Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00143-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00143-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2009-00143-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
4 de junio de 2026
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00143 00
Demandante: Diego Luis Gutiérrez Lacouture
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00143 00
Demandante: Diego Luis Gutiérrez Lacouture
Demandado: Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud
y Protección Social) y Superintendencia Nacional de Salud
Acción: Nulidad Simple– Código Contencioso Administrativo
Tesis: No prospera la excepción de caducidad propuesta por las entidades
demandadas, por cuanto el acto administrativo acusado es de carácter general al
dirigirse a un universo de destinatarios indeterminados e indeterminables, a pesar
de haber sido expedido en respuesta a una entidad individualizada, lo que hace
procedente la acción de nulidad simple que no está sometida a término de
caducidad. No prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el extremo pasivo del litigio, por cuanto la suscripción del acto
administrativo demandado por parte del representante jurídico de la entidad pública
la constituye como coautora del pronunciamiento, con independencia del carácter
técnico u orientador que alegue respecto de su intervención.
No prosperan las excepciones de inexistencia de acto administrativo autónomo,
carencia actual de objeto, vigencia normativa y falta de efectos actuales, por cuanto
la compilación y ulterior desarrollo del marco regulatorio incide en la eficacia del
acto mas no en su validez, que es el objeto propio del juicio de nulidad y solo puede
desvirtuarse mediante pronunciamiento judicial.
No es nulo por falta de competencia ni vulneración de normas superiores el
concepto que indica que exige la inscripción en el Registro Especial de Prestadores
de Servicios de Salud como presupuesto para la negociación y suscripción de
acuerdos de voluntades.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de la
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Demandante: Diego Luis Gutiérrez Lacouture
referencia, en el que se pretende la nulidad parcial del Concepto núm. NURC 2044-
2-000382169 de 4 de junio de 2008, expedido conjuntamente por la Directora
General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social y el
Superintendente Delegado para la Atención en Salud (E) de la Superintendencia
Nacional de Salud.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
1. El ciudadano Diego Luis Gutiérrez Lacouture, actuando en nombre propio,
presentó demanda contra la Nación – Ministerio de la Protección Social, en ejercicio
de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo (en adelante CCA)1.
2. Por medio de auto de 31 de octubre de 2025 se vinculó al proceso, como
demandada, a la Superintendencia Nacional de Salud, por haber participado a
través de su delegado en la suscripción del acto acusado.2
1.2. Pretensiones
3. El actor formuló como pretensión única la declaratoria de nulidad de un aparte
del Concepto núm. NURC 2044-2-000382169 de 4 de junio de 2008, denominado
«Verificación del código de habilitación de los prestadores de servicios de salud
para conformar la Red de prestación de servicios». Textualmente, en la demanda
se consigna la siguiente solicitud:
“Que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo dándole la razón al
demandante sobre la Acción de Nulidad contra los apartes del concepto NURC
2044-2-000382169 del Ministerio de la Protección Social.”
1.2 El acto administrativo demandado
1Cfr. Índice 77 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
2 Cfr. Índice 94 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
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4. El demandante censuró el Concepto núm. NURC 2044-2-000382169 de 4 de
junio de 2008, suscrito por la Directora General de Calidad de Servicios del
Ministerio de la Protección Social y el Superintendente Delegado para la Atención
en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo texto se transcribe a
continuación:
1.3 Presupuestos fácticos
5. El acto demandado fue remitido por la Directora General de Calidad de Servicios
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del Ministerio de la Protección Social y el Superintendente Delegado para la
Atención en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud al Gerente de Salud
Total S.A. Entidad Promotora de Salud EPS-S, con el objeto de recordar el deber
de verificar, al momento de seleccionar y contratar la red de prestadores, que el
código de habilitación se encontrara incluido en la base de datos del Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPSS).
6. En el aparte cuestionado, las autoridades demandadas dispusieron que,
tratándose de prestadores ya inscritos pero no consignados en el REPSS, aquéllos
deberían aclarar su situación ante la respectiva Dirección Departamental o Distrital
de Salud antes de iniciar el proceso de negociación y suscripción de acuerdos de
voluntades para la prestación de servicios de salud.
7. El demandante sostuvo que, con anterioridad al acto acusado, el régimen de
negociación y suscripción de acuerdos de voluntades entre prestadores y entidades
responsables del pago de los servicios de salud ya había sido regulado por el
Decreto 4747 de 2007, cuyos artículos 5 y 6 enumeraron, con carácter taxativo, los
requisitos mínimos exigibles, sin incluir entre ellos el deber de aclaración que
estableció el aparte demandado.
8. En ese contexto, el actor concurrió a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para que se retirara del ordenamiento jurídico la instrucción
contenida en el mencionado aparte, por considerarla expedida sin sustento legal
suficiente y con infracción de disposiciones superiores.
1.4 Concepto de la violación
9. El actor invocó como infringidos los artículos 6, 84 y 121 de la Constitución
Política, el artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y el artículo 84 del CCA. A partir de
tales disposiciones, estructuró su impugnación en los cargos que se reseñan a
continuación.
1.4.1. Exceso de facultades reglamentarias
10. Aseguró el demandante que el aparte acusado crea un requisito adicional frente
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a los contemplados por el Decreto 4747 de 2007, norma que regula las relaciones
entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago,
sin que ninguna disposición hubiera habilitado al Ministerio de la Protección Social
ni a la Superintendencia Nacional de Salud para introducirlo.
11. Indicó que la potestad de establecer requisitos previos para el ejercicio de
actividades económicas se encuentra reservada a la ley, por lo que mal podían las
autoridades demandadas pretender incorporarlos mediante un concepto, bajo
invocación de las facultades derivadas del Decreto 1018 de 2007 y de la Ley 715
de 2001.
1.4.2. Violación de los artículos 6, 84 y 121 de la Constitución Política y del
artículo 1 de la Ley 962 de 2005.
12. Sostuvo que reglamentado como se encuentra el proceso de negociación y
suscripción de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios de salud en
el Decreto 4747 de 2007, las autoridades demandadas tenían vedado exigir
permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio de conformidad con el
artículo 84 Superior.
13. Añadió que al imponer el deber de aclaración ante la Dirección Departamental
o Distrital de Salud como condición previa al inicio de la negociación contractual el
acto acusado transgredió esa prohibición constitucional y desbordó el marco
competencial de sus suscriptores al incorporar mediante un concepto una exigencia
propia del resorte del Legislador, en contravía de los artículos 6 y 121 de la
Constitución Política que circunscriben la actuación de los servidores públicos a las
funciones que les atribuyen la Constitución y la ley.
14. Indicó que el artículo 1 de la Ley 962 de 2005 consagra la reserva legal de
permisos, licencias y requisitos y prohíbe a las autoridades públicas establecer
trámites no previstos taxativamente en la ley o autorizados expresamente por esta,
de suerte que el aparte demandado resulta contrario a dicho precepto al condicionar
la iniciación de la negociación y suscripción de acuerdos de voluntades a la
realización de una gestión aclaratoria ante una autoridad territorial que no está
prevista en norma con fuerza de ley.
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1.4.5. Falta de competencia
15. Con fundamento en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo,
consideró que los suscriptores del acto acusado carecían de competencia para
expedir la instrucción contenida en el aparte demandado.
16. Aseveró que la creación de requisitos adicionales a los previstos en la ley
configura un vicio de competencia, en tanto ninguna norma de rango superior al
acto habilita al Ministerio de la Protección Social o a la Superintendencia Nacional
de Salud para adoptarlos por vía de concepto.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y
Protección Social) contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones.
17. Sostuvo que sus funcionarios obraron dentro de las competencias que les
confiere la Constitución y, en particular, el numeral 1 del artículo 5 del Decreto 1011
de 2006, según el cual corresponde al Ministerio desarrollar las normas de calidad,
expedir la reglamentación necesaria para su aplicación, orientar a los integrantes
del Sistema en el cumplimiento de sus responsabilidades y emitir concepto en
aspectos técnicos cuando las entidades territoriales o los prestadores lo soliciten.
18. Afirmó que el aparte demandado no crea un requisito nuevo, sino que reitera
obligaciones ya previstas en normas superiores. En ese sentido, invocó el artículo
13 del Decreto 1011 de 2006, conforme al cual la inscripción en el REPSS integra
el procedimiento de habilitación y a partir de su radicación ante la entidad
departamental o distrital de salud, el prestador se considera habilitado para ofertar
y prestar los servicios declarados; así como el literal a) del artículo 3 y el numeral 1
del literal a) del artículo 5 del Decreto 4747 de 2007, que exigen la habilitación como
requisito mínimo para negociar y suscribir acuerdos de voluntades para la
prestación de servicios.
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19. Concluyó que, de la lectura sistemática de tales disposiciones, se sigue que
quien no esté inscrito en el REPSS no puede entenderse habilitado y, en
consecuencia, no puede iniciar el proceso de negociación y suscripción de
acuerdos de voluntades, motivo por el cual el acto acusado se limitó a formular una
interpretación lógica, sistemática y jurídica de la normativa vigente.
