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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00333-01

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00333-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el numeral 3.2. de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó «[p]agar a favor de la señora Herlinda Hernández los salarios y las prestaciones sociales que dejó de recibir desde el 29 de octubre de 2015 a la fecha, conforme al escalafón 10 en la [sic] que se encuentra como docente oficial». En su lugar, se dispone: 29 Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021) Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos Negar el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados por la accionante, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Segundo. Confirmar en lo demás la providencia recurrida, proferida dentro del proceso promovido por la señora Herlinda Lucila Hernández Matos contra el distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Tercero. Adicionar los siguientes numerales a la sentencia apelada: 7. Exhortar al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República y los ministros de Educación y del Interior, para dictar lineamientos tendientes a que el cumplimiento del artículo 16 del Decreto 1782 de 2013, compilado por el Decreto 1075 de 2015, se haga bajo postulados que garanticen la correcta prestación del servicio público educativo. 8. Exhortar a la Secretaría de Educación del distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para que acompañe diligentemente el proceso de reubicación de la señora Herlinda Lucila Hernández Matos con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio público educativo. Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00333-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Temas: Docente amenazada. Vinculación laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Herlinda Lucila Hernández Matos, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del
Oficio 16570 del 12 de diciembre de 2018, proferido por la Secretaría de Educación

1 Folios 1 a 21.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

Distrital de Barranquilla, que le negó la reincorporación en la planta de personal
docente de dicho ente territorial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reincorporarla
y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde junio de
2005 y hasta cuando se verifique su reingreso a la planta de personal docente del
distrito de Barranquilla; ii) actualizar el valor de las condenas y pagar los intereses
moratorios a que haya lugar, conforme lo preceptúan los artículos 187 y 192 del
CPACA; iii) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) Por Decreto 00007 del 19 de abril de 1991, la señora Herlinda Lucila Hernández
Matos fue nombrada en propiedad como docente del distrito de Barranquilla.

ii) Mediante la Resolución 0003 del 7 de diciembre de 2001, el comité especial de
docentes y administrativos docentes amenazados de dicha entidad territorial le
concedió a la demandante la calidad de docente y persona amenazada.

iii) La administración incumplió la anterior resolución, ya que la actora no fue
reubicada en alguna institución educativa ni recibió protección por parte de las
autoridades competentes, pese a que se encontraba en condiciones de inseguridad
y peligro.

iv) Bajo este panorama, la accionante se vio en la necesidad de desplazarse a la
ciudad de Bogotá y con el aval del Ministerio del Interior fue inscrita en el programa
de protección y se le buscó refugio en otro país.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

v) El 28 de febrero de 2008, la accionante le informó a la Secretaría de Educación
de Barranquilla que desde septiembre de 2001 se encontraba adscrita al programa
de protección que coordina el Ministerio del Interior y tenía el estatus de refugiada
en Estados Unidos. En dicha oportunidad solicitó copia de su hoja de servicio.

vi) Por Resolución 02318 del 20 de agosto de 2009, la mencionada secretaría inició
una actuación para determinar la situación laboral y administrativa de la actora.

vii) En el año 2012 [sic], Estados Unidos le ofreció asilo a la señora Hernández
Matos, por lo que emigró hacia ese país y allí permanece esperando que le sea
notificada la reubicación ordenada por la Resolución 0003 de 2001.

viii) El 29 de octubre de 2018, la demandante solicitó su reincorporación a la planta
de personal docente del distrito de Barranquilla, por considerar que cesó la situación
de riesgo en la que se había encontrado. También reclamó los salarios causados
desde junio de 2005, por tratarse de una servidora en servicio activo.

ix) Mediante el acto acusado, la administración negó la anterior petición por estimar
que la actora incumplió con el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 520 de
2010 y la Resolución 1240 de 2010, referentes a las medidas que debían adoptarse
para resolver la situación de los educadores que estaban fuera del país.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13 y 29 de la Constitución Política; 22
de la Ley 715 de 2001; 36, literales b) y h), del decreto 2277 de 1979; Decretos 3322
y 520 de 2010 y 1782 de 2013; Resolución 3900 del 12 de mayo de 2011, suscrita
por el Ministerio de Educación Nacional.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

3

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

i) La demandante sufrió un trato desigual respecto del señor Carlos Alberto Núñez
Rodríguez, teniendo en cuenta que ambos se encontraban en situaciones similares,
pues son docentes refugiados en el extranjero por razones de seguridad; sin
embargo, a la primera se le negó la reincorporación al servicio y el pago de los
respectivos emolumentos, mientras que al segundo sí se le reconocieron estas
prerrogativas.

ii) El ordenamiento superior y la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 han sido
consistentes en señalar la protección que debe prodigar el Estado a los docentes
amenazados en aras de salvaguardarlos junto a sus familias y garantizarles el
mínimo vital y el trabajo. Así, se ha reconocido que pueden seguir percibiendo los
salarios sin importar que se encuentre pendiente su reubicación laboral.

iii) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 1240 de 2010 con el
fin de reglamentar el Decreto 520 de 2010 en relación con los traslados de los
profesores por motivos de seguridad; sin embargo, dicho órgano excedió sus
competencias, ya que también reguló la situación de los docentes amenazados que
vivían fuera del país. Entonces, el oficio enjuiciado no podía fundarse en dicha
resolución para negar la reincorporación reclamada por la actora, pues se trataba
de una directriz ilegal e inconstitucional.

iv) Ante el presunto ausentismo de la demandante, la Secretaría de Educación de
Barranquilla debió adelantar las actuaciones tendientes a revisar tal situación; sin
embargo, solo con la Resolución 02318 de 2009 se inició la investigación, la cual
hasta el momento no se ha definido, es decir, que todavía no se ha dispuesto la
reubicación de la actora ni mucho menos se ha declarado el abandono del cargo.

1.2. Contestación de la demanda

2 La actora invocó las Sentencias T-733 de 1998, T-1026 de 2002 y T-731 de 2007.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó negar las
pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:3

i) La actora pretende revivir términos ya fenecidos para regularizar su situación
laboral y obtener un enriquecimiento sin justa causa. En efecto, desde el año 2005,
la interesada fue excluida de la planta de personal docente y se le suspendió el pago
de las respectivas asignaciones salariales.

ii) En este caso operó la prescripción de los derechos invocados, ya que la actora
radicó la reclamación 15 años después de su desvinculación.

iii) Se configura una ineptitud de la demanda, por cuanto no existe congruencia entre
las peticiones elevadas en vía gubernativa y las pretensiones planteadas en sede
judicial. En efecto, ante la administración se solicitó el reintegro a la planta de
personal y el pago de salarios, pero «en ningún momento hace referencia a pagos
prestacionales o a las consecuencias de retardo de un hipotético y remoto fallo
condenatorio».

iv) La señora Herlinda Lucila Hernández Matos no cumplió con las obligaciones que
tenía en condición de docente amenazada con miras a legalizar su situación; por el
contrario, desde el 2012 se radicó en Estados Unidos y solo hasta el 29 de octubre
de 2018 solicitó el reintegro y pago de emolumentos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de noviembre de
2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:4

i) El distrito de Barranquilla incumplió con el deber que le atribuyó la Resolución

