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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00068-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00068-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 22160 de 25 de noviembre de 2016, 11291 de 5 de junio de 2017 y 16045 de 14 de agosto de 2017, expedidas 53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00302-00. 54 Consejo de Estado. Sección Primera. Sala de lo Contencioso Administrativo. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00. 55 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00 Demandante: Andrea María Suárez Mendoza por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional que adelante nuevamente el procedimiento de convalidación del sub examine, acorde a lo reglado en la Resolución 06950 de 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2018-00068-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: ANDREA MARÍA SUÁREZ MENDOZA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
ACADÉMICOS EXTRANJEROS - REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovida por la señora Andrea María Suárez Mendoza, en contra de las
Resoluciones 22160 de 25 de noviembre de 20161, 11291 de 5 de junio de 20172 y
16045 de 14 de agosto de 20173.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La señora Andrea María Suárez Mendoza, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento4, presentó demanda con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Se declare la nulidad de la Resolución N° 22160 de 25 de noviembre de
2016, expedida por la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la educación
Superior del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, por medio de la cual se
negó la convalidación del título de Posgraduación en Dermatología emitido por el
Instituto de Posgraduação Medica Carlos Chagas, el 1° de febrero de 2016 a la
señora ANDREA MARIA SUAREZ MENDOZA.

1
"[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]".
2
“[…] Por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 22160 del 25 de noviembre de
2016 […]".
3
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de apelación […]".
4
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

2. Se declare la nulidad de la Resolución N° 11291 del 5 de junio de 2017, expedida
por el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, mediante la cual resolvió
confirmar lo decidido en la Resolución N° 22160 de 2016, en respuesta al recurso
de reposición.

3. Se declare la nulidad de la Resolución N° 16045 del 14 de agosto de 2017,
expedida por MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, mediante la cual resolvió
confirmar lo decidido en las Resoluciones No. 22160 de 2016, en respuesta a la
Solicitud de convalidación y 11291 de 2017, en respuesta al recurso de reposición.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene al MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL convalidar el título de Posgraduación en Dermatología emitido por el
INSTITUTO DE POSGRADUAÇAO MEDICA CARLOS CHAGAS. […]”.5

I.1.1. Los hechos

2.Mencionó que en el año 2000 obtuvo el título de médica y cirujana general de la
Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en la ciudad de
Bogotá.

3.Señaló que en febrero de 2016 el “[…] INSTITUTO DE POSGRADUÇAO
MEDICA (sic) CARLOS CHAGAS (IPGMCC) […]” de Brasil le otorgó el título de “[…]
Posgraduación en Dermatología […]”, cuya convalidación solicitó ante el Ministerio
de Educación Nacional el 30 de marzo de 2016, conforme a los requisitos
establecidos en la Resolución núm. 06950 de 15 de mayo de 2015.

4. Aclaró que el Instituto de Pós Graduação Médica Carlos Chagas y su hospital de
base, la Policlínica General de Río de Janeiro, están avalados por la Sociedad
Brasilera de Dermatología y “[…] para extranjeros por el CREMERJ, que es el
Consejo Regional de Medicina del Estado de Río de Janeiro […] y que es una
dependencia directa del Consejo Federal de Medicina CFM, órgano que posee
atribuciones constitucionales de fiscalización y normatización de la práctica médica
en la República Federal de Brasil […]”.

5.Puso de relieve que la doctora Laura Sofía Habib Araujo presentó ante el
ministerio solicitud de convalidación del título de posgraduación en dermatología, el
cual fue reconocido por la Resolución núm. 14520 de 15 de julio de 2016.

6. Afirmó que luego de 8 meses y de haber interpuesto una acción de tutela para
recibir una respuesta para su trámite, el ministerio expidió la Resolución núm. 22160
de 25 de noviembre de 2016, por la cual negó la convalidación de su título con base
en el artículo 1.° de la Resolución núm. 06950 de 2015.

7.Explicó que el 7 de diciembre de 2016 presentó un recurso de reposición, y en
subsidio, de apelación contra esa decisión, los cuales fueron resueltos mediante las
Resoluciones 11291 del 5 de junio y 16045 del 14 de agosto de 2017, en el sentido
de confirmar la decisión inicial.

5
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 35.

3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

8. Manifestó que el 6 de marzo de 2017, presentó petición para que el ministerio
informara “[…] los profesionales a quienes les habían otorgado la convalidación de
títulos de posgrado en el área de medicina cursados en el Instituto de Pos
graduação Medica (sic) Carlos Chagas […] entre el año 2015 al 2017 […]”.

9.Señaló que, mediante respuesta de 31 de mayo de 2017, el ministerio reconoció
haber convalidado los siguientes títulos de esa institución educativa:

Resolución Fecha Institución Especialidad
14520 15 de julio de 2016 IPGMCC Dermatología
10408 22 de mayo de 2017 IPGMCC Cirugía plástica
10822 22 de julio de 2015 IPGMCC Endocrinología
9058 23 de junio de 2015 IPGMCC Anestesiología

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

10. La señora Andrea María Suárez Mendoza afirmó que los actos acusados
vulneran los artículos 2.°, 5.°, 6.°, 13, 25 y 29 de la Constitución Política, así como
la Resolución 06950 de 15 de mayo de 20156. Los cargos se agrupan en los
siguientes ejes temáticos7:

i) Vulneración del derecho al debido proceso

11. Explicó que el ministerio vulneró el derecho al debido proceso previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, porque negó la convalidación del título de
posgraduación en dermatología, al considerar que ese programa académico no
cumplía con el parámetro de legalidad exigido en el artículo 1.° de la Resolución
06950 de 2015.

12. Aclaró que la residencia médica en Brasil está dirigida a los médicos brasileños,
mientras que quienes tienen visa temporal pueden acceder a “[…] programas
propios […] de igual contenido y validez al de la residencia médica […]”, conforme
a la Resolución núm. 1669 de 2003 de la Comisión Nacional de Residencia Médica.

13. Indicó que el titulo obtenido cumple con los requisitos de calidad y contenido
indicados en el artículo 6° de la Resolución núm. CFM 1832 de 2008 y en la
Resolución núm. 248 de 2009 del Consejo Regional de Medicina – CREMERJ.
Además, se cumplió lo dispuesto en el literal b) del numeral 1.º del artículo 3 de la
Resolución 06950 de 2015, debido a que el programa cursado “[…] no corresponde
en sí a residencia médica, sino a la modalidad de “pos graduación”, que es el
equivalente a la residencia médica […] para personas que no poseen registro
médico y que no cuentan con ciudadanía brasilera […]”.

6
“[…] Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014 […]”.
7
El demandante no explicó las razones por las que los actos acusados desconocían los artículos 5 y 6 de la Constitución
Política.

4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

14. Adujo que el Instituto de Pós Graduação Médica Carlos Chagas se encuentra
inscrito en el Registro Nacional de Persona Jurídica de Brasil, y que el título en
cuestión fue otorgado “[…] en convenio institucional suscrito con la UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO AMAZONIA, a través de la UNIVERSIDADE DA TERCEIRA
IDADE […] que tiene por objeto la realización de educación en grado académico de
posgrado en las áreas de la salud […]”.

15. Sostuvo que, de conformidad con el artículo 10 de la Resolución 06950, el
ministerio tenía la obligación de solicitar información adicional para resolver la
solicitud de convalidación, como lo ha hecho en otros casos que comprobó
directamente con la “[…] Universidade do Estado do Amazonia […]” los requisitos
necesarios para convalidar diferentes títulos.

16. Finalmente, estimó que el ministerio desconoció el precedente constitucional
establecido en las sentencias de tutela T-956 de 2011, T-232 de 2013 y T-430 de
2014, y en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los expedientes
11001-03-24-000-2014-00343-00, 11001-03-24-000-2009-00376-00 y 11001-03-
24-000-2010-00166-00.

ii) Transgresión del derecho a la igualdad

17. Adujo que el ministerio desconoció los artículos 2.° y 13 de la Constitución
porque durante el trámite de convalidación creó “[…] una discriminación negativa,
lo cual debe ser justificado en forma objetiva y razonable, por cuanto de no existir
justificación, será constitucionalmente ilegítimo o inválido y acarrearía una omisión
del servidor público, en ejercicio de sus funciones […]”.

18. Mencionó que presentó recursos de reposición y apelación contra la negativa de
convalidación, en los que solicitó que se aplicaran decisiones favorables tomadas
en casos similares de posgraduados del mismo instituto. Sin embargo, el ministerio
argumentó que la solicitud no contenía documentos que respaldaran este punto y
que, en cualquier caso, no era procedente convalidar un título otorgado por una
entidad que no tenía facultad para hacerlo.

19. Señaló que el ministerio, mediante la Resolución 14520 del 15 de julio de 2016,
convalidó el título en dermatología de la señora Laura Sofía Habib Araujo, quien fue
su compañera de estudios en el mismo instituto. En ese caso, la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CONCAES) emitió un concepto favorable, reconociendo que el título equivalía al
de especialista en dermatología. Por lo tanto, la demandante advirtió que su
situación debió resolverse aplicando el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución
06950.

iii) Quebrantamiento del derecho al trabajo

20. Planteó que “[…] los particulares tienen derecho a exigir del Estado que en el
trámite de las convalidaciones de títulos otorgados por instituciones de educación

5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

extranjeras, se aplique la misma normatividad que en casos similares, pues de lo
contrario, se generan irregularidades y desviaciones como las acontecidas en el
caso sub-Lite, en donde el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, no sujetó
sus atribuciones a los cánones supra legales, vulnerando, por consiguiente, […] el
derecho al Trabajo […]”.

