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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06164-00

Fecha
28 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06164-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo de 14 de octubre de 2021, proferido por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se condena en costas al accionante. Por la Secretaría liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente, en favor del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., que acudió a participar en este trámite. 54 Número único de radicación: 11001031500020220616400 Actor: CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CUARTO: TIÉNESE al doctor CARLOS ALFONSO PADILLA SUÁREZ como apoderado judicial del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., de conformidad con el poder general1 y los documentos anexos obrantes en el índice 15 del expediente digital. QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06164-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA “8” ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020220616400
Actor: CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por

el señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO, contra el fallo de

14 de octubre de 2021, proferido por la Sección Segunda,

Subsección “B”, del Consejo de Estado, a través del cual se resolvió

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 8 de

mayo de 20171 dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. El señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO formuló

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, por conducto de apoderado, contra

el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. con la finalidad

1
El fallo del ad quem resolvió REVOCAR la sentencia del 8 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión y, en su lugar, se dispuso, DENEGAR las
súplicas de la demanda.

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Actor: CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

de obtener la nulidad del Oficio TRD 100.17-O.J/636/2015 de 16 de

junio de 2015, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago

de las diferencias salariales y prestacionales solicitadas por el

recurrente.

1.2. A título de restablecimiento pidió: i) reconocer a su favor las

diferencias salariales resultantes entre lo que devengaba como

médico general de planta de la entidad y lo que podría percibir un

especialista en radiología y diagnóstico en imágenes, que estuviera

vinculado a través de una relación legal y reglamentaria o mediante

contratos de prestación de servicios, entre el 10 de diciembre de

2008 y el 11 de marzo de 2014, ii) las prestaciones sociales y

demás emolumentos o acreencias laborales, tales como prima de

navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, vacaciones en

actividad de alto riego, bonificaciones, cesantías, intereses a las

cesantías que resulten de lo devengado por un médico especialista

en radiología y diagnóstico por imágenes durante el período

aludido, iii) las sumas que correspondan a las diferencias de los

aportes a la seguridad social en actividad de alto riesgo, aporte a

pensión, parafiscales y demás emolumentos o acreencias laborales,

y iv) la sanción moratoria a razón de un día de salario por cada día

de retardo.

1.3. Para mayor entendimiento, la Sala relacionará los hechos que

3

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dieron lugar a la sentencia objeto del recurso, así:

El recurrente se vinculó al HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

E.S.E., por concurso de méritos, según nombramiento en el cargo

de médico general en carrera administrativa a partir del 1o. de

agosto de 1997.

Refirió que en el año 2005 y mediante contrato de comisión de

estudios 02.0003 obtuvo autorización para adelantar estudios de

especialización en RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

en la Universidad de los Andes de Venezuela, obteniendo el título

el 5 de diciembre de 2008.

Finalizados los estudios se reincorporó como médico especialista

en el departamento de radiología en cumplimiento del contrato de

comisión de estudios durante el 1o. de junio de 2009 al 10 de

marzo de 2014, esto es, por 5 años y 3 meses.

Afirmó que durante el tiempo que prestó sus servicios como médico

especialista en radiología y diagnóstico de imágenes, el salario que

recibió y las prestaciones sociales fueron las de un médico general

más la bonificación por zona roja y disponibilidad.

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Adujo que el Hospital suscribió contratos de prestación de servicios

con médicos especialistas en radiología o radiología y diagnóstico

por imágenes, a quienes les fue pagado mensualmente, a título de

honorarios, un valor superior al devengado.

Que esta contratación obedece a la omisión en la que se encuentra

el Hospital de crear el cargo de Especialidad en radiología y

diagnóstico por imágenes en su planta de personal.

Afirmó que mediante el Oficio TRD 110.36.06 de 9 de marzo de

2014, suscrito por la enfermera con funciones de subdirección

científica de la E.S.E. le fue comunicado que debía regresar a su

labor de médico general en el servicio de urgencias, con lo cual

estima que se desconocieron sus derechos laborales y prohibición

de regresividad, circunstancia que le obligó a renunciar a partir del

11 de marzo de 2014.

El 27 de mayo de 2015, solicitó a la E.S.E. accionada el

reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales

resultantes entre lo que devengaba como médico general de planta

de la entidad y lo que podría percibir un especialista en radiología

y diagnóstico en imágenes, que estuviera vinculado a través de una

relación legal y reglamentaria o mediante contratos de prestación

de servicios, entre el 10 de diciembre de 2008 y el 11 de marzo de

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2014, la que fue negada por la gerente del Hospital, por medio del

Oficio TRD-100.17-O.J/636/2015 del 16 de junio de 2015, acto

demandado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2.

Se planteó en la demanda que el Oficio acusado es nulo por: i)

infracción directa de normas constitucionales y ii) violación de

normas convencionales, pacto internacional y tratados legalmente

ratificados por el estado colombiano.

El Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda el 5 de

febrero de 20163 y ordenó dar el trámite correspondiente, a través

de la realización de las audiencias4 que prevé el CPACA.

El a quo, por sentencia de 8 de mayo de 20175, declaró la nulidad

del oficio demandado y ordenó pagar “la diferencia salarial entre lo

devengado como Médico General en propiedad y lo que debería

recibir en calidad de médico especialista en Radiología y

Diagnóstico por Imágenes, desde el 10 de diciembre de 2008 y el

10 de marzo de 2014”. También “las prestaciones sociales,

bonificaciones, derechos por laborar en la unidad de radiología

(riesgo) y la mora en el pago de cesantías, las que se liquidaran

2
El escrito de demanda se encuentra en los folios 1-30 del C. 1 del expediente enviado en
cumplimiento del oficio que ordenó remitir copia del proceso judicial ordinario.
3
folios 77-78 del C.2 del expediente enviado en cumplimiento del oficio que ordenó remitir copia del
proceso judicial ordinario.
4
La audiencia Inicial se celebró el 21 de septiembre de 2016 (fls. 51-59 C. 4); ii) La audiencia de
Pruebas de fecha 16 de noviembre de 2016 (fls. 30-35 C. 5) Se dispuso que los alegatos de conclusión
se presentaran por escrito.
5
Folio 78-Cuaderno 5.

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conforme a la Ley 244 e 1995 y la jurisprudencia interpretativa al

respecto”. También dispuso el pago de los aportes por esos

períodos a las entidades de Seguridad Social en su debida

proporción.

Inconforme con la decisión el Hospital accionado, por conducto de

apoderado, solicitó revocar el fallo6.

II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida por

la Sección Segunda, Subsección “B”, de esta Corporación que, al

resolver el recurso de apelación interpuesto, REVOCÓ la sentencia7

del Tribunal a quo y, en su lugar, DENEGÓ las súplicas de la

demanda.

Examinado el desarrollo del proceso y el recurso de alzada el ad

quem identificó como problema jurídico de la segunda instancia, el

siguiente:

¿En el asunto hay lugar al reconocimiento, liquidación y pago
de la diferencia salarial, prestacional y demás emolumentos a
favor del actor, por haberse desempeñado como médico
especialista en radiología y diagnóstico por imágenes de
la entidad, en el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2008 y el 10 de marzo de 2014, en tanto
que solo se le pagó como médico general, que es de

6
El escrito se aprecia en el folio 102-106 del C. 5 y fls. 1 y 2 del C. 6
7
Que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

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menor jerarquía al desempeñado?, ello, en consideración a
que el cargo de médico especialista en radiología y diagnóstico
por imágenes no se encuentra establecido dentro de la planta
de personal de la entidad.

En orden a resolver este planteamiento el fallo examinó lo relativo

con la normativa relacionada con la función pública y la

jurisprudencia, así como las pruebas que se aportaron al proceso

judicial con tal fin, y concluyó:

“[…]
41.Ahora bien, la Sala se ha permitido revisar cada uno de los
documentos que conforman el proceso y los testimonios
practicados, y de la valoración que ha efectuado, conforme a
los principios de la sana crítica, encuentra probado que el actor
ocupó el cargo de médico general de la planta de personal de
la E.S.E. demandada y percibió los salarios y las prestaciones
correspondientes al mismo.
42.También, que no existe prueba alguna que demuestre que el
accionante hubiese sido designado, por medio de acto de la
E.S.E. demandada, como médico especialista en radiología y
diagnóstico por imágenes, que él dice haber desempeñado,
empleo que, además, no se encuentra creado en la planta de
personal de esta entidad.
43.Pues bien, como se dijo anteriormente, el artículo 122 de la
Constitución Política consagró que todo empleo debe
tener funciones determinadas en la ley o en un
reglamento y previsto en la respectiva planta de
personal, así como que el salario debe estar establecido
en el presupuesto de ente respectivo. Igualmente,
contempla que el ciudadano, para ejercer el cargo, debe jurar
que cumplirá y hará cumplir la Constitución y con ello se
compromete a desarrollar las obligaciones que como servidor
público le corresponden.
44.Entonces, en resumen, la remuneración dependerá del
cargo en el cual se encuentre nombrado y posesionado
el servidor y la función pública estará regida a través de
una relación legal y reglamentaria. Dicho esto, al
pretenderse una nivelación salarial por el desarrollo de
una actividad o función diferente a la cual está vinculado
el servidor público, es requisito indispensable que se
demuestre tal situación o supuesto fáctico. De acuerdo con lo
anterior, tanto la creación de los empleos en el sector público,
las funciones y su remuneración son actividades regladas por
las normas legales.
45.En este orden de ideas, la Sala ha revisado, verificado y
valorado las pruebas que obran en el proceso, con la finalidad

