Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2011-01155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Vacancia definitiva: abandono del cargo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2011-01155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2011-01155-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
15 de julio de 2021
VACANCIA DEFINITIVA - Abandono del cargo / ABANDONO DEL CARGO - Ausencia al lugar de trabajo sin justa causa / AGOTAMIENTO DE VÍA GUBERNATIVA - Se estaba ante un acto cumplido o ejecutado lo cual daba lugar a demandar directamente / PROCESO DISCIPLINARIO - No adelantado por la entidad / DEBIDO PROCESO - Vulnerado / ABANDONO DEL CARGO - No fue debidamente ejecutado
Se pueden hacer las siguientes consideraciones: i) Un empleo se considera en vacancia definitiva, cuando se declaró el abandono del cargo; ii) se incurre en esta figura legal cuando el empleado dejó de concurrir al trabajo por tres días consecutivos sin justa causa -tal y como así lo consignó la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001 objeto de nulidad- e, iii) independiente de la decisión administrativa adoptada por el nominador, se podrá iniciar el proceso disciplinario, civil o penal a que haya lugar, en caso de observar que debido al abandono del cargo, se perjudicó el servicio. Observa la Sala que el demandante en la condición de empleado público desempeñaba el cargo de Bibliotecólogo de dicho plantel en el que laboró entre el 5 de noviembre de 1979 y el 17 de noviembre de 2001, por tanto, tal circunstancia obligaba a la demandada a respetarle su derecho al debido proceso administrativo. El hecho que la entidad no haya realizado un procedimiento sumario previo a la expedición del acto que declaró el abandono del cargo y que no haya quedado ejecutoriado, ciertamente son aspectos que configuran la violación del derecho al debido proceso, pero, en criterio de la Sala no desdibujan la materialización de la conducta en que incurrió el actor, ello sin que se pretenda justificar la actuación irregular de la Universidad. En este sentido, debe precisarse entonces que el abandono del cargo es un acto material por el cual una persona sin justa causa decide dejar su empleo. En el caso bajo análisis, la prueba del abandono del cargo va más allá de la inasistencia al lugar del trabajo durante tres días, pues la Sala no puede pasar por alto que el demandante acudió ante la Universidad pasados 10 años, cuando al obtener una copia de su historia laboral tuvo conocimiento de la declaratoria de abandono del cargo.
ABANDONO DEL CARGO - Violación al debido proceso / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Se reprocha que el accionante debió solucionar su vinculación laboral con la universidad / REINTEGRO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR - Improcedente
Para la Sala, el actor incurrió en abandono del cargo definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-769 del 10 de diciembre de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell, como: “la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público”, pues en ningún momento se preocupó por justificar su ausencia definitiva, simplemente se desentendió del tema laboral siendo éste un supuesto que la administración de justicia tampoco puede aceptar. Se pone de presente que, en principio, el actor tenía una justificación para ausentarse del trabajo dada su situación de amenaza personal. Pero, no se puede admitir que se hubiera despreocupado por solucionar su tema laboral con la Universidad del Atlántico, al punto que fue por “casualidad” que se enteró de la existencia del acto administrativo acusado hasta el año 2011, cuando se encontraba gestionando la pensión. Por tanto, resulta inadmisible que durante tantos años no se hubiera interesado por definir su situación laboral y, transcurridos diez (10) años en el 2011, pretenda obtener el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde el año 2001. Tal despreocupación muestra la incuria del demandante en definir su situación laboral. Así pues, el actor asumió las consecuencias de su dejación de funciones. Se reprocha que el accionante debió solucionar su vinculación laboral con la universidad, pero pretender aceptar que el riesgo le impidió hacerlo durante más de diez años, es un supuesto que no es compartido por esta instancia judicial. De tal manera que, en el presente caso, es improcedente el restablecimiento del derecho pedido en la demanda, ya que la administración de justicia no puede pasar por alto la actitud omisiva y negligente del actor de cara a la regularización de su situación laboral.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "B"
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 08001-23-31-000-2011-01155-01(0665-16)
Actor: ALEJANDRO ÁNGEL DE LA HOZ OVIEDO
Demandado: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMAS: DECLARATORIA DE VACANCIA DEFINITIVA POR ABANDONO DEL CARGO; CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ACUSADO. SEGUNDA INSTANCIA - DECRETO 01 DE 1984.
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia de 24 de julio de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico Subsección de Descongestión, accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Alejandro Ángel De La Hoz Oviedo, por conducto de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, formuló las siguientes declaraciones y condenas:
Las pretensiones
-Que se declare la nulidad de la Resolución N° 000604 del 17 de diciembre de 2001 “Por medio de la cual se declara la vacancia de un empleo por abandono de cargo”, expedida por el Rector de la Universidad del Atlántico.
-A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro al cargo que ocupaba desde el 1° de mayo de 2001, cuando fue excluido de nómina, o a uno de similar o superior categoría; ii) el pago de los sueldos, primas, bonificaciones, prestaciones sociales, reajustes legales y convencionales desde el retiro hasta cuando sea reintegrado; iii) la actualización de las sumas adeudadas; iv) el lucro cesante; v) que se declare que no ha existido solución de continuidad, y vi) que se cumpla la sentencia según los artículos 176 al 178 CCA.
En la demanda se exponen los siguientes hechos como fundamento de las pretensiones:
El señor Alejandro De La Hoz fue designado como auxiliar de Biblioteca en el Instituto Pestalozzi mediante Resolución 01712 del 5 de noviembre de 1979.
La Resolución 00154 del 3 de mayo de 1982 declaró insubsistente el nombramiento del señor De La Hoz como auxiliar de Biblioteca del Instituto Pestalozzi, decisión que fue cuestionada ante el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Barranquilla, que le reconoció la calidad de empleado oficial y ordenó el reintegro al cargo del cual fue desvinculado. Orden judicial cumplida mediante la Resolución 000205 del 9 de agosto de 1984, por medio de la cual fue nombrado el señor Alejandro De La Hoz como Auxiliar de Biblioteca.
La Comisión Nacional del Servicio Civil en la Resolución 0000003 del 24 de marzo de 1994 dispuso la inscripción del actor en el escalafón de carrera administrativa.
En oficio del 24 de mayo de 2001, la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, informó a las directivas de la Universidad que el señor De La Hoz Oviedo solicitó protección; y mediante certificación de 26 de junio de 2001 de la Dirección General para los Derechos Humanos, se acreditó que el actor y su núcleo familiar, se encontraban inscritos en el Programa de Protección “en razón a las amenazas de que han sido testigos”.
El Ministerio del Interior informó que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, le aprobó al demandante junto a su núcleo familiar, pasajes internacionales y tres meses de ayuda humanitaria, como consta en la certificación del 5 de septiembre de 2001.
Mediante Resolución 1307 del 13 de marzo de 2002 la Viceministra (E) de Gobierno y Justicia y Presidenta (E) de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados del Gobierno de Panamá, le reconoció el estatus de refugiado al actor y a su núcleo familiar.
Posteriormente, la Universidad del Atlántico expidió la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001, por medio de la cual declaró la vacancia del empleo ocupado por el señor Alejandro De La Hoz Oviedo, por abandono del cargo. Decisión que no fue notificada.
El actor era activista sindical, según lo acredita la certificación del Presidente de SINTRAUA, hoy SINTRAUNICOL, afiliado a esa organización desde el 3 de agosto de 1979 hasta el 17 de diciembre de 2001.
La Resolución -sin número- del 16 de junio de 2005, del Subdirector General de Asilo - Director de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior del Gobierno de España, le reconoció al señor De La Hoz Oviedo, la condición de refugiado y le concedió el derecho de asilo.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 55, 125 y 209 de la Constitución Política;
Los artículos 5 al 9, 18, 73, 75, 76 numerales 1° y 5°; 77 numerales 2 y 3; 84, 92, 131 numeral 2; 149, 150, 152 y 175 al 177 de la Ley 200 de 1995;
Los artículos 3, 28, 44, 45, 47 y 48 del CCA.
