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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-01154-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-01154-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de mayo de 2014, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 29 de septiembre de 2022. 95 A respecto ver Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 96 Corte Constitucional. Sentencia C-278 del 19 de junio de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60 Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01 Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2011-01154-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de septiembre de 2022

1

Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Actor: Rodrigo Pombo Cajiao
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Tesis: Es procedente la acción de nulidad propuesta contra un acto administrativo
que ha sido derogado.
Los actos administrativos generales deben motivarse.
El acto administrativo que reguló los derechos de tránsito en un municipio no requería
motivación en relación con el método y sistema para definir el costo y los beneficios
de las tasas allí reguladas, si la Corporación Pública de elección popular determinó la
tarifa por derechos de tránsito.
No es indispensable que el acto contenga la respectiva motivación.
Es cierto que en la exposición de motivos del acto enjuiciado sí fueron determinados
el método y sistema para definir el costo y los beneficios de las tasas allí reguladas,
con base en un estudio económico sobre los costos del servicio, con indicadores de
eficiencia, eficacia y economía

NULIDAD - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en contra de la sentencia del 30 de
mayo de 2014, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad de los artículos 155 y 159 del
Acuerdo 022 de 2004, “Por el cual se compila y actualiza la normatividad Tributaria
Distrital vigente, se incluyen modificaciones introducidas por la Legislación Nacional,
se establecen otras disposiciones y se conceden autorizaciones”, expedido por el
Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla1.

1
Folios 410 a 434 del Cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el ciudadano Rodrigo Pombo Cajiao
interpuso demanda en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
(en adelante el Distrito de Barranquilla).

1.1. Pretensiones

“2.2. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

PRETENSIONES PRINCIPALES.

PRIMERA.- Que se decrete la suspensión provisional solicitada en la presente
demanda por encontrarse los elementos de forma y de fondo exigidos por la ley al
respecto, especialmente, por lo prescrito en el artículo 152 del CCA.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad del artículo 155 del Acuerdo 022 de 2004
expedido por el H. Concejo de Barranquilla en el distrito especial, industrial y
portuario de conformidad con los alcances que se indician en la presente
demanda.

TERCERA.- Que se declare la nulidad de lo señalado en el artículo 158 del
Acuerdo 022 de 2004 (el aparte referente a “otros servicios administrativos”)
expedido por el H. Concejo de Barranquilla Distrito especial, industrial y portuario,
de conformidad con los alcances que se indican en la presente demanda.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERA.- Que se pronuncie el juez sobre los alcances de la excepción de
inconstitucionalidad propuesta en la presente demanda en relación con las normas
acusadas.

PRETENSIONES COMUNES

PRIMERA.- Que se condene al Distrito Especial, industrial y portuario de
Barranquilla – Alcaldía de Barranquilla H. Concejo- de la República de Colombia-
al pago de las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en
la cantidad que determine el Honorable Fallador.

SEGUNDA.- Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los
términos de los artículo 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.”2

1.2. El acto cuestionado.

2
Folio 5 ibídem.

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Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

1.2.1. Las disposiciones acusadas del Acuerdo nro. 022 del 24 de diciembre de
2004, son del siguiente tenor3:

“CONCEJO DISTRITAL de BARRANQUILLA
ACUERDO 022 DE DICIEMBRE 24 DE 2004

“Por el cual se compila y actualiza la normatividad Tributaria Distrital vigente, se
incluyen modificaciones introducidas por la Legislación Nacional, se establecen
otras disposiciones y se conceden autorizaciones”

EL CONCEJO DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el artículo 313
de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994

ACUERDA:
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DISTRITO ESPECUAL INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA

(…)

TITULO (Sic) IV

DERECHOS

CAPITULO (Sic) I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 155. DERECHOS. Se denominan derechos los precios fijados por el
Distrito, por la prestación de un servicio que debe cubrir la persona jurídica o
natural que haga uso del mismo.

(…)

CAPITULO II

SERVICIOS PRESTADOS POR METROTRÁNSITO S.A.

ARTÍCULO 159. CONCEPTOS Y TARIFAS. Los siguientes son los conceptos y
las tarifas por derechos de tránsito en el Distrito de Barranquilla.

TARIFA
CONCEPTO
(SMDLV)*

3
Observa la Sala que aun cuando en el acápite de pretensiones del libelo introductorio el demandante
solicita la anulación del aparte “otros servicios administrativos” del artículo 158 del Acuerdo nro. 022 de
2004, expedido por el Concejo de Barranquilla, al explicarse el concepto de la violación se alude al
artículo 159 ibídem, lo que significa que los reparos de validez están dirigidos a esta norma. Igualmente,
se hace evidente que el auto admisorio de la demanda se refiere, además del artículo 155, al 159 del
mencionado Acuerdo distrital. Igualmente, la decisión de primera instancia se pronunció sobre la
legalidad del artículo 159, razón por la cual se entenderá que el aparte acusado pertenece a esta norma
y no al artículo 158, máxime cuando de la revisión de esta última disposición se encuentra que no
contiene el aparte objeto de la pretensión de nulidad.

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Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

TRAMITES RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO
1 ADJUDICACIÓN DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS 720
2 ASIGNACIÓN DE NUEVA RUTA 3.000
3 SIGNACIÓN RECORRIDO RUTA AUT. POR MINISTERIO 720
4 AUTORIZACIÓN PARA VACANCIA RUTA 720
5 CANCELACIÓN DE MATRICULA PARA SERVICIO PUBLICO 5
6 CALCOMANÍA TARIFA DE SERVICIO PUBLICO COLECTIVO 2
7 CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 720
8 CERTIFICADO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA 4
DERECHO FIJACIÓN Y MODIFICACIÓN CAPACIDAD 1.500
9 TRANSPORTADORA
10 DESVINCULACIÓN 13
11 DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA 12
12 DUPLICADO TARJETA OPERACIÓN 2
13 DESISTIMIENTO DEL SERVICIO 250
HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 3.500
14 COLECTIVO
HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 3.500
15 INDIVIDUAL – TAXI
16 MODIFICACIÓN DE RUTA 720
17 MODIFICACIÓN SITIO DE DESPACHO 500
18 OTORGAMIENTO DE NUEVO NIVEL DE SERVICIO 3.500
19 OTORGAMIENTO NUEVO TIPO DE VEHÍCULO 720
PAGO PROPORCIONAL OPERACIÓN VIGENCIAS 2
20 ANTERIORES
21 PERMISO ESCOLAR VEHÍCULOS DE 4 A 10 PASAJEROS 10
PERMISO ESCOLAR VEHÍCULOS DE 11 PASAJEROS EN 15
22 ADELANTE
23 TARJETA DE OPERACIÓN SERVICIO INDIVIDUAL X 1 ANO 2
TARJETA DE OPERACIÓN SERVICIOS ESPECIAL O 4
24 EJECUTIVO X 2 AÑOS
TARJETA OPERACIÓN SERVICIO COLECTIVO POR DOS 4
25 ANOS
26 VINCULACIÓN 13
TRAMITES REGULADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
27 CAMBIO DE CABINA 4
28 CAMBIO DE COLOR 5
29 CAMBIO DE MOTOR 5
30 CAMBIO DE PLACAS 4
31 CANCELACIÓN DE MATRICULA 5
32 INSCRIPCIÓN O LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS 2
33 LICENCIA DE CONDUCCIÓN 3,6
34 LIMITACIÓN AL DOMINIO MOTO O COCHE 2
35 LIMITACIÓN AL DOMINIO VEHÍCULOS GENERAL 2
36 MATRICULA DE MOTOCICLETA 5
37 MATRICULA MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 7
38 MATRICULA VEHÍCULO AUTOMOTOR 7
39 MATRICULA VEHÍCULO AUTOMOTOR SERVICIO PUBLICO 11
40 MATRICULA VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL 1
41 REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIE 4
42 REGRABACIÓN DE MOTOR 4
43 REGRABACIÓN DE PLAQUETAS 4
44 REPOSICIÓN VEHÍCULOS TIPO TAXI 84
45 TRANSFORMACIÓN O REAFORO 5
46 TRASPASO 5
ESPECIES VENALES
47 CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN 2
48 DUPLICADO TARJETA DE PROPIEDAD 5
49 DUPLICADO PLACA RADICADO 5
50 DUPLICADO-REPOSICIÓN PLACA MOTO 5

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Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

51 DUPLICADO-REPOSICIÓN PLACA VEHÍCULO 5
52 FUN - FORMULARIO ÚNICO NACIONAL 0,5
53 FORMULARIO EMISIÓN DE GASES 2
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
54 BLINDAJE DE VEHÍCULO 4
55 LIQUIDACIÓN DE CARTERA 0,25
56 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 2
57 CENSO DE MOTOS 1
58 DUPLICADO CENSO DE MOTOS 0,5
59 CIERRE DE VÍA POR OBRAS DEL DISTRITO POR DIA 3
60 DERECHOS CIRCULACIÓN Y TRANSITO 4
61 FOTOCOPIA CARPETA 3
62 FOTOCOPIA TRASLADO CUENTA 2
63 INSCRIPCION CAMBIO DE SERVICIO 50
64 PARQUEADERO MOTO Y BICICLETAS 0,25
65 PARQUEADERO VEHÍCULO AUTOMÓVIL 0,5
66 PARQUEADERO BUS CAMIÓN TRACTO CAMIÓN 0,75
67 PERITAZGO / AVALÚO GENERAL 2
68 PERMISO DE CARGA SOBREDIMENSIONADA 5
69 PERMISO CARAVANAS CORTEJOS FÚNEBRES POR DIA 7
PERMISO CIRCULACIÓN TRACTOMULAS Y CARGA 5
70 PESADA POR MES
71 PERMISO DE PARQUEO, CARGUE O DESCARGUE POR DIA 1
72 SERVICIO DE AGENTE DE TRANSITO HORA DIURNA 1
73 SERVICIO DE AGENTE DE TRANSITO HORA NOCTURNA 2
74 SERVICIO MOTORIZADO DE TRANSITO HORA DIURNA 3
75 SERVICIO MOTORIZADO DE TRANSITO HORA NOCTURNA 4
76 SERVICIO DE GRÚA AUTOMÓVIL 5
77 SERVICIO DE GRÚA BUSES – CAMIÓN 5
78 SERVICIO GRÚA MOTOS 2,5
79 SISTEMATIZACIÓN 1
80 VIDRIOS POLARIZADOS 17

• Salarios mínimos diarios legales vigentes

PARÁGRAFO. Para determinar el valor en pesos, el salario mínimo diario legal
vigente se aproximará a la unidad de mil más cercana.”4

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas, se señalaron las previstas en los artículos 4, 6, 13, 24, 83,
84, 121, 123, 150 numeral 12, 209, 311, 313, 315, 333 y 338 de la Constitución
Política, 1º de la Ley 962 de 2005, 2 y 3 del CCA.5

A continuación, se realiza una síntesis del concepto de violación esgrimido en la
demanda.

4
Vista a folios 104 al 107 ibídem.
5
Folio 8 ibídem.

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Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

1.3.1. En el acápite de “HECHOS DE LA DEMANDA”6 del libelo introductorio, refirió que el
artículo 150 de la Constitución Política de 1991 facultó al Congreso de la República para
expedir las leyes y establecer las contribuciones fiscales, y creó el régimen de los
Distritos especiales. Sostuvo que, en ejercicio de tal atribución, el Legislador expidió las
Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000, dirigidas a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios y fortalecer la descentralización y la racionalización del
gasto público, respectivamente.

Expresó que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 definió dentro de las funciones de los
Concejos la de establecer, reformar o eliminar los tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas conforme a la ley. Así, manifestó que, en ejercicio de esta atribución, el 24
de diciembre de 2004, el Concejo de Barranquilla expidió el Acuerdo 022, por el cual
compiló y actualizó la normatividad tributaria vigente hasta ese momento, incluyó las
modificaciones contenidas en la legislación nacional y estableció otras disposiciones.

Argumentó que el 30 de diciembre de 2008, esa misma Corporación de elección popular
profirió el Acuerdo 030, a través del cual adoptó medidas para la reestructuración de los
principales tributos del Distrito de Barranquilla y dictó otras disposiciones, entre ellas, la
prevista en su artículo 387 ibidem, que, al definir las reglas de vigencia, derogó
expresamente el Acuerdo 022 de 2004.

Arguyó que, luego de un estudio sobre la legalidad del Acuerdo 030 de 2008, el 24 de
septiembre de 2009, presentó demanda en la que solicitó la nulidad de los artículos 147
y 148 de este acto, la cual fue resuelta desfavorablemente por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 6 de abril de 2011, aduciendo que “los artículos demandados no se
constituyen en las normas que dieron origen a las tarifas por concepto de derechos de
tránsito, sino que sólo las compilaron”7, decisión ésta frente a la cual presentó
oportunamente recurso de apelación.

Precisó que, teniendo en cuenta lo decidido por el Tribunal en el citado proceso judicial,
en la demanda de la referencia cuestiona la validez de los artículos 155 y 159 del
Acuerdo 022 de 2004, por cuanto allí sí se creó la tasa que se somete a control judicial.

6
Folios 5 a 7 ibídem
7
Folio 7 ibídem.

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7

Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

1.3.2. Luego de realizar algunos reparos en contra de la mencionada sentencia del 6
abril de 2011 y tras asegurar que en el presente asunto no han ocurrido los fenómenos
de cosa juzgada y de sustracción de materia, en acápite denominado como “CONCEPTO
DE LA VIOLACIÓN (ART. 137 N.4 CCA)”8 efectuó las consideraciones que pasan a
exponerse a continuación:

1.3.3. Señaló que el acto enjuiciado estaba viciado de nulidad al ser expedido
infringiendo las normas superiores en que debía fundarse, por funcionario u organismo
incompetente, irregularmente, con falsa motivación y desviación de poder.

1.3.3.1. Respecto de la “I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN”9, explicó que la demanda
es procedente al estar dirigida contra un acto administrativo que, so pretexto de regular
una norma constitucional, vulneró los derechos constitucionales a la “libertad y la libre
empresa”10, los principios de seguridad jurídica y legalidad, “el contexto legal que se
inclina cada vez más por simplificar, aclarar y abaratar los trámites en sede administrativa
para hacer más agradable la convivencia ciudadana”11 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en tanto que, con su expedición, dicha Corporación judicial desarrolla
directamente la Constitución Política.

1.3.3.2. En el título llamado “2.1. VIOLACIÓN DE A LAS NORMAS SUPERIORES EN QUE
DEBIERON FUNDARSE”.12, sostuvo sobre el “concepto del título de anulabilidad”13, que el
Concejo de Barranquilla, al expedir el Acuerdo acusado, desbordó su ámbito de
competencia funcional al limitar derechos fundamentales como la libertad de locomoción
e igualdad y omitir el deber de definir el sistema y método de los costos y beneficios, así
como la forma de hacer su reparto por el servicio cobrado mediante la tasa creada, como
lo exige la Constitución.

En esa línea adujo que “los derechos fundamentales no pueden ser limitados vía
reglamento sino únicamente a través de ley de la República”14. Como sustento de tal
aseveración trajo a colación apartes de las sentencias C-179 de 2007, C-824 de 2004 y

8
Folio 21 ibídem.
9
Folio 23 ibídem.
10
Folio 23 Ibídem.
11
Folio 23 ibídem.
12
Folio 24 ibídem.
13
Folio 24 ibídem.
14
Folio 25 ibídem.