I.2. Trámite del proceso

21. Mediante auto de 29 de junio de 20188, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

22. En la audiencia inicial de 19 de diciembre de 20199, se fijó el litigio, se decretaron
pruebas, se prescindió de la audiencia de alegación y se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.

I.3. La contestación de la demanda

23. El Ministerio de Educación Nacional no contestó la demanda10.

I.4. Los alegatos de conclusión

24. La señora Andrea María Suárez Mendoza, mediante escrito de 8 de julio de
202011, reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Además, agregó que,
mediante Resoluciones 07520 de 27 de mayo de 2015, 08037 de 3 de junio de
2015, y 10408 de 22 de mayo de 2017, el ministerio demandado convalidó el mismo
título de posgraduación a los señores Oscar Javier Hernández Pabón, Katherine
Sarmiento Cano y Samir Daniel Jamme Hasbun.

25. El Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito de 2 de julio de 202012,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda debido a que la legalidad
de la institución educativa y del título otorgado se debe estudiar conforme a la Ley
30 de 28 de diciembre de 199213 y la Resolución 06950. Argumentó que la
institución educativa en cuestión no contaba con certificación por parte de la
Comisión Nacional de Residencia Médica de Brasil, donde se autorizara el
programa de residencia médica en dermatología.

26. Aclaró que no era posible aplicar la causal de caso similar para la convalidación
solicitada, ya que a quienes ejercen profesiones en el área de la salud se les debe
realizar una evaluación académica integral, siguiendo el procedimiento previsto en
el artículo 5 de la Resolución 06950, con el fin de evitar posibles riesgos sociales.

8
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 46.
9
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 126.
10
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”: notificación del
auto que admitió la demanda por estado de 13 de julio de 2018 (folio 49). Paso al despacho de 13 de noviembre de 2018, sin
manifestación alguna (folio 60). Audiencia inicial, recuento de las actuaciones procesales surtidas, “[…] el Ministerio de
Educación Nacional no se pronunció […]” (folio 129).
11
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 197.
12
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 167.
13
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]”.

6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Sin embargo, esa evaluación solo se adelanta respecto de los títulos que superan
el criterio de legalidad.

27. Anotó que “[…] el trámite de convalidación de títulos de educación superior
resulta necesario porque, entre otras cosas, pretende la garantía del derecho a la
igualdad entre quienes obtienen formación de educación superior conducente a
título en el extranjero y que pretenden ejercer las respectivas profesiones a las que
habilitan esos títulos, y quienes obtienen la titulación en el país conforme a
exigencias académicas que se hacen en las instituciones de educación superior en
el territorio nacional […]”.

I.5. El concepto del Ministerio Público

28. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante concepto
de 6 de julio de 202014, solicitó negar las pretensiones de la demanda porque las
decisiones del ministerio no vulneraron el derecho a la igualdad o la Resolución
06950.

29. Advirtió que no se cumplió el requisito de legalidad en la acreditación del Instituto
de Posgradacao Medica Carlos Chagas (IPGMCC), pues no estaba inscrito en los
ministerios competentes de Brasil, lo que en principio excluye la vulneración de
normas superiores. No obstante, se identificó que existen dos instituciones con
nombres similares en Brasil, lo que pudo generar confusión por parte de la autoridad
demandada. Además, una parte de la resolución relevante está en portugués y sin
traducción, lo que puede complicar el análisis legal y afectar el debido proceso.

30. Explicó que no existen fundamentos probatorios suficientes para realizar un
análisis de caso similar, ya que tampoco se acreditaron los requisitos necesarios
para verificar que el programa mencionado por la demandante coincide con el
cursado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

31. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el planteamiento de los problemas jurídicos; y iv) el análisis del caso concreto.

II.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 1315 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201916, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que

14
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 180.
15
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
16
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.

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Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.

II.2. Los actos administrativos demandados

33. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de la Resolución 22160 de 25
de noviembre de 201617, cuya parte resolutiva señala:

“[...] ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la convalidación del título de CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA, en la modalidad de residencia, otorgado el 01
de febrero de 2016, por el INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS
CHAGAS, BRASIL, a ANDREA MARÍA SUÁREZ MENDOZA, ciudadana colombiana,
identificada con cédula de ciudadanía No. 65.778.011. [...]”. (Negrilla del texto).

34. También se demandó la Resolución 11291 de 5 de junio de 201718 que al resolver
el recurso de reposición confirmó la decisión y concedió la apelación ante la
Dirección de Calidad para la Educación Superior.

35. Finalmente, se demandó la Resolución 16045 de 14 de agosto de 201719, a través
de la cual el Ministerio de Educación Nacional, al resolver el recurso de apelación,
confirmó la decisión de no convalidar ese título académico.

II.3. El planteamiento de los problemas jurídicos

36. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 19 de diciembre
de 2019, corresponde a la Sala determinar si “[…] el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL con ocasión de la expedición de las Resoluciones 22160 de 25 de
noviembre de 2016, 11291 de 5 de junio de 2017 y 16045 de 14 de agosto de 2017,
por medio de las cuales se negó la convalidación del título de pos graduación en
dermatología otorgado el 1° de febrero de 2016, por el INSTITUTO DE POS-
GRADUACAO MEDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL llegó a quebrantar los
artículos 2, 5, 6, 13 y 29 de la Constitución Política, así como lo dispuesto en la
Resolución 6950 de 15 de mayo de 2015 y concretamente se predica un
desconocimiento del principio del caso similar de que trata el artículo 3°, numeral
2°, de la citada resolución, al considerar que el programa NO equivale a uno
ofertado por las instituciones de educación superior en Colombia. […]”.

37. En la audiencia inicial se precisó que:

“[…] la parte actora señaló que el Ministerio de Educación Nacional desconoció los
derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, por cuanto: (i) en Brasil existen
programas propios para los médicos extranjeros de igual contenido y validez al de la
residencia médica; (ii) el INSTITUTO DE POS-GRADUACAO MEDICA CARLOS
CHAGAS tiene licencia de funcionamiento y se encuentra inscrito en el Registro

17
"[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]".
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 10.
18
“[…] Por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 22160 del 25 de noviembre
de 2016 […]". Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio
17.
19
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de apelación […]".
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 23.

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Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Nacional de Personas Jurídicas; (iii) se omitió requerir al instituto para que enviaran
los documentos necesarios para analizar el programa y su posible convalidación; (iv)
convalidó títulos de especialización a otros profesionales que realizaron cursos de
especialización en las mismas condiciones que la actora y concretamente se cita la
convalidación concedida a la doctora Laura Sofía Habib Araujo, quien cursó estudios
en la misma época, institución y en los mismos programas académicos de la actora;
(v) desconoció los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional
contenidos en las sentencias T-956 de 2011; T-232 de 2013 y T-430 de 2014 y las
sentencias del Consejo de Estado proferidas en los expediente 2014-00343; 2009-
00376 y 2010-00166 […]”.

II.4. Análisis del caso concreto

38. Para resolver los citados problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) los
argumentos adicionales planteados en los alegatos de conclusión; ii) la vulneración
del derecho al debido proceso; iii) la transgresión del derecho a la igualdad; y iv) el
presunto desconocimiento del derecho al trabajo.

i) Los argumentos adicionales planteados en los alegatos de conclusión

39. La Sala pone de presente que la demandante, en la etapa de alegaciones,
presentó argumentos adicionales a los expuestos en la demanda y a los ventilados
en la fijación del litigio. Concretamente, solicitó la aplicación del criterio de caso
similar respecto de los actos administrativos que convalidaron los estudios
realizados por los señores Oscar Javier Hernández Pabón, Katherine Sarmiento
Cano y Samir Daniel Jamme Hasbun.

40. Porsu parte, el Ministerio de Educación Nacional se opuso en la misma
oportunidad a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en una
argumentación que no presentó cuando se le corrió el traslado de la demanda.

41. De conformidad con los artículos 162 y 175 de la Ley 1437 de 2011, el escrito
de la demanda y el libelo de contestación son los instrumentos previstos por el
legislador, en los que se exponen las razones de hecho o de derecho que soportan
las pretensiones, así como los argumentos de oposición a los cargos del
demandante, respectivamente. Según el principio de congruencia, toda sentencia
debe ser coherente con el debate judicial propuesto por las partes en la demanda y
en el escrito de contestación.

42. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la etapa de alegaciones
no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos nuevos que no
fueron planteados en la demanda o en el escrito de contestación, so pena de afectar
garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de los
sujetos procesales20.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.

9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

43. Esto significa que el planteamiento de los alegatos es extemporáneo. Por lo
tanto, la Sala no analizará esos presuntos casos similares y resolverá el litigio
teniendo en cuenta el material probatorio válidamente recaudado.

ii) La presunta vulneración del debido proceso

44. La demandante argumentó que el ministerio vulneró su derecho al debido
proceso al negar la convalidación de su título de posgrado en dermatología,
basándose en que el programa no cumplía con los parámetros legales exigidos.
Explicó que esa decisión no tuvo en cuenta que: i) el programa ofrecido es un título
propio con validez académica, equivalente a la residencia médica para quienes no
poseen ciudadanía brasileña ni registro médico en Brasil; ii) el Instituto de Pós
Graduação Médica Carlos Chagas está registrado en el Registro Nacional de
Persona Jurídica de Brasil; y iii) el título fue otorgado mediante un convenio con la
Universidade do Estado do Amazonia y la Universidade da Terceira Idade para
estudios de posgrado en salud.

