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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-31-000-2012-00274-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2012-00274-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2012-00274-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual fue declarada la nulidad del acto administrativo cuestionado. SEGUNDO: TENER al doctor EFRAÍN JOSÉ MUNERA SÁNCHEZ como apoderado del Municipio de Puerto Colombia (Atlántico), de conformidad con el poder visible a folio 14 del cuaderno del recurso. TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Número único de radicación: 080012331000 2012 00274 01 Actor: Conjunto Residencial Villa Campestre Apartamentos CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2012-00274-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 080012331000 2012 00274 01
Referencia: Acción de Nulidad
Actor: Conjunto Residencial Villa Campestre Apartamentos

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. EL RECURSO DE
APELACIÓN CARECE DE SUSTENTO ARGUMENTATIVO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, parte demandada, contra la

sentencia de 30 de septiembre de 2014, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1, mediante la cual se

accedieron a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA CAMPESTRE

APARTAMENTOS, actuando por conducto de apoderado, interpuso

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 080012331000 2012 00274 01
Actor: Conjunto Residencial Villa Campestre Apartamentos

demanda en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo

84 del Código Contencioso Administrativo -CCA2, contra el

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, con la finalidad de discutir la

legalidad del siguiente acto administrativo:

 Acuerdo núm. 011 de 28 de noviembre 2011, expedido por el

Concejo Municipal de Puerto Colombia, “por medio del cual se

modifica y cambia el uso del suelo en unos sectores

determinados en el municipio de Puerto Colombia y se dictan

otras disposiciones”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalaron los

siguientes:

Aseguró que el MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA cuenta con el

Plan de Ordenamiento Territorial -POT3, establecido en el Decreto

núm. 010 de 25 de mayo de 2008.

Expuso que, a través del acto acusado, el Concejo municipal del ente

territorial referido efectuó una serie de modificaciones sobre el uso

de suelos sin seguir el procedimiento previsto en la legislación para

2
En adelante CCA.
3
En adelante POT.

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3

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tal efecto.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Como disposiciones desconocidas el actor invocó los artículos 29 de

la Constitución Política, 24 y 28 de la Ley 388 de 18 de julio de 19974;

y 7° del Decreto núm. 4002 de 30 de noviembre de 20045.

Para tal efecto, explicó que el acto administrativo cuestionado no está

sustentado en parámetros e indicadores de seguimientos, ni en un

estudio de conveniencia e impacto, conforme lo exige el numeral 4

del artículo 28 de la Ley 388.

Adujo que conforme al artículo 7° del Decreto 4002 de 2004, las

revisiones o modificaciones del POT deben someterse a los mismos

trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en los

artículos 24 y 25 de la Ley 388, sin que estos requisitos hayan sido

cumplidos para la expedición del acto cuestionado.

Agregó que, previo a su aprobación, el acto administrativo acusado

no fue puesto a consideración de la autoridad ambiental, del Consejo

4
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

5
“Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997”.

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4

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Territorial de Planeación, de los gremios económicos y profesionales,

ni sometido a las convocatorias públicas de discusión, que debían

haberse surtido de conformidad con la normativa aplicable.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, a través de

apoderado, se opuso a la prosperidad de la demanda, para lo cual

propuso las siguientes excepciones:

I.4.1.1 “Inexistencia de causa para demandar”

Argumentó que para la expedición del acto acusado se adelantó todo

el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico para tal efecto;

que fueron efectuadas las consultas del caso; se notificaron a las

entidades competentes y se surtieron los trámites respectivos ante

el concejo municipal.

I.4.1.2. “Improcedencia de la acción”

Sostuvo que en la medida en que el acto administrativo cuestionado

fue expedido conforme con las normas aplicables, la acción de la

referencia no está llamada a prosperar.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2014,

declaró la nulidad del acto administrativo demandado.

Luego de hacer una relación y análisis de cada una de las pruebas

obrantes en el plenario, expuso que no había duda de que el acto

administrativo constituyó una modificación al POT del ente territorial.

Explicó que, conforme con los artículos 24 y 25 de la Ley 388, la

modificación del POT del ente territorial debía someterse a

consideración del consejo de gobierno, de la autoridad ambiental, de

la junta metropolitana y a un procedimiento de publicidad y difusión

que garantizara su conocimiento masivo.

