Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00116-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00116-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00116-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: BIBIANA MARÍA PEÑA MOLINA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL PROCEDIMIENTO DE
CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS EXTRANJEROS
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la señora Bibiana María Peña Molina, en contra de las
Resoluciones 7042 de 4 de julio de 20191, 13592 de 24 de julio de 20202 y 14117
de 3 de agosto de 20203.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. La señora Bibiana María Peña Molina en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento4, presentó demanda con el propósito de obtener las siguientes
declaraciones y condenas:
“[…] Primera: Que se declare NULA la Resolución Nº 007042 de 4 de julio de 2019,
expedida por la subdirectora de aseguramiento de la calidad de la educación
superior del Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual negó la
convalidación del título de Máster en Derecho de la Empresa otorgado el 20 de junio
de 2008.
Segunda: Que se declare NULA la Resolución Nº 013592 de 24 de julio de 2020
expedida por la subdirectora de aseguramiento de la calidad de la educación
superior del Ministerio de Educación Nacional que confirmó la decisión Nº 007042
1
“[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación de título […]”, expedida por la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
2
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 7042 del 4 de julio
de 2019, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Medellín, dentro del expediente 2020-00068 […]”, expedida por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
3
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por la Dirección de Calidad para la Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional.
4
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
de 4 de julio de 2019 por medio de la cual negó la convalidación del título de Máster
en Derecho de la Empresa otorgado el 20 de junio de 2008.
Tercera: Que se declare NULA la resolución Nº 014117 de 3 de agosto de 2020 del
Ministerio de Educación Nacional que confirmó la Resolución Nº 007042 de 4 de
julio de 2019 y la Resolución Nº 013592 de 24 de julio de 2020 que resolvió el
recurso de reposición, por medio de la cual negó la convalidación del título de Máster
en Derecho de la Empresa otorgado el 20 de junio de 2008.
Cuarta: Que se declare que mi mandante, la señora BIBIANA MARÍA PEÑA
MOLINA, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, tiene derecho a que el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, convalide el título de Máster en
Derecho de la Empresa otorgado el 20 de junio de 2008 por la Universidad de Alcalá
de Henares […]”5 (negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
2.Mencionó que la señora Bibiana María Peña Molina solicitó en junio de 2018 al
Ministerio de Educación Nacional, la convalidación del título de Máster en Derecho
de Empresa, otorgado el 20 de junio de 2008 por la Universidad de Alcalá de
Henares de España.
3.Señaló que el 27 de octubre de 2018, los estudios fueron evaluados por la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CONACES) y, con fundamento en esos resultados, el
Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación a través de la Resolución
7042 de 4 de julio de 2019.
4. Informó que, contra esa decisión, la demandante presentó recursos de reposición
y en subsidio apelación, mediante oficio con radicación núm. 2019-ER-206887 de
19 de julio de 2019.
5. Puso de relieve que el Ministerio de Educación Nacional se demoró
injustificadamente en responder los recursos presentados y, por lo tanto, la señora
Bibiana María Peña Molina interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín; autoridad judicial que,
mediante sentencia 21 de julio de 2020, ordenó que se resolvieran de fondo los
recursos.
6.Afirmó que, a través de las Resoluciones 13592 de 24 de julio de 2020 y 14117
de 3 de agosto de 2020, el Ministerio de Educación Nacional resolvió los recursos
de reposición y apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar lo resuelto
en la Resolución 7042.
I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
7. La señora Bibiana María Peña Molina afirmó que los actos acusados vulneran
los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 13, 26, 29, 54, 67, 68, 69, 70, 71 y 152 de la
5
Cfr. Índice 2 del expediente digital. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”.
3
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
Constitución Política y 11 de la Resolución 20797 de 9 de octubre de 20176. Los
cargos se agrupan en los siguientes ejes temáticos:
i) Vulneración del derecho al debido proceso y del artículo 11 de la Resolución
20797
8. Explicó que el Ministerio de Educación Nacional convalidó inicialmente títulos
propios españoles, conforme a los criterios de convalidación señalados en la
Resolución 5547 de 1 de diciembre de 20057. Sin embargo, tras la aprobación de la
Ley Orgánica 4 de 2007 y el Real Decreto 1393 de 2007 en España, el ministerio
consideró que esos títulos perdieron efectos oficiales y dejó de convalidarlos.
9. Adujo que esa interpretación llevó a la negación de múltiples solicitudes de
convalidación de títulos propios españoles. Por ello, la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, en su jurisprudencia, señalaron que la administración tenía que
evaluar las condiciones académicas reales de los títulos y no solo su clasificación
formal. Como consecuencia, el ministerio expidió la Resolución 21707 de 22 de
diciembre de 20148, permitiendo la convalidación de títulos propios siempre que la
institución y el programa tuvieran acreditación o reconocimiento de alta calidad.
10. Expuso que, posteriormente la Resolución 20797 de 2017 prohibió la
convalidación títulos universitarios no oficiales o propios, excepto para los
estudiantes que se encontraban matriculados en programas de educación superior,
con anterioridad al 9 de junio de 2015, como ocurría en el caso de la demandante.
11. Complementó que, según el artículo 11 de la Resolución 20797, el ministerio
debe evaluar el nivel de formación, la carga académica, el perfil de egreso, el
propósito de formación y la correspondencia del título con los niveles reconocidos
en Colombia.
12. Adujo que el ministerio negó la convalidación con fundamento en dos
afirmaciones genéricas y falsas del concepto de CONACES. La primera es que la
carga horaria del programa era inferior y la segunda que el trabajo de grado no
demuestra habilidades de investigación.
13. Advirtió que el ministerio no realizó un estudio técnico integral ni explicó los
parámetros utilizados para comparar la intensidad horaria con los programas
colombianos, lo que vulnera el derecho de contradicción de la demandante.
Adicionalmente, resolvió la solicitud de forma extemporánea, incumpliendo el plazo
de cuatro meses fijado en el artículo 12 de la Resolución 20797.
6
La demandante no explicó las razones por las que los actos acusados desconocían los artículos 4, 5, 6, 26, 54, 67, 68, 69,
70, 71 y 152 de la Constitución Política.
7
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior […]”.
8
“[…] Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país,
para expedir títulos de educación superior […]”.
4
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
14. Señaló que su máster tenía 60 créditos, equivalentes a 600 horas presenciales,
y una dedicación semanal superior a la impartida en las maestrías colombianas de
la Universidad de la Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana. Además, explicó
que en España, antes del proceso de Bolonia, el crédito no incluía horas de trabajo
autónomo, mientras que en Colombia sí, lo que hace que las comparaciones del
ministerio sean técnicamente erradas y conduzcan a conclusiones distorsionadas.
15. Informó que el ministerio tampoco realizó una evaluación el trabajo de grado, toda
vez que solicitó el documento completo y se limitó a analizar un resumen de 600
palabras, de manera que la afirmación sobre la falta de competencias investigativas
carece de fundamento. Su trabajo fue evaluado con calificación sobresaliente por
un académico experto de la Universidad de Alcalá. Esa universidad cuenta con una
amplia trayectoria, acreditaciones y altos estándares académicos.
ii) Falsa motivación
16. Sostuvo que el ministerio fundamentó su decisión de manera breve, y se soportó
en argumentos generales sobre el servicio público de educación y su función social.