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C-790 de 2002, proferidas por la Corte Constitucional, y una providencia del 21 de abril
de 1982, de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los conceptos de poder,
función y actividad de policía. En ese sentido, recalcó que la potestad para restringir
derechos es exclusiva y reservada al Legislador, conforme lo indicado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-824 de 2004.

Arguyó que un claro ejemplo de la restricción al derecho a la libre circulación es la tasa
prevista en el numeral 71 del artículo 159 del Acuerdo 022 de 2004, denominada como
“PERMISO DE PARQUEO, CARGUE O DESCARGUE POR DÍA”, con la cual insistió que el
Concejo de Barranquilla se abrogó funciones que le son propias y exclusivas del
Legislador. Con base en esto solicitó la suspensión provisional del acto acusado y la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

1.3.3.2.1. Por otro lado, frente al “Derecho fundamental de Locomoción y circulación.
Art. 24 Constitución Política”, luego de aludir al contenido de los artículos 2 y 24 de la
Constitución Política y tras citar apartes de la sentencia T-518 de 1992, mencionó que
no es de recibo la postura que avala la facultad del Concejo de Barranquilla como
autoridad de policía para limitar residualmente derechos fundamentales, dado que no se
puede hablar de poder subsidiario, toda vez que existe una ley que ha desarrollado el
tema y que, en virtud de la Carta Política del año 1991, quedó proscrito el denominado
poder de policía subsidiario. Adicionalmente, distinguió entre esa clase de poder y el
residual de policía, para concluir que este último debe ejercerse con estricto acatamiento
de la regulación legal.

1.3.3.2.2. Luego de transcribir lo dispuesto en el artículo 84 Superior y apartes de la
sentencia T-425 de 1992, así como el artículo 1º de la Ley 962 de 2005, afirmó que se
habían vulnerado esas disposiciones normativas, dado que existe una prohibición a las
autoridades públicas de establecer requisitos, permisos y trámites adicionales a los que
están expresamente previstos en la ley, salvo que para ello se cuente con autorización
del Departamento Administrativo de la Función Pública, justificando su implementación.
Bajo tal premisa, anotó que en la parte considerativa del acto enjuiciado no se identificó
la norma legal que habilitó al Concejo de Barranquilla para exigir los permisos
adicionales para el ejercicio de las actividades económicas y los derechos a la libre
circulación y libertad de empresa, sino que, contrario a ello, se limitó a identificar sus
facultades constitucionales y legales y el artículo 313 de la Carta y la Ley 136 de 1994.

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Asimismo, reprochó que la autoridad judicial demandada no hubiere pedido el
mencionado permiso a dicho Departamento Administrativo, por lo que éste no tuvo la
opción de revisar la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas en el acto enjuiciado.

1.3.3.2.3. Aseveró que “Se infringieron las normas superiores sobre el tema
regulado. Violación Constitución Lata”15. Para explicar tal aserto reiteró que se
desconoció directamente la Constitución Política, debido a que el Concejo de
Barranquilla no respetó las competencias allí determinadas al momento de establecer la
tasa enjuiciada y al omitir establecer el sistema y método para definir los costos y
beneficios, así como la forma de hacer el reparto por el servicio cobrado mediante la
imposición de la tasa. Para sustentar lo anterior citó la sentencia C-197 de 1999, sobre
la posibilidad de fundamentar la anulación de actos administrativos con base en normas
de rango legal.

1.3.3.2.4. Respecto de la “violación del test de razonabilidad y el principio de
proporcionalidad y los criterios de ponderación que deben seguir las medidas de
policía”16, alegó que el estudio de validez del acto acusado debe estar guiado por los
criterios de ponderación constitucional de adecuación, necesidad, proporcionalidad y
utilidad. Así, luego de explicar el contenido de cada uno de ellos, en relación con el
primero, manifestó que la medida no se adecúa a las normas superiores, concretamente
a los artículos 24 y 338 de la Constitución Política, por las razones expuestas hasta ese
punto del libelo introductorio.

Frente al segundo criterio indicó que la medida restrictiva de la locomoción de los
ciudadanos no resulta necesaria, ya que existen alternativas para el manejo del espacio
público que resultan preferibles al establecimiento de una tasa. En cuanto al tercer
criterio, adujo que las medidas adoptadas en las decisiones censuradas tampoco son
proporcionales de cara a la necesidad de proteger el espacio público al no contar con
los estudios exigidos por la Constitución Política para esos efectos.

Finalmente, respecto al último criterio, puso de presente que la tarifa establecida no es
útil para limitar el uso del espacio público y concluyó que el acto acusado, además de

15
Folio 33 ibídem.
16
Folio 36 ibídem

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desconocer las normas en que debería fundarse, incumple el test de razonabilidad que
debe realizarse en el ejercicio de la función de policía.

1.3.3.2.5. En la “violación de los límites esenciales al poder y la función de policía
que obliga nuestra Carta Política”, manifestó que dichos límites han quedado definidos
por la jurisprudencia constitucional, entre otras, en las sentencia C-024 de 1994 y C-825
de 2004, así: (i) “Estar sometidos al principio de legalidad”, (ii) “Las medidas de policía
deben tender a asegurar el orden público”, (iii) “Su actuación y las medidas a adoptar se
encuentran limitadas a la conservación y restablecimiento del orden público”, (iv) “Las
medidas que se tomen deben ser proporcionales y razonables”, (v) “No pueden
imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores”, (vi) “La medida debe
recaer contra el perturbador del orden público pero no contra quien legalmente ejerce
sus libertades”, y (vii) “Toda medida está sometida al control jurisdiccional posterior”.17

Comentó que las disposiciones censuradas desconocieron todos y cada uno de los
anteriores límites, el principio de legalidad, el test de razonabilidad y el principio de
proporcionalidad y sus criterios de evaluación.

Expresó que, en relación con el aseguramiento, la conservación y el restablecimiento del
orden público, la limitación impuesta es inocua, habida cuenta que no existe perturbación
de éste y que lo que pretenden es aumentar el erario público, en tanto dichas medidas
no recaen sobre quien lo perturbó sino en quienes ejercen legalmente sus libertades.

Agregó que, a la luz del artículo 13 de la Constitución Política, no resulta válida la
imposición de medidas policivas que produzcan desigualdad de oportunidades y de trato,
cuando no estén debidamente justificadas y sean irrazonables, desproporcionadas e
injustas. Asimismo, que la desigualdad se hace evidente en el presente caso “cuando se
observa que aquellos que tienen la capacidad económica de sufragar por ejemplo los
permisos de cargue y descargue que establece el artículo acusado (art. 159 del acuerdo
022) podrán desarrollar el derecho fundamental a la libre locomoción y al goce del
espacio público, de lo contrario, si no tienen los medios económicos para ello tendrán
que abstenerse de ejercer un derecho por lo que se enfrentan a un trato desigual y
discriminatorio.”18

17
Folio 38 ibídem.
18
Folio 39 ibídem.

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1.3.3.2.6. Al referirse a “la creación de la Tasa. Imposibilidad del H. Concejo de
Barranquilla para regular el tema de las tasas impositivas sin establecer el sistema y el
método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer su reparto”19,
insistió en que el Acuerdo nro. 022 de 2004, creó una tasa sin definir el sistema, el
método y la forma de hacer el reparto de los ingresos, desconociendo el mandato
contenido en el artículo 338 de la Constitución Política. En esa línea, con fundamento en
la sentencia C-1171 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, aludió a la definición
de tasa tributaria y su distinción con los impuestos y las contribuciones parafiscales,
concluyendo que la reglamentación contenida en los artículos 155 y 159 del precitado
acto administrativo, particularmente la descrita bajo el título de “otros servicios
administrativos”, es propia de una tasa, aun cuando allí se denominen derechos, en
razón a que: (i) los conceptos a que se refiere el ítem “otros servicios administrativos”
implican un pago, (ii) dicho pago es impuesto por la entidad pública y va dirigido al erario
público, (iii) es voluntario, lo que supone que solo es exigible a quienes decidan adelantar
alguna de las actividades descritas en la hipótesis normativa, y (iv) la contraprestación
es directa, ya que quien se beneficia es el solicitante y pagador de los permisos o las
certificaciones.

En tal perspectiva, luego de transcribir extensamente apartes de una providencia judicial
que no identificó claramente, se refirió a la definición de los conceptos de método y
sistema de que trata el artículo 338 Constitucional. Respecto a los métodos, explicó que
buscan definir los criterios o variables que inciden en los costos del servicio que se
presta, es decir, las pautas o pasos que deben observarse; sobre los sistemas, manifestó
que se refiere a las técnicas, directrices y reglas de medición de tales variables, “que
resulta congruente con el propósito de generar un concepto objetivo sobre la retribución
del servicio que recibe el administrado y que obedece al costo operativo del mismo.
Adicionalmente debe incluirse en la obligación un componente que asegure la forma de
hacer el reparto, es decir, el reembolso de los costos relacionados con el servicio.”20

Destacó que la obligación de definir estos aspectos no se limita a los escenarios en los
que se trata de una delegación de funciones por parte del Congreso, las Asambleas
Departamentales o los Concejos Municipales a las autoridades administrativas, sino que,

19
Folio 41 ibídem.
20
Folio 50 ibídem.

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en todo caso, deben quedar establecidos de forma clara y precisa en la parte
considerativa de los actos administrativos que se expiden incluso por parte de los
organismos que tienen la atribución constitucional de crear contribuciones fiscales y
parafiscales.

Aseguró que el artículo 338 de la Carta, al utilizar la expresión “debe”, estableció un
requisito perentorio para la ley, la ordenanza o el acuerdo que establece el tributo de fijar
el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto.

1.3.4. “EXPEDICIÓN POR FUNCIONARIO U ORGANISMO INCOMPETENTE”21

Señaló que hay falta de competencia en razón de la materia, habida cuenta que el
Acuerdo nro. 022 de 2004, siendo un acto reglamentario que crea tasas y permisos,
limitó los derechos fundamentales a la libre circulación y a la igualdad, lo cual sólo era
posible a través del Congreso de la República.

1.3.5. “EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO. (a) Falta de
motivación e (b) (Sic) incumplimiento de las formas establecidas en el artículo 338 C.P.”22

Luego de explicar el contenido de esta causal de nulidad y citar apartes de las sentencias
del 11 de abril de 1978 y 9 de julio de 2009, esta última proferida por la Sección Cuarta
de esta corporación dentro del expediente 1001 03 27 000 2005 00066 00 (15846), dijo
que se incurre en este vicio si la entidad emisora del acto no explica los motivos, móviles,
causas o fundamentos que lo sustentan, puesto que ello desconoce la garantía de los
administrados de que los mismos nazcan conforme a la ley que define unos
procedimientos y unas formas que les son propias, tal como ocurrió en el caso sub
examine.

Enunció que el acto enjuiciado está viciado de nulidad por dos (2) aspectos. El primero,
consistente en la falta de motivación que configura la expedición irregular, y el segundo,
por vulnerar las formas establecidas en el artículo 388 de la Constitución Política, que
de manera perentoria preceptúa el deber de fijar el método y el sistema para definir los
costos y los beneficios de la tasa y la forma de hacer el reparto. Igualmente, expresó que

21
Folio 51 ibídem.
22
Folio 54 ibídem.

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“La administración Distrital, en cabeza del H. Concejo, no explicó en ninguna parte, tal
cual era su obligación, (ni en la parte resolutiva o decisoria del acto administrativo
acusado como tampoco en la exposición de motivos o en los considerandos), los motivos
y razones que llevaron a la expedición del acto, ni en qué consistía el método y el sistema
tributario de la tasa impuesta a los ciudadanos mediante la norma demandada. Y no lo
explicó, sencillamente, porque el Distrito no construyó nunca el método ni el sistema de
cobro de la tasa que exige la Constitución y la ley, con lo que puede señalar que no hay
motivación fáctica en el acto demandado.”23.

Agregó que el aludido vicio se estructura no sólo desde la perspectiva normativa
(ausencia de motivación legal), sino que también da lugar a él la inexistencia de
fundamento fáctico del acto administrativo; aseguró que este último aspecto ocurrió con
la expedición del acto enjuiciado, debido a que la entidad demandada, en sus
consideraciones, no dejó en evidencia, por ejemplo, un estudio previo como sustento de
los sistemas y métodos de las tasas tributarias impuestas.

Refirió que, siendo ello así, no se trata de una ausencia formal, sino sustancial, para
verificar la “justeza”24 y proporcionalidad de la imposición.

1.3.6. “FALSA MOTIVACIÓN”25

Explicó extensamente el alcance de la falsa motivación como causal de nulidad de actos
administrativos para argüir que son tres (3) los elementos que deben concurrir para que
se configure, a saber: (i) que exista un acto administrativo motivado total o parcialmente,
(ii) que exista una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la
producción del acto o los motivos expuestos o tomados como fuente por la
administración, y (iii) el cumplimiento de la carga probatoria por parte de quien pretende
la anulación del acto administrativo con base en este reparo.

En relación con el primer presupuesto precisó que el Acuerdo 022 de 2004 adolece de
nulidad por expedición irregular, en razón a que carece de motivación al no exponer las
razones o motivos que fundamenten la decisión ni contemplar el sistema ni el método

23
Folios 56 y 57 ibídem.
24
Folio 58 ibídem.
25
Folio 58 ibídem.

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de la tasa y la forma de hacer el reparto; no obstante, en el evento de considerarse que
sí existe tal, aseveró que la falsa motivación está dada por cuanto la “escasísima26”
motivación del acto demandado no corresponde a la realidad, puesto que no se
demostraron sus supuestos fácticos de manera técnica, científica, cotejable y confiable
y, además, no se encuentra una relación de causalidad ni adecuación entre ésta y el
reglamento acusado.

1.3.7. “DESVIACIÓN DE PODER”27

Después de referirse a la conceptualización de esta causal, estableció como nota
definitoria de ésta que exista un acto administrativo aparentemente ajustado a la
legalidad, pero que en el fondo persiga un fin distinto al interés público. En ese orden,
afirmó que, a efectos de acometer el estudio de este vicio, luego de identificado el acto
en cuestión, se hace necesario confrontar dos (2) fines, el previsto en la ley y el
ordenamiento jurídico y el concreto buscado en la decisión administrativa.

Acotó que no puede exigirse, por razones propias de su naturaleza, una prueba plena
de la estructuración de la anotada causal, lo cual no implica que “no sea necesario
acreditar la concurrencia de hechos o elementos suficientes para que la respectiva
corporación judicial se forme la convicción de que la Administración acomodó su
actuación a la legalidad pero con finalidad distinta de la pretendida por la norma
aplicable.”28

Alegó que, aun cuando el Acuerdo 022 de 2004 aparentemente está ajustado a la
legalidad, persigue un fin distinto al interés público fijado por el Legislador, toda vez que
la administración distrital de Barranquilla estuvo guiada por un beneficio personal y el
objetivo de lucrarse. Esto, por ejemplo, en relación con el permiso de cargue y
descargue, cuyo propósito debería ser proteger el espacio público, pero, contrario a esto,
no resulta útil ni adecuado para este fin, bajo el entendido que sólo quien tiene la
capacidad económica para sufragarlo lo obtendrá.

