Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-31-000-2004-00487-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Recurso de apelación: finalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-31-000-2004-00487-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-31-000-2004-00487-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
7 de junio de 2018
RECURSO DE APELACIÓN – Finalidad
[C]orresponderá a quien emplea el recurso de apelación en contra de sentencias, la manifestación concreta de los motivos de inconformidad que formula en contra de la providencia, a través de los cuales se fijará el ámbito competencial del juez de segunda instancia, quien “no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”. Se tiene que la labor del Ad quem consistirá en vincular los argumentos propuestos en la alzada –luego de que se trata de un apelante único– con las consideraciones que llevaron al fallador de primera instancia a tomar la decisión que se cuestiona por su intermedio, por lo que resulta pertinente que el recurrente reproche los argumentos axiales que sustentan la providencia objetada. […] [L]a apelación deberá controvertir la “viga de amarre” del edificio argumentativo expuesto por el juez a quo, luego de que solo una de las partes apela la decisión judicial, como garantía del debido proceso a favor del sujeto procesal que se abstiene –sin importar el motivo que lo justifique– de utilizar la alzada, como instrumento de impugnación.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 14 de junio de 2012, Radicación 25000-23-27-000-2008-00073-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y Corte Constitucional, Radicación C - 1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
RECURSO DE APELACIÓN – Se deben precisar los reparos a la sentencia de primera instancia / RECURSO DE APELACIÓN – Se deben identificar los medios de convicción de naturaleza documental sobre el presunto actuar incorrecto
[L]a Sala anticipa que el cargo no dispone de vocación de prosperidad, pues como se anticipó en el apartado 3.1 de este proveído, el recurso de apelación exige que el sujeto procesal que hace uso de este instrumento impugnatorio establezca, de manera detallada, los cargos que formula en contra de la sentencia recurrida. […] Así las cosas, la Sala encuentra que incumple la autoridad demandada con la carga de precisar los reparos de índole probatorio en que, presuntamente, incurrió el Tribunal Administrativo del Magdalena, pues su argumentación se circunscribe a esbozar generalidades en la materia, que no permiten revocar la sentencia proferida por el a quo. De otro lado, esta Judicatura encuentra que la carencia de identidad jurídica de este cuestionamiento para revocar la sentencia de 5 de febrero de 2014, puede igualmente sustentarse en el carácter rogado que distingue a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que impone a quien recurre la carga argumentativa de presentar las razones particulares de desavenencia respecto del fallo impugnado, condicionamiento que no puede ser entendido como una exigencia que conlleve exceso ritual manifiesto, pues se trata del deber de las partes de colaborar con la correcta Administración de Justicia. Así las cosas, si la autoridad recurrente aduce una indebida valoración del material probatorio allegado al plenario, debió identificar, a lo menos, los medios de convicción de naturaleza documental sobre los que recayó el presunto actuar incorrecto, habida cuenta de la carga que le compete en esta materia.
RECURSO DE APELACIÓN – Carga procesal de atacar los argumentos axiales censurados en la sentencia de primera instancia / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Está restringida a los argumentos expuestos en el recurso / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Límites
[L]a DIAN omite controvertir la presunta revocatoria directa del registro de importación en la que habría incurrido con la anulación de los actos de levante, argumento central de la decisión del a quo. En efecto, correspondía a la recurrente exponer las razones por las cuales el concepto de revocatoria directa prohijado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en su fallo de 5 de febrero de 2014, desconocía las particularidades normativas y fácticas del presente asunto, pues no de otra forma esta Judicatura podría evaluar las consideraciones que lo sustentan. Un actuar contrario supondría emprender un análisis oficioso que desborda la competencia del fallador de segunda instancia –se recuerda en este punto que su competencia está restringida a los argumentos expuestos en el recurso de apelación – en detrimento de las garantías procesales que ofrece el ordenamiento en beneficio de quienes participan en los trámites judiciales, y especialmente de la parte actora en el asunto de autos. De esta manera, la argumentación desplegada por la DIAN prescinde de hacer referencia al argumento central invocado por el a quo para acceder a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que más allá de su corrección o incorreción, no fueron objeto de censura en la impugnación presentada por la DIAN, por cuanto, se itera, las consideraciones de la alzada se circunscriben a justificar la imposición de la multa por la alteración del registro presentado por la demandante, pero no la revocatoria directa en la que, posiblemente, habría recaído, sin tener competencia para ello. Por otra parte, a igual conclusión puede llegarse en lo que respecta a las consideraciones traídas a colación en el escrito impugnatorio relativas a la naturaleza objetiva de la responsabilidad aduanera y a la comprobación de la infracción administrativa endilgada a la compañía demandante, puesto que, a la luz del derrotero argumentativo planteado en el fallo censurado –el actuar de la DIAN conllevó la revocatoria directa del registro de importación, sin que estuviera habilitada para ello– éstos no disponen de entidad jurídica alguna para modificar la decisión allí adoptada, por cuanto estas consideraciones no fueron objeto de desarrollo por parte del Tribunal para acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 95 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL– ARTÍCULO 352 PARÁGRAFO PRIMERO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 322 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 328 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 503
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 47001-23-31-000-2004-00487-01
Actor: REMANUFACTURADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA LTDA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia
La Sala procede a resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la demandada contra la sentencia de 5 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las súplicas de la demanda.
I.ANTECEDENTES
1. Demanda
La compañía REMANUFACTURADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA LTDA. –en adelante RESAMCOL– formuló, por conducto de apoderado judicial, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 000002 de 24 de septiembre de 2003, “por la cual se impone una sanción por operación de contrabando” y 000020 de 23 de diciembre de la misma anualidad, “por medio de la cual se resuelve recurso de reconsideración”.
1.1. Al respecto, formuló las siguientes pretensiones:
“1. "Es nula la resolución No. 000002 del 24 de septiembre de 2003, expedida por el Jefe de la División de Liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, Local Santa Marta, en virtud de la cual se resolvió: "Imponer la sanción de $1.099.120.076, multa por infracción administrativa aduanera, establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999 a RESAMCOL LTDA, identificado con NIT. No. 819.004.003-1 de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia…” (Artículo 1°), y se adoptaron las consecuentes decisiones dirigidas a hacer efectiva el pago de dicha multa (artículos 28 a 7°).
