Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00392-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00392-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2018-00392-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00392-00
Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. NO SE
ACREDITÓ QUE LOS ACTOS ACUSADOS SE EXPIDIERAN CON INFRACCIÓN
DE LAS NORMAS SUPERIORES, CON FALSA MOTIVACIÓN NI VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el
señor EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE, quien actúa en
nombre propio, tendiente a que se declare la nulidad de las
resoluciones núms. 19060 de 19 de septiembre de 2017, “por
medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación”;
y 07683 de 9 de mayo de 2018, “por la cual se resuelve un
recurso de apelación”, expedidas por el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL1.
1
En adelante, el MINISTERIO.
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00392-00
Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
I.- LA DEMANDA
I.1. El ciudadano EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE, quien
actúa en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a
obtener las siguientes declaraciones:
“[…] PRETENSIONES
1. Declarar nulas las Resoluciones No. 19060 del 19 de
septiembre de 2017 y 07683 del 9 de mayo de 2018, proferidas
por la SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR y la DIRECTORA DE CALIDAD PARA
LA EDUCACIÓN SUPERIOR del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL -MEN-.
2. Como consecuencia de la nulidad y a título, de
restablecimiento del derecho, se ordene al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL -MEN-, o quien haga sus veces,
CONVALIDAR y RECONOCER para todos los efectos académicos
y legales en Colombia, el título de MASTER EN DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, otorgado el 4
de marzo de 2015, por la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, ESPANA, a
EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE, ciudadano colombiano,
identificado con cédula de ciudadanía […], como equivalente al
título de MAESTRIA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y
FONDOS DE PENSIONES, que otorgan las instituciones de
educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de
1992 a mi poderdante.
3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
accionada […].
I.2.- El actor señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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3
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Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
Que obtuvo el título de MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES otorgado el 4 de marzo de 2015,
por la Universidad Alcalá, España.
Sostuvo que para obtener la convalidación de su título radicó solicitud
ante el MINISTERIO2 que, en el trámite administrativo corrió
traslado del concepto técnico emitido por la Sala de Evaluación de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior – CONACES, en el que recomendó no
convalidar el título al nivel de maestría sino en el de especialización.
Expuso que el referido traslado se indicó que “[…] para poder realizar
una evaluación integral, solicita al convalidante aportar un certificado
expedido por la autoridad competente en el que se especifique la
intensidad de horas de contacto y horas de trabajo individual del
programa Máster cursado", para el cual otorgaron un término de un
mes para fijar mi posición al respecto […]”.
Dice que durante el término de traslado, por medio del aplicativo
digital solicitó a la Universidad de Alcalá la certificación requerida,
empero, no se expió por cuanto “[…] el MEN por imperio de la ley
1437 de 2011, puede solicitar directamente dicha información […]”.
2 Radicación núm. CNV-2016-4726 de 3 de mayo de 2016.
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Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
Agregó que, con fundamento en lo anterior, solicitó al MINISTERIO
la apertura de un período probatorio dentro del trámite
administrativo, con el fin de que dicha entidad le informara por
escrito el número de resoluciones por las cuáles había convalido
títulos de máster en Dirección y Gestión de Planos y Fondos de
Pensiones otorgados por la Universidad de Alcalá, España, y
requiriera directamente a la institución extranjera para que
certificará la intensidad de horas de contacto y de trabajo individual
del programa cursado.
Indicó que el MINISTERIO mediante Resolución núm. 19060 de 19
de septiembre de 2017, convalidó el título académico extranjero
como equivalente a especialista en Dirección y Gestión de Planes y
Fondos de Pensiones, sustentado en la evaluación técnica realizada
por la CONACES.
Agregó que interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm. 07683
de 9 de mayo de 2018, que confirmó en todas sus partes la decisión
recurrida.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
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Considera que los actos acusados incurren en infracción de normas
superiores, concretamente el artículo 67 de la Constitución Política,
y falsa motivación, por cuanto, a su juicio, el MINISTERIO aplicó de
manera retroactiva el “criterio exclusivo de evaluación académica”,
establecido en la Ley 1753 de 9 de junio de 20153, que prevé la
exigencia de requisitos adicionales para la obtención de títulos no
oficiales o propios a estudiantes que para la entrada en vigencia de
esa normativa estaban matriculados en programas de educación
superior y no frente aquellos que para ese momento ya habían
cursado y aprobado estudios.
Sostiene que el MINISTERIO debió convalidar el título otorgado a
nivel de maestría con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional4 sobre la materia.
Finalmente, indica que el MINISTERIO desconoció los derechos de
acceso a la administración pública y de igualdad, y el principio de
confianza legítima, al no permitirle, en el trámite de la actuación
administrativa, conocer los actos administrativos que convalidaron
títulos en asuntos similares, por haber sido denegado la práctica de
pruebas, que le hubiesen permitido corroborar si se había
3
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país".
4
Corte Constitucional, sentencias T-430 de 2014, T-232 de 2012 y T-956 de 2011.
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convalidado el título de Máster en Dirección y Gestión de Planes y
Fondos de Pensiones, otorgado por la Universidad Alcalá, España, a
otros ciudadanos, conforme consta en las sentencia de 13 de marzo
de 20145, proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso
radicado con el número 2010-00166-00.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 31 de mayo de 20196 se
admitió la demanda de la referencia y se tuvo como parte demandada
al MINISTERIO.
II.2.- Contestación
El MINISTERIO contestó la demanda de manera oportuna y se
opuso a cada una de las pretensiones de la misma, argumentando
lo siguiente:
Indicó que, el artículo 3° de la Resolución núm. 06950 de 15 de
mayo de 20157, establece los criterios aplicables para efectos de la
convalidación de títulos de educación superior otorgados por
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de marzo
de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, expediente núm. 11001-03-24-000-2010-00166-00.