26
Folio 64 ibídem.
27
Folio 64 ibídem.
28
Folio 67 ibídem.

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1.3.8. Por otro lado, finalizó pidiendo un pronunciamiento de la autoridad judicial en
relación con la posibilidad que tienen las autoridades de policía locales y distritales del
Distrito de Barranquilla, para que, bajo los parámetros esgrimidos en el libelo
introductorio, apliquen la excepción de inconstitucionalidad del acto enjuiciado.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El Distrito de Barranquilla, a través de memorial radicado ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 16 de abril de 2012, solicitó se denegaran las
pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos29:

2.1.1. En el aparte de la contestación llamado “SOBRE LAS CAUSALES DE ANULACIÓN
demandadas por el actor”30, aseveró que no es cierto que el Concejo de Barranquilla
haya desconocido su competencia funcional al establecer las tasas de que tratan los
artículos 155 y 159 del acuerdo demandado, puesto que allí no impuso ninguna
restricción a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que, por el contrario, su
expedición tuvo como sustento el artículo 338 de la Carta Política. En este punto,
transcribió extensamente apartes de la sentencia del 7 de junio de 2011, dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente 23001 23 31 000 2007
00473 01, en la que se definió el alcance de la autonomía de las entidades territoriales
para establecer sus propios tributos y regular la forma de percibirlos y cobrarlos
conforme a la precitada norma constitucional.

Agregó que el numeral 12 del artículo 150 de la Carta consagra el principio de
legalidad de los impuestos, al señalar que corresponde a la ley establecer las
contribuciones fiscales y excepcionalmente las parafiscales, y autoriza a las
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales para decretar o votar las de
orden local, en atención a lo previsto en los artículos 313 numeral 4, 330 numeral 4 y
338 Superiores, de acuerdo con los cuales, dichas autoridades tienen la atribución de
decidir las obras que demandan el progreso social y las medidas que promuevan la
participación comunitaria.

29
Folios 272 a 289 ibídem
30
Folio 275 ibídem

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Precisó que, con base en esto, y especialmente el artículo 32 de la Ley 136 de 1994,
el Concejo de Barranquilla expidió el Acuerdo cuya legalidad se cuestiona en esta
oportunidad, decidiendo, con sujeción a la ley, los sujetos, hechos, base gravable y la
tarifa de los derechos de tránsito en su territorio y fijó el destino más conveniente de
esos recursos para atender los mencionados servicios sociales.

En ese orden, recalcó que se atendieron los aludidos preceptos, al definirse las tarifas
autorizadas por la Ley 769 de 2002 (artículo 168), puesto que se señaló como sujetos
activos al Distrito de Barranquilla en cabeza de alguna de sus entidades como el
Instituto Distrital de Urbanismo y Control de Barranquilla - IDUC, Promocentro S.A. y
Metrotránsito S.A., o quien haga sus veces, y como “hecho imponible los precios
fijados por el Distrito por la prestación de los servicios que deben cubrir las personas
jurídicas mencionadas”31.

Arguyó que tampoco resulta válido afirmar que se hayan vulnerado las normas que se
aducen infringidas, en la medida en que, sin desconocer el principio de “nullum
tributum sine lege”, reglamentó los derechos de tránsito con base en la ley que los
creó, definiendo el régimen para imponer esas tarifas. Añadió que, si bien estableció
unos elementos sustanciales del tributo, es la ley la que faculta al emisor para ello, al
dejar al arbitrio de cada cuerpo colegiado, con base en los principios de progresividad,
proporcionalidad y equidad, la posibilidad de señalar, entre otros elementos, las
tarifas, los hechos generadores y las bases gravables.

Recalcó que el acto demandado no limita de ninguna manera los derechos
fundamentales a la libertad de locomoción y a la igualdad. Sobre el particular, adujo
que el servicio público de transporte es un medio indispensable para garantizar su
goce efectivo, dado que comprende la posibilidad de transitar o desplazarse de un
lugar a otro dentro del territorio nacional por las vías y espacios públicos. En esa línea,
explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dada la naturaleza de
éste, incluso el cierre de una vía lleva implícita su afectación, la cual puede provenir
de la actividad de los ciudadanos.

Luego de aludir a las sentencias T-066 de 1995 y T-604 de 1992, proferidas por la
Corte Constitucional, y referirse al transporte como servicio público y su incidencia en

31
Folio 279 ibídem.

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el desarrollo social, puso de presente cuatro conclusiones que indicó deben ser
consideradas en el presente asunto, a saber: (i) la libertad de locomoción posibilita el
goce y ejercicio de otros derechos fundamentales, (ii) dicho derecho se afecta no sólo
a través de acciones que obstruyen la circulación de los ciudadanos, sino también
ante la omisión de remover barreras o crear una infraestructura adecuada para ello,
(iii) el servicio de transporte resulta indispensable para acceder a su disfrute, así como
de los demás derechos que dependen de la posibilidad de movilizarse, en especial
para los grupos poblacionales vulnerables, y (iv) el mencionado servicio debe ser
accesible para todos los usuarios y debe ser regulado por las entidades territoriales.
En ese orden, descendiendo al caso en concreto, aseveró que el Concejo de
Barranquilla, como “coadministrador”32, estableció los precios de los derechos para la
prestación de ciertos servicios, los conceptos y tarifas por los derechos de tránsito en
el ámbito territorial del Distrito de Barranquilla; esto, en ejercicio de sus funciones de
policía y con base en las atribuciones de la Ley 136 de 1994.

2.1.2. Cuestionó si “¿el poder de policía en cabeza del Congreso Nacional, es radical
o relativo?” para lo que trajo a colación el Concepto 892 de 6 de septiembre de 1996
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, relacionado con las
diferencias entre la función de policía y la actividad de esa clase de servicio.

2.1.3. Enfatizó en que, con la expedición de las disposiciones censuradas, se respetó
el derecho fundamental a la libertad de locomoción y circulación previsto en el artículo
24 constitucional, bajo el entendido que los concejos son autoridades administrativas
a las que les corresponde velar por la convivencia pacífica de su comunidad y el
mejoramiento de su calidad de vida, y que fue precisamente en ese contexto que se
reguló lo relacionado con las tarifas por derechos de tránsito dentro del Distrito de
Barranquilla, con especial cuidado de no afectar ningún derecho fundamental.

2.1.4. Mencionó que, aun cuando la parte actora no expuso argumento dirigido a
evidenciar en qué consistió la vulneración del artículo 84 de la Carta, de la lectura de
esta norma se infiere que los artículos 155, 158 y 159 del Acuerdo enjuiciado no lo
transgreden, porque “de su sola lectura podemos determinar que en ellas, ni el
CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA ni a los Distritos de Barranquilla se le
dan facultades para exigir permisos, o licencias o nuevos requisitos o adicionales

32
Folio 281 ibídem.

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respecto de la denominación de los derechos y de los precios fijados a esos derechos
por la prestación de los distintos servicios que se detallan en esos artículos,
presentados por parte del IDUC y METROTRÁNSITO DE BARRANQUILLA o quienes
hicieran sus veces.”33.

Aludió a que el Concejo de Barranquilla, para la expedición del Acuerdo nro. 022 de
2004, no podía estar supeditado a los mandatos de la Ley 962 de 2005, considerando
que dicho acto administrativo se dictó el 24 de diciembre de 2004 y la citada norma
legal entró en vigor el 8 de julio de 2005.

2.1.5. En lo que hace a la alegada vulneración de los artículos 13 y 338 de la
Constitución Política, se remitió a lo dicho en los acápites anteriores y reiteró sus
manifestaciones respecto al principio de legalidad tributaria. Agregó que, contrario a
lo expuesto por el demandante en cuanto que el Concejo de Barranquilla no podía
regular las tasas impositivas sin fijar el sistema y método para definir su costo y la
forma de hacer su reparto, el Acuerdo censurado se limitó a establecer la
reglamentación de las actividades, en los términos autorizados por el artículo 168 de
la Ley 769 de 2002, conforme al cual, los ingresos por concepto de derechos de
tránsito solamente podrán cobrarse de acuerdo con las tarifas que fijen los concejos,
basados en un estudio económico sobre los costos del servicio, con indicadores de
eficiencia, eficacia y economía.

Bajo esa premisa, aseveró que las tarifas por los derechos de tránsito fijadas por lo
concejos municipales son legales y obedecen a la facultad que sobre la materia tienen
de manera conjunta con los alcaldes como coadministradores de las entidades
territoriales para robustecer la administración pública, como lo ha considerado la Corte
constitucional, entre otras, en la sentencia C-790 de 2002. Igualmente, que, como lo
consideró el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2009, dictada dentro del
expediente 16544, el ejercicio de esta atribución no implica el desbordamiento de los
principios que orientan el poder y la función de policía.

2.1.6. Por otro lado, frente a la “Supuesta reglamentación del Concejo Distrital de
Barranquilla que limitó derechos fundamentales al establecer tarifas por los derechos

33
Folio 283 ibídem.

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de tránsito en el marco del Acuerdo 022 de 2004”34, resaltó que, con las disposiciones
censuradas, no se creó ninguna tasa o tributo nuevo y, por el contrario, como los
alcaldes son autoridades de tránsito en virtud del artículo 3 de la Ley 769 de 2002,
pueden aplicar y ejecutar los actos administrativos expedidos por los Concejos
Municipales o Distritales en relación con las tarifas que se deben aplicar a los derechos
de tránsito de acuerdo con el artículo 168 del Código Nacional de Tránsito, todo ello,
sin que se hayan limitado los derechos de locomoción y libre circulación.

2.1.7. Finalmente, descartó la vulneración de los artículos 6 y 13 Superiores,
explicando que el acto acusado obedeció al ejercicio legítimo de sus facultades y
atribuciones, contempladas en los artículos 2 y 3 de la Ley 136 de 1994, así como en
el ejercicio de la función y del poder de policía. Adicionalmente, precisó que se respetó
el derecho a la igualdad, en la medida en que no se discriminaron los sujetos que
piden hacer uso de los derechos regulados en las normas demandadas, “ya que todas
las personas a quienes involucre el acuerdo, están y estarán siempre bajo las mismas
condiciones de igualdad frente a las disposiciones en EL (Sic) establecidas, siempre
que para su aplicación se deban reunir los requisitos mínimos exigidos en la norma
administrativa para hacer parte del mismo. Por otra parte el actor no estableció ningún
parámetro comparativo serio que configure o haga un señalamiento serio de la
desigualdad de trato para unos y otros ciudadanos a quienes involucra el acto
demandando.”35.

2.2. El Concejo Distrital de Barranquilla contestó la demanda de forma
extemporánea 36:

III. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección de Descongestión, declaró la nulidad de los artículos 155 y
159 del Acuerdo nro. 022 de 2004, en atención a los que se pasa a exponer:

34
Folio 287 ibídem.
35
Folio 288 ibídem.
36
Folios 303 a 308 ibídem.

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3.1. Luego de presentar algunas consideraciones sobre la procedencia de la acción
de nulidad y la posibilidad de cuestionar en sede judicial actos administrativos
derogados, concluyó que, aun cuando el artículo 387 del Acuerdo nro. 030 del 30 de
diciembre de 2008, dictado por el Concejo Distrital de Barranquilla, derogó
expresamente el Acuerdo nro. 022 de 2004, en virtud del artículo 40 de la Ley 446 de
1988, este último era pasible de control judicial por esa Corporación.

3.2. Por otro lado, aludió a que el artículo 312 de la Constitución Política define a los
concejos municipales como una corporación político administrativa de elección
popular, cuyas actuaciones están reguladas en la Carta Política y en la ley.
Igualmente, que le resulta aplicable el mandato del artículo 209 constitucional sobre
los principios de la función administrativa.

Asimismo, resaltó que, de conformidad con el artículo 313 superior, entre otras
funciones, a los concejos les corresponde establecer mediante decisiones de carácter
general el marco normativo local, incluido el relacionado con los tributos y gastos
locales, de conformidad con la Constitución y la ley.

Explicó que el artículo 338 de la Constitución señala que la ley, las ordenanzas y los
acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases
gravables y las tarifas de los impuestos. También que el mismo texto constitucional
permite a las entidades determinar la tarifa de las tasas y contribuciones que cobrarán
a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten
o a título de participación de los beneficios que les proporcionen, con la salvedad que
el sistema y método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su
reparto, deben estar previamente contenidos en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
Para respaldar este análisis transcribió apartes de la sentencia C-713 de 2008,
proferida por la Corte Constitucional, y lo dicho por el Consejo de Estado en la
sentencia del 7 de junio de 2011, dentro del expediente identificado con número de
radicación 17623.

Sostuvo que, en la última providencia en cuestión, el Consejo de Estado, partiendo
del análisis del artículo 338 de la Constitución Política, asumió una postura consistente
en que la potestad para fijar los elementos de los tributos o las tarifas cuando se trata
de tasas y contribuciones, no es exclusiva del Congreso de la República, ya que,

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cuando se está en presencia de tributos de orden local, los concejos, en ejercicio de
la autonomía territorial que le es propia como consecuencia de la descentralización,
se encuentran facultados para establecer sus elementos, tarifas, el método y el
sistema, previa determinación por parte del Legislador de los aspectos básicos del
gravamen, para que, a partir de ahí, los entes territoriales determinen los demás
atributos del mismo.

Tras aludir a la sentencia C-532 de 2003 expedida por la Corte Constitucional, en la
que se estudió la demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley
769 de 2002, aseguró que el rol decisorio de los concejos sólo se habilita cuando el
Legislador de manera expresa o tácita así lo dispone. Añadió que el ejercicio de dicha
potestad residual debe estar enmarcada en lo dispuesto por el Congreso de la
República, en razón a que, si éste agotó su competencia definiendo de forma clara y
específica los elementos del tributo, no es dado a los concejos disponer algo distinto,
so pena de vulnerar el régimen legal.

Siendo ello así, acotó que el artículo 168 de la Ley 769 de 2002 confirió expresamente
a los concejos la competencia para fijar las tarifas por concepto de derechos de
tránsito, las cuales supeditó a la existencia de un estudio sobre los costos de los
servicios, lo que le permitió concluir que el Concejo de Barranquilla estaba habilitado
para fijar las tarifas por este concepto, tal como lo hizo a través del Acuerdo nro. 022
de 2004.

Igualmente, advirtió, en relación con dicho acto, que no se trata de una simple
compilación de las normas tributarias vigentes, en tanto en él se introdujeron las
modificaciones que trajo la legislación nacional y se adoptaron otras disposiciones,
por lo que en éste se desarrolló el régimen legal determinado por la normatividad
imperante y fueron fijadas unas tarifas que no habían sido adoptadas por la Ley.

3.3. Definido lo anterior, pasó a dilucidar si debía o no el Concejo de Barranquilla fijar
el método y sistema para definir los costos y los beneficios y la forma de hacer su
reparto, como presupuesto indispensable para el cobro de la tasa, y si tales aspectos
se encontraban incluidos en el acto enjuiciado.

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Para dar respuesta a dicho interrogante, trajo a colación las sentencias C-532 de 2003
y C-402 de 2010, de las cuales extractó que, si bien tratándose de tasas resulta
indispensable definir un método y un sistema para la fijación de la tarifa, lo cierto es
que no es necesario que en la norma se especifique que se trata de ellos, sino que,
para cumplir lo dispuesto en el artículo 338 constitucional, basta con que se definan
los parámetros con los que se pueda determinar dicha tarifa.