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de establecer si el empleo como médico especialista en
radiología y diagnóstico por imágenes se encuentra
previsto en la planta de personal de la E.S.E. accionada,
si el mismo tiene las funciones determinadas y si se
encuentra contemplado el correspondiente salario en el
presupuesto de la entidad para dicho cargo,
encontrándose que no existe documento alguno que así
lo demuestre.
46.Así mismo, tampoco se demuestra que el actor haya jurado que
cumplirá y hará cumplir la Constitución y desarrollar las
obligaciones que incumben en el empleo de médico especialista
en radiología y diagnóstico por imágenes, como tampoco que
haya sido designado, con el acto de nombramiento, el acta de
posesión y la constancia o la certificación, y que estuvo en el
ejercicio de dicho cargo durante el período por el cual está
reclamando la diferencia de los salarios y las prestaciones
sociales como médico especialista en radiología y diagnóstico
por imágenes.
47.Si bien es cierto los testimonios que se practicaron informan
que el accionante laboró en la E.S.E. accionada
desempeñando funciones propias de un médico
especialista en radiología y diagnóstico por imágenes,
también lo es que esta prueba no es suficiente,
pertinente ni conducente para demostrar la vinculación
de una persona con una entidad en tal condición, toda
vez que la prueba de tal hecho no es otra que la
documental, la que de manera idónea conduciría a la
demostración del nombramiento y el desempeño del cargo del
cual se está pretendiendo el reconocimiento de la diferencia de
los salarios y las prestaciones. Ello, en consideración a que el
propósito de la nivelación no es otro que materializar el derecho
a la igualdad en el marco de circunstancias equivalentes, lo que
no ocurre en este caso.
48.En este orden de ideas, es claro que el demandante tenía
como obligación cumplir las funciones de médico
general, cargo en el que se encontraba nombrado, y no
las de médico especialista en radiología y diagnóstico por
imágenes, pues, para el efecto solo se adquiere competencia a
través del acto de nombramiento y el acta de posesión, ya que
el ejercicio de la función pública y el desempeño de todo cargo
público es una actividad reglada por la Constitución, la ley o los
reglamentos, por tanto, se requiere la existencia del cargo o
empleo público dentro de la planta de personal de la entidad
del Estado, el acto administrativo mediante el cual se
nombra a la persona para desempeñar determinado
cargo, el acta de posesión, la legalidad en la asignación
de las funciones y su cumplimiento, de todo lo cual se
deriva la asignación del salario y las correspondientes
prestaciones sociales. Igualmente, la asignación de los
salarios de los empleados públicos no solo se determina por su
denominación y código, sino que también se tiene en cuenta
los requisitos de conocimiento, experiencia y responsabilidad.

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49.Lo analizado y considerado a lo largo de esta providencia es
suficiente para concluir que la sentencia de primera instancia
se debe revocar, en cuanto accedió a las pretensiones de
reconocimiento, liquidación y pago de los salarios y
prestaciones sociales que corresponden al cargo de
especialista de planta, o, en su defecto, el que la entidad
fijó para los vinculados mediante contrato de prestación
de servicios para la época de los hechos, teniendo en
cuenta que con la prueba allegada al proceso, el
demandante no logró demostrar que hubiese sido
designado para desarrollar las funciones atinentes al
cargo de especialista en radiología por diagnóstico de
imágenes. […]”.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3.1. El señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO presentó

recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del

CPACA.

La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia

de 14 de octubre de 2021, proferida por la Sección Segunda,

Subsección “B”, del Consejo de Estado, dentro del expediente de

nulidad y restablecimiento del derecho núm. 81001-23-39-000-

2015-00089-01.

Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el

numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a su juicio, se

configuró por:

i) falta de competencia funcional del juzgador para resolver
el recurso de apelación por carencia de objeto

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Señaló que el motivo del recurso de apelación no guarda relación

con las pretensiones ni con los hechos de la demanda, tampoco con

la contestación de la demanda, y menos con la forma como quedó

fijado el litigio.

Aseguró que no se controvirtieron los argumentos del fallador de

primera instancia, por lo que estima que estos reproches son

incongruentes, y al ser acogidos por el fallador de primera instancia

se evidencia la carencia de competencia funcional. En este punto

refirió:

“[…] La demanda está dirigida a declarar la nulidad del acto
administrativo demandado por la flagrante violación los
postulados contenidos en los artículos 1, 25 y 53
constitucionales; es decir, de los principios mínimos
fundamentales de derecho del trabajo; tales como el de la
“irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
por normas laborales”; “una retribución conforme a la
calidad y cantidad de trabajo desarrollado” (a trabajo de
igual valor, salario igual) y “primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales”; en tanto, a través de él, el Hospital
San Vicente de Arauca le niega al demandante, por concepto
de salarios, el reconocimiento y pago de las sumas de dinero
correspondientes a la diferencia salarial existente entre lo
devengado mensualmente por un médico especialista en
radiología y diagnóstico por imágenes, vinculado con la
entidad hospitalaria a través de contratos de prestación de
servicio o el de un especialista de planta; respecto del salario
mensual asignado y percibido por él en calidad de médico
general, funcionario público en carrera administrativa,
vinculado con la entidad a través de concurso de méritos, el
cual fue significativamente inferior pero, cumpliendo con las
mismas funciones del señalado especialista vinculado mediante
contratos de prestación de servicio, según dan cuenta las
liquidaciones de nómina para cada mes en concreto, durante
los extremos temporales comprendidos entre el día diez (10)
de diciembre del año 2008 y el día diez (10) de marzo del año
2014 […]”.