45. Para dar respuesta a lo anterior, la Sala resalta que el debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no solo garantiza a las
personas la posibilidad de ejercer su defensa, sino que también se articula de
manera esencial con el principio de legalidad. En el marco de ambos principios toda
actuación de las autoridades debe fundarse en las normas previamente
establecidas aplicables al caso.

46. La Resolución 06950 de 2015, “[…] Por medio de la cual se define el trámite y
los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación
superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014 […]”, fue la norma que reguló la
solicitud de convalidación elevada por la demandante.

47. El artículo 1.° de la Resolución 06950 de 2015 estableció el objeto de dicha
reglamentación así:

“[…] Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene como objeto regular el trámite
de convalidación de los títulos de educación superior, otorgados por instituciones
de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas
por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de
educación superior. […]”. (Negrilla fuera del texto).

48. El artículo 3.° ibidem señaló que, “[…] Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante
respecto de los programas del área de la salud y de pregrado en derecho,
contaduría y educación […]”, la convalidación de títulos de pregrado y posgrado
seguiría tres criterios principales.

49. El primero de “acreditación”, aplicable cuando el programa o la institución que
otorga el título está acreditada en el país de origen. El segundo de “caso similar”,
aplicable cuando el título corresponde a un programa que ya ha sido evaluado

10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

previamente y cumple con las condiciones de denominación, institución y un plazo
menor a ocho años entre otorgamientos. El tercer tipo corresponde a la evaluación
académica ante la CONACES, cuando los títulos no se ajustan a los criterios
previamente establecidos o surgen dudas respecto a su nivel académico o
denominación.

50. El
artículo 4.° planteó las siguientes reglas aplicables al procedimiento de
convalidación de títulos propios:

“[…] Artículo 4. Convalidación de Títulos no Oficiales, Propios o
Universitarios. Para efectos del presente artículo, entiéndase como títulos no
oficiales, propios o universitarios aquellos que son expedidos por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación
superior, que carecen de los efectos que las disposiciones legales del respectivo país
otorgan a los títulos oficiales.

El Ministerio de Educación Nacional adelantará el trámite de convalidación para los
títulos definidos en este artículo, siempre y cuando se cumplan con alguno de los
siguientes requisitos:

a) Si la institución que otorgó el título que se somete a convalidación se
encuentra acreditada, o cuenta con un reconocimiento equivalente por parte de
una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de
origen.

b) Si el programa académico cursado por el solicitante se encuentra acreditado,
o cuenta con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen.

Presentada la solicitud, y una vez verificado que se cumpla con alguno de los dos
requisitos establecidos en este artículo, se procederá a surtir la evaluación
académica ante la CONACES sin perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un
concepto adicional a las asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se
requiera. […]”. (Negrilla fuera del texto).

51. El artículo 5 de la resolución ibidem aclaró que los programas del área de salud
se evaluarían siguiendo exclusivamente el criterio de evaluación académica,
veamos:

“[…] Artículo 5. Requisitos para la Convalidación de Títulos de Programas en
el Área de la Salud. Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud,
todos éstos deberán someterse a evaluación académica por parte de la Sala del
Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES- sin
perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera.

Para efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud, además de los
requisitos señalados en el artículo 2 de esta Resolución, se deberá acreditar lo
siguiente: (…)

2. Para títulos de posgrado: Se debe anexar lo siguiente:

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

a) Récord quirúrgico o de consulta expedido por las entidades o instituciones
facultadas para desarrollar actividades académicas o asistenciales en el área
de la salud.

b) Documentos que acrediten actividades académicas y asistenciales.

Los documentos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, que
se encuentren escritos en idioma distinto del castellano, deberán ser
traducidos por traductor o intérprete oficial, reconocido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

52. Como puede apreciarse, la Resolución 06950 de 2015 aplica tanto al trámite de
convalidación de los títulos de educación superior otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras, como al trámite de los títulos proferidos por
instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo
país, para expedir títulos de educación superior.

53. La citada norma estableció un procedimiento especial para la convalidación de
estudios en el área de la salud, en cuyo desarrollo prima el criterio de evaluación
académica a cargo de la Sala del Área de Ciencias de la Salud de la CONACES.
Además, los títulos no oficiales, propios o universitarios, emitidos por instituciones
extranjeras legalmente reconocidas, pueden ser convalidados por el Ministerio de
Educación Nacional, previa evaluación académica, siempre que la institución
otorgante o el programa académico estén acreditados o reconocidos por una
entidad certificadora de alta calidad en el país de origen.

54. Como lo mencionó esta Sección en la sentencia de 2 de mayo de 202521, el
procedimiento de convalidación “[...] implica la realización de un riguroso examen
de legalidad y una valoración académica de los estudios cursados, a efectos de
determinar la naturaleza jurídica de la institución de educación superior en la cual
se cursaron los estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado, todo lo cual
se dirige a garantizar la idoneidad académica del solicitante previa comprobación
de que los títulos que ostentan son equivalentes a los conferidos en nuestro país
[...]”22.

55. En la sentencia de 6 de noviembre de 2020 23, se aclaró que otros países
permiten que instituciones educativas expidan títulos con denominaciones propias,
en paralelo a los programas oficialmente avalados por el Estado, lo que dio lugar a
una clasificación de los títulos extranjeros en “oficiales” -respaldados por la
autoridad estatal- y “propios”, otorgados bajo la autonomía de la institución
académica, los cuales no necesariamente implican menor calidad.

21
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Rad. 11001-03-24-000-2016-00230-00.
22
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 11001-03-24-
000-2010-00166-00.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 6 de noviembre de 2020,
Rad.11001-03-24-000-2010-00215-00.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

56. En tales eventos, las sentencias de 18 de octubre de 201224, 13 de marzo de
201425, 5 de marzo de 201526, 2 de junio de 201627 y 6 de noviembre de 202028,
proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, explicaron que el
Ministerio de Educación Nacional debe evaluar la equivalencia de los títulos
“propios” o “no oficiales”, en virtud del principio de aplicación territorial de la Ley,
conforme a lo previsto en la reglamentación aplicable al procedimiento de
convalidación29.

57. La Corte Constitucional compartió esa tesis en las sentencias T-956 de
201130, T-232 de 201331 y T-430 de 201432, donde precisó que el ministerio no
podía rechazar el reconocimiento en Colombia de un título extranjero por el hecho
de que sea “propio”, pues es necesario hacer una evaluación académica del
programa de estudios y determinar su valor en el sistema educativo colombiano,
con el propósito de decidir si se puede o no convalidar el grado.

58. En el asunto sub examine, se acreditó que, mediante el radicado núm. CNV-
2016-0003522 la demandante presentó solicitud de convalidación del título de “[…]
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA, en la modalidad de
residencia, otorgado el 01 de febrero de 2016, por el INSTITUTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL […]”33.

59. Para tal efecto, presentó “[…] Certificado de Pós-Graduação em
DERMATOLOGIA […]”, otorgado el 1.° de febrero de 2016 por el “[…] INSTITUTO
DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS […]”, reporte histórico de
notas, apostilla y legalización del certificado, y traducción oficial del certificado y del
reporte histórico de notas34. Ese último documento contiene la siguiente
constancia:

60. La documentación presentada incluye el récord de consultas y procedimientos
quirúrgicos discriminado por área y número de horas, la monografía intitulada “[…]
NEUROFIBROMATOSE CUTÂNEA: HISTÓRICO, EPIDEMIOLOGIA, REVISÃO

24
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2009-
00376-00.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-00166-00, Actor: Carlos Felipe
Cordoba.
26
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno,
27
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm. 11001-03-24-000-2014-
00343-00.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2014-00343-
00.
29
Esta autoridad judicial, en esos precedentes, declaró la nulidad de actos administrativos expedidos por el ministerio con
base exclusiva en el parámetro de legalidad que desconocían los supuestos de caso similar o evaluación académica.
30
Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
31
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
32
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
33
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folios 9 y 10; y 67
y 68.
34
Ibid.

13

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

CLÍNICA E RELATO DE CASO […]”, y el “[…] programa de posgrado (lato sensu)
en dermatología […]”, con su respectiva apostilla y legalización por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

61. Al evaluar esa documentación, mediante concepto núm. CNV-2016-0003522 de
5 de octubre de 201635, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES
conceptuó que era procedente convalidar el título de la demandante como
equivalente a especialista en dermatología, por las siguientes razones:

“[…] La convalidante es ciudadana colombiana, con título de médica de la Escuela de
Medicina Juan N. Corpas, obtenido el 9 de diciembre de 2000, quien solicita
convalidación del título de Curso Pós-graduação Latu Sensu em Dermatología,
otorgado por el Instituto de Posgraduação Carlos Chagas – Brasil, otorgado el 1 de
febrero de 2016. Se evidencia copia del título a convalidar, plan de estudios,
certificado de las calificaciones obtenidas en un programa de 3 años de duración
cursado entre febrero de 2013 y febrero de 2016, récord de procedimientos y trabajo
de grado.

El título adjuntado corresponde con el plan de estudios.