6
Folios 54 a 55 vuelto del cuaderno principal, visible en el índice 46 del expediente digital.
7
“Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados
por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la
autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la
Resolución 21707 de 2014”.
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instituciones extranjeras y de la evaluación académica, así: “[…] Si
el título que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno
de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre
el nivel académico de los estudios que se están convalidando, o su
denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para
el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-
[…]”.
Agregó que, en el caso concreto, sometió la documentación aportada
por el demandante a evaluación académica ante la CONACES, que
emitió un concepto desfavorable a la convalidación del título al nivel
de maestría, pero recomendó reconocerlo en el de especialización
universitaria, debido a los contenidos del programa, su duración y
alcance.
Afirmó que, no se violaron los derechos fundamentales del actor,
toda vez que el criterio de evaluación debe analizarse respecto de
cada título y cada situación atendiendo a la particularidad de ésta,
lo que impide dar un trato igualitario.
Precisó que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo
primero del artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, el título en Dirección
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Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones se enmarca dentro de los
denominados títulos propios, los cuales se encuentran prohibidos en
el ordenamiento jurídico colombiano pues no son reconocidos
oficialmente en los países de origen.
Explicó que si bien la norma en comento, de forma excepcional
permite convalidar “aquellos títulos universitarios no oficiales o
propios, a los estudiantes que se encuentren matriculados en
Programas de Educación Superior que conduzcan a la obtención de
títulos universitarios no oficiales o propios, con anterioridad a la
expresión de la presente ley, bajo el criterio exclusivo de evaluación
académica”, revisado el título aportado por el actor para
convalidación, se encontró que este correspondía a la categoría de
título propio o no oficial, toda vez que no se encuentra firmado por
el Rey de España ni emitido a nombre de este y tampoco cuenta con
Boletín Oficial de Estado.
Agregó que el artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, establece los
efectos del trámite de convalidación de títulos propios y no oficiales,
frente a los cuales el Gobierno de España, a través del Real Decreto
núm. 1393 de 2007, prevé que “[…] sin su denominación ni su
formato en que se confeccionen los correspondientes títulos pueda
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inducir a confusión con los títulos oficiales que se establecen en los
artículos 9, 10 y 11 del presente real decreto […]”.
Destacó que si bien el Gobierno español permite la expedición de
títulos que no sean firmados por el Rey o a nombre de este, sino que
únicamente sean suscritos por el rector de la Universidad que otorga
el título, estos corresponden a los denominados títulos propios o no
oficiales que se ofrecen debido a la autonomía universitaria y no
cuentan con aprobación por parte del Consejo de Ministros, como si
ocurre con los de carácter oficial, y carecen de plena validez
académica, conforme lo previsto en los artículos 3º y 4º del Real
Decreto en mención.
Sostuvo que, en virtud del Decreto núm. 5012 de 28 de diciembre
de 20098, al MINISTERIO le corresponde convalidar los títulos de
educación superior otorgados por instituciones de educación
superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.
Indicó que de conformidad con la Resolución núm. 06950 de 2015,
los títulos no oficiales o propios son los expedidos por instituciones
de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por la autoridad competentes en el respectivo país, para
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“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las
funciones de sus dependencias”.
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expedir títulos de educación superior, que carecen de los efectos que
las disposiciones legales del respectivo país otorgan a los títulos
oficiales.
Luego de relacionar el trámite de convalidación para los títulos
definidos en esa disposición y de referirse a lo considerado por la
Corte Constitucional9 sobre la materia, señaló que, frente al acceso
a la administración pública, de conformidad con lo establecido en el
artículo 167 del Código General del Proceso y la Resolución núm.
6950 de 2015, correspondía al actor aportar los documentos
requeridos para el trámite de convalidación de títulos de educación
superior obtenidos en el exterior.
Explicó que la CONACES es una autoridad creada mediante Decreto
núm. 2230 de 8 de agosto de 200310, integrada por el MINISTERIO
y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación -COLCIENCIAS-, y que de conformidad con lo establecido
en la Resolución núm. 10414 de 2018, se determinó que el
funcionamiento de la Salas de Evaluación de ese órgano tiene como
funciones, entre otras, la de apoyar el proceso de evaluación de
9
“Corte Constitucional, sentencia C-050 de 1997.
10
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras
disposiciones”.
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convalidación de títulos de educación superior y de los programas de
formación complementaria.
Dijo que en el caso sub examine no se requirió un concepto adicional
pues la decisión controvertida se soportó en el criterio de expertos
académicos de la CONACES, además de que el actor gozó de las
garantías del debido proceso administrativo y el ejercicio del derecho
de defensa y contradicción, habida cuenta tuvo la oportunidad de ser
evaluado en las mismas condiciones que los demás trámites de
convalidación y de pronunciarse frente a los traslados realizados e
interponer recursos.
Añadió que la solicitud realizada por la CONACES al convalidante
para que aportara certificado expedido por la autoridad competente
para que se especificara la intensidad de horas de contacto y horas
de trabajo individual del programa de máster cursado, se soportó en
los dispuesto en los parágrafos 1º y 2º del artículo 2º de la
Resolución 6950 de 2015.
Indicó que según lo establecido en el artículo 624 del Código General
del Proceso y el procedimiento administrativo, las disposiciones
aplicables a los trámites son las vigentes para el momento del inicio
de estos, es decir, a partir de su radicación que, para el caso
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concreto, ocurrió el 3 de mayo de 2016, fecha en la que ya estaba
surtiendo efecto la Ley 1753.
Sostuvo que la solicitud de documentos correspondientes al primer
traslado académico de la CONACES no obedece a la disposiciones
establecida en la Ley 1753 ni a una solicitud adicional de requisitos,
sino que se encuentra ajustada a la disposición reglamentaria del
trámite de convalidación de títulos, esto es, la Resolución 6950 de
2015, que prevé que para títulos propios o no oficial se debía
presentar el plan de estudios del programa, el cual debía contener
una descripción de las asignaturas cursada, el número de créditos y
la intensidad horaria del programa.