En tal contexto, advirtió que, al estudiar el contenido del artículo 159 del Acuerdo nro.
022 de 2004, constató que se limitó a establecer la tarifa por derechos de tránsito en
los términos del artículo 168 de la Ley 769 de 2002, pero sin fijar el método y el sistema
para su determinación, requisito que debía cumplirse, máxime cuando la precitada
norma legal claramente señaló que las tarifas estarían basadas en un estudio
económico sobre los costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y
economía.

Concluyo que “Está claro para la Sala, que el método y el sistema que deben tenerse
en cuenta para la fijación de la tarifa en este caso en concreto, no fue determinado en
el Acuerdo 022 de 2004, lo que a todas luces permite concluir que no existe un
parámetro para la fijación de la tarifa, vulnerándose así derechos fundamentales como
la libertad de locomoción y circulación vía reglamento. Así mismo, y como no se
encuentra el método y el sistema en la misma Ley, debiendo disponer el Concejo
Distrital de Barranquilla en el Acuerdo 022 de 2004 los mismos para efectos de fijarse
la correspondiente tarifa, se puede aseverar que el artículo demandado no cuenta con
la motivación necesaria para que permanezca incólume su legalidad.”37.

3.4. Sobre el cargo de desviación de poder, expresó, tras citar la sentencia del 24
de marzo de 2011, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que del
material probatorio recaudado no es posible determinar que la intención del Concejo
de Barranquilla a la hora de expedir el acto acusado era contraria a la establecida en
el ordenamiento jurídico.

Finalmente, se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad propuesta por
el demandante, por cuanto encontró acreditado que los artículos 155 y 159 del

37
Folio 432 ibídem.

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Acuerdo nro. 022 de 2004, vulneraron derechos fundamentales y, además, sin la
motivación necesaria y pertinente (aludió a la sentencia C-122 de 2011).

Bajo las anteriores premisas, declaró la nulidad de las anteriores normas.38

IV. El RECURSO DE APELACIÓN

El Distrito de Barranquilla interpuso oportunamente recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia39. Los fundamentos se sintetizan así:

4.1. Reprochó que, ni en el escrito de la demanda, ni en el fallo impugnado, se
encuentra con claridad “el señalamiento de normas violadas, no existe en todo el
escrito una referencia contundente de la forma en que considera el actor y
equivocadamente lo avala el Tribunal se hayan transgredido “derechos
fundamentales”40, circunstancia que conduce a que no se hayan logrado establecer
las razones jurídicas de la violación de normas superiores y a afirmar por parte del a
quo que el material probatorio recaudado no permite determinar que la intención del
Concejo de Barranquilla era contraria a la prevista en el ordenamiento jurídico.

4.2. Controvirtió que, pese a que el Tribunal en la sentencia recurrida señaló que no
era posible extraer ni determinar que la intención del Concejo del Distrito de
Barranquilla era contraria a la establecida en el orden jurídico vigente, “de manera
inesperada y contundente falta de argumentación da un giro a su posición para
terminar anulando de forma infundada los artículos acusados”41

Expresó que el artículo 388 de la Constitución facultó a la ley, las ordenanzas y los
acuerdos para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones y fue precisamente en
ejercicio de esta atribución que se expidió el Acuerdo enjuiciado para determinar el
valor de los servicios prestados por el organismo de tránsito distrital.

4.3. Frente a la motivación del acto, argumentó que equivocadamente el Tribunal
exigió que en el contenido de las normas acusadas se señalara el sistema y el método

38
Folios 410 a 434 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.
39
Folios 437 a 442 ibídem.
40
Folio 437 ibídem.
41
Ibídem.

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para la determinación de la tasa, cuando lo cierto es que omitió efectuar un análisis
concienzudo sobre la naturaleza jurídica del acto sometido a control judicial, el cual le
hubiese permitido establecer que se trata de un acto general, el cual, en términos de
la doctrina y la jurisprudencia, no requiere motivación expresa como requisito de
validez.

En ese orden, puso de presente que el Consejo de Estado ha definido que la
motivación de este tipo de actos corresponde a la indicación de su objeto y la
invocación de los fundamentos legales que sustentan su expedición, exigencias que
están acreditadas en el Acuerdo nro. 022 de 2004, teniendo en cuenta que, tal como
lo reconoció el mismo Tribunal, están contenidos en el artículo 168 de la Ley 769 de
2002. Asimismo, que el fundamento fáctico, esto es, el estudio económico, quedó
consignado en la exposición de motivos y en el documento técnico que sirvió de
soporte al cobro de los referidos derechos, partiendo de los costos en los que incurriría
el organismo de tránsito en desarrollo de su actividad.

Dijo que, de una lectura de la exposición de motivos del acto censurado, es posible
determinar que la tasas por concepto de derechos de tránsito, fueron el resultado del
estudio del modelo de transporte en la ciudad, las necesidades de los ciudadanos, el
interés por un correcto ejercicio de la actividad de la autoridad administrativa
correspondiente y los costos que ello demandada. Lo anterior, aseveró, consta en el
anexo técnico visible en la exposición de motivos del Acuerdo 22 de 2004.

Adujo que las disposiciones censuradas no atentan contra derechos fundamentales y
que fueron expedidas por el Concejo Distrital de esa ciudad en atención a las
facultades previstas en los artículos 338 de la Constitución Política y 168 de la Ley
169 de 2002.

Reiteró que, contrario a lo pretendido por el Tribunal y el demandante, por técnica
jurídica no es necesario incluir la motivación del acto en su articulado, de manera que,
si lo pretendido era conocer sus antecedentes, necesariamente debieron remitirse a
la exposición de motivos y el documento técnico a ella anexa, los cuales, siendo
indispensables, no fueron valorados en el juicio de legalidad propuesto.

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4.3.1. Mencionó que otra de las razones por las cuales se debe revocar el fallo
impugnado es que los artículos 155 y 159 del Acuerdo nro. 022 de 2004, no se
encuentran vigentes, como consecuencia de la derogatoria expresa del Acuerdo nro.
030 de 2008, modificado por el Acuerdo nro. 015 de 2009. Explicó que en estos casos
resulta procedente emitir una decisión inhibitoria por sustracción de materia, debido a
que “en la actualidad las normas reguladoras de las tasas por el servicio prestado
están contenidas para nuestro Distrito en el Acuerdo 022 de 2004, lo que ocurrió
inclusive desde el 2009 con la entrada en vigencia del Acuerdo 030 de 2008.”42.

Por último, transcribió apartes de la sentencia C-729 de 2009, y concluyó que, de
acuerdo con postura de la Corte Constitucional, los fallos inhibitorios por sustracción
de materia son procedentes siempre que la autoridad judicial constate que las normas
enjuiciadas no están produciendo efectos jurídicos.

Conforme a todo lo expuesto, solicitó que se revoque en su totalidad el fallo de primera
instancia y que, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. A través de memorial radicado el 16 de junio de 201643, el Distrito de
Barranquilla descorrió el respectivo traslado reproduciendo en su integridad los
argumentos expuestos en el recurso de alzada.

5.2. El demandante alegó de conclusión a través de escrito radicado en la Secretaría
de esta Sección el 23 de junio de 201644, bajo los argumentos que pasan a
sintetizarse:

5.2.1. Luego de hacer una síntesis del objeto del litigio, plantear los problemas
jurídicos que a su juicio corresponde resolver en esta instancia, aludir al fallo de
primera instancia y a los argumentos de la alzada, en un aparte que tituló “SOBRE LA
SUSTRACCIÓN DE MATERIA ALEGADA POR EL APELANTE”45, afirmó que
efectivamente en el texto de la demanda se reconoció que los artículos 155 y 159 del

42
Folio 441 ibídem.
43
Visible a folios 19 a 29 ibídem.
44
Folios 30 a 34 ibídem.
45
Folio 22 del Cuaderno de segunda instancia.

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Acuerdo 022 de 2004 habían sido derogados por el Acuerdo 030 de 2008, razón por
la cual inicialmente había presentado demanda contra este último acto. No obstante,
el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 6 de abril de 2011, negó las
súplicas de la demanda argumentando que el Acuerdo 030 de 2008 no dio origen a
las tarifas por concepto de derechos de tránsito, sino que se trató de un acto
compilatorio, circunstancia que impuso dirigir la presente acción judicial en contra del
primero de los acuerdos en cita.

Precisó que, a través del Acuerdo nro. 015 de 2009, el Concejo de Barranquilla
estableció nuevamente los conceptos y tarifas por derechos de tránsito, razón por la
cual se presentó una nueva demanda pretendiendo su anulación, la cual fue resuelta
por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 27 de noviembre
de 2015, en el sentido de declarar la nulidad del artículo 18 de dicho acto, atinente a
los permisos de carga sobredimensionada, cargue y descargue, circulación de
tractomulas y cierre de vías por obras y eventos, por considerar que no se realizaron
los estudios requeridos para determinar la eficiencia, eficacia y economía de las tarifas
adoptadas, necesarios para la fijación de los derechos de tránsito en virtud del artículo
168 de la Ley 769 de 2002.

Precisó que, aun cuando se han expedido tres (3) Acuerdos para regular el tema de
las tasas de tránsito en el Distrito de Barranquilla, no es cierto que exista sustracción
de materia, en tanto la jurisprudencia de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo ha establecido que resulta procedente demandar actos administrativos
derogados, frente a los cuales debe emitirse un pronunciamiento que defina su validez
para restablecer el orden jurídico, partiendo para ello de la distinción entre la vigencia
y la legalidad de las decisiones administrativas. Así, aclaró que una norma puede
haber perdido su vigencia producto de su derogatoria o revocatoria, pero mantiene
incólume su presunción de legalidad, haciendo procedente que la autoridad
jurisdiccional realice el estudio de este último atributo, posición que respaldó citando
apartes de las sentencias del 14 de enero de 1991 y 14 de abril de 2010, dictada por
la Sala Plena y la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de los expedientes
S-157 y 16085, respectivamente.

Aseguró que, por las razones expuestas, el reparo de la sustracción de materia y la
procedencia de un fallo inhibitorio no están llamados a prosperar, máxime cuando los

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efectos de la derogatoria de una norma se proyectan al futuro, mientras que la
declaratoria de nulidad tiene efectos retroactivos, esto es, que restablece la legalidad
conculcada desde la entrada en vigor de la norma.

5.2.2. Por otro lado, en lo concerniente a la motivación del Acuerdo nro. 022 de 2004,
adujo que asiste razón al a quo al estimar que no se trata de un acto compilatorio, sino
que en él se desarrollan disposiciones legales, fijando tarifas que no habían sido
previstas en la ley, circunstancia que le imponía al Concejo de Barranquilla el deber
de definir un método y el sistema para obtener los costos y beneficios y la forma de
hacer su reparto. Igualmente, recalcó que el artículo 168 de la Ley 769 de 2002
dispuso que los Concejos tienen competencia para fijar tarifas por concepto de
derechos de tránsito, siempre que las mismas se basen en un estudio económico de
los costos de servicios.

Reprochó que la entidad demandada no cumplió con las mencionadas obligaciones,
por lo que no fue motivado suficientemente el acto enjuiciado.

En esa línea, aseguró que no le asiste razón al recurrente al indicar que, por tratarse
de un acto administrativo general, no requería motivación expresa, en atención a que,
al establecer una tasa, debía por mandato constitucional y legal, definir el sistema y el
método y sustentarse en el estudio económico sobre los costos del servicio, con
indicadores de eficiencia, eficacia y economía. Igualmente, que, contrario a lo que
entiende el apelante, en el sub judice no se alegó la falta de competencia del Concejo
de Barranquilla para adoptar el tributo cuestionado, sino que el reparo de legalidad se
centra en la omisión de fijar el sistema, el método y la forma de hacer el reparto como
lo ordena el artículo 338 superior, aspectos cuya existencia no fue demostrada.

De otra parte, en relación con la exposición de motivos que fue aportada con el recurso
de alzada, consideró que no se configuran en el presente asunto ninguno de los
escenarios de procedencia de las pruebas en segunda instancia a que se refiere el
artículo 214 del CCA, de ahí que solicitó que la misma no sea tenida con valor
probatorio. Sin embrago, arguyó que, en el evento de que se proceda a su valoración
pese a ser inoportuno, deberá tenerse en cuenta que dicho documento tampoco
contiene la motivación suficiente exigida por la constitución y la ley para el
establecimiento de la tarifa de la tasa, en razón a que en él se justifica el acto desde

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la perspectiva de los problemas fiscales del Distrito de Barranquilla y la necesidad de
combatir la evasión y la elusión tributaria y sin que fuera anexado a dicho documento
el estudio económico técnico que le permitía fijar la tarifa por concepto de derechos
de tránsito, lo que, en síntesis, quiere decir que tampoco allí se consagró el sistema y
método y la forma de hacer su reparto que se echa de menos.

Sobre el alcance de las palabras “métodos” y “sistemas”, aludió a las sentencias C-
455, C-1171 de 2005 y C-816 de 1999, para indicar que los métodos buscan definir
los criterios o variables que inciden en los costos de servicio que se prestan, y los
sistemas, aluden a las técnicas de medición de tales variables, circunstancia que, a
su juicio, resulta congruente con el propósito de generar un concepto sobre la
retribución del servicio que recibe el administrado y que obedece al costo operativo
del mismo.

Mencionó que, ni la ley que sirvió de fundamento al acuerdo enjuiciado, ni el propio
acto, indican el sistema, método y la forma de hacer el reparto y que la actuación
procesal de la entidad demanda en primera instancia estuvo enfocada a argumentar
la competencia del ente emisor y en segunda instancia aportó la exposición de motivos
del acto, en los que tampoco se alude a dichos requisitos. Así, formuló los siguientes
interrogantes: (i) ¿Dónde está la ley de creación del impuesto en pugna en donde se
señalen con “claridad y de manera inequívoca” los componentes del tributo ordenados
en el artículo 338 constitucional?, (ii) ¿Dónde está la ley de autorización del impuesto
en pugna en donde se señalen con “claridad y de manera inequívoca” los
componentes del tributo ordenados en el artículo 338 constitucional?, (iii) ¿Dónde
están en el Acuerdo demandado de manera “clara e inequívoca” los componentes del
tributo ordenado en el artículo 338 constitucional?, (iv) ¿Dónde están en el Acuerdo
demandado de manera “clara e inequívoca” el sistema y método, la forma de hacer su
reparto, y el estudio económico sobre los costos del servicio, con indicadores de
eficiencia, eficacia y economía que ordena el artículo 338 constitucional y el artículo
168 de la Ley 679 de 2002?.46

Concluyó que la limitación de los derechos fundamentales de locomoción y circulación
de los ciudadanos se efectuó sin cumplir con las premisas constitucionales y legales

46
Folio 35 ibídem.

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para esos efectos, por lo que las disposiciones acusadas eran a todas luces ilegales
e inconstitucionales.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia
apelada, bajo los siguientes argumentos47:

Adujo que, a diferencia de lo que entiende el apelante, es del criterio que la derogatoria
de las normas acusadas no las exime del estudio de legalidad por los efectos que
pudieron producir durante su vigencia.