3 Folios 1 a 12, cuaderno 2.
4 Folios 184 a 191.

5

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

1240 de 2010, en el sentido de ubicar a la actora y legalizar su situación laboral. Al
respecto, se observa que la Resolución 02318 de 2009 inició una actuación
administrativa para verificar las condiciones en que se encontraba la educadora,
pero tal acto nunca se le notificó a la interesada y en la constancia de envío se anotó
que el domicilio estaba cerrado.

ii) Desde el año 2001 a la señora Herlinda Lucila Hernández Matos se le reconoció
como docente amenazada, pero la entidad empleadora no la trasladó, pese a que
así lo ordenaban los artículos 22 de la Ley 715 de 2001 y 53 del Decreto Ley 1278
de 2002.

iii) La administración refirió que no había suscrito los convenios interadministrativos
para trasladar a la demandante; sin embargo, ello no es suficiente para avalar las
omisiones en que incurrió el ente territorial accionado y la vulneración al derecho a
la igualdad de la accionante, pues a otro educador, en circunstancias similares a las
suyas, sí se le salvaguardaron sus prerrogativas laborales.

iv) La Corte Constitucional ha indicado que los docentes amenazados o
desplazados son sujetos de especial protección y el Estado debe garantizar que no
se les suspenda el pago de los salarios y promover su reubicación laboral.5

v) Por las anteriores razones, debe entenderse que la demandante ha mantenido
su condición de profesora en servicio activo. En consecuencia, se declara la nulidad
del oficio demandado y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena
reincorporar a la actora como docente, en el escalafón 10 que detentaba, en alguna
de las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, así como el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 29 de octubre de 2015
y en adelante, teniendo en cuenta que operó la prescripción trienal.

1.4. El recurso de apelación

5 El a quo invocó la Sentencia T-704 de 2011.

6

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Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos:6

i) La decisión de primera instancia premió el actuar negligente de la demandante,
quien obtuvo un provecho injusto por parte del distrito de Barranquilla. A su vez, se
desconoció que había operado la prescripción del derecho a ser reincorporada al
servicio.

ii) El a quo no valoró integralmente el acervo probatorio, pues no se pronunció frente
al hecho cierto de que la actora fue desvinculada desde el año 2005 y la entidad
territorial no contaba con información diferente a la que reposaba en su hoja de vida.

iii) La situación de la accionante se rige por los Decretos 1645 de 1992, 3222 de
2003, 520 de 2010 y la Resolución 1240 de 2010.

iv) En el año 2012, la señora Herlinda Lucila Hernández Matos se domicilió en
Estados Unidos y en ningún momento solicitó su reubicación ni el pago de salarios,
pues ello solo ocurrió hasta el 29 de octubre de 2018, es decir, que actuó en
contravía de los deberes que le asistían como docente. En efecto, la Resolución
1240 de 2010 determinó que los educadores amenazados estaban llamados a
legalizar su situación ante sus nominadores.

v) Contrario a lo afirmado en la demanda, no existe prueba de que el 28 de febrero
del 2008 la accionante le dio a conocer a la Secretaría de Educación de Barranquilla
que se encontraba adscrita al programa de protección que coordinaba el Ministerio
del Interior.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

6 Folios 200 a 202.

7

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

Las partes y Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en el trámite de segunda
instancia.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Conforme a los argumentos expuestos por la entidad apelante,7 el problema jurídico
se contrae a determinar lo siguiente: i) si la señora Herlinda Lucila Hernández Matos
cumplió con los deberes establecidos en la normativa superior para reingresar a la
planta de personal docente del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y percibir los emolumentos causados desde el 29 de octubre de 2015
en adelante, teniendo en cuenta su condición de docente amenazada y asilada en
el extranjero; y, ii) si prescribió el derecho a la reubicación laboral.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

La problemática del desplazamiento forzado y la necesidad que tienen las víctimas
de buscar refugio en otros lugares, dentro o fuera del país, ha sido objeto de
concienzudos análisis al interior del Consejo de Estado. Al respecto, resulta
relevante citar el siguiente pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil: 8

La grave situación actual del país en materia de orden público, trae funestas
consecuencias para la sociedad, entre las cuales vale la pena resaltar la constante y
reiterada vulneración del derecho de las personas a vivir en paz9 y a residir en el lugar
que a bien tengan10. Este problema genera a su turno uno de los fenómenos
contemporáneos más trágicos, cual es el éxodo de seres humanos - con secuelas

7 Artículo 328 del Código General del Proceso.
8 Concepto 1428 del 15 de agosto de 2002, Consejero Ponente Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
9 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” Artículo 22 constitucional.
10 “Sólo el legislador puede restringir ese derecho de las personas a permanecer o a circular y la restricción sólo puede

tener los objetivos allí señalados, es decir, que la ley restrictiva no puede alejarse de los parámetros fijados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta doble faz,
permanecer y circular, y la única posibilidad restrictiva: limitación establecida por la Ley, está también recogida en nuestra
Constitución Política.” Sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

tales como desintegración familiar, rompimiento de lazos sociales y culturales,
alteración de las relaciones de empleo, marginamiento y aumento de las condiciones
de pobreza, etc. – quienes ante tal flagelo, emigran en busca de la protección del bien
supremo de la vida, y sus colaterales como la integridad y la seguridad personal,
lesionados por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, patentes en
el conflicto armado interno que se padece 11 .

[…] aquél [el Estado] está obligado a neutralizar y mitigar los efectos de los procesos
y dinámicas de violencia, a través de medidas que garanticen a los empleados
públicos desplazados, medios necesarios para proveer sus propias formas de
subsistencia, a través de la reincorporación a la vida laboral y su retorno voluntario a
su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento. El Estado,
pues, está en el deber de asumir una posición activa hasta tanto se logre la
consolidación y estabilización socioeconómica del desplazado, bien sea en su lugar
de origen o en las zonas de reasentamiento.

En el caso concreto de los empleados públicos, víctimas de desplazamiento forzado
por razones de violencia12, de coacción injusta ejercida sobre ellos por los grupos
armados al margen de la ley y de los continuos enfrentamientos entre la Fuerza
Pública y éstos, hace necesario adoptar medidas para su protección, entre las cuales
se destaca el traslado o la reubicación, con suficiente justificación constitucional, si
se tiene en cuenta que es finalidad del Estado garantizar la efectividad de todos los
derechos de los coasociados, entre ellos, la vida, la igualdad – en tanto se garantiza
la misma protección y trato de las autoridades -, la paz, la libertad, los de libre
circulación y residencia, el derecho al trabajo y el de no ser molestado en su persona
o familia – arts. 11, 13, 22, 24, 25 y 28 de la C. P. -. […].