Finalmente, propuso como excepciones la presunción de legalidad
de los actos administrativos controvertidos, la inexistencia de
concepto de violación y genérica, que fundamentó en la expedición
legal de los mismos, con apego de la ley y la constitución, así como
del procedimiento surtido, en el cual se respectó el debido proceso
del solicitante.
II.4. Audiencia inicial. El Despacho Sustanciador, mediante
proveído de 30 de octubre de 202011, dio aplicación a lo previsto en el
11
Visible en el índice 28 del expediente digital.
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artículo 13 del Decreto núm. 806 de 4 de junio de 202012, por lo que
prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180
del CPACA, resolvió sobre las pruebas aportadas por las partes y corrió
traslado a estas y al señor Procurador Delegado ante el Consejo de
Estado, para que presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL13 reiteró las
excepciones formuladas, efectuó un recuento del trámite de
convalidación de títulos extranjeros y se refirió a los cargos
formulados a los actos demandados, en los siguientes términos:
En cuanto a la presunta infracción de normas de la Constitución
Política dijo que el actor no acreditó que en el curso de la actuación
administrativa se hubiera desconocido alguna disposición que regule
el debido proceso, la igualdad y el derecho de defensa y, por el
contrario, se evidenció que se garantizó el derecho de contracción,
la posibilidad de aportar pruebas durante en traslado concedido en
relación con los conceptos proferidos por el CONACES e interponer
recursos.
12
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio
de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”
13
Folios 105 a 108 del cuaderno principal, visible en el índice 46 del expediente digital.
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Frente a la violación del derecho a la igualdad señaló que en el
trámite controvertido la autoridad competente para realizar el
estudio detallado de los documentos aportados evaluó los allegados
con la solicitud de convalidación de títulos obtenidos en el extranjero,
presentada por el convocante.
Finalmente, respecto a la presunta falsa motivación y vulneración del
acceso a la administración pública, indicó que los actos
administrativos demandados se fundamentaron en el concepto
técnico del CONACES y al actor le correspondía probar el supuesto
de hecho de las normas aplicables al caso, respectivamente.
II.5.2- El actor, en sus alegatos de conclusión14, reiteró que el
MINISTERIO aplicó de manera retroactiva la Ley 1753 y violó el
debido proceso administrativo, el derecho de contradicción y el
principio de confianza legitima.
Agregó que la autoridad demandada vulneró el derecho a la libertad
de aprendizaje establecido en el artículo 27 de la Constitución
Política, al descalificar el plan de estudios del título objeto de
14
Folios 112 a 114 del cuaderno principal, idem.
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convalidación, el trabajo de grado, el número de materias cursadas
y la duración en horas de las mismas.
II.5.3- El señor Procurador Delegado ante el Consejo de Estado,
guardó silencio.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Los actos acusados
• “[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 19060
(19 SEP. 2017)
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
[…]
CONSIDERANDO:
Que EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE, ciudadano
colombiano, identificado con cédula de ciudadanía […] presentó
para su convalidación el título de MÁSTER EN DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, otorgado el 4
de marzo de 2015, por la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, ESPAÑA,
mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación
Nacional con el No. CNV-2016-0004723.
[…]
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Convalidar y reconocer para todos los
efectos académicos y legales en Colombia, el título de MÁSTER
EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE
PENSIONES, otorgado el 4 de marzo de 2015, por la
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, ESPAÑA a EDGAR LEONARDO OCHOA
MANCIPE, ciudadano colombiano, identificado con cédula de
ciudadanía No. […], como equivalente al título de ESPECIALISTA
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EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE
PENSIONES, que otorgan las instituciones de educación superior
colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992 […]”.
• “[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 07683
(9 MAY. 2018)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
LA IRECTORA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
[…]
CONSIDERANDO:
1. Trámite de la convalidación:
[…]
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1.- Confirmar en todas sus partes la Resolución No
19060 del 19 de septiembre de 2017, por medio de la cual la
Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad para Ja Educación
Superior, resolvió convalidar y reconocer para todos los efectos
académicos y legales en Colombia, el título de MÁSTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES,
otorgado el 04 de marzo de 2015 por la UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ, ESPAÑA, a EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE,
ciudadano colombiano identificado con la cédula de ciudadanía
No. […] como equivalente al título de ESPECIALISTA EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
[…]”.
2. Cuestión previa
Previo a determinar el problema jurídico que corresponde, la Sala
pone de presente que la parte actora, en la etapa de alegaciones,
presentó un argumento adicional al expuesto en la demanda, referido
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a la vulneración del derecho a la libertad de aprendizaje, previsto en
el artículo 27 de la Constitución Política.
Al respecto, la Saña advierte que de conformidad con los artículos
162 y 175 de la Ley 1437 de 2011, el escrito de la demanda y el
libelo de contestación son los instrumentos previstos por el
legislador, en los que se exponen las razones de hecho o de derecho
que soportan las pretensiones, así como los argumentos de oposición
a los cargos del demandante, respectivamente. Según el principio de
congruencia, toda sentencia debe ser coherente con el debate judicial
propuesto por las partes en la demanda y en el escrito de
contestación.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que la etapa de alegaciones no constituye la oportunidad procesal
para introducir argumentos nuevos que no fueron planteados en la
demanda o en el escrito de contestación, so pena de afectar garantías
constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de
los sujetos procesales15.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-
2006-01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando
Bastidas.
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Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
Por lo anterior, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el
planteamiento extemporáneo efectuado por el actor en los alegatos
de conclusión.