Sobre el segundo cargo, aseveró que el principio de legalidad tributaria a que se
refieren los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Carta se traduce en la exigencia de
la preexistencia de una norma que cree como mínimo el tributo y el hecho generador,
sin que deba entrar a determinar directamente todos sus elementos, en tanto la
función legislativa debe ejercerse en coordinación y respeto por la autonomía de las
entidades territoriales y las reglas de la descentralización.

Consideró que dicho principio, a su vez, constituye una garantía de la representación
democrática en el sistema constitucional colombiano, lo cual implica que sean los
órganos de elección popular y no otras autoridades o personas las que se ocupen de
señalar los elementos de la obligación tributaria; de ahí que la propia Constitución
Política se ocupe de determinar los elementos que corresponde definir al Congreso
de la República, a las asambleas departamentales y los concejos distritales o
municipales, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa.

Mencionó que el texto constitucional también prevé escenarios en los que es posible
dejar en cabeza de ciertas autoridades administrativas la definición de esos
elementos; concretamente afirmó que se permite que las mismas fijen las tarifas de
las tasas y contribuciones, como recuperación de los servicios que presten o los
beneficios que les proporcionen, bajo la exigencia de determinar el método, el sistema
y la forma de hacer su reparto, aspecto que sustentó citando la sentencia C - 220 de

47
Folios 38 a 50 ibídem.

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2011 proferida por la Corte Constitucional y otra de dicha Corporación judicial cuyo
radicado no identificó.

Resaltó que la sentencia de primera instancia resolvió declarar la nulidad de los
artículos 155 y 159 del Acuerdo 022 de 2004, por la omisión en incluir aspectos
relacionados con el sistema y método para definir los costos del servicio.

Explicó que en este caso no se está en presencia de una delegación administrativa,
puesto que el artículo 159 del Acuerdo 022 de 2004 se limita a crear unas tarifas por
concepto de derechos de tránsito en el Distrito de Barranquilla y en él no se está
confiriendo habilitación alguna a otra autoridad diferente a los cuerpos colegiados de
elección popular para su fijación. En ese orden, estimó acertadas las conclusiones del
a quo cuando afirma que era necesaria la creación del método y el sistema para la
tarifa de la tasa en cuestión y como no se hizo así en la precitada norma, se
transgredieron los derechos fundamentales a la libertad de locomoción y circulación.

Posteriormente, en lo que hace al estudio económico que se exige en el artículo 168
de la Ley 769 de 2002, advirtió que el ente territorial recurrente aportó con el recurso
de alzada copia de la exposición de motivos del Acuerdo nro. 022 de 2004; no
obstante, dicho documento no puede ser valorado en esta instancia, no solo en razón
a que fue allegado de forma extemporánea, sino que, además, se desconoce su autor,
la fecha de elaboración y su origen.

VII. TRÁMITE POSTERIOR AL TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN

7.1. Mediante auto calendado el 17 de febrero de 2022, el Despacho sustanciador
incorporó al plenario en calidad de actos administrativos los siguientes documentos:
(i) documento de “presentación de proyecto de acuerdo mediante el cual se deroga el
impuesto sobre estacionamiento” suscrito por el Alcalde Distrital de Barranquilla, (ii)
Oficio número DA-103 del 11 de noviembre de 2004, por el cual el Alcalde Distrital de
Barranquilla presenta al Concejo Distrital de esa ciudad el proyecto de acuerdo “Por
el cual se compila y actualiza la normatividad Tributaria Distrital vigente, se incluyen
modificaciones introducidas por la Legislación Nacional, se establecen otras
disposiciones y se conceden autorizaciones”, (iii) documento contentivo de la
exposición de motivos del anterior proyecto de acuerdo, (iv) documento titulado

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“ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE COSTOS DE SERVICIOS Y DERECHOS DE TRANSITO
(Sic)” y (v) oficio DA-110 del 13 de diciembre de 2004, por el cual el Alcalde Distrital
de Barranquilla remite al Concejo Distrital el Decreto nro. 0394 (sin fecha), que
convoca a sesiones extraordinarias a esa Corporación para discutir el precitado
proyecto de acuerdo.

Igualmente, se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado
que corriera traslado de los mismos a las partes48.

7.2. A través de memorial radicado el 18 de marzo de 2022, el señor Rodrigo Pombo
Cajiao descorrió el mencionado traslado, indicando que dichos documentos no fueron
incorporados al plenario como prueba en segunda instancia sino que su calidad es la
de antecedentes administrativos.

Asimismo, mencionó que la exposición de motivos del Acuerdo 022 de 2004, no
contiene el método para definir los costos y beneficios, ni la forma de su reparto, por
lo que se desconoció el artículo 338 Superior y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002,
dado que fueron limitados los derechos fundamentales a la locomoción y circulación
de los ciudadanos sin cumplir con las premisas constitucionales y legales para ello49.

7.3. Por su parte, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla guardó
silencio.

VIII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes

IX. CONSIDERACIONES

9.1. Competencia.

48
Visible en el índice número 48 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
49
Visible en el índice número 59 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto
de la referencia.

9.2. Planteamiento

De acuerdo con el contenido y alcance de la sentencia recurrida y con los reparos
esgrimidos en el recurso de apelación, observa la Sala que el Tribunal y el ente
territorial recurrente concuerdan en que el Concejo Distrital de Barranquilla, a través
de los artículos 155 y 159 del Acuerdo 022 de 2004, determinó, siendo competente
para ello, la tasa sobre los derechos de tránsito en esa ciudad. Igualmente, convienen
respecto a que dicho acto fue derogado expresamente por el Acuerdo 030 de 2008.

No obstante, discrepan en relación a los siguientes puntos: (i) la procedencia de
demandar un acto derogado, (ii) el alcance del artículo 338 de la Constitución Política
en relación con la obligación de determinar el sistema y método tratándose de tasas
y la motivación del acto acusado.

En relación con el primer punto, el Tribunal considera que es dable adelantar el control
de legalidad de actos derogados, en consideración a los efectos que produjeron
durante su vigencia; mientras que, para el memorialista, ello no es posible, y en
consecuencia debió proferirse un fallo inhibitorio, por sustracción de materia.

Sobre el segundo aspecto, para el Juez de Primera Instancia las disposiciones
censuradas adolecen de nulidad toda vez que, en las consideraciones de dicho acto,
no se fijó el método y sistema para definir el costo y los beneficios de las tasas allí
reguladas, así como la forma de hacer su reparto, ni fue realizado un estudio
económico sobre los costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y
economía, por lo que fueron vulnerados los artículos 338 de la Carta Política y 168 de
Ley 769 de 2002; y, además, se configura el vicio de legalidad de falta de motivación,
en la medida que “no cuenta con la motivación necesaria para que permanezca

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incólume su legalidad”50. Por su parte, el memorialista considera que esto no es así,
en razón a que: (i) no es necesario, como requisito de validez, motivar las decisiones
enjuiciadas con los mencionados aspectos, dado que, al estar contenidas en un acto
general, únicamente era necesario invocar el objeto y fundamento legal para su
expedición, y (ii) en todo caso, sí lo hizo, pues fue señalado el sustento jurídico, esto
es, el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, y en la exposición de motivos y su anexo
técnico quedó consignado el fundamento fáctico que dio lugar a su emisión.

9.3. De la controversia sobre el control judicial de actos administrativos
derogados

Visto como quedó dispuesto el planteamiento, lo primero que corresponde a la Sala
dilucidar es si es procedente la acción de nulidad propuesta contra un acto
administrativo que ha sido derogado.

9.3.1. Para resolver tal aspecto, resulta oportuno poner de relieve que coinciden las
partes, y así lo constata el Despacho, que, en efecto, el Acuerdo nro. 030 del 30 de
diciembre de 2008, “Por medio del cual se adoptan medidas para la reestructuración
de los principales tributos y se dictan otras disposiciones”, derogó expresamente,
entre otras normas, el Acuerdo nro. 022 de 2004. El artículo 387 del primero de los
mencionados actos es del siguiente tenor:

“Artículo 387. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su publicación y deroga
las normas que se sean contrarias, especialmente el Acuerdo 14 de 2004, Acuerdo
22 de diciembre 31 de 2004, y el Acuerdo 003 del 28 de febrero de 2005 en los
Artículo (Sic) 2 numeral 3, Artículo 2 numeral 3 y Artículo 5 numeral 3.” 51 (Subrayas
de la Sala).

Pues bien, como lo señaló el Tribunal, ha sido una posición uniforme, pacífica y
reiterada de esta Corporación, la de admitir la posibilidad de enjuiciar las decisiones
de la administración, aun cuando han sido derogadas, pues para ello ha distinguido
los conceptos de validez y eficacia.

En ese orden, no cabe duda de que la desaparición de los actos administrativos del
ordenamiento jurídico como consecuencia de su derogatoria, expresa o tácita, no

50
Folio 432 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.
51
Folio 246 ibídem.

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implica la imposibilidad de examinar en sede judicial si en su expedición fueron
cumplidos los requisitos y elementos esenciales para predicar de ellos su validez.
Esto, por cuanto, si se llegare a demostrar la existencia de vicios en su expedición,
sería procedente declarar su nulidad desde el mismo momento de su nacimiento, esto
es, con efectos ex tunc.

Bajo tales premisas, el juicio de legalidad que en esos casos se adelanta se hace bajo
el entendido de que, mientras estuvieron vigentes, produjeron efectos, y sólo hasta
que una autoridad judicial competente las anule, continúan amparadas por el principio
de legalidad.

Lo anterior se traduce en que su enjuiciamiento debe efectuarse con base en los
fundamentos de hecho y de derecho existentes en el momento de su expedición,
máxime si se considera que sólo el fallo de nulidad, al producir los efectos anotados,
desvirtuaría la presunción de legalidad que los acompañó en su vigencia.

En ese sentido, en providencia del 4 de febrero de 2021, esta Sección consideró:

“Cuestión previa - acto administrativo acusado derogado

17. Esta Sala previo a determinar los problemas jurídicos se pronunciará
respecto de la siguiente cuestión previa:

18. A pesar de que el artículo 7 de la Resolución 1424 de 7 de octubre de
2008, fue modificado, por la Resolución 0872 de 25 de junio de 2009, esta Sección
se pronunciará de fondo, teniendo en cuenta el criterio, según el cual, basta que
la norma jurídica de carácter general haya tenido vigencia para que esta
jurisdicción se pronuncie ante una demanda de nulidad que se presente contra
ella, en consideración a los efectos que pudo producir durante su vigencia.

19. Asimismo, porque como lo ha considerado esta Corporación : i) la
derogatoria o el decaimiento del acto administrativo acusado no restablece per se
el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la
norma con efectos hacia el futuro y ii) porque aún si una normativa ha sido
derogada o ha operado sobre la misma la figura del decaimiento, sigue amparado
por el principio de legalidad que le protege y que solo se pierde ante
pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo
que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria o su
decaimiento, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a
derecho.”52. (Subrayas del Despacho)

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de
febrero de 2021, expediente 11001 03 24 000 2009 00444 00. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez.

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Demandante: Rodrigo Pombo Cajiao

A su vez, en providencia dictada en audiencia inicial celebrada el 21 de abril de 2021,
al resolver una excepción propuesta en el mismo sentido se explicó:

“El apoderado del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
señaló que el Decreto 400 de 2014 fue derogado por el Decreto 1074 de 2015,
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo", modificado por el Decreto 1835 de 2015, “Por el
cual se modifican y adicionan normas en materia de Garantías Mobiliarias al
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto
número 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”, a través de los artículos
2.2.2.4.1.2. y 2.2.2.41.33.

Teniendo en cuenta lo anterior, estaríamos en un escenario de una derogatoria
del acto acusado y la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo, en tanto que como
se ha informado, esa resolución fue derogada en su integridad, por consiguiente,
las disposiciones acusadas desaparecieron del mundo jurídico.

Al respecto, el Despacho recuerda que la derogación de actos administrativos
tiene efectos ex – nunc, lo cual implica que el acto derogado mantiene su
presunción de legalidad por todo el tiempo que estuvo vigente; presunción que es
iuris tan tum o mientras no se declare lo contrario, lo que está reservado a esta
jurisdicción a instancia de parte que alegue y demuestre la ilegalidad del acto
administrativo general derogado.

No debe olvidarse que el control de legalidad que efectúa la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativa se realiza teniendo en cuenta los supuestos fácticos y
jurídicos vigentes al momento de la expedición del acto administrativo, por lo que,
aunque se hubiera derogado, haya perdido su vigencia o cumplido su objeto, debe
estudiarse su conformidad con el ordenamiento jurídico por los efectos que pudo
producir y por las situaciones jurídicas particulares que se crearon o modificaron
que aún no se han consolidado.

Como lo ha considerado la Jurisprudencia, no se puede confundir la validez del
acto administrativo con la eficacia de la decisión, esto es, con la exigibilidad,
obligatoriedad y ejecutoriedad.

Así pues, pongo de relieve como la Sección Primera de la Corporación ha sido
reiterativa y pacífica en señalar que, aun cuando el acto ha perdido sus
fundamentos jurídicos, de todas maneras se surtirá el control de legalidad frente
a la actuación de la Administración, ello bajo el supuesto de que en el camino
eventualmente pudo haber producido efectos jurídicos y, con ese apotegma, se
produce y se surte el control de legalidad de la actuación.

En consecuencia, la derogatoria, modificación o subrogación de un acto
administrativo no es motivo para abstenerse de estudiar su legalidad, tal y como
lo pretende el apoderado del ente ministerial.”53. (Subrayas del Despacho)

Línea que comparten otras Secciones de esta Corporación, como queda claro de la
lectura de la sentencia de 23 de octubre de 2020, en la que se explica lo siguiente:

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 23 de abril de
2021, expediente nro. 11001-03-24-000-2015-00375-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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“Juzgamiento de actos administrativos derogados o que han perdido
ejecutoriedad

Desde la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 14 de enero
de 199154, con ponencia del Consejero Carlos Gustavo Arrieta Alandete, se
inauguró en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo el criterio, según el
cual, es posible el control jurisdiccional de los actos administrativos derogados o
que perdieron su ejecutoriedad55.

Sobre este punto, la Corporación ha sostenido que la circunstancia que el acto
administrativo demandado haya sido derogado o hubiere operado la figura del
decaimiento, no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto éste debe
realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición56 y
habida consideración de que tanto la derogatoria como el decaimiento solo opera
hacia el futuro y no afecta su validez.

Además, pueda que sus disposiciones se encuentren produciendo efectos, aun
después de su derogatoria o decaimiento, haciéndose viable el estudio de su
legalidad57 58. Entonces, pese a ocurrir la derogatoria o el decaimiento del acto
administrativo enjuiciado, hay lugar a estudiar de fondo el asunto, puesto que: i)
pueda que el acto administrativo haya producido efectos y que los mismos aún
estén surtiéndose; y ii) la ocurrencia del decaimiento no afecta la presunción de
legalidad del acto y su control debe hacerse frente a las circunstancias de hecho
y de derecho vigentes al momento de su expedición.

Visto desde otra óptica, la presunción de legalidad de la que gozan los actos
administrativos tan solo puede ser desvirtuada por el juez competente, por lo que,

54
Expediente S-157.
55
«… la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado,
sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo,
aún si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que solo se
pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que
efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que
lo anula, o lo declara ajustado a derecho…»
56
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 1998, Exp. 4490. C.P. Juan
Alberto Polo Figueroa.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente:
Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 5 de julio de 2006, Radicación número: 25000-23-26-000-
1999-00482-01(21051).
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de agosto 3
de 2000, Rad. 5722, C.P. Olga Inés Navarrete.