Aseguró que el Secretario General del Área Metropolitana había

remitido un oficio al proceso, en el que de forma expresa manifestó

el desconocimiento del proyecto del acto administrativo cuestionado,

sin que al proceso hubiese sido allegada prueba alguna tendiente a

demostrar lo contrario.

Expuso que, respecto a la concertación y aprobación del proyecto de

modificación del POT por parte de la autoridad ambiental, la
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Corporación Autónoma Regional del Atlántico también informó que

desconocía que el ente territorial hubiese efectuado trámite alguno.

Arguyó que tampoco existe prueba sobre la realización de un cabildo

o una consulta popular, que demostrara la socialización de la

modificación del POT con la ciudadanía.

Agregó que en la medida en que dicha modificación fue efectuada de

forma extraordinaria, solo procedía por razones de excepcional

interés público, bien fuera por declaratoria de desastre o calamidad

pública o como resultado de estudios técnicos sobre amenazas,

riesgos y vulnerabilidad, conforme con el artículo 5° del Decreto 4002

de 2004.

Precisó que el acto administrativo no estuvo motivado en ninguna de

las circunstancias enumeradas en el artículo 5° de la referida norma,

ni soportado en un estudio técnico que justificara la necesidad de la

modificación o revisión del POT.

Advirtió que en razón a que el procedimiento para la expedición del

acto administrativo cuestionado carecía de todas las formalidades

señaladas, era procedente declarar su nulidad.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, el municipio

demandado recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual señaló que el “[…] Tribunal del Atlántico no valora en su

conjunto las pruebas del expediente y acoge los argumentos de la

parte demandante sin ser equilibrado en las posiciones de la parte

demandada […]”.

Por lo anterior, sostuvo que ratificaba su “[…] posición con respecto

a las pretensiones de la demanda por carecer de sustento fáctico y

probatorio […]”.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El municipio demandado manifestó que ratificaba los argumentos

plasmados en la contestación de la demanda. No obstante, solicitó

que se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde la

admisión de la demanda, en razón a que el Concejo Municipal de

Puerto Colombia no fue notificado del presente asunto, autoridad que

expidió el acto administrativo demandado.

El actor no presentó alegatos de conclusión y el Agente del Ministerio

Público no rindió concepto alguno.
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V. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El municipio demandado, en el escrito contentivo de los alegatos de

conclusión, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado desde el

auto admisorio de la demanda porque, a su juicio, debió notificarse

al concejo municipal que expidió el acuerdo enjuiciado.

Al respecto, la Sala advierte que la representación legal de los

concejos municipales se encuentra a cargo del alcalde como jefe de

la administración local y representante del ente territorial, de

conformidad con lo previsto en el artículo 314 de la Constitución

Política, posición jurídica sobre la cual hay consenso jurisprudencial6.

En ese orden de ideas, el MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA es

el llamado a comparecer al proceso, a través de su alcalde, pues si

bien los concejos municipales son entidades corporativas de la

administración, elegidas popularmente, carecen de personería

jurídica y, por tanto, de capacidad para comparecer a un proceso

6
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 18 de octubre de 2019, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. 13001-23-31-000-2008-00384-01.

Consejo de Estado, Sala Plana de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de abril de 2015, CP
María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-00986-01.
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judicial como el de la referencia.

Por lo anterior, la proposición de nulidad elevada por el referido

municipio no tiene vocación de prosperar, en razón a que quien debe

responder en el presente proceso fue notificado en debida forma de

la admisión de la demanda.

Acto administrativo acusado

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad del Acuerdo

núm. 011 de 2011, por medio del cual el Concejo Municipal de Puerto

Colombia modificó el uso del suelo en algunos sectores del municipio.

El referido acto administrativo dispone:

“[…] ACUERDO No. 0011 DE 28 NOVIEMBRE DE 2011

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL USO DEL SUELO EN
UNOS SECTORES DETERMINADOS EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo Municipal de Puerto Colombia en uso de sus
facultades constitucionales y legales, especialmente en el
artículo 313 de la constitución política, ley 136 /94 y ley 388/97.