3. Problema jurídico
El asunto a dilucidar se centra en establecer si las resoluciones núms.
19060 de 19 de septiembre de 2017, “por medio de la cual se
resuelve una solicitud de convalidación”; y 07683 de 9 de mayo
de 2018, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”,
expedidas por el MINISTERIO, desconocieron los previsto en el
artículo 67 de la Constitución Política, por cuanto al parecer se
expidieron con infracción de las normas superiores y con falsa
motivación, al aplicar de manera retroactiva los requisitos exigidos
en la Ley 1753, y vulneran los derechos de acceso a la información
pública, de igualdad y el principio de confianza legítima.
4. La convalidación de títulos académicos otorgados en el
extranjero
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00392-00
Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
De conformidad con los artículos 2616 y 6717 de la Constitución
Política, el Estado tiene la responsabilidad de inspeccionar y vigilar la
educación y el ejercicio de las profesiones. Con el fin de lograr dicho
cometido, la Ley 30 de 28 de diciembre de 199218 definió diferentes
mecanismos de evaluación de calidad de las instituciones y de los
programas de educación superior y conservó la potestad de revisar
la equivalencia entre los estudios cursados en instituciones
extranjeras de educación superior y sus homólogos nacionales.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 30 de 1992, el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES tiene
la labor de homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el
exterior, competencia que posteriormente fue trasladada al
16
«ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas
que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios.
La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles».
17
«ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para
la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad,
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley.
18
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
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Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
Ministerio de Educación Nacional, mediante los Decretos 2230 de
2003, 4675 de 2006, 1306 de 2009 y 5012 de 2009.
En virtud de lo anterior, desde el año 2005 el Ministerio de Educación
Nacional ha expedido una serie de resoluciones en aras de definir el
trámite y requisitos exigibles para la convalidación de títulos de
educación superior otorgados en el extranjero.
En desarrollo de esa norma, el MINISTERIO expidió la Resolución
06950 de 201519, «[…] Por medio de la cual se define el trámite y los
requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas
por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de
educación superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014 […]»,
mediante la cual señaló las etapas que debían seguirse en el trámite
de solicitud de convalidación y las reglas aplicables al procedimiento
de convalidación de títulos no oficiales, propios o universitarios, así:
«Artículo 3. Convalidación de títulos oficiales de
pregrado y posgrado. Sin perjuicio de lo dispuesto más
adelante respecto de los programas del área de la salud y de
pregrado en derecho, contaduría y educación, para efectos
del trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de
posgrado, se deberá realizar una evaluación legal de la
información y en su orden verificar cuál de los siguientes
criterios le es aplicable:
19
Derogada por la Resolución 20797 de 2017, derogada a su vez por la resolución 10687 de 2019.
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1. Programa o institución acreditada, o su equivalente
en el país de procedencia. Se encuentra dentro de este
criterio cuando el título que se solicita convalidar cuente con
alguna de las dos siguientes condiciones:
a) Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación se encuentra acreditada, o cuenta con un
reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el
país de origen.
b) Si el programa académico cursado por el solicitante se
encuentra acreditado, o cuenta con un reconocimiento
equivalente por parte de una entidad certificadora o
evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen.
Para la aplicación del criterio de convalidación por
acreditación, la fecha de obtención del título debe estar
comprendida dentro del término de vigencia de la
acreditación del programa o de la institución que otorgó el
título que se pretende convalidar.
Si la solicitud presentada por el interesado se encasilla dentro
de este primer criterio, se procederá a convalidar el título. El
trámite de convalidación se adelantará en un término no
mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida
forma de la documentación requerida.
2. Caso similar. Se encuentra dentro de este criterio cuando
el título que se somete a convalidación, corresponde a un
programa académico que hubiera sido evaluado con
anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o por el
ICFES, siempre que se cumpla con las siguientes
condiciones:
1. Debe tratarse del mismo programa académico, es decir
tener la misma denominación.
2. Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
3. Debe existir una diferencia entre las fechas de
otorgamiento de los dos títulos y su respectiva resolución no
superior a ocho (8) años.
En este evento, una vez verificadas las condiciones señaladas
anteriormente, la solicitud de convalidación se resolverá en
el mismo sentido de la decisión que sirvió como referencia.
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El trámite de convalidación se adelantará en un término no
mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida
forma de la documentación requerida.
Una decisión de convalidación realizada por aplicación del
criterio de caso similar no podrá servir de soporte a otra
convalidación.
3. Evaluación académica. Si el título que se somete a
convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios
señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel
académico de los estudios que se están convalidando, o su
denominación, se someterá la documentación a proceso de
evaluación académica ante la Comisión
Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior —CONACES- sin perjuicio de que el
Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se
requiera.
Este trámite se adelantará en un término no mayor a cuatro
(4) meses contados a partir del recibo en debida forma de la
documentación requerida.
Parágrafo. Para la convalidación de títulos provenientes de
países con los cuales el Estado colombiano haya ratificado
convenios de convalidación de títulos, se tendrán en cuenta
los criterios definidos en este artículo.
Artículo 4. Convalidación de Títulos no Oficiales, Propios
o Universitarios. Para efectos del presente artículo,
entiéndase como títulos no oficiales, propios o universitarios
aquellos que son expedidos por instituciones de educación
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas
por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir
títulos de educación superior, que carecen de los efectos que
las disposiciones legales del respectivo país otorgan a los títulos
oficiales.
El Ministerio de Educación Nacional adelantará el trámite de
convalidación para los títulos definidos en este artículo,
siempre y cuando se cumplan con alguno de los siguientes
requisitos:
a) Si la institución que otorgó el título que se somete a
convalidación se encuentra acreditada, o cuenta con un
reconocimiento equivalente por parte de una entidad
certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país
de origen.