Invocó las siguientes causales de nulidad del acto acusado: i) falsa motivación; ii) vicios de forma y de procedimiento; iii) violación a los derechos de audiencia y de defensa y; iv) desconocimiento de las normas en que debería fundarse.
i) Falsa motivación: En la demanda se indica que la Universidad del Atlántico al declarar la vacancia del cargo, carecía de un verdadero respaldo fáctico o real, como quiera que las circunstancias que antecedieron la expedición de la Resolución 000604 de 17 de diciembre de 2001, no se acomodan a las exigencias del artículo 126 del Decreto 1950 de 1973.
Indicó que, si bien es cierto el demandante se ausentó por tres días consecutivos de su trabajo, fue porque medió una justa causa, debido a las amenazas de peligro contra la existencia personal y familiar del actor, motivadas por su desempeño como activista sindical. Dicha situación lo obligó a desarraigarse de su vida ordinaria y comenzar una nueva en el exterior.
Resalta que informó debidamente los referidos hechos a las directivas de la Universidad mediante comunicaciones del 24 de mayo, 26 de junio y 4 de julio de 2001, a pesar de lo anterior, el 17 de diciembre de 2001 la Universidad declaró el abandono del cargo.
ii) Vicios de forma y de procedimiento. La parte actora explica que la Resolución 006604 el 17 de diciembre de 2001 tuvo como fundamento normativo el artículo 126 numeral 10° del Decreto 1950 del 24 de septiembre de 1973, según el cual se considera que el empleo está vacante definitivamente por declaratoria de vacancia en los casos de abandono del cargo, cuando lo cierto es que para la fecha de expedición del acto acusado, ya se encontraba en vigencia la Ley 200 de 1995, mediante la cual se reglamentó el procedimiento para declarar el abandono del cargo.
Indicó que la Universidad del Atlántico para declarar la vacancia del cargo aplicó un procedimiento derogado y no respetó, siquiera de forma sumaria, el derecho al debido proceso, en desconocimiento de las normas del CDU que garantizan el derecho de defensa.
Afirmó que el procedimiento para decretar la vacancia del empleo por abandono del cargo era el consagrado en la Ley 200 de 1995 y no el del Decreto 1950 de 1973, pero que, en gracia de discusión, si se considerara aplicable esta última legislación, al menos se debió surtir un procedimiento previo a la decisión que afectó la vinculación laboral del actor, que le garantizara el derecho de defensa.
Señaló que el acto acusado no relacionó los recursos procedentes, para que se diera lugar al agotamiento de la vía gubernativa; por tanto, resultan vulnerados los artículos 29 de la Carta Política y 47 del CCA, así como los artículos 96, 97 y 98 de la Ley 200 de 1995.
iii) Violación de los derechos de audiencia y defensa. El actor indicó que no tuvo la oportunidad de debatir la probable decisión de la Administración dentro de un proceso disciplinario previamente agotado, como tampoco pudo hacerlo con posterioridad ya que no se efectuó la notificación personal de la Resolución 00604 del 17 de diciembre de 2001, en debida forma según los artículos 44, 47 y 48 del CCA.
Refirió la Universidad pretendió mantener oculto el acto acusado, pese a que bien podía haber acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores o a través del Sindicato al cual estaba afiliado el accionante, para enterarlo de tal decisión.
Por tanto, el demandante solo hasta el día 25 de marzo de 2011 se enteró de la expedición de la Resolución 00604 de 2001, mediante el oficio DGTH-N° 070 de 2 de marzo de 2011 del Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad, que le remitió la historia laboral.
Adujo que la ejecutoria del referido acto corre a partir del día siguiente hábil de la fecha en que se enteró, es decir, el 25 de marzo de 2011, en vista de que operó la notificación por conducta concluyente al recibirse la copia de la historia laboral.
iv) Desconocimiento de las normas superiores. El accionante explica que el acto acusado desconoce los artículos 29 de la Constitución Política, los principios de publicidad y contradicción (art. 3° del CCA); el deber de notificación personal con la enunciación de los recursos que proceden contra los actos administrativos (art. 47 del CCA) y el 50 ídem sobre la vía gubernativa.
Lo anterior, en razón a que la Universidad tomó la decisión de declarar la vacancia del cargo por abandono, de manera discrecional pues en ningún momento se le avisó al actor que se iniciaría en su contra un procedimiento administrativo. Tampoco se le dio la oportunidad de controvertir la decisión después de su expedición, pues jamás se surtió el proceso de notificación personal.
2. Contestación de la demanda
La Universidad del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, negó que el actor era un empleado de carrera administrativa, pues dicho centro académico no está sometido a las previsiones de la Ley 443 de 1998, como quiera que esta normativa no aplica para las universidades públicas, según lo consideró la sentencia C-560 de 2000 proferida por la Corte Constitucional.
En segundo término, advirtió que no se presentó prueba alguna que demostrara o justificara la inasistencia del accionante a la biblioteca del suprimido Instituto Pestalozzi.
Advirtió que lo consignado en la demanda, no alcanza a eliminar la situación irregular del actor al no haber desempeñado su cargo, y no obstante ello, recibir remuneración mensual como si efectivamente hubiera prestado sus servicios.
Destacó que para la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo no requería de un proceso disciplinario o de un trámite previo especial, por cuanto el núcleo esencial del abandono del cargo radica en que se trata de una decisión autónoma y voluntaria del trabajador sin que participe en esa decisión la Administración.
Afirmó que es el trabajador, y no el Estado, quien con su conducta incurre en las consecuencias jurídicas del abandono del cargo, al dejar de cumplir sus obligaciones laborales, por lo que no se puede predicar la supuesta violación al debido proceso por parte del Estado.
Destacó que no está probada la causal de nulidad en que habría incurrido el acto demandado y advirtió que para el actor es imposible justificar su ausencia durante tantos años, ya que le está vedado invocar su propia culpa para beneficio propio.
Señaló es insuficiente que el actor indique que mantuvo “informada” a la Universidad de su estadía fuera del país, pues ello no implica una autorización para que se ausentara, máxime si percibía asignación del tesoro público sin trabajar, es decir, sin causa.
Acotó que el actor le generó un daño antijurídico al patrimonio de la institución, en cuanto recibió sumas de dinero impropiamente pagadas, sin prestar servicio alguno a la demandada y, por ende, careciendo de toda causa legal y ética para recibir ese pago. Por tanto, la Universidad luego de verificar la prolongada e injustificada ausencia del actor y pago de un salario que carecía de toda causa legal y ética, ordenó la exclusión de nómina en forma inmediata para no seguir dilapidando el patrimonio estatal.
Concluyó que la actuación de la Universidad del Atlántico no causó ninguna lesión al actor, por abandonar el cargo sin justificación alguna.
Propuso la excepción que denominó caducidad de la acción, por cuanto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada con posterioridad a los cuatro meses subsiguientes a la fecha en que se notificó la resolución que declaró la vacancia del empleo (pero no precisó la fecha de la supuesta notificación).
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, mediante providencia del 24 de julio de 2015, declaró la nulidad de la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001. A título de restablecimiento del derecho ordenó a la Universidad del Atlántico: i) reintegrar al actor, sin solución de continuidad al mismo cargo que ocupaba al momento de producirse la declaratoria de la vacancia del empleo; y ii) el pago de los salarios y demás prestaciones adeudadas desde el 17 de diciembre de 2001, hasta la fecha en que se produzca el reintegro efectivo.
Negó la excepción de caducidad de la acción, por cuanto la resolución acusada no tiene fecha de notificación y/o comunicación al actor y porque al vivir en el exterior con tal de salvaguardar su vida, se encontraba en la imposibilidad de ejercer acción en contra de la Universidad.
Por tanto, aseveró que era deber de la accionada demostrar en qué fecha notificó o comunicó al actor la decisión objeto de la presente nulidad, más allá de limitarse tan solo a decir que se configuró la caducidad.
Respecto al fondo del asunto, el a quo advirtió que la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo es una causal de retiro del servicio regulada en los artículos 37 de la Ley 443 de 1998, y 126, 127 y 128 del Decreto 1950 de 1993.