Sin embargo, no realizó un análisis detallado que refutara los planteamientos
presentados por la demandante. Tampoco evaluó el nivel de formación, la carga
académica o el perfil de egreso, y no verificó si el título otorgado correspondía
efectivamente al nivel de formación requerido.
iii) Transgresión del derecho a la igualdad
17. Adujo que el ministerio ha convalidado otros títulos de maestría propios
impartidos por universidades europeas con cargas académicas similares o incluso
inferiores, lo que implica una vulneración del derecho fundamental a la igualdad.
Además, el ministerio desconoció que la demandante tiene los mismos derechos
que una persona que cursó una maestría en Colombia.
I.2. Trámite del proceso
18. Mediante auto de 24 de mayo de 20219, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
19. Mediante auto de 3 de diciembre de 202110, se declaró no probada la excepción
de caducidad elevada por el apoderado judicial de la entidad demandada.
20. En la audiencia inicial de 9 de septiembre de 202211, se fijó el litigio, se
resolvieron las excepciones previas12, se decretaron pruebas, se prescindió de la
9
Cfr. Índice 11 del expediente digital.
10
Cfr. Índice 21 del expediente digital.
11
Cfr. Índice 32 del expediente digital.
12
El acta señala que “[…] en el escrito de contestación de la demanda, el apoderado judicial del Ministerio de Educación
Nacional propuso la excepción que denominó «CADUCIDAD», la cual fue resuelta mediante proveído de 3 de diciembre de
5
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
audiencia de alegación y se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión.
I.3. La contestación de la demanda13
21. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda
con fundamento en las excepciones denominadas “[…] PRESUNCION DE
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN […]”; ii) “[…] CADUCIDAD […]”; y iii) “[…] GENÉRICA
[…]”.
22. Informó que el título aportado es un “título propio” que no tiene carácter oficial en
España, expedido por la Universidad de Alcalá bajo el ejercicio de su autonomía.
Por ello, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 18 de la
Resolución 20797 de 2017, el programa cursado debía ser objeto de evaluación
académica con el propósito de verificar su correspondencia con los programas
nacionales.
23. Señaló que la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CONACES), órgano técnico especializado en esa
evaluación académica, al evaluar el programa, consideró que el título presentado
no resultaba equivalente con los homólogos nacionales.
24. Explicóque el nivel de competencias investigativas, los resultados de
aprendizaje, el perfil de egreso y la intensidad académica del programa realizado
por la demandante no corresponden a los estándares colombianos.
25. Anotó que la propia demandante presentó comparaciones entre su título y dos
programas de maestría ofrecidos por la Universidad de la Sabana y por la Pontificia
Universidad Javeriana. No obstante, dicha comparación demuestra que los
programas colombianos tienen una carga académica mayor al programa cursado
en España. Adicionalmente, la menor carga académica repercute directamente en
la formación investigativa.
26. Destacó que, de acuerdo con el sistema colombiano, un crédito equivale a 48
horas de trabajo académico total, mientras que en España un crédito ECTS
equivale a 25 o 30 horas. Por ello, aunque los programas puedan tener un número
similar de créditos, la carga académica es sustancialmente diferente, resultando
inferior en el caso de la demandante.
27. Sostuvoque las resoluciones que negaron la convalidación contienen
argumentos claros y detallados basados en el concepto técnico de la CONACES.
2021, en el sentido de declararla NO probada, razón por la cual continuaremos con el desarrollo de la presente audiencia.
[…]”.
13
Cfr. Índice 16 del expediente digital.
6
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
28. Aclaró que la mora administrativa solo constituye vulneración del debido proceso
cuando se demuestra que la tardanza es injustificada, lo cual no ocurrió. El lapso
mayor obedeció a circunstancias relacionadas con el incremento masivo de
solicitudes, las actualizaciones tecnológicas en el sistema de radicación, y la
complejidad creciente de la oferta académica internacional.
29. Afirmó que el proceso de programación de salas de la CONACES demanda
actos administrativos formales, disponibilidad presupuestal y participación de
expertos. Por lo tanto, no es posible concebir una evaluación inmediata.
Adicionalmente, el cumplimiento del término legal no puede sacrificarse en
detrimento de la calidad del análisis técnico.
30. Indicó que el ministerio no vulneró el derecho al debido proceso porque la
demandante contó con la posibilidad de interponer recursos administrativos y tuvo
la oportunidad de controvertir la decisión. Aunado a ello, “[…] las resoluciones
mencionadas […] se pronunciaron sobre cada uno de los argumentos planteados por
la convalidante en su escrito de recursos […]”.
31. Puso de presente que los actos demandados respetan el derecho a la igualdad,
en la medida que la convalidación no puede otorgarse a títulos que no acreditan la
formación exigida en Colombia. La finalidad de la convalidación es evitar “[…] que
personas con preparación inferior a las impartidas en las universidades colombianas,
puedan por el simple hecho de exhibir un título académico obtenido en el extranjero,
ejercer su profesión en el país, disposición contenida en la sentencia C-050 de 1997
[…]”.
I.4. Los alegatos de conclusión
32. La señora Bibiana María Peña Molina, mediante escrito de 21 de septiembre de
202214, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Además, agregó que el
Ministerio de Educación Nacional justificó la no convalidación del título basándose
en un informe técnico de 27 de octubre de 2018, elaborado antes de la sesión
celebrada el 7 de noviembre de 2018. Además, tampoco se demostró que la sesión
del 11 de septiembre de 2019 se llevó a cabo.
33. Resaltó que es una profesional destacada que lleva cinco años trabajando en la
Superintendencia de Sociedades con calificaciones excelentes, y que obtuvo su
puesto, entre otros méritos, gracias al Máster en Derecho de Empresa cuya
convalidación solicita. La convalidación de este título es fundamental para que ella
pueda participar en una próxima convocatoria pública y aspirar a un cargo de nivel
superior en la entidad.
34. El Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito de 22 de septiembre de
202215, solicitó que se nieguen las pretensiones por las razones expuestas en el
escrito de contestación de la demanda.
14
Cfr. Índice 43 del expediente digital.
15
Cfr. Índice 44 del expediente digital.
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
35. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
36. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el planteamiento de los problemas jurídicos; y iv) el análisis del caso concreto.
II.1. Competencia
37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 1316 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.
II.2. Los actos administrativos demandados
38. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 7042 de 4 de
julio de 201918, cuya parte resolutiva señala:
“[...] ARTÍCULO PRIMERO. – Negar la convalidación del título de MÁSTER EN
DERECHO DE LA EMPRESA, otorgado el 20 de junio de 2008, por la UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ, ESPAÑA, a BIBIANA MARÍA PEÑA MOLINA, ciudadana colombiana,
identificada con cédula de ciudadanía [...]”.
39. También se demandó la Resolución 13592 de 24 de julio de 202019 que al resolver
el recurso de reposición confirmó la decisión y concedió la apelación ante la
Dirección de Calidad para la Educación Superior.
40. Finalmente, se demandó la Resolución 14117 de 3 de agosto de 202020, a través
de la cual el Ministerio de Educación Nacional, al resolver el recurso de apelación,
confirmó la decisión de no convalidar ese título académico.