El plan de estudios aportado da cuenta de un programa de tres (3) años en dedicación
exclusiva con una intensidad de 2918 horas cada año, para un total de 8754. Las
rotaciones tienen una duración de cuatro (4) meses e incluyen clínica médica,
consulta externa, dermatología sanitaria y leprología, dermatoscopia,
fotodermatología, dermatopatología, inmunología y alergia, dermatología pediátrica,
micología y bacteriología, cosmiatría, cirugía dermatológica, criocirugía y clínicas
especializadas como neurofibromatosis, alopecias, linfomas cutáneos, entre otros.
Las prácticas asistenciales se realizan en el Policlínico General de Río de Janeiro con
rotaciones extramurales en el Instituto Nacional de Cáncer, Hospital Municipal de
Jesús (pediátrico) y la Fundación Oswaldo Cruz- FIOCRUZ.

La certificación de calificaciones aprobatorias allegada, da cuenta de las asignaturas
y rotaciones relacionadas en el plan de estudios con promedio de 7.9. Se aporta copia
del trabajo de grado titulado “Neurofibromatosis cutánea: historia, epidemiología,
revisión clínica y relato de caso”.

En el récord adjuntado se puede evidenciar consultas externas especializadas y
procedimientos como biopsia de piel, shaving, crioterapia, escisión de lipomas y
quistes, electrocirugía, cirugía de uña, entre otros. La rotación extramural certificada
se realizó en el laboratorio de Dermatopatología en la Universidad CES de Medellín,
Colombia.

Para la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES, de acuerdo a la
información aportada, lo cursado por la convalidante es equivalente en duración,
contenidos y actividades, a lo exigido en los programas de Especialización en
Dermatología ofrecidos en Colombia. […]”.

62. Ahora bien, mediante Resolución 22160 de 25 de noviembre de 201636, el
Ministerio de Educación Nacional resolvió “[...] Negar la convalidación del título de
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA, en la modalidad de
residencia, otorgado el 01 de febrero de 2016, por el INSTITUTO DE PÓS-

35
Ibid., documento denominado “9. EXP. 2018-00068 concepto conaces - 05 oct 201669202075432 pm”.
36
"[…] Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación […]".
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folios 9 y 10; y 67 y
68.

14

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL, a ANDREA MARÍA SUÁREZ
MENDOZA […]”, al considerar que el procedimiento de convalidación no cumplía
con el parámetro de “legalidad”. De la parte motiva de ese acto administrativo se
destaca:

“[…] En conclusión, como existe una expresa restricción para que los extranjeros
adelanten residencias médicas en Brasil, y en Colombia las especialidades
médico quirúrgicas como la de Dermatología, se cursan bajo la modalidad de
residencia, no es posible para este Ministerio afirmar que el programa desarrollado por
la señora SUÁREZ MENDOZA es razonablemente equivalente a los ofertados por las
instituciones de educación superior en Colombia.

Que consultada la página del INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO MEDICA CARLOS
CHAGAS se puede establecer que inició bajo una denominación y con una licencia de
funcionamiento, pero posteriormente parece que se extinguió, por lo anterior no es
claro si el INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO MEDICA CARLOS CHAGAS tiene
otra licencia de funcionamiento porque no hay registro en la página web […].

Que si bien el curso presentado por el solicitante obedece a Lato Sensu (sic) que podría
corresponder a una actualización de conocimiento en un área en la que el médico ya es
especialista, es necesario para el Ministerio, no solo realizar la valoración académica
como bien sucedió, también lo es que este curso sea prestado por una institución
que sea reconocida en el país.

En nuestro país, opera la página del SNIES, que es un sistema que opera como fuente
de información, en relación con las instituciones y programas académicos aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional, así las cosas consultada la página del
gobierno de Brasil […] plataforma SUCUPIRA, mediante el cual se consultan los
programas de posgrado que cuentan con reconocimiento por parte del país, no
se encontró registro alguno del programa, igualmente revisada la página del
Ministerio de Educación de Brasil, no se encontró registro del INSTITUTO DE POS
GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS, por lo que no es posible establecer
que se trate de un programa aprobado por la autoridad competente en el respectivo
país conforme al artículo 1 de la Resolución No. 06950 de 2015. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

63. El 9 de diciembre de 201637, la demandante presentó recurso de reposición y
en subsidio de apelación contra ese acto administrativo, en el que argumentó que:
i) el curso fue ofertado por el Instituto en convenio con la “Universidade do Estado
do Amazonia”, a través de la “Universidade da Terceira Idade”, para la educación
de posgrado en las áreas de la salud; ii) en caso de requerir algún tipo de
información adicional, el ministerio debe solicitarla directamente al Instituto, pues la
totalidad de la información relativa a la legalidad de la institución no puede ser
proporcionada a particulares; y iii) el ministerio vulneró su derecho a la igualdad, al
debido proceso y al trabajo por no convalidar su título como lo ha hecho en casos
similares.

Resolución 11291 de 5 de junio de 201738, la Subdirección de
64. Mediante
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación

37
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folios 12 al 17; 69
al 74.
38
“[…] Por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 22160 del 25 de noviembre
de 2016 […]".

15

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Nacional decidió confirmar la resolución objeto del recurso de reposición, en
atención a las siguientes razones:

“[…] de acuerdo con la Resolución 06950 de 2015 expedida por este Ministerio, el
trámite de convalidación de títulos de programas en el área de la salud, como es el
caso del que ostenta la recurrente, implica un examen de legalidad del título sometido
a convalidación y un examen académico de los estudios cursados. Por ende, a través
del primero se evalúan aspectos tales como (i) Naturaleza jurídica de la
institución de Educación Superior que otorgó el título (ii) Naturaleza jurídica del
título otorgado. En este punto se verifica que el programa cursado conlleve a la
obtención de un título de educación superior que sea reconocido por las autoridades
encargadas de la educación superior en el país de origen de la Institución de
Educación Superior y a su vez, que el título sea otorgado por una Institución de
Educación Superior reconocida por la autoridad competente en el respectivo país de
origen. Una vez aprobado el examen de legalidad previamente descrito, es posible
acceder al análisis académico.

El concepto de legalidad de la institución y del título, como exigencia para el
análisis de la procedencia de la convalidación, se encuentra consagrado en el
artículo 1 de la Resolución 6950 del 15 de mayo de 2015 que reza: “Articulo 1.
Objeto. La presente Resolución tiene como objeto regular el trámite de convalidación
de los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior” (Subrayado fuera
del texto original), de ahí que el Ministerio deba realizar un estudio destinado a
precisar la naturaleza de la institución que está otorgando el título y del título mismo,
pues si no se estableciera previamente esta situación, se podría incurrir en el error de
realizar la convalidación sobre certificados (diferentes a títulos de educación
superior), otorgados por cualquier persona jurídica, aun cuando no estén
debidamente autorizadas, reconocidas o conformadas como instituciones de
educación superior por la autoridad competente en el país de origen.

De igual manera, es importante recalcar que el trámite de convalidación de acuerdo
a lo esgrimido por el Consejo de Estado “alude al procedimiento administrativo
mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional, luego de efectuar los análisis y
valoraciones pertinentes, procede a reconocer validez a un título de educación con el
propósito de que el mismo pueda acreditar que su titular es poseedor de los
conocimientos inherentes a los estudios realizados”, cuyo resultado final determina si
hay equivalencia o similitud con los programas que en paridad de condiciones son
ofertados en Colombia.

(…) Así las cosas, y en vista de los argumentos presentados por la recurrente en su
recurso de alzada, este Ministerio en ejercicio del examen de legalidad, revisó de
nuevo la solicitud de convalidación de la ciudadana ANDREA MARÍA SUÁREZ
MENDOZA.

Una vez revisada la página del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES […]
y de la COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MEDICA […], se encontró que:

"El Consejo Federal de Medicina-CFM publicó la resolución CFM n 1.669/2003,
posteriormente cambiada por la resolución CFM n 1.832/2008, que dispone sobre
el ejercicio profesional y los programas de post grado en Brasil de medico
extranjero y de medico brasileño formado por una facultad extranjera.

Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folios 12 al 17; 69 al
74.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

En primer lugar, en lo que concierne a la posibilidad de extranjero sin permiso
(visado de residencia) de permanencia cursado PRM en el país, la resolución así
lo dispone:

Art. 9° - El medico extranjero, que posea un visado temporal en cualquier
modalidad no puede cursar la residencia medica en Brasil.

Frente a esa imposibilidad legal y considerando los programas de
colaboración internacional existentes en el país, la resolución No 1.669/2003
reglamenta el desarrollo de "programas de capacitación profesional para
médicos extranjeros" estableciendo criterios para que los médicos
extranjeros puedan cursar especialidades en Brasil, con características
similares a la Residencia Medica, pueden sin infringir su legislación
específica. Art 5 de los programas de enseñanza de post-grado, está prohibida
la residencia médica, ofrecida a ciudadanos extranjeros poseedores de
visado temporal, que vengan a Brasil en la condición de estudiantes (inciso
IV del artículo 13 del Estatuto de Extranjero), y a los brasileros con diploma de
Medicina obtenido en facultades en el exterior y sin embargo no revalidado,
deberán obedecer las siguientes exigencias:

1 - Los programas deberán ser preferiblemente desarrollados en unidades
hospitalarias directamente relacionadas con instituciones de enseñanza
superior que mantenga programas de residencia médica en las mismas áreas,
acreditadas por la Comisión Nacional de Residencia Medica (CNRM).