Precisó que se trata de una causal autónoma de retiro, siendo diferente a la destitución como consecuencia de un proceso disciplinario; de manera que el nominador no estaba obligado a adelantarlo.
Advirtió que, para retirar del servicio a un empleado por abandono del cargo, la entidad debe seguir un trámite administrativo consistente en brindarle la oportunidad de aportar, solicitar y practicar pruebas de acuerdo con el artículo 34 del CCA; adoptar la decisión conforme corresponda según el artículo 35 ibidem, y notificar al interesado en cumplimiento del artículo 28 CCA.
Señaló que la demandada debió adelantar el procedimiento administrativo antes de la declaratoria de vacancia por abandono del cargo, pues así se ha establecido incluso con anterioridad a la Ley 443 de 1998 y a la Constitución Política.
Consideró que la Universidad incurrió en violación del debido proceso, pues tenía conocimiento de la situación de amenaza y riesgo del demandante, conforme los oficios de los Ministerios del Interior y del Trabajo y Seguridad Social.
Afirmó que según la Sala de Consulta y Servicio Civil no se configura el abandono del cargo en los casos inasistencia del puesto de trabajo causada por el desplazamiento forzado de los empleados públicos, dadas las razones de fuerza mayor. Advirtió que a pesar de que en dicha oportunidad se analizó el caso del desplazamiento forzado y el presente caso versa sobre un refugiado, no se puede desconocer que las situaciones son análogas.
Por tanto, la Universidad debió acudir a alguna de las situaciones administrativas contempladas en el Decreto 1950 de 1973, que conllevan transitoriamente la separación del cargo.
Indicó que, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la presentación de la demanda, han transcurrido más de 10 años, sin embargo, no operó la prescripción porque no corre contra quienes se encuentran en imposibilidad absoluta de hacer valer sus derechos, tal y como aconteció en el caso del actor.
4. Fundamentos del recurso de apelación
La Universidad del Atlántico solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes reproches:
El fallo acusado partió de una premisa falsa cuando determinó que operó la caducidad de la acción. Lo anterior, por cuanto el fallo impugnado se fundamentó en la periodicidad de los derechos demandados, pasando por alto que esta jurisdicción es rogada y está limitada al marco del litigio fijado en la demanda y en su contestación, como quiera que la pretensión principal es el reintegro al cargo, pero no el pago o reconocimiento de una prestación periódica como la pensión.
Afirmó que en el presente caso sí operó la caducidad de la acción, teniendo en cuenta que el actor no demostró que su condición de riesgo permaneciera incólume desde el año 2001 hasta el año 2011, pues lo que se comprobó de acuerdo con el estudio de seguridad del actor, fue que su estado de seguridad debía hacerse por cuatro meses, según la certificación el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, dada su condición de activista sindical.
ii) El apelante afirmó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sólo puede ser promovida por el titular del derecho lesionado y requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa a través de la interposición de los recursos procedentes ante la misma administración.
iii) Así, cuestionó que la demanda fue promovida por el señor Alejandro De La Hoz y no por sus hijos, por lo cual, en criterio de la recurrente, debe operar la prescripción de los derechos reclamados por el actor, al no haberse interpuesto ninguna acción dentro de los tres años siguientes a la notificación del acto demandado, es decir entre el 2001 y el 2004.
iv) Aseveró que la protección al demandante solo se dio durante cuatro meses en el año 2001, por dicho lapso, el actor podía estar ausente de su cargo sin que se declarara la vacancia, contrario a ello superó el término de protección sin informar a su empleador durante más de 10 años que se encontraba por fuera del país, razón por la cual no se puede tener como una causal eximente para no declarar la caducidad de la acción.
v) Advirtió que la protección brindada al actor se dio en Panamá y no en España donde permaneció por más de 8 años, sin mediar autorización alguna por parte de su empleador, por cuanto el actor estaba en el deber legal de informar a la Universidad que su permanencia en Panamá se había terminado y que luego se fue a España, por lo que está claro que existe una declaración de voluntad del actor en permanecer por fuera del país y sin razón alguna por un tiempo superior al de la protección otorgada. Se le endilga que debió comportarse como el testigo Walberto Torres Marmol quien a pesar de también ser objeto de amenazas y de protección, se reintegró a su puesto de trabajo, actitud contraria a la asumida por el accionante.
vi) Acotó que la ley disciplinaria se aplica exclusivamente a dichos procesos, pero no como fundamento para ejercer la función administrativa, llamando la atención en el sentido de que se trata de dos escenarios distintos, pues uno es el que se da dentro del proceso disciplinario regido por la Ley 734 de 2002 y el otro, es en el marco de la función administrativa, cuya consecuencia es la terminación de la relación laboral.
Por lo anterior, reclamó que no es viable acoger la tesis de la demanda según la cual, se debió agotar el procedimiento disciplinario del CDU, aunado a que esta Corporación ha decantado que, para la declaratoria de la vacancia del empleo por abandono del cargo, no es necesario adelantar ningún proceso previo.
vii) Aseveró que el actor no presentó prueba alguna que demostrara o justificara su inasistencia a su lugar de trabajo, probando así la causal de nulidad en que habría incurrido la resolución acusada.
viii) Refirió que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de la decisión censurada, ya “que no basta con señalar, como erróneamente lo propone la demanda, una circunstancia objetiva como la aducida por el demandante, en el sentido de que mantuvo “informada” a la Institución durante varios años de su estadía en instituciones extranjeras, pues, tal acontecimiento no implica una autorización o legitimación de su ausencia, máxime si percibía asignación del tesoro público sin trabajar, es decir, sin causa”.
ix) Adujo que la exclusión del actor en la nómina de la Universidad fue un imperativo para evitar males mayores, en atención a que devengó dineros públicos sin causa legal; generando con ello un daño antijurídico al patrimonio de la Universidad del Atlántico.
x) Explicó que la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo no requería de actuación previa, como quiera que éste se configura por la voluntad del trabajador de no volver a su puesto de trabajo. Bajo este entendido, afirmó que se transgredió el debido proceso del actor, ya que el Estado no fue el que produjo el hecho.
xi) El abandono del cargo no requiere de procesos disciplinarios previo a la expedición del acto que lo declaró, como lo ha entendido el Consejo de Estado respecto de la aplicación del artículo 126 del Decreto 1950 de 1973.
xii) El Instituto Pestalozzi en donde laboraba el actor fue suprimido de la estructura administrativa de la Universidad del Atlántico según el Acuerdo N° 002 de 2005, por tanto, deviene improcedente reintegrar al demandante.
5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandada reiteró los argumentos del recurso de apelación.
Acotó que no se puede hablar de prestaciones periódicas pues el proceso versa sobre un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, por cuanto el fallo fue enfático en advertir que el término de caducidad se empezaría a contar a partir de la notificación del acto acusado al demandante lo cual ocurrió después de 10 años.
Reparó que la recurrente parte de interpretaciones equivocadas sobre la supuesta interposición de la presente demanda por parte de los hijos del actor, pues lo cierto es que fue presentada directamente por el señor De La Hoz Oviedo; resaltando que el Tribunal analizó el tema de la suspensión de la prescripción concretamente en casos de imposibilidad absoluta del interesado por hacer valer sus derechos, tal como acontece en el caso de los menores de edad.
Adujo que el impugnante no controvirtió los argumentos de la primera instancia relativos al tema de la independencia del proceso disciplinario y del ejercicio de la función administrativa en relación con el abandono del cargo, siendo este el objeto del recurso de apelación. Por otro lado, solicitó no se tuviera en cuenta el argumento relativo a la naturaleza del Instituto Pestalozzi, por cuanto el fallador de primera instancia no lo desarrolló en el fallo. Destacó que en el proceso existe suficiente material probatorio que acredita el riesgo que enfrentaba el señor Alejandro de La Hoz en los años 2001 al 2011.
6. Concepto del Ministerio Público
La señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación, solicitó se confirme la providencia impugnada.