II.3. El planteamiento de los problemas jurídicos
41. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 9 de septiembre
de 2022, corresponde a la Sala determinar si “[…] el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL con ocasión de la expedición de las Resoluciones Nros. 007042 de 4
16
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
17
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
18
“[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación de título […]”, expedida por la Subdirectora de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
19
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 7042 del 4 de
julio de 2019, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Medellín, dentro del expediente 2020-00068 […]”, expedida por el Subdirector de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
20
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por la Directora de Calidad para la Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional.
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
de julio de 2019, 013592 de 24 de julio de 2020 y 014117 de 3 de agosto de 2020,
por medio de las cuales el Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación
del título de Máster en Derecho de la Empresa, otorgado por la Universidad de
Alcalá de Henares, llegó a quebrantar lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°,
13, 26, 29, 54, 67, 68, 69, 70, 71 y 152 de la Constitución Política y 11.3 de la
Resolución 20797 de 9 de octubre de 2017, en tanto que, se basó solo en la
intensidad horaria y el trabajo investigativo para negar la convalidación del título y
no en la realización de un análisis técnico integral de las competencias y el nivel de
formación adquirido por la estudiante. Además, no dio aplicación al principio del
caso similar. […]”.
42. En la audiencia inicial se precisó que:
“[…] la parte actora formuló como cargos de violación, los relacionados con (i) el
desconocimiento de las normas superiores en las cuales debían fundarse los actos
acusados y (ii) falta de motivación, para lo cual señaló:
1. Desconocimiento de las normas superiores en las cuales debían fundarse los actos
acusados:
1.1. Vulneración del derecho fundamental a la igualdad, toda vez se desconoció que
tiene los mismos derechos que una persona que cursó una maestría en Colombia.
1.2. Vulneración del derecho fundamental al debido proceso ya que el Ministerio de
Educación Nacional: (i) “no realizó análisis o estudio alguno sobre el título a
convalidar ni sobre la idoneidad de [la señora Bibiana Peña], teniendo en cuenta los
criterios establecidos en la Resolución 20797 de 2017”; (ii) no explicó cuáles fueron
los parámetros utilizados para definir que el trabajo de grado “no tuviera un buen nivel
investigativo si ni siquiera leyó el documento completo”; (iii) decidió no convalidar el
título de máster, con el argumento de que la carga de trabajo es inferior a la de un
estudiante de maestría en Colombia, basándose en el número de créditos que cursó
y en donde se tiene en cuenta solo el número de horas lectivas dentro del aula; (iv)
no analizó el nivel de formación, ni la carga de trabajo académico, ni el perfil de
egreso ni la correspondencia con el nivel de formación del producto que conlleva el
otorgamiento del título; (v) no tuvo en cuenta que la intensidad horaria y la cantidad
de créditos del Máster realizado por la señora Bibiana Peña es superior a la
intensidad horaria y los créditos de los Másters ofrecidos en el país; (vi) los créditos
solo se midieron por el número de horas de trabajo en clase presencial sin tener en
cuenta el trabajo investigativo que debía hacerse fuera de clase” y; (vii) “El ministerio
resolvió la petición de convalidación de forma extemporánea, ocho meses después
de emitido el concepto [por el CONACES]”.
2. Falsa motivación, en la medida en que si bien es cierto que el ente ministerial de
forma muy sucinta fundamentó su decisión en una serie de justificaciones sobre el
funcionamiento del servicio público de educación y el cumplimiento de la función
social que le es inherente, también lo es que no realizó análisis fáctico que rebatieran
los argumentos esgrimidos por la señora Bibiana Peña, tampoco analizó el nivel de
formación, la carga de trabajo académico, el perfil de egreso y, mucho menos, la
correspondencia con el nivel de formación del producto que conlleva el otorgamiento
del título. […]”.
II.4. Análisis del caso concreto
43. Para resolver los citados problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) los
argumentos adicionales planteados en los alegatos de conclusión; ii) la vulneración
del derecho al debido proceso y del artículo 11 de la Resolución 20797; iii) la falsa
motivación; y iv) la transgresión del derecho a la igualdad.
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
i) Los argumentos adicionales planteados en los alegatos de conclusión
44. La Sala pone de presente que la demandante, en la etapa de alegaciones,
presentó argumentos adicionales a los expuestos en la demanda y a los
socializados en la fijación del litigio. Concretamente, afirmó que la CONACES no
evaluó el programa cursado en una sesión presencial y que la convalidación es
necesaria para postularse a un ascenso.
45. De conformidad con el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el escrito de la
demanda es el instrumento previsto por el legislador, en el que se exponen las
razones de hecho o de derecho que soportan las pretensiones. Según el principio
de congruencia, toda sentencia debe ser coherente con el debate judicial propuesto
por las partes en la demanda y en el escrito de contestación.
46. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la etapa de alegaciones
no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos nuevos que no
fueron planteados en la demanda o en el escrito de contestación, so pena de afectar
garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de los
sujetos procesales21.
47. Esto significa que el planteamiento de los alegatos es extemporáneo. Por lo
tanto, la Sala no analizará esos argumentos y resolverá el litigio teniendo en cuenta
lo resuelto en la audiencia de 9 de septiembre de 2022.
ii) La presunta vulneración del debido proceso y del artículo 11 de la
Resolución 20797
48. La demandante argumentó que el ministerio vulneró su derecho al debido
proceso porque no evaluó el programa cursado conforme a lo reglado en el numeral
3.° del artículo 11 de la Resolución 20797, e incurrió en las siguientes
irregularidades:
i) No realizó ningún análisis técnico ni estudio detallado sobre el título a convalidar,
conforme a los criterios exigidos en la Resolución 20797 de 2017.
ii) No explicó los parámetros utilizados para concluir que el trabajo de grado carecía
de nivel investigativo, pues ni siquiera revisó el documento completo y se basó
únicamente en un resumen de 600 palabras.
iii) Negó la convalidación del título de máster porque la carga académica era inferior
a la de una maestría en Colombia, pero esa afirmación solo tuvo en cuenta el
número de créditos y horas lectivas presenciales, sin considerar la dedicación
semanal ni el trabajo autónomo fuera del aula.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
iv) Omitió analizar el nivel de formación, la carga académica total, el perfil de egreso
y la correspondencia del título extranjero con los niveles reconocidos en Colombia.
v) No tuvo en cuenta que el máster tiene una intensidad horaria y número de créditos
superiores a los ofrecidos por programas similares en el país.
vi) Limitó la medición de créditos únicamente a las horas de clase presencial, sin
valorar el componente investigativo desarrollado fuera del aula.
vii) Resolvió la solicitud de convalidación de manera extemporánea, excediendo el
plazo de cuatro meses previsto para tal efecto en el artículo 12 de la Resolución
20797.
49. Paradar respuesta a lo anterior, la Sala resalta que el debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no solo garantiza a las
personas la posibilidad de ejercer su defensa, sino que también se articula de
manera esencial con el principio de legalidad. En el marco de ambos principios toda
actuación de las autoridades debe fundarse en las normas aplicables al caso.
50. LaResolución 20797 de 2017, “[…] Por medio de la cual se regula la
convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga
la Resolución 6950 de 2015 […]”, rige la solicitud de la demandante.
51. Elartículo 1.° de la Resolución 20797 estableció el objeto de dicha
reglamentación así:
“[…] Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por
objeto regular el proceso de convalidación de títulos de educación superior otorgados
en el exterior por instituciones legalmente autorizadas para ello, por parte de la
autoridad competente en el respectivo país.