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b) Si el programa académico cursado por el solicitante se
encuentra acreditado, o cuenta con un reconocimiento
equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora
de alta calidad, reconocida en el país de origen.
Presentada la solicitud, y una vez verificado que se cumpla con
alguno de los dos requisitos establecidos en este artículo, se
procederá a surtir la evaluación académica ante la CONACES sin
perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto
adicional a las asociaciones, órganos y pares evaluadores
cuando así se requiera».
A partir de lo señalado en la citada disposición, en el trámite de
convalidación de títulos de pregrado y postgrado se deberá verificar
si procede para la convalidación uno de los siguientes criterios: i)
convenio de reconocimiento de títulos; ii) programa o institución
acreditados, o su equivalente en el país de procedencia; iii) caso
similar; y iv) evaluación académica.
Así lo mencionó esta Sección en la sentencia de 2 de mayo de 202520,
el procedimiento de convalidación «[...] implica la realización de un
riguroso examen de legalidad y una valoración académica de los
estudios cursados, a efectos de determinar la naturaleza jurídica de
la institución de educación superior en la cual se cursaron los
estudios, el pénsum adelantado, la intensidad horaria y la
metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico
cursado, todo lo cual se dirige a garantizar la idoneidad académica
20
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Rad. 11001-03-24-000-
2016-00230-00.
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del solicitante previa comprobación de que los títulos que ostentan
son equivalentes a los conferidos en nuestro país [...]»21.
Asimismo, el artículo 4º idem, señala que los títulos no oficiales,
propios o universitarios, emitidos por instituciones extranjeras
legalmente reconocidas, pueden ser convalidados por el Ministerio,
previa evaluación académica ante la CONACES.
5. Caso concreto
La solicitud de convalidación fue presentada el 3 de mayo de 201622;
no obstante, de las pruebas allegadas con la demanda y de los
documentos que conforman el expediente administrativo de los actos
demandados23 no es posible establecer cuáles fueron los documentos
allegados por el actor al referido trámite administrativo.
El MINISTERIO, por medio de los actos acusados, convalidó el título
de MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE
PENSIONES otorgado el 4 de marzo de 2015, por la Universidad
21
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
Rad. 11001-03-24-000-2010-00166-00.
22
Se precisa que si bien en el expediente no obra copia de la referida solicitud y que en los actos
acusados no se determinó la fecha de presentación de la misma, el actor en los escritos de la demanda,
de subsanación y de alegatos de conclusión, relacionó como tal el día 3 de mayo de 2016, argumento
que no fue controvertido por el Ministerio.
23
Visible en el índice 36 del expediente digital.
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25
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Alcalá, España24, como equivalente al nivel de especialista, toda
vez que, si bien el título otorgado por dicha institución es catalogado
como “propio”, una vez realizada la evaluación académica prevista
en el artículo 4º de la Resolución núm. 6950 de 2015, el CONACES
recomendó reconocerlo en el nivel de especialización, habida cuenta
que la solicitud no superaba el análisis relacionado con la intensidad
horaria.
En efecto, en la Resolución núm. 19060 de 19 de septiembre de
2017, se indicó que en los estudios evaluados por la CONACES se
determinó la equivalencia del título, del cual se dio traslado al actor,
informándole sobre la posibilidad de aclarar, aceptar o complementar
la documentación previamente allegada, o de manifestarse sobre los
aspectos analizados por el evaluador y que a pesar de la
complementación de información y respuesta al traslado por el
convalidante, se ratificó la decisión de convalidar el título al nivel de
especialización.
En la Resolución núm. 7683 de 9 de mayo de 2018, el MINISTERIO
reiteró lo expresado en la decisión recurrida y agregó que para la
convalidación presentada por el actor se requirió de la valoración
24
A folios 21 y siguientes del cuaderno principal, visible en el índice 46 del expediente digital, obran,
entre otros documentos, copia del diploma del título controvertido, certificados de calificaciones y plan
de estudios.
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técnica académica que desarrolla la CONACES que, a través de la
Sala de Evaluación, emitió concepto indicado “NO CONVALIDAR los
estudios realizados al nivel maestría. El título presentado es
equivalente al título de ESPECIALISTA […]”.
Señaló que para resolver el recurso interpuesto por el convalidante,
en cuanto a indicarle por escrito el número de resoluciones mediante
las cuáles esa entidad ha convalidado y reconocido títulos de MÁSTER
EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
otorgados por la Universidad Alcalá, España, para que en su caso
fueran aplicadas como criterio similar, refirió que según lo previsto
en la Resolución núm. 06950 de 2015, no era posible aplicar el
criterio de caso similar pues para ello es pertinente la evaluación
académica, prevista en el artículo 4º idem que, para el caso concreto,
fue presentada ante la Sala Evaluadora del CONACES que,
recomendó convalidar el título pero equivalente al título de
especialista.
Frente a la solicitud de requerir a la institución universitaria
extranjera certificado de la intensidad horaria de contacto y horas de
trabajo individual del programa de máster cursado por el actor,
señaló que esa Dirección inicia con el análisis y estudio
correspondiente, verificando los requisitos que debe cumplir el
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solicitante al promover el trámite de convalidación de títulos de
educación superior, los cuales se encuentran previstos en el artículo
2º de la norma en cita y que, por tanto, correspondía al convalidante
aportar la documentación pertinente al momento de presentar la
solicitud, toda vez que forma parte integral del plan de estudios del
programa, o con el recurso de apelación interpuesto contra el acto
principal.
Precisado lo anterior, la Sala estudiará los cargos endilgados por el
actor contra los actos acusados, a saber: infracción del artículo 67 de
la Constitución Política, falsa motivación y violación de los derechos
a la igualdad y de acceso a la información pública y del principio de
confianza legitima.