[…]
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el componente normativo
del actual PBOT adoptado mediante Acuerdo No. 010 de 25 de
mayo de 2008 y Decreto Reglamentario No. 0283/08, respecto
de las zonas ubicadas en el Corredor Universitario y sabanilla -
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Montecarmelo y Salgar; cuyo uso del suelo se modifique y
clasifica, así:
CORREDOR UNIVERSITARIO: Los predios ubicados en el
Subsector III del sector Normativo 2 (Centro Especializado en
Ciencias y Tecnología) sobre el costado Norte del corredor
Universitario hasta 150 metros del eje del Corredor
Universitario, desde el lindero Oeste del Club Campestre hasta
el costado Este del Boulevard Ciudad del Mar, serán incluidos en
el Subsector II del Sector Normativo 2 (Centro Especializado en
Ciencias y Tecnología). Los predios con áreas mayores a 5.000
m2 antes del presente Acuerdo, podrán proponer altura de
excepción de hasta el doble de la permitida en el respectivo
predio sin que la altura resultante sobrepase los veinte (20)
pisos.

Para lotes que se encuentran ubicados en la Urbanización Ciudad
del Mar; se permitirá una densidad que no sea superior a 220
unidades de vivienda por hectárea en lotes no inferiores a
15.000 mts2.

PRADOMAR CAMPESTRE: Los predios ubicados en el sector
delimitado por los siguientes linderos:

Iniciando en el punto A de coordenadas (E 907.432, N
1.709.715), el lado Este de la Antigua vía a Puerto Colombia, el
lado Norte del Corredor Universitario, el lado Oeste de la Vía
Caratal, hasta el punto B de coordenadas (E 907.476, N
1.710.848) cerrando el sector en el punto A de coordenadas (E
907.432, N 1.709.715), que se encuentran en Zona Rural del
Municipio serán incluidos en Zona Urbana Municipal y se le
denominará Sector Normativo No. 10 Pradomar Campestre y se
regirá por la ficha anexa.

SABANILLA COUNTRY: El sector ubicado en el costado Este de
la Calle 6 0 Vía que conduce del Corregimiento de Salgar a Punta
Roca, entre la Carrera 20 y Carrera 25 del corregimiento de
Sabanilla — Montecarmelo y limitado por la vía de acceso que
conduce de la Calle 6 a los parqueaderos del Country Club y que
se encuentra en Zona Rural del municipio se incorporará en la
Zona Urbana Municipal y se regirá por la Ficha Reglamentaria
del Sector Normativo No. 8 Sector Urbano de Sabanilla.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de las modificaciones del uso
del suelo establecidas en el artículo precedente autorícese a la
Secretaría de Desarrollo Territorial del Municipio de Puerto
Colombia, a realizar los ajustes cartográficos correspondientes y
remitirá el documento al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

ARTICULO SEGUNDO: La Administración Municipal deberá
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tener presente la modificación en el futuro proceso de revisión y
ajuste del actual PBOT que se adelante.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con las normas
pertinentes le corresponde a la Administración Pública Municipal
y demás organismos competentes como objeto, ejercer las
funciones de evaluación, control, operación y seguimiento
ambiental de los usos del suelo y el vertimiento, emisión
incorporación de los residuos sólidos a las aguas, al aire o a los
suelos en desarrollo del Plan de Gestión Integral de residuos
sólidos y los programas correspondientes. Estas funciones
comprenden la expedición de las medidas administrativas
necesarias mediante Convenio y/o de contratación; así como
establecer medidas de policía y determinar las sanciones
previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir la reparación de los daños causados.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su
sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias […]”

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si con base en los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la

sentencia de 30 de septiembre de 2014, mediante la cual el Tribunal

declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado.

Como fundamentos de la apelación el municipio sostuvo que el a quo

no valoró en conjunto las pruebas obrantes en el plenario, por lo cual

reiteraba la posición de defensa planteada en la contestación de la

demanda.

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Al respecto, la Sala resalta que a partir de la interpretación del

parágrafo 1° del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil 7 y

212 del CCA, esta Corporación de forma reiterada ha sostenido que

quien interpone un recurso de apelación contra una sentencia debe

sustentar los reparos concretos de su inconformidad contra la

providencia recurrida.