El anterior concepto refleja la profunda inquietud que se ha suscitado en nuestro
país por las lamentables dinámicas de desplazamiento humano, pues se trata de un
efecto de la violencia que deja en indefensión a sus víctimas, las obliga a abandonar
sus medios de subsistencia, proyectos de vida y causa hondas heridas en el tejido
social. Por su parte, los servidores públicos, entre ellos los docentes, no han sido
ajenos a dicha realidad.

11 En sentencia T- 098 de 2002 la Corte Constitucional sostuvo: “En la sentencia T-227 de 199711 se dibujó el desolador
panorama que presenta tal fenómeno: ‘Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer
grandes distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha ocurrido a
los colonos de la hacienda, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir
viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando,
como es lógico, por los funcionarios del Estado’. El desplazamiento masivo de por sí ubica a los afectados en una gravísima
e inusual situación de desprotección e indefensión. El Estado, por consiguiente, tiene la obligación de emplear
rápidamente las medidas efectivas para que sean una realidad los derechos constitucionales y los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado. El grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión
merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la
Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.”
12 “La negativa a recibir a los desplazados puede tener graves consecuencias para los derechos humanos” (Advertencia

hecha en 1994 por FRANCIS DENG, representante del Secretario General en las Naciones Unidas, al analizar el
desplazamiento interno en Colombia). Frase citada en sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

Frente a este panorama, el Decreto 1645 de 1992 estableció mecanismos para la
solución de la situación del personal docente bajo circunstancias de amenaza en
aras de preservar su integridad personal y el derecho al trabajo.

En tal sentido, se determinó que cada departamento tendría un Comité Especial
encargado de estudiar, evaluar y resolver los casos que se pusieran a su
consideración relacionados con dichos educadores. Además, el mencionado
organismo tendría como funciones principales las de agotar con celeridad los
trámites necesarios tendientes a la reubicación de los docentes amenazados;
conceptuar sobre la necesidad de su traslado; certificar la situación de amenaza y
su correspondiente reubicación; solicitar a las autoridades competentes la
protección del profesor; y diligenciar ante la autoridad nominadora la reubicación
inmediata.

En lo que respecta a la reubicación de los docentes amenazados se destacan los
artículos 6 y 7 del Decreto 1645 de 1992, modificatorios del Decreto 1706 de 1989,
cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 7. El artículo 17 del Decreto 1706 del 1° de agosto de 1989, quedara así:

Prioridades para nombramiento. La autoridad nominadora deberá agotar
rigurosamente el siguiente orden de preferencia para proveer los cargos docentes y
directivos docentes vacantes, así:
[…]

2. Nombramiento de personal docente, nacional o nacionalizado que se encuentre
bajo situación de amenaza, cuyo traslado haya sido recomendado por el Comité
especial creado por el presente Decreto.
[…]

Artículo 8. De la reubicación y el pago de sueldos y emolumentos. El docente a
quien se le haya declarado la calidad de amenazado, podrá ser reubicado
transitoriamente en un plantel o una dependencia oficial del sector educativo, mientras
se efectúa su nombramiento en propiedad.

El reconocimiento y pago de salarios y emolumentos a que tenga derecho el docente
a quien se le haya declarado la calidad de amenazado, seguirá a cargo del plantel en
donde se encuentre nombrado el educador, hasta tanto le sea resuelta su situación
en forma definitiva.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

Parágrafo. Dicho pago se efectuará con estricta sujeción a las normas
presupuestales que regulan la materia y no requerirá de otra formalidad ni requisito
distinto al de la certificación expedida por el rector del plantel o por el Jefe de la
dependencia oficial del sector educativo donde haya sido reubicado transitoriamente
el docente.

Posteriormente, el Decreto 3222 de 2003 reguló el traslado por razones de
seguridad de la siguiente forma:

Artículo 3. Traslados por razones de seguridad. Cuando surja una amenaza o un
desplazamiento forzoso, debido a una situación de orden público que atente contra
su vida o integridad personal, el docente o directivo docente podrá presentar solicitud
de traslado. A la solicitud, adjuntará los soportes o pruebas con la indicación de las
circunstancias en que fundamenta la petición, copia de la comunicación enviada a la
Procuraduría Regional y de la denuncia presentada ante la Fiscalía o, en su defecto
ante la autoridad judicial competente.

La autoridad nominadora de la entidad territorial certificada determinará la reubicación
transitoria o el traslado definitivo con base en el informe del Comité Especial de
Docentes Amenazados o Desplazados que creará cada entidad territorial con el fin
de conceptuar sobre la situación que afecta al docente, directivo docente amenazado
o desplazado, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud. Este comité estará conformado por el secretario de
educación o quien haga sus veces, quien lo presidirá, el procurador regional o su
delegado, el jefe de la oficina de personal o quien haga sus veces y un representante
del sindicato que agrupe el mayor número de docentes de la entidad territorial. En las
entidades territoriales que no cuenten con organizaciones sindicales, participará un
representante de los docentes seleccionado para este efecto en una reunión general
de los docentes. En ningún caso este comité decidirá sobre el sitio de reubicación del
solicitante o hará gestiones relacionadas con su traslado.

La autoridad nominadora, como primer recurso, evaluará la posibilidad de trasladar al
docente o directivo docente amenazado o desplazado, dentro de su jurisdicción.

Cuando por razones de seguridad, la autoridad nominadora considere necesario
trasladar al docente o directivo docente a otra entidad territorial, previo convenio
interadministrativo, gestionará el traslado preferiblemente a una entidad territorial de
tipología similar, donde será incorporado a la planta de la respectiva entidad
territorial.

Cuando no se logre un acuerdo para el traslado definitivo a otra entidad territorial, la
entidad territorial nominadora podrá reubicar transitoriamente hasta por un año al
docente o directivo docente amenazado o desplazado en otra entidad territorial, previo
convenio interadministrativo, en el cual deberá explicitarse que la entidad remisora
continuará cancelando el salario y las prestaciones sociales de los docentes que se
encuentren ubicados transitoriamente fuera de su jurisdicción por razones de
seguridad.

Al final del período convenido, las dos entidades evaluarán las circunstancias en que
se generó el convenio y su desarrollo para decidir sobre el posible traslado definitivo

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

a la entidad receptora, prórroga del convenio hasta por un año más, el regreso a la
entidad nominadora o su traslado a otra entidad territorial.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales que actualmente tienen docentes o directivos
docentes que, por razones de seguridad, están por fuera de la entidad en que están
nombrados, deberán adelantar todas las diligencias administrativas necesarias para
definir su situación, a más tardar el 31 de diciembre de 2003.
[…]

Luego, el Decreto 520 de 2010 derogó el Decreto 3222 de 2003 y atribuyó al
Ministerio de Educación el procedimiento para la protección de docentes y directivos
territoriales.

El artículo 5 ibidem reguló los traslados extraordinarios, que realizaría la autoridad
nominadora, mediante acto administrativo motivado, en cualquier época del año,
entre otras causales, por razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo
en los términos que reglamentara el Ministerio de Educación Nacional, lo cual se
cumplió con la Resolución 1240 de 2010, modificada por la Resolución 3900 de
2011.