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la derogatoria, el decaimiento o pérdida de ejecutoriedad no conlleva implícito el
juicio de validez de los mismos. .59 60 61 62 63 64 65 66”67

En suma, a la luz del presente análisis, se impone concluir que este cargo no tiene
vocación de prosperidad.

9.4. De la controversia sobre la obligación de motivar actos administrativos
generales

En relación con este punto, corresponde establecer si el acto administrativo que reguló
los derechos de tránsito en un municipio, en tanto acto administrativo general, no
requería motivación en relación con el método y sistema para definir el costo y los
beneficios de las tasas allí reguladas.

9.4.1. Para abordar el análisis de este cargo, en primer lugar, la Sala precisa que la
motivación de los actos administrativos es un elemento necesario para su validez. En
ese sentido, todo acto deberá expresar o consignar las razones de hecho y de derecho
que sustentan su expedición.

Tal exigencia encuentra fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del CCA, el cual
expresamente dispone:

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente:
Olga Inés Navarrete Barrero, sentencia de 15 de marzo 2001, Radicación número: 25000-23-24-000-
1997-9346-01(6438).
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 23 de febrero de 1990,
Rad. 5346, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de abril
de 1995, Rad. 5323.
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente:
Héctor J. Romero Díaz, sentencia de 30 de octubre de 2008, Radicación número: 25000-23-27-000-2004-
02032-01(16062).
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de
marzo de 2001, Rad. 5522, C.P. Manuel Santiago Urueta.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente:
Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de 27 de septiembre de 2006, Radicación número: 11001-03-27-
000-2000-00011-01(18136).
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente:
Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 3 de abril de 2014, Radicación número: 11001-03-25-000-2005-
00166-01.
66
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia S-157 del 14 de enero de 1991 y Sección Primera
sentencia del 16 de febrero de 2001 reiterada en sentencia del 27 de marzo de 2003, Exp. 7095.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de
octubre de 2020. Expediente nro. 50001-23-31-000-2010-00200-01(2307-18). Consejera Ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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“Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión
que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente
como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo
solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión
a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan
hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título.”

Así, destaca la Sala que tal mandato se encuentra inserto en el capítulo VIII, sobre
disposiciones comunes a los capítulos anteriores, esto es, aquellos relacionados con
las actuaciones administrativas derivadas del ejercicio del derecho de petición en
interés general, particular, de información, de consulta, las iniciadas en cumplimiento
de un deber legal y de oficio, lo que es indicativo que se trata de una obligación
trasversal que el Legislador le impone a la administración para la adopción de todo
tipo de decisiones, incluidas aquellas que concluyen con actos administrativos
generales, pues tal aspecto está íntimamente ligado al ejercicio democrático del poder
público y una garantía reconocida a favor de los particulares en el marco de sus
derechos fundamentales, entre ellos, el del debido proceso y contradicción, de tal
suerte que el conocimiento de los motivos por los cuales se ha adoptado determinada
decisión permite a los interesados ejercer el control ante ella misma o ante las
autoridades jurisdiccionales para ventilar su conformidad con el orden jurídico,
garantizando, de esta manera, el ejercicio del derecho de defensa.

En esa línea, a juicio de la Sala, motivar los actos administrativos es una carga que el
orden jurídico prevé para que la administración de cuenta de las razones de hecho y
de derecho que determinan el sentido y alcance de su actuar, así como la relación
lógica y causal entre lo resuelto y las razones de ello; erigiéndose entonces no sólo
como un deber, sino como un límite al poder discrecional de la administración.

En esa perspectiva, en providencia del 5 de julio de 2018, la Sección Segunda de esta
Corporación aludió a la motivación de los actos administrativos y su relación con la
garantía del derecho al debido proceso y los principios constitucionales de la función
pública previstos en el artículo 209 Superior, especialmente el de publicidad. Allí se
dijo:

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“Conforme a la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional, el derecho
fundamental al debido proceso, consagrado, entre otras normas integrantes del
bloque de constitucionalidad, en el artículo 29 de la Carta, comprende los
siguientes derechos:

(i) Derecho al juez natural;

(ii) Derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas de cada juicio;

(iii) Derecho a la defensa, que incluye el derecho a probar; y

(iv) Derecho a que las actuaciones se efectúen con base exclusivamente en
normas jurídicas, y con respeto de los principios, valores y bienes jurídicos
constitucionales y legales pertinentes, incluido el de prevalencia del derecho
sustancial, y dentro de un término razonable.

Este último aspecto implica que la falta de motivación es violatoria del derecho al
debido proceso, como lo estableció la Corte Constitucional en un fallo de 2005,
basado en la Sentencia SU 250 de 1998, entre otras, y que constituye precedente
aplicable al caso sub examine:

(…)

Es pertinente traer a colación las observaciones al respecto del profesor García
de Enterría, citadas ya por esta Corporación en sentencia SU 250 de 1998:

"La motivación, como ya dijimos, es un medio técnico de control de la causa
del acto. Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo
(más técnicamente: la motivación es interna corporis, no externa; hace
referencia a la perfección del acto más que a formas exteriores del acto
mismo). Quiere decirse que la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha
de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la
decisión Por ejemplo: no bastaría jubilar a un funcionario invocando
simplemente una razón de "incapacidad física"; habrá que concretar qué
incapacidad física en particular y cómo se ha valorado y en qué sentido la
misma justifica legalmente la resolución." (Citas del original no transcritas).

Por ende, se concluye lo siguiente, en relación con el caso sub examine:

a. El debido proceso es un derecho fundamental que debe ser protegido en el
marco de cualquier actuación, sea esta administrativa o judicial.

b. El debido proceso administrativo es un derecho subjetivo que debe ser
protegido como un tipo del derecho fundamental al debido proceso.

c. La protección del debido proceso administrativo, y, por ende, del derecho
fundamental al debido proceso, es predicable tanto de actuaciones
administrativas que culminan con la expedición de actos generales como
particulares, por cuanto ninguna distinción fue establecida constitucionalmente
con base en la generalidad o especificidad del acto administrativo con que se
concluye el procedimiento administrativo respectivo.

d. La falta de motivación del acto administrativo es un requisito de fondo que no
sólo conlleva la declaratoria de nulidad del acto administrativo, sino la violación

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del derecho fundamental al debido proceso, entre otras normas
constitucionales.

2. Según el artículo 209 de la Constitución Política, la función pública se desarrolla
conforme al principio de publicidad. Por ende, la carencia de motivación del acto
administrativo es violatoria del principio de publicidad, dado que, precisamente, le
otorga un carácter reservado o privado a razones que deben ser de público
conocimiento. Por tanto, la falta de motivación implica que no hay una exposición
clara del motivo que realmente originó una decisión en particular.

3. Finalmente, conforme al artículo 103 de la Carta, los servidores públicos están
al servicio de la comunidad. En este sentido, una medida que le impide a la
sociedad conocer los motivos que fundamentan una decisión es contraria al
mandato constitucional contenido en el artículo citado.”68

En consonancia con tal postura, en pronunciamiento del 20 de noviembre de 2020,
esta Sección reiteró el criterio atinente a la motivación de los actos administrativos
como presupuestos de su validez. En esa oportunidad se sostuvo:

“la validez del acto administrativo depende, entre otros elementos, de que los
motivos por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito
suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya tomado,
valga decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de derecho
jurídicamente necesarios para la toma de la decisión de que se trate, y que
se den en condiciones tales que conduzcan a adoptar una y no otra determinación,
por lo que se trata de un requisito material, en cuanto depende de la
correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo como motivo
causa del mismo, con la realidad jurídica y/o fáctica del caso.

(…)

La motivación constituye, entonces, uno de los elementos esenciales o
fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal punto que cuando se
pretermite, o cuando se demuestra que las razones que sustentan la
decisión no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un
vicio que lo invalida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el acto
administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de falsa
motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la
inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que facultan su
expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad.69 (Negrillas de la Sala).

Siendo ello así, para la Sala no cabe duda que a las autoridades administrativas les
asiste el deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan sus

68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 5 de julio
de 2018, expediente nro. 11001 03 25 000 2010 00064 00 (0685-2010). Consejero Ponente: Gabriel
Valbuena Hernández.
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de
noviembre de 2020, expediente nro. 25000 23 24 000 2004 00310 01. Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés.

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decisiones administrativas, obligación que, si bien se acentúa cuando se trata de actos
dirigidos a situaciones particulares y concretas, se mantiene respecto de aquellos que
versan sobre situaciones abstractas e impersonales, pues de lo contrario se trataría
de decisiones arbitrarias que escaparían del control ciudadano en contravía de los
dispuesto en el artículo 35 del CCA.

De ahí que normalmente, respecto de este último tipo de actos, aquellos queden
contenidos en sus antecedentes administrativos, pues, se reitera, la finalidad en la
exigencia en la motivación suficiente y adecuada de los actos es que los afectados
puedan conocer qué motivos fueron los que llevaron a la administración para adoptar
la medida y, por ende, puedan elevar los reparos que consideren pertinentes frente a
la misma; de modo que, pese a que las razones que dieron lugar a la misma no se
hagan expresas dentro del cuerpo de la decisión, dicha realidad fáctica y jurídica sí
pueda ser constatada por cualquier medio idóneo, que no es otro, que en los
respectivos estudios que sirvieron como soporte para su adopción.

En ese sentido, esta Corporación se pronunció en providencia del 10 de diciembre de
2020, indicó:

“La motivación de los actos administrativos no es más que la declaratoria de las
razones de hecho y de derecho que tuvo la administración para emitir determinada
decisión. Su contenido permite conocer las causas que impulsaron la
exteriorización de la voluntad de esta en determinada dirección.

La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y jurídica
con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad».70
En ese orden, los actos administrativos deben: i) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y ii) estar sustentados en normas constitucionales,
legales o reglamentarias, según sea el caso.

Como ya lo ha resaltado esta Sala,71 la motivación de los actos administrativos
constituye un elemento necesario para la validez de un acto administrativo. Es
condición esencial que existan unos motivos que originen su expedición y que
sean el fundamento de la decisión que contienen.

En otras palabras, deben existir unas circunstancias o razones de hecho y de
derecho que determinan la expedición del acto y el contenido o sentido de la
respectiva decisión.

70
Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
71
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 5 de julio de 2018, radicación número:
110010325000201000064 00 (0685-2010), actor: Jorge Humberto Valero Rodríguez, demandado:
Nación-Ministerio de Educación.

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Radicado: 08001 23 31 000 2011 01154 01
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La causa o el motivo, entonces, es el soporte fáctico y jurídico que justifican la
expedición del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo general,
cuando por disposición legal debe ponerse de manifiesto, aparece en la parte
considerativa del acto. En todo caso, aunque no se mencionen expresamente los
motivos, debe existir una realidad fáctica y jurídica que le brinde sustento a la
decisión administrativa, que normalmente está contenida en los antecedentes del
acto representados por lo general en distintos documentos, como estudios,
informes, actas, etc.”72 (Subrayas de la Sala).

Correlato de lo expuesto lo es que no es indispensable que el acto contenga la
respectiva motivación, o en otras palabras, es suficiente que la misma se establezca
en los antecedentes administrativos de manera expresa, concreta y determinada; es
decir, debe responder a argumentos puntuales que describan de forma clara,
detallada y precisa las razones a las que se acude para la toma de la decisión.

Definido esto, veamos si en materia tributaria era necesaria la motivación del acto
administrativo demandado en relación con el sistema y método cuando se trata de
tasas.

9.5. De la controversia sobre la fijación del sistema y método en las tasas

Adicionalmente, debe la Sala definir si es cierto que en la exposición de motivos del
acto enjuiciado fueron determinados el método y sistema para definir el costo y los
beneficios de las tasas allí reguladas, con base en un estudio económico sobre los
costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía.

9.5.1. El artículo 338 de la Constitución Política señala que, en tiempos de paz, el
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales
pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Dice, además, que la ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos, los sujetos
pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

De este mandato constitucional deriva el principio de legalidad tributaria, conforme al
cual se requiere un acto del Legislador o cuerpo colegiado de elección popular para
la creación de los gravámenes; es decir, que todos los tributos deben ser decretados

72
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “A”.
Sentencia del 10 de diciembre de 2020. Proceso número de radicado 11001 03 25 000 2014 00307 00.
Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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por los órganos de representación popular. Además, que los elementos que
conforman el tributo deben estar claramente establecidos. La norma en cita es del
siguiente tenor literal:

“Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,
las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de
la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”

Sobre este principio, en sentencia C - 155 de 2003, la Corte Constitucional precisó lo
siguiente:

“El alcance del principio de legalidad tributaria

11.- Como fundamentos normativos a partir de los cuales se estructura este
principio, son de resaltar los artículos 150-12 y 338 de la Constitución. El primero
establece una suerte de reserva en el Congreso para “establecer contribuciones
fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las
condiciones que establezca la ley”; naturalmente que en la norma el término
“contribución” es utilizado en sentido lato o amplio. El segundo exige a la Ley, en
algunos casos en concurrencia con las ordenanzas y los acuerdos, la
determinación de los elementos de los tributos.

Sobre el alcance del principio la Corte se ha pronunciado en numerosas
oportunidades73 para destacar sus características básicas, las cuales son
reseñadas a continuación:

• Es expresión del principio de representación popular y del principio democrático,
derivado en últimas de los postulados del Estado Liberal. “Bajo esta idea, no es
posible decretar un impuesto si para su aprobación no han concurrido los
eventuales afectados por intermedio de sus representantes ante los cuerpos
colegiados, criterio acogido de tiempo atrás en el derecho colombiano y
reafirmado en la Carta de 1991”.74 Así, solamente el Congreso, y las asambleas

73
Entre muchas otras pueden consultarse las Sentencias C-227/02, C-597/00, C-569/00, C-987/99, C-
583/96, C-583/96, C-084/95, C-228/93 y C-004/93.
74
Sentencia C-227 de 2002 MP. Jaime Córdoba Triviño. En aquella oportunidad la Corte declaró
exequible la Ley 645 de 2001, “Por medio de la cual se autoriza la emisión de una estampilla Pro-
Hospitales Universitarios”. La Corte estudió el principio de legalidad en el caso de las leyes habilitantes

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departamentales o los concejos municipales de conformidad con la ley, pueden
crear gravámenes, sin que dicha facultad pueda ser ejercida por las autoridades
administrativas o delegada en ellas.75

• Materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una lex
previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal”76, es decir, el
sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa.

No obstante, como se explicará más adelante, por expresa autorización
constitucional, en el caso de las tasas y las contribuciones especiales, la tarifa
puede ser fijada por las autoridades administrativas previa definición del sistema
y el método para hacerlo.

• En la medida que haya predeterminación del tributo, el principio de legalidad
brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales. Con ello “se
otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso”.77

• Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada
en el principio de “unidad económica”, especialmente cuando existen
competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de las
asambleas departamentales o de los concejos municipales.

12.- De otra parte, conviene advertir que el principio de legalidad no se predica
únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente a cualquier
tributo o contribución (en sentido amplio). No obstante, de la naturaleza del
gravamen depende el rigor con el que la Ley debe señalar sus componentes.

