establece que cursó y aprobó 10 módulos entre el
año 2014 y 2015, es decir dos años. Los módulos que curso en el año 2014 son
Equidad y Calidad Educativa (Créditos Académicos 10), Liderazgo y Gestión
Educativa (Créditos Académicos 10), Filosofía de la Ciencia (Créditos Académicos
10) Metodología de la Investigación Científica (Créditos Académicos 10), Reformas
y Políticas Educativas (Créditos Académicos 10). Los módulos que cursó y aprobó
en el 2015 son Estadística Aplicada a la Ciencia (Créditos Académicos 25), Seminario
de Tesis Doctoral I (Créditos Académicos 10), Seminario de Tesis Doctoral II
(Créditos Académicos 10), Evaluación de la Calidad Educativa (Créditos Académicos
10) y Economía de la Educación (Créditos Académicos 10). Lo anterior, en la
certificación de estudios, entonces señala que el convalidante cursó y aprobó
100 créditos académicos, y una dedicación de 1600 horas.

CARGA DE TRABAJO ACADÉMICO: Con base la documentación adjuntada por el
peticionario, se identifican que el programa de doctorado objeto estudio, acorde con
el plan de estudios con ingreso de especialidad o maestría, está diseñado para 2
años con una dedicación de 1600 horas.

El anterior hecho comparado con los programas ofertados en Colombia, a nivel
de doctorado en el área de la educación, resulta distinto en su dedicación, toda
vez que la exigencia en tiempo en promedio para el desarrollo del programa
son 3840 horas, en un tiempo mínimo de 3 años. Refiere 10 asignaturas, que al
revisarlas con el plan de estudios da un total de 100 créditos, donde el número de
horas dedicadas a la formación (1600) son significativamente menores a las 3840
horas que en promedio se dedican a la formación, en Colombia, en programas
de posgrado a nivel de doctorado.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN: La documentación señala que el objetivo general,
del programa objeto de estudio, es formar doctores, investigadores y especialistas en
educación, con rigurosa formación metodológica, capaces de realizar investigación y
hacer aportes originales que contribuyan a fortalecer la educación pública y los
procesos de gestión institucional para alcanzar la calidad educativa en los diferentes
niveles del sistema educativo nacional e internacional.

PERFIL DE EGRESO: En la documentación allegada se identifica que el egresado
tendrá una formación académica en los campos relacionados con el conocimiento,
las habilidades, las actitudes y los valores. Tendrán conocimiento de/por las técnicas
metodológicas para la formulación y desarrollo de proyectos de investigación
científica, las principales teorías filosóficas aplicadas a la ciencia, número de los de
gestión y administración de sistemas educativos, el estado que guarda la calidad y la
equidad educativa en México y América Latina entre otras. Habilidades para diseñar,
aplicar, desarrollar y dirigir proyectos de investigación, analizar e interpretar
información estadística con el programa informático SPSS entre otras. Actitudes de
vocación, compromiso, honestidad, solidaridad, libertad y respeto.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Revisada la documentación, el convalidante no
reporta interacción con comunidades académicas que estén directamente
relacionadas con la tesis adelantada en el programa de doctorado objeto de
estudio. Como ya indicó, la interacción académica en los programas a nivel de
doctorado, en Colombia, es un aspecto relevante que hace parte de la formación
integral de los doctorados y que usualmente se exige en el momento de
postular su candidatura. Adicionalmente, de acuerdo al perfil de ingreso y de
egreso, no se exige en el programa doctoral el dominio básico de un idioma
extranjero ni se incluye en el plan de estudios.

La normatividad vigente en Colombia para los programas de posgrado a nivel de
doctorado, establece que deben tener como fundamento y ámbito de su

21

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

actividad la investigación. En general, los doctorados se desarrollan en un
tiempo de 3 a 5 años, dedicando un tiempo razonable cada semestre a su
formación, lo que usualmente equivale a una dedicación de tiempo completo
de 40 horas semanales (máximo 48 horas semanales). En cuanto al plan de
estudios, los programas a nivel de doctorado en Colombia dedican a la
formación en investigación, en promedio, el 40% de los créditos académicos;
en caso que se incorporen espacios académicos relacionados directamente
con la ejecución propia de la tesis de investigación, el promedio dedicado
puede superar el 60% de los créditos académicos del plan de estudios (en
algunos casos puede llegar al 80%). En los programas de formación a nivel de
doctorado, en Colombia, se caracteriza por incorporar obligatoriamente, para obtener
su estatus de candidato a doctor, actividades complementarias cuyo objetivo es que
el futuro doctor interactúe con comunidades académicas; éstas interacciones
pueden ser estancias o pasantías de investigación, ponencias en eventos
nacionales o internacionales, producción académica en libros, capítulos del
libro o revistas especializadas indexadas, adicionalmente exigen un dominio
básico de algún idioma extranjero.