Infracción de las normas superiores
En criterio del actor, los actos acusados vulneran el artículo 67 de la
Constitución Política, por cuanto aplicaron de manera retroactiva el
“criterio exclusivo de evaluación académica”, establecido en la Ley
1753, en tratándose de títulos no oficiales o propios.
La Sala precisa que la Resolución núm. 6950 de 2015, era la
disposición aplicable al caso concreto del actor, habida cuenta que
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para el momento en que éste radicó la solicitud de convalidación,
esto es, el 3 de mayo de 2016, dicha normativa se encontraba
vigente, acto que en su parte motiva reconoce que el objeto del
procedimiento de convalidación de títulos, conforme la jurisprudencia
del Consejo de Estado es garantizar la equivalencia académica, en
los siguientes términos:
“[…] Que la convalidación de títulos, como lo ha mencionado el
Honorable Consejo de Estado, es un procedimiento en virtud del
cual, se busca asegurar la idoneidad académica de quienes
obtuvieron títulos académicos cursados en el exterior, que
implica la realización de un examen de legalidad y un examen
académico de los estudios realizados. […]”.
En ese orden, la Sala considera que el argumento relacionado con la
infracción de la norma superior establecida en el artículo 67 de la
Constitución Política, por aplicación retroactiva del artículo 62 de la
Ley 1753, no se encuentra acreditado habida cuenta que, si bien en
desarrollo de esa y otras disposiciones se expidió la Resolución 06950
de 2015, el MINISTERIO fundamentó la convalidación del título de
máster en el nivel de especialización en lo establecido en el artículo
4º idem.
La referida disposición se refirió a la convalidación de los títulos “no
Oficiales, Propios o Universitarios” en el extranjero y señaló que se
exige que una vez se verifique que la institución que otorga el título
está acreditada o cuenta con un reconocimiento equivalente por
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parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad,
reconocida en el país de origen, o el programa académico cursado se
encuentra acreditado, o cuenta con un reconocimiento equivalente
por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad,
se debe surtir la evaluación académica ante la CONACES, sin
perjuicio de que se pueda solicitar un concepto adicional cuando así
se requiera25.
Por lo precedente, el cargo de infracción de las normas superiores,
no prospera.
Falsa motivación
La Sala observa que el actor adujo que dicha causal de nulidad se
configura porque la entidad demandada le exigió el cumplimiento de
unos requisitos adicionales para la obtención de títulos no oficiales o
propios a estudiantes que para la entrada en vigencia de la Ley 1753
estaban matriculados en programas de educación superior y no
frente aquellos que para ese momento ya habían cursado y aprobado
estudios.
25
Sobre los requisitos para la convalidación de los títulos académicos denominaos propios, ver las
sentencias de la Sección Primera de 2 de mayo de 2025 (número único de radicación 11001-03-24-
002016-00, C.p. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES) y 15 de mayo de 2025 (número único de
radicación 11001-03-24-000-2011-00288-00, C.p. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ).
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Al respecto, se advierte que en la Resolución núm. 07683 de 2018,
la entidad demandada identificó que los requisitos que se debían
tener en cuenta para iniciar el trámite de convalidación de títulos de
educación superior eran los previstos en el artículo 2º26 de la
Resolución 06950 de 2015, lo que descarta la exigencia de
requerimiento adicionales en la referida actuación.
Ahora, si bien el actor en los hechos de la demanda afirmó que el
MINISTERIO, en el traslado del “primer concepto académico” de 25
de agosto de 2016, le requirió aportar “un certificado expedido por
la autoridad competente en el que se especifique la intensidad de
horas de contacto y horas de trabajo individual del programa de
máster cursado” y que al no conseguir en el término concedido para
tal efecto, decidió solicitarla para que la demandada la recaudará en
26
“Artículo 2. Requisitos para la Convalidación. Para efectos de adelantar el trámite de convalidación,
el solicitante debe presentar ante el Ministerio de Educación Nacional los siguientes documentos:
1. Solicitud diligenciada en debida forma, según lo establecido por el Ministerio de Educación
Nacional.
2. Fotocopia del diploma legalizado o apostillado, según corresponda, del título que se pretende
convalidar. El diploma del título original debe estar debidamente legalizado, por vía diplomática
o con sello de apostilla.
3. Original o copia del certificado de calificaciones, debidamente legalizado o apostillado.
4. Para estudios de posgrado, se deberá anexar copia del documento de pregrado otorgado por
la institución de educación superior legalmente reconocida en Colombia o copia de la resolución
que otorga la convalidación del título de pregrado emitida por este Ministerio, si el título de
pregrado fue obtenido en el extranjero.
5. Fotocopia del documento de identidad del solicitante.
6. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente, a nombre del solicitante.
Parágrafo 1. Cuando se trate de un programa del área de la salud, o de un título propio o no oficial se
deberá presentar el plan de estudios del programa.
Parágrafo 2. El plan de estudios debe contener una descripción de las asignaturas cursadas, el número
de créditos y la intensidad horaria del programa. Cuando el certificado de calificaciones contenga esta
información no se deberá presentar el plan de estudios.
Parágrafo 3. Los documentos señalados en los numerales 2 y 3 y en el parágrafo 1 del presente artículo
escritos en idioma distinto del castellano, deberán ser traducidos por traductor o intérprete oficial,
reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los términos del artículo 251 de la Ley 1564
del 2012”.
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el curso de esa actuación administración, tal situación no se
encuentra acreditada en las pruebas aportadas con la demanda27 ni
en el expediente administrativo de los actos acusados28.
Por el contrario, en la Resolución núm. 07683 de 2018 consta que de
la evaluación académica surtida por el CONACES se dio traslado al
actor mediante comunicación núm. TS220170001350 de 4 de mayo
del 2017, en la que se le informó al solicitante la equivalencia de su
título a nivel de especialización “para que aclarara, aceptara o
27
“1) Copia de la Resolución No. 19060 del 19 de septiembre de 2017.