2 - El número de vacantes de cada programa podrá variar de 1 (una) vacante hasta
el máximo de 30% treinta por ciento del total de médicos residentes de primer año
en la misma área, acreditados por la CNRM en la unidad.

3 - La duración del programa no podrá exceder a la autorizada por la CNRM para
la residencia Médica en las mismas áreas.

4 - No podrá haber (existir) cualquier tipo de extensión de programa, igual exigida
por el país que expide el diploma.

5 - Los actos médicos resultantes del aprendizaje solamente podrán ser realizados
en los locales previamente destinados para el programa bajo la supervisión directa
de profesionales médicos de elevada calificación ética y profesional, que asumirán
la responsabilidad solidaria de los mismos.

6-Es prohibida la realización de actos médicos por el aprendiz fuera de la
institución del programa, o igualmente en actividades medicas de otra naturaleza
y en locales no previstos por el programa en la misma institución, so pena de
incurrir en el ejercicio ilegal de la Medicina, siendo su programa inmediatamente
interrumpido, sin perjuicio de otras sanciones legales.

7- En el certificado de conclusión del curso deberá constar el nombre del área del
programa, periodo de realización y, explícitamente que el mismo no sea válido para
ejercicio de la profesión en territorio brasilero (paréntesis nuestros, con
adaptaciones).

Por lo tanto, aunque no sea posible cursar la Residencia Medica en el país, el
extranjero sin visado permanente podrá formarse en un programa propio
para médicos extranjeros de igual contenido y validez, constituido para este
fin en una institución pública de enseño superior, con certificación de
especialización emitido por la universidad (negrita fuera de texto original).

De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, luego de efectuar
la respectiva consulta en la Comisión Nacional de Residencia Médica de Brasil,

17

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

no encontró evidencia de que el INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA
CARLOS CHAGAS, BRASIL, cuente con un programa de residencia médica en
Dermatología aprobado por parte de dicho organismo, requisito con el cual
deben contar todas las instituciones que ofrezcan programas de residencia
médica en dicho país, según lo dispuesto en su normatividad, específicamente en
el artículo primero, numeral primero de la Ley 6.932 del 7 de julio de 1981 de la
República Federativa de Brasil, mediante el cual se establece:

"La residencia medica constituye una modalidad de enseñanza de post-grado,
destinada a médicos, bajo la forma de cursos de especialización, caracterizada por
el entrenamiento en servicio, funcionando bajo la responsabilidad de instituciones
de salud, universitarias o no, bajo la orientación de profesionales médicos de
elevada calificación ética profesional (...) Las instituciones de salud de las
cuales trata este articulo solamente podrán ofrecer programas de Residencia
Medica después de ser autorizadas por la Comisión Nacional de Residencia
Medica”.

En este marco normativo, al existir una expresa restricción para que los
extranjeros adelanten residencias médicas en Brasil y de no encontrarse
acreditados los requisitos establecidos en la resolución CFM n 1.669/2003,
posteriormente modificada por la resolución CFM n 1.832/2008 del Consejo Federal
de Medicina-CFM- antes mencionadas, en atención a que en Colombia las
especialidades médico quirúrgicas como la de Dermatología, se cursan bajo la
modalidad de residencia, no es posible para este Ministerio afirmar que el
programa desarrollado por la recurrente es razonablemente equivalente a los
ofertados por las instituciones de educación superior en Colombia.

Así mismo, se manifiesta que el título sometido a consideración no superó el
examen de legalidad, pues luego de consultada la página e-MEC del Ministerio
de Educación de Brasil, portal de consulta electrónica de las solicitudes de
acreditación y reacreditación de las instituciones de educación superior del
mencionado país, no se encuentra que el INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO
MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL, cuente con autorización para expedir
títulos de posgrado en medicina. Es por esto, que el Ministerio de Educación
Nacional, en observancia de los principios administrativos de eficiencia, economía y
celeridad, no sometió el caso a estudio a la evaluación académica efectuada por la
CONCAES, pues no tiene la vocación de ser convalidado.

De los argumentos Jurídicos,

1. Respecto del argumento en el cual se sostiene que la especialización cursada se
oferto por el INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO MEDICA CARLOS CHAGAS,
BRASIL en convenio con la UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONIA, a través
de la UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE, luego de examinar el documento
allegado por la recurrente en el que supuestamente se instrumenta tal acuerdo,
se determina que no es posible otorgarle valor probatorio a tal escrito, pues no
se encuentra traducido y debidamente legalizado.

Además, es claro que la institución de educación otorgante del título es el
INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL, entidad
que no se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Residencia Medica,
ni se encontró registrada en el portal de búsqueda electrónica del Ministerio de
Educación de Brasil e-MEC, de acuerdo a lo señalado previamente.

2. Por otro lado y en cuanto a la consideración elevada por la señora SUÁREZ
MENDOZA en la que se solicita a esta entidad que, de necesitar documentación que
acredite la legalidad de la institución en la cual cursó los estudios, el Ministerio de
Educación Nacional sea el ente que la requiera, se concluye que la misma no es
admisible en observancia de lo dispuesto el artículo 167 del Código General del

18

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Proceso, en donde se indica que “Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”. En
virtud de lo anterior, se puede concluir que existió una deficiencia en la
documentación aportada dentro de trámite de convalidación y del recurso de
alzada.

3. En relación al supuesto desconocimiento de los derechos al Debido Proceso,
Igualdad y al Trabajo por parte de esta entidad, se tiene que el procedimiento
administrativo que resolvió la solicitud de convalidación elevada por la
accionante se agotó en estricto cumplimiento de los supuestos establecidos
por la Resolución 06950 de 2015, pues, como se indicó previamente, el artículo
1 de dicha normativa establece que el trámite de convalidación implica
necesariamente un examen de legalidad respecto de la institución otorgante del
título, aspecto que no fue superado en el particular.

Ahora bien, una vez consultada la página del gobierno de Brasil […], plataforma
SUCUPIRA, mediante el cual se consultan los programas de posgrado que
cuentan con reconocimiento por parte del país, no se encontró registro alguno
del programa cursado por la recurrente. Igualmente, revisada la página del
Ministerio de Educación de Brasil, no se encontró registro del INSTITUTO DE
POS-GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL, por lo que no es
posible establecer que el programa cursado se encuentre aprobado por la
autoridad competente en el respectivo país conforme al artículo 1 de la Resolución
No. 06950 de 2015.

De acuerdo a lo anterior, es totalmente improcedente solicitar que se convalidé
(sic) un título otorgado por una entidad que no está capacitada para ello, bajo
el argumento de que el Ministerio de Educación Nacional ya ha convalidado el
mismo título, pues el derecho constitucional de igualdad y el principio
administrativo de confianza legitima no operan cuando le es solicitado a la
administración actuar en desconocimiento del derecho.

Respecto de la prueba allegada por la recurrente en la que, al parecer, la Comisión
de Residencia Medica de Brasil), otorga respuestas respecto a la posibilidad de
realización de especializaciones clínicas para los médicos no graduados en Brasil, se
observa que la misma no se encuentra traducida y legalizada, por lo que no tiene
valor probatorio para esta entidad. […]”. (Negrilla fuera del texto).

65. La Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional, mediante Resolución 16045 de 14 de agosto de 201739, resolvió el
respectivo recurso de apelación en el sentido de confirmar en todas sus partes las
resoluciones 22160 de 2016 y 11291 de 2017, en consideración a lo siguiente:

“[…] Que la Resolución No. 6950 de 2015, trae inmerso el concepto de legalidad de la
institución extranjera y del título que otorga, más la exigencia de esa condición de
legalidad para el análisis de la procedencia de la convalidación, y así se establece en
su artículo primero: […]

Que atendiendo a la norma arriba mencionada, es indispensable que el Ministerio
deba realizar un estudio destinado a precisar la naturaleza jurídica de la
institución que está otorgando el título, lo anterior hace referencia a que es
obligación de esta entidad constatar que la institución de educación superior
extranjera esta autorizada legalmente por la autoridad competente de su país,
para impartir programas académicos conducentes a la obtención de títulos de

39
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de apelación […]".
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folios 19 al 23; 75 al
79.

19

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

educación superior, so pena de incurrir en el error de realizar la convalidación
sobre certificados (diferentes a títulos de educación superior) otorgados por
cualquier persona jurídica, aun cuando no estén debidamente autorizadas,
reconocidas o conformadas como instituciones de educación superior por la
autoridad competente en el país de origen.

Aprobado el examen de legalidad, se accede al análisis académico en el cual se
evalúan aspectos como (i) Metodología bajo la cual se desarrolló el programa
académico cursado por el solicitante, ii) (sic) Naturaleza de los estudios realizados, (iii)
Duración de los mismos, (iv) Orientación de las asignaturas cursadas. Visto y aprobado
todo lo anterior, se permitirá evidenciar y determinar la viabilidad en el otorgamiento de
la convalidación solicitada.

Que la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional, en la realización del análisis de legalidad de la institución que otorga el título
al recurrente, encontró que el INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS
CHAGAS, BRASIL, no cuenta con un programa de Residencia Médica en
Dermatología aprobado por la Comisión Nacional de Residencia Médica de Brasil,
como lo señaló la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, en la Resolución No. 22160 del 25 de noviembre de 2016.