La presente normativa aplica para las personas que obtuvieron tirulos de
educación superior otorgados en el exterior por instituciones legalmente
autorizadas para ello, por parte de la autoridad competente en el respectivo
país. […]” (negrilla fuera del texto).
52. El numeral 25 del artículo 3 ibidem, define los títulos de carácter propio de la
siguiente forma:
“[…] Artículo 3. Definiciones. para efectos de aplicar la presente resolución, se
acogen las siguientes definiciones:
[…] 25. Título Universitario No oficial o Propio: Aquel que es emitido por una
institución de educación superior en virtud de su autonomía, que no cuenta con
reconocimiento oficial o autorización por el Gobierno del respectivo país de
expedición. […]” (negrilla fuera del texto).
53. Respecto de la convalidación de esta tipología de estudios, el artículo 18 de la
Resolución 20797 determinó que:
11
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
“[…] Artículo 18. Títulos propios o no oficiales. No se convalidarán los títulos
universitarios no oficiales o propios dado que estos títulos ni son reconocidos
oficialmente por los países de origen.
Parágrafo. Excepcionalmente y de conformidad con el inciso segundo del parágrafo
1° del artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, solo podrán iniciar el proceso de
convalidación, y bajo el criterio exclusivo de evaluación académica que trata el
numeral 3 del artículo 11 de la presente resolución, aquellos títulos universitarios
no oficiales o propios, a los estudiantes que se encontraban matriculados en
programas de educación superior, con anterioridad al 9 de junio de 2015. […]”
(negrilla fuera del texto).
54. Según la Resolución 20797, el criterio de evaluación académica se rige por los
siguientes parámetros:
“[…] Artículo 11. Evaluación de los criterios aplicables para la convalidación de
títulos. Superado el examen de legalidad, el Ministerio de Educación Nacional
determinará cuál de los siguientes criterios resulta aplicable para evaluar el título que
se pretende convalidar:
[…] 3. Evaluación académica. La evaluación académica es el proceso por medio del
cual la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (Conaces), órganos o pares evaluadores estudia, valora y emite
un juicio sobre la formación académica adquirida en el exterior por la persona que
solicita la convalidación de un título con la finalidad de determinar la existencia de
diferencias sustanciales con los programas ofertados en el territorio nacional que
permitan o impidan la convalidación de este.
En la evaluación académica se realiza un análisis técnico integral de los
siguientes aspectos: i) nivel de formación; ii) carga de trabajo académico; iii)
perfil de egreso; iv) propósito de formación o el resultado del aprendizaje, y v)
la correspondencia con el nivel de formación del producto que conlleve el
otorgamiento del título.
La evaluación académica también resulta procedente para: i) determinar con
certeza el nivel académico o de la formación obtenida; ii) establecer la
denominación del título a convalidar: iii) aclarar evaluaciones académicas
anteriores o presentes, que sean contrarias respecto de títulos con la misma
denominación, o iv) establecer la existencia de diferencias o similitudes entre
títulos obtenidos por un mismo solicitante, en virtud de programas que otorguen
doble titulación del mismo nivel de formación. […]” (negrilla fuera del texto).
55. Como puede apreciarse, de acuerdo con la Resolución 20797 de 2017, los títulos
universitarios extranjeros propios no se pueden convalidar en Colombia por regla
general. Sin embargo, quienes estuvieran matriculados en programas de educación
superior antes del 9 de junio de 2015 pueden iniciar el proceso de convalidación de
estos títulos, siempre y cuando se sometan a una evaluación académica específica.
56. La evaluación académica, a cargo de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), consiste en
un análisis técnico integral del nivel de formación, la carga de trabajo académica,
el perfil de egreso, el propósito de formación y la correspondencia con el nivel de
formación requerido. Este proceso busca determinar si existen diferencias
sustanciales con los programas ofrecidos en Colombia y si el título puede ser
convalidado, atendiendo criterios de calidad y equivalencia académica.
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
57. Como lo mencionó esta Sección en la sentencia de 2 de mayo de 202522, el
procedimiento de convalidación “[...] implica la realización de un riguroso examen
de legalidad y una valoración académica de los estudios cursados, a efectos de
determinar la naturaleza jurídica de la institución de educación superior en la cual
se cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual
se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa comprobación
de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en nuestro país
[...]”23.
58. En la sentencia de 6 de noviembre de 2020 24, se aclaró que otros países
permiten que instituciones educativas expidan títulos con denominaciones propias,
en paralelo a los programas oficialmente avalados por el Estado, lo que dio lugar a
una clasificación de los títulos extranjeros en “oficiales” respaldados por la autoridad
estatal, y “propios” otorgados bajo la autonomía de la institución académica, los
cuales no necesariamente implican menor calidad.
59. La sentencia de 2 de octubre de 202525 de la Sección Primera del Consejo de
Estado, explicó que el Ministerio de Educación Nacional debe evaluar en tal evento
la equivalencia de los títulos “propios” o “no oficiales”, en virtud del principio de
aplicación territorial de la Ley, conforme a lo previsto en la reglamentación aplicable
al procedimiento de convalidación.
60. La Corte Constitucional compartió esa tesis en las sentencias T-956 de
201126, T-232 de 201327 y T-430 de 201428, donde precisó que el ministerio no
podía rechazar el reconocimiento en Colombia de un título extranjero por el hecho
de que sea “propio”, pues es necesario hacer una evaluación académica del
programa de estudios y determinar su valor en el sistema educativo colombiano,
con el propósito de decidir si se puede o no convalidar el grado.
61. En el asunto sub examine, se acreditó que, mediante petición con radicado núm.
CNV20180005866 de 4 de octubre de 201829, la demandante presentó solicitud de
convalidación del título de “[…] MÁSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA de
UNIVERSIDAD DE ALCALA en ESPAÑA […]”.
62. El plan de estudios de dicho programa, conforme a la certificación de 17 de enero
de 2018, es del siguiente tenor:
22
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 11001-03-24-000-2016-
00230-00.
23
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 11001-03-24-
000-2010-00166-00.
24
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 6 de noviembre de 2020,
Rad.11001-03-24-000-2010-00215-00.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 11001-03-24-000-2018-
00068-00.
26
Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
27
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
28
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
29
Cfr. Índice 16 del expediente digital. Documento denominado “14_EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO(.PDF) NroActua 16”,
folio 1.
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
30
63. El trabajo de investigación hace parte de esos créditos, como lo certificó la
universidad en el siguiente documento:
31
30
Ibidem, folio 17.
31
Ibidem, folios 22 y siguintes.
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64. La certificación de la Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de
Alcalá de 10 de julio de 2018 discriminó el contenido teórico y práctico del programa,
así:
32
65. Al evaluar esa documentación, mediante concepto núm. CNV-2018-0005866 33,
la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES conceptuó que no era
procedente convalidar el título de la demandante, por estas razones:
“[…] En la información aportada por el solicitante encuentra la Sala diferencias
sustanciales entre lo cursado y aprobado por la solicitante y un programa del nivel de
Maestría en Colombia en relación con la carga académica de trabajo por parte del
estudiante, lo cual es sustancialmente inferior a la que tiene un estudiante de maestría
en el país y por lo tanto los propósitos de formación, resultados de aprendizaje del
programa, perfil de egreso y competencias investigativas, resultarían no
corresponder. En consecuencia la Sala de Administración de Empresas y Derecho de
la CONACES recomienda al Ministerio de Educación Nacional NO CONVALIDAR
el título presentado por un nivel de maestría, de conformidad con el artículo 12 de
la Ley 30 de 1992, Ley 1611 de 2013, el artículo 2.5.3.2.7.5 del decreto 1075 de 2015,
y Resolución No. 20797 de 2017.