Señaló que se encuentra acreditado que el actor con ocasión de su actividad sindical desde el 3 de agosto de 1979 al 17 de diciembre de 2001 recibió amenazas contra su vida, por lo que fue inscrito en el Programa de Protección del Ministerio del Interior en el mes de junio de 2001, decisión que le fue informada a la Universidad del Atlántico.
Consideró que las súplicas de la demanda deben prosperar, como quiera que el actor se ausentó de su cargo por justa causa para preservar su vida y la de su grupo familiar. Situación de riesgo que era de pleno conocimiento de la Universidad demandada desde el mes de mayo de 2001, de lo cual da crédito la prueba documental y el testimonio del señor Walberto Torres Mármol, por lo que le llamó la atención que no se hubiera adelantado un proceso sumario previo.
Acotó que el abandono del cargo además de constituir una falta disciplinaria es una causal autónoma de retiro del servicio que no requiere para su aplicación de un proceso disciplinario previo, pero si se le debió dar la oportunidad al servidor para que justificara su inasistencia laboral y ejerciera su derecho de contradicción.
Respecto de la caducidad de la acción, aseveró que si bien el acto acusado data del 17 de diciembre de 2001 y la demanda se interpuso hasta el 28 de septiembre de 2011, de forma excepcional se ha previsto la posibilidad de apartarse de la regla general cuando se está ante situaciones especiales con el fin de garantizar el derecho a la administración de justicia, tal y como aconteció en el caso del actor dada su condición de refugiado y asilado en España.
Comparte la postura del a quo según la cual, en el sub lite no operó la prescripción, por cuanto según el material probatorio, el actor salió del país intempestivamente, encontrándose en la imposibilidad durante muchos años de apersonarse de sus asuntos laborales y para ejercer sus derechos.
Afirmó que, a la luz de la Sala de Consulta y Servicio Civil, mutatis mutandi, dada la condición de refugiado del señor Alejandro de La Hoz Oviedo, no se debió declarar el abandono del cargo.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora.
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la entidad accionada, corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo del Tribunal que accedió a las pretensiones de la demanda. para el efecto se establecerá si previo a decretar el abandono del cargo la entidad requería adelantar un trámite administrativo donde se procurara la comparecencia del interesado. Así mismo, se determinará si es procedente el restablecimiento del derecho otorgado por el Tribunal de primera instancia o si se debe revocar.
Con el fin de desatar el anterior problema jurídico, se desarrollarán los siguientes temas: 2.1. Acto administrativo objeto del presente control de legalidad; 2.2. Hechos probados; 2.3. Marco legal y jurisprudencial para la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo; 2.4. Caso concreto, resolución de los doce argumentos de inconformidad planteados por la Universidad del Atlántico y, 2.5. Restablecimiento del derecho.
2.1. Acto Administrativo objeto del presente control de legalidad
El acto administrativo demandado es del siguiente tenor literal:
“RESOLUCIÓN NÚMERO 000604
(17 de diciembre de 2001)
‘Por medio de la cual se declara la vacancia de un empleo por abandono de cargo’
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
En uso de sus facultades legales, estatutarias y
CONSIDERANDO QUE:
El señor ALEJANDRO DE LA HOZ OVIEDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.537.225, Asistente Administrativo, adscrito a la Biblioteca, ha dejado de concurrir al trabajo, situación que esta oficina está informando.
El Art. del Decreto 1950 de septiembre 24 de 1973, numeral 10, considera que un empleo está vacante definitivamente, por declaratoria de vacante en los casos de abandono del cargo.
El Art. 126 del Decreto 1950 de septiembre 24 de 1973, numeral 10, expresa que el abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa; deje de concurrir al trabajo por (3) días consecutivos.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la vacancia del empleo ocupado por el señor ALEJANDO DE LA HOZ OVIEDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.537.225, por abandono del cargo, según los considerandos de la presente Resolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada e Barranquilla a los 17 días del mes de diciembre de 2001.
JUAN ROMERO MENDOZA
Rector”
2.2. Hechos probados
Durante el trámite procesal de la presente actuación, fue recaudado el siguiente material probatorio:
2.2.1.Respuesta de 2 de marzo de 2011 al derecho de petición interpuesto por el accionante, suscrita por el Vicerrector Administrativo y Financiero con funciones de Jefe Departamento Talento Humano de la Universidad del Atlántico, mediante la cual envío copia auténtica de la historia laboral del señor Alejandro Ángel de La Hoz Oviedo.
2.2.2. Guía de SERVIENTREGA N° 1046922595 fecha de envío 22/03/2011 mediante la cual la Universidad del Atlántico remitió al señor Alejandro de La Hoz Oviedo, la documentación consignada en la respuesta al derecho de petición en la que le remitió copia auténtica de su historia laboral.
2.2.3. Acta de audiencia de conciliación N° 2011-161935 llevada a cabo el 25 de agosto de 2011 ante la Procuraduría 118 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la cual consta que no le asistió ánimo conciliatorio a la Universidad del Atlántico.
2.2.4. Oficios 2437 y 2436 de 24 de mayo de 2001 dirigidos al Rector y al Jefe de Recursos Humanos de la Universidad del Atlántico respectivamente, por la Coordinadora Grupo de Protección de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en los que les informó que el señor Alejandro Ángel De La Hoz Oviedo solicitó protección y que la documentación aportada se encuentra en estudio.
2.2.5. Constancia del 26 de junio de 2001, suscrita por la Coordinadora Grupo de Protección de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la que certificó que “el señor ALEJANDRO ÁNGEL DE LA HOZ OVIEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.537.255 de Santa Marta, junto con su núcleo familiar, se encuentran inscritos en el Programa de Protección que lidera este Ministerio, en razón a las amenazas de que han sido objeto.
2.2.6. Comunicación del 4 de julio de 2001 enviada al Rector de la Universidad del Atlántico por la Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la cual “El señor ALEJANDRO DE LA HOZ OVIEDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.537.255 de Santa Marta, en el momento es objeto del Programa de Protección y ha recibido orientación respecto a su situación, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo. Conocedores de la delicada situación de riesgo por la que atraviesa el señor de La Hoz Oviedo, de manera muy comedida le solicitamos colaborarle en lo que respecta a su vínculo laboral con la Universidad del Atlántico.”
2.2.7. Constancia del 5 de septiembre de 2001, expedida por la Coordinadora Grupo de Protección de la Dirección General Unidad para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sobre que el demandante se encuentra inscrito en el Programa de Protección que lidera el Ministerio, en razón de las amenazas de que ha sido víctima, igualmente informó que le fueron aprobados pasajes internacionales y tres meses de ayuda humanitaria.
2.2.8. Comunicación N° 6822 del 5 de octubre de 2001, expedida por la misma funcionaria del Ministerio del Interior, en la que le informó al señor Alejandro De La Hoz Oviedo las recomendaciones que debía tener en cuenta, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba, además que se estaban efectuando los trámites relativos a su salida del país.
2.2.9. Resolución N° 1307 del 13 de marzo de 2002, suscrita por la Viceministra (E) de Gobierno y Justicia y Presidenta (E) de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados de Panamá, mediante la cual reconoció el estatus de Refugiado al señor Alejandro de La Hoz Oviedo y su núcleo familiar, al reunir los requisitos señalados en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
2.2.10. Certificación expedida por AVIATUR el 22 de octubre de 2001 que acredita expedición de tiquete de salida del país -por seguridad no figura el nombre del actor- desde la ciudad de Barranquilla con destino a Panamá el 17 de noviembre de 2001. Así mismo, figura un desprendible de cheque por concepto de ayuda humanitaria
2.2.11. Resolución del 17 de junio de 2005 proferida por la Subdirectora General de Asilo de la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior de España, que reconoció la condición de refugiado y concedió el derecho de asilo al señor Alejandro De La Hoz Oviedo y a su esposa.
2.2.12. Certificación del 23 de noviembre de 2010 expedida por el Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad del Atlántico, en la que acreditó que el señor Alejandro Ángel De La Hoz Oviedo prestó sus servicios en el cargo de Bibliotecólogo de la Universidad, en el periodo comprendido entre el 05-11-1979 hasta el 17-11-2001.