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Para explicar este planteamiento también aludió a los hechos en los

que sustentó la demanda y además señaló que las pretensiones y

los supuestos que invocó tienen respaldo jurídico y jurisprudencial.

En ese sentido reiteró lo siguiente:

“[…] “INFRACCIÓN DIRECTA DE NORMAS
CONSTITUCIONALES. El alcance respecto a la aplicación de los
principios mínimos fundamentales de derecho del trabajo; tales como
el de la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos por normas laborales”; “una retribución
conforme a la calidad y cantidad de trabajo desarrollado” (a
trabajo de igual valor, salario igual) y “primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales”; ha sido claramente definido a través de
vigente jurisprudencia emanada de las altas cortes. En tal sentido, y
con respaldo en sólidos precedentes jurisprudenciales, entre otras
tantas providencias emanadas de las Altas Cortes, el acto
administrativo demandando al negar el reconocimiento y pago de
la diferencia salarial y demás derechos y acreencias laborales
peticionados, viola de manera flagrante los mandatos
constitucionales que seguidamente se explicitan. Sobre el
particular, la Honorable Corte Constitucional ha dicho:

“Esta Corporación ha señalado que el trabajo es un derecho
fundamental, que aunado a la dignidad humana se convierte en uno
de los pilares en los cuales descansa la existencia misma del Estado
Social de Derecho (Preámbulo; Artículos 1 y 25 de la Constitución
Política). En desarrollo de esta premisa, la Constitución Política
proscribe toda forma de discriminación; garantiza la estabilidad
de los trabajadores en el empleo; impone una asignación salarial
mínima y una retribución conforme a la calidad y cantidad de
trabajo desarrollado; determina la irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos por las normas laborales a favor del
trabajador y establece la posibilidad de que éstos solo transijan y
concilien los derechos inciertos y discutibles. También el
ordenamiento constitucional dispone la aplicación, en caso de duda,
del principio de la favorabilidad en beneficio del trabajador; la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales y garantiza al
trabajador la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario. (Artículo 53 C.P.)”2. (Negrillas fuera del texto
original) […]”.

De este modo, señaló que el oficio TRD-100.17-O.J./636/2015 de

16 de junio de 2015, emanado de la representante legal del

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA es nulo al negarle los

salarios, el reconocimiento y pago de las sumas de dinero

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correspondientes a la diferencia salarial existente entre lo

devengado mensualmente por un médico especialista en

radiología y diagnóstico por imágenes en el Hospital San

Vicente de Arauca.

Aseguró que el fallo de segunda instancia, proferido por el Consejo

de Estado, también resulta violatorio en tanto estimó que “el inocuo

argumento, consistente en considerar que “[…] no existe obligación

contractual ni compromiso presupuestal que respalde la prestación

del servicio, es decir, que no hubo contrato que comprometiera al

Hospital al pago de contraprestación alguna […]”, todo lo cual, a su

juicio, constituye una infracción a los criterios jurisprudenciales que

citó.

Manifestó que debe protegerse al trabajador cuando la

administración se beneficia de una labor, simplemente

encomendando funciones al empleado nombrado y posesionado en

un nivel de inferior jerarquía, protección que procede bajo la

primacía de la realidad frente a las formas, en conjunción con el

principio de trabajo igual salario igual, pues estimó que se falseó y

disfrazó la verdadera relación de trabajo existente en el caso sub

lite.

Que para el Tribunal el problema jurídico a resolver fue:

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¿Si es posible acceder a las prestaciones y acreencias laborales
del señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO, por el hecho de
haber laborado al servicio del HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA E.S.E., en calidad de especialista en radiología y
diagnóstico por imágenes, cumpliendo la Comisión de Estudios
que le fue otorgada por la entidad hospitalaria, y a sabiendas
que su cargo de planta era de médico general?

Que en virtud de dicho examen se accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda, por cuanto resultó probado que se le

sumaron funciones de la especialidad en radiología y diagnóstico

por imagen, que imponían, por este hecho, el reconocimiento y

pago de la diferencia salarial y la reliquidación de las prestaciones

sociales junto con la sanción moratoria causada. Lo anterior, en

aplicación del principio de la realidad frente a las formas como uno

de los modos jurídicamente establecidos para materializar el

derecho fundamental a la equidad, justicia e igualdad.