• Así, frente a tributos de carácter nacional, el Congreso está obligado a definir
todos los elementos en forma “clara e inequívoca”, esto es, el sujeto activo, el
sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa78. Por el contrario,
tratándose de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente
autoriza su creación, ésta debe señalar los aspectos básicos, pero existe una
competencia concurrente de las asambleas departamentales o de los concejos
municipales según el caso.”79

Así las cosas, el anterior pronunciamiento reafirma la conclusión relacionada con la
potestad tributaria de la que es titular el Congreso, las Asambleas Departamentales y
los Concejos Municipales. Adicionalmente, se observa otro supuesto también previsto
en la norma constitucional en estudio, según el cual las mencionadas corporaciones
públicas también pueden facultar a las autoridades para que fijen la tarifa de las tasas
y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de

y frente a la autonomía de las entidades territoriales, para concluir que en ese caso no se veían
afectados. Ver también las sentencias C-987 de 1999, C-084/95 y C-004/93.
75
Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 1999 MP. Álvaro Tafur Galvis.
76
Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2002 MP. Jaime Córdoba Triviño.
77
Sentencia C-597 de 2000 MP. Álvaro Tafur Galvis. La Corte declaró exequible una norma del
Estatuto Tributario que autorizaba el cobro del IVA por la importación de algunos bienes., pues
consideró que la disposición no violaba el principio de legalidad.
78
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-227/02, C-1097/01, C-978/99, C-084/95, C-390/96 y C-
084/95 y C-004/93
79
Corte Constitucional, sentencia C-891 del 31 de octubre de 2012, expediente nro. D – 9063,
Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen,
siempre que de manera previa la ley, las ordenanzas o los acuerdos hayan definido el
sistema y el método para obtener los costos y beneficios y la forma de hacer su
reparto.

En ese sentido se ha pronunciado la Sección Cuarta de esta Corporación, entre otras,
en providencia del 2 de marzo de 2016, en la que se dijo, acotando lo previsto por la
Corte Constitucional en la providencia anotada:

“1. Facultad impositiva territorial.

Según la jurisprudencia transcrita, el artículo 338 de la Constitución Política
confiere a las Asambleas y Concejos la atribución de determinar, “directamente”,
los elementos de la obligación tributaria del orden departamental, distrital y
municipal de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso,
pues de lo contrario se haría nugatoria la facultad que la Carta les ha conferido a
las entidades territoriales, en materia impositiva.

La normativa constitucional reconoce a los entes territoriales su autonomía
tributaria, en virtud de la cual pueden definir directamente los elementos
esenciales del gravamen autorizado por el legislador, atendiendo los parámetros
fijados, en los casos en que así lo haya hecho.

De otra parte, el mismo artículo 338 de la Constitución Política, en el inciso
segundo, consagra la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las
que determinen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes condicionada a que sean las corporaciones de representación
popular las que fijen “el sistema y el método” que se utilice para definir el costo
de los servicios prestados, los beneficios proporcionados y la forma de hacer el
reparto80.

Sobre el alcance de los mencionados términos “sistema” y “método” la Corte
Constitucional se pronuncia en la sentencia C-155 de 2003, en la que hizo un
recuento jurisprudencial y al concluirlo, precisó:

“En efecto, un sistema ‘se define por el hecho de no ser un simple agregado
desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada
por una determinada articulación dinámica entre sus partes’81. Supone
coherencia interna para relacionar entre sí los componentes de un conjunto,
que en el ámbito tributario representan la combinación de reglas y directrices
necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio,
así como la forma de hacer su distribución.

“Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben
observarse para que los componentes del sistema se proyecten
80
C.P. art. 338, inc. 3: “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen
la taifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema
y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por
la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.
81
Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett.

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extrínsecamente. Así, constituye el procedimiento a seguir con el objeto de
determinar en concreto el monto de la obligación tributaria.

“17.- Frente a las tasas y contribuciones especiales la Corte considera que
tanto el ‘sistema’ como el ‘método’, referidos en el artículo 338 de la
Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar
que los órganos de representación popular desatiendan un expreso
mandato superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción
detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener
en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad constitucional de
las autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser.

“Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartidas, donde
el Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar
los elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que
a las autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros
previamente indicados”.

Entonces, para que sea viable la posibilidad de que las autoridades
administrativas sean las que determinen la tarifa de las tasas y las contribuciones
que cobren como recuperación del costo de los servicios prestados, los beneficios
proporcionados y la forma de hacer el reparto, el órgano de representación
territorial debe fijar el sistema, conformado por el conjunto de “reglas y directrices
necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así
como la forma de hacer su distribución”, y el método, esto es “el procedimiento a
seguir con el objeto de determinar en concreto el monto de la obligación tributaria”,
sin que ello implique una descripción exhaustiva de tales elementos.”82 (Subrayas
de la Sala).

En consonancia con lo anterior, se observa entonces que, en relación con las tasas y
contribuciones, se pueden presentar dos (2) escenarios: el primero de ellos
consistente en que la misma ley, las ordenanzas o los acuerdos se ocupen de
determinar todos sus elementos esenciales y además determinar su tarifa. El
segundo, consistente en que las corporaciones titulares del poder de imposición les
cedan a otras autoridades administrativas la potestad de fijar la tarifa de éstas,
escenario en el cual el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la
forma de hacer su reparto, deben ser previamente precisados por los órganos
colegiados.

En otras palabras, el entendimiento del segundo escenario previsto se orienta a
concluir que la determinación del sistema y método, en los términos de flexibilidad
vistos, se erige como una obligación ineludible cuando no sea la ley, las ordenanzas
y los acuerdos los que se encarguen directamente de establecer las tarifas de las

82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 2 de marzo
de 2016, expediente nro. 76001-23-31-000-2009-00942 03(21457). Consejera Ponente: Martha Teresa
Briceño de Valencia.

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tasas y contribuciones, sino que se traslade a las autoridades tal habilitación. No
obstante, ello no quiere decir que, en el evento que el Legislador o las corporaciones
autorizadas para la determinación de tributos en el orden territorial fijen de manera
directa las tarifas de las tasas y contribuciones parafiscales, estén exonerados de
evidenciar las razones fácticas y jurídicas que derivaron en tal valor, pues, como se
vio, todos los actos administrativos, incluidos los de carácter tributario, deben estar
provistos de una motivación que permita a los ciudadanos ejercer el control
democrático sobre las decisiones que les atañen y que eventualmente los pueden
afectar, los cuales, como ya se vio, no necesariamente deben estar contenidos en el
mismo acto, sino que pueden quedar consignados en su antecedentes
administrativos.

Lo anterior quiere decir que la definición de los tributos no puede hacerse de manera
arbitraria y carente de fundamento, so pena de desconocer el espíritu que orienta el
Estado Social de Derecho; lo que se traduce en que, independientemente de quien
ejerza la atribución impositiva, debe observar un mínimo de motivación y
fundamentación que permita tener por razonable y ajustada a derecho tal decisión y a
partir de la cual la autoridad judicial pueda acometer el estudio de legalidad del
correspondiente acto. Tal exigencia deviene en necesaria y constituye un límite a la
eventual arbitrariedad en el ejercicio del poder público.

9.5.2. Ahora bien, bajo tales premisas, lo primero que encuentra la Sala es que, en el
caso sub examine, el Concejo de Barranquilla ejerció su poder impositivo de manera
directa, particularmente en los artículos 155 y 159 del Acuerdo nro. 022 de 2009, en
lo que a la tasa por derechos de tránsito se refiere; por lo que, contrario a lo
considerado por el demandante para respaldar sus reparos de legalidad y lo avalado
por el a quo, no le era exigible a esa Corporación fijar el sistema y método, pero sí
sustentar el valor asignado a cada uno de los conceptos por cobrar en los términos
antes explicados.

En efecto, los mencionados artículos son del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 155. DERECHOS. Se denominan derechos los precios fijados por el
Distrito, por la prestación de un servicio que debe cubrir la persona jurídica o
natural que haga uso del mismo.

(…)

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CAPITULO II

SERVICIOS PRESTADOS POR METROTRÁNSITO S.A.

ARTÍCULO 159. CONCEPTOS Y TARIFAS. Los siguientes son los conceptos y
las tarifas por derechos de tránsito en el Distrito de Barranquilla.

TARIFA
CONCEPTO
(SMDLV)*
TRAMITES RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO
1 ADJUDICACIÓN DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS 720
2 ASIGNACIÓN DE NUEVA RUTA 3.000
3 SIGNACIÓN RECORRIDO RUTA AUT. POR MINISTERIO 720
4 AUTORIZACIÓN PARA VACANCIA RUTA 720
5 CANCELACIÓN DE MATRICULA PARA SERVICIO PUBLICO 5
6 CALCOMANÍA TARIFA DE SERVICIO PUBLICO COLECTIVO 2
7 CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 720
8 CERTIFICADO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA 4
DERECHO FIJACIÓN Y MODIFICACIÓN CAPACIDAD 1.500
9 TRANSPORTADORA
10 DESVINCULACIÓN 13
11 DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA 12
12 DUPLICADO TARJETA OPERACIÓN 2
13 DESISTIMIENTO DEL SERVICIO 250
HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 3.500
14 COLECTIVO
HABILITACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 3.500
15 INDIVIDUAL – TAXI
16 MODIFICACIÓN DE RUTA 720
17 MODIFICACIÓN SITIO DE DESPACHO 500
18 OTORGAMIENTO DE NUEVO NIVEL DE SERVICIO 3.500
19 OTORGAMIENTO NUEVO TIPO DE VEHÍCULO 720
PAGO PROPORCIONAL OPERACIÓN VIGENCIAS 2
20 ANTERIORES
21 PERMISO ESCOLAR VEHÍCULOS DE 4 A 10 PASAJEROS 10
PERMISO ESCOLAR VEHÍCULOS DE 11 PASAJEROS EN 15
22 ADELANTE
23 TARJETA DE OPERACIÓN SERVICIO INDIVIDUAL X 1 ANO 2
TARJETA DE OPERACIÓN SERVICIOS ESPECIAL O 4
24 EJECUTIVO X 2 AÑOS
TARJETA OPERACIÓN SERVICIO COLECTIVO POR DOS 4
25 ANOS
26 VINCULACIÓN 13
TRAMITES REGULADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
27 CAMBIO DE CABINA 4
28 CAMBIO DE COLOR 5
29 CAMBIO DE MOTOR 5
30 CAMBIO DE PLACAS 4
31 CANCELACIÓN DE MATRICULA 5
32 INSCRIPCIÓN O LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS 2
33 LICENCIA DE CONDUCCIÓN 3,6
34 LIMITACIÓN AL DOMINIO MOTO O COCHE 2
35 LIMITACIÓN AL DOMINIO VEHÍCULOS GENERAL 2
36 MATRICULA DE MOTOCICLETA 5
37 MATRICULA MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 7
38 MATRICULA VEHÍCULO AUTOMOTOR 7
39 MATRICULA VEHÍCULO AUTOMOTOR SERVICIO PUBLICO 11
40 MATRICULA VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL 1
41 REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIE 4

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42 REGRABACIÓN DE MOTOR 4
43 REGRABACIÓN DE PLAQUETAS 4
44 REPOSICIÓN VEHÍCULOS TIPO TAXI 84
45 TRANSFORMACIÓN O REAFORO 5
46 TRASPASO 5
ESPECIES VENALES
47 CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN 2
48 DUPLICADO TARJETA DE PROPIEDAD 5
49 DUPLICADO PLACA RADICADO 5
50 DUPLICADO-REPOSICIÓN PLACA MOTO 5
51 DUPLICADO-REPOSICIÓN PLACA VEHÍCULO 5
52 FUN - FORMULARIO ÚNICO NACIONAL 0,5
53 FORMULARIO EMISIÓN DE GASES 2
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
54 BLINDAJE DE VEHÍCULO 4
55 LIQUIDACIÓN DE CARTERA 0,25
56 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 2
57 CENSO DE MOTOS 1
58 DUPLICADO CENSO DE MOTOS 0,5
59 CIERRE DE VÍA POR OBRAS DEL DISTRITO POR DIA 3
60 DERECHOS CIRCULACIÓN Y TRANSITO 4
61 FOTOCOPIA CARPETA 3
62 FOTOCOPIA TRASLADO CUENTA 2
63 INSCRIPCION CAMBIO DE SERVICIO 50
64 PARQUEADERO MOTO Y BICICLETAS 0,25
65 PARQUEADERO VEHÍCULO AUTOMÓVIL 0,5
66 PARQUEADERO BUS CAMIÓN TRACTO CAMIÓN 0,75
67 PERITAZGO / AVALÚO GENERAL 2
68 PERMISO DE CARGA SOBREDIMENSIONADA 5
69 PERMISO CARAVANAS CORTEJOS FÚNEBRES POR DIA 7
PERMISO CIRCULACIÓN TRACTOMULAS Y CARGA 5
70 PESADA POR MES
71 PERMISO DE PARQUEO, CARGUE O DESCARGUE POR DIA 1
72 SERVICIO DE AGENTE DE TRANSITO HORA DIURNA 1
73 SERVICIO DE AGENTE DE TRANSITO HORA NOCTURNA 2
74 SERVICIO MOTORIZADO DE TRANSITO HORA DIURNA 3
75 SERVICIO MOTORIZADO DE TRANSITO HORA NOCTURNA 4
76 SERVICIO DE GRÚA AUTOMÓVIL 5
77 SERVICIO DE GRÚA BUSES – CAMIÓN 5
78 SERVICIO GRÚA MOTOS 2,5
79 SISTEMATIZACIÓN 1
80 VIDRIOS POLARIZADOS 17

• Salarios mínimos diarios legales vigentes

PARÁGRAFO. Para determinar el valor en pesos, el salario mínimo diario legal
vigente se aproximará a la unidad de mil más cercana.”83

Reafirma lo dicho que el Legislador, en lo que hace a la tasa por derechos de tránsito,
expresamente determinó en el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, que su tarifa se
establecería por los Concejos con base en un estudio económico sobre los costos del

83
Vista a folios 104 al 107 ibídem.

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servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía. La norma en cita es del
siguiente tenor:

“Artículo 168. Tarifas que fijarán los concejos. Los ingresos por concepto de
derechos de tránsito solamente podrán cobrarse de acuerdo con las tarifas que
fijen los Concejos. Las tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los
costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía.” (Subrayas
de la Sala)

9.5.2.1. En esa perspectiva, por mandato de la precitada disposición legal, el
Concejo de Barranquilla sí estaba obligado a fijar la tarifa de las tasas con base en el
estudio económico a que se refiere el artículo 168 ibidem, el cual se aduce haberse
realizado.