2.2.13. Certificación del 28 de octubre de 2010 expedida por el Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia “SINTRAUNICOL” Seccional Barranquilla, según la cual “el señor ALEJANDRO ÁNGEL DE LA HOZ OVIEDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.537.255 expedida en Santa Marta, estuvo afiliado a SINTRAUA hoy SINTRAUNICOL Seccional Barranquilla, durante el periodo comprendido desde el 3 de agosto de 1979 hasta el 17 de diciembre de 2001.
2.2.14. Certificación del 16 de diciembre de 2010, expedida por el Grupo de Gestión de Riesgos del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, según la cual el señor De La Hoz Oviedo fue beneficiario de medidas de protección por parte de dicho programa durante el año 2001, en su condición de activista sindical.
2.2.15. Acta de Manifestaciones y Referencia del 13 de julio de 2011, efectuada por el señor Alejandro Ángel De La Hoz Oviedo, ante el Notario de Sevilla y del Ilustre Colegio de Andalucía (España), en la que expuso su condición de desplazado por la violencia, además que se enteró de la vacancia de su cargo por parte de la Universidad del Atlántico, de la no resolución de su solicitud de jubilación, así como la precariedad de su estado de salud y de la carencia de recursos económicos para su manutención y la de su familia.
2.2.16. Testimonio rendido el 27 de agosto de 2013 por el señor Walberto Torres Mármol, quien refirió que conocía de la situación de amenaza de su compañero laboral Alejandro De La Hoz Oviedo; afirmó que su salida del país no fue clandestina y que aquél solicitó le fuera concedida una licencia que la Universidad negó
2.2.17. Oficio OFI13-00029617 del 6 de noviembre de 2013 dirigido al señor Alejandro De La Hoz por la Unidad Nacional de Protección, mediante el cual le remitió copia de los documentos del Ministerio del Interior que acreditan la vinculación al Programa de Protección en su condición de activista sindical.
2.3. Marco legal y jurisprudencial para la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo
De acuerdo con la Resolución 000604 de 17 de diciembre de 2001, el Rector de la Universidad demandada adoptó la decisión de declarar la vacancia del empleo que ocupaba el señor Alejandro De La Hoz Oviedo, con fundamento en la causal de abandono del cargo.
Dicha situación administrativa se encuentra regulada en el Decreto 1950 del 24 de septiembre de 1973 “por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil”, que estableció en cuanto a la vacancia definitiva del empleo lo siguiente:
“Artículo 22. Para efecto de su provisión se considera que un empleo está vacante definitivamente:
(…)
10. Por declaratoria de vacante en los casos de abandono del cargo, y (…)”
En cuanto a la figura del abandono del cargo el mismo Decreto 1950 de 1973, señaló en el Capítulo VI lo siguiente:
“CAPITULO VI
Del abandono del cargo.
Artículo 126. El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa:
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113 del presente decreto, y
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de remplazarlo.
Artículo 127. Comprobado cualquiera de los hechos de que trata el artículo anterior, la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo, previo los procedimientos legales.
Artículo 128. Si por el abandono del cargo se perjudicare el servicio, el empleado se hará acreedor a las sanciones disciplinarias y a la responsabilidad civil o penal que le corresponda.”
Dadas las anteriores preceptivas legales, se pueden hacer las siguientes consideraciones: i) Un empleo se considera en vacancia definitiva, cuando se declaró el abandono del cargo; ii) se incurre en esta figura legal cuando el empleado dejó de concurrir al trabajo por tres días consecutivos sin justa causa -tal y como así lo consignó la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001 objeto de nulidad- e, iii) independiente de la decisión administrativa adoptada por el nominador, se podrá iniciar el proceso disciplinario, civil o penal a que haya lugar, en caso de observar que debido al abandono del cargo, se perjudicó el servicio.
Llámese la atención en el sentido de que el artículo 127 del Decreto 1950 de 1973, dispuso que la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo, previo los procedimientos legales, lo cual conduce a concluir que dicha declaratoria deberá ser adoptada con observancia de las formas propias del debido proceso.
En cuanto al procedimiento legal a agotar, resulta ilustrativo el siguiente aporte de la Subsección A de esta Sección:
“De conformidad con la normativa transcrita y la jurisprudencia citada, en los casos en que se presenta la ausencia de un empleado al trabajo durante tres días consecutivos, el nominador deberá adelantar un procedimiento breve y sumario en donde se respete el debido proceso al encartado, concediendo la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa, con el objeto de acreditar la inasistencia y una vez comprobado que no existió justa causa para la misma, procederá a declarar la vacancia del empleo, sin perjuicio de que el servidor pueda allegar las pruebas que justifiquen su ausencia, evento en el cual no procedería la declaratoria de vacancia.”
De tal suerte que la declaratoria de la causa de la autónoma de retiro del servicio por abandono del cargo es producto de una decisión administrativa, sin perjuicio de que por los mismos hechos el servidor sea objeto de sanción disciplinaria.
Recientemente la Subsección A profirió el siguiente aporte, ilustrativo también para el caso en examen:
“Se ha sostenido que el abandono del cargo, función o servicio se puede presentar en dos eventos. El primero, cuando se renuncia al ejercicio de las funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo; y el segundo, cuando el trabajador deserta materialmente del cargo al ausentarse del sitio de trabajo y no regresa a él para cumplir con las labores asignadas, propias del empleo o del servicio. En términos de esta subsección, otra característica esencial de esta falta disciplinaria es que implica la dejación voluntaria, definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público, de forma injustificada, esto es, sin que exista una razón que explique la inasistencia (...)”.
2.4. Caso concreto
En el asunto bajo análisis, el actor solicita la nulidad de la resolución expedida por la Universidad del Atlántico que declaró el abandono del cargo que desempeñaba. Para el efecto, alega que su actuar se justificó en que debió ausentarse para salvaguardar su vida y la integridad de su familia.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que se violó el derecho al debido proceso del accionante en tanto la Universidad tenía conocimiento de la justa causa que dio lugar al abandono del cargo y por cuanto, la entidad empleadora omitió realizar el procedimiento administrativo previo a la declaratoria de dicha causal de retiro del servicio.
La Sala procederá a resolver las razones de inconformidad de la apelación empezando por los aspectos procesales, a saber, la caducidad, el agotamiento de la vía gubernativa y la titularidad de la acción, para luego, decantar los temas de fondo sobre la garantía del derecho al debido proceso en la declaratoria del abandono del cargo y finalizar con el restablecimiento del derecho.
2.4.1. En cuanto a la caducidad de la acción
Afirmó la entidad recurrente partió de una premisa falsa cuya conclusión es igualmente falsa, al entender que según el a quo la demanda tiene como pretensión principal el pago de prestaciones periódicas y que por ello descartó la caducidad.
Indicó que operó la caducidad debido a que el actor no demostró que su condición de riesgo permaneciera desde el 2001 hasta el 2011, ya que su estado de amenaza fue solamente por cuatro meses.
Este planteamiento de inconformidad no es compartido por la Sala, como quiera que la demandada está haciendo una interpretación sesgada de la providencia impugnada, la que fue enfática en considerar que el término de caducidad es el de los cuatro meses del artículo 136 CCA “al no tratarse de prestaciones periódicas -al no encontrarse laborando el actor-”.
Precisado lo anterior, la Sala llama la atención respecto a que no existe prueba alguna sobre la notificación de la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001 al señor Alejandro De La Hoz Oviedo,
Esto en tanto, mediante auto de 16 de noviembre de 2018, se dispuso la práctica de la siguiente prueba: “Ofíciese a la Universidad del Atlántico para que informe la fecha en que fue notificado, comunicado o publicado y ejecutoriada la Resolución 00604 del 17 de diciembre de 2001, por medio de la cual el rector de la Universidad del Atlántico declaró la vacancia del empleo ocupado por el señor Alejandro de La Hoz Oviedo por abandono del cargo, quien ocupaba el cargo de asistente administrativo adscrito a la biblioteca. (…)”
Sin embargo, la Universidad del Atlántico, mediante oficio 20196040097573 del 4 de abril de 2019, guardó silencio y no aportó ningún dato relativo a la fecha de notificación del acto acusado al señor De La Hoz Oviedo, por tanto, se ha de colegir que no se cumplió con dicha actuación.