[…] Para la Sala el programa cursado cuenta con una intensidad horaria menor a los
programas que ofrecen títulos similares en el campo en el país. Asimismo, que lo
aportado sobre el trabajo final de máster no logra evidenciar el desarrollo de las
competencias investigativas que son requeridas en los programas del nivel de
maestría en Colombia, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 30 de 1992 y el
artículo 2.5.3.2.7.5 del decreto 1075 de 2015. […]”34 (negrilla fuera del texto).
66. Mediante Resolución 7042 de 4 de julio de 2019, el Ministerio de Educación
Nacional resolvió “[...] Negar la convalidación del título de MÁSTER EN DERECHO
DE LA EMPRESA, otorgado el 20 de junio de 2008, por la UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ, ESPAÑA, a BIBIANA MARÍA PEÑA MOLINA […]”, por las siguientes
razones:
“[…] Que el 7 de noviembre de 2018, los estudios fueron evaluados por la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior –CONACES–, la cual emitió concepto académico, en los
siguientes términos:
“ASPECTOS ACADÉMICOS – ARGUMENTACIÓN
32
Cfr. Índice 2 del expediente digital. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”, folio 23.
33
Se advierte que el documento contiene un error en las fechas de expedición y de obtención del título, las cuales no
corresponden con lo acreditado en el plenario, sin que dicho error impacte su contenido sustancial.
34
Cfr. Índice 16 del expediente digital. Documento denominado “14_EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO(.PDF) NroActua 16”,
folio 2.
15
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La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES, en
sesión del 7 de noviembre de 2018, estudia la solicitud de convalidación presentada por
BIBIANA MARÍA PEÑA MOLINA, colombiana e identificada con la C.C. […], del título
propio de Máster en Derecho de la Empresa, otorgado por la Universidad De Alcalá
(España) el 20 de junio de 2008. Cuenta con el título de Abogada, otorgado por la
Universidad de EAFIT.
En el título aportado por la convalidante se lee que se trata de un título propio otorgado
por la Universidad de Alcalá en uso de su autonomía y por lo tanto no cuenta con
carácter oficial. El plan de estudios cursado y aprobado por la convalidante estuvo
constituido por los módulos de: Economía, contabilidad y finanzas; Régimen jurídico
empresarial; Elementos de la Práctica Profesional; y Memoria. El total de créditos es
de 60 ECTS y el total de horas de trabajo académico es de 600, en donde cada
crédito equivale a 10 horas lectivas. Como trabajo de grado presenta el formato
dispuesto para tales efectos por parte del Ministerio debidamente diligenciado,
con el título “RESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTO”, del cual se
describen sus objetivos, metodología y hallazgos.
En la información aportada por el solicitante encuentra la Sala diferencias sustanciales
entre lo cursado y aprobado por la solicitante y un programa del nivel de Maestría en
Colombia en relación con la carga académica de trabajo por parte del estudiante, lo cual
es sustancialmente inferior a la que tiene un estudiante de maestría en el país y por lo
tanto los propósitos de formación, resultados de aprendizaje del programa, perfil de
egreso y competencias investigativas, resultaran no corresponder. En consecuencia la
Sala de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES recomienda al
Ministerio de Educación Nacional NO CONVALIDAR el título presentado por uno del
nivel de maestría, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 30 de 1992, Ley 1611 de
2013, el artículo 2.5.3.2.7.5 del decreto 1075 de 2015, y Resolución No. 20797 de 2017.
CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con los argumentos expuestos, se recomienda al Ministerio de
Educación Nacional NO convalidar.
EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO:
Para la Sala el programa cursado cuenta con una intensidad horaria menor a los
programas que ofrecen títulos similares en el campo en el país. Asimismo que lo
aportado sobre el trabajo final de máster no logra evidenciar el desarrollo de las
competencias investigativas que son requeridas en los programas del nivel de maestría
en Colombia, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 30 de 1992 y el artículo
2.5.3.2.7.5 del decreto 1075 de 2015.” (sic)
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber
estudiado la documentación presentada, se concluye que no es procedente la
convalidación solicitada. […]”35 (negrilla fuera del texto).
67. La demandante presentó recursos de reposición y en subsidio apelación contra
ese acto administrativo36, en el que argumentó que la decisión vulnera sus derechos
al debido proceso y a la igualdad, pues el Ministerio no aplicó correctamente el
procedimiento establecido en la Resolución 20797 de 2017, que regula las
convalidaciones.
35
Ibidem, folio 8.
36
Cfr. Índice 2 del expediente digital. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”, folios 84 y
siguientes.
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68. También afirmó que la Resolución 7042 es extemporánea, y carece de
motivación suficiente porque la sala de evaluación no efectuó un análisis integral
de los requisitos exigidos por la normativa.
69. Explicó que su programa académico se caracteriza por: i) una carga lectiva de
600 horas presenciales correspondientes a 60 créditos, distribuidos entre
asignaturas de economía, contabilidad, finanzas, derecho empresarial, prácticas
profesionales y un trabajo de investigación; ii) la elevada intensidad semanal hacía
posible que el máster se desarrollara en un año, a diferencia de los programas
colombianos que suelen extenderse dos años debido a su menor carga horaria
mensual; y iii) las horas de trabajo investigativo y estudio independiente fuera del
aula no se valoraron.
70. Finalmente, argumentó que el ministerio no evaluó el contenido de su tesis ni
analizó el propósito de formación o los resultados del aprendizaje alcanzados, pese
a que estos se reflejan en su desempeño profesional actual como funcionaria de la
Superintendencia de Sociedades, donde ha recibido reconocimientos por su labor.
71. El 11 de septiembre de 201937, la Sala de Evaluación de Administración de
Empresas y Derecho de la CONACES, al revisar el recurso de reposición y sus
anexos, emitió el siguiente concepto:
“[...] El Ministerio de Educación Nacional profiere la Resolución 007042 de 4 de julio
de 2019 por medio de la cual resuelve Negar la Convalidación del título de MÁSTER
EN DERECHO DE LA EMPRESA, otorgado el 20 de junio de 2008, por la
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, a BIBIANA MARÍA PEÑA MOLINA, ciudadana
colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.875.726.
Ante la anterior resolución, el peticionario interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN y
en SUBSIDIO APELACIÓN, solicitando “que se revoque la decisión de no convalidar
el título de MÁSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA”. [...]
3.También afirma la recurrente que: Sin embargo, ninguno de estos aspectos se tuvo
en cuenta. Por ejemplo, el propósito de formación y resultado de aprendizaje, se
cumplió según se evidencia en el certificado de calificaciones y en la medida en que
gracias a estos estudios pude acceder al cargo público que ahora ejerzo en la
Superintendencia de Sociedades como profesional grado 11 en la Intendencia
Regional de Medellín, en IVC (inspección, vigilancia y control), y que me ha permitido
obtener reconocimientos por mi buen desempeño según demuestro en los anexos N°
7 y N° 8.