El artículo 2 de la Resolución 1240 de 2010 retomó la existencia de un Comité
Especial para la atención de educadores amenazados, en aras de certificar su
nivel de riesgo y solicitar a la autoridad nominadora la adopción de las medidas
inmediatas y definitivas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal
del servidor.

Dentro de las acciones inmediatas, el artículo 5 ibidem estableció la de ubicar al
educador bajo la protección especial y pronta del Estado, preservando sus
derechos laborales y salariales, mientras se realizaban los estudios de seguridad.

De otro lado, la Resolución 1240 de 2010 previó que dependiendo el nivel del
riesgo se adoptarían diferentes decisiones. De este modo, ante un riesgo
ordinario el comité recomendaría al nominador el traslado del docente a otro
establecimiento educativo de las mismas características de aquel en que se

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00333-01 (3659-2021)
Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

encontraba ubicado dentro de la entidad territorial a la que venía prestando el
servicio, siempre y cuando se garantizara su debida seguridad.13

En caso de que se verifique un nivel extraordinario de riesgo procederá el
traslado dentro o fuera de la entidad territorial a la que pertenece.14

Frente a un nivel de riesgo extremo en que se concluya que el servidor debe salir
del país, el nominador deberá expedir un acto administrativo en el que autorice la
ausencia, «con el fin de sustentar administrativamente su ubicación en el
exterior».15

Igualmente, la Resolución 1240 de 2010 estableció lo siguiente en relación con
educadores que estaban viviendo en el extranjero:

Artículo 14. Situación de los educadores fuera del país. Aquellos educadores
que a la fecha de expedición de esta resolución, lleven más de tres años fuera del
país, deberán proceder a legalizar su situación con la entidad territorial certificada a
la cual están vinculados. Se deberá ubicar al docente o directivo docente en primera
instancia, dentro de la misma entidad territorial, para lo cual procederá a solicitar al
organismo competente se le realice la valoración de nivel de riesgos, del resultado
del mismo, el nominador procederá a ubicarlo o tramitar la ubicación en otra entidad
territorial certificada diferente con el fin de garantizar la vida e integridad personal
de los educadores.

El anterior procedimiento deberá realizarse de manera sistemática una vez se
cumpla el tiempo establecido en el presente artículo.

Las entidades territoriales certificadas tomarán las acciones administrativas
correspondientes en caso de que el docente o directivo docente no cumpla con la
disposición mencionada.

Finalmente, el Decreto 1782 de 2013, compilado por el Decreto 1075 de 2015,
reglamentó los traslados por razones de seguridad de los docentes oficiales que
tuvieran la condición de amenazados o desplazados. En lo que atañe al presente

13 Artículo 8 de la Resolución 1240 de 2010.
14 Artículo 9 de la Resolución 1240 de 2010.
15 Artículo 10 de la Resolución 1240 de 2010.

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Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

asunto, se destaca la siguiente reglamentación frente a los educadores domiciliados
en el extranjero:

Artículo 16. Situación de los educadores fuera del país. Para normalizar la situación
de los educadores que a la fecha de expedición de este decreto estén fuera del país,
en un plazo no superior a dos (2) meses a la entrada en vigencia del mismo, serán
notificados por las entidades territoriales nominadoras, tomando como dirección
oficial aquella que reposa en su hoja de vida, para lo cual debe seguirse el
procedimiento administrativo establecido por la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, sustituyan o deroguen.

Perfeccionada la notificación, el educador deberá manifestar por escrito, en un
término máximo de treinta (30) días, su voluntad de acogerse al procedimiento
establecido en el presente decreto para el traslado ya sea por su condición de
amenazado o de desplazado, solicitud que debe ser tramitada por la autoridad
nominadora, de conformidad con lo dispuesto para estos fines en el Título II de este
decreto, sin la exigencia del estudio de nivel de riesgo.

Parágrafo 1. En caso de que el educador acepte acogerse al procedimiento
establecido en el presente decreto, una vez este se perfeccione, la entidad territorial
certificada le notificará, en los términos de la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen, el acto administrativo que ordene su
reincorporación al cargo de educador. La entidad territorial certificada tomará las
acciones administrativas correspondientes en caso de que el educador no se
reincorpore, situación que deberá comunicarse a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Parágrafo 2. En el evento que el educador no acepte acogerse al procedimiento en
mención, tendrá un plazo de treinta (30) días contados a partir de que la entidad
territorial certificada reciba la comunicación, para legalizar su situación administrativa
ante la misma. Si el educador no legaliza su situación administrativa dentro del
término establecido en este parágrafo, la entidad territorial certificada deberá
adelantar las actuaciones administrativas necesarias para definir la situación
administrativa del educador, situación que deberá comunicarse a la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

Parágrafo 3. Si el educador no da respuesta dentro del término establecido en el
segundo inciso del presente artículo, la entidad territorial certificada deberá adelantar
las actuaciones administrativas necesarias para definir la situación administrativa del
educador, situación que deberá comunicarse a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

El anterior recuento normativo evidencia la preocupación del Estado Colombiano
por proteger la vida, integridad personal y el trabajo de los educadores amenazados.
Para ello se han establecido diferentes medidas tendientes a su reubicación,
traslado y pago de salarios en aras de que mantengan su vinculación y conjurar la

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Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

situación de riesgo en la que puedan encontrarse. Al respecto, la Corte
Constitucional ha sostenido lo siguiente:16

Así, para la Corte Constitucional es claro que, al margen de los riesgos usuales que
las personas deben soportar por el hecho de vivir en sociedad, existen otros riesgos
que exceden la normalidad de las cargas públicas y el principio de igualdad de trato
jurídico entre los administrados que requieren respuestas eficaces del Estado, pues
es evidente que algunas personas se ubican en situaciones generadoras de peligros
anormales o excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar. En este caso,
el Estado debe responder en forma eficiente e inmediata para otorgar condiciones
especiales de protección que hagan efectivos y eficaces los derechos protegidos por
la Constitución. […].