2. Es nula la resolución No. 000020 de 23 de diciembre de 2003, proferida por el Jefe de la División de Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, Local Santa Marta, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución 000002 del 24 de septiembre de 2003, y se decidió confirmar ésta en todas sus partes.
3. A título de restablecimiento del derecho lesionado, exonerase a la Sociedad REMANUFACTORADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA LIMITADA, RESAMCOL LTDA de toda responsabilidad, por las infracciones que le fueron imputadas y sancionadas con fundamento en los actos administrativos antes mencionados y, por consiguiente, del pago de la multa correspondiente.
4. Condenase a la demandada, la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “DIAN”, a reintegrar a la Sociedad demandante, el valor correspondiente causado con motivo del pago de la caución que ha de prestar, si fuere el caso, como condición para instaurar la acción y adelantar el respectivo proceso.
5. Las sumas a que sea condenada la demandada serán actualizadas en su valor y devengarán intereses moratorios de conformidad con los artículos 177 y 178 del C.C.A.”
1.2. Hechos
En apoyo de sus pretensiones, el representante judicial de la demandante señaló, en síntesis, los siguientes:
1.2.1. RESAMCOL tiene como objeto social principal la construcción, fabricación, reconstrucción, remanufacturación y ensamblaje de equipos y maquinaria para diferentes usos.
1.2.2. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad demandante tramitó ante la Dirección Seccional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –en adelante MINCOMEX– autorización para la importación de motores y partes de vehículos nuevas y remanufacturadas desde la Zona Franca Industrial de Santa Marta, como consta en el registro de importación 3469 de esa misma anualidad.
1.2.3. Por medio de requerimiento ordinario 6300042-2482 de 23 de septiembre de 2002, la DIAN ordenó a RESAMCOL poner a su disposición las mercancías enlistadas en ese acto administrativo, importadas desde la Zona Franca Industrial de Santa Marta, cuyo ingreso al territorio aduanero nacional había sido amparado con el registro de importación 3469 de 2001.
Ello, por cuanto, de conformidad con el artículo 21 de la Resolución 01 de 1995, la importación de mercancías imperfectas, usadas o saldos, pertenecen al régimen de licencia previa y no al régimen de libre importación.
1.2.4. El incumplimiento del requerimiento ordinario –la no entrega de las mercancías para su aprehensión– conllevaba la imposición de sanción equivalente al 200 % del valor de la mercancía en aduana, al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
1.2.5. El 17 de noviembre de 2002, RESAMCOL formuló escrito en el que justificó la legalidad de las importaciones efectuadas, pues no se trataba de mercaderías usadas –para las cuales se requería licencia previa– sino de bienes remanufacturados en zona franca.
1.2.6. El 9 de diciembre de 2002, el Jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Administración Local de la DIAN en Santa Marta recibió comunicación, por medio de la cual se le allegaron los expedientes IA 2002-0216 e IA 2002-0132, por presunta falsedad en el registro de importación 3469 y violación a las normas nacionales y supranacionales en materia de comercio exterior, respectivamente.
1.2.7. A través de requerimiento ordinario 6300042-210 de 17 de febrero de 2003, la autoridad demandada exigió la entrega de las mercancías descritas en el listado de declaraciones plasmado en su cuerpo, con base en que el registro de importación con el cual se ordenó el levante fue falsificado “al haberse adicionado con la frase “REMANUFACTURADAS” en el año 20 ilegible (sic), y alterado al haber sido quitado el sello de mercancía nueva.”
1.2.8. El 28 de febrero de 2003, la accionante dio respuesta a este último requerimiento, con el que envío los originales del registro de importación bajo la custodia de esa sociedad comercial, en los que podía determinarse que en parte alguna había borrado o tachado el sello de “mercancía nueva”.
“Por consiguiente, como la copia del MINCOMEX es la única que aparece con el sello de MERCANCÍA NUEVA, la conclusión lógica es que dicho sello fue colocado en las oficinas de dicha entidad, por funcionarios que seguramente perseguían cubrir algún presunto error o ineficiencia administrativa.”
Igualmente, negó haber incluido en el registro de importación la frase “remanufacturado en el año 2001”.
1.2.9. Por medio de requerimiento especial 00016 de 2 de abril de 2003, la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la División de Investigaciones Especiales propuso imponer sanción en contra de la demandante ante la imposibilidad de aprehender la mercancía solicitada, por cuanto las irregularidades del registro de importación 3469 suponían la invalidación del levante obtenido, quedando sin valor las declaraciones de importación amparadas con el mismo.
En ese sentido, manifestó que en el requerimiento referido, la autoridad demandada había señalado “es claro el cambio de la destinación de la autorización dada por el MINISTERIO (…) y contenida en el registro de importación Nº. 3469 de septiembre 10 de 2001, que pasa de ser un autorización para importar mercancía nueva a una aprobación de ingreso de mercancía remanufacturada en el año 2001.”
1.2.10. Por medio de memorial de 14 de mayo de 2003, la actora se opuso al requerimiento especial, toda vez que, entre otros motivos, “…los cambios que se afirma tiene el registro de importación No 3469 ocurrieron al interior del MINCOMEX ya que solo los funcionarios de esta entidad tenían acceso a esos documentos y poseían los elementos para enumerar y poner sellos”.
Asimismo, informó que en la actualidad se adelantaba un proceso penal en contra de la señora Delia Amparo Muñoz, por la imposición del sello “Mercancía Nueva” en el registro de importación otorgado al accionante.
1.2.11. El jefe de la División de Liquidación de la Administración de Aduanas de Santa Marta impuso, mediante Resolución 000002 de 24 de septiembre de 2003, sanción pecuniaria por operación de contrabando en contra de la demandante en un monto equivalente a $1.099.120.076.