Por esta razón, en el presente caso operó la notificación por conducta concluyente de la Resolución 000604 de 17 de diciembre de 2001, la cual se surtió cuando el demandante recibió el 25 de marzo de 2011, la guía de transporte de SERVIENTREGA N° 1046922595 que contenía copia de su historia laboral que le remitió el Vicerrector Administrativo y Financiero con funciones de Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Universidad, previo derecho de petición presentado por la apoderada del actor, hechos que se encuentran debidamente acreditados y relacionados en los numerales 2.2.1. y 2.2.2. de esta providencia.
El término de caducidad se interrumpió en atención al trámite de conciliación prejudicial adelantada ante la Procuraduría 118 Judicial II para asuntos administrativos del Tribunal Administrativo del Atlántico, llevado a cabo entre el 12 de mayo de 2011 y el 25 de agosto de 2011. Y, como quiera que la demanda fue presentada el día 28 de septiembre de 2011, se tiene que la acción fue interpuesta dentro del término de los cuatro meses de que trata el artículo 136 CCA.
Por las anteriores razones, no es acogido el argumento relativo a la supuesta caducidad de la acción.
2.4.2. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho sólo puede ser promovida por el titular del derecho lesionado. Falta de agotamiento de la vía gubernativa.
Contrario a lo afirmado por el apoderado de la entidad, se encuentra que el titular de los derechos reclamados en el proceso es el señor Alejandro De La Hoz Oviedo, y no sus hijos.
Tampoco se comparte el argumento del apelante, al considerar que previamente a la interposición de la acción se debió agotar la vía gubernativa, por cuanto resulta acreditado según el acontecer fáctico de la actuación, que el señor Alejandro De La Hoz, nunca fue enterado ni antes ni después de la actuación adelantada en su contra por la Universidad, tanto así que se vino a dar cuenta de la existencia del acto acusado, en el momento en que recibió copia de su historia laboral.
En síntesis, fue después de diez años de expedida la Resolución 000604 el 17 de diciembre de 2001, que el actor se percató, en marzo de 2011, de la decisión que lo afectaba, sin contar con la oportunidad de interponer recursos, motivo por el cual, contrario a lo planteado por el apelante, el señor Alejandro De La Hoz Oviedo no debía agotar la vía gubernativa en vista de que se estaba ante un acto cumplido o ejecutado, por tanto, estaba habilitado para incoar la presente demanda. Fuerza concluir que no es acogido este argumento de censura.
2.4.3. La demanda fue promovida por el señor Alejandro De la Hoz y no por sus hijos por lo cual debe operar la prescripción de los derechos reclamados
La parte recurrente alega que operó la prescripción extintiva, al no haberse promovido la acción dentro de los tres años siguientes al acto demandado, es decir, entre el año 2001 y el 2004.
Nuevamente no le asiste la razón al apelante, en tanto no obra prueba de la notificación del acto acusado sino hasta el mes de marzo de 2011, cuando el actor se enteró de la expedición de la Resolución 00604 de 17 de diciembre de 2001.
Aunado a lo anterior, como se dijo en precedencia, la presente demanda fue interpuesta por el actor, en su condición de directo afectado por el acto demandado y no por sus hijos, como lo dejó entrever el recurrente. Al respecto, se aclara que el a quo hizo alusión a los menores de edad en el contexto de una cita jurisprudencial, pero no porque la presente acción fuese interpuesta por los descendientes del señor De La Hoz Oviedo.
Es pues con fundamento en las anteriores consideraciones, que la Sala desestima este argumento de apelación.
2.4.4. y 2.4.5. Existe prueba plena que la protección al demandante duró cuatro meses en la ciudad de Panamá y no en España donde permaneció por más de 8 años, sin mediar autorización alguna por parte de su empleador
No es compartida esta inconformidad, por cuanto lo reprochado frente al acto demandado es la falta de notificación en los términos del Código Contencioso Administrativo. De tal suerte que la institución académica debió garantizarle al actor el derecho al debido proceso administrativo.
Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el acopio probatorio, no figura ninguna actuación desplegada por la Universidad tendiente a notificarle, ni a darle la oportunidad para aportar o controvertir pruebas, e incluso para interponer recursos previa a la expedición de la mencionada resolución demandada.
Ahora bien, respecto de la declaración rendida por el testigo Walberto Torres Mármol, observa la Sala que efectuó las siguientes afirmaciones:
“(…) se inicia la época de la amenaza y el desplazamiento de los principales dirigentes de estas organizaciones entre los cuales destaco al compañero ALEJANDRO DE LA HOZ OVIEDO quien fue el primero de los trabajadores amenazados y sobre el cual se fraguó un plan de asesinado porque fuimos conocedores que en el propio campus universitario iban a intentar contra el compañero. Ante esta situación al compañero no le quedó otra alternativa que dolorosamente en el 2001 previa solicitud a los organismos de derechos humanos y a las otras autoridades de nuestro país, le tocó desplazarse a la ciudad de Panamá y posteriormente tuvo que irse toda su familia que al igual que él fueron víctimas de las amenazas. Además debo agregar que de este plan es responsable los directivos de la Universidad del Atlántico, porque hoy quedan condensados en los expedientes que se surten en la Corte Suprema de Justicia contra estos grupos de autodefensa (…), además la Universidad no le brindó las garantías que organismos como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigieron a la Universidad para que protegiera a estos docentes, estudiantes y trabajadores amenazados y desarraigados de su país como el caso de los compañeros FÁTIMA OSORIO y su esposo GERMAN LOMBANA DE LA BARRERA quienes al igual que el compañero ALEJANDRO DE LA HOZ, fueron desvinculados de su institución a sabiendas de la situación que padecían(…)”.
A partir de su análisis, no se observa que el testigo hubiera estado en la misma situación de amenaza y grave riesgo del actor, que lo haya obligado a salir del país.
La situación de señor De La Hoz Oviedo no se puede asimilar a la del declarante, siendo entonces improcedente defender la legalidad del acto de retiro reprochando que el accionante debió permanecer en el empleo como lo hicieron sus compañeros.
2.4.6. Abandono del cargo y el proceso disciplinario
Sobre el particular la Sala precisa que son dos escenarios distintos, uno el proceso disciplinario regido por la Ley 734 de 2002 y otro el relativo al ejercicio de la función administrativa, de tal manera -dice el impugnante- que resulta infundado el cargo de la demanda según el cual, se reprocha la falta de aplicación de la ley especial disciplinaria. Dice también, que esta Corporación ha dejado claro que en casos de abandono del cargo no es necesario adelantar ningún proceso previo, si se tiene en cuenta que aquél es un hecho realizado autónomamente por el trabajador.
Al respecto se precisa que aunque el nominador no estaba obligado adelantar un proceso disciplinario para decretar la vacancia del cargo, ello no implica que estuviera facultado para desconocer las garantías del debido proceso mediante un trámite administrativo sumario.
Así pues, ha sido reiterativa la postura de esta Corporación en señalar que, previa la declaratoria de vacancia definitiva por la causal de abandono del cargo, se debe desarrollar un proceso administrativo sumario, por tanto, la Universidad sí estaba obligada a seguir una actuación previa -que en el sub judice estaba fundada en el Decreto 1950 de 1973- asunto que no se puede confundir con el proceso disciplinario, cuyo adelantamiento se rige por la Ley 734 de 2002.
Al respecto resulta ilustrativo el siguiente antecedente judicial:
“La Sala Plena de la Sección Segunda, con el fin de unificar la jurisprudencia, en sentencia de 22 de septiembre de 2005 recogió el anterior planteamiento jurisprudencial sobre la materia y precisó que si bien se trata de una misma circunstancia: el abandono injustificado del servicio, comporta efectos autónomos distintos cuando se trata de regular la función pública que cuando se trata de disciplinar a los funcionarios.