Especialmente, en relación con el riesgo anormal que corren los docentes públicos
que desempeñan sus funciones en zonas de conflicto interno, la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que, además de acciones dirigidas a
prevenir la amenaza y goce del derecho a la vida, es necesario que el Estado adopte
medidas de discriminación positiva para proteger los derechos al trabajo, mínimo vital
y seguridad social de los docentes que, si bien establecen un trato jurídico distinto
sólo para algunos de ellos, reconocen la necesidad de proteger de manera especial
los derechos de los “servidores públicos civiles [que], a diferencia de los miembros
de las fuerzas armadas, no tienen el deber de arriesgar su vida en ejercicio para el
cargo para el cual han sido nombrados…”17

4. De esta manera, el marco de protección de los derechos de los docentes a quienes
se ha demostrado la existencia de una amenaza cierta o real, individual, subjetiva,
especial y que origina un inminente peligro18, debe ir más allá de la protección efectiva
del derecho a la vida, pues involucra la defensa integral de los derechos al trabajo,
al mínimo vital, a la seguridad social y, en general, a la eficacia de todos los derechos
de la persona. De hecho, no tendría sentido proteger el derecho a la vida de un
docente sin que se facilite la integración al nuevo contexto social y sin que se
entreguen los medios adecuados para la subsistencia, puesto que, como lo ha
advertido esta Corporación, la protección del docente “se proyecta no sólo en la
adopción de un plan de acción destinado a proteger sus vidas, sino también de un
marco normativo que le permita al Estado contar con los mecanismos indispensables
para reubicar laboralmente y en forma ágil al personal docente que se encuentre bajo
situación de amenaza, permitiéndole ejercer su trabajo en condiciones de
seguridad”19

El anterior lineamiento jurisprudencial se basó en los Decretos 1645 de 1992 y 3222
de 2003 para concluir que el Estado como garante de los derechos y libertades de
sus asociados debe proteger a los docentes que se encuentran en una especial

16 Sentencia T-731 de 2007.
17 Sentencia T-733 de 1998
18 […].
19 Sentencia T-795 de 2003

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situación de riesgo, en aras de salvaguardar su vida, para lo cual se prevé el
desplazamiento hacia lugares más seguros, así como el amparo del derecho al
trabajo y al mínimo vital personal, con lo que también se resguarda su núcleo
familiar. En efecto, la citada normativa creó una serie de medidas tendientes al
pronto traslado del docente y a la continuidad en el pago de sus salarios.

Esta Sala destaca que la continuidad en la vinculación y en el pago de los
emolumentos fue previsto por el ordenamiento superior bajo una serie de
condiciones que han evolucionado con el tiempo, pero que, en síntesis, reconducen
a un procedimiento en el que el docente objeto de amenazas informa a su
nominador tal situación; luego esta denuncia se tramita ante un comité u organismo
encargado de certificar la condición de amenazado o el nivel del riesgo y,
finalmente, la entidad empleadora dispone la reubicación en otro establecimiento
educativo.

El anterior conducto regular se diseñó bajo la aplicación de unos plazos perentorios,
en términos de días o meses, con el fin de que al educador se le definiera en forma
expedita su situación laboral y se le prodigara la protección necesaria. De esta
manera, se logran dos objetivos relevantes, a saber: i) materializar los derechos al
trabajo, la vida en condiciones dignas y la integridad personal del docente; y ii)
viabilizar la continuidad en la prestación del servicio educativo y que los recursos
destinados a este rubro cumplan con su finalidad, pues en la medida en que se
resuelva pronto la situación laboral del docente se garantiza que los dineros
pagados corresponderán a la prestación efectiva del servicio.

Finalmente, es relevante anotar que la Resolución 1240 de 2010 y los Decretos 520
de 2010 y 1782 de 2013 evidencian la implementación de políticas públicas
encaminadas a regularizar o normalizar el estatus laboral y administrativo de los
docentes que viven en el exterior y que pueden encontrarse en situación de
amenaza o desplazamiento.

2.3. Hechos probados

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Demandante: Herlinda Lucila Hernández Matos

• El 7 de diciembre de 2001, mediante Certificación 0003, el Comité Especial de
Docentes y Administrativos Amenazados del Distrito de Barranquilla, en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto 1645 de 1992, concedió a
la demandante la calidad de docente amenazada y dispuso «[s]olicitar al nominador
diligencie ante el ente territorial que considere conveniente, la reubicación inmediata
de la docente HERLINDA LUCILA HERNÁNDEZ MATOS; identificada […], para seguridad
de su vida e integridad personal, debido a que no es posible su reubicación dentro
del mismo Ente Territorial».

Igualmente, se ordenó remitir copias de la certificación a la Secretaría de Educación
de Barranquilla, al Ministerio de Educación Nacional y «al expediente de la hoja de
vida de la docente» y «[s]olicitar a las autoridades competentes la protección de la
docente».20

• El 28 de enero de 2002, la coordinadora del Grupo de Protección de la Dirección
General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior hizo constar que la
actora estaba inscrita en el Programa de Protección que lideraba dicha cartera.21

• El 12 de abril de 2004, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió la
solicitud de asilo elevada por la demandante.22

• Entre el 9 de febrero y el 6 marzo de 2008,23 la accionante solicitó ante la
Secretaría de Educación Distrital una certificación laboral y explicó lo siguiente:24

[…] en mi condición de docente del Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, en la Normal Superior de Hacienda, adscrita en el programa de
protección que coordina el Ministerio del Interior de Colombia, a través de la Dirección
General Unidad para los Derechos Humanos, desde el mes de septiembre de 2001 y

20 Folios 25 a 26.
21 Folio 29.
22 Folio 84.
23 No es legible la fecha de recibido de la solicitud; sin embargo, el 9 de febrero de 2008, la actora autenticó la petición

ante la Notaría 5 de Barranquilla y la certificación se expidió el 6 de marzo siguiente, por ende el escrito debió radicarse
entre esas dos fechas.
24 Folio 94, cuaderno 2.

17

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hasta la fecha, adquiriendo el status de refugiada en los Estados Unidos de Norte
América, en razón de las graves amenazas de las cuales he sido víctima por parte de
grupos al margen de la ley en la ciudad de Barranquilla – Atlántico, y cuyo riesgo ha
sido ponderado por los organismos de seguridad del Estado de Colombia,
comedidamente solicito a ustedes se sirvan expedir mi hoja de servicio en esa
entidad.

• El 6 de marzo de 2008, la jefe de la Oficina de Gestión Administrativa de la
Secretaría de Educación de Barranquilla certificó que en la hoja de servicios de la
accionante consta la siguiente información: i) desde el 29 de abril de 1991 fue
vinculada como docente en propiedad en Básica Secundaria adscrita al mencionado
ente territorial; ii) por Resolución 1742 de 1998 fue ascendida al grado 10 del
Escalafón Nacional Docente; y iii) por Certificación 003 del 7 de diciembre de 2001
se le concedió la calidad de docente amenazada.25

• El 20 de agosto de 2009, por Resolución 02318, la Secretaría de Educación de
Barranquilla inició la actuación administrativa tendiente a aclarar la situación laboral
de la actora «con el fin de disponer su reubicación temporal o traslado a un cargo
docente o directivo docente vacante definitivamente existente dentro de esta u otra
entidad territorial de similar tipología; o en caso de existir méritos, ordenar el
descuento de sus sueldos o cualquier o cualquier otra forma de remuneración de
todo día justificado no trabajado; así como la posible declaratoria de abandono del
cargo». En el plenario no obra prueba de la notificación personal de este acto ni el
resultado de la gestión.26

• El 29 de octubre de 2018, la señora Hernández Matos le solicitó al distrito de
Barranquilla el reintegro a la planta de personal docente de dicho ente territorial, el
pago retroactivo de salarios y la pensión de jubilación.27

• El 12 de diciembre de 2018, por Oficio 16570, la Secretaría de Educación Distrital
de Barranquilla negó la anterior solicitud por considerar que la peticionaria no
adelantó el trámite establecido en el artículo 14 de la Resolución 1240 de 2010 que

25 Folio 45.
26 Folios 47 a 48.
27 Folios 30 a 31.

18

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radicó en cabeza de los educadores residentes en el exterior el deber de legalizar
su situación ante las respectivas entidades territoriales. Además, una vez revisados
los archivos de la dependencia, «se evidencia que no se encuentra vinculada a la
planta docente del Distrito y, por ende, en la nómina de pago desde el año 2005, y
con posterioridad a ello, no se observa que hubiere presentado reclamación
alguna».28

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

La entidad apelante solicitó revocar la sentencia de primera instancia por estimar
que la actora no cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución 1240 de
2010 para normalizar su situación laboral; además, prescribió el derecho a
vincularse como docente oficial.