En relación con la dedicación del convalidante a la investigación, formal y
explícitamente sin considerar asignaturas relacionadas directamente con la tesis, en
el programa objeto de convalidación se encuentra que cursó el módulo de
metodología de la investigación científica, lo que equivale a 10 créditos
académicos del total del plan de estudios (100 créditos académicos),
dedicación que resulta ser significativamente inferior al promedio de créditos
académicos dedicados formal y explícitamente a la investigación de los
programas a nivel de doctorado en Colombia, quienes dedican en promedio
más del 40% de los créditos académicos (en promedio más de 1536 horas) del
plan de estudios a través de espacios académicos sin incluir los que se
relacionan directamente con la tesis de doctorado. En caso de considerar, en
el programa objeto de estudio, las asignaturas Seminario de Tesis Doctoral I y
Seminario de Tesis Doctoral II, la dedicación asciende a 20 créditos académicos
(320 horas), lo cual es un número inferior al ser comparada con el 60% (en
algunos casos el 80%), lo que equivale en promedio a 2304 horas, de los créditos
académicos que dedican los programas a nivel de doctorado en Colombia a la
formación en investigación a través de espacios académicos que lo forman en
investigación y ellos se relacionan directamente con el desarrollo de su tesis doctoral.

Con todo lo anterior, considerando la información aportada por el convalidante, así
como la existente en los sistemas de información, en el programa en estudio no se
evidencia una correspondencia entre la carga académica, el trabajo académico, el
plan de estudios, el perfil de egreso, los propósitos de formación, en especial con lo
relacionado a la formación en investigación requerida para el nivel de doctorado.

Por otra parte, en los documentos aportados por el convalidante en el recurso
interpuesto, no se evidencia información sustancialmente diferente a la que fue
considerada para emitir el concepto previamente reportado. […]” (negrilla fuera del
texto).

85. Con fundamento en ese concepto, mediante Resolución 008945 de 21 de mayo
de 202143, se resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de
confirmar la decisión de no convalidar los estudios.

86. Respecto del procedimiento de evaluación académica, la parte motiva de ese
acto señaló lo siguiente:

43
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 019021 del 07
de octubre de 2020 […]”.

22

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

“[…] 1. De conformidad con lo expresado en los artículos 17 y 18 de la Resolución
10687 de 9 de octubre de 2019, regulatoria del procedimiento promovido por el
recurrente, si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios de
postgrado que se pretenden convalidar o su denominación, el caso debe ser
sometido a “Evaluación Académica” por la “Comisión Nacional Intersectorial
para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior —CONACES”,
órgano Asesor al cual se atribuyó la tarea de hacer las presiones aclaratorias
correspondientes; sin perjuicio de que el Ministerio de Educación Nacional, de
considerarlo pertinente, pudiere a someter el examen del tema, a otros órganos,
pares, evaluadores o asociaciones.

En consonancia con lo expuesto, los artículos 17 y 18, de la citada resolución
prescribe: […]

Por consiguiente, dando alcance al procedimiento citado, la solicitud de convalidación
fue sometida a consideración de la CONACES, con el objetivo de determinar su
viabilidad; organismo que luego de hacer las valoraciones pertinentes,
recomendó al Ministerio de Educación Nacional “No Convalidar”; por
considerar que los estudios realizado por el solicitante, carecen de los
requisitos exigidos en los programas ofertados en Colombia; habiendo
soportado tal sugerencia en las razones que fueron precisadas en la
Resolución recurrida.

No obstante lo anterior, a propósito del Recurso de Reposición y en subsidio
Apelación cuyo análisis nos ocupa, teniendo en cuenta los argumentos expuestos y
la información allegada por el impugnante, nuevamente se sometió su solicitud de
convalidación a análisis por la CONACES, organismo que mediante concepto de 20
de abril de 2021, insistió en sugerir que fuera negada la convalidación deprecada,
con fundamento en razonamientos que literalmente expresó así: […]

Como puede observarse, luego de efectuarse la valoración a los argumentos
esgrimidos por el recurrente mediante el documento allegado, el concepto de la
CONACES se mantiene en el sentido de recomendar la no convalidación del
título sometido a consideración, puesto que no se logró evidenciar que el
programa académico cursado por el recurrente cumpla con los requisitos y el
desarrollo de competencias exigidas para la obtención de dicho título en
Colombia.