La carga argumentativa que exige el ejercicio de un recurso de

apelación no se suple con señalar de forma genérica que el juez de

primera instancia no valoró en conjunto las pruebas obrantes en el

plenario y menos con una remisión expresa a los argumentos

planteados en los escritos introductorios, sino que es necesario que

el interesado exprese de forma concreta las razones de su

inconformidad con la providencia recurrida, dado que es a partir de

ello que será fijado el ámbito de competencia del juez de segunda

instancia.

En efecto, si el recurrente estimaba que no fueron valoradas las

pruebas obrantes en el expediente, debía por lo menos identificar en

concreto a cuáles elementos de juicio se refiere, partiendo de los

7
Aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA. “En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”

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argumentos por los cuales el a quo desestimó su posición en la litis.

Sobre este tópico, esta Corporación ha señalado8:

“[…] No se trata de plantear globalmente el incumplimiento de
los deberes de análisis probatorio que recaen sobre el juez, sino
igualmente determinar la manera cómo éstos son desatendidos
en el sub–examine y los medios probatorios sobre los que
posiblemente incide el yerro, pues sin ellos el sentenciador de
segunda instancia carece del derrotero argumentativo que
deberá guiar su labor.

Así las cosas, la Sala encuentra que incumple la autoridad
demandada con la carga de precisar los reparos de índole
probatorio en que, presuntamente, incurrió el Tribunal
Administrativo del Magdalena, pues su argumentación se
circunscribe a esbozar generalidades en la materia, que no
permiten revocar la sentencia proferida por el a quo.

De otro lado, esta Judicatura encuentra que la carencia de
identidad jurídica de este cuestionamiento para revocar la
sentencia de 5 de febrero de 2014, puede igualmente
sustentarse en el carácter rogado que distingue a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, que impone a quien recurre la
carga argumentativa de presentar las razones particulares de
desavenencia respecto del fallo impugnado, condicionamiento
que no puede ser entendido como una exigencia que conlleve
exceso ritual manifiesto, pues se trata del deber de las partes de
colaborar con la correcta Administración de Justicia.

Así las cosas, si la autoridad recurrente aduce una indebida
valoración del material probatorio allegado al plenario, debió
identificar, a lo menos, los medios de convicción de naturaleza
documental sobre los que recayó el presunto actuar incorrecto,
habida cuenta de la carga que le compete en esta materia.

Por lo anterior, la Sala despachará negativamente este
cuestionamiento […].

Ahora bien, la remisión expresa que hace la entidad accionada para

que su impugnación se estudie bajo los argumentos que presentó en

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de junio de
2018, CP Lucy Jeannette Bermúdez, número único de radicación 47001-23-31-000-2004-00487-01.

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la contestación de la demanda tampoco tiene vocación de prosperar,

por cuanto esto no suple la carga argumentativa requerida como

fundamento del recurso de apelación.

Sobre este aspecto, en sentencia de 3 de julio de 20149, esta Sala

señaló lo siguiente:

“[...] 7.1.1.- Estudiados los argumentos que contiene el recurso
de apelación, se advierte que éstos no se encuentran dirigidos a
controvertir el fallo de primera instancia sino a reiterar los
argumentos expuestos en la demanda, lo que conduce
indefectiblemente a confirmar la decisión del Tribunal, toda vez
que la alzada no tiene la suficiencia argumentativa que permita
vislumbrar algún yerro en el que haya incurrido el a quo.

7.1.2.- En efecto, la sociedad apelante dedicó sus esfuerzos en
reiterar uno por uno los cargos, hechos y decires expuestos en
el líbelo introductorio del proceso. Fue en la oportunidad para
alegar de conclusión que se refirió en concreto en los posibles
errores argumentativos e interpretativos en que pudo incurrir el
Tribunal al expedir el fallo impugnado. No obstante, conforme se
pasará a explicar enseguida, no era esa la fase del proceso
idónea para controvertir la decisión de primera instancia.

7.1.3.- Según se desprende del artículo 350 del C. P. C. al que
se acude por remisión expresa del artículo 267 del C. C. A., el
recurso de apelación tiene por objeto “que el superior estudie la
cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque
o reforme”. Por otra parte, el artículo 212 del C. C. A. modificado
por el artículo 67 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, impone
a quien haga uso del recurso que sustente el mismo, esto es,
que exponga las razones de su inconformidad con la decisión de
primera instancia.