Que la convalidante no aportó en el recurso de apelación documentos adicionales
que subsanen lo señalado en el examen de legalidad realizado en el trámite de la
convalidación, realizado por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación superior.

Que el artículo 5 de la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015, establece los
requisitos para la convalidación de títulos de programas en el área de la salud, indicando
que todos los títulos de programas del área de la salud deberán someterse a evaluación
académica por parte de la CONACES, y que podrá de ser necesario solicitar un
concepto adicional a las asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se
requiera.

Que para el caso en concreto, en aplicación de la Resolución 06950 del 15 de mayo de
2015, no es posible aplicar el criterio de caso similar como lo indica la
convalidante, puesto que los requisitos para la convalidación de títulos del área
de la salud están taxativamente señalados en la Resolución 06950 del 15 de mayo
de 2015, donde se establece que el criterio aplicable para estos casos es la
evaluación académica una vez pase el estudio de legalidad, Sin embargo dado que
en el presente caso no se supera el examen de legalidad tampoco es procedente
realizar el examen académico que establece el artículo 5 de la Resolución 06950 del
15 de mayo de 2015.

Que este despacho coincide con lo argumentado por la primera instancia, y por tanto,
dado que no es procedente aplicar el criterio de caso similar, no encuentra viable
acceder a la convalidación del título de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DERMATOLOGIA, otorgado el 01 de febrero de 2016 por el INSTITUTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL, a ANDREA MARIA SUÁREZ
MENDOZA, ciudadana colombiana identificada con la cédula de ciudadanía No.
65.778.011. […]”. (Negrilla fuera del texto).

66. En el plenario obra el oficio núm. EE-098144 de 12 de junio de 201740, en el que
la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación
Nacional respondió la petición elevada por la señora Andrea María Suárez

40
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folios 24al 23.

20

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Mendoza, relativa a las convalidaciones de títulos similares al suyo por el mismo
centro educativo, en los siguientes términos:

“[…] Respetada señora Andrea María,
En atención a su consulta relacionada con la solicitud de expedición de copias de las
resoluciones de convalidación para títulos de postgrados en el ÁREA DE MEDICINA y
DERMATOLOGIA cursados en el INSTITUTO DE POSGRADUACAO MEDICA
CARLOS CHAGAS, BRASIL, entre el año 2015 al año 2017, nos permitimos presentar
la siguiente relación:

Título Trámite Nivel Nombre Institución País
Certificado de pos graduacao Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
lato sensu em anestesiologia medica Carlos chagas
Certificado de pos- graduacao Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
lato sensu em endocrinologia medica Carlos chagas
e metabologia
Certificado De pós- Graduacao Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Lato Sensu Em Cirugia Geral medica Carlos chagas
Pós Graduação Lato Sensu Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Em Clínica Médica medica Carlos chagas
Curso De Pós- Graduação Em Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Dermatologia medica Carlos chagas
Curso De Pós- Graduação Em Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Ortopedia E Traumatologia medica Carlos chagas

Dermatologia Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
medica Carlos chagas
Pós Graduação Lato Sensu Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Em Clínica Médica medica Carlos chagas
Pós-Graduação Em Cirugia Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Plástica E Reconstrutiva medica Carlos chagas
Curso De Pós- Graduação Em Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Dermatologia medica Carlos chagas
Certificado De Pós- Evaluación Especialización Instituto de pos graduacao Brasil
Graduacao Lato Sensu Em medica Carlos chagas
Cirugia Geral

Por lo anteriormente se anexa los documentos relacionados. […]”.

67. Finalmente, se destaca que el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de
Estado, mediante concepto de 6 de julio de 202041, se refirió al incumplimiento del
requisito de legalidad, así:

“[…] Es así como, teniendo en cuenta que la institución que otorga el titulo debe estar
suficientemente acreditada en el país de origen, se consideró que en el caso objeto
de estudio este criterio no se cumplió, por cuanto al momento de verificar la
acreditación del Instituto de Posgradacao Medica Carlos Chagas (IPGMCC),
éste no se encontraba inscrito ni en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
como tampoco en el Ministerio de Educación de Brasil. Por ello, a juicio de esta
Delegada, es cierto que no se cumplió con el requisito de acreditación, razón por la
cual, en principio, no se evidencia vulneración de las normas de superior jerarquía
invocadas como infringidas.

No obstante lo anterior, y a partir de un confuso comentario contenido en la parte
motiva de la resolución 22160 del 25 de noviembre de 2016, esta Delegada realizó
a través de Internet una averiguación propia, a partir de lo cual encontró que
en Brasil existen al menos dos instituciones académicas con nombres bastante
cercanos, en cuanto ambos incluyen en su denominación el nombre del célebre
científico brasileño Carlos Chagas, siendo uno de ellos el Instituto Superior De

41
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 180.

21

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Ciências Da Saúde Carlos Chagas - (ISCSCC) y el otro el Instituto de
Posgradacao Medica Carlos Chagas (IPGMCC), además de lo cual, se supo
también que mientras que el primero de ellos aparece como extinto, el segundo
sí se encuentra activo, desde el año 1959.

Este hecho permite contemplar la posibilidad de una confusión por parte de la
autoridad accionada, en caso de que al consultar la información sobre la
institución en la que la actora cursó sus estudios, se haya accedido
erróneamente a la información de la otra institución.
De otra parte, también debe anotarse que en el texto de la resolución 22160 aparece
una extensa consideración en idioma portugués, sin ningún tipo de traducción al
castellano, que al parecer, correspondería a la transcripción del artículo 1º de la Ley
6.932 de Brasil, lo que a juicio de esta Delegada puede dar lugar a confusión al
momento de analizar la legalidad de la institución y la del acto que niega la
convalidación solicitada, e incluso, podría dar lugar a vulnerar el debido proceso.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

68. Del material probatorio se destaca que la demandante presentó ante el Ministerio
de Educación Nacional de Colombia una solicitud de convalidación de su título de
posgrado en dermatología, obtenido en el Instituto de Pós-Graduação Médica
Carlos Chagas.

69. En la actuación administrativa, la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la
CONACES consideró que los estudios realizados eran equivalentes en duración,
contenido y actividades a los programas de especialización en dermatología
ofrecidos en Colombia. El programa cursado por la solicitante incluía prácticas
clínicas, rotaciones en hospitales reconocidos y una carga horaria adecuada.

70. Sin embargo, mediante Resolución 22160 de noviembre de 2016, el Ministerio
de Educación Nacional negó la convalidación, porque el proceso no cumplía con el
parámetro de legalidad. En su análisis, el ministerio verificó que en Brasil existe una
restricción expresa para que extranjeros realicen residencias médicas, lo que
demostraba que el programa cursado no era oficial.

71. El citado acto explica que el ministerio revisó la información sobre la institución
otorgante del título y constató que no se encontró registro oficial del Instituto de
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas como una entidad autorizada para expedir
títulos de especialización en medicina, ni en la página del Ministerio de Educación
de Brasil ni en la plataforma SUCUPIRA, donde se enlistan los programas
reconocidos en el país de origen.

72. La demandante en el recurso de reposición y, en subsidio de apelación, indicó
que el curso se ofreció en convenio con dos universidades brasileñas acreditadas
y que el Ministerio debía solicitar directamente la información faltante a la institución
académica dado que esta no se le entregaba a los particulares. También explicó
que el título propio obtenido cumplía con los estándares de calidad exigibles y que
ese instituto se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Persona Jurídica de
Brasil.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

73. En las Resoluciones 11291 de 5 de junio de 2017 y 16045 de 14 de agosto de
2017 que confirmaron la negativa, el ministerio recalcó, en primer lugar, que la
convalidación de títulos extranjeros busca proteger el interés general y los derechos
de las personas, asegurando que quienes ejerzan actividades de riesgo social
demuestren idoneidad.

74. Explicó que el Estado colombiano exige equivalencia y reconocimiento oficial de
los programas académicos. En este contexto el programa cursado no era homólogo
porque el médico extranjero que posea un visado temporal no puede cursar la
residencia médica en Brasil, y además la institución no cuenta con un programa de
aprobación de residencia médica en dermatología.

75. En segundo lugar, señaló que el artículo 1.º de la Resolución 06950 de 2015
establece como requisito indispensable que la institución extranjera esté legalmente
reconocida por la autoridad competente para impartir programas académicos
conducentes a títulos de educación superior, y que no era posible comprobar la
legalidad del supuesto convenio con la universidad pública, ya que el documento
no fue traducido ni legalizado debidamente.

76. Ahora bien, frente al argumento que niega la convalidación por tratarse de un
título propio, la Sala prohíja el criterio jurisprudencial adoptado por esta Sección,
conforme al cual el Ministerio de Educación Nacional, en escenarios como el
presente, debe adelantar el procedimiento de evaluación académica antes de
decidir sobre la convalidación.

77. Este deber resulta aún más relevante cuando se trata de títulos en el área de la
salud, pues el artículo 5 de la Resolución 06950 de 2015 exige expresamente la
realización de un análisis académico riguroso y preferente para este tipo de
estudios. Incluso, el artículo 4 ibidem establece que los títulos no oficiales, propios
o universitarios expedidos por instituciones extranjeras pueden ser sometidos al
procedimiento de convalidación.

78. Tal exigencia normativa busca garantizar que la valoración de los programas
extranjeros se base en la idoneidad y calidad académica, evitando que el mero
examen formal de legalidad se convierta en un obstáculo injustificado para el
reconocimiento de títulos académicos foráneos idóneos.