1.2.12. La decisión sancionatoria fue íntegramente confirmada, a través de Resolución 000020 de 23 de diciembre de 2003.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora afirmó que los actos administrativos acusados desconocían los artículos 115 de la Constitución Política; 69, 73, 74, 84 del Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–; 76, 79 y 82 del Decreto Ley 444 de 1967; 14, numerales 7º y 12, de la Ley 7ª de 1991; 2º, 4º, 5º, 13, 18 del Decreto 2553 de 1999; 21, 23 de la Resolución 01 de 1995; y 476 al 521 del Decreto 2685 de 1999.
En ese sentido, la demandante explicó:
1.3.1. Los actos censurados se fundaron en normas que desconocen preceptos superiores
Las decisiones administrativas sancionatorias incurren en infracción de las normas en que debían fundarse, por cuanto omiten dar aplicación a las prescripciones normativas contenidas en la Resolución 01 de 2 de enero de 1995, dando preponderancia a circulares y memorandos expedidos por autoridades de comercio exterior que desconocen ese acto y otro tipo de prescripciones de superior jerarquía.
Ello, bajo el siguiente derrotero argumentativo:
Los artículos 21 y 23 de la Resolución 01 de 1995, expedida por el Consejo Superior de Comercio Exterior, consagran los bienes, cuya importación se encuentra sujeta a la obtención de una licencia previa ante el MINCOMEX.
Dentro de las mercaderías que exigen esta formalidad, figuran, entre otras, “los bienes usados, imperfectos, saldos, desperdicios o sobrantes.”De esta forma, las disposiciones normativas en comento excluyen los bienes reconstruidos y remanufacturados.
A pesar de lo anterior, las Circulares Externas 036 de 1º de marzo de 2000 y 077 de 25 de septiembre de 2002, extienden la exigencia de la licencia previa a las mercancías reconstruidas y remanufacturadas, con lo que se desconoce el cuerpo normativo de la Resolución 01 de 1995.
Igualmente, las citadas circulares quebrantan el artículo 5º, numeral 13 del Decreto 2553 de 1999, a las voces del cual, el establecimiento de requisitos, procedimientos y condiciones en los trámites de importación corresponde “…al Ministerio de Comercio Exterior y el Ministro del Ramo correspondiente” y no en cabeza del Director General de Comercio Exterior.
Por otra parte, a través de los memorandos SRC–776 de 12 de diciembre de 2001 y SRC–494 de 20 de mayo de 2002, expedidos por la Subdirectora de Registro de Comercio Exterior, se informó a los funcionarios encargados del control aduanero que las importaciones de motores y partes de vehículos remanufacturados en zonas francas, no pertenecían al régimen de libre comercio, pues se encuentran sometidos a la obtención de licencia previa, a la luz del Convenio Automotor suscrito por el Estado colombiano con Ecuador y Venezuela.
Lo anterior, en sentir de la actora, no resultaba posible, por cuanto la dirección de las relaciones internacionales y, por consiguiente, la imposición de las medidas para el cumplimiento de los Acuerdos Internacionales, hacen parte del ámbito competencial del Presidente de la República.
Por lo anterior, la demandante sostuvo que los actos administrativos, por medio de los cuales se le impuso sanción, quebrantaron los preceptos normativos superiores, pues dieron aplicación a circulares y memorandos que adolecen de nulidad, por lo que debió aplicar la excepción de ilegalidad respecto de éstos, contenida en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887.
1.3.2. La DIAN revocó el acto administrativo contenido en el registro de importación otorgado por el MINCOMEX
El desconocimiento del registro de importación 3469 de 2001 por parte de la DIAN, fue en la práctica una revocatoria directa del acto administrativo contenido en él, que supuso negar cualquier tipo de validez a los actos de levante concedidos a las mercancías requeridas por la DIAN.
Este actuar administrativo conllevó la vulneración de los artículos 69, 73 y 74 del CCA, ya que la revocatoria directa del acto sólo puede ser utilizada por la autoridad administrativa que lo expidió o su superior jerárquico.
En el presente asunto, la DIAN no fue el ente administrativo que dictó el registro de importación, ni mucho menos se trata del superior jerárquico del MINCOMEX, cartera ministerial que no ha revocado el registro de importación cuestionado.
Por otro lado, el registro de importación concede un derecho subjetivo a la parte actora, por lo que se requería de su consentimiento previo y expreso para su revocatoria. No obstante, ello no sucedió.
Finalmente, la parte demandante concluyó: “En efecto, si el levante de la mercancía tenía como fundamento el registro o los registros de importación autorizados por MINCOMEX, que son actos administrativos que se presumen válidos, mal podía la DIAN desconocer la validez del acto o actos administrativos de levante de la mercancía, cuando aquellos se encontraban vigentes y amparados por dicha presunción.”
1.3.3. Indebida aplicación del numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999
El numeral 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero establece que procede la aprehensión y decomiso de las mercancías, luego de que éstas no se encuentran amparadas por declaración de importación alguna.
En el sub judice, las mercaderías requeridas por parte de la autoridad demandada disponían de declaración de importación válida, por lo que el decreto de la aprehensión y el decomiso no resultaban ser pertinentes y, por contera, la sanción pecuniaria impuesta es ilegal, pues solo puede ser dictada cuando las medidas para la definición jurídica de los bienes se presentan como oportunas.
1.3.4. Desconocimiento del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999
El artículo 519 del Estatuto Tributario consagra que el incumplimiento de los términos perentorios para decidir de fondo las actuaciones administrativas da lugar al reconocimiento del silencio administrativo positivo.
Dentro de las circunstancias que pueden configurarlo, se encuentra aquella consistente en dejar transcurrir más de 12 meses entre la iniciación del trámite sancionatorio y su decisión de fondo.
En el sub examine, el procedimiento administrativo sancionatorio comenzó con la expedición del requerimiento ordinario de 23 de septiembre de 2002 y el acto sancionatorio fue dictado el 24 de septiembre de 2003 –Resolución 000002–, por lo que entre uno y otro extremo temporal transcurrieron más de 12 meses.