De otra parte, en lo que respecta al trabajo de investigación y competencias
investigativas, atendiendo lo dispuesto en las normas mencionadas en el concepto
emitido por la CONACES, esto es, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, de
estas se puede concluir que los programas de Doctorado deben culminar con un
trabajo de investigación.

Es procedente para el presente asunto traer a colación lo dispuesto en el artículo
2.5.3.2.6.6. del Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector educación,
en cual establece lo siguiente:

“Programas de doctorado. Un programa de doctorado tiene como propósito la
formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma
autónoma procesos académicos e investigativos en un área específica del
conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar conocimientos, actitudes
y habilidades propias de este nivel de formación. Los resultados de las
investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación deben contribuir al
avance del conocimiento, de acuerdo con lo contemplado en el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología o el que haga sus veces.”.

De la norma antes transcrita se puede concluir que la evaluación académica
adelantada por la CONACES se dio en estricta observancia de la normatividad

23

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

vigente, puesto que dentro del análisis de la documentación aportada por el
recurrente no fue posible evidenciar una investigación correspondiente
dedicada en créditos a lo exigido en el país, así como tampoco se evidencia
una correspondencia del producto resultado del aprendizaje con el nivel de
formación doctorado.

Se debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1188 de
2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.1.3.3 del Decreto 1075
de 2015, las competencias de la CONACES están relacionadas con el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Así mismo, el artículo
13 de la Resolución 10414 de 2018, proferida por este Ministerio, consagra lo
siguiente:

“Funciones generales de las Salas de Evaluación. De acuerdo con su naturaleza, son
funciones generales de las Salas de Evaluación: (…) 3. Apoyar el proceso de
evaluación de convalidación de títulos de educación superior y de los
programas de formación complementaria, requeridos por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme las normas vigentes que rigen y reglamenten el
procedimiento en la materia, emitiendo para ello conceptos de recomendación que el
Ministerio requiera”. […]” (negrilla fuera del texto).

87. Sobre la aplicabilidad de los criterios de convalidación de programa acreditado
y precedente administrativo, se consideró:

“[…] Considerando que el título de DOCTOR EN EDUCACIÓN fue otorgado por la
UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA, se pudo establecer que no se encontraba
acreditado, y del mismo modo, que este Ministerio no ha realizado anteriores
pronunciamientos que permitan aplicar el criterio de precedente administrativo
conforme a la Resolución 10687 de 2019; por tanto, era procedente aplicar el
criterio de evaluación académica, cabe aclarar que en algunas circunstancias es
obligatoria su aplicación como acontece con los títulos propios, títulos del área de la
salud, pregrados en derecho, pregrados en contaduría pública, o pregrados en
pedagogía. […]” (negrilla fuera del texto).

88. Frente a la transgresión del derecho al debido proceso se dijo:

“[…] De acuerdo a lo anterior, es importante recalcar que la decisión de no convalidar
el título académico aportado, se adoptó como resultado de un proceso que
cuenta con todas las garantías del debido proceso, como está establecido por
mandato constitucional en el artículo 29 de nuestra Carta Política y que el
mismo contiene tanto unas garantías mínimas previas como posteriores, como
bien lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia C- 034 de 2014, en el
siguiente sentido:

“... Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que
necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o
procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad
a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la
imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado,
las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez
jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y
la jurisdicción contenciosa administrativa.” (Subrayado por fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, este Ministerio no encuentra vulneración alguna al
respecto, por cuanto, la decisión adoptada se encuentra ajustada al principio
de legalidad, en virtud del cual los procesos deben adelantarse en la forma
establecida en la ley y gozó de las garantías que demanda el debido proceso
administrativo, concediéndole al recurrente la oportunidad de ejercer su

24

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

derecho de contradicción y defensa mediante la interposición de recursos
frente la decisión adoptada.