(…)
Bajo esta línea se tiene que, el abandono del cargo comporta efectos autónomos distintos en materia de función pública, que no derivan de la aplicación de un procedimiento disciplinario previo, en cuanto que el retiro definitivo del servicio puede producirse por la declaratoria de vacancia por abandono del cargo; esta figura constituye una herramienta de la cual puede disponer la administración, para a su vez, designar el reemplazo del funcionario que de manera injustificada ha hecho dejación del cargo y así evitar traumatismos en la prestación del servicio.”
Tampoco se puede pasar por alto el artículo 128 del Decreto 1950 de 1973, según el cual independientemente de la decisión administrativa del nominador que conlleve a la declaratoria de vacancia definitiva por el abandono del cargo, se puede también adelantar investigación disciplinaria o penal cuando se perjudique el servicio.
En el presente caso obra certificación con el número de radicación 20192030100253 expedida el 10 de septiembre de 2019 por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad del Atlántico, en la que informó lo siguiente: “…me permito comunicarle que después de revisados los registros y archivos que reposan en la Oficina de Control Disciplinario, no se halló la información requerida, por lo tanto no es posible certificar si el señor ALEJANDRO DE LA HOZ OVIEDO tuvo proceso disciplinario por abandono del cargo que ocupaba como asistente administrativo, adscrito a la biblioteca de esta Universidad.”
Por tanto, se observa que en el presente caso la expedición del acto acusado fue la expresión de la función administrativa de la Universidad, pero no como producto de un proceso disciplinario en contra del actor, sino en aplicación de la causal autónoma de retiro del servicio contenida en el Decreto 1950 de 1973.
A esta altura de la discusión, la Sala considera la necesidad de aclararle al defensor de la Universidad del Atlántico, el argumento esgrimido en la contestación de la demanda según el cual, el señor Alejandro De La Hoz Oviedo no era un empleado de carrera administrativa, por cuanto dicha circunstancia -de la cual no obra prueba en el expediente confirmando o desvirtuando tal condición-, por sí sola no le negaba al empleado la garantía de un debido proceso administrativo previa la expedición del acto acusado.
Si bien es cierto, los centros de educación superior de naturaleza pública -como lo es la Universidad del Atlántico- al gozar del reconocimiento de la autonomía universitaria están excluidos de la Ley 443 de 1998 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”, por este hecho, no se le podía desconocer al demandante la garantía del debido proceso antes, durante y después de la expedición del acto acusado, con el fin de tener la oportunidad de ejercer las garantías de contradicción y defensa, según mandato consignado en el artículo 127 del Decreto 1950 de 1973.
Por tanto, observa la Sala que el demandante en la condición de empleado público desempeñaba el cargo de Bibliotecólogo de dicho plantel en el que laboró entre el 5 de noviembre de 1979 y el 17 de noviembre de 2001, por tanto, tal circunstancia obligaba a la demandada a respetarle su derecho al debido proceso administrativo.
Es pues con fundamento en las anteriores razones que no prospera este argumento de discrepancia.
2.4.7. La presunción de legalidad del acto administrativo, lo cual implicaba -dice el apelante- que la carga probatoria estuviera a cargo del actor, quien no presentó prueba alguna que demostrara o justificara su inasistencia al lugar de trabajo, y le correspondía probar la causal de nulidad en que habría incurrido el acto acusado.
La Sala no comparte esta censura pues resulta incuestionable la violación al debido proceso administrativo que le impidió al actor ejercer el derecho de contradicción. Así mismo, porque se desconoció la normativa en que debía fundarse el acto acusado, a saber, el artículo 29 de la Carta Política, las normas del Decreto 1950 de 1973 y del Código Contencioso Administrativo, para efectos del procedimiento sumario al que debió haberse sido sometido la declaratoria de vacancia del empleo, previa la expedición de la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001.
2.4.8. La carga de la prueba sobre la ausencia justificada a laborar es del actor
Si bien, al demandante le corresponde justificar su ausencia al sitio de trabajo, ello no permite pasar por alto que dejó de adelantarse el trámite previo para declarar el abandono del cargo, y que la decisión no fue notificada. Por tanto, el acto acusado sí violó el derecho al debido proceso.
2.4.9. Según el apelante la exclusión de nómina del actor era un imperativo para evitar males mayores luego de estar devengando dineros públicos sin causa legal. Este argumento se desestima, por cuanto no tiene estrecha relación con el tema objeto de análisis, esto es, que la Universidad desconoció el derecho al debido proceso del actor cuando se decretó el abandono del cargo.
2.4.10. y 2.4.11. La declaratoria de vacancia de empleo por abandono del cargo no requiere de actuación previa, por cuanto el Estado no es quien produce el hecho y sus consecuencias jurídicas, sino el trabajador al omitir el cumplimiento sus obligaciones laborales. La Sala no acoge estos reproches, como quiera que ya fue objeto de análisis al estudiar el deber de la entidad de adelantar un trámite administrativo previo.
2.4.12. El Instituto Pestalozzi lugar donde el actor realizaba sus labores fue suprimido de la estructura administrativa de la Universidad del Atlántico a través del Acuerdo N° 002 de 2005. Este aserto no es compartido por la Sala, toda vez que la discusión sobre la nulidad del acto demandado no depende de que el citado instituto haya sido suprimido.
2.5 Conclusión
Una vez analizados los argumentos expuestos por la Universidad apelante, la Sala debe decir que comparte el fallo del Tribunal en cuanto consideró que el acto acusado violó el derecho al debido proceso del actor. Esto en la medida, que la Resolución 000604 del 17 de diciembre de 2001, que declaró el abandono del cargo, fue ejecutada, pese a que no estaba notificada y por tanto, no cobró fuerza ejecutoria. En otras palabras, la administración ejecutó un acto que no estaba notificado ni ejecutoriado.
El hecho que la entidad no haya realizado un procedimiento sumario previo a la expedición del acto que declaró el abandono del cargo y que no haya quedado ejecutoriado, ciertamente son aspectos que configuran la violación del derecho al debido proceso, pero, en criterio de la Sala no desdibujan la materialización de la conducta en que incurrió el actor, ello sin que se pretenda justificar la actuación irregular de la Universidad.
En este sentido, debe precisarse entonces que el abandono del cargo es un acto material por el cual una persona sin justa causa decide dejar su empleo. En el caso bajo análisis, la prueba del abandono del cargo va más allá de la inasistencia al lugar del trabajo durante tres días, pues la Sala no puede pasar por alto que el demandante acudió ante la Universidad pasados 10 años, cuando al obtener una copia de su historia laboral tuvo conocimiento de la declaratoria de abandono del cargo.
Resulta de suma relevancia resaltar respecto de la situación laboral del demandante, conforme lo probado en el proceso, que en razón de su actividad como sindicalista fue víctima de amenazas contra su vida, por ello, se vio obligado a dejar su empleo y a salir del país junto con su familia el 17 de noviembre de 2001; sin embargo, debe hacerse énfasis en que desde el mes de mayo de 2001 ya había sido excluido de nómina, tal como lo relata en la demanda.
Nótese que cuando la normativa regula el abandono del cargo, califica la conducta, pues el empleado debe actuar sin justa causa, concepto objetivo que lleva implícito el cumplimiento de su deber de someterse a las situaciones administrativas por las cuales el empleador le permite ausentarse temporalmente de su empleo, todo ello, con la explicación de las razones que dan lugar a ello. Sin embargo, en el sub lite, a pesar de estar acreditada la situación de emergencia en la que el actor salió del país, lo cierto es que en el proceso no se demostró que solicitara una licencia ante su empleador desde el mes de mayo de 2001 cuando fue excluido de nómina. Al respecto, solo obra la declaración del testigo Walberto Torres Mármol, pero su dicho no está soportado en pruebas documentales por las cuales se pueda acreditar que el interesado pidió una licencia que presuntamente fue negada por la Universidad.