79. Por lo tanto, respecto del primer argumento que justificó la negativa, la Sala
advierte que los actos administrativos demandados vulneraron el debido proceso,
porque desconocen injustificadamente la etapa de evaluación académica, máxime
cuando la CONACES, al valorar la equivalencia del programa cursado con sus
homólogos nacionales, emitió concepto favorable para la convalidación.

80. En cuanto al segundo argumento, conforme al cual el Instituto de Pós-Graduação
Médica Carlos Chagas no es una institución de educación superior extranjera, ni
una institución legalmente reconocida por la autoridad competente de Brasil, la Sala

23

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

reconoce que, cuando se trata de títulos propios, el cumplimiento de ese requisito
se desprende de lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Resolución 06950 de 2015.

81. Sin embargo, al analizar el caso concreto, se observa que el Ministerio de
Educación Nacional adoptó una decisión de fondo sin contar con plena certeza
sobre la naturaleza jurídica de la institución en Brasil y sin profundizar en las dudas
existentes en torno a su reconocimiento.

82. La decisión administrativa se sustentó en una consulta del registro oficial del
Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas en algunas bases de datos
gubernamentales brasileñas, pero dicha acción no resulta suficiente para entender
por qué en otros casos el ministerio sí había convalidado los estudios cuando los
impartía ese instituto en convenio con universidades acreditadas, como ocurre en
el presente caso.

83. Las citas en portugués de la normatividad brasileña obrantes en la Resolución
22160 tampoco aclaran la razón jurídica por la que el centro educativo no cumple
con los requisitos previstos en la normatividad brasilera para ser considerado como
una institución de educación superior, especialmente porque: i) el ministerio
confunde las características de los títulos propios y los títulos oficiales que se
imparten en Brasil en el área de medicina; y ii) Brasil, al ser un estado federal,
puede distribuir las competencias en el reconocimiento de entidades educativas
entre el Distrito Federal y los Estados.

84. La demandante aportó constancias que acreditaban que el estudio de posgrado
fue realizado en convenio con dos universidades públicas brasileñas debidamente
acreditadas por las autoridades del país de origen. Estas constancias, constituían
un indicio suficiente para que el ministerio profundizara en la problemática, y
realizara los requerimientos formales pertinentes a las instituciones mencionadas,
en vez de negar la convalidación sin haber resuelto la duda existente.

85. La etapa probatoria en los procedimientos administrativos de esta naturaleza es
clave para garantizar el debido proceso de los administrados. Por ello, el artículo
10 de la Resolución 06950 de 2015 señala:

“[…] Artículo 10. Complementación de la información.- Si la información o
documentos que ha proporcionado el interesado al iniciar el trámite de convalidación
no son suficientes para emitir el concepto o el acto administrativo que decide de fondo
la solicitud, el Ministerio de Educación Nacional le requerirá por una sola vez,
con el fin de que aporte la información adicional o aclare o explique la
información suministrada dentro del término dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o las normas
que lo modifiquen.

El requerimiento realizado por este Ministerio interrumpirá los términos establecidos
para resolver de fondo la solicitud. […]”. (Negrilla fuera del texto).

86. Esta autoridad judicial no puede desconocer que, en otros casos, el Ministerio
de Educación Nacional había convalidado títulos de especialización expedidos por

24

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

el mismo instituto en situaciones similares, tal como se desprende del oficio núm.
EE-098144 de 12 de junio de 2017. Esta práctica administrativa previa
incrementaba la necesidad de que, frente a dudas o inconsistencias en la
información recabada, la administración agotara la etapa probatoria de manera
exhaustiva.

87. Aunado a ello, el ministerio se apartó sin una carga argumentativa suficiente del
concepto de la CONACES, organismo que ya había avalado los requisitos
académicos y legales del programa cursado y del instituto otorgante.

88. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1188 de 25 de abril de 200842, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.1.3.3 del Decreto 1075 de 26 de
mayo de 201543, las competencias de la CONACES están relacionadas con el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y, por ello, se
encarga de efectuar la evaluación de los procesos de convalidaciones, siguiendo
los parámetros enunciados en el artículo 15 de la Resolución 14830 de 18 de julio
de 201644, aplicable al caso concreto. Esa norma precisa que:

“[…] ARTÍCULO 15. EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONVALIDACIONES. Las
salas de evaluación que se encarguen de realizar el estudio académico de las
solicitudes de convalidación de títulos otorgados en el exterior, deberán seguir las
siguientes reglas:
1. Determinar la equivalencia de las prácticas y demás actividades académicas
realizadas en el marco del programa cursado por el solicitante en el exterior, con
aquellas que se encuentran previstas en los programas académicos ofrecidos en
Colombia.
2. Emitir los conceptos académicos de manera uniforme, a trámites que tengan
los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
3. Emitir los conceptos académicos teniendo en cuenta los requisitos y
parámetros de evaluación que se hayan establecido para cada disciplina, lo que
constituirá la línea conceptual que deberá ser concertada, establecida y actualizada
por la sala. […]”. (Negrilla fuera del texto).

89. Para la Sala, la omisión del ministerio de requerir directamente a las
universidades brasileñas o de solicitar información complementaria sobre el
convenio de convalidación, y los requisitos legales en torno al reconocimiento de
una institución como entidad de educación superior constituye una vulneración al
debido proceso administrativo.

90. Aunado a ello, se destaca que el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo
de Estado advirtió una posible confusión sobre la acreditación institucional, pues
encontró que en Brasil existen al menos dos instituciones con nombres muy
similares relacionados con Carlos Chagas: una extinta y otra activa desde 1959.
Esta situación podría haber generado dudas o errores en la consulta y análisis del
Ministerio, afectando la determinación sobre la legalidad y el debido proceso en la
evaluación del título presentado.

42
“[…] Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones […]”.
43
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación […]".
44
“[…] Por la cual se adopta el reglamento para el funcionamiento de las Salas de Coordinadores y de Evaluación de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, se determinan
parámetros y criterios para evaluar a sus integrantes y se deroga la Resolución 330 de 2014 […]”.

25

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

91. En conclusión, el Ministerio de Educación Nacional al expedir las Resoluciones
22160 de 2016, 11291 de 2017 y 16045 de 2017, vulneró el debido proceso al
desconocer de manera injustificada los resultados de la etapa de evaluación
académica, exigida para la convalidación de títulos propios en el área de la salud.
Adicionalmente, su decisión final no se basó en una investigación integral ni en la
utilización de todas las herramientas probatorias previstas en la Resolución 06950
para tal efecto.

iii) La presunta transgresión del derecho a la igualdad

92. La demandante argumentó que el ministerio vulneró los artículos 2 y 13 de la
Constitución Política, al crear una discriminación negativa durante el trámite de
convalidación de su título, sin una justificación objetiva ni razonable. Explicó que en
los recursos de reposición y apelación solicitó tener en cuenta los precedentes de
casos similares en el mismo instituto, pero el ministerio rechazó la petición por falta
de documentación y porque la entidad que otorgó el título no tenía la facultad para
hacerlo.

93. Indicó que el ministerio convalidó el título en dermatología de una compañera de
estudios, doctora Laura Sofía Habib Araujo, mediante la Resolución 14520 de 15
de julio de 2016, tras un concepto favorable de la CONACES. Por ello, consideró
que su caso debió resolverse aplicando el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución
06950.

94. Para analizar la transgresión del principio a la igualdad, la Sala Plena de esta
corporación estableció en la sentencia de 2 de mayo de 201845 que el juez debe
valorar si entre actores en situaciones iguales se otorgó un trato diferente sin
justificación alguna, o si se brindó un trato igual, debiéndose adoptar uno
diferenciado, en virtud de las circunstancias disímiles.

95. El derecho a la igualdad es una garantía de naturaleza relacional, lo que trae
como consecuencia que quien pretenda la nulidad de un acto administrativo por
dicha causa debe demostrar una de dos circunstancias. Bien sea que la
administración no otorgó un trato igual a quienes se encontraban en las mismas
situaciones de hecho y de derecho, o que omitió adoptar una discriminación positiva
cuando era procedente46.

96. Esto implica que existen situaciones que, por sus particularidades y
características, no pueden ser objeto de comparación razonable. Por lo tanto, en
estos casos, no procede exigir un trato igualitario, dado que la diferencia de
contextos justifica un proceder distinto por parte de la administración.

45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-15-000-
2015-00110-00(REVPI).
46
Al respecto ver la sentencia C-178 de 2014 de la Corte Constitucional.

26

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
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97. Precisamente, el artículo 3.° de la Resolución 06950 de 2015 indicó que el criterio
general de convalidación de caso similar no aplica cuando se trata de la
homologación de títulos del área de la salud. La norma en cita señaló:

“[...] Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de pregrado y posgrado. Sin
perjuicio de lo dispuesto más adelante respecto de los programas del área de
la salud y de pregrado en derecho, contaduría y educación, para efectos del
trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar
una evaluación legal de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios le es aplicable: (…)

2. Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando el título que se somete a
convalidación, corresponde a un programa académico que hubiera sido evaluado con
anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o por el ICFES, siempre que se
cumpla con las siguientes condiciones:

1. Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener la misma
denominación.

2. Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.

3. Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los dos títulos y su
respectiva resolución no superior a ocho (8) años. [...]” (Negrilla fuera del texto).