Es claro que este Ministerio no puede ejercer funciones de inspección y
vigilancia de instituciones de educación superior extranjeras, por lo cual no
puede otorgar la convalidación de títulos académicos extranjeros, basándose
únicamente en el principio de la autonomía universitaria, siendo indispensable
que los mismos surtan el proceso de convalidación estatuido para este efecto, sin
que ello implique que se esté vulnerando la autonomía universitaria.

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar lo establecido en el artículo 26 de la
Constitución Nacional, donde la Honorable Corte Constitucional se ha referido al
respecto de la idoneidad de los títulos:
“(…) Lo expuesto se fundamenta en que el constituyente supone que las profesiones
van ligadas a una necesaria cuota de escolaridad, la cual se presentaría como
garantía de aptitud para realizar la labor profesional. De esa manera se reduce el
riesgo social que puede implicar para la sociedad el ejercicio de una actividad
profesional.

(…) En ese orden de ideas, las fronteras que demarcan el derecho del ejercicio de
una profesión son el respeto por los derechos ajenos y la protección de los riesgos
sociales. Esto explica que la Constitución autorice formas de regulación de las
profesiones y de ciertos oficios como reconocimiento de la necesaria formación
académica y riesgo de carácter social de estas actividades.”44

Es así como la Corte Constitucional ha dicho que la reserva de control de
inspección en la convalidación de títulos extranjeros, obedece claramente a la
exigencia de títulos de idoneidad que en el territorio Nacional se hace a los
profesionales y que dicho título de idoneidad no es una mera exigencia
potestativa sino necesaria, en el que se analiza que se haya cumplido con
determinados requisitos que se exigen en la formación académica a fin de
“proteger a la colectividad en general para que no resulte afectada por el
inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando que las personas que
se anuncian para ello están en capacidad suficiente para desempeñarse en ese
campo, es decir, son idóneas, y proteger así a toda la sociedad controlando las
profesiones para que con estas labores o actividades no se cause daño o
perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la
integridad física de las personas.”45

Cabe indicar que la Corte ha manifestado que la reserva de control de inspección en
la convalidación de títulos extranjeros, obedece claramente a la exigencia que en el
territorio nacional se hace a los profesionales, a los cuales se les exige títulos de
idoneidad, y que dicho título no es una mera exigencia potestativa sino necesaria, en
la que se analiza que se haya cumplido con determinados requisitos que se exigen
en la formación académica a fin de:

“(…) proteger a la colectividad en general para que no resulte afectada por el
inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando que las personas que
se anuncian para ello están en capacidad suficiente para desempeñarse en ese
campo, es decir, son idóneas, y proteger así a toda la sociedad controlando las
profesiones para que con estas labores o actividades no se cause daño o
perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la
integridad física de las personas”46.

Todo lo anterior, sin ignorar además que la principal razón para someter a evaluación
académica el asunto sub examine, está íntimamente ligada a la necesidad y

44
Corte Constitucional, Referencia: Demanda D-441. Sentencia C-226 de 1994.M.P. Alejandro Martinez Caballero.
45
Ibíd.
46
Corte Constitucional, Referencia: Expediente D-1366. Sentencia C-050 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.

25

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional como entidad encargada, entre
otras funciones, de ejercer la Inspección y Vigilancia de las Instituciones de
Educación Superior en el país, con la particularidad de que, como no le es posible
ejercer dicho control frente a instituciones de educación extranjeras, es necesario,
lógico y viable que se encargue de ejercer cierto control sobre los títulos que
convalida para determinar la idoneidad de los mismos; […]

Finalmente, es importante aclarar que mediante la convalidación de títulos en
Colombia no se pretende declarar la idoneidad de las personas, ni cuestionar la
formación obtenida en el extranjero, sino que se trata de someter a estudio el
título, a fin de establecer si cumple con las condiciones académicas y de
formación que se exigirían en Colombia para este tipo de titulación, teniendo
en cuenta las condiciones de calidad que se imponen a los programas que se
imparten en el país y que son ofertados de conformidad con la Ley, es decir,
que previamente han sido objeto de análisis y otorgamiento de los respectivos
registros de funcionamiento y según los cuales, se debe cumplir con unas
condiciones de formación que comprenden tiempos de dedicación, prácticas
de cada especialidad, créditos, formación previa, entre otras exigencias para
lograr la respectiva titulación, lo cual no se encontró demostrado en el presente
caso. […]” (negrilla fuera del texto).