De este modo, afirmó que debía darse prevalencia a la claridad

argumentativa de la providencia de primera instancia, respecto del

reconocimiento de la diferencia salarial y reliquidación de las

prestaciones, pues se le asignaron funciones propias de la

especialidad de radiología al cargo de médico general de planta.

Aclaró “[…] que una cosa es la designación irregular y otra, como

el caso concreto, la sumatoria de funciones de especialista a un

funcionario de planta”, con ocasión de lo pactado en el contrato de

comisión de estudios y la necesidad del servicio.

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En tal orden, indicó que el apoderado judicial de la entidad

demandada dirigió el recurso de apelación a reprochar que la E.S.E.

no debía reconocer y pagar a quien no ha cumplido con lo pactado

en el contrato de comisión de estudios; y que en forma

descontextualizada, agregó lo relativo a la función pública en

relación con la inexistencia del cargo de la referida especialidad en

la planta de personal de la entidad.

Bajo estas apreciaciones, refirió que el Consejo de Estado se centró

para explicar la improcedencia del reconocimiento de la diferencia

salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales y otros

emolumentos en la inexistencia del cargo de médico especialista en

radiología y diagnóstico por imagen en la planta de personal de la

entidad, según el mandato establecido en el artículo 122 de la

Constitución Política, aspecto que no fue objeto de la contestación

de la demanda, ni de la fijación del litigio y, por consiguiente,

tampoco fue objeto de la decisión de primera instancia.

De lo anterior, estimó que el operador judicial de segunda instancia

carecía de competencia funcional para resolver el recurso

acogiendo argumentos que no son de recibo, por cuanto y de

conformidad con la ley y la jurisprudencia del máximo tribunal de

lo contencioso administrativo, son extraños o incongruentes no sólo

frente a los motivos que sirven de fundamento a la sentencia de

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primera instancia sino, también, respecto de las pretensiones de la

demanda, la contestación de la demanda y la fijación del litigio.

ii) falta de congruencia en la modalidad externa

Luego de transcribir algunos apartados del fallo recurrido explicó

que el argumento de “la función pública según lo preceptuado

en el artículo 122 de la Constitución Política” es incongruente

con: i) la causa petendi establecida en la demanda, ii) con sus

hechos, iii) con la fijación del litigio y, iv) con los motivos o

fundamentos de la sentencia de primera instancia, porque el

planteamiento del fallo de alzada se fundó en la función pública,

cuando este argumento era totalmente ajeno al debate. En ese

orden, refirió:

“[…] Modificó en lo esencial la causa petendi de la
demanda, dado que, se insiste, las pretensiones impetradas
descansan sobre la violación del artículo 53 de la Constitución
Política, producto de habérsele sumado al demandante, médico
general de carrera, vinculado mediante concurso de méritos,
labores propias de un especialista en radiología y diagnóstico
por imágenes pero, sin solicitar nivelación de salarios que, a la
postre, es una figura jurídica totalmente diferente a la
solicitada en la demanda; (ii) dicha circunstancia fáctica, de
contera, vulnera flagrantemente los principios sobre los
cuales, en la sentencia de primera instancia, se accede
parcialmente a las pretensiones de la demanda; entre
otros, los principios de “la realidad prima sobre las
formas” y “a trabajo igual, salario igual”; (iii) no respetó
las actuaciones procesales referidas a la contestación de la
demanda, ni la relativa a la audiencia inicial, consistente en la
fijación del litigio pues, a la postre, se decidió con base en la
incongruente argumentación expuesta por el apelante,
sobre aspectos ajenos a dichas actuaciones procesales.
(iv) hecha (sic) de menos la existencia de una prueba que, a

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

todas luces, es inexistente; como quiera que alude a un acto
administrativo de nombramiento para un cargo que no existe
en la planta de personal de la entidad demandada y, por el
contrario, desecha los medios de prueba legalmente aducidos
al proceso que demuestran, en grado de certeza, los hechos
que se ordenaron probar en la audiencia inicial, con motivo de
la fijación del litigio en cuanto a los hechos [...]”.

Por lo expuesto, considera que hay lugar a que se infirme el fallo y

se ordene proferir una sentencia de reemplazo.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 2 de diciembre de 2022 se admitió el

recurso extraordinario de revisión 8 y se ordenó notificar al

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. Durante el término

de traslado contestó el recurso, así:

Se opuso a las pretensiones de este recurso, por cuanto estimó que

tal y como lo expuso en el recurso de alzada el Tribunal a quo erró

y desconoció completamente los argumentos de la contestación de

la demanda. Al respecto indicó:

“[…] En la sentencia de primera instancia, se da por cierto que
el señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO le asistía el
derecho a ser ubicado en un cargo de mayor jerarquía al cual
desempeñaba (Médico general) en virtud del contrato de
comisión de estudios, otorgándole derechos como médico
especialista en radiología y diagnóstico por imágenes, situación
que no es cierta, teniendo en cuenta que el contrato de
comisión de estudios y contraprestación de servicios No. 02-

8
En cuanto a la oportunidad del recurso se consideró que fue oportuno porque la sentencia se notificó
electrónicamente el 17 de noviembre de 2021, lo que permite distinguir que la notificación se surtió
durante los días 18 y 19 de noviembre de 2021 y adquirió ejecutoria el 24 de noviembre de 2021, y
comoquiera que el recurso se presentó el 21 de noviembre de 2022, lo fue en tiempo.