98. Acto seguido el artículo 5 estableció que los títulos de programas en el área de
la salud deben ser evaluados por la Sala de Ciencias de la Salud de CONACES y,
si es necesario, el Ministerio de Educación Nacional podrá pedir opiniones
adicionales a expertos, a partir de la documentación específica que allí se enlista.

99. La Resolución 06950 reconoció un trato diferenciado en la convalidación de
títulos debido a los altos estándares profesionales que exige la medicina. Estos
especialistas atienden la salud del público en general, según lo previsto en la Ley
23 de 18 de febrero de 198147, lo cual implica una responsabilidad mayor y la
necesidad de garantizar que los conocimientos, las competencias y los
procedimientos médicos cumplan con los criterios de calidad y seguridad.

100.En el presente proceso, mediante auto de 19 de diciembre de 201948, se le
ordenó al ministerio que allegara al proceso copia de todos los documentos
asociados a la Resolución 14520 de 15 de julio de 2016, que corresponde al trámite
de convalidación del título de la doctora Laura Sofía Habib Araujo, incluido el
respectivo concepto favorable emitido por la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación49.

47
“[...] Por la cual se dictan normas en materia de ética médica [...]”.
48
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 133.
49
De la documentación aportada por el Ministerio de Educación Nacional se corrió traslado el 21 de octubre de 2020.
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 221.
La parte demandante se pronunció respecto de la documentación aportada por el ministerio, mediante memorial de 23 de
octubre de 2020.
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 222.

27

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

101. En respuesta a este requerimiento, el 9 de junio de 2020 50, el ministerio aportó
el expediente administrativo de esa ciudadana radicado con el núm. CNV-2016-
0002210.

102. En el referido expediente obra: i) el certificado de Pós-Graduação em
Dermatologia del 1.° de febrero de 2016; ii) el reporte histórico de notas; iii) apostilla
y legalización del certificado; iv) la traducción oficial del certificado; v) traducción
oficial del reporte histórico de notas; vi) la Resolución 07520 de 27 de mayo de
2015, por la cual el ministerio convalidó el título de “[…] curso de pós-graduaçao
Lato Sensu em dermatología, otorgado el 5 de febrero de 2015, por el Instituto de
Pós-Graduaçáo Médica Carlos Chagas, Brasil, a Oscar Javier Hernández Pabón
[…]”; vii) la presentación y contenido del “[…] programa de posgrado (lato sensu)
en dermatología […]”; viii) el certificado general y certificados particulares de
actividades académicas y asistenciales; ix) “[…] Monografia de Pós-Graduação -
Foliculite Dissecante: Revisão da Bibliografia […]”; y x) el diploma de médica
cirujana51.

103. Luego de estudiar los anteriores documentos, el Ministerio de Educación
Nacional convalidó ese título en la Resolución 14520 de 15 de julio de 2016, en los
siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Convalidar y reconocer para todos los efectos
académicos y legales en Colombia, el título de CURSO DE POS-GRADUAÇÁO EM
DERMATOLOGIA, otorgado el 01 de febrero de 2016, por el INSTITUTO DE PÓS-
GRADUAÇÁO MÉDICA CARLOS CHAGAS, BRASIL, a LAURA SOFÍA HABIB
ARAÚJO, Ciudadana Colombiana, Identificada con Cédula de Ciudadanía No.
1.065.581.371, como equivalente al título de ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA,
que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley
30 de 1992. […]”. (Negrilla del texto).

104. Como fundamento de dicha decisión, el ministerio expuso las siguientes
consideraciones:

“[…] Que LAURA SOFÍA HABIB ARAÚJO, Ciudadana Colombiana, Identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 1.065.581.371, presentó para su convalidación el título de
CURSO DE PÓS-GRADUAÇAO EM DERMATOLOGIA, otorgado el 01 de febrero de
2016, por el INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÁO MÉDICA CARLOS CHAGAS,
BRASIL, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No.
CNV-2016-0002210.

Que la convalidante adjunta copia del título de MÉDICA CIRUJANA, otorgado el 17 de
marzo de 2011 por la UNIVERSIDAD DEL NORTE, COLOMBIA.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al
Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior otorgados
por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

50
Cfr. Índice 55 expediente digital. Documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 55”, folio 161.
51
Cfr. Índice 55 expediente digital. Carpeta “CD FOLIO 13(.rar) NroActua 55”, carpeta “CD FOLIO 133”, documentos
denominados “8. EXP. 2018-00068 anexo 0169202071628 pm.pdf”, “8. EXP. 2018-00068 anexo 0269202071739 pm.pdf”, “8.
EXP. 2018-00068 anexo 0369202071819 pm.pdf”, “8. EXP. 2018-00068 anexo 0669202072033 pm.pdf”, “8. EXP. 2018-00068
anexo 0769202072058 pm.pdf” y “8. EXP. 2018-00068 anexo 0869202072133 pm.pdf”.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

Que en virtud del artículo 5° de la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015, para
efectos de la convalidación de títulos en el área de la salud, establece: "todos estos
deberán someterse a evaluación académica por parte de la Sala del Área de Ciencias
de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior —CONACES-, sin perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar
un concepto adicional a las asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se
requiera…”.

Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior —CONACES-, la cual emitió
concepto favorable, señalando que el título obtenido es equivalente al de
ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado
la documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación
solicitada. […]”. (Negrilla del texto).

105. En este contexto probatorio se destaca que el criterio de convalidación por caso
similar no aplica a los estudios de posgrado del área de salud, conforme a la norma
vigente al momento de la expedición de las resoluciones demandadas.

106. Esto significa que no se vulneró el derecho a la igualdad en el presente proceso
de convalidación, ya que, por la naturaleza misma de la formación en medicina,
existen diferencias inherentes entre las prácticas clínicas, las calificaciones
obtenidas y hasta las materias cursadas, impide realizar una comparación
automática entre solicitantes. Estas particularidades son evaluadas por la
CONACES como el órgano competente para estudiar la documentación, verificar la
equivalencia académica y determinar si el título extranjero cumple con los
estándares nacionales.

107. En consecuencia, las Resoluciones 22160 de 2016, 11291 de 2017 y 16045 de
2017 no vulneraron el derecho a la igualdad pues el trato diferenciado ordenado en
la Resolución 06950 de 2015, atiende a la responsabilidad inherente de quienes
ejercen la medicina, en donde la protección del bienestar público exige una
evaluación rigurosa e independiente de los programas y títulos extranjeros. No
obstante, la Sala enfatiza en que el programa convalidado a la doctora Laura Sofía
Habib Araujo fue el mismo cursado por la demandante, y también contempló la
constancia conforme a la cual los estudios se realizaron en convenio con dos
universidades acreditadas, prueba que refuerza la transgresión previamente
estudiada al debido proceso.

iv) El presunto desconocimiento del derecho al trabajo

108. El demandante afirmó que el Estado debe evitar irregularidades al aplicar la
normatividad en la convalidación de títulos extranjeros que puedan vulnerar el
derecho fundamental al trabajo, reconocido por el artículo 2552 de la Constitución
Política.

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“[…] ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. […]”.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

109. Esta Sección explicó en la sentencia de 2 de marzo de 201753, al resolver el
mismo cargo en otro caso con similares supuestos fácticos, que la decisión del
Ministerio de Educación Nacional de convalidar o no determinado estudio, por sí
misma, “[…] no está cuestionando ni se ha referido a los títulos y experiencia del
actor, con los cuales puede acreditar su idoneidad profesional y derivar su sustento,
sin que se le afecte su derecho al trabajo ni le cercene la posibilidad de seguir
creciendo profesionalmente […]”.

110.La Sala prohijó ese criterio en la sentencia de 2 de mayo de 2025 54, teniendo en
cuenta que la decisión del Ministerio de Educación Nacional sobre la equivalencia
de los estudios académicos foráneos se ejerce para proteger la integridad
profesional de quienes laboran en el país y para garantizar que todos los títulos
obtenidos en el extranjero cumplan con los estándares nacionales.

111.Por lo tanto, este cargo no cuenta con vocación de prosperidad, ya que los actos
administrativos que resuelven este tipo de procedimientos no afectan derechos
laborales o académicos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, sino que se
refieren únicamente a una expectativa.

v) Conclusiones

112. La Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 22160 de 25 de noviembre de
2016, 11291 de 5 de junio de 2017 y 16045 de 14 de agosto de 2017, expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional, por cuanto transgredieron el derecho al
debido proceso de la demandante. Por lo tanto, a título de restablecimiento del
derecho, se ordenará a la entidad demandada que adelante nuevamente la
actuación administrativa y adopte la decisión que corresponda sin incurrir en el vicio
de nulidad aquí identificado, tal y como lo ordenó esta Sección en la sentencia de
2 de mayo de 2025, al no existir certeza plena sobre la calidad institucional del
centro de estudios foráneo.

113. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los
artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 55, sobre
condena en costas, porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 22160 de 25 de noviembre
de 2016, 11291 de 5 de junio de 2017 y 16045 de 14 de agosto de 2017, expedidas

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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00302-00.
54
Consejo de Estado. Sección Primera. Sala de lo Contencioso Administrativo. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00230-00.
55
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00068-00
Demandante: Andrea María Suárez Mendoza

por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Dirección de
Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional que
adelante nuevamente el procedimiento de convalidación del sub examine, acorde
a lo reglado en la Resolución 06950 de 2015, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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