2) Copia de la Resolución No. 07683 del 9 de mayo de 2018.
3) Copia del diploma de graduación del Máster en Dirección y Gestión de
Planes y Fondos de Pensiones.
4) Certificación de calificaciones.
5) Certificación universitaria.
6) Pre diligenciamiento solicitud de convalidación.
7) Plan de estudios.
8) Radicación de la solicitud de conciliación ante la Agencia Nacional de
Defensa Judicial del Estado.
9) Conciliación prejudicial en derecho.
10) Constancia de la Conciliación prejudicial en derecho”
28
Conformado por los siguientes documentos: i) las resoluciones demandadas, ii) del documento de
identidad del señor OCHOA MANCIPE, ii) la constancia de ejecutoria de la resolución que agotó el
procedimiento administrativo, iv) el oficio núm. 2017-EE-165796 de 20 de septiembre de 2017
mediante el cual la demandada notifica al solicitante el contenido del acto principal, v) el certificado de
comunicación electrónica de envíos núm. E5325351-S, vi) el formato para impugnar deciones de
convalidación identificado con el núm. 207-ER-216265 de 5 de octubre de 2017, vii) la Resolución sin
número de 29 de enero de 2016, “por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación”,
expedida por el MINISTERIO, en la que se resuelve convalidar y reconocer el título de MÁSTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, otorgado por la Universidad de
Alcalá, España, a la señora Yaneth Vargas Sandoval, viii) evaluación de estudios de educación superior
realizados en el exterior identificada con el número CNV-2016-0006927 de fecha 30 de noviembre de
2017, en el trámite de convalidación del título obtenido en el exterior “Complementación especializada
en Endoscopia Gastrointestinal”, por el ciudadano Fabio Alberto Castillo Bustamante; ix) comunicación
interna núm. 2018-IE-021094 de 7 de mayo de 2018, mediante la cual la Oficina Asesora Jurídica de
la entidad demandada informa a la Directora de Calidad para la Educación Superior, sobre la sentencia
de tutela proferida en el proceso núm. 2018-00142, accionante: Fabio Alberto Castillo Bustamante, y
x) copia de la sentencia de 2 de mayo de 2018, proferida por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá,
en el proceso de tutela en mención
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complementara la documentación allegada y se pronunciará por
escrito sobre los aspectos analizados por el evaluador”.
Asimismo, se indicó que el 17 de agosto de 2017, el señor EDGAR
LEONARDO OCHOA MANCIPE se pronunció “respecto del traslado
académico” efectuado por el MINISTERIO “manifestándose sobre la
convalidación del título a nivel de maestría”, sin embargo, como se
mencionó, en el expediente no obra dicha prueba.
Lo anterior, impone a la Sala despachar desfavorablemente el cargo
en estudio.
Violación de los derechos a la igualdad y de acceso a la
información pública y del principio de confianza legitima
El actor sostiene que la entidad demandada se abstuvo de abrir una
etapa probatoria dentro de la actuación administrativa controvertida,
orientada a que le indicara los casos en los que previamente había
convalidado el título de Máster en Dirección y Gestión de Planes y
Fondos de Pensiones, otorgado por la Universidad Alcalá, España, a
fin de aplicarlos a su caso concreto.
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Actor: EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE
Frente a este aspecto, se advierte en la Resolución núm. 07683 de
2018, lo siguiente:
“[…] Que mediante oficio con radicado 2017-ER-216265 del 05 de
octubre de 2017, el convalidante interpone recurso de apelación
contra la Resolución No 19060 del 19 de septiembre de 2017,
argumentando principalmente que:
[…]
SOLICITUD
1. Se realice la apertura a pruebas del trámite administrativo, para
que se solicite a la Universidad de Alcalá, España, certificado en el
que se especifique la intensidad de horas de contacto y horas de
trabajo individual del programa Máster cursado.
2. Se abra al trámite administrativo a pruebas para que se me
indique por escrito los numero de resoluciones con las cuales el MEN
ha Convalidado y reconocidos para todos los efectos académicos y
legales en Colombia, los títulos de Master en Dirección y Gestión de
Planos y Fondos de Pensiones otorgados por la Universidad de Alcalá,
España, a los diferentes ciudadanos que han cursado en igualdad de
condiciones dicho programa, con el fin de que sea tenida como
prueba dentro de/trámite del presente recurso de apelación, para
quo mi caso sea tenido como un caso similar." (sic)
[…]
Que de acuerdo con lo anterior, y con el fin de proceder a resolver el
recurso de apelación correspondiente al proceso de convalidación
CNV2016-0004726 del señor EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE,
esta Dirección manifiesta que con relación a la solicitud del
convalidante en cuanto a indicarle al mismo por escrito el número de
resoluciones con las cuales el Ministerio de Educación Nacional ha
convalidado y reconocido títulos de Máster de Dirección y Gestión de
Planos y Fondos de Pensiones otorgados por la Universidad de Alcalá,
España, para que en su caso sean aplicadas con el criterio de caso
similar, es preciso reiterar que de acuerdo con la Resolución 06950
del 15 de mayo de 2015, no es posible aplicar el criterio de caso
similar cómo lo solicita el convalidante, puesto que para la
convalidación de títulos propios, el criterio aplicable para estos casos
es la evaluación académica, tal y como lo requiere el artículo 4 de la
menciona resolución.
Que respecto del caso sub examine, la convalidación fue presentada
ante la Sala de Evaluación de la CONACES, para la respectiva
evaluación académica, obteniendo de la misma el pronunciamiento
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al respecto, en el cual recomienda convalidar el título obtenido por
el convalidante, equivalente al título de ESPECIALISTA EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.