4.Para respaldar las anteriores argumentaciones, se anexa al recurso de reposición:
• Plan de estudios homologado.
• Plan de estudios y horarios de la maestría en derecho de la empresa y los negocios
de la Universidad de la Sabana.
• Plan de estudios y horario del máster derecho empresarial de la Universidad
Pontificia Javeriana de Cali.
• Objetivos del máster de derecho de empresa de la Universidad de Alcalá.
• Certificado académico personal.
• Memoria final de grado.
• Certificado laboral de la Supersociedades.
37
Cfr. Índice 16 del expediente digital. Documento denominado “14_EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO(.PDF) NroActua 16”,
folio 4.
17
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
• Reconocimiento por excelente desempeño en la Supersociedades.
Estudiado el expediente y luego de una valoración de los argumentos y de las pruebas
solicitadas la Sala conceptuó que:
1.Si bien se explica en el recurso y en el anexo del plan de estudios que el número
de créditos del programa es de 60 y, conforme lo dos documentos sede, los equivalen
a 600 horas lectivas, esta carga de trabajo académico es menor a la establecida para
programas similares en nivel y temática. Tal es el caso de los dos programas de
maestría mencionados por la recurrente, los ofrecidos por la Pontificia
Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana. Revisado el SNIES, la Sala
encuentra que ambos son programas con registro calificado activo y ambos
cuentan con un número de créditos de 48. Si bien, puede verse como menor el
número de créditos ofertado por el programa del que pretende convalidar el
título la recurrente, debido al sistema de créditos – conocido por la recurrente,
conforme al recurso que presenta- la relación crédito-hora es diferente.
Mientras para Colombia 1 crédito equivale a 48 horas de trabajo académico, en
España la relación es 1: 25 o 1:30.
2. De acuerdo con lo anterior, los programas de maestría con denominación y
contenido similar existentes en Colombia y que la recurrente presenta, tienen 2304
horas de trabajo académico total, entre horas de trabajo directo e
independiente. En cambio, las del programa cursado por la convalidante,
conforme con el sistema de créditos asumido por España y que es respaldado
por el plan de estudios que se anexa, equivale a un máximo de 1800 horas de
trabajo académico. Así las cosas, la Sala insiste que no es posible verificar la
armonía entre: los perfiles establecidos para las competencias y el plan de estudios.
Conforme a lo anterior, con la información disponible no se evidencia que el programa
MAGISTER EN DERECHO DE LA EMPRESA, cumpla con la debida forma con lo
prescrito en la resolución 20797 de 2017 [...]” (negrilla fuera del texto).
72. Mediante Resolución 13592 de 24 de julio de 2020, la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional decidió confirmar la resolución objeto del recurso de reposición, en
atención a las siguientes razones:
“[…] De conformidad con lo expresado por la resolución 20797 de 9 de octubre de
2017, regulatoria del procedimiento promovido por la recurrente, si no existe certeza
sobre el nivel académico de los estudios de postgrado que se pretenden convalidar o
su denominación, el caso debe ser sometido a “Evaluación Académica” por la
“Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior —CONACES”, órgano Asesor al cual se atribuyó la tarea de
hacer las precisiones aclaratorias correspondientes: sin perjuicio de que el
Ministerio de Educación Nacional, de considerarlo pertinente, pudiere someter
el examen del tema, a otros órganos, pares, evaluadores o asociaciones. En
consonancia con lo expuesto, el numeral tercero del artículo once de la citada
resolución prescribe:
[…] Por consiguiente, dando alcance al procedimiento citado, en las primeras etapas
de trámite, la solicitud de convalidación fue sometida a consideración de la
CONACES, con el objetivo de determinar su viabilidad; organismo que luego de hacer
las valoraciones pertinentes, recomendó al Ministerio de Educación Nacional “No
Convalidar”; por considerar que los estudios realizado por la solicitante,
carecen de los requisitos exigidos en los programas ofertados en Colombia;
habiendo soportado tal sugerencia en las razones que fueron precisadas en la
Resolución recurrida. No obstante lo anterior, a propósito del Recurso de
Reposición cuyo análisis nos ocupa, teniendo en cuenta los argumentos expuestos y
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
la información allegada por la impugnante, nuevamente se sometió su solicitud de
convalidación a análisis de la CONACES, organismo que mediante concepto de
11 de septiembre de 2019, insistió en sugerir que fuera negada la convalidación
deprecada, con fundamento en razonamientos que literalmente expresó así:
[…] En el orden de ideas planteado, es preciso señalar que dentro de esta actuación
administrativa, el Ministerio de Educación Nacional ha soportado sus
conclusiones en materia “técnico académica”, en el criterio de la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior - CONACES; organismo asesor que no evidenció en el caso “sub
examine” el concurso de las características requeridas para efectuar ia
convalidación solicitada; como lo expresó en el concepto transcrito, que este
despacho acoge como prueba idónea de los fundamentos de la determinación
proyectada.
2. Absueltos en los anteriores términos los cuestionamientos académicos planteados
por la recurrente, a continuación se aborda la tarea consistente en examinar los
cargos restantes y manifestar las razones por las que se les desestima, en estricto
orden; así:
Frente al primer alegato, se debe resaltar que la decisión adoptada en este caso, se
encuentra ajustada al principio de legalidad, en tanto el procedimiento se
adelantó en la forma establecida en la ley y gozó de las garantías que demanda
el debido proceso administrativo, concediéndole a la recurrente la oportunidad
de ejercer su derecho de contradicción y defensa, mediante la interposición de
recursos frente la decisión adoptada.
Es así, como el presente trámite de convalidación se desarrolló con plena observancia
de lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la Ley 30 de 1992, el Decreto 5012 de 2009
y la Resolución 20797 de 2017, en virtud de la cual se realizó el análisis legal y
académico de todos los documentos aportados y se garantizó a la convalidante su
derecho al debido proceso conforme a lo establecido por el artículo 29 de la
Constitución Política.
Ahora, contrario a lo expuesto por la recurrente, en el presente caso no puede
predicarse un presunto trato diferenciado e inequitativo. Al respecto, vale la pena
indicar que el trámite de convalidación elevado por la ciudadana tuvo la
oportunidad de ser evaluado académicamente, como todos los procesos de
convalidación, y gozó de las garantías mínimas que demanda el debido proceso
administrativo, atendiendo a las disposiciones contenidas en la Resolución
20797 de 2017, siendo preciso recordar que cada evaluación académica es
individual.
En el mismo sentido, es de advertir que no se vulnera el derecho a la igualdad,
pues el Ministerio de Educación Nacional cumplió con estricto apego la resolución
regulatoria del trámite de convalidación, y, en consecuencia, el trámite de
convalidación de los estudios de la recurrente gozó de las mismas garantías que los
demás trámites de convalidación.