1.3.5. Desproporcionalidad de la sanción
La autoridad demandada no tuvo en cuenta para la imposición de la multa que los bienes requeridos –motores y partes de vehículos– habían sido ensamblados con piezas nacionales y extranjeras, razón por la que se debió descontar del valor de la sanción impuesta el precio de los componentes nacionales “…que es de aproximadamente del 60%.”
1.3.6. Del indebido cobro de intereses moratorios
Los actos administrativos accionados, además de sancionar pecuniariamente a la parte actora, imponen el pago de intereses moratorios; no obstante, éstos solo resultan procedentes, luego de que se incumplen obligaciones aduaneras pero no sanciones, como se desprende de la literalidad del artículo 543 del Decreto 2685 de 1999.
Tampoco resultan aplicables en la materia los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario.
1.3.7. Quebrantamiento del principio de legalidad
En los requerimientos ordinarios y especiales expedidos en el contexto del procedimiento administrativo sancionatorio aduanero seguido en contra de la sociedad actora, se omitió establecer las infracciones normativas endilgadas en su contra y la naturaleza y gravedad de las mismas, por lo que se desconocen los artículos 476 a 521 del Decreto 2685 de 1999.
2. Admisión de la demanda
A través de providencia de 31 de mayo de 2004, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor.
3. Contestación
La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas por la accionante, de conformidad con la siguiente cuerda argumental:
3.1. El registro de importación presentado por la parte actora a la DIAN para amparar la importación de motores remanufacturados desde la Zona Franca Industrial de Santa Marta, fue alterado, toda vez que se adicionó en la casilla correspondiente a la descripción de la mercancía la frase “REMANUFACTURACIÓN EN EL AÑO 2001”, cuando de la revisión de la copia del registro allegada por el MINCOMEX, pudo constatarse que la autorización había sido concedida para la importación de “Mercancía Nueva”.
3.2. La Circular 077 de 2002 precisó el contenido de la Resolución 01 de 1995 –con base en las facultades que el ordenamiento otorga al Director General de Comercio Exterior– en el sentido de establecer el régimen y requisitos legales para las importaciones que obligatoriamente deben obtener el registro o licencia de importación, como exigencia previa para la presentación de la declaración aduanera.
3.3. La autorización previa para la importación de vehículos usados y sus componentes, tiene como propósito garantizar condiciones de seguridad, de protección del medio ambiente y de defensa del consumidor, al tenor de lo dispuesto en el Convenio Automotor celebrado entre los Gobiernos de Ecuador, Colombia y Venezuela.
3.4. La exigencia de obtención de registro de importación debe extenderse a aquellas operaciones que se realizan desde Zonas Francas Industriales, pues ello constituye una importación.
3.5. Trajo a colación la sentencia de 8 de noviembre de 2007, en la que la Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó los cargos de ilegalidad formulados en contra de las Circulares 036 de 2000 y 077 de 2002, así como contra los memorandos SRC-776 de 2001 y SRC 494 de 2002 –en el contexto de una acción de nulidad simple– en donde se determinó la avenencia de éstos respecto del ordenamiento.
3.7. La DIAN no ha revocado el registro de importación, como lo afirma la parte actora. La actuación de la autoridad demandada se circunscribió a la cancelación del levante otorgado a la mercancía ingresada al territorio aduanero nacional, habida cuenta de su adulteración por parte de la accionante.
3.8. Las mercancías respecto de las cuales fue autorizado su levante de conformidad con una declaración de importación presentada de manera ilegal, no pueden considerarse declaradas.
3.9. El levante constituye una simple autorización, cuya vigencia está sometida a la satisfacción continua de los requisitos que sirvieron de base para su expedición, motivo por el que puede ser cancelado en el evento en que se compruebe la inexistencia de los presupuestos que lo motivaron.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
Por auto de 18 de enero de 2013, el Despacho sustanciador del proceso en el seno del Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó correr traslado a las partes con el propósito de que presentaran sus alegatos de conclusión, los que fueron allegados oportunamente, en el sentido de reiterar las consideraciones expuestas en los escritos de demanda y contestación.
5. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no intervino en esta instancia del proceso.
6. Fundamentos de la sentencia recurrida
Mediante sentencia de 5 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los razonamientos que se resumen a continuación:
6.1. Manifestó que en el proceso contencioso administrativo no se acreditó el desarrollo de causa penal alguna en contra de la funcionaria del MINCOMEX, quien presuntamente habría incurrido en la falsificación del registro de importación 3469 de 2001.
Por lo anterior, sostuvo que en este trámite judicial no se configuraba el fenómeno jurídico de la prejudicialidad.
Al respecto, manifestó:
“En el sub–examine no puede afirmarse que se predique la prejudicialidad, comoquiera que no se allega al plenario certificado del proceso penal instaurado en contra de la funcionaria del MINCOMEX, DELIA AMPARO MUÑOZ MALDONADO, que acredite su existencia y en consecuencia de ello, deba suspenderse la actuación de la DIAN.”
6.2. En relación con el cargo consistente en la indebida revocatoria directa del registro de importación por parte de la DIAN, el a quo señaló que el empleo de esta figura jurídica correspondía a la autoridad administrativa que había expedido el acto o a su superior jerárquico, para luego explicar en relación con el caso concreto:
“(…) En el caso sub-examine, es evidente que la DIAN por ser una entidad de carácter autónomo y diferente del MINCOMEX, no tiene la calidad de superior jerárquico de aquel y lo que es más, no fue la DIAN la entidad que profirió el acto administrativo que se discute; por lo tanto, no podía proceder a la cancelación del levante otorgado a la mercancía, que entre otras cosas es lo mismo que revocar el registro de importación, puesto que si efectivamente el levante de la mercancía tiene como fundamento el registro de importación autorizados por el MINCOMEX, y éstos se presumen válidos toda vez que dicho Ministerio no ha solicitado su revocatoria ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no puede desconocer entonces que tiene tal validez y considerar como en consecuencia se hizo, que los registros también son inválidos.”
Adicionalmente, sostuvo que dentro del proceso no existía prueba que acreditara la revocatoria directa del registro de importación por parte del Mincomercio, motivo por el que señaló que ese acto administrativo gozaba de presunción de legalidad.