Que con relación a la solicitud de requerir a la Universidad de Alcalá,
España, certificado en el que se especifique la intensidad de horas
de contacto y horas de trabajo individual del programa Máster
cursado por el señor EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE, esta
Dirección debe iniciar con el análisis y estudio correspondiente,
verificando los requisitos que debe cumplir el convalidante a la hora
de solicitar el trámite de convalidación de los títulos de educación
superior.
Que en relación con los requisitos que se deben tener en cuenta para
el trámite de convalidación de los títulos de educación superior, el
artículo 2 de la Resolución 06950 de 2015 señala lo siguiente […]”.
Revisada la Resolución 06950 de 2015, la Sala no observa que en el
trámite de convalidación de títulos “no oficiales, propios o
universitarios”, se prevea una etapa probatoria; no obstante, ello no
significa que los solicitantes no puedan acompañar con los
documentos que se presenten para acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 2º idem, las pruebas que consideren
necesarias para tal efecto.
En tratándose del plan de estudio, el parágrafo 2º idem, establece
que “debe contener una descripción de las asignaturas
cursadas, el número de créditos y la intensidad horaria del
programa. Cuando el certificado de calificaciones contenga esta
información no se deberá presentar el plan de estudios”.
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En la actuación administrativa controvertida, el actor acompañó el
siguiente documento:
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A juicio de la Sala, el anterior documento no satisface la exigencia
prevista en el parágrafo 2º del artículo 2º de la Resolución en
comento, comoquiera que no contiene una descripción detallada de
la intensidad horaria del programa cursado por el señor OCHOA
MANCIPE en la Universidad de Alcalá.
Asimismo, se observa que la autoridad accionada no fundamentó la
convalidación del título de máster en el nivel de especialización en el
incumplimiento formal de los requisitos para la convalidación de los
títulos otorgados en el extranjero al señor EDGAR LEONARDO
OCHOA MANCIPE, pues está claro que, en su momento, el
MINISTERIO verificó la documentación entregada por éste; no
obstante, al advertir que el título se clasificaba en “no oficiales,
propios o universitarios”, surtió la evaluación académica ante el
CONACES que, determinó que el documento en mención no cumplía
las exigencias relacionadas con la intensidad horaria del programa.
En ese orden, se considera que le asintió razón al MINISTERIO al
estimar que correspondía al solicitante acreditar las exigencias
legales para la convalidación solicitada, en la oportunidad procesal
pertinente y no esperar hasta la realización de la referida evaluación
académica.
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De acuerdo con lo anterior, tampoco prospera el cargo analizado.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la violación del derecho a la
igualdad y el principio de confianza legítima, porque presuntamente
el MINISTERIO desconoció los antecedentes establecidos por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estados en las sentencias T-430
de 2014, T-232 de 2012 y T-956 de 2011 y en el expediente núm.
2010-00166-00, respectivamente, la Sala observa lo siguiente.
• En lo pronunciamientos de la Corte Constitucional se consideró que
denegar la convalidación de títulos cuando el diploma tiene categoría
de título propio es inconstitucional y vulnera los derechos a la
igualdad y al debido proceso, por cuanto, “frente al trámite de
convalidación de los títulos propios expedidos en una universidad
española, el Ministerio de Educación debe proceder a la evaluación
académica consignada en el numeral 4º del artículo 3º de
la Resolución 5547 del 2005, sin que sea posible negar ese
procedimiento alegando la invalidez de ese tipo de diplomas”.
• En el expediente núm. 2010-00166-00, la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante sentencia de 13 de marzo de 2014,
decretó la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la
entidad demandada denegó la convalidación del título de MÁSTER EN
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ACCIÓN POLÍTICA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE DERECHO (X
EDICIÓN), otorgado por las universidades Francisco de Vitoria, Rey
Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España, a
Carlos Felipe Córdoba Larrate, por catalogarlo como propio.
Al respecto, la Sala considera que los antecedentes en mención no
son aplicables al caso concreto comoquiera que, de una parte, la
normativa aplicable para la solicitud de convalidación presentada por
el señor EDGAR LEONARDO OCHOA MANCIPE no es la prevista
en la Resolución 5547 del 2005 sino la establecida en la Resolución
06950 de 2015, vigente para la fecha de su radicación (3 de mayo
de 2016), normativa que prevé que en los eventos de títulos propios,
luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos iniciales, debe
surtirse la evaluación académica ante el CONACES, trámite que,
como quedó visto, fue adelantado por la autoridad competente y en
cual se le garantizó al actor el debido proceso y el derecho de defensa
y contradicción, sin embargo, éste no cumplía con la carga de
acreditar la intensidad horaria del programa cursado, omisión que
dio lugar a la convalidación del título en el nivel de especialización;
y, por la otra, en el presente asunto no se denegó la solicitud de
convalidación de títulos extranjeros.
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Siendo ello así, la Sala considera que tampoco prospera el cargo
invocado.
Por lo precedente, la Sala denegará las pretensiones de la demanda
y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
6. Condena en costas
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18829 del CPACA en armonía con el numeral 8
del artículo 365 del CGP30, esto es, en aplicación de un criterio
objetivo valorativo31, la Sala condenará a la parte demandante en los
términos de los numerales 1 y 2 del artículo 36532 ibidem, al pago de
las costas en esta instancia.
29
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
30
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
31
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
32
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella
[…]”.
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Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso33 y por las agencias en derecho34”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandada a través de apoderado judicial.
Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se sujetará
a la liquidación35 que realice el secretario de esta Corporación y
según la comprobación de que se incurrieron en estos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP36, se fijan como agencias en derecho, la suma
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lo anterior, de
33
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
34 “[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
35
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de esta
Corporación, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
36
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
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conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 5°37 del
Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,
la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte
demandante y en favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
37
“[…] ARTÍCULO 5º.Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: En única instancia. […] b. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.”
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TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV
al momento de la ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse
en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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