20. Igualmente, la parte demandada formuló las siguientes excepciones.
• Improcedencia de la acción: aseguró que el demandante escogió
equivocadamente la acción, ya que el acto acusado es de contenido
particular y concreto, dirigido específicamente a Salud Total S.A. Entidad
Promotora de Salud EPS-S, por lo que la vía procedente era la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. Para sustentar su posición acudió a
la doctrina de los móviles y finalidades, con remisión expresa al auto de 27
de septiembre de 2001, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado (expediente 6881, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero).
• Cumplimiento de un deber legal: sostuvo que la actuación de sus
funcionarios se ajustó al artículo 5 del Decreto 1011 de 2006, norma que
habilita al Ministerio de la Protección Social para emitir conceptos en
aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.
• Innominada. solicitó que, en los términos del artículo 164 del Código
Contencioso Administrativo, se declarara probada cualquier otra excepción
que resultara acreditada en el proceso.
2.2. Superintendencia Nacional de Salud
21. Precisó que el acto acusado no constituye un acto administrativo autónomo de
esa Superintendencia, sino una comunicación emitida por el Ministerio de la
Protección Social en el ámbito de sus competencias orientadoras, en cuya
elaboración su entidad intervino a título técnico, a través del Superintendente
Delegado para la Atención en Salud, sin ejercicio de potestad decisoria ni
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reglamentaria.
22. Expuso que sus funciones, definidas en el artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y
en el Decreto 1018 de 2007, se circunscriben a la inspección, vigilancia y control
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y no le atribuyen la facultad de
expedir reglamentos ni de imponer requisitos para la contratación de servicios de
salud.
23. Sostuvo que el contenido del aparte demandado se limita a reiterar obligaciones
previstas con anterioridad en el artículo 13 del Decreto 1011 de 2006 y en el artículo
5 del Decreto 4747 de 2007, normas que consagran la inscripción en el REPSS y
la habilitación como condiciones previas para ofertar, prestar y contratar servicios
de salud, sin que el acto acusado haya creado cargas ni modificado situaciones
jurídicas.
24. Asimismo, por un lado, la Superintendencia Nacional de Salud formuló las
siguientes excepciones previas.
• Improcedencia de la acción de nulidad simple: aseveró que el acto acusado
carece de vocación normativa general y se agota en una comunicación
particular dirigida a Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud EPS-S,
razón por la cual, a la luz de la doctrina de los móviles y finalidades, la acción
procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.
• Falta de legitimación en la causa por pasiva: argumentó que el documento
fue expedido por la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio
de la Protección Social, en ejercicio de las competencias que la normatividad
le asigna, y que la firma del Superintendente Delegado no convierte a esa
Superintendencia en autora del acto ni le atribuye responsabilidad por su
contenido.
• Inexistencia de acto administrativo autónomo atribuible a la
Superintendencia y carencia actual de objeto: sostuvo que la comunicación
cuestionada agotó sus efectos cuando orientó a la entidad destinataria sobre
el cumplimiento de la normativa conceptuada y que el marco regulatorio
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posterior, consolidado en el Decreto 780 de 2016 y en la Resolución 3100
de 2019, ratificó la obligatoriedad de la inscripción y de la habilitación para
la contratación de servicios de salud, con lo cual el acto acusado no produce
efectos jurídicos actuales.
25. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud propuso, asimismo, las
siguientes excepciones de mérito.
• Cumplimiento de deber legal y ausencia de exceso de facultades: afirmó que
la actuación cuestionada se ajustó al marco normativo aplicable en la fecha
de expedición del acto y guarda coherencia con el régimen actualmente
vigente.
• Actuación dentro del marco legal: reiteró que la Ley 715 de 2001 y el Decreto
1018 de 2007 le asignan exclusivamente funciones de inspección, vigilancia
y control, sin potestad reglamentaria, por lo que su intervención en el acto
cuestionado no comportó exceso funcional alguno.
• Ausencia de acto administrativo autónomo atribuible a la Superintendencia:
insistió en que el documento acusado no emana de esa entidad ni produce
efectos jurídicos imputables a ella.
• Vigencia normativa y falta de efectos actuales: subrayó que el desarrollo
normativo posterior hizo inocua la eventual anulación del acto.
• Innominada: solicitó que se declarara probada cualquier otra excepción que
encontrara acreditada la Sala, en los términos del inciso segundo del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011.
26. Adicionalmente, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó la condena en
costas y agencias en derecho a la parte demandante.
III. ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES
27. El Despacho, mediante auto de 10 de mayo de 2010, admitió la demanda,
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ordenó la notificación al Ministro de la Protección Social y al Agente del Ministerio
Público, dispuso la fijación del proceso en lista y requirió a la entidad demandada
el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado.
28. Por providencia de 13 de febrero de 2013 se resolvió sobre las solicitudes
probatorias y se abrió a pruebas el proceso.
29. Mediante auto de 31 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Agente del Ministerio Público para que emitiera concepto.
30. Estando el proceso al Despacho para dictar sentencia de única instancia, se
advirtió que el acto acusado había sido expedido conjuntamente por el Ministerio
de la Protección Social y por la Superintendencia Nacional de Salud y que esta
última no había sido vinculada al proceso ni notificada del auto admisorio de la
demanda. En consecuencia, por auto de 6 de marzo de 2025, se ordenó su
vinculación, la notificación del auto admisorio y se puso en su conocimiento la
irregularidad advertida, de conformidad con el artículo 137 del Código General del
Proceso.
31. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante escrito de 14 de marzo de
2025, solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del auto
admisorio de la demanda, con fundamento en el numeral 8 del artículo 133 del
Código General del Proceso, por indebida integración del contradictorio.
32. Surtido el traslado correspondiente, respecto del cual las demás partes
guardaron silencio, el Despacho, por auto de 31 de octubre de 2025, declaró la
nulidad de lo actuado a partir del auto que abrió a pruebas el proceso, dispuso que
las pruebas practicadas conservaran su validez y ordenó fijar nuevamente el
proceso en lista, en los términos del artículo 207 del Código Contencioso
Administrativo.
33. Dentro del término previsto, la Superintendencia Nacional de Salud contestó la
demanda en los términos ya reseñados.
34. Cumplido lo anterior, se corrió nuevo traslado a las partes para alegar de
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conclusión y al Agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. De la parte demandante
35. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y formuló,
adicionalmente, las siguientes precisiones. Insistió en la naturaleza de acto
administrativo demandable del Concepto acusado, por cuanto, no obstante dirigirse
a un destinatario individualizado, emplea formulaciones generales («los
prestadores… deberán…») que fijan una regla de conducta proyectada sobre la
totalidad del sistema de contratación en salud y afectan derechos de terceros.
36. Sostuvo que la acción de nulidad es la procedente, por cuanto la pretensión es
objetiva y persigue la depuración del ordenamiento jurídico, sin reclamar
restablecimientos individuales y que en todo caso el control excepcional de actos
particulares resulta admisible cuando su contenido compromete de manera
relevante el interés general, hipótesis que se configura en este asunto por el
impacto del acto sobre el mercado de contratación de servicios de salud.
37. Manifestó que, al partir del supuesto equivocado de la procedencia de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, se deriva la improcedencia de la
excepción de caducidad.
38. Argumentó que el aparte demandado no se limita a reiterar los Decretos 1011
de 2006 y 4747 de 2007, sino que agrega una exigencia no prevista: la de «aclarar
la situación» ante la Dirección Departamental o Distrital de Salud con anterioridad
al inicio de la negociación contractual, traslado con el cual se imponen al
administrado las consecuencias de inconsistencias propias del registro y se
configura un trámite extralegal.
39. Respecto de la falta de legitimación por pasiva alegada por la Superintendencia
Nacional de Salud, precisó que dicha entidad suscribió y avaló el contenido del acto,
de suerte que debe comparecer al juicio de legalidad; y que en la hipótesis de
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aceptarse que carecía de potestad para hacerlo, ello no conduciría a su
desvinculación, sino que reforzaría el cargo de falta de competencia.
40. Rechazó la alegación sobre carencia actual de objeto, por cuanto la expedición
de normatividad posterior no convalida actos administrativos contrarios al orden
jurídico, ni desvirtúa el interés en su depuración.
4.2. Del Ministerio de Salud y Protección Social
41. El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró la excepción de
improcedencia de la acción y agregó que operó, igualmente, el fenómeno de la
caducidad, por cuanto la respuesta al destinatario del acto se surtió el 9 de junio de
2008 y la demanda se presentó más allá del término de cuatro (4) meses
consagrado en el artículo 136, numeral 2, del CCA, aplicable a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.
42. Expuso que la comunicación emitida a Salud Total S.A. Entidad Promotora de
Salud EPS-S no introdujo requisitos adicionales, sino que reiteró las exigencias del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, consolidadas
hoy en los artículos 2.5.1.2.2, 2.5.1.3.2.7 y 2.5.3.4.5 del Decreto 780 de 2016 y
derivadas del artículo 13 del Decreto 1011 de 2006 y de los artículos 3 y 5 del
Decreto 4747 de 2007.