Ahora bien, de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial citado en acápites
precedentes, la Sala observa que los docentes a quienes se les ha reconocido la
condición de amenazados son sujetos de especial protección y el Estado ha
dispuesto una serie de medidas tendientes a garantizarles sus derechos al trabajo,
la vida y la integridad personal.

Es pertinente resaltar que a la actora se le otorgó la calidad de docente amenazada
bajo el procedimiento establecido en el Decreto 1645 de 1992, por ende, una vez
se demostró que su vida corría peligro, la entidad nominadora debió encauzar de
forma inmediata todos sus esfuerzos en aras de lograr su reubicación en otra
institución educativa para salvaguardar sus derechos fundamentales y mantener la
vinculación laboral con el consecuente pago de sus salarios; sin embargo, el distrito
de Barranquilla no cumplió con dicha obligación.

28 Folios 32 a 34.

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Un estudio de la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional29 en casos
de docentes amenazados evidencia la necesidad de garantizar el pago de los
emolumentos mientras se logra su reubicación; no obstante, en la generalidad de
los casos los actores han acudido a la acción de tutela mientras se encuentra en
trámite dicho proceso, por lo que han logrado mantener la continuidad en el pago
de sus emolumentos y la normalización de su situación laboral.

Sin embargo, a la ahora accionante se le reconoció como docente amenazada el 7
de diciembre de 2001 y, según lo narra en los hechos de la demanda y se informa
en el acto demandado, recibió los salarios hasta el año 2005 aproximadamente.
Luego, en el año 2008 solicitó una certificación laboral en la que explicó que debido
a las amenazas de las que fue objeto debió emigrar a Estados Unidos en condición
de refugiada y en el año 2018 elevó una petición tendiente a que se le pagaran los
salarios dejados de percibir y se dispusiera su reintegro al servicio.

De acuerdo con el anterior recuento, el paso del tiempo podría generar inquietudes
frente a los derechos laborales de la señora Hernández Matos; sin embargo, la
omisión en el ejercicio de acción no puede analizarse al margen del contexto
histórico de violencia en la que se han visto involucrados diversos sectores de
nuestra población y las medidas que el legislador y el ejecutivo han implementado
paulatinamente para conjurar esa situación. En consecuencia, el análisis del caso
concreto debe hacerse bajo el faro orientador de la especial protección que el
Estado colombiano ha prodigado a los docentes amenazados.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando se demuestra una
situación de amenaza a un educador las autoridades estatales tienen el deber moral
e institucional de proteger sus derechos a la vida y al trabajo en condiciones dignas,
pues ello también es expresión del principio de solidaridad que impera en nuestra
nación.30 Por tal razón, es deber de la administración «decidir acerca de la

29 Sentencias T-733 de 1998, T-028 de 2000, T-258 de 2001, T-1026 de 2002, T-539 y T-976 de 2004, T-731 de 2007, T-704

de 2011, T-723 de 2017, T-095 de 2018 y T-386 de 2019.
30 Artículo 1 de la Constitución Política.

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procedencia del traslado, así como actuar con celeridad para que la amenaza al
derecho a la vida no siga perturbando la actividad del educador y para que los
compromisos laborales con la administración no sean obstáculo infranqueable en la
protección del derecho a la vida».31

Bajo este escenario, el Gobierno nacional ha establecido una serie de medidas
tendientes a salvaguardar a los docentes amenazados, por cuanto se trata de
servidores públicos civiles que «a diferencia de los miembros de las fuerzas
armadas, no tienen el deber de arriesgar su vida en ejercicio del cargo para el cual
han sido nombrados».32

Igualmente, esta corporación ha analizado con especial detenimiento y bajo criterios
diferenciadores la situación de los servidores públicos que han recibido amenazas
a su vida y por ello han debido ausentarse del país. Al respecto, se ha reconocido
la constante preocupación de la comunidad internacional frente al fenómeno
migratorio fundado en la necesidad de proteger la vida, integridad y libertad de las
personas, por lo que se ha entendido que quienes acuden a un país extranjero en
busca de ayuda lo hacen como una estrategia legítima ante la inacción del Estado
de origen. De esta manera, se les ha reconocido la condición de refugiados o
asilados en orden a brindarles la colaboración humanitaria que su estatus amerita.33

Inclusive, en algunas oportunidades la jurisprudencia ha aplicado la denominada
caducidad diferencial en aras de flexibilizar las normas procesales en atención a la
realidad de violencia y desplazamiento que viven algunos servidores oficiales. De
esta manera, se ha explicado que los jueces están llamados a estudiar con particular
atención tales situaciones, por cuanto se apartan de la generalidad de los casos en
que los ciudadanos pueden acudir a la jurisdicción sin barreras o riesgos para su
seguridad. Al respecto, se ha indicado lo siguiente:34

31 Sentencia T-539 de 2004. En igual sentido pueden consultarse las Sentencias T- 1026 de 2001, T- 377 y T-795 de 2003.
32 Corte Constitucional. Sentencia T-733 de 1998.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 14 de noviembre de 2018, radicado 05001-23-33-000-2015-

02134-01 (59436).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 13 de mayo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2019-

00450-01 (1205-2021).

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Bajo el anterior contexto, se exige de las autoridades la adopción de medidas que en
mayor proporción garanticen los derechos de las personas que por su condición
vulnerable, merecen elementos que les permitan la realización efectiva de estos. Tal
como lo ha sostenido la Sección Tercera de esta corporación, cualquier tipo de
desplazamiento forzoso […] presupone un abandono involuntario e intempestivo del
lugar de residencia y de la actividad económica a la cual se dedicaban los afectados,
por ende, implica un desarraigo cultural de quien se ve forzado a migrar a un punto
geográfico diferente […]35.

En los anteriores términos y bajo los supuestos fácticos de cada caso particular, el
juez debe analizar si se presentan o no, elementos o alegaciones que de manera
eventual permitan flexibilizar el término de caducidad para incoar el medio de control

Así las cosas, el ordenamiento superior y la jurisprudencia han establecido
parámetros diferenciales para analizar la situación de aquellas personas víctimas
de la violencia que deben reajustar sus proyectos de vida y afrontar situaciones de
riesgo que en muchas ocasiones les impiden acudir en igualdad de condiciones ante
la jurisdicción.

