Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04278-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04278-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04278-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de septiembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04278 00
Accionante: Herlinda Lucila Hernández Matos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04278 00
Accionante: HERLINDA LUCILA HERNÁNDEZ MATOS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la parte
actora alega falta de motivación de la sentencia atacada y
no ha agotado el recurso extraordinario de revisión.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Herlinda Lucila
Hernández Matos contra la sentencia proferida el 19 de enero de 20231
por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 08001 23 33 000 2019 00333 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Herlinda Lucila Hernández Matos promovió acción de tutela en
contra de la precitada sentencia, con el fin de que se amparen sus
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Notificada el 22 de febrero de 2023. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04278 00.
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Accionante: Herlinda Lucila Hernández Matos
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y
derecho al trabajo, y para ello formuló las siguientes pretensiones 2:
“[…] ante el PERJUICIO IRREMEDIABLE que se cierne en este caso,
me permito solicitar se decrete la nulidad de la sentencia proferida
la Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda
Subsección A, del Consejo de Estado proferida en enero 19 de 2023,
por ser este acto violatorio de la Constitución Nacional en los eventos
ya argumentados y se ordene proferir una sentencia en consonancia
con una correcta valoración de los elementos de prueba allegados y
en la que aflore la majestad de la justica y el imperio de la Ley que
es lo que solicito.
Como petición subsidiaria, se solicita respetuosamente ordenar a la
accionada pagar las prestaciones sociales, más específicamente lo
relacionado a CESANTÍAS Y APORTES A LA SALUD Y PENSIÓN,
desde el año 2005, teniendo en cuenta el carácter imprescriptible de
las mismas, aunado a ello, nunca se me ha dejado de reconocer el
carácter de vinculada, ni en sentencias ni mediante actos
administrativos de desvinculación y no es posible alegar por otra
parte, un detrimento o un aprovechamiento pecuniario por parte de
la suscrita […]”. [Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que por medio del Decreto nro. 00007 del 19 de
abril de 1991 expedido por la alcaldía distrital de Barranquilla fue
nombrada en propiedad como docente y que por Resolución nro. 1742 del
6 de noviembre de 1998 ascendida al grado 10 del escalafón nacional
docente.
Señaló que mediante la Resolución nro. 0003 del 7 de diciembre de 2001,
un comité especial de docentes le concedió la calidad de docente
amenazada, se solicitó su reubicación y se remitió copia de dicha decisión
a la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, a la secretaría
general del Ministerio de Educación Nacional y a su hoja de vida. Agregó
que la mencionada secretaría de educación no cumplió con la obligación
de reubicarla, ni con el deber de salvaguardar su vida.
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Manifestó que el 28 de febrero de 2008, puso en conocimiento de la
Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que desde septiembre
de 2001 estaba adscrita al programa de protección del Ministerio del
Interior en el estatus de refugiada en Estados Unidos, y solicitó copia de
su hoja de vida.
Aseveró que, por medio de la Resolución nro. 02318 del 20 de agosto de
2009, la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla inició una
actuación administrativa para determinar su situación laboral, pero nunca
se finalizó.
Indicó que en el año 2012 emigró a los Estados Unidos en calidad de
asilada, esperando que se le ordenara su reubicación laboral.
Anotó que en el año 2018 solicitó la reubicación como docente y el pago
de los salarios causados desde junio de 2005 por considerar que estaba
en servicio activo; sin embargo, por oficio nro. 16570 del 12 de diciembre
de 2018, la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla negó su
solicitud debido a que en los archivos de esa entidad se evidenciaba que
no se encontraba vinculada a la planta docente del distrito, ni en la
nómina de pago desde el 2005.
La accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, Secretaría de Educación Distrital,
con el fin de que se declarara la nulidad del precitado oficio nro. 16570
del 12 de diciembre de 2018.
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que en sentencia del 13 de
noviembre de 2020 ordenó a la demandada que reincorporara a la señora
Herlinda Lucila Hernández Matos al cargo de docente grado 10 y se le
pagaran los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el
29 de octubre de 2015.
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En contra de la precitada decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 19 de enero de 2023, revocó la decisión del pago de los
salarios y prestaciones dejadas de percibir y confirmó la orden de
reincorporación.