43. Concluyó que la inscripción en el REPSS y la habilitación constituyen requisitos
obligatorios y previos para la oferta y prestación de servicios de salud y, por
consiguiente, para la negociación y suscripción de acuerdos de voluntades; y que
no se acreditó dentro del proceso daño o perjuicio alguno derivado del acto
acusado.
4.3. De la Superintendencia Nacional de Salud
44. La Superintendencia Nacional de Salud se ratificó en los planteamientos
invocados en la contestación de la demanda.
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V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en los artículos 128 del CCA y en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del presente asunto, en única instancia.
46. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
5.2. Cuestión previa
47. Por medio de comunicación radicada el 3 de junio de 20263, el doctor Carlos
Fernando Mantilla Navarro, Consejero de la Sección Primera de esta Corporación,
manifestó su impedimento en el presente asunto con fundamento en la causal
prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable
por expresa remisión del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior con fundamento en que en su
condición de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa ante la
Sección Primera del Consejo de Estado rindió el concepto 00161 de 21 de
septiembre de 2016 dentro del asunto de la referencia.
48. En atención a lo expuesto la Sala entiende que la causal de impedimento
alegada por el doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro corresponde a la prevista
en el numeral 2 del artículo 160 del Decreto 01 de 1984 y el numeral 12 del artículo
141 de la Ley 1564 de 2012 que literalmente indican:
“Artículo 160. Serán causales de recusación e impedimento para los
consejeros, magistrados y jueces administrativos, además de las señaladas en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, las siguientes:
(…)
3 Cfr. Índice 115 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
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2. Haber conceptuado sobre el acto que se acusa, o sobre el contrato objeto del
litigio.» (Subrayas del Despacho)
«Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
(…)
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado,
agente del Ministerio Público, perito o testigo.”
49. Analizado lo anterior, la Sala encuentra configurada la causal invocada por el
Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro en atención a que
obra en el expediente concepto rendido por este sobre el asunto de la referencia
cuando fungía como Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa ante
la Sección Primera del Consejo de Estado4.
50. En consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se separará del
conocimiento del caso.
5.3. De las excepciones relacionadas con la improcedencia de la acción de
nulidad simple y la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
51. La Sala se encargará, en primer lugar, de determinar si se configuró el
fenómeno de caducidad, si a juicio del extremo pasivo del litigio el concepto objeto
de control emitido en respuesta a la consulta formulada por una entidad prestadora
de salud, mediante el cual se dispuso que los prestadores que habiéndose inscrito,
no aparezcan en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud,
deberán aclarar su situación ante la autoridad territorial de salud competente antes
de iniciar el proceso de negociación y suscripción de acuerdos de voluntades para
la prestación del servicio, es de contenido particular.
52. Los actos administrativos se clasifican según la naturaleza de sus destinatarios
en actos de contenido general y actos de contenido particular. Esta distinción
4 Cfr. Índice 56 de la plataforma de gestión judicial SAMAI.
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resulta determinante en el presente asunto porque de ella depende la acción
procedente dirigida a someter el acto a un control de legalidad y en consecuencia
la suerte de la excepción de caducidad formulada por las entidades demandadas.
53. La diferencia entre una y otra categoría radica en el grado de determinación de
los sujetos a quienes se dirige el acto. Un acto administrativo es de contenido
general cuando va dirigido a destinatarios indeterminados e indeterminables, es
decir, cuando la regla que establece no está concebida para un sujeto o un grupo
de sujetos que puedan ser identificados al momento de su expedición ni con
posterioridad a ella, sino que se proyecta sobre todas las personas que llegaren a
encontrarse en la situación de hecho descrita por el acto.
54. Un acto administrativo es de contenido particular cuando va dirigido a
destinatarios determinados o que siendo inicialmente indeterminados resultan
determinables. Es determinado el destinatario que aparece identificado de manera
expresa e individual en el texto del acto. Es determinable el destinatario que si bien
no aparece nominalmente señalado puede ser individualizado a partir de la
información contenida en el propio acto.
55. En otras palabras, la pregunta que define la naturaleza del acto no es cuántos
sujetos resultan alcanzados por su contenido ni si el acto fue expedido de oficio o
a petición de parte. La pregunta es si al momento de su expedición los destinatarios
pueden o no ser identificados. Si pueden serlo el acto es particular. Si no pueden
serlo porque la regla se dirige a quien quiera que llegue a encontrarse en el
supuesto de hecho regulado sin que sea posible anticipar de quién se trata el acto
es general.
56. La Sección Cuarta, en Sentencia de 23 de junio de 2011 proferida dentro del
expediente con radicación 11001-03-27-000-2006-00032-00(16090), al resolver un
asunto en el cual se discutía la naturaleza de un acto de clasificación arancelaria
expedido a solicitud de un particular, perfiló el criterio material de distinción en los
siguientes términos, pertinentes al presente análisis en tanto fijan la regla de que la
naturaleza del acto no la determina su origen, sino el alcance de su contenido:
“Así, un acto es de contenido general cuando crea situaciones jurídicas que
obligan, de manera abstracta e impersonal a los administrados, es decir, su
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contenido es igual y el mismo para todos los administrados que se encuentren
dentro de las mismas circunstancias de hecho que regula el acto, mientras que
un acto de contenido particular crea, modifica o extingue situaciones jurídicas
individuales y concretas.,
El acto administrativo de carácter individual también puede referirse a una
determinada cosa, individual y específicamente identificada, que no se pueda
confundir con otra, de manera que los efectos de ese acto sólo recaen sobre
esta y no sobre otras de su misma naturaleza, aun cuando sean de la misma
especie. Pero cuando el acto administrativo se refiere a una cosa determinada,
sin identificarla individualmente, todas las cosas de su misma especie y que se
encuentren en la misma situación jurídica que el acto administrativo regula son
cobijadas por los efectos jurídicos de ese acto. En este caso, se está frente a
un acto general y abstracto.
Como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación “Para
distinguir cuándo se está frente a situaciones jurídicas legales o individuales,
debe tenerse en cuenta la finalidad y alcance del acto administrativo, el
propósito que con él se persigue. Si éste contiene en sí mismo una disposición
que no desaparece por ser aplicada a un caso concreto, sino que sobrevive a
esta aplicación y puede y debe aplicarse, mientras no se derogue, a todos los
casos idénticos al previsto, la situación jurídica es de carácter general,
abstracto, impersonal y reglamentario. Si por el contrario, la administración
dispone exclusivamente para un caso particular y aplicada la decisión al caso
previsto desaparece su objeto, la situación que crea el acto administrativo es
individual y subjetiva”.
O como lo ha reiterado la Sección Primera, “Los actos generales son los que
crean, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada; sus supuestos
normativos o efectos jurídicos son abstractos, lo cual constituye su
característica sustancial, debido a que las consecuencias o previsiones
normativas que contemplan no están referidas a nadie individualmente
identificado, sino que les son aplicables indistintamente a cualquier persona o
cosa que llegare a encontrarse dentro de los supuestos descritos en el mismo”.5
57. La regla así enunciada contiene dos consecuencias que guían el examen del
caso. La primera es que el carácter general de un acto depende de la estructura
abstracta e impersonal de su supuesto de hecho y de la consiguiente aptitud del
acto para regir a todos cuantos en él queden subsumidos. La segunda es que la
circunstancia de haber sido el acto provocado por la consulta o solicitud de un sujeto
determinado no basta por sí sola para reputarlo de contenido particular, si su
contenido no se agota en ese sujeto sino que se proyecta sobre la totalidad de
quienes compartan la misma situación fáctica.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de
junio de 2011. Proceso radicado no. 11001-03-27-000-2006-00032-00(16090). C.P. Hugo Fernando
Bastidas Barcenas.
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58. Esa conclusión aparece expresada con nitidez en la misma providencia, cuando
la Sala, al analizar una resolución de clasificación arancelaria expedida a instancia
de un particular, razonó así:
“Esta Resolución, a juicio de la Sala, independientemente de que se haya
proferido a instancia de una petición de un particular, no deja de ser de carácter
general, porque tendrá efectos para todos los compresores de aire tipo pistón
que tengan iguales características al que fue objeto de clasificación, es decir,
que tengan una idéntica capacidad, igual presión, los mismos caballos de
fuerza, igual número de pistones y se encuentren montados sobre dos ruedas
y dos postes para el sostenimiento del cilindro.”6
59. El criterio sentado en esta sentencia resulta trasladable al presente asunto en
tanto ilustra que un acto expedido a solicitud de un sujeto individualizado no deja
de ser general cuando la regla que establece se aplica a un universo de
destinatarios que no pueden ser identificados de antemano. En el ejemplo
arancelario la clasificación fue solicitada por un particular, pero se aplicaba a
cualquier persona que pretendiera importar un producto con las mismas
características. El solicitante no era el destinatario exclusivo del supuesto de
derecho sino apenas quien provocó su expedición. Lo que definía la naturaleza
general del acto era que sus destinatarios resultaban indeterminados e
indeterminables porque nadie podía saberse sujeto obligado por la clasificación
hasta tanto no realizara la operación de comercio exterior correspondiente.