Ahora bien, la Resolución 1240 de 2010 dispuso que los educadores que a la fecha
de expedición de ese acto llevaran más de 3 años fuera del país, debían «legalizar
su situación con la entidad territorial certificada a la cual están vinculados». Con
base en esta disposición la entidad accionada concluyó que no era posible acceder
a las pretensiones de la demanda, puesto que la interesada no cumplió con el deber
que le asistía de acudir ante el ente empleador y aclarar su situación laboral; sin
embargo, la Sala no comparte este entendimiento, en la medida en que tal
obligación no contó con un desarrollo suficiente que permitiera identificar la forma
en que debía cumplirse tal mandato.

Inclusive, el Gobierno nacional se vio abocado a expedir el Decreto 1782 de 2013
que estableció con precisión las obligaciones en cabeza del Estado y de los
educadores con miras a normalizar su estatus laboral.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Providencia del 26 de julio de 2011, radicado 08001-23-31-000-2010-

00762-01 (41037).

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En este orden de ideas, se concluye que la aplicación de la regla establecida en la
Resolución 1240 de 2010 generaría una vulneración al debido proceso de la actora,
pues la forma en que estaba redactada la disposición le impedía conocer el
conducto regular para materializar sus derechos.

En tal sentido, se destaca que en casos en que se han visto involucrados los
intereses laborales de docentes amenazados, la Corte Constitucional ha reiterado
que estos servidores son sujetos de especial protección constitucional y que debe
garantizárseles el debido proceso, el cual se concreta en el respeto a las reglas
previamente definidas con consecuencias jurídicas claramente determinadas, pues
tales garantías representan un límite al ejercicio del poder de la administración
pública.36

Entonces, el debido proceso es un postulado de obligatoria observancia cuando se
encuentran involucrados docentes amenazados,37 por ende, todo trámite que deba
surtirse en torno a la normalización de su situación laboral o administrativa está
llamado a realizarse bajo la observancia de su derecho de contradicción, audiencia
y defensa.

En armonía con el anterior entendimiento, se evidencia que el Decreto 1782 de 2013
avanzó en la reglamentación frente al retorno de los educadores residentes en el
extranjero que antes regulaba la Resolución 1240 de 2010 y estableció un trámite
que permite identificar con mayor claridad las obligaciones a cargo de los
involucrados e inclusive se adelanta bajo el procedimiento administrativo regulado
en la primera parte del CPACA.

También es pertinente anotar que el Decreto 1782 de 2013 es relevante para
analizar el caso concreto, por cuanto reguló nuevamente la materia que pretendió
desarrollar la citada resolución y, por lo tanto, debe entenderse que operó una

36 Sentencia T-731 de 2007.
37 En cuanto al derecho al debido proceso de los docentes amenazados puede consultarse la sentencia del 15 de julio de

2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 08001-23-31-000-2011-01155-01
(0665-2016).

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derogatoria tácita. En consecuencia, el asunto debe resolverse a la luz de la nueva
normativa por ser aplicable a la controversia desde el punto de su vigencia en el
tiempo.

En efecto, el Decreto 1782 de 2013 se dirigió a los docentes que estuvieran fuera
del país para el 30 de agosto de 2013, sin establecer otra limitante temporal como
por ejemplo no haber estado desvinculado del servicio durante un determinado
lapso o cualquier otro condicionamiento que pudiera reducir el grupo de
beneficiarios de la medida, por ende, debe aplicarse en su sentido gramatical y
natural, conforme lo establecen los artículos 27 y 28 del Código Civil para la
interpretación de las normas.

De este modo, como la accionante en la demanda y en sede administrativa le
manifestó a la entidad que debió domiciliarse en Estados Unidos por lo menos
desde el año 2008, debe entenderse comprendida dentro de los destinatarios del
Decreto 1782 de 2013, por cuanto estaba fuera del país antes de su expedición y
este hecho no fue controvertido por la entidad demandada a lo cual se suma que
tenía la condición de docente amenazada y esta calidad no fue revocada con
posterioridad.

Ahora bien, el Decreto 1782 de 2013 únicamente previó que los docentes residentes
en el extranjero tendrían derecho a normalizar su situación laboral, entendida como
traslado, reubicación o reincorporación, según los términos utilizados en el artículo
16 ibidem; sin embargo, del tenor literal de dicha disposición no se extrae el pago
de salarios y prestaciones sociales. Inclusive, tales beneficios económicos tampoco
estaban consagrados en la Resolución 1240 de 2010.

De esta manera, la Sala revocará la decisión del a quo en cuanto dispuso el pago
de los emolumentos dejados de percibir por la actora desde el 29 de octubre de
2015 y en adelante, pues no existe una fuente normativa para dictar una orden
judicial en ese sentido.

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También es preciso resaltar que la negativa de disponer erogaciones económicas a
cargo de la entidad accionada también encuentra respaldo en dos antecedentes
jurisprudenciales, como se explica a continuación:

i) De la Corte Constitucional. En la Sentencia T-704 de 2011 se estudió el caso
de un docente que emigró del país y retornó 10 años después para solicitar el
reintegro y el pago retroactivo de sus acreencias laborales. En esa oportunidad,
se concluyó lo siguiente:

[…] a pesar de la difícil situación que en su momento afectó al actor, en este caso no
existe justificación que vuelva a hacer procedente la acción ordinaria y, menos la
acción de tutela como mecanismo transitorio o definitivo de protección de los
derechos. Lo cierto es que las vías establecidas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ya caducaron y que en la tutela no se encuentra ningún argumento que
justifique el por qué durante el término de diez años el actor se desentendió de su
situación laboral y de las obligaciones que podrían engendrarse en cabeza del Estado
en virtud de su condición de desplazado.

[…] La Sala considera que a pesar de los delicados antecedentes del caso, la
aprobación del asilo y su persistencia durante el término de 10 años no excusan la
inactividad del actor sino que, al contrario, dejan ver que no obstante haber adquirido
cierta tranquilidad, él optó por desatender las decisiones que fueron tomadas cuando
fue intimidado por la delincuencia. En estas condiciones se hace improcedente que a
través del amparo constitucional se definan cuestiones como la nulidad del acto
administrativo y el posible derecho del actor a recibir todos los salarios y prestaciones
dejados de percibir […].

[…] Para el caso del señor Torres Murillo, tal y como se detalló en el argumento
jurídico número 4 de esta providencia, la normatividad aplicable y que le daba la
posibilidad de escoger entre varias alternativas diferentes a la renuncia, estaba
incluida en el Decreto 1645 de 1992. Con la utilización de tal estatuto, el ex docente
habría podido tramitar una reinstalación, un traslado, una reubicación o el estudio de
un esquema de protección38, figuras que a juicio de la Sala habrían podido dar una
solución frente a los hechos registrados en 1999 y 2000, y que, en todo caso, no eran
inaccesibles o incompatibles frente a su situación.