Por todo lo anterior, señaló:
“Así las cosas, no había lugar a iniciarse todo el procedimiento seguido por la DIAN, como lo fueron los requerimientos ordinarios efectuados a la parte actora, así mismo, el requerimiento especial y consecuentemente, la sanción final impuesta (…) esto es multa por infracción administrativa aduanera, establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, debido a que la sociedad actora no puso a disposición de la DIAN las mercancías solicitadas y por tanto, consideró que era merecedora de una sanción equivalente al 200% del valor en aduana de aquella mercancía que la autoridad aduanera no había podido aprehender.”
En ese orden, el Tribunal declaró la prosperidad de este cargo.
6.3. Negó la configuración del silencio administrativo positivo de que trata el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto, a pesar de que entre la fecha de notificación del requerimiento ordinario 6300042-2482 de 23 de septiembre de 2002 –que inició el procedimiento sancionatorio– y la expedición de la Resolución 000002 de 24 de septiembre de 2003 –que impuso la sanción pecuniaria– transcurrió un periodo de 12 meses y un día, lo cierto era que esta circunstancia resultaba atribuible al apoderado judicial de la parte actora, quien en el interregno elevó una serie de solicitudes probatorias.
6.4. En cuanto al cargo de nulidad derivado del hecho de que la DIAN aplicó para la expedición de los actos administrativos censurados, las Circulares 036 del 1º de marzo de 2000 y 77 de 25 de septiembre de 2002, y los memoriales SRC-776 de 12 de -diciembre de 2001 y SRC-494 de 20 de mayo 2002, el Tribunal estimó que la legalidad de éstos había sido confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante decisión de 8 de noviembre de 2007.
En ese orden, manifestó que la DIAN podía exigir a la sociedad demandante la obtención de licencia previa para la importación de piezas y partes de vehículos usadas, reconstruidas o remanufacturadas, al tenor de lo dispuesto en los referidos actos administrativos.
Para sustentar ello, explicó:
“Es preciso anotar que al momento que la sociedad RESAMCOL LTDA obtuvo su registro de importación Nº. 3469 de 10 de septiembre de 2001, no se encontraba vigente la Circular 077 dado que ésta fue expedida el 25 de septiembre de 2002, empero, sí lo estaba la Circular 036 de 01 de marzo de 2000, que como ya se manifestó precisó que corresponde al régimen de licencia previa las importaciones que amparen mercancías imperfectas, usadas, saldos, reconstruidas, remanufacturadas, desechos, desperdicios y sobrantes. Ahora bien, la sociedad actora tiene como objeto social principal la construcción, fabricación, reconstrucción, remanufacturación, ensamblaje de equipos y maquinaria para diferentes usos. Esta Corporación considera que de acuerdo al objeto social de la sociedad, se requería de licencia previa y no de importación, como efectivamente lo señaló la DIAN; razones que esbozó la DIAN al proferir el requerimiento ordinario 63-00-042-210 de fecha 17 de febrero de 2013, en el que además se centra en considerar que existía una inconsistencia de los sellos entre “mercancía nueva” y “mercancía remanufacturada”.”
Pero, finalizó explicando:
“Sin embargo, se advierte que el error de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estuvo en que en el requerimiento especial argumentó su decisión en la irregularidad aludida y atribuye la falsificación de sellos a la sociedad actora, procediendo a desconocer la validez de los registros y por tanto aprehender la mercancía con fundamento en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, sin ser la entidad competente para revocar el registro de importación Nº. 3469 de 2001, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del CCA ya explicado.”
6.5. Por último, se abstuvo de hacer pronunciamiento respecto del cuestionamiento relativo al cobro conjunto de sanción e intereses moratorios en los actos demandados, pues la declaratoria de nulidad de éstos, conllevaba sustracción de materia en ese punto.
6.6. En la parte resolutiva del fallo, el Tribunal estableció lo que se reproduce a continuación:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución Nº. 00002 de septiembre de 2003, emitida por la DIAN, mediante la cual se impuso una sanción de $1.099.120.079 (…) multa por infracción administrativa aduanera, establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999; y consecuente Resolución Nº. 000020 del 23 de diciembre de 2003 mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 000002 del 24 de septiembre de 2003 y se confirma en todas sus partes la anterior, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DENEGAR las restantes pretensiones de la demanda.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho EXONÉRESE toda responsabilidad a la sociedad REMANUFACTURADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA LIMITADA (…) por las infracciones que le fueron imputadas y sancionadas con fundamento en las resoluciones aludidas y por consiguiente del pago de la multa.”
7. Fundamentos del recurso de apelación
La parte demandante formuló, con escrito de 3 de junio de 2014, recurso de alzada en los términos que pasan a exponerse:
7.1. Señaló que, de conformidad con el artículo 170 del CCA, la sentencia exige la valoración o análisis del material probatorio debidamente allegado al proceso. El incumplimiento de esta obligación conlleva una vulneración de los principios de contradicción y lealtad procesal.
Manifestó que, en el contexto de los procesos contencioso administrativos, deben observarse los principios de imparcialidad y debido proceso, así como las reglas jurídicas relativas a la valoración probatoria, contenidas en los artículos 174, 175, 176 y 187 del Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– por expresa remisión del artículo 168 del CCA.
En punto a este cargo, concluyó: “por lo que no haberse valorado las pruebas documentales, conforme al marco procesal atrás reseñado y puedan en tal forma (sic) ser objeto de crítica por los sujetos procesales aun del conglomerado social, imposibilita a este recurrente a (sic) controvertirla.”
7.2. De otro lado, la parte recurrente expuso: “Es evidente y palmario, que resulta un contrasentido aceptar, que siendo la actora una persona jurídica responsable del régimen de licencia previa tal y como lo acepta y reconoce la sentencia recurrida, haya pretendido reemplazar un registro al que estaba obligada por la naturaleza de su objeto social y presentarlo alterado ante la demandada como autoridad aduanera, lo que resultaba suficiente para la imposición de la multa objeto del litigio…”
7.3. Hizo algunas elucubraciones tendientes a sostener que la responsabilidad en materia aduanera, era de naturaleza objetiva, por lo que pende exclusivamente de la realización de la infracción, sin que la autoridad administrativa deba efectuar ningún juicio de valor para probar o establecer la culpabilidad del responsable.