89. El ministerio en la Resolución 015982 de 27 de agosto de 202147, resolvió el
recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial. De la parte motiva
de ese acto se destaca lo siguiente:

“[…] Efectuado el control oficioso de legalidad de las actuaciones administrativas
surtidas en el proceso convalidación cuyo análisis nos ocupa, se observa el
cumplimiento del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
así como lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en lo pertinente, y en la Resolución aplicable al
procedimiento de convalidación sub exámine; razón por la cual, este Despacho no
encuentra nulidad alguna que invalide lo actuado.
La negación de la solicitud de convalidación en el marco del procedimiento
administrativo en cuestión, no impide someter el mismo título académico a una nueva
valoración por parte del Ministerio de Educación Nacional, en procura de ello;
empero, con sujeción a las exigencias que en su momento prescriban las
disposiciones regulatorias de la materia. […]”.

90. La Sala pone de presente que el 11 de septiembre de 2023 Ministerio de
Educación Nacional presentó la prueba decretada en la audiencia inicial, conforme
a la cual debía presentar “[…] todas las resoluciones convalidadas bajo el mismo
programa y la misma universidad, en los últimos ocho años, hasta la fecha […]”
(negrilla del texto).

91. Dicha información cuenta con información reservada de terceros que no hacen
parte del proceso48. Por ello, la Sala elaboró la siguiente base de datos en la que
se evidencia que ninguno de esos antecedentes cumple con los requisitos para
aplicar el criterio de precedente conforme a lo dispuesto en el artículo la Resolución
10687, veamos:

47
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
48
Cfr. Índice 46 del expediente digital de segunda instancia. Cabe destacar que el demandante citó en la demanda las
Resoluciones 9420 de 11 de mayo de 2016, 15749 y 15758 de 11 de agosto de 2017, 00663 de 23 de enero de 2018, 00265
de 15 de enero de 2018, 10520 de 4 de octubre de 2019 y 44099 de 25 de septiembre de 2020 como precedentes
administrativos en donde el ministerio convalidó el título de doctorado en educación a otras personas. Sin embargo, no aportó
dichos actos y cuando el ministerio presentó la prueba respectiva guardó silencio. Por ende, se efectúa el cotejo a partir de lo
acreditado en el plenario.

26

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

Resolución Título convalidado Normatividad Criterio de
aplicable convalidación
Resolución 001666 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 9 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 001684 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 9 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 001685 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 9 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 001697 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 9 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 001701 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 9 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 001718 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 9 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado 2019 alta calidad.
la cual se resuelve por la Universidad
una solicitud de de Baja California,
convalidación”. México el 1.º de
junio de 2022
Resolución 002349 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 16 de febrero de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 003771 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
6 de marzo de 2023 EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
“Por medio de la otorgado por la 2019 alta calidad.
cual se resuelve una Universidad de Baja

27

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 003804 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 6 de marzo de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 003811 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 6 de marzo de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 003906 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 7 de marzo de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 003913 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
7 de marzo de 2023 EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
“Por medio de la otorgado por la 2019 alta calidad.
cual se resuelve una Universidad de Baja
solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 005016 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 29 de marzo de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 005022 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 29 de marzo de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 005028 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 29 de marzo de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 05632 DOCTORA EN Resolución 06950 Caso similar
de 27 de marzo de EDUCACIÓN del 15 de mayo de
2017 “Por medio de otorgado por la 2015
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 7 de septiembre de
2015

28

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

Resolución 06097 DOCTOR EN Resolución 06950 Caso similar
de 9 de abril de 2018 EDUCACIÓN del 15 de mayo de
“Por medio de la otorgado por la 2015
cual se resuelve una Universidad de Baja
solicitud de California, México el
convalidación”. 18 de noviembre de
2016
Resolución 07165 DOCTOR EN Resolución 06950 Caso similar
de 15 de abril de EDUCACIÓN del 15 de mayo de
2016 “Por medio de otorgado por la 2015
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 12 de agosto de
2015
Resolución 007406 MÁSTER Resolución 10687 acreditación o
de 5 de mayo de UNIVERSITARIO del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de EN TECNOLOGÍA 2019 alta calidad.
la cual se resuelve EDUCATIVA Y
una solicitud de COMPETENCIAS
convalidación”. DIGITALES
otorgado por la
Universidad
Internacional De la
Rioja, España el 24
de agosto de 2020
Resolución 007514 MÁSTER Resolución 10687 acreditación o
de 5 de mayo de UNIVERSITARIO del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de EN 2019 alta calidad.
la cual se resuelve COMUNICACIÓN
una solicitud de YMARKETING
convalidación”. POLÍTICO otorgado
por la Universidad
Internacional De la
Rioja, España el 20
de diciembre de
2021
Resolución 007878 Desarchivo de
de 6 de mayo de solicitud de
2021 “Por medio de convalidación
la cual se resuelve
el recurso de
reposición
interpuesto en
contra del Auto de
Archivo
del 10 de noviembre
de 2020”.
Resolución 010380 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 26 de junio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja

29

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

una solicitud de California, México el
convalidación”. 4 de noviembre de
2019
Resolución 011393 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 12 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 31 de mayo de
2021
Resolución 011415 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 12 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 011500 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 12 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 011785 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 13 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 4 de marzo de 2020
Resolución 011787 DOCTORA EN Resolución 10687 acreditación o
de 13 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 011789 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 13 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 012569 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 24 de julio de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 1.º de junio de 2022
Resolución 013430 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 1.º de agosto de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
California, México el

30

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

una solicitud de 15 de noviembre de
convalidación”. 2022
Resolución 013798 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 4 de agosto de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 3 de junio de 2022
Resolución 013798 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 4 de agosto de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 3 de junio de 2022
Resolución 013799 DOCTOR EN Resolución 10687 acreditación o
de 4 de agosto de EDUCACIÓN del 09 de octubre de reconocimiento en
2023 “Por medio de otorgado por la 2019 alta calidad.
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 3 de junio de 2022
Resolución 20223 DOCTORA EN Resolución 06950 Caso similar.
de 3 de octubre de EDUCACIÓN PH.D. del 15 de mayo de
2017 “Por medio de otorgado por la 2015
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 3 de octubre de
2016
Resolución 23257 DOCTORA EN Resolución 06950 Caso similar.
de 31 de octubre de EDUCACIÓN PH.D. del 15 de mayo de
2017 “Por medio de otorgado por la 2015
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California México el
convalidación”. 3 de octubre de
2016
Resolución 23623 DOCTORA EN Resolución 06950 Caso similar.
de 31 de octubre de EDUCACIÓN del 15 de mayo de
2017 “Por medio de otorgado por la 2015
la cual se resuelve Universidad de Baja
una solicitud de California, México el
convalidación”. 18 de noviembre de
2016
Resolución 24201 Niega DOCTOR EN Resolución 06950 Evaluación
de 28 de diciembre EDUCACIÓN del 15 de mayo de académica.
de 2016 “Por medio otorgado por la 2015
de la cual se Universidad de Baja
resuelve una California, México el
solicitud de 15 de febrero de
convalidación”. 2016

92.Como puede apreciarse, la solicitud de convalidación presentada por el
demandante debía estudiarse bajo el criterio de evaluación académica y no por

31

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

precedente administrativo, porque no se acreditaron los presupuestos exigidos por
los artículos 15 y 16 de la Resolución 10687 de 2019.

93. Según el artículo 16 ibidem: i) “[…] Debe tratarse del mismo programa
académico, es decir, tener la misma denominación, contenidos, carga horaria,
duración de los períodos académicos, número de créditos y modalidad […]”; ii) “[…]
Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título […]”; iii) “[…] Deben existir
al menos 3 evaluaciones académicas con concepto favorable de convalidación, en
las que se determine: i) que se trate de la misma denominación; ii) contenidos; iii)
carga horaria total del programa académico; iv) duración de los periodos
académicos; y, v) modalidad […]”; iv) “[…] No debe existir una diferencia superior
a 4 años, entre la fecha de otorgamiento del título sometido a convalidación y al
menos una de las 3 evaluaciones académicas a las que se refiere el literal c) del
presente artículo […]”.

94. En el presente caso el ministerio verificó que no existían tres evaluaciones
académicas, con concepto favorable respecto del mismo programa, institución,
denominación, contenidos, carga horaria, duración, número de créditos y
modalidad, al cursado por el demandante. La mayoría de las resoluciones citadas
correspondían a convalidaciones efectuadas bajo el criterio de acreditación o
reconocimiento en alta calidad, y otras bajo el criterio de caso similar, previsto en
una reglamentación no aplicable.

95. Esa circunstancia impide tener dichos actos como precedentes administrativos
en los términos de la Resolución 10687 de 2019, pues el artículo 15 de esa
normativa exige que el título sometido a convalidación coincida con títulos que
hayan sido evaluados académicamente por la CONACES o por el órgano evaluador
correspondiente, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 16 ibidem.