17

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Actor: CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

0003 del 05 de diciembre de 2015, suscrito por el señor
CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO y el HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA E.S.E, en ninguna de sus cláusulas
pactaron como obligación del (sic) la entidad hospitalaria a
reintegrarlo en un cargo de mayor jerarquía según su
especialidad, y que por el contrario, en el numeral 3 la cláusula
segunda del contrato de comisión de estudios señalado, se
consignó que el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E se
obligaba para con el hoy demandante, "Reintegrarlo a los 5
días calendarios de su regreso a un cargo igual o de superior
categoría del que desempeña y según la capacidad y la
disponibilidad del recurso" (Cursivas, negrillas y subrayado
fuera del texto)

En ese orden de ideas, la sala de decisión da por cierto un
derecho presuntamente pactado en el contrato de comisión de
estudios, situación que no es cierta y que se observa en el
contrato de comisión de estudios allegados al proceso.

En ese orden de ideas, en la sentencia que motiva el presente
recurso de apelación, se evidencia el desconocimiento de las
normas que regulan la comisión de estudios, por cuanto las
normas vigentes y aplicables al asunto sub iudice de las cuales
se debe precisar que La comisión de estudios es una situación
administrativa en donde, por circunstanciales previamente
definidas el servidor público, durante su vida profesional y
según el ordenamiento jurídico, sin perder tal condición,
puede temporalmente dejar de prestar sus servicios, en este
caso, para adelantar su formación o mejoramiento
académico […]”.

Sostuvo que dada la comisión que le fue autorizada al recurrente lo

que quedó evidenciado es que este incumplió el plazo al que se

obligó con el Hospital San Vicente de Arauca a prestar sus servicios

profesionales, por virtud de la renuncia.

Que no haber considerado esta situación sería premiar el

desconocimiento de lo pactado por las partes, desconociendo que

la comisión de estudios es una situación administrativa otorgada a

un empleado como un beneficio o incentivo con el fin de lograr una

18

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

formación para él, la que, a su vez, se revierte en el mejoramiento

del servicio y en tener personal calificado para el mismo fin.

Indicó que el juzgador de primera instancia erró al considerar que

le asiste derecho al demandante para haber sido reintegrado en un

cargo de mayor jerarquía al cual desempeñaba (Médico general) en

virtud del contrato de comisión de estudios, otorgándole derechos

como médico especialista en radiología y diagnóstico por imágenes,

teniendo en cuenta que en el contrato de comisión de estudios y

contraprestación de servicios núm. 02-0003 de 5 de diciembre de

2015, suscrito por el señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO y

el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, no se pactó tal

obligación.

En estos términos estimó que: i) el acto administrativo demandado

goza de total legalidad y ii) la sentencia de segunda instancia de

14 de octubre de 2021 no viola el debido proceso como lo quiere

hacer ver el recurrente.

4.2. El Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

19

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En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo

249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso

extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de

aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.

En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el

artículo 1079 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para

resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.

De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los

Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,

reglamentó la integración 10 y el funcionamiento de las Salas

9
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
10
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación

20

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Especiales y les asignó, entre otras, la competencia para resolver 11

los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las

sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada12.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se

sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de

2003, las que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
11
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
12
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.

21

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decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello, ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la infirmación 13, tanto para “enmendar los errores

o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el

derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

jurídico”14.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido [...]”15.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

13
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

22

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razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas16 que

habilitan su procedencia.

5.3 De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201117, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:

[...]5. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.[…].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad

16
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
17
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto,
cuando se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia
ha de entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

23

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procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de

carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 18.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que por oportunidad debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13419 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

18
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
19
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”

24

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Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales

de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General

del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de

artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la

sentencia.

En este primer escenario 20 , la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto es del caso traer a colación

el siguiente pronunciamiento21:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las que
remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC22. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

A partir del razonamiento precedente, se destacaron algunos
eventos que configurarían la nulidad originada en la

20
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
21
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
22
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

25

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sentencia, los cuales no se aducen como causales de
nulidad propiamente dicha, sino eventos, circunstancias,
ejemplos, que se desprenden de las causales del artículo 140,
cuya abstracción se concretiza. La providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.

“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. […]

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”.

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad23 de la Corte Constitucional C-491-95.

23
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”

26

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Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140

del CPC24 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo

el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite

procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al

respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente
las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y
sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

24
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

27

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Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se
encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”25

Bajo este análisis, la Corporación 26 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

25
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
26
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.