7.4. Finalmente, sostuvo: “Mi representada aplicó la sanción a la actora en este caso, por verificarse la existencia de un hecho tipificado como generador de infracción administrativa y determinarse la gravedad de la falta y el daño que se ocasiona al Estado con tal hecho de manera que al infringirse dicho daño (sic), resulto necesario, y viable la aplicación de la sanción.”
8. Trámite en segunda instancia
El recurso propuesto fue admitido por la Sección Primera, Despacho del Dr. Guillermo Vargas Ayala, mediante auto de 5 de noviembre de 2013, en el que ordenó correr traslado de éste, de conformidad con el inciso 3º del artículo 212 del CCA.
9. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La autoridad demandada presentó memorial de alegatos de conclusión en los que pidió revocar la sentencia de primera instancia bajo la siguiente línea argumental:
Reiteró que en el asunto de autos la mercancía introducida al territorio aduanero nacional requería del registro de importación, habida cuenta de su naturaleza –componentes de vehículos reconstruidos y remanufacturados–.
Manifestó que en ejercicio del control posterior aduanero se encontraron algunas inconsistencias en este documento, pues el registro de importación presentado por la sociedad demandante no correspondía al original expedido por el Mincomercio.
De allí que las mercaderías importadas por la demandante carecían de documento que las amparara, por lo que procedía la cancelación del levante y la posterior aprehensión y decomiso.
No obstante, como las mercaderías no fueron allegadas por la parte actora, procedía la aplicación de la sanción contenida en el artículo 503 del Estatuto Aduanero.
10. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia
En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 5 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Actos demandados
La parte actora solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 000002 de 24 de septiembre de 2003 y 000020 de 23 de diciembre de esa misma anualidad, a través de las cuales se impuso sanción de multa en contra de la demandante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
3. Problema jurídico
Se contrae a determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por RESAMCOL, debe ser revocada, de conformidad con los argumentos expuestos en la alzada.
Antes de abordar cada uno de los cuestionamientos esgrimidos en el escrito impugnatorio, la Sala hilvanará algunas ideas en torno a la carga argumentativa que deberá ser desplegada en el recurso de apelación, con fundamento en la legislación que rige la materia.
3.1. De la carga argumentativa que recae sobre el sujeto procesal que incoa el recurso de apelación
La titularidad de derechos y prerrogativas en beneficio de los administrados comporta para éstos la asunción de obligaciones y cargas al interior del Estado Social y Democrático de Derecho. Esta afirmación, un tanto verdad de Perogrullo, encuentra consagración constitucional en el texto del artículo 95 Superior, en cuyo tenor literal dispone:
“Son deberes de la persona y del ciudadano:
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia…”
Del aparte normativo reproducido, se desprende que el acceso efectivo a la Administración de Justicia implica para quienes someten la resolución de sus controversias al escrutinio judicial, el despliegue de ciertos comportamientos que tiendan a facilitar el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. Para ello, deberán cumplir con el cúmulo de obligaciones y cargas de naturaleza sustancial o procesal que erige el ordenamiento.
Dentro de los ejemplos conspicuos de la consagración de cargas procesales en el orden jurídico interno, mención especial merecen aquellas que rodean la formulación del recurso de apelación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, medio impugnatorio que, además del requisito temporal para su interposición, exige una sustentación adecuada para controvertir la corrección jurídica del fallo de primera instancia.
En este punto, resultan elocuentes los términos del parágrafo primero del artículo 352 del CPC, aplicable al proceso contencioso por remisión expresa del artículo 267 del CCA:
“PARÁGRAFO 1o. El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
A la luz de la prescripción normativa reproducida, corresponderá a quien emplea el recurso de apelación en contra de sentencias, la manifestación concreta de los motivos de inconformidad que formula en contra de la providencia, a través de los cuales se fijará el ámbito competencial del juez de segunda instancia, quien “no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.”
Se tiene que la labor del Ad quem consistirá en vincular los argumentos propuestos en la alzada –luego de que se trata de un apelante único– con las consideraciones que llevaron al fallador de primera instancia a tomar la decisión que se cuestiona por su intermedio, por lo que resulta pertinente que el recurrente reproche los argumentos axiales que sustentan la providencia objetada.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado:
“Así pues, la eficacia de la sustentación de los recursos interpuestos por los apelantes únicos, parte de razones específica y concretamente dirigidas a refutar o contradecir los apartes de los fallos que consideraren adversos o perjuidiciales a sus individuales intereses dentro de la relación jurídico-procesal.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
En otros términos, la apelación deberá controvertir la “viga de amarre” del edificio argumentativo expuesto por el juez a quo, luego de que solo una de las partes apela la decisión judicial, como garantía del debido proceso a favor del sujeto procesal que se abstiene –sin importar el motivo que lo justifique– de utilizar la alzada, como instrumento de impugnación.
Lejos de ser una particularidad del CPC, la expresión concreta y precisa de los fundamentos que explican la apelación, que establecen, igualmente, la competencia del fallador de segunda instancia, es replicada por el Código General del Proceso así:
“Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas:
(…)
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.
Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Precisado ello, la Sala abordará el estudio de cada uno de los cargos formulados en contra de la sentencia de 5 de febrero de 2014 del Tribunal Administrativo del Magdalena.
3.2. Del caso concreto
Con fundamento en la correcta aplicación de la sanción de que trata el artículo 503 del Estatuto Aduanero –Decreto 2685 de 1999– y la presunta indebida valoración probatoria efectuada por el sentenciador de primera instancia, la DIAN solicita la revocación de la providencia de 5 de febrero de 2014.