Respecto al segundo reparo, referente a la supuesta falta de valoración probatoria;
es preciso señalar que, la CONACES, realiza el análisis de todos los elementos
que integran el criterio de evaluación académica, a partir de una revisión
completa e integral de los elementos probatorios allegados junto a la solicitud
de convalidación de títulos; más la información expresada en la solicitud
misma. En este sentido, resulta improcedente reconocer que todos los
elementos no fueron tenidos en cuenta; y que estos no demostraron los reparos
técnico-académicos hechos al programa evaluado.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
Ahora, en este mismo reparo, en lo referente al trabajo de investigación y
competencias investigativas; atendiendo a lo dispuesto en las normas mencionadas
en el concepto emitido por la CONACES, esto es, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075
de 2015, se puede concluir que los programas de Maestría deben culminar con un
trabajo de investigación. Por lo tanto, es procedente traer a colación lo dispuesto en
el artículo 2.5.3.2.6.4. del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector
educación, en cual establece lo siguiente:
“Programas de maestría. Los programas de maestría tienen como propósito
ampliar y desarrollar los conocimientos, actitudes y habilidades para la solución
de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y/o dotar a la
persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador. Para
cumplir con dicho propósito, según la normatividad vigente, los programas de
maestría podrán ser de profundización o investigación. La maestría de
profundización será aquella que propenda por el desarrollo avanzado de
conocimientos, actitudes y habilidades que permitan la solución de problemas
o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario
o profesional, por medio de la asimilación o apropiación de saberes,
metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, tecnológicos, artísticos o
culturales. Para optar al título del programa de maestría en profundización, el
estudiante podrá cumplir con lo establecido por la institución como opción de
grado, mediante un trabajo de investigación que podrá ser en forma de estudio
de caso, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación
particular, o aquello que la institución defina como suficiente para la obtención
del título.
La maestría de investigación será aquella que procure por el desarrollo de
conocimientos, actitudes y habilidades científicas y una formación avanzada en
investigación, innovación o creación que genere nuevos conocimientos,
procesos y productos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de
interés cultural, según el caso. El trabajo de investigación resultado del proceso
formativo debe evidenciarlas competencias científicas, disciplinares o creativas
propias del investigador, del creador o del intérprete artístico, de acuerdo con lo
contemplado en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología o el que haga sus
veces. Parágrafo. Los programas de maestrías de profundización y de
investigación tendrán registros calificados independientes, dado que son
diferentes sus condiciones curriculares y de perfil del egresado.”.
De la norma antes transcrita se puede concluir que la evaluación académica
adelantada por la CONACES se dio en estricta observancia de la normatividad
vigente, puesto que, como manifiesta el concepto académico de dicho
organismo, dentro del análisis de la documentación aportada por la recurrente
no fue posible evidenciar una investigación correspondiente dedicada en
créditos a lo exigido en el país, así como tampoco se evidencia una
correspondencia del producto resultado del aprendizaje con el nivel de
formación de maestría.
Frente al tercer reparo, relacionado con el concepto emitido por la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES,
es necesario señalar que la evaluación académica se agotó en observancia de los
documentos académicos aportados; tanto en el trámite de convalidación de la
referencia, como en el recurso estudiado, ello atendiendo a lo preceptuado en
el artículo 167 del Código General del Proceso, que señala: "(...) Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
Jurídico que ellas persiguen...” y al artículo 164 de la precitada norma, donde se
establece: “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso (...)”.
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Finalmente, sobre la extemporaneidad aducida por la impugnante, frente a los
términos tomados por el Ministerio de Educación Nacional para resolver su
solicitud de convalidación, no se puede omitir la obligación legal y
reglamentaria que asiste y exige a este Ministerio agotar con la debida sujeción,
cuidado y vigilancia cada una de las etapas del procedimiento en cuestión. Así
mismo, este argumento no hace alusión a los elementos indispensables y puntales,
que tienen que ver con el derecho de contradicción que le asiste a la impugnante,
frente a la necesidad de demostrar y confrontar las consideraciones académicas y
jurídicas que tienen que ver directamente con el procedimiento de convalidación;
elementos que, sustancialmente pueden posibilitar la verificación de los requisitos
necesarios para establecer una posible equivalencia y alcanzar un resultado favorable
en la resolución de su solicitud.
[…] Finalmente, es importante aclarar que mediante la convalidación de títulos en
Colombia no se pretende declarar la idoneidad de las personas, ni cuestionar la
formación obtenida en el extranjero, sino que se trata de someter a estudio el
titulo, a fin de establecer si cumple con las condiciones académicas y de
formación que se exigirían en Colombia para este tipo de titulación, teniendo en
cuenta las condiciones de calidad que se imponen a los programas que se
imparten en el país y que son ofertados de conformidad con la Ley, es decir,
que previamente han sido objeto de análisis y otorgamiento de los respectivos
registros de funcionamiento y según los cuales, se debe cumplir con unas
condiciones de formación que comprenden tiempos de dedicación, prácticas
de cada especialidad, créditos, formación previa, entre otras exigencias para
lograr la respectiva titulación, lo cual no se encontró demostrado en el presente
caso. […]” (negrilla fuera del texto).
73. Posteriormente, la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio
de Educación Nacional, mediante Resolución 14117 de 3 de agosto de 2020
resolvió confirmar las Resoluciones 7042 y 13592, en consideración a lo siguiente:
“[…] Que para entrar a analizar el caso sub examine es necesario señalar, que el
artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, ante la necesidad de garantizar el
adecuado funcionamiento del servicio público de educación y el cumplimiento de la
función social que le es inherente, dejó en manos del Estado la gran responsabilidad
de inspeccionar y vigilar la prestación del servicio educativo, con el propósito de
velar por su calidad y de asegurar no solo la formación moral, intelectual y física
de los educandos, sino la misma prosperidad de la Nación.
Que debido a que el Estado Colombiano no ejerce ninguna inspección y vigilancia
respecto de las instituciones de educación superior extranjeras, resulta perfectamente
explicable que éste se reserve el derecho de convalidar los títulos de educación superior
obtenidos en el exterior, como medio para reconocer la idoneidad profesional de
aquellas personas que cursan programas académicos en el exterior, y como
mecanismo para brindar el mismo tratamiento que se prodiga a quienes ostentan
títulos de origen nacional o a quienes han cursado en el país estudios parciales
equivalentes.
Adicionalmente, se resalta que el trámite de la convalidación garantiza la igualdad
entre quienes ejercen una misma profesión y han estudiado en el territorio
nacional y en el extranjero, puesto que les serán exigidos los mismos requisitos
del nivel académico. Que en lo referente al análisis del recurso de reposición efectuado
por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad en la instancia de apelación se
encuentra necesario indicar que esta Dependencia coincide con lo argumentado por
dicha Subdirección para resolver el recurso, pues no es un capricho la no aplicación
del criterio de caso similar, toda vez que este criterio no está contemplado en la
Resolución 20197 de 2017, sino en la Resolución 6950 de 2015 que fue derogada
por la resolución en mención, y que de acuerdo con la fecha de radicación de la
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
solicitud del presente caso, es la que debe aplicarse al caso sub examine. Que la
Dirección de Calidad para la Educación Superior procedió a verificar la
argumentación del recurrente, y no encontró necesario una nueva evaluación por
parte de la CONACES, así mismo, al verificar el contenido del acto administrativo
que resolvió el recurso de reposición esta Dependencia coincide con los criterios
utilizados para dar respuesta a la solicitud.
Que, efectuado el control oficioso de legalidad de las actuaciones administrativas
surtidas en el proceso de convalidación, garantizando y observando a plenitud el debido
proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política como también, en lo
pertinente, lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en la Resolución 20797 de 2017, este Despacho no
observa nulidad alguna que invalide lo actuado. […]” (negrilla fuera del texto).