La parte actora señaló que, al revisar la providencia cuestionada pudo
determinar que los argumentos en que se fundamentó dicha decisión son
los siguientes: (i) que “(…) el Decreto 1782 de 2013 únicamente previó
que los docentes residentes en el exterior tendrían derecho a normalizar
su situación laboral entendida como traslado, reubicación o
reincorporación, según los términos utilizados en articulo 16 Ibídem, sin
embargo, del tenor literal de dicha disposición no se extrae el pago de
salarios y prestaciones sociales (…)”3, (ii) la referencia de la sentencia T-
704 de 2011 de la Corte Constitucional, que revisó el caso de un docente
que emigró y 19 años después pretendía reclamar sus salarios y
prestaciones a través de la acción de tutela y (iii) que el reconocimiento
del pago solicitado por la hoy accionante vulneraría injustificadamente el
patrimonio del Estado.
Aseveró que la sentencia proferida por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.
En cuanto al defecto fáctico, alegó que “(…) la sentencia de segunda
instancia careció del sustento probatorio necesario en el sentido que lo
hizo, pues la interpretación que hace de las normas es subjetiva, deduce
lo que no está descrito en ellas pero negativamente (…)”.
Seguidamente, afirmó “(…) el error en el juicio valorativo que hicieron de
las normas citadas y analizadas y controvertidas por (sic) misma decisión
de ese alto tribunal fueron apreciación (sic) subjetivas desterradas de
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nuestro ordenamiento jurídico y el ejemplo que trajeron a colación está
fuera de contexto, pero que incidieron en la decisión adoptada (…)”.
Concluyó que “(…) aquí simplemente no hubo ninguna justificación fáctica
o jurídica, sino que lo dijeron y punto. Se estructuró entonces un defecto
fáctico al carecer la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de sustento o apoyo
probatorio. // Incluso, esa falta de valoración profunda que debió hacer y
sustentar debidamente, solo lo hizo en escasa (sic) seis líneas en un
pequeño párrafo (…)”.
Luego de exponer lo anterior, indicó que “(…) igualmente puede constituir
otra causal especial denominada DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN (…)”.
Frente al defecto de violación directa de la Constitución, señaló que “(…)
las situaciones de hecho y de derechos aquí dilucidadas y que constituyen
vías de hechos y a la vez conforman o se constituyen en causales
especiales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales por la
aplicación de una valoración contra legem y por ende se encuentra al
margen de la Constitución (…)”.
Argumentó que la providencia cuestionada “(…) es contraria a derecho,
resulta confusa, ordena el reintegro, pero no tiene en cuenta el
reconocimiento mínimo de las prestaciones sociales (…)”.
Agregó que tiene 61 años de edad y que pertenece a un grupo de especial
protección constitucional por ser de la tercera edad.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 9 de agosto de 2023 4 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 14 de
agosto de 20235 la admitió y dispuso notificar 6 a los magistrados que
integran la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado como
parte accionada, así como vincular 7 al Tribunal Administrativo del
Atlántico y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico y/o a la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que allegaran copia
digital o el hipervínculo del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2019 00333
00/01.
3.2. El magistrado titular del despacho 002 del Tribunal Administrativo
del Atlántico presentó escrito vía mensaje de datos8, en el que solicitó se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Sala de
Decisión Oral, Sección B de dicha Corporación, comoquiera que la acción
de tutela solo está dirigida contra la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, o que, en su defecto, se niegue la solicitud de amparo
en lo que atañe al mencionado tribunal.
3.3. El consejero ponente del fallo de segunda instancia cuestionado rindió
informe vía correo electrónico 9 en el que solicitó se denieguen las
pretensiones de la acción de tutela. Explicó que la providencia
4
Ibidem.
5
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04278 00.
6
Esta orden se cumplió el 17 de agosto de 2023. Visto en el índice 7, 8 y 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
04278 00.
7
Ibídem.
8
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04278 00.
9
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04278 00.
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controvertida se fundamentó en las pruebas arrimadas al plenario y en la
normatividad aplicable.