La Sala emprenderá de forma independiente el análisis de cada uno de los cargos, como sigue:
3.2.1. De la indebida valoración probatoria atribuible al Juez de primera instancia
La parte recurrente argumenta que el trámite judicial que se sigue a instancias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se rige por las reglas de valoración probatoria contenidas en los artículos 174, 175, 176 y 187 del CPC, prescripciones jurídicas que resultan aplicables por expreso mandato del artículo 168 del CCA.
En sentir de la demandada, estos postulados fueron desconocidos por el fallador de primera instancia, por cuanto “las pruebas documentales” obrantes en el plenario fueron indebidamente apreciadas, circunstancia que conllevó la declaratoria de nulidad de las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se impuso sanción pecuniaria a la accionante.
Pues bien, la Sala anticipa que el cargo no dispone de vocación de prosperidad, pues como se anticipó en el apartado 3.1 de este proveído, el recurso de apelación exige que el sujeto procesal que hace uso de este instrumento impugnatorio establezca, de manera detallada, los cargos que formula en contra de la sentencia recurrida.
No se trata de plantear globalmente el incumplimiento de los deberes de análisis probatorio que recaen sobre el juez, sino igualmente determinar la manera cómo éstos son desatendidos en el sub–examine y los medios probatorios sobre los que posiblemente incide el yerro, pues sin ellos el sentenciador de segunda instancia carece del derrotero argumentativo que deberá guiar su labor.
Así las cosas, la Sala encuentra que incumple la autoridad demandada con la carga de precisar los reparos de índole probatorio en que, presuntamente, incurrió el Tribunal Administrativo del Magdalena, pues su argumentación se circunscribe a esbozar generalidades en la materia, que no permiten revocar la sentencia proferida por el a quo.
De otro lado, esta Judicatura encuentra que la carencia de identidad jurídica de este cuestionamiento para revocar la sentencia de 5 de febrero de 2014, puede igualmente sustentarse en el carácter rogado que distingue a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que impone a quien recurre la carga argumentativa de presentar las razones particulares de desavenencia respecto del fallo impugnado, condicionamiento que no puede ser entendido como una exigencia que conlleve exceso ritual manifiesto, pues se trata del deber de las partes de colaborar con la correcta Administración de Justicia.
Así las cosas, si la autoridad recurrente aduce una indebida valoración del material probatorio allegado al plenario, debió identificar, a lo menos, los medios de convicción de naturaleza documental sobre los que recayó el presunto actuar incorrecto, habida cuenta de la carga que le compete en esta materia.
Por lo anterior, la Sala despachará negativamente este cuestionamiento.
3.2.3. La contradicción lógica de la sentencia de primera instancia
La DIAN estima que la sanción pecuniaria impuesta a la sociedad comercial demandante resulta justificada, por cuanto, ésta alteró el registro de importación 3469 de 2001 dictado por el MINCOMEX.
En efecto, lejos de habérsele otorgado autorización para la importación de motores y piezas de vehículos remanufacturadas –como se desprendía del registro presentado por la parte actora– dicha licencia amparaba exclusivamente la importación de bienes nuevos, en consonancia con la documentación allegada al procedimiento administrativo sancionatorio por esa cartera ministerial.
En ese orden, la autoridad demandada afirma que la sentencia censurada recae en una contradicción lógica, pues no resulta posible sostener la pertenencia de la actora al régimen de licencia previa de importación y admitir las modificaciones que sobre el registro de importación efectuó la demandante, quien con ese actuar pretendió desconocer sus obligaciones en la materia.
Al respecto, la DIAN señala: “Es evidente y palmario, que resulta un contrasentido aceptar, que siendo la actora una persona jurídica responsable del régimen de licencia previa tal y como lo acepta y reconoce la sentencia recurrida, haya pretendido reemplazar un registro al que estaba obligada por la naturaleza de su objeto social y presentarlo alterado ante la demandada como autoridad aduanera, lo que resultaba suficiente para la imposición de la multa objeto del litigio…”
Bajo este contexto litigioso, la Sala estima que el cuestionamiento formulado no cuenta con vocación de prosperidad, por cuanto no ataca de forma directa los argumentos axiales que explicaron la declaratoria de nulidad de los actos administrativos censurados en el contexto de la primera instancia.
En otros términos, las consideraciones defensivas presentadas por la recurrente en su escrito de apelación no disponen de la entidad jurídica para enervar el derrotero argumentativo desplegado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en su fallo de 5 de febrero de 2014.
En efecto, como se quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la anulación de las Resoluciones 000002 y 000020 de 2003, a través de la cuales la DIAN impuso sanción de multa a la sociedad RESAMCOL, se explicó por parte del fallador de primera instancia en los siguientes argumentos:
(i) Contrario a lo sostenido por la autoridad accionada en el escrito de contestación de la demanda, la cancelación de las órdenes de levante concedidas a favor de las mercaderías pertenecientes a la sociedad demandante sí comportó revocatoria directa del registro de importación 3469 de 2001, expedido por el MINCOMEX.
(ii) La revocatoria directa del acto administrativo contenido en el registro 3496 de 2001, que amparó la importación de bienes y mercaderías remanufacturadas desde la Zona Franca Industrial de Santa Marta, sólo podía ser efectuada por el MINCOMEX, toda vez que se trató de la autoridad administrativa que expidió el acto, a la luz de los mandatos contenidos en el artículo 69 del CCA.
(iii) El registro de importación otorgado a la demandante no fue revocado por el ente administrativo competente, pues no obra prueba documental en el expediente que permita afirmar ello, motivo por el que conservaba su presunción de legalidad.
(iv) Este hecho impedía a la DIAN desconocer la validez de ese acto jurídico y, por contera, cancelar las órdenes de levante dictadas al amparo de ese registro, máxime si se tiene en cuenta que la autoridad demandada no es el órgano público que dictó el acto o el superior jerárquico del MINCOMEX.
(v) Si el registro de importación era válido, no era procedente que la DIAN prescribiera a la sociedad demandante poner a su disposición las mercancías cuya introducción al territorio aduanero nacional se fundó en el referido acto administrativo, y, de manera consecuencial, la imposición de la sanción a la que hace referencia el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, que expresa en su tenor literal:
“Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso.”