28

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia27; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado 28

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad, y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega el recurrente, se demuestra la existencia de “carencia de

objeto por incompetencia funcional” y de incongruencia entre

lo pedido y lo decidido en el fallo que resolvió el recurso de

apelación interpuesto en el proceso ordinario.

27
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
28
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

29

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El objetivo será identificar si el fallador de segunda instancia se

excedió en su competencia al revocar el fallo que accedió a las

pretensiones y si el fundamento que consideró con tal fin -concepto

de función pública - no fue el expuesto en la demanda, en la fijación

del litigio y por lo tanto en la sentencia de primera instancia, y si,

como lo alega el recurrente, esto corresponde a una incongruencia

externa.

Por ello, será necesario establecer si a la Sección Segunda del

Consejo de Estado le estaba vedado pronunciarse frente a la

naturaleza del cargo ocupado por el accionante, por cuanto lo

alegado por el recurrente a título de pretensiones involucró un

reproche que no se orientaba al examen del cargo desde la óptica

de la función pública.

Para tal fin, la Sala analizará el concepto de congruencia y el

contexto en el que se puede presentar, para luego resolver sobre

la alegación planteada, así:

5.4.1 El principio de congruencia

La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y

se traduce en la armonía predicable tanto de su estructura interna,

esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como de la externa,

30

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entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las

partes.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la

defensa de quien funge como parte accionada, y que se ejerce

también a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

corresponde efectuar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para

que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra

pertinente, la confirme, de conformidad con el artículo 320 29 ,

armonizado con el artículo 28130, ambos del CGP.

29
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
30
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”

31

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Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión 31

en la que se precisó:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

[…] En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir
sus decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A.
Art. 170], exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra,
que la decisión que ella contenga, sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como
en el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un
derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.”32

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte

31
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.
32
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

32

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demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:

“Se reitera 33 que el principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre
la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo
que se denomina congruencia interna, y de otra, que
la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración
de un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de
la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir
los argumentos y hechos expuestos en la demanda.

La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en
que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas
procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos,
siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la
demanda.

En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro
del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para
decidir la controversia, las normas violadas y su concepto
de violación, se constituyen en el marco de análisis y
estudio al momento proferir la sentencia […]”34(Subrayas
fuera del texto original)

Precisado lo anterior, la Sala procede al examen de los reclamos de

este recurso.

33
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
34
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.

33

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5.4.2 Análisis del asunto bajo examen

De acuerdo con el planteamiento del recurso, se tiene que la

oposición del recurrente es respecto de:

i) la incompetencia funcional del Consejo de Estado para examinar

un recurso que carece de objeto, por presuntamente no oponerse

al contenido del fallo anulatorio y.

ii) por la presunta incongruencia del fallo de segunda instancia,

pues adujo que el juez ad quem estaba restringido en su

pronunciamiento a los motivos que se delimitaron en la demanda y

la audiencia inicial, a través de la fijación del litigio, lo cual deriva

en que al asumir el examen de aspectos que no fueron objeto de

controversia por el actor en la demanda era imposible su

pronunciamiento.

Para abordar este asunto es del caso delimitar que la discusión se

orientó a controvertir la legalidad del Oficio N° OJ/636/201535 por

el cual El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. no accedió a la

petición del actor. El acto acusado es del siguiente tenor:

35
Folios 66 a 69 del C. 2 de expediente digital.

34

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Lo anterior, pone de manifiesto que es respecto de tal acto que el

actor promovió la demanda de nulidad y restablecimiento para

cuestionar su legalidad y elevó los cargos en su contra con el ánimo

de desvirtuar la presunción de legalidad de que está investido.

En relación con el escrito de demanda se aprecia que la pretensión

primera de nulidad se planteó en los siguientes términos:

38

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(i) PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare la nulidad el acto administrativo
contenido en el oficio TRD-100.17-O.J./636/2015 fechado
dieciséis (16) de junio de 2015, proferido por la Doctora
BIBIANA CASTELLANOS en calidad de DIRECTORA (E) del
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, por ende, actuando como
su representante legal mediante la cual concluye: “[…] bajo
ninguna circunstancia, resulta procedente el pago de los
honorarios que usted reclama, así como tampoco se accederá
al reconocimiento de derechos laborales que no le asisten, toda
vez que no existe obligación contractual ni compromiso
presupuestal que respalde la prestación del servicio, es
decir, que no hubo contrato que comprometiera al
Hospital al pago de contraprestación alguna […]”.

En este entendido, para el estudio de este proceso, el Magistrado

conductor del trámite dispuso en la audiencia inicial, un recuento

sobre las posturas de la parte demandante y de la entidad

accionada, que apenas representan un “resumen” de los términos

en los que debía pronunciarse el juez, respecto de si el acto acusado

era nulo y si le asistía al actor el reconocimiento reclamado o, por

el contrario, si las razones expuestas por la entidad resultaban

suficientes para denegar las pretensiones.