Adujo que la accionante pretende una nueva evaluación en sede
constitucional de los argumentos que fueron estudiados en la segunda
instancia en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho, pese a que la decisión contó con un amplio despliegue
argumentativo frente a la condición de los docentes desplazados y
asilados, así como un análisis riguroso de los elementos probatorios, con
base en las reglas de la experiencia y la sana crítica.
3.4. El apoderado de la Secretaría de Educación distrital de Barranquilla
radicó escrito vía mensaje de datos 10 en el que manifestó que, su
poderdante no tiene titularidad en el interés del litigio y no ha realizado
ninguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 30 de agosto de
2023 11.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199112 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
10
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04278 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04278 00.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
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“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
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abril de 2021 14, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 2019 15 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud que formuló el magistrado titular del despacho
002 del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Sala de Decisión Oral,
Sección B de dicho tribunal para comparecer a este proceso, se advierte
que la petición no es procedente, comoquiera que fue vinculada por tener
interés en el resultado del proceso, atendiendo a que la sentencia de
primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que es objeto de esta acción fue proferida por dicha Corporación.
4.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente 16:
4.3.1. La señora Herlinda Lucila Hernández Matos, actuando por conducto
de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio nro. 16570
del 12 de diciembre de 2018, que le negó la reincorporación a la planta
de personal docente del Distrito de Barranquilla.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordenara a la
demandada que reincorporara a la hoy accionante a la planta de personal
14
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por la accionante y del expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00333 00/01 consultado en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial.
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docente del precitado distrito y le pagara los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde de junio de 2005.
4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Dedición Oral, Sección B, que en sentencia del 13 de
noviembre de 2020 dispuso:
“(…) 1. Declarar probada de forma parcial la excepción de
prescripción formulada por el Distrito de Barranquilla, frente a los
salarios y prestaciones sociales que se causaron a favor de la
demandante entre julio de 2005 y el 28 de octubre de 2015, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar la nulidad del oficio nro. 16570 de 12 de diciembre de
2018, por medio del cual el Distrito de Barranquilla le negó la
reincorporación a la demandante en el cargo que desempeñaba, los
salarios y prestaciones que dejó de recibir, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla lo siguiente:
3.1. Reincorporar a la señora Herlinda Hernández Matos en el cargo
de docente en escalafón 10 en alguna de las instituciones educativas
de la jurisdicción del Distrito de Barranquilla.
3.2. Pagar a favor de la señora Herlinda Hernández Matos los
salarios y las prestaciones sociales que dejó de recibir desde el 29
de octubre de 2015 a la fecha, conforme al escalafón 10 en la que
se encuentra como docente oficial (…)”. (Resaltado de la
providencia).
4.3.3. En contra de la precitada decisión, la parte demandada interpuso
recurso de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia del 19 de enero de 202317 resolvió:
“(…) Primero. Revocar el numeral 3.2. de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que ordenó «[p]agar a favor de la
señora Herlinda Hernández los salarios y las prestaciones sociales
que dejó de recibir desde el 29 de octubre de 2015 a la fecha,
conforme al escalafón 10 en la [sic] que se encuentra como docente
oficial». En su lugar, se dispone:
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Accionante: Herlinda Lucila Hernández Matos
Negar el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados
por la accionante, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Segundo. Confirmar en lo demás la providencia recurrida, proferida
dentro del proceso promovido por la señora Herlinda Lucila
Hernández Matos contra el distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
Tercero. Adicionar los siguientes numerales a la sentencia
apelada:
7. Exhortar al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la
República y los ministros de Educación y del Interior, para dictar
lineamientos tendientes a que el cumplimiento del artículo 16 del
Decreto 1782 de 2013, compilado por el Decreto 1075 de 2015, se
haga bajo postulados que garanticen la correcta prestación del
servicio público educativo.
8. Exhortar a la Secretaría de Educación del distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla para que acompañe
diligentemente el proceso de reubicación de la señora Herlinda Lucila
Hernández Matos con el objetivo de garantizar la correcta prestación
del servicio público educativo (…)”. (Negrillas de la providencia).
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
En el asunto bajo examen, la Sala considera que en este evento no está
cumplido el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con las
razones que pasan a explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
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judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable 18.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable19.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial 20: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial, ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico. (Se destaca).