Se tiene que la argumentación basilar de la sentencia de 5 de febrero de 2014 tiende a demostrar, al tenor de lo esgrimido en el libelo introductorio por parte de la demandante, el yerro en que, presuntamente, habría recaído la DIAN, al desconocer la validez del registro de importación 3469 de 2001, lo que comportó una revocatoria directa de ese acto por parte del ente administrativo demandado, muy a pesar de que esa facultad no había sido ejercida por el MINCOMEX, cartera ministerial a la que correspondía esa labor por haber sido aquella que dictó ese acto.
En ese sentido, el a quo afirmó que el registro de importación 3469 de 2001 conservaba su presunción de legalidad, razón por la cual debía ser tenido como fuente jurídica de los levantes y declaraciones de importación de las mercaderías solicitadas a través de los requerimientos ordinarios expedidos por la DIAN.
No obstante, esta cuerda argumental, traducible en términos de revocatoria directa de los actos administrativos, la parte recurrente limita sus elucubraciones, en el memorial impugnatorio, a justificar la imposición de la sanción pecuniaria con base en la alteración sufrida por el registro de importación presentado por la compañía demandante para amparar la importación de las mercaderías provenientes de la Zona Franca Industrial de Santa Marta.
En otros términos, la DIAN omite controvertir la presunta revocatoria directa del registro de importación en la que habría incurrido con la anulación de los actos de levante, argumento central de la decisión del a quo.
En efecto, correspondía a la recurrente exponer las razones por las cuales el concepto de revocatoria directa prohijado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en su fallo de 5 de febrero de 2014, desconocía las particularidades normativas y fácticas del presente asunto, pues no de otra forma esta Judicatura podría evaluar las consideraciones que lo sustentan.
Un actuar contrario supondría emprender un análisis oficioso que desborda la competencia del fallador de segunda instancia –se recuerda en este punto que su competencia está restringida a los argumentos expuestos en el recurso de apelación– en detrimento de las garantías procesales que ofrece el ordenamiento en beneficio de quienes participan en los trámites judiciales, y especialmente de la parte actora en el asunto de autos.
De esta manera, la Sala observa que la argumentación desplegada por la DIAN prescinde de hacer referencia al argumento central invocado por el a quo para acceder a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que más allá de su corrección o incorreción, no fueron objeto de censura en la impugnación presentada por la DIAN, por cuanto, se itera, las consideraciones de la alzada se circunscriben a justificar la imposición de la multa por la alteración del registro presentado por la demandante, pero no la revocatoria directa en la que, posiblemente, habría recaído, sin tener competencia para ello.
Por otra parte, a igual conclusión puede llegarse en lo que respecta a las consideraciones traídas a colación en el escrito impugnatorio relativas a la naturaleza objetiva de la responsabilidad aduanera y a la comprobación de la infracción administrativa endilgada a la compañía demandante, puesto que, a la luz del derrotero argumentativo planteado en el fallo censurado –el actuar de la DIAN conllevó la revocatoria directa del registro de importación, sin que estuviera habilitada para ello– éstos no disponen de entidad jurídica alguna para modificar la decisión allí adoptada, por cuanto estas consideraciones no fueron objeto de desarrollo por parte del Tribunal para acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Las anteriores razones resultan ser suficientes para confirmar la sentencia de 5 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 259-262 cuaderno 1.
Acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A
Expedida por el Jefe de la División de Liquidación de la Administración Local de Aduanas de Santa Marta.
Expedida por el Jefe de la División Jurídica de la Administración Local de Aduanas de Santa Marta.
Folios 34-37.
Capítulo 87.
Expedido por la División de Investigaciones de la Administración Local de Aduanas de Santa Marta.
Relacionadas con 63 declaraciones de importación.
Con fundamento en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Nº. 3469 de 2001.
Folio 6 cuaderno 1.
Se hace referencia al registro.
Folio 6 cuaderno 1.
Folio 7 cuaderno 1.
Funcionaria del Mincomercio.
La Resolución 01 de 1995.
Folio 9 cuaderno 1.
Dictada por el Instituto de Comercio Exterior.
Dictada por la Dirección de Comercio Exterior de Mincomercio.
Folio 11 cuaderno 1.
Art. 189 numeral 2º de la C.P.
Art. 115 Superior y Resolución 01 de 1995.
Folio 16 cuaderno 1.
Se hace referencia a la aprehensión y el decomiso.
Folio 17 cuaderno 1.
Folio 210 cuaderno 1.
Folios 163 cuaderno 1.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. 11001-03-27-2004-00033-01. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Sentencia de 8 de noviembre de 2007.
Folio 228 cuaderno 1.
Folios 241-256 cuaderno 1.
Señora Delia Amparo Muñoz.
Folio 249 vuelto cuaderno 1.
Folios 249–250 cuaderno 1.
Folio 255.
Ibídem.
Folio 256.
Folios 259-262.
Folio 261 cuaderno 1
Ibídem.
Folio 262 cuaderno 1.
Folio 5 cuaderno 2.
Folios 9-11 cuaderno 2.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.”
Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis. “Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.”
Art. 212 CCA.
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”
Art. 357 CPC.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. 25000-23-27-000-2008-00073-01(17717). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
“Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.”
“Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.”
“Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.
El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.”
“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.”
Del que trata los artículos 21 y 23 de la Resolución 01 de 1995.
Ibídem.
En relación con este aspecto, el Tribunal explicó: “…por lo tanto, no podía proceder a la cancelación del levante otorgado a la mercancía, que entre otras cosas es lo mismo que revocar el registro de importación, puesto que si efectivamente el levante de la mercancía tiene como fundamento el registro de importación autorizados por el MINCOMEX, y éstos se presumen válidos toda vez que dicho Ministerio no ha solicitado su revocatoria ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no puede desconocer entonces que tiene tal validez y considerar como en consecuencia se hizo, que los registros también son inválidos.”
“Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
Ver folio 15 cuaderno 1.
6300042-210 de 17 de febrero de 2003.
“Art. 328 Código General del Proceso. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”
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