Pues bien, para constatar lo anterior, resulta pertinente poner de presente, tal y como
quedó en evidencia en el punto VII de esta providencia, que el Despacho sustanciador,
mediante providencia del 17 de febrero de 2022, resolvió tener como antecedentes
administrativos los documentos aportados por el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla con el recurso de alzada que impetró contra de la sentencia
del 30 de mayo de 2014. Los documentos incorporados al plenario son los siguientes:
(i) documento de “presentación de proyecto de acuerdo mediante el cual se deroga el
impuesto sobre estacionamiento” suscrito por el Alcalde Distrital de Barranquilla84, (ii)
Oficio número DA-103 del 11 de noviembre de 2004, por el cual el Alcalde Distrital de
Barranquilla presenta al Concejo Distrital de esa ciudad el proyecto de acuerdo “Por
el cual se compila y actualiza la normatividad Tributaria Distrital vigente, se incluyen
modificaciones introducidas por la Legislación Nacional, se establecen otras
disposiciones y se conceden autorizaciones”85, (iii) documento contentivo de la
exposición de motivos del anterior proyecto de acuerdo86, (iv) documento titulado
“ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE COSTOS DE SERVICIOS Y DERECHOS DE
TRANSITO (Sic)”87, y (v) oficio DA-110 del 13 de diciembre de 2004, por el cual el
Alcalde Distrital de Barranquilla remite al Concejo Distrital el Decreto nro. 0394 (sin
fecha), que convoca a sesiones extraordinarias a esa Corporación para discutir el
precitado proyecto de acuerdo88.

84
Folios 443 a 444 ibídem.
85
Folio 445 ibídem.
86
Folios 446 a 449 ibídem.
87
Folios 450 a 465 ibídem.
88
Folio 466 ibídem.

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Ahora bien, frente al traslado de dichos documentos, el accionante refirió que en éstos
no se podían vislumbrar el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales
necesarias para la expedición del acto enjuiciado. Sin embargo, de la revisión de los
enunciados antecedentes administrativos, observa la Sala que, mediante Oficio nro.
DA-103 del 11 de diciembre de 2004, el entonces alcalde de Barranquilla presentó
ante el Concejo Distrital el proyecto de acuerdo “por el cual se compila y actualiza la
normatividad tributaria Distrital vigente, se incluyen modificaciones introducidas por la
legislación nacional, se establecen otras disposiciones y se conceden autorizaciones”.
En dicho documento se manifestó:

“El proyecto en consideración tiene como objetivo central ajustar la normatividad
sustantiva y procedimental vigente a los cambios establecidos a las normas
legales y armonizar y racionalizar las disposiciones tributarias distritales. Además
se incluyen los derechos y contraprestaciones por servicios correspondientes al
IDUC y METROTRANSITO S.A. con el estudio sobre costos de servicios y
derechos de tránsito como anexo del proyecto.”89

En lo pertinente, el documento de exposición de motivos que figura a folios 446 a 449
del Cuaderno nro. 2 del expediente, indicó lo que pasa a reseñarse:

“Adicionalmente se incorpora en el Título IV del Libro Primero la autorización y
regulación de los Derechos que por los servicios que presten, deberán cobrar el
Instituto Distrital de urbanismo y control -IDUC- y la empresa METROTRANSITO
S.A.

A este respecto los derechos propuestos en el presente proyecto de acuerdo serán
de gran ayuda para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control
encaminadas al IDUC y de las funciones de regulación y control de tránsito distrital
que le competen a la empresa METROTRANSITO S.A., todo lo cual contribuirá al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas (C.P. art. 334) que se traduce
en la realización del principio de igualdad material al cual apunta la prestación de
dichos servicios.

(…)

Específicamente, en relación con METROTRANSITO S.A., esta entidad para el
funcionamiento y prestación de los servicios a su cargo, debe estar dotada de los
instrumentos que por Ley le permitan percibir unos ingresos para su
funcionamiento, por concepto de Derechos de Tránsito, teniendo en cuenta que el
artículo 168 del Código Nacional de Tránsito dispone que corresponde a los
concejos fijar las tarifas por concepto de Derechos de Tránsito , determinación que
debe basarse en un estudio económico sobre los costos del servicio, con
indicadores de eficiencia, eficacia y economía. Anexo a esta exposición de
motivos, se presenta el estudio económico sobre los costos de los servicios y
derechos, ello con el fin de ofrecer herramientas reales y efectivas a esa

89
Folio 445 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.

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Corporación Administrativa, a efectos de que se adopten decisiones
fundamentadas en la realidad social y económica de la entidad territorial.”

También se encuentra que el documento titulado “ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE
COSTOS DE SERVICIOS Y DERECHOS DE TRANSITO (Sic)” corresponde al
estudio a que alude la anterior exposición de motivos y que fundamentó la fijación de
la tarifa de las tasas de tránsito previstas en los artículos demandados como lo ordena
el artículo 168 de la Ley 769 de 2002.

En ese sentido, del análisis del enunciado estudio destaca la Sala que, en su
introducción, se acotó:

“La determinación de las tarifas de estos derechos de tránsito y demás servicios
que presten el organismo está a cargo de los Concejos Municipales y Distritales,
tal como lo señala el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, al decir que “TARIFAS
QUE FIJARÁN LOS CONCEJOS”.

(…)

Para tal efecto las unidades de planeación administrativa y financiera,
comercialización y transporte público se dieron a la tarea de elaborar el presente
estudio con los indicadores señalados y teniendo en cuenta los precios del
mercado, el costo de vida, costos operativos y los servicios y beneficios que se
proporcionen a la comunidad en general.”

Igualmente se observa que se atendió lo relacionado con los indicadores de eficiencia,
eficacia y economía a que se refiere el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, habida
cuenta que sobre ellos se consignó lo siguiente:

“Estos indicadores de eficiencia, eficacia y economía han sido definidos por la
doctrina como:

EFICIENCIA: Búsqueda permanente de incrementos constantes en los índices de
productividad y calidad.

EFICACIA: Este concepto presenta una doble naturaleza, aquellas acciones que
afectan sus relaciones con el medio externo (efectividad), es decir la capacidad
de dar respuesta satisfaciente a las necesidades y expectativas de sus públicos
externos y las referentes a sus actividades internas (eficiencia). Por su parte el
Decreto 01 de 1.984 señala que en virtud de este principio, se tendrá en cuenta
que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales.

ECONOMÍA: Que los procedimientos se utilicen para agilizar las decisiones, que
los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de
gastos de quienes intervienen en ellos.

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En virtud de estos indicadores se debe tener en cuenta que el organismo de
tránsito garantizará su presencia en el mercado, cuando satisfaga las necesidades
de los usuarios que integran el segmento específico del mercado que atiende, en
los niveles de expectativas esperados y los precios que están acordes con el costo
de vida y el mercado. Es decir, las empresas que subsisten crecen y se
desarrollan, son las capaces de otorgar respuestas gratificantes a las exigencias
y requerimientos de los usuarios y de la sociedad en general.

Para determinar estas tarifas las distintas unidades que intervienen consideran
que las mismas debían fijarse teniendo en cuenta el volumen de vehículos
matriculados, el costo administrativo de los trámites que se efectúan, los precios
del mercado (diferentes tarifas que rigen en los organismos de tránsito en la región
y en el concierto nacional), así mismo en la fijación de las tarifas se considera que
el monto de las mismas sea acorde a la realidad económica de la entidad,
buscando igualmente que con los valores que se cobre y recaude se pueda lograr
que el organismo sea cada día más eficiente y eficaz en el ámbito de sus
competencias (agilidad, cobertura y proyección a la comunidad en campañas de
prevención, educación y seguridad vial).

Ahora, en dicho estudio se dio cuenta que el propósito lo era analizar los precios del
mercado en el sector de tránsito y transporte, las proyecciones y objetivos de las
empresas que integran el citado gremio, en la forma en que se evidencia a
continuación:

También se evidencia una comparación entre la capacidad de vehículos con la que
cuentan los parques automotores del Distrito de Barranquilla y el Departamento del
Atlántico, para la creación de la tarifa:

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En el estudio, se diferenciaron los valores de los servicios ofrecidos por diferentes
organismos de tránsito del país y el Distrito de Barranquilla en distintos conceptos que
dada su extensión se traen los siguientes a título de ejemplo:

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En suma, de lo hasta aquí expuesto, es claro que las normas enjuiciadas, a través de
las cuales el Concejo de Barranquilla fijó las tarifas de las tasas por derechos de
tránsito, sí contó con la debida motivación propia de este tipo de actos, habida cuenta
que, para ello, realizó el estudio económico que exigía el orden jurídico; por lo que el
cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.

9.5.3. Ahora bien, en cuanto a los cargos relativos al desconocimiento a los derechos
de libertad de empresa, a la igualdad y el de falsa motivación, se evidencia que el
Tribunal omitió su estudio en la sentencia recurrida, circunstancia que, para este caso,
impone a esta Sala acometerlos, habida cuenta de que el Juzgador de Primera
Instancia se pronunció sobre la prosperidad de las pretensiones (objeto del proceso),
no existió un fallo inhibitorio90 y tampoco se dejó de resolver sobre una demanda de
reconvención o un proceso acumulado91.

9.5.3.1. Así, frente al primer cargo, habrá que definirse si desconoce el derecho
a la libertad de empresa, el acto administrativo por medio del cual, un ente territorial
fijó una tasa por los derechos de tránsito.

En tal orden, es necesario señalar que el artículo 333 de la Carta Política, indica que
el Estado garantizará las libertades económicas y la iniciativa privada dentro de los
límites propios del bien común. Además, la citada disposición prevé que la Ley
regulará el alcance de las aludidas libertades en virtud del interés social, el medio
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

90
La Sección Primera ha expuesto que, cuando quiera que se emita una decisión inhibitoria en primera
instancia y la misma sea revocada en segunda al advertirse que tal conclusión no era acertada, es
procedente la devolución del proceso al Juez de conocimiento, habida cuenta de que no se ha resuelto
sobre las pretensiones, lo cual evidencia una violación del derecho de acceso a la administración de
justicia y debido proceso. Sobre tal consideración resulta oportuno ver entre otras las siguientes
providencias: Sentencia del 23 de enero de 2014, proferida en el proceso con radicado núm. 2006-
00652-01, C.P. María Elizabeth García González y fallo del 13 de noviembre de 2014. Proceso radicado
número: 0551 23 31 000 2001 90172 01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
91
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de
un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal.” (Subrayas de la Sala).

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De lo anterior se colige que, si bien es cierto que el Estado debe garantizar las
libertades económicas y la iniciativa privada, también es lo es que, en virtud de la
misma disposición constitucional, tales prerrogativas no son absolutas, en razón a que
es posible limitarlas por virtud de la Ley y los reglamentos.

Bajo tal entendido, es relevante recordar, con el artículo 338 de la Constitución
Política, que los entes territoriales se encuentran habilitados a establecer la tarifa de
las tasas y contribuciones, para recuperar los costos de los servicios que presten o la
participación en los beneficios que proporcionen; de ahí que, para el disfrute de dichos
servicios, los usuarios deban cancelar las tarifas que para esos efectos sean
impuestas por la administración pública, sin que ello implique per se un
desconocimiento al derecho de libertad de empresa.

Por ende, no se encuentra acreditada la vulneración de dicho derecho, razón por la
cual el cargo no tiene vocación de prosperidad.

9.5.3.2. Por otro lado, deberá definirse si desconoce el derecho a la igualdad, el
acto administrativo que fijó la tarifa de una tasa, al impedir que las personas que no
tengan capacidad económica para sufragar dicho gasto puedan realizar la actividad
gravada.

Lo que se advierte necesario para resolver este punto es aludir a la naturaleza de las
tasas, que no son otra cosa que la compensación o retribución por el beneficio o
provecho obtenido por la prestación de un servicio, de modo que se logre la
redistribución equitativa del gasto.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-278 de 2019, indicó:

“Tasas

21. Las tasas son una especie de tributo en la que se establece una prestación
económica a favor del Estado. En ese orden, para esta Corporación las “tasas”
han sido consideradas como un gravamen siempre que se verifiquen las
siguientes características:

“…- El Estado cobra un precio por un bien o servicio ofrecido;
• El precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con
los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido.
• El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio.

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• El precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para
amortización y crecimiento de la inversión.
• Ocasionalmente, caben criterios distributivos (Ejemplo: Tarifas
diferenciales).”92

En posterior pronunciamiento afirmó la Corte que las tasas son:

“… aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el
Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida
utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una
recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un
servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración
que se paga a la entidad administrativa que lo presta.

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado
por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por
la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es
la financiación del servicio público que se presta.

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata
de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes,
independientemente de su iniciativa, dan origen a él.”93

22. Entonces, de las nociones jurisprudenciales que se han elaborado alrededor
del concepto de las tasas, éstas se pueden definir como aquellos ingresos
tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella, a través de los
cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos que
le representan al Estado, prestar una actividad, un bien o servicio público, bien
sea de manera directa o indirecta, esta última en el caso de particulares que
presten servicios públicos. Por su propia naturaleza, esta erogación económica se
impone unilateralmente por el Estado a manera de retribución equitativa de un
gasto público, que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan sólo
se origina a partir de su solicitud.

En este orden de ideas, se consideran tasas aquellos gravámenes que cumplan
las siguientes características: (i) la prestación económica necesariamente tiene
que originarse en una imposición legal; (ii) la misma nace como recuperación total
o parcial de los costos que le representan al Estado, directa o indirectamente,
prestar una actividad, un bien o servicio público; (iii) la retribución pagada por el
contribuyente guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o
servicio ofrecido, así lo reconoce el artículo 338 Superior al disponer que: “La ley
[puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten”;
(iv) los valores que se establezcan como obligación tributaria excluyen la utilidad
que se deriva de la utilización de dicho bien o servicio; (v) aun cuando su pago
resulta indispensable para garantizar el acceso a actividades de interés público o
general, su reconocimiento tan sólo se torna obligatorio a partir de la solicitud del
contribuyente, por lo que las tasas indefectiblemente se tornan forzosas a partir
de una actuación directa y referida de manera inmediata al obligado94; (vi) el pago,

92
Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
93
Sentencia C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
94
En cuanto a esta característica, en Sentencia C-1171 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, este Tribunal
puntualizó: “la doctrina suele señalar que las tasas se diferencian de los tributos parafiscales en cuanto aquéllas
constituyen una contraprestación directa por parte de los ciudadanos a un beneficio otorgado por el Estado,
hacen parte del presupuesto estatal y, en principio, no son obligatorias, toda vez que queda a discrecionalidad
del interesado en el bien o servicio que preste el Estado”.

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por regla general, es proporcional, pero en ciertos casos admite criterios
distributivos, como por ejemplo, con las tarifas diferenciales95.

23. Así las cosas, las tasas se diferencian de los impuestos en los siguientes
aspectos: (i) el hecho generador se basa en la efectiva prestación de un servicio
público o la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
que se traduce en un beneficio particular del sujeto pasivo; (ii) tienen naturaleza
retributiva, pues buscan compensar un gasto público del Estado para prestar un
servicio público.”96 (Subrayas de la Sala).

De ahí que el establecimiento de la tarifa de los derechos de tránsito contemplada en
los actos censurados no implique un desconocimiento al derecho a la igualdad, pues
es el ciudadano quien decide voluntariamente si accede o no al servicio que es
ofrecido y que normalmente le beneficia, caso en el cual deberá sufragar la erogación
correspondiente por su aprovechamiento.

Vistas así las cosas, y debido a que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos acusados, se revocará la decisión impugnada y en su lugar negará las
pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de mayo de 2014, proferida por la
Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 29 de septiembre de 2022.

95
A respecto ver Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
96
Corte Constitucional. Sentencia C-278 del 19 de junio de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.

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Cópiese, notifíquese y cúmplase,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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