En el asunto bajo examen, la parte actora ataca la sentencia proferida el
19 de enero de 2023 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
18
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
19
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
20
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Accionante: Herlinda Lucila Hernández Matos
de Estado porque considera que incurrió en defecto fáctico, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.
Al efecto, del escrito de tutela se desprende que la parte actora sustenta
el defecto fáctico en que la providencia atacada resolvió el asunto sin
“ninguna justificación fáctica o jurídica, sino que lo dijeron y punto”, y
que la valoración que debió sustentarse solo se hizo en escasas seis líneas
de “un pequeño párrafo”. Además, indicó que los argumentos que
fundamentan la configuración del defecto fáctico pueden igualmente
constituir la causal de decisión sin motivación. Por último, se precisa que
frente al defecto de violación directa de la Constitución, señaló que las
razones expuestas en la petición de amparo evidencian que la sentencia
atacada “se encuentra al margen de la Constitución”.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en que se formuló, comoquiera que, la
parte accionante aduce que la providencia atacada adolece de motivación
tanto fáctica como jurídica, por lo que, es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la
sentencia.
Al respecto, esta Corporación 21 ha señalado que la nulidad originada en
la sentencia como causal para la procedencia del recurso extraordinario
de revisión se configura, entre otros eventos, cuando se pretermite una
instancia, y ello acontece en tres escenarios: a. se emite sentencia sin
motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus, y c. se
profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso.
Es de anotar, que en relación con la causal de decisión sin motivación, la
Sección Quinta de esta Corporación ha declarado improcedente la acción
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04278 00
Accionante: Herlinda Lucila Hernández Matos
de tutela cuando la parte actora alega que la providencia controvertida
incurrió en el defecto de falta de motivación. Al respecto, la citada Sección
en el fallo de tutela del 12 de agosto de 2021 22 explicó que la acción de
tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo
bien sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en
la sentencia que da lugar a la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.
A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia del 12 de diciembre de 2022 23 señaló que la causal de nulidad
originada en la sentencia se ha extendido a la violación del debido proceso
en los términos del artículo 29 de la Constitución Política y, dentro de ese
marco, la jurisprudencia se ha ocupado de identificar variados vicios que
darían lugar a su configuración 24, tales como: (i) haberse dictado con
sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que
no fue vinculada al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv)
dictar un fallo inhibitorio injustificado y, (v) faltar al principio de
congruencia, entre otros.
En ese sentido, la parte actora tiene a su alcance el recurso extraordinario
de revisión para controvertir la sentencia que aquí ataca porque lo
alegado en sede de tutela encuadra dentro de la causal de nulidad
originada en la sentencia, ya que su inconformidad radica en que la
providencia censurada carece de motivación.
Cabe agregar, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
defensa judicial idóneo para ventilar el reproche de la parte accionante,
comoquiera que encuadra en la causal de nulidad originada en la
22
Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
23
Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
24 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente
11001-03-15-000-2020-02925-01.
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sentencia; así lo explicó en la Sentencia SU – 263 del 7 de mayo de 2015 25
al precisar que la idoneidad del recurso debe valorarse teniendo en cuenta
el derecho fundamental que se considera vulnerado y las causales de
revisión previstas en el ordenamiento legal.
Corolario de lo expuesto, la solicitud de amparo deviene improcedente por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad, debido a que no está
acreditado que se haya hecho uso del mecanismo previsto en la ley para
ello, como es el recurso extraordinario de revisión, en aras de controvertir
la decisión que se ataca por vía de tutela, y tampoco acredita la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que permita descender en su examen.
Por último, en relación con el argumento de la accionante consistente en
que por tener 61 años se trata de una persona de la tercera edad, se le
recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
una persona de la tercera edad es aquella que ha superado la expectativa
de vida certificada por el Dane26. Al efecto ha indicado que, “(…) la
esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en Colombia
(sin distinguir entre hombres y mujeres) se encuentra estimada en los 76
años. Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo
cuando supere esa edad, o aquella que certifique el Dane para cada
período específico” 27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
25
M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2019.
27
Ibidem.
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Accionante: Herlinda Lucila Hernández Matos
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
magistrado titular del despacho 002 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, atendiendo lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Herlinda Lucila Hernández Matos, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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