60. Aplicada esta regla al asunto sub examine, se observa que el aparte
demandado condiciona el inicio de la negociación y suscripción de acuerdos de
voluntades para la prestación de los servicios de salud a la previa aclaración de la
situación registral de los prestadores ante la autoridad territorial. La descripción del
supuesto de hecho se formula en términos abstractos e impersonales («los
prestadores») y sin referencia a un sujeto determinado ni determinable, de manera
que la consecuencia jurídica prevista —el deber de aclaración— se extiende a
cuantos se encuentren en la hipótesis contemplada, esto es, a quienes, habiéndose
inscrito, no figuren en el registro. La norma no regula la situación singular de la
entidad promotora de salud destinataria nominal de la comunicación; por el
contrario, fija un criterio llamado a regir la contratación de servicios en todo el
6 Ibidem.
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sistema, frente a un universo indeterminado de prestadores y de entidades
responsables del pago.
61. El acto acusado dispone que los prestadores, que habiéndose inscrito no
aparezcan en el registro especial respectivo, «deberán aclarar su situación» ante
la autoridad territorial «antes de iniciar el proceso de negociación y suscripción de
acuerdos de voluntades para la prestación de servicios», luego no se circunscribe
a informar al destinatario nominal sobre el sentido de una norma. Fija una pauta de
comportamiento con estructura condicional y deóntica: a un supuesto de hecho —
el desfase entre la inscripción realizada y la constancia registral— anuda una
consecuencia normativa —el deber de aclaración previo al inicio de la negociación
contractual—. Esa estructura corresponde a la de una directriz aplicable a la
generalidad de los prestadores que se encuentren en la hipótesis contemplada,
cuya exigencia se proyecta sobre las entidades responsables del pago en cuanto
contratantes y no se agota en la esfera de la entidad promotora de salud que
formuló la consulta.
62. Se trata, por consiguiente, de un pronunciamiento cuya exigencia se impone a
terceros, en los precisos términos que la jurisprudencia ha identificado como
determinantes para la mutación de la naturaleza del acto. No hay otra cosa que se
siga del hecho de que la propia comunicación extienda su alcance a todas las
entidades administradoras de planes de beneficios y, a través de ellas, a la totalidad
de los prestadores que pretendan contratar con el sistema, en un patrón de
aplicación que no depende de la identidad del consultante sino de las
características de la situación regulada.
63. Cabe resaltar que no desvirtúa esta conclusión el hecho de que la comunicación
haya sido dirigida, en su aspecto meramente formal, a una entidad promotora de
salud individualizada. La Sala ya ha precisado que el destinatario nominal de un
pronunciamiento no agota necesariamente el universo de los sujetos obligados por
él y que cuando la regla allí contenida se formula con vocación de aplicación
general, el acto conserva esa naturaleza con independencia del canal por el cual
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se exteriorizó.7 En el presente caso, la estructura del aparte acusado, un enunciado
prescriptivo cuyo ámbito de aplicación se define por las características de la
situación regulada y no por la identidad de un sujeto, permite afirmar que se está
ante un acto de carácter general.
64. Asentada la doble calificación del documento cuestionado, es acto
administrativo y es de contenido general, la consecuencia procesal se sigue sin
dificultad. Conforme al régimen del Código Contencioso Administrativo la acción de
nulidad procede contra los actos administrativos de carácter general, con el
propósito de salvaguardar el orden jurídico en abstracto. Siendo el acto acusado de
esa naturaleza, la acción interpuesta por el demandante es la idónea.
65. Esta conclusión hace inocua, por sustracción de materia, la excepción de
caducidad propuesta por las entidades demandadas. Tal excepción se edifica sobre
una premisa que la Sala ha desestimado, que el acto es de contenido particular y
que, por consiguiente, debía haberse demandado mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sometida al término extintivo previsto por el legislador
para esa vía procesal. Al haberse establecido que el acto es de contenido general
y que la acción de nulidad es la procedente, pierde piso el cómputo del término al
que se refieren las demandadas, ya que esa vía procesal no se encuentra sometida
a término de caducidad. Por este motivo la excepción de caducidad no prospera y
habrá de ser desestimada en la parte resolutiva de esta providencia.
5.4. De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
66. Ahora, corresponderá a la Sala establecer si una entidad carece de legitimación
en la causa por pasiva si, aun cuando suscribió el acto objeto de control, esgrime
que fue elaborado y expedido en ejercicio de las competencias de acompañamiento
técnico.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
marzo de 1994. Proceso radicado no. 2756. C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. Citada en (i) Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Dieciséis. Sentencia
del 13 de noviembre de 2020. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2020-01613-00 (acumulado
11001-03-15-000-2020-01615-00). C.P. Nicolás Yepes Corrales. (ii) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Dieciséis. Sentencia del 15 de enero de 2021.
Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2020-02452-00(CA). C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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67. Tratándose de la acción de nulidad, la legitimación material por pasiva la
ostenta la autoridad que expidió el acto cuya validez se controvierte, ya que es ella
la llamada, por disposición del ordenamiento jurídico, a defender la legalidad de su
propio pronunciamiento y a soportar en su caso, las consecuencias de su anulación.
68. El artículo 149 del CCA regulaba, para la época de los hechos, la forma en que
las personas jurídicas de derecho público, así como las entidades privadas que
ejercieran funciones públicas, podían comparecer ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. La disposición partía de la regla según la cual dichas
entidades estaban habilitadas para actuar como demandantes, demandadas o
intervinientes dentro de los procesos judiciales, siempre por conducto de sus
representantes debidamente acreditados. El tenor literal de esta norma era el
siguiente:
“Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las
entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar
como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso
Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este Código si las
circunstancias lo ameritan.
En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por
el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o
por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo
el hecho.
El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el
Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director
Ejecutivo de Administración Judicial.
En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de
las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas
Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.
PARAGRAFO 1o. En materia contractual, intervendrá en representación de las
dependencias a que se refiere el artículo 2o., numeral 1, literal b) de la Ley 80
de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.
PARAGRAFO 2o. Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el
Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta
se ejerce por él o por su delegado.”
69. En ese sentido, la norma no solo definía quién ejercía la representación judicial
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de la Nación y de determinadas entidades públicas según la materia o el origen del
acto, hecho, operación o contrato discutido, sino que también precisaba la
legitimación procesal de estas entidades para promover las acciones previstas en
el Código cuando las circunstancias así lo justificaran.
70. La jurisprudencia de esta Corporación, en desarrollo de esta disposición legal,
ha sostenido, de manera pacífica, que en las acciones de simple nulidad el extremo
pasivo del litigio se integra con las entidades que suscribieron el acto cuestionado,
lo que convierte a la autoría, manifestada a través de la firma, en el criterio rector
para identificar a los sujetos procesales llamados a comparecer en calidad de
demandados. 8,
71. En el presente asunto, el acto cuestionado fue suscrito conjuntamente por la
Directora General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social y
por el Superintendente Delegado para la Atención en Salud de la Superintendencia
Nacional de Salud. En este sentido, en el plano material, cada una de las
autoridades signatarias manifestó, con su suscripción, la voluntad de asumir el
contenido del acto; y en el plano formal, el documento aparece expedido en
ejercicio de la voluntad concurrente de ambas entidades, sin que el texto del acto
trace distinción alguna entre la participación de una y otra.
72. En consecuencia, resulta improcedente el esfuerzo argumentativo de la
Superintendencia dirigido a presentar su intervención como un simple
acompañamiento técnico desprovisto de potestad decisoria. Si la entidad considera
que tal participación era ajena a sus competencias, esa circunstancia no debilita su
legitimación en la causa por pasiva, sino que la refuerza, por cuanto la controversia
incluye, precisamente, el examen de la competencia para haber emitido el acto en
los términos en que fue emitido. Admitir el argumento de la Superintendencia
equivaldría a permitirle sustraerse del juicio mediante la confesión del posible vicio
sobre el que, en parte, versa la controversia, lo que resulta contrario a la estructura
misma del control de legalidad.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. (i) Sección Primera. Sentencia del 11
de junio de 2020. Proceso radicado no. 11001-03-24-000-2011-00437-00. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. (ii) Sección Primera. Sentencia del 25 de febrero de 2021. Proceso radicado no.
11001-03-24-000-2011-00373-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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73. Tampoco resulta atendible la afirmación de que no existe vínculo jurídico entre
la Superintendencia y el acto acusado. El vínculo surgió en el momento mismo en
que el Superintendente Delegado firmó el acto administrativo, debido a que a partir
de esa conducta la entidad asumió la condición de coautora. Esa coautoría material,
insistimos, es el fundamento de la legitimación pasiva en las acciones de simple
nulidad, pacíficamente reconocido por esta Corporación, y no queda desvirtuada
por ninguna consideración relativa al reparto interno de competencias o al carácter
técnico de la intervención.