96. Además, conforme a los artículos 13 y 14 de la Resolución 10687 de 2019, para
la aplicación del criterio de acreditación o reconocimiento en alta calidad se requiere
que la institución o el programa que confiere el título cuente con acreditación o
reconocimiento de calidad por parte de una autoridad competente u organización
autorizada en el país de origen, y que la fecha de obtención del título esté
comprendida dentro del término de vigencia de esa acreditación o reconocimiento.

97. En el expediente tampoco se demostró que, para el momento en que el
demandante obtuvo su título, el programa o la Universidad de Baja California
contaran con dicha acreditación vigente. En consecuencia, no se configuró un trato
desigual frente a situaciones iguales. La diferencia de trato obedeció a que los
casos invocados por el demandante fueron resueltos con fundamento en criterios
distintos o bajo normativas anteriores, mientras que su solicitud debía analizarse
conforme a la Resolución 10687 de 2019 y a las pruebas disponibles en el
expediente.

98. La Sala tampoco advierte un desconocimiento de la Ley 30 de 1992 o de los
artículos 27 y 209 de la Constitución política, en desarrollo de la evaluación

32

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

académica practicada al demandante. CONACES examinó aspectos relacionados
con los contenidos, la carga académica, el número de créditos, la duración del
programa, la modalidad, las actividades investigativas, el perfil de egreso y la
correspondencia del título con los estándares exigidos para programas doctorales
en Colombia.

99. CONACES valoró en dos oportunidades la información aportada por el
demandante y concluyó que el programa cursado presentaba diferencias
sustanciales frente a los doctorados nacionales en educación. En particular, señaló
que la dedicación total acreditada y el componente investigativo eran inferiores a
los exigidos en nuestro país, junto con la ausencia de actividades complementarias
propias de la formación doctoral, como pasantías, estancias de investigación,
producción académica o exigencia de dominio de un idioma extranjero.

100. Esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017 49 explicó que la decisión
del Ministerio de Educación Nacional de convalidar o no determinado estudio, por
sí misma, no vulnera los derechos a la educación y al trabajo porque “[…] no está
cuestionando ni se ha referido a los títulos y experiencia del actor, con los cuales
puede acreditar su idoneidad profesional y derivar su sustento, sin que se le afecte
su derecho al trabajo ni le cercene la posibilidad de seguir creciendo
profesionalmente […]”.

101. El procedimiento de convalidación “[...] implica la realización de un riguroso
examen de legalidad y una valoración académica de los estudios cursados, a
efectos de determinar la naturaleza jurídica de la institución de educación superior
en la cual se cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual
se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa comprobación
de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en nuestro país
[...]”50.

102. En ese contexto, no se advierte que el Ministerio hubiese incurrido en falsa
motivación, falta de motivación o desconocimiento del precedente administrativo.
Por el contrario, los actos acusados explicaron las razones por las cuales no
procedían los criterios de acreditación o reconocimiento en alta calidad ni de
precedente administrativo, y justificaron la remisión del asunto a evaluación
académica.

103. Tampoco se vulneraron los principios de igualdad, confianza legítima o debido
proceso. El demandante tuvo la oportunidad de aportar documentos, controvertir la
decisión inicial y ejercer los recursos de reposición y apelación.

104. La decisión de la entidad demandada se aprecia razonable y oportuna ante las
diferencias existentes entre los programas objeto de comparación, lo que significa

49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. sentencia de 2 de marzo de 2017. C.P. María
Elizabeth García González. Radicación núm. 11001-03-24-000-2013-00302-00.
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00166-00.

33

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00388-00
Demandante: Carlos Giovanny Campiño Rojas

que el Ministerio de Educación Nacional no quebrantó el principio de buena fe, ni
los derechos a la igualdad o al debido proceso.

105.Para la Sala, la decisión del Ministerio de Educación Nacional sobre la
equivalencia de los estudios académicos foráneos no desconoce las normas
superiores invocadas, porque esa competencia se ejerce para proteger la integridad
profesional de quienes laboran en el país y para garantizar que todos los títulos
obtenidos en el extranjero cumplan con los estándares nacionales. Por ende, los
cargos aquí estudiados no cuentan con vocación de prosperidad.

106. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los
artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 51, sobre
condena en costas, porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Carlos
Giovanny Campiño Rojas.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

51
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.