7.1.4.- Bajo los parámetros normativos aludidos, resulta fácil
concluir que el recurso de apelación se encuentra establecido
para que el afectado con una decisión judicial le formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la

9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo., Sección Primera, sentencia de 3 de julio
2014, CP Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000-23-24-000-2004-00228-01.

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parte que lo interponga dirija su sustentación a esos aspectos
[…]”.

Dicha posición fue reiterada, en sentencia de 30 de junio de 201610,
así:

“[…] Para el caso sub judice, luego de confrontar los argumentos
expresados por el apoderado de la sociedad demandante, la
Sala observa que los argumentos contenidos en el recurso de
apelación, son exactamente los mismos argumentos esgrimidos
en el texto de la demanda sin diferencia alguna salvo en el orden
en que fueron relacionados por el apoderado de la demandante,
pero en todo caso lo cierto es que no formuló ningún reproche,
cuestionamiento, reparo o inconformidad respecto de los
argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia,
con fundamento en los cuales se adoptaron las decisiones
cuestionadas.

Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra que se
está ante el mismo supuesto fáctico del fallo que se está
reiterando del pasado 16 de junio, en el que se dijo lo siguiente:

[…]

En efecto, comparados minuciosamente cada uno de los
párrafos del escrito de apelación, se verificó que corresponden
de forma idéntica a los del escrito de la demanda, por tanto
quedó acreditado que el apoderado de la demandante no
expresó manifestación de inconformidad alguna respecto de las
razones por las cuales, el a quo declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, menos
aún controvirtió o manifestó su oposición por la decisión de la
primera instancia de inhibirse de pronunciar sobre la violación
de varias disposiciones legales invocadas como vulneradas, al
advertir que carecían de fundamentación respecto del concepto
de la violación [...]”.

De igual forma, en sentencia de 20 de enero de 202011, esta Sala

10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo., Sección Primera, sentencia de 3 de julio
2014, CP María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-00171-01.

11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo., Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2020 , CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 25000-23-25-000-2012-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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sostuvo lo siguiente:

“[…] En aplicación a lo anterior, en el sub lite la Sala encuentra
que el recurso de apelación objeto de este pronunciamiento se
encuentra desprovisto de una real sustentación, pues la parte
actora no aduce argumento alguno dirigido a atacar la decisión
de instancia que dispuso negar las pretensiones de la demanda,
en el entendido consistente en que “la demanda adolece de
serios reparos de carácter técnico, como quiera que su
sustentación resulta impertinente, habida cuenta la absoluta
desconexión del principio citado como violado y el hecho que
sustenta la infracción”.

En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el superior
analice la decisión adoptada en la sentencia objeto de alzada,
resulta imperioso que el recurrente exponga las razones por las
cuales no comparte las consideraciones que se tuvieron en
cuenta en dicho momento.

Así pues, no cabe duda que el memorial contentivo de la
impugnación carece de las razones y argumentos por los cuales
se considera que la decisión del Tribunal de instancia es
equivocada y que se debe declarar la nulidad de los actos
acusados, incumpliendo de esta forma la carga procesal que en
este escenario le corresponde como apelante […]”.

En ese orden de ideas, es claro que el recurso de apelación

interpuesto por la demandada carece de argumentos y reparos

concretos contra la sentencia proferida en primera instancia, por lo

que conforme con la posición jurisprudencial a la que se ha hecho

alusión, la decisión recurrida será confirmada.

La Sala advierte que no impondrá condena en costas a la parte

vencida conforme con el artículo 171 del CCA, atendiendo al interés

90514-01.

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Número único de radicación: 080012331000 2012 00274 01
Actor: Conjunto Residencial Villa Campestre Apartamentos

público del que trata la acción de nulidad.

Por último, se reconocerá personería al doctor EFRAÍN JOSÉ

MUNERA SÁNCHEZ como apoderado del Municipio de Puerto

Colombia (Atlántico), de conformidad con el poder visible a folio 14

del cuaderno del recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la

cual fue declarada la nulidad del acto administrativo cuestionado.

SEGUNDO: TENER al doctor EFRAÍN JOSÉ MUNERA SÁNCHEZ

como apoderado del Municipio de Puerto Colombia (Atlántico), de

conformidad con el poder visible a folio 14 del cuaderno del recurso.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

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CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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