74. Se sigue de lo expuesto que la Superintendencia Nacional de Salud ostenta
legitimación en la causa por pasiva en el presente proceso y debe mantenerse
como parte demandada para efectos del pronunciamiento de fondo. La excepción
propuesta no está llamada a prosperar y será desestimada en la parte resolutiva de
esta providencia.
5.5. De las excepciones de inexistencia de acto administrativo autónomo,
carencia actual de objeto, vigencia normativa y falta de efectos actuales
75. Deberá la Sala definir si es viable ejercer el control de legalidad de un acto
administrativo mediante la acción de nulidad cuando las entidades demandadas
sostienen que al momento de proferirse la sentencia los efectos del acto demandado
habían cesado por haber quedado su contenido incorporado en normas expedidas
con posterioridad y que en consecuencia el pronunciamiento de fondo resultaría
inocuo frente a un acto que no produce efectos jurídicos actuales ni constituye un
pronunciamiento autónomo susceptible de enjuiciamiento.
76. Los actos administrativos por disposición del ordenamiento jurídico son
obligatorios y se presumen legales mientras no hayan sido anulados o suspendidos
por esta jurisdicción. Esa presunción no es un adorno procesal, sino la
manifestación del principio de autotutela declarativa que gobierna la actuación de
la administración. En virtud de tal postulado, la carga de desvirtuar la conformidad
del acto con el ordenamiento recae sobre quien acude al juez, quien para ese efecto
tiene a su disposición la acción de nulidad, concebida precisamente como vía de
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control abstracto destinada a la tutela del orden jurídico.
77. La finalidad propia de esta acción no se agota en la producción de efectos
prácticos sobre sujetos determinados, ni se mide por la utilidad inmediata que la
decisión anulatoria pueda reportar a quien acciona. Su objeto es la preservación de
la jerarquía de las fuentes y la remoción de los pronunciamientos que se hallen en
contradicción con normas superiores. De ahí que el interés legítimo en el ejercicio
del control no desaparezca por la simple circunstancia de que el acto haya agotado
su aplicación práctica o de que su contenido haya sido recogido, modificado o
desplazado por regulación posterior.
78. En este sentido, el argumento defensivo planteado por las entidades
demandadas confunde dos conceptos que el derecho administrativo mantiene
cuidadosamente separados: la validez y la eficacia del acto. La validez concierne a
la conformidad del acto con el ordenamiento al momento de su expedición y es la
cuestión propia del juicio de nulidad; la eficacia, en cambio, atañe a la aptitud del
acto para producir efectos jurídicos y puede perderse por causas sobrevinientes
que no inciden sobre la legitimidad originaria del pronunciamiento.
79. Esta Corporación, en sentencia de 12 de marzo de 2015 proferida por la
Sección Cuarta dentro del expediente con radicación 76001 23 31 000 2009 01164
01(19154), precisó la naturaleza de esta figura y su diferencia con la invalidez, en
términos que resultan directamente aplicables al presente asunto:
“La jurisprudencia constante del Consejo de Estado ha considerado que el acto
administrativo existe desde que la Administración ha manifestado su voluntad a
través de una decisión, y su eficacia (efectos) está condicionada a que tal acto
se publique o se notifique. En tal sentido, una vez existe el acto administrativo
y se ha notificado o publicado, la Administración queda facultada para cumplirlo
o hacerlo cumplir. Esto es lo que se denomina la fuerza ejecutoria del acto.”
También ha considerado9 que no puede confundirse la ocurrencia de la pérdida
de fuerza de ejecutoria del acto administrativo con las causales de nulidad del
mismo. Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del
Código Contencioso Administrativo y se dan desde la misma formación o
expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía
fundarse, o porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o
9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 19 de febrero de 1998. Expediente no. 4490.
C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
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en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de defensa o mediante
falsa motivación o desviación de poder.”10
80. Del fragmento transcrito se sigue con claridad meridiana que las causales de
nulidad son contemporáneas a la expedición del acto y operan sobre su génesis,
mientras que las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones
sobrevinientes que afectan su capacidad de producir efectos hacia el futuro, sin
alcanzar a afectar la legitimidad originaria del pronunciamiento. De ello se sigue
una consecuencia capital para el caso que ocupa a la Sala: la desaparición o
sustitución posterior de las normas que sirvieron de fundamento al acto puede
privarlo de eficacia, pero no lo convierte retroactivamente en ajustado a derecho, ni
sanea los vicios que afectaren su nacimiento.
81. La jurisprudencia de esta Corporación ya distinguía entre los conceptos de
validez y eficacia del acto administrativo en los siguientes términos:
«Pues bien, como lo señaló el Tribunal, ha sido una posición uniforme, pacífica
y reiterada de esta Corporación, la de admitir la posibilidad de enjuiciar las
decisiones de la administración, aun cuando han sido derogadas, pues para ello
ha distinguido los conceptos de validez y eficacia.
En ese orden, no cabe duda de que la desaparición de los actos administrativos
del ordenamiento jurídico como consecuencia de su derogatoria, expresa o
tácita, no implica la imposibilidad de examinar en sede judicial si en su
expedición fueron cumplidos los requisitos y elementos esenciales para predicar
de ellos su validez. Esto, por cuanto, si se llegare a demostrar la existencia de
vicios en su expedición, sería procedente declarar su nulidad desde el mismo
momento de su nacimiento, esto es, con efectos ex tunc.
Bajo tales premisas, el juicio de legalidad que en esos casos se adelanta se
hace bajo el entendido de que, mientras estuvieron vigentes, produjeron
efectos, y sólo hasta que una autoridad judicial competente las anule, continúan
amparadas por el principio de legalidad.
Lo anterior se traduce en que su enjuiciamiento debe efectuarse con base en
los fundamentos de hecho y de derecho existentes en el momento de su
expedición, máxime si se considera que sólo el fallo de nulidad, al producir los
efectos anotados, desvirtuaría la presunción de legalidad que los acompañó en
su vigencia.
En ese sentido, en providencia del 4 de febrero de 2021, esta Sección
consideró:
10 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de
marzo de 2015. Proceso radicado no. 760012331000200901164 01(19154). C.P. Hugo Fernando
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“Cuestión previa - acto administrativo acusado derogado
17. Esta Sala previo a determinar los problemas jurídicos se pronunciará
respecto de la siguiente cuestión previa:
18. A pesar de que el artículo 7 de la Resolución 1424 de 7 de octubre de
2008, fue modificado, por la Resolución 0872 de 25 de junio de 2009, esta
Sección se pronunciará de fondo, teniendo en cuenta el criterio, según el
cual, basta que la norma jurídica de carácter general haya tenido vigencia
para que esta jurisdicción se pronuncie ante una demanda de nulidad que
se presente contra ella, en consideración a los efectos que pudo producir
durante su vigencia.
19. Asimismo, porque como lo ha considerado esta Corporación : i) la
derogatoria o el decaimiento del acto administrativo acusado no
restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino que
acaba con la vigencia de la norma con efectos hacia el futuro y ii) porque
aún si una normativa ha sido derogada o ha operado sobre la misma la
figura del decaimiento, sigue amparado por el principio de legalidad que
le protege y que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez
competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece
el orden vulnerado no es la derogatoria o su decaimiento, sino la decisión
del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho.”11. (Subrayas del
Despacho)
A su vez, en providencia dictada en audiencia inicial celebrada el 21 de abril de
2021, al resolver una excepción propuesta en el mismo sentido se explicó:
“El apoderado del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO señaló que el Decreto 400 de 2014 fue derogado por el
Decreto 1074 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo", modificado por
el Decreto 1835 de 2015, “Por el cual se modifican y adicionan normas en
materia de Garantías Mobiliarias al Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, y
se dictan otras disposiciones”, a través de los artículos 2.2.2.4.1.2. y
2.2.2.41.33.
Teniendo en cuenta lo anterior, estaríamos en un escenario de una
derogatoria del acto acusado y la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo,
en tanto que como se ha informado, esa resolución fue derogada en su
integridad, por consiguiente, las disposiciones acusadas desaparecieron
del mundo jurídico.
Al respecto, el Despacho recuerda que la derogación de actos
administrativos tiene efectos ex – nunc, lo cual implica que el acto
derogado mantiene su presunción de legalidad por todo el tiempo que
estuvo vigente; presunción que es iuris tan tum o mientras no se declare
lo contrario, lo que está reservado a esta jurisdicción a instancia de parte
que alegue y demuestre la ilegalidad del acto administrativo general
derogado.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de
febrero de 2021, expediente 11001 03 24 000 2009 00444 00. Consejero Ponente: Hernando
Sánchez Sánchez.
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Demandante: Diego Luis Gutiérrez Lacouture
No debe olvidarse que el control de legalidad que efectúa la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativa se realiza teniendo en cuenta los
supuestos fácticos y jurídicos vigentes al momento de la expedición del
acto administrativo, por lo que, aunque se hubiera derogado, haya perdido
su vigencia o cumplido su objeto, debe estudiarse su conformidad con el
ordenamiento jurídico por los efectos que pudo producir y por las
situaciones jurídicas particulares que se crearon o modificaron que aún
no se han consolidado.