Sin embargo, para la Sala es importante destacar que la improcedencia del amparo
no conlleva a que se descarten los actos de apoyo que se propongan a favor del ex
docente. […] De igual manera, no se puede pasar por alto que al momento de
responder el derecho de petición, la entidad territorial le ofreció al actor una vacante
en su área de conocimiento para que fuera ocupada en provisionalidad 39.
Infortunadamente el tutelante no se refirió a ella. Sin embargo, para la Sala esta
opción es absolutamente viable en orden a que el señor Torres Murillo reinicie su

38 Ibíd, artículo 4º.
39 Folio 76.

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proyecto de vida. Por esta razón animará a las Secretarías de Educación Distrital y
Departamental para que evalúen la posibilidad de aplicar un esquema de beneficios
a favor del ex docente en los términos señalados en el argumento jurídico número 4
de esta providencia y le presenten los cargos docentes que se encuentren vacantes
y que se ajustan a su hoja de vida, de manera que éste pueda escoger un trabajo en
el que no exista riesgo para su integridad.

El anterior lineamiento respalda la tesis que adopta esta Sala para el resolver el
caso concreto en el sentido de ordenar la reubicación de la demandante, pero sin
derecho a pago de salarios retroactivos, pues ante el hecho de que el servicio no
se prestó y que durante un largo lapso la actora no solicitó su reubicación, debe
acudirse a una solución que permita entender su condición de docente
amenazada, pero sin vulnerar injustificadamente el patrimonio del Estado ni
afectar los dineros destinados a la educación de la población colombiana, por
cuanto se trata de un servicio público de trascendental importancia, cuyos
recursos deben ser administrados bajo los principios de transparencia, moralidad,
eficiencia y universalidad.

Es relevante resaltar que para la fecha en que se profirió la Sentencia T-704 de
2011 no se había expedido el Decreto 1782 de 2013 por lo que este no pudo
utilizarse como fundamento normativo, a diferencia de lo que ocurre en el sub
lite, en el que sus mandatos resultan relevantes y de obligatoria observancia para
resolver el asunto sometido a consideración de la Sala.

ii) Del Consejo de Estado. Mediante Sentencia del 15 de julio de 2021 esta
corporación anuló un acto que declaró el abandono del cargo de un auxiliar de
biblioteca que recibió amenazas que lo condujeron a buscar asilo en otro país.
En dicha oportunidad se explicó que la administración vulneró su derecho de
audiencia y defensa, pues no se le permitió participar dentro de la actuación
administrativa en la que se declaró la vacancia definitiva del empleo; sin embargo,
no ordenó el reintegro ni el pago de salarios por las siguientes razones:40

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de julio de 2021, radicado: 08001-23-31-000-2011-

01155-01 (0665-2016).

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Así pues, el actor asumió las consecuencias de su dejación de funciones. Se reprocha
que el accionante debió solucionar su vinculación laboral con la universidad, pero
pretender aceptar que el riesgo le impidió hacerlo durante más de diez años, es un
supuesto que no es compartido por esta instancia judicial.

De tal manera que, en el presente caso, es improcedente el restablecimiento del
derecho pedido en la demanda, ya que la administración de justicia no puede pasar
por alto la actitud omisiva y negligente del actor de cara a la regularización de su
situación laboral.

El anterior antecedente es relevante para negar el pago retroactivo de salarios y
prestaciones a favor de la señora Hernández Matos, debido a que el paso del
tiempo es un aspecto que impide tal reconocimiento; sin embargo, la sentencia
en comento no impide la posibilidad de reubicar a la actora, pues en dicha
oportunidad no se estudió la situación de los docentes amenazados ni mucho
menos la de quienes buscaron asilo en otro país, pues el caso concreto no
correspondía a tales supuestos fácticos. De ahí que en la providencia transcrita
tampoco se analizó la aplicabilidad del Decreto 1782 de 2013, a diferencia de lo
que ocurre en el sub lite.

Bajo las anteriores consideraciones, se revocará parcialmente la sentencia apelada
en cuanto ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales de manera retroactiva
y se confirmará la orden tendiente a la reubicación laboral de la demandante.

De otro lado, la Sala observa que la situación de los docentes amenazados ha tenido
un desarrollo a lo largo de la historia y parte de la reglamentación ha sido promovida
por la jurisprudencia que al analizar los casos concretos ha advertido una omisión
por parte del ejecutivo para regular integralmente la materia.41

En esta oportunidad resulta necesario exhortar a la administración con el propósito
de ahondar en lineamientos en torno al proceso de reubicación de los docentes que
residen en el exterior, pues se trata personas que retornan al país luego de estar
apartadas de su empleo durante un largo tiempo y, por ende, resulta indispensable
garantizar que su ingreso laboral no afecte la adecuada prestación del servicio

41 Corte Constitucional, Sentencia T-795 de 2003.

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educativo. Teniendo en cuenta tal situación, también se dispondrá un
acompañamiento por parte de la autoridad nominadora durante el trámite de
reubicación de la demandante.

Así las cosas, se exhortará al Gobierno nacional para que dicte lineamientos
tendientes a que el cumplimiento del artículo 16 del Decreto 1782 de 2013,
compilado por el Decreto 1075 de 2015, se haga bajo postulados que garanticen la
correcta prestación del servicio público educativo. En similar sentido, se exhortará
a la Secretaría de Educación de Barranquilla para que acompañe diligentemente el
proceso de reubicación de la señora Herlinda Lucila Hernández Matos.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201642, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

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costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de
segunda instancia a la demandante, por cuanto el recurso de apelación interpuesto
por el distrito de Barranquilla prosperó de manera parcial y las partes se abstuvieron
de intervenir ante esta corporación.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada
parcialmente en cuanto ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales de
manera retroactiva a favor de la actora y se confirmará lo concerniente a su
reubicación laboral. Igualmente, se adicionará el proveído recurrido en el sentido de
realizar los exhortos al ejecutivo en los términos indicados en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el numeral 3.2. de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
13 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó
«[p]agar a favor de la señora Herlinda Hernández los salarios y las prestaciones
sociales que dejó de recibir desde el 29 de octubre de 2015 a la fecha, conforme al
escalafón 10 en la [sic] que se encuentra como docente oficial». En su lugar, se
dispone:

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Negar el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados por la accionante,
de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Confirmar en lo demás la providencia recurrida, proferida dentro del
proceso promovido por la señora Herlinda Lucila Hernández Matos contra el distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Tercero. Adicionar los siguientes numerales a la sentencia apelada:

7. Exhortar al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República y los
ministros de Educación y del Interior, para dictar lineamientos tendientes a que el
cumplimiento del artículo 16 del Decreto 1782 de 2013, compilado por el Decreto 1075
de 2015, se haga bajo postulados que garanticen la correcta prestación del servicio
público educativo.

8. Exhortar a la Secretaría de Educación del distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla para que acompañe diligentemente el proceso de
reubicación de la señora Herlinda Lucila Hernández Matos con el objetivo de
garantizar la correcta prestación del servicio público educativo.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

30

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