Debe resaltarse que durante el proceso se pidió a la Universidad que remitiera el expediente laboral del actor, de cuyo estudio se extrae que por el lapso de aproximadamente 10 años aquél se desentendió por completo de su situación laboral, y solo con el propósito de obtener una pensión convencional tuvo conocimiento de la declaratoria de abandono del cargo.
Para la Sala, el actor incurrió en abandono del cargo definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-769 del 10 de diciembre de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell, como: “la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público”, pues en ningún momento se preocupó por justificar su ausencia definitiva, simplemente se desentendió del tema laboral siendo éste un supuesto que la administración de justicia tampoco puede aceptar.
Las anteriores precisiones llevan a la Sala a estudiar a profundidad la procedencia del restablecimiento del derecho, pues este caso tiene unas connotaciones particulares que obligan a determinar si la Universidad debe ser condenada al reintegro y al pago de salarios y prestaciones desde el 17 de diciembre de 2001.
2.6. Restablecimiento del derecho reconocido al actor en la primera instancia
El fallo apelado declaró la nulidad del acto administrativo acusado y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Universidad del Atlántico: i) reintegrar al actor sin solución de continuidad al mismo cargo que ocupaba al momento de la declaratoria de la vacancia del empleo; y ii) pagarle los sueldos y demás prestaciones salariales adeudadas desde el 17 de diciembre de 2001, hasta la fecha en que sea efectivo el reintegro.
Contrario a lo considerado por el a quo, se acota que la declaratoria de nulidad del acto administrativo no conlleva automáticamente que el juez ordene el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, pedidos en la demanda, tal como lo consideró esta Corporación al afirmar que “El hecho de que se anule el acto administrativo no necesariamente implica que se deba restablecer el derecho, pues es posible que el pretenso derecho ya aparezca resarcido por otro acto o hecho o, que de suyo, no contenga actualmente una lesión. En otras palabras, estas no son unidades inescindibles y, el restablecimiento del derecho debe valorarse en cada caso concreto.” (subrayado fuera de texto) .
Dicho esto, corresponde a la Sala valorar el restablecimiento del derecho dadas las particularidades del presente caso, esto es, examinando los derechos vulnerados por el acto acusado que declaró el abandono del cargo y la conducta omisiva del señor De La Hoz Oviedo. En este contexto, impera valorar los siguientes aspectos:
El acto enjuiciado no causó la privación del derecho al trabajo del demandante. A esta conclusión se arriba, por cuanto la cesación en las funciones laborales del señor Alejandro De La Hoz, no fue producto del acto administrativo acusado. Justamente, el demandante durante más de diez años no asistió a su lugar de trabajo, aun cuando no conocía de la existencia del acto de declaratoria de vacancia por abandono del cargo que ocupaba.
La negligencia del actor respecto de su situación laboral. Esto en tanto, el accionante se ausentó sin haber previamente solucionado su situación laboral con la Universidad. En su lugar, el interesado mantuvo una actitud pasiva e inactiva durante más de diez años.
Sobre el particular debe resaltarse que, en su condición de empleado público, el demandante tenía el conocimiento de las consecuencias jurídicas que su actuación omisiva podría conllevar. Pero, ahora pretende el pago de salarios y prestaciones por 10 años, en contravía del principio general del derecho según el cual nadie puede alegar la propia culpa en su beneficio nema auditur propiam turpitudinem.
El demandante busca aprovecharse económicamente de la nulidad de una decisión administrativa, pese a que él mismo causó su expedición y debido a su inactividad sus efectos se prolongaron en el tiempo. Se evidencia del acontecer fáctico que el demandante busca obtener un beneficio de la ilegalidad del retiro del servicio, cuando lo cierto es que por su propia cuenta y riesgo se había desentendido de su situación laboral, durante el periodo comprendido entre los años 2001-2011.
Se pone de presente que, en principio, el empleado De La Hoz Oviedo tenía una justificación para ausentarse del trabajo dada su situación de amenaza personal. Pero, no se puede admitir que se hubiera despreocupado por solucionar su tema laboral con la Universidad del Atlántico, al punto que fue por “casualidad” que se enteró de la existencia del acto administrativo acusado hasta el año 2011, cuando se encontraba gestionando la pensión.
Por tanto, resulta inadmisible que durante tantos años no se hubiera interesado por definir su situación laboral y, transcurridos diez (10) años en el 2011, pretenda obtener el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde el año 2001. Tal despreocupación muestra la incuria del demandante en definir su situación laboral.
Así pues, el actor asumió las consecuencias de su dejación de funciones. Se reprocha que el accionante debió solucionar su vinculación laboral con la universidad, pero pretender aceptar que el riesgo le impidió hacerlo durante más de diez años, es un supuesto que no es compartido por esta instancia judicial.
De tal manera que, en el presente caso, es improcedente el restablecimiento del derecho pedido en la demanda, ya que la administración de justicia no puede pasar por alto la actitud omisiva y negligente del actor de cara a la regularización de su situación laboral.
En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará parcialmente el fallo objeto de impugnación en cuanto a la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado, pero revocará el restablecimiento del derecho, de acuerdo con las consideraciones esgrimidas en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 24 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Subsección de Descongestión, en cuanto a la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 000604 de 17 de diciembre de 2001, según se analizó en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- REVOCAR los numerales segundo y tercero que concedieron a título de restablecimiento del derecho el reintegro y los pagos salariales y prestacionales al actor desde el 17 de diciembre de 2001, para en su lugar NEGAR el restablecimiento deprecado, de acuerdo con las razones esgrimidas en la parte motiva de este fallo.
TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 1-25
Citó apartes del fallo N° 533 del 21 de junio de 2001, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
Folios 307-312
Folios 367-380
Concepto del 15 de agosto de 2002 C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce
Folios 382-396
Folios 382-396
Folios 409-426
Folios 456-464
Sentencia del 21 de abril de 2016 radicación número 73001-23-31-000-2005-02913-01 (0225-10) M.P. William Hernández Gómez
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
Folio 52
Folios 48-50
Folio 51
Folio 54
Folio 55 y 56
Folio 57
Folio 58
Folio 59
Folio 61
Folios 95-96
Folios 97-100
Folios 101-102
Folio 106
Folio 127
Folio 62
Folios 87-94
Folio 324
Sentencia del 6 de junio de 2013 radicación número: 54001-23-31-000-1999-00259-01 (0140-2011) M.P. Alfonso Vargas Rincón
Sentencia del 6 de junio de 2019 radicación número: 11001-03-25-000-2012-00230-00(0884-12) M.P. William Hernández Gómez
Folios 473
Folios 48-51
Folio 280
Folios 1 del escrito de la demanda y 44-47 que contiene el Poder elevado a escritura pública número 7.021 del 18 de noviembre de 2010
Artículo 63. AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA. El agotamiento, de la vía gubernativa se produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o denegados por silencio administrativo.
Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es procedente, el recurso de apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo proceda el recurso de reposición, éste será obligatorio.
Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. (…)
Folio 224
Sentencia del 6 de diciembre de 2007 Rad. No.: 15001-23-31-000-1997-17363-01(2911-05) M.P. Jesús María Lemos Bustamante.
Folio 492
Mediante Sentencia C-560 del 17 de mayo de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra declaró EXEQUIBLE la expresión: "al personal administrativo de las Instituciones de Educación Superior en todos los niveles, cuyos empleos hayan sido definidos como de carrera;" contenida en el artículo 3º de la ley 443 de 1998, "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones", bajo el entendido de que en ella no quedan comprendidas las universidades estatales u oficiales organizadas como entes universitarios autónomos conforme a la Ley.
ARTÍCULO 127.- Derogado por el Decreto1083 de 2015. Comprobado cualquiera de los hechos de que trata el artículo anterior, la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo, previos los procedimientos legales.
Folio 106
Folios 367-380
Sentencia del 10 de febrero de 2011 radicación número: 2500-23-25-000-2003-05234-01 (0257-08) M.P. Gerardo Arenas Monsalve
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