Como lo ha considerado la Jurisprudencia, no se puede confundir la
validez del acto administrativo con la eficacia de la decisión, esto es, con
la exigibilidad, obligatoriedad y ejecutoriedad.
Así pues, pongo de relieve como la Sección Primera de la Corporación ha
sido reiterativa y pacífica en señalar que, aun cuando el acto ha perdido
sus fundamentos jurídicos, de todas maneras se surtirá el control de
legalidad frente a la actuación de la Administración, ello bajo el supuesto
de que en el camino eventualmente pudo haber producido efectos
jurídicos y, con ese apotegma, se produce y se surte el control de
legalidad de la actuación.
En consecuencia, la derogatoria, modificación o subrogación de un acto
administrativo no es motivo para abstenerse de estudiar su legalidad, tal
y como lo pretende el apoderado del ente ministerial.”12. (Subrayas del
Despacho)
Línea que comparten otras Secciones de esta Corporación, como queda claro
de la lectura de la sentencia de 23 de octubre de 2020, en la que se explica lo
siguiente:
“Juzgamiento de actos administrativos derogados o que han perdido
ejecutoriedad
Desde la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 14
de enero de 199113, con ponencia del Consejero Carlos Gustavo Arrieta
Alandete, se inauguró en la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo el criterio, según el cual, es posible el control jurisdiccional
de los actos administrativos derogados o que perdieron su
ejecutoriedad14.
Sobre este punto, la Corporación ha sostenido que la circunstancia que el
acto administrativo demandado haya sido derogado o hubiere operado la
figura del decaimiento, no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto
éste debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 23 de abril
de 2021, expediente nro. 11001-03-24-000-2015-00375-00. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
13 Expediente S-157.
14 «… la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado,
sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto
administrativo, aún si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege,
y que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende
que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión
del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho…»
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expedición15 y habida consideración de que tanto la derogatoria como el
decaimiento solo opera hacia el futuro y no afecta su validez.
Además, pueda que sus disposiciones se encuentren produciendo
efectos, aun después de su derogatoria o decaimiento, haciéndose viable
el estudio de su legalidad16 17. Entonces, pese a ocurrir la derogatoria o el
decaimiento del acto administrativo enjuiciado, hay lugar a estudiar de
fondo el asunto, puesto que: i) pueda que el acto administrativo haya
producido efectos y que los mismos aún estén surtiéndose; y ii) la
ocurrencia del decaimiento no afecta la presunción de legalidad del acto
y su control debe hacerse frente a las circunstancias de hecho y de
derecho vigentes al momento de su expedición.
Visto desde otra óptica, la presunción de legalidad de la que gozan los
actos administrativos tan solo puede ser desvirtuada por el juez
competente, por lo que, la derogatoria, el decaimiento o pérdida de
ejecutoriedad no conlleva implícito el juicio de validez de los mismos. .18
19 20 21 22 23 24 25 26
”
En suma, a la luz del presente análisis, se impone concluir que este cargo no
tiene vocación de prosperidad.»27
82. De esta doctrina se desprende que la pérdida sobreviniente de eficacia, lejos
de cerrar el paso al juicio de legalidad, lo deja intacto. La presunción de legalidad
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 1998, Exp. 4490. C.P. Juan
Alberto Polo Figueroa.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente:
Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 5 de julio de 2006, Radicación número: 25000-23-26-000-
1999-00482-01(21051).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de agosto
3 de 2000, Rad. 5722, C.P. Olga Inés Navarrete.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente:
Olga Inés Navarrete Barrero, sentencia de 15 de marzo 2001, Radicación número: 25000-23-24-
000-1997-9346-01(6438).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 23 de febrero de
1990, Rad. 5346, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de abril
de 1995, Rad. 5323.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente:
Héctor J. Romero Díaz, sentencia de 30 de octubre de 2008, Radicación número: 25000-23-27-000-
2004-02032-01(16062).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de
marzo de 2001, Rad. 5522, C.P. Manuel Santiago Urueta.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente:
Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de 27 de septiembre de 2006, Radicación número: 11001-03-
27-000-2000-00011-01(18136).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente:
Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 3 de abril de 2014, Radicación número: 11001-03-25-000-
2005-00166-01.
25 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia S-157 del 14 de enero de 1991 y Sección Primera
sentencia del 16 de febrero de 2001 reiterada en sentencia del 27 de marzo de 2003, Exp. 7095.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de
octubre de 2020. Expediente nro. 50001-23-31-000-2010-00200-01(2307-18). Consejera Ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Proceso
número 08001 23 31 000 2011 01154 01. M.P. Oswaldo Giraldo López.
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que ampara al acto durante el tiempo en que estuvo vigente permanece incólume
mientras el juez competente no la desvirtúe mediante sentencia anulatoria. Es
justamente esa presunción, mantenida por todo el lapso de vigencia, la que justifica
y exige el pronunciamiento judicial, es decir, si el acto estuvo en condiciones de
producir efectos, de orientar la conducta de la administración y de los
administrados, y de ser invocado como criterio administrativo, su validez debe ser
examinada por el juez competente, con independencia de que la regulación ulterior
haya desplazado o sustituido el contexto normativo que le dio origen.
83. Lo expuesto conduce a una conclusión clara: la derogatoria, modificación o
compilación de las normas que sirvieron de fundamento al acto acusado no tiene
virtualidad para cerrar el paso al juicio de legalidad. La jurisprudencia de esta
Sección lo ha precisado en los siguientes términos que sintetizan la regla aplicable
al caso bajo análisis:
“Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de
2007, el Decreto cuya nulidad se pretende en el caso sub examine perdió la
fuerza ejecutoria, al desaparecer del ordenamiento jurídico el fundamento legal
que le dio origen, el artículo 24 de la ley supra, configurándose el caso previsto
en el numeral 2. del artículo 66 del CCA.
Esta Corporación ha señalado en relación con este evento de pérdida de fuerza
ejecutoria o decaimiento de un acto administrativo, que esta figura se produce
hacia el futuro y no impide que exista un pronunciamiento sobre su legalidad,
por cuanto el decaimiento no tiene que ver con su validez, sino con su
obligatoriedad la que se extingue cuando desaparecen los fundamentos de
derecho, cesando sus efectos jurídicos.” 28
84. Dos consecuencias se derivan del criterio enunciado. La primera es que el juicio
de legalidad se orienta a confrontar el acto con las normas a las que debía
someterse al momento de su expedición y esa confrontación no se ve impedida ni
alterada por la ulterior transformación del ordenamiento jurídico. Lo que el juez
examina es si el acto fue, en su origen, conforme con el derecho que entonces lo
regía y no si la regla que contiene coincide con la que hoy se encuentra en vigor.
La segunda es que, en la medida en que el acto produjo o estuvo en condiciones
de producir efectos durante el tiempo de su vigencia, el interés público en la
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 2 de
diciembre de 2021. Proceso radicado no. 11001-03-24-000-2007-00356-00 (Acumulado 11001-03-
24-000-2007-00357-00). C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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depuración del ordenamiento exige el pronunciamiento judicial, con el fin de
preservar la integridad del orden jurídico frente a las consecuencias generadas en
ese lapso.
85. Estos dos postulados desarman íntegramente la excepción propuesta por las
entidades demandadas. La afirmación según la cual el marco regulatorio del
sistema obligatorio de garantía de calidad fue compilado en un decreto único y
posteriormente actualizado mediante resoluciones que consolidaron las exigencias
de inscripción y habilitación, puede ser cierta en el plano descriptivo, pero no pasa
de ser una constatación sobre la evolución del ordenamiento, irrelevante para el
juicio sobre la validez originaria del acto. La pretendida inocuidad de la decisión
anulatoria, con la que las demandadas intentan conjurar el pronunciamiento de
fondo, se edifica sobre la confusión entre validez y eficacia que la jurisprudencia ha
rechazado de manera reiterada y unívoca.
86. Debe añadirse que el acto demandado no ha sido revocado ni anulado por
autoridad competente y conserva en consecuencia su presunción de legalidad y su
aptitud para ser invocado como criterio administrativo. La expedición de normas
posteriores que compilen o desarrollen aspectos del sistema no tiene virtualidad
para convalidar actos anteriores contrarios al ordenamiento ni para extinguir el
interés en su enjuiciamiento. Tratándose de un acto de carácter general cuya
vigencia no ha sido removida por acto propio de la administración ni por
pronunciamiento judicial, la eventualidad de su invocación futura es por sí sola
suficiente para justificar el pronunciamiento de fondo. La depuración del
ordenamiento jurídico no se logra con la especulación sobre la eficacia práctica del
acto en un momento determinado sino con el pronunciamiento judicial que de ser
procedente lo retire del tráfico jurídico con efectos erga omnes.