74. Como puede apreciarse el Ministerio de Educación Nacional negó la
convalidación del título de máster obtenido por la señora Bibiana María Peña
Molina, luego de una evaluación integral, en la que concluyó que existían
diferencias sustanciales con los programas de maestría ofrecidos en Colombia.
Concretamente, se evidenció que la carga académica y la intensidad horaria del
programa extranjero eran considerablemente inferiores a los estándares
nacionales.
75. Lasconclusiones técnicas de la CONACES, al no haber sido desvirtuadas
durante el debate procesal, constituyen una prueba idónea y suficiente para
sustentar la decisión adoptada. La CONACES explicó que, mientras los programas
colombianos de maestría similares alcanzan hasta 2304 horas de trabajo
académico, el programa cursado por la demandante tenía una duración máxima de
1800 horas, según el sistema de créditos español.
76. También se demostró que el trámite de convalidación respetó su derecho al
debido proceso porque la señora Bibiana María Peña Molina, durante la actuación
administrativa, pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, e incluso aportó
pruebas. En sede administrativa, la recurrente presentó recursos de reposición y
en subsidio apelación, acompañado de documentación adicional y argumentos
técnicos, los cuales fueron debidamente valorados por el ministerio.
77. Contrario a lo sostenido por la demandante, no es cierto que la CONACES haya
omitido la valoración integral del documento completo de la tesis de grado. En la
sesión de 11 de septiembre de 2019 este cuerpo colegiado concluyó que el trabajo
de grado presentado no alcanzaba el nivel investigativo requerido, pues la
dedicación en créditos y horas no era suficiente.
78. El artículo 2.5.3.2.6.4. del Decreto 1075 señala que los programas de maestría
tienen énfasis investigativo, pero la tesis presentada por la demandante equivalía a
cinco créditos académicos, lo que representa aproximadamente cincuenta horas de
dedicación.
79. Respecto a la mora alegada, es importante precisar que el plazo previsto en el
artículo 12 de la Resolución 20797 de 2017 para emitir una decisión de fondo no
tiene una naturaleza preclusiva, en la medida en que la administración conserva la
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
competencia para emitir una decisión de fondo después de superado. Por lo tanto,
su incumplimiento no afecta la legalidad de las decisiones administrativas
adoptadas, en las que se respetó el debido proceso.
80. La Sala observa que el parágrafo del artículo 18 de la Resolución 20797 de 2017
impuso al ministerio la obligación de someter a evaluación académica los títulos
propios obtenidos en el extranjero, como un mecanismo que asegura la
equivalencia de conocimientos y competencias de los profesionales que se
capacitaron en el exterior, frente a los estándares nacionales. Esta exigencia
responde al deber estatal de proteger la calidad educativa y la idoneidad
profesional, bajo criterios objetivos y uniformes.
81. Con fundamento en lo anterior, los cargos no prosperan porque la demandante
no demostró la transgresión del ordenamiento superior, ni desvirtuó la presunción
de legalidad que ampara las Resoluciones 7042 de 2019, 13592 de 2020 y 14117
de 2020.
iii) La presunta falsa motivación
82. La demandante argumentó que las resoluciones cuestionadas se soportaron en
motivos falsos relacionados con el nivel de formación y la carga académica.
83. La Sección Primera de esta Corporación38, en sentencia de 11 de julio de 201939,
explicó que concierne a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto demandado
por la causal de falsa motivación “[…] demostrar el vicio en el elemento causal
de la decisión, es decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho
y derecho que facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en
el acto administrativo no corresponde a la realidad […]”40 (negrilla fuera de texto).
84. A partir de la revisión de los actos demandados, se evidencia que en ellos se
señala con claridad y suficiencia los motivos por los cuales el ministerio no convalidó
el título académico conforme a las conclusiones contenidas en los conceptos de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, las cuales no se desvirtuaron.
85. Se pone de presente que las Salas de Evaluación de la CONACES, de acuerdo
con los artículos 3 de la Ley 1188 de 25 de abril de 200841, 1.1.3.3 del Decreto 1075
de 26 de mayo de 201542, y 13 de la Resolución 10414 de 28 de junio de 201843,
son órganos colegiados e interdisciplinares que apoyan el proceso de evaluación
de convalidación de títulos de educación superior y de los programas de formación
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de 2019. Radicación
25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
39
Ibidem.
40
Cfr. Cita ibídem.
41
“[…] Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.
42
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación […]”.
43
“[…]Por la cual se reorganiza la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CONACES), se adopta el reglamento para el funcionamiento de sus Salas de Revisión y Consulta, de Evaluación y de
Coordinadores, y se derogan las Resoluciones 14830 de 2016 y 3179 de 2017 […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00116-00
Demandante: Bibiana María Peña Molina
complementaria, requeridos por el ministerio de Educación, “[...] emitiendo para ello
conceptos de recomendación que el Ministerio requiera [...]”.
86. Por lo tanto, no se evidencia que las resoluciones impugnadas hayan incurrido
en falsa motivación, máxime cuando las conclusiones de la CONACES, se
advierten razonables y suficientes.
iv) La presunta transgresión del derecho a la igualdad
87. La demandante argumentó que el ministerio vulneró el derecho a la igualdad, al
haber convalidado otros títulos propios conferidos por instituciones europeas con
cargas académicas similares o incluso inferiores. Además, desconoció que la
demandante tiene los mismos derechos que una persona que cursó una maestría
en Colombia.
88. Para analizar la transgresión de este derecho, la Sala Plena de esta corporación
estableció en la sentencia de 2 de mayo de 201844 que el juez debe valorar si entre
actores en situaciones iguales se otorgó un trato diferente sin justificación alguna,
o si se brindó un trato igual, debiéndose adoptar uno diferenciado, en virtud de las
circunstancias disímiles.
89. El derecho a la igualdad es una garantía de naturaleza relacional, lo que significa
que quien pretenda la nulidad de un acto administrativo por dicha causa debe
demostrar que la administración no otorgó un trato igual a quienes se encontraban
en las mismas situaciones de hecho y de derecho, o que omitió adoptar una
discriminación positiva cuando era procedente45.
90. Esto implica que existen situaciones que, por sus particularidades y
características, no pueden ser objeto de comparación razonable. En estos casos,
no procede exigir un trato igualitario, dado que la diferencia de contextos justifica
un proceder distinto por parte de la administración.
91. Precisamente, el parágrafo del artículo 11 de la Resolución 20797 de 2017 indicó
que el criterio general de convalidación de caso similar no aplica cuando se trata
de la homologación de títulos propios.
92. Conforme a la Resolución 20797, las solicitudes de convalidación de los títulos
propios proferidos antes del 9 de junio de 2015 se analizan de manera individual, y
consideran la documentación y las particularidades de cada programa académico.
Esto asegura que todos los casos sean tratados con igualdad en el proceso, pero
también permite reconocer y atender las diferencias importantes que puedan existir
entre los distintos programas evaluados.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-15-000-
2015-00110-00(REVPI).
45
Al respecto ver la sentencia C-178 de 2014 de la Corte Constitucional.
24
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Demandante: Bibiana María Peña Molina
93. En consecuencia, el ministerio no vulneró el derecho a la igualdad porque aplicó
el procedimiento de convalidación de títulos conforme a la Resolución 20797, al no
resultar aplicable el criterio de caso similar, ni existir situaciones de hecho y de
derecho idénticas.
94. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora
Bibiana María Peña Molina.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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