87. Admitir lo contrario equivaldría a inmunizar por el simple paso del tiempo o por
la reorganización normativa del sector pronunciamientos administrativos cuyo
examen de validez se encuentra pendiente ante esta Jurisdicción. Si bastara con la
posterior modificación o compilación del marco normativo de referencia para
sustraer al juez del examen de validez quedarían fuera del control jurisdiccional
todos los actos cuyos fundamentos hubieren sido transformados por regulación
posterior por la natural dinámica de la actividad reglamentaria. Semejante resultado
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se opone a la función misma del control abstracto de legalidad y al principio de
legalidad que lo sustenta.
88. Por las razones expuestas, la Sala concluye que las excepciones de
inexistencia de acto administrativo autónomo, carencia actual de objeto, vigencia
normativa y falta de efectos actuales no están llamadas a prosperar y serán
desestimadas en la parte resolutiva de esta providencia.
5.6. Del cargo de infracción de normas superiores y falta de competencia
89. Finalmente, corresponderá a la Sala determinar si es nulo por infracción de
normas superiores y por falta de competencia el concepto emitido por el Ministerio
de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, mediante el
cual dispusieron que los prestadores que habiéndose inscrito, no figuren en el
registro especial respectivo, deberán aclarar su situación ante la autoridad territorial
de salud antes de iniciar el proceso de negociación y suscripción de acuerdos de
voluntades para la prestación del servicio, si a juicio del demandante crearon un
nuevo requisito no previsto en el orden jurídico para los anteriores efectos.
90. Resolver el anterior cuestionamiento, conduce a la Sala a conocer el alcance
de la fuente que se invoca como trasgredida de manera que se dilucide si por medio
de la expedición del concepto demandado se creó un nuevo requisito no previsto
en el orden jurídico.
A. Ley 10 de 1990:
“Artículo 24.- Contratación o asociación para la prestación de servicios de
salud. Previa autorización del Ministerio de Salud, cuya competencia podrá ser
delegada en las direcciones seccionales, o locales, todas las entidades públicas
que tengan la responsabilidad de prestar servicios de salud, podrán contratar
con personas privadas especializadas en servicios de salud, inscritas en el
registro especial que, para el efecto se organizará, en desarrollo de las
facultades de que trata el artículo 1 de esta Ley, la prestación del servicio
público de salud, siempre y cuando, se respeten los principios consagrados en
el artículo 3. Estos contratos, no requerirán requisito distinto a los exigidos para
la contratación entre particulares.
Los contratos podrán prever la prestación de servicios en forma gratuita o
subsidiada, de acuerdo al respectivo plan o programa de salud, y con base en
el régimen tarifario adoptado por el Ministerio de Salud. Autorízase, igualmente,
para los efectos de desarrollar el principio de integración funcional, a todas las
entidades públicas que presten servicios de salud, para asociarse entré sí y con
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entidades o personas privadas que tengan por objeto la prestación de servicios
de salud, a fin de crear y organizar nuevas entidades con el mismo objeto, a las
cuales, se podrán transferir recursos, por parte de las entidades públicas para
la ejecución de programas o proyectos. La asociación requerirá, también,
autorización previa del Ministerio de Salud, y que las entidades privadas estén
inscritas en el registro especial a que se refiere el inciso primero.
PARÁGRAFO.- Las instituciones de seguridad social o de previsión social, y las
cajas de compensación o de subsidio familiar, podrán directamente o, en
desarrollo del sistema de contratación o de asociación, de qué trata este
artículo, prestar servicios de salud, y adelantar programas de nutrición para
personas que no sean legalmente beneficiarias de sus servicios.”
B. Ley 715 de 2001:
“Artículo 56. De la inscripción en el registro especial de las entidades de
salud. Todos los prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica o nivel, de complejidad deberán demostrar ante el Ministerio
de Salud o ante quien éste delegue, la capacidad tecnológica y científica, la
suficiencia patrimonial y la capacidad técnico– administrativa, para la prestación
del servicio a su cargo.”
C. Decreto 1011 de 2006:
“Artículo 10. Registro especial de prestadores de servicios de salud. Es la
base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la
cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se
encuentren habilitados y es consolidada por parte del Ministerio de la Protección
Social.
De conformidad con lo señalado por el artículo 56 de la Ley 715 de 2001, las
Entidades Departamentales y Distritales de Salud realizarán el proceso de
inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.”
“Artículo 11. Formulario de inscripción en el registro especial de
prestadores de servicios de salud. Los Prestadores de Servicios de Salud
presentarán el formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores
de Servicios de Salud ante las Entidades Departamentales y Distritales de Salud
correspondientes para efectos de su inscripción en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud. A través de dicho formulario, se declarará
el cumplimiento de las condiciones de habilitación contempladas en el presente
decreto. El Ministerio de la Protección Social establecerá las características del
formulario.”
“Artículo 13. Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios
de salud. Es el procedimiento mediante el cual el Prestador de Servicios de
Salud, luego de efectuar la autoevaluación y habiendo constatado el
cumplimiento de las condiciones para la habilitación, radica el formulario de
inscripción de que trata el artículo 11 del presente decreto y los soportes que
para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social, ante la Entidad
Departamental o Distrital de Salud correspondiente, para efectos de su
incorporación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
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La Entidad Departamental o Distrital de Salud efectuará el trámite de inscripción
de manera inmediata, previa revisión del diligenciamiento del formulario de
inscripción. La revisión detallada de los soportes entregados será posterior al
registro especial de prestadores de servicios de salud, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 del presente decreto.
A partir de la radicación de la inscripción en la Entidad Departamental o Distrital
de Salud, el Prestador de Servicios de Salud se considera habilitado para ofertar
y prestar los servicios declarados.
Parágrafo 1º. Cuando un Prestador de Servicios de Salud preste sus servicios
a través de dos (2) o más sedes dentro de la misma jurisdicción Departamental
o Distrital, deberá diligenciar un sólo formulario de inscripción.
Cuando un Prestador de Servicios de Salud preste sus servicios a través de dos
o más sedes dentro de dos (2) o más Departamentos o Distritos, deberá
presentar el formulario de inscripción en cada una de las jurisdicciones
Departamentales o Distritales de Salud en las cuales presta los servicios,
declarando en cada una, una sede como principal.
Parágrafo 2º. El Prestador de Servicios de Salud deberá declarar en el
formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud, los servicios que se prestan en forma permanente. La inobservancia
de esta disposición se considera equivalente a la prestación de servicios no
declarados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 577 de la
Ley 09 de 1979, 49 de la Ley 10 de 1990 y 5 del Decreto 1259 de 1994 y las
normas que las modifiquen o sustituyan.
Para el caso de los servicios prestados en forma esporádica, el Prestador de
Servicios de Salud deberá informar de esta situación a la Entidad
Departamental o Distrital de Salud correspondiente, la cual realizará visitas en
fecha y lugar acordados con el prestador, con el fin de verificar el cumplimiento
de las condiciones establecidas para dichos servicios, ordenando su
suspensión si los mismos no cumplen con los estándares establecidos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 y las normas
que las modifiquen o sustituyan.”
D. Decreto 4747 de 2007:
“Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las
siguientes definiciones:
a). Prestadores de servicios de salud. Se consideran como tales las
instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de práctica
profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de
salud y que se encuentran habilitados. Para efectos del presente decreto, se
incluyen los profesionales independientes de salud y los servicios de transporte
especial de pacientes que se encuentren habilitados;
(…)”
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“Artículo 5°. Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la
negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades para la
prestación de servicios. Son requisitos, mínimos para la negociación y
suscripción de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios los
siguientes:
a). Por parte de los prestadores de servicios de salud:
1. Habilitación de los servicios por prestar.
2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a
partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y
epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida.
3. Modelo de prestación de servicios definido por el prestador.
4. Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema
de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención en Salud.
(…)”
“Artículo 6°. Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los
acuerdos de voluntades para la prestación de servicios.
Independientemente del mecanismo de pago que se establezca en los acuerdos
de voluntades para la prestación de servicios, estos deberán contener, como
mínimo los siguientes aspectos:
1. Término de duración.
2. Monto o los mecanismos que permitan determinar el valor total del mismo.
3. Información general de la población objeto con los datos sobre su ubicación
geográfica y perfil demográfico.
4. Servicios contratados.
5. Mecanismos y forma de pago.
6. Tarifas que deben ser aplicadas a las unidades de pago.
7. Proceso y operación del sistema de referencia y contrarreferencia.
8. Periodicidad en la entrega de Información de Prestaciones de Servicios de
Salud, RIPS.
9. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el
mejoramiento de la calidad y la revisoría de cuentas.
10. Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de
las obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades.
11. Mecanismos para la solución de conflictos.
12. Mecanismos y términos para la liquidación o terminación de los acuerdos
de voluntades, teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso.
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Parágrafo 1°. Para el suministro de la información de la población a ser
atendida, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 44 de la Ley 1122 de
2007, las entidades responsables del pago de servicios de salud, garantizarán
la administración en línea de las bases de datos de los afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, asegurando su depuración, y
el correcto y oportuno registro de las novedades. En caso de no contar con la
información actualizada en línea, deberán entregar y actualizar la información
por los medios disponibles. De no actualizarse la información en línea o no
reportarse novedades, se entenderá que continúa vigente la última información
disponible. Las atenciones prestadas con base en la información reportada en
línea o por cualquier otro medio, no podrán ser objeto de glosa con el argumento
de que el usuario no está incluido.
Parágrafo 2°. Los servicios que se contraten deberán garantizar la integralidad
de la atención, teniendo en cuenta los servicios habilitados por el prestador,
salvo que en casos excepcionales se justifique que puede prestarse el servicio
con una mayor oportunidad por parte de otro prestador de servicios de salud, o
que exista solicitud expresa del usuario de escoger otro prestador de la red
definida por la entidad responsable del pago.
Parágrafo 3°. La auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá
desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de
la Calidad, Pamec, de cada uno de los actores, definido en el Decreto 1011 de
2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.”
91. El análisis de la cadena normativa que gobierna la inscripción de los
prestadores de servicios de salud y la contratación de sus servicios revela que la
exigencia contenida en el aparte demandado es producto de una interpretación
conceptual de las autoridades accionadas de las reglas que el Legislador había
trazado con anterioridad a la expedición del acto y cuyo desarrollo reglamentario
era ya parte integrante del derecho positivo.
92. El punto de partida se encuentra en el artículo 24 de la Ley 10 de 1990, norma
estructural del Sistema Nacional de Salud vigente para la época, que al regular la
contratación y asociación para la prestación de servicios de salud condicionó la
celebración de contratos con personas privadas a su inscripción previa en un
registro especial. La norma dispuso que, previa autorización del Ministerio de Salud,
cuya competencia podría delegarse en las direcciones seccionales o locales, todas
las entidades públicas responsables de prestar servicios de salud podrían contratar
con personas privadas especializadas en servicios de salud «inscritas en el registro
especial que, para el efecto se organizará». La misma disposición, al regular la
asociación entre entidades públicas y privadas para la prestación del servicio,
reiteró el mismo presupuesto al señalar que la asociación requeriría, también, «que
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las entidades privadas estén inscritas en el registro especial a que se refiere el
inciso primero». Así, la inscripción en un registro especial aparece desde 1990
como condición habilitante para que los prestadores privados pudieran vincularse
contractualmente al servicio público de salud.
93. Esta línea fue profundizada por el artículo 56 de la Ley 715 de 2001, al introducir
en el ordenamiento la exigencia, dirigida a «todos los prestadores de servicios de
salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o nivel de complejidad», de
demostrar ante el Ministerio de Salud o ante quien este delegue la capacidad
tecnológica y científica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico-
administrativa necesarias para la prestación del servicio a su cargo. La norma
estableció, con rango de ley orgánica, el soporte de lo que más tarde vino a
consolidarse como Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, fijando
en cabeza del prestador, sin distinción por su naturaleza jurídica, la carga de
acreditar las condiciones de habilitación que hacen posible su ingreso y
permanencia en el sistema.
94. Sobre ese soporte legal, el Decreto 1011 de 2006, por el cual se determinó el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, vigente al tiempo de la expedición del acto
demandado, desarrolló el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
El artículo 10 del citado decreto definió el registro como «la base de datos de las
Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro
de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados», cuya
consolidación corresponde al Ministerio de la Protección Social. Esta misma
disposición precisó en su parte final, que el proceso de inscripción se realiza de
conformidad con lo señalado por el artículo 56 de la Ley 715 de 2001, vínculo
normativo que sitúa la reglamentación en la línea de desarrollo directo de la ley. El
artículo 13 del mismo decreto, al regular el procedimiento de inscripción, atribuyó a
la radicación ante la Entidad Departamental o Distrital de Salud el efecto constitutivo
de la habilitación, al disponer que «a partir de la radicación de la inscripción en la
Entidad Departamental o Distrital de Salud, el Prestador de Servicios de Salud se
considera habilitado para ofertar y prestar los servicios declarados».
95. El cuadro se completa con el Decreto 4747 de 2007, también vigente al tiempo
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de la expedición del acto demandado, mediante el cual se regularon «algunos
aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las
entidades responsables del pago de los servicios de salud». Tres disposiciones de
este decreto tienen relevancia directa para la cuestión bajo examen. En primer
lugar, el artículo 3, al definir qué se entiende por prestador de servicios de salud
para efectos del decreto, restringió el concepto a las instituciones prestadoras y
grupos de práctica profesional «que se encuentran habilitados», así como a los
profesionales independientes y servicios de transporte especial de pacientes «que
se encuentren habilitados». En segundo lugar, el artículo 5 —titulado expresamente
«Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la negociación y
suscripción de los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios»—
estableció, como primer requisito exigible a los prestadores, la «habilitación de los
servicios por prestar». En tercer lugar, el artículo 6 fijó las condiciones mínimas que
deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades, presuponiendo la existencia
previa de la habilitación que el artículo anterior exige.
96. La lectura sistemática de este conjunto normativo arroja una conclusión
inequívoca. La inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud no es, ni fue al tiempo de la expedición del acto demandado, un requisito de
creación administrativa. Es un presupuesto con fundamento legal en los artículos
24 de la Ley 10 de 1990 y 56 de la Ley 715 de 2001, desarrollado
reglamentariamente por el Decreto 1011 de 2006 en punto a la habilitación y por el
Decreto 4747 de 2007 en cuanto a la habilitación como requisito mínimo de
negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades. La exigencia de que los
prestadores cuenten con inscripción vigente en el registro para poder contratar con
las entidades responsables del pago es, en consecuencia, una regla del
ordenamiento jurídico anterior al acto demandado y no una regla creada por este.
97. Sobre esa base, el examen del contenido del aparte acusado muestra que en
este se aborda una situación puntual que se sigue, inevitablemente, del juego de
las normas superiores descritas. En efecto, el aparte demandado dispone que los
prestadores que, habiéndose inscrito, no aparezcan en el registro, deberán aclarar
su situación ante la autoridad territorial de salud antes de iniciar la negociación y
suscripción de los acuerdos de voluntades. Lo que la disposición dice en rigor, es
que un prestador que no cuente con constancia registral —aun alegando haberse
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inscrito— no puede iniciar la negociación y suscripción del acuerdo con la entidad
responsable del pago sin antes despejar esa situación ante la autoridad
competente.
98. La regla, así entendida, no agrega nada al régimen legal y reglamentario
preexistente, ya que, si la habilitación es requisito mínimo para la negociación y
suscripción del acuerdo, y si la habilitación se verifica a través de la inscripción en
el Registro Especial, la ausencia de constancia registral impide contractualmente al
prestador iniciar la negociación, sin que la aclaración ante la autoridad territorial sea
otra cosa que el mecanismo natural para subsanar esa ausencia.
99. De lo anterior se sigue, con rigor lógico, que el aparte demandado no creó
requisito nuevo, ni estableció condición adicional al ejercicio de una actividad
regulada; sino que explicitó, con finalidad orientadora, la consecuencia práctica que
el ordenamiento ya imponía al prestador inscrito cuya inscripción no figurara en el
registro consolidado. Por ello, el reproche de que el acto habría invadido una
materia sujeta a reserva legal no puede prosperar. La materia sí se encontraba
regulada por la ley, puntualmente por el artículo 24 de la Ley 10 de 1990, en cuanto
al registro especial como condición de contratación; y por el artículo 56 de la Ley
715 de 2001, en cuanto a la demostración de las condiciones de inscripción como
carga de todos los prestadores, sin distinción.
100. Los Decretos 1011 de 2006 y 4747 de 2007, como desarrollo reglamentario
vigente de ambos mandatos legales, construyeron la equivalencia entre inscripción
y habilitación, y convirtieron la habilitación en requisito mínimo de la negociación y
suscripción de los acuerdos de voluntades. El acto demandado se inscribe dentro
de esa arquitectura, sin adicionarla.
101. La resolución del cargo de falta de competencia se sigue, con estricta
derivación lógica, del juicio que acaba de realizarse. El demandante construyó ese
reproche sobre la premisa de que el acto estableció un requisito nuevo en materia
sujeta a reserva legal. Descartada esa premisa, el reproche de falta de competencia
queda privado del supuesto fáctico sobre el cual se edificaba.
102. Por consiguiente, el reproche de falta de competencia e infracción de norma
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superior tampoco está llamado a prosperar.
6.7. Condena en costas
103. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de improcedencia de la
acción de nulidad simple propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social y
por la Superintendencia Nacional de Salud, conforme a las consideraciones
vertidas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por
el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Superintendencia Nacional de
Salud, conforme a las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, conforme
a las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia.
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QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inexistencia de acto
administrativo autónomo y de carencia actual de objeto propuestas por la
Superintendencia Nacional de Salud, conforme a las consideraciones vertidas en
la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de vigencia normativa y falta de
efectos actuales propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la
Superintendencia Nacional de Salud, conforme a las consideraciones vertidas en
la parte motiva de esta providencia.
SEPTIMO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las
consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha jueves cuatro (4) de junio del año dos mil veintiséis
(2026).
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidente
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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