Del examen de lo discurrido en dicha audiencia, se lee lo siguiente:

“[…] 4.- FIJACIÓN DEL LITIGIO.

Respecto de los hechos de la demanda (Folios 4 al 13)

Sobre los hechos de la demanda el Hospital San Vicente de
Arauca, consideró como necesarios de pruebas los descritos en
los numerales 13, 18, 19 y 23; sobre los hechos del 5 al 7, 17,
20-21, señaló que no le constan, así que deben ser probados;
respecto de los hechos 1 al 4, 8, 11-12, 24, 27-29, 31 y 32, los
aceptó como ciertos, sin embargo, dejó claridad que la
prestación del actor como especialista, la realizó de manera
parcial y que dichos lapsos, se le reconocieron mensualmente,
sin cumplir horario y solo por escasas horas.

39

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En consecuencia estos son objeto de controversia y requieren
de acreditación en éste (sic) proceso.

Parte demandante: Solicita que los numerales 18 y 19 sean
declarados como ciertos, toda vez que la parte demandada,
expresó que se atiene al contenido de la certificación.

Parte demandada: En efecto, al momento de contestar la
demanda, tal como quedó señalado, dichos hechos se sujetan
al contenido de la certificación que se encuentra dentro del
Despacho.

Despacho: Se aceptan estos hechos como ciertos, solo en la
medida de la certificación que ha sido aportada al expediente.

Respecto de las pretensiones y la contestación de la
demanda

De la demanda presentada se extraen las pretensiones
propuestas por la parte actora, se concretan en obtener la
Nulidad del acto administrativo contenido en el oficio TRD-
100.17-0.J./636/2015 del 16 de junio de 2015, proferidos por
la Directora (E) del Hospital San Vicente de Arauca, por medio
del cual rechaza el pago de los honorarios que reclama el actor,
así como tampoco accede al reconocimiento de derechos
laborales que presuntamente le asisten, y en consecuencia,
negándole el reconocimiento y pago por conceptos de salarios,
prestaciones sociales y otros emolumentos.

Así mismo, el actor propone subsidiariamente, de no ser
plausible el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el de Reparación Directa, solicitando que se
reconozca administrativamente responsable al Hospital San
Vicente de Arauca, de la existencia de la actio in rem verso
(Enriquecimiento sin causa) al haberlo sometido a trabajar
como médico especialista en radiología y diagnóstico por
imágenes durante el tiempo comprendido entre el 10 de
diciembre de 2008 al 10 de marzo de 2014 y no cancelarle
salarios y prestaciones sociales que le corresponden como
especialista, sino como médico general. Que como
consecuencia de lo anterior, se condene al Hospital San Vicente
de Arauca, a reconocer, liquidar y pagar a favor del señor
Carlos Rafael Parales Cardozo, a título de indemnización de
perjuicios irrogados, con la indexación e interese legales, sus
derechos y acreencias laborales?, que dejó de percibir durante
el tiempo que laboró como médico especialista en radiología e
imágenes diagnósticas.

En cuanto al Hospital San Vicente de Arauca, se opuso a
todas y cada una de las pretensiones, tanto de las principales
como las subsidiarias, por carecer de fundamentos de hecho y
de derechos, pues señala, con respecto a la pretensión de NYR,

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no tiene vocación a la prosperidad por ser una decisión que se
ajusta a las normas vigentes y ninguno de los cargos, logra
desvirtuar la presunción de legalidad; y en cuento ala de
Reparación Directa, sostiene que en modo alguno se ajusta a
lo establecido en la Sentencia de Unificación proferida por el
Consejo de Estado, sección tercera, de noviembre de 2012,
pues el presunto alegado, se produjo dentro de una relación
laboral legal y reglamentaria. La decisión anterior se notifica
por estrado y se corre traslado a las partes para que se
manifiesten al respecto:

-La parte demandante: Esta parte está conforme con la
fijación del litigio

-La parte demandada: Solicita se haga una precisión sobre la
elaboración del problema jurídico a la pretensión subsidiaria,
pues al momento que se planteó se expresó que el HSVA se
había beneficiado de las labores del actor y entonces se tendría
que indemnizar; y como en el enriquecimiento sin causa está
previsto es la compensación y no la indemnización, solicita se
haga claridad sobre estos términos […]”

Finalmente, el fallo proferido por el Tribunal a quo, resolvió acceder

a la nulidad deprecada y dispuso respecto de las pretensiones de

restablecimiento, lo siguiente:

“[…] TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración,
se ordena al HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., a
PAGAR al señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO, la
diferencia salarial entre lo devengado como Médico General
en propiedad y lo que debería recibir en calidad de médico
especialista en radiología y diagnóstico por imágenes,
desde el 10 de diciembre de 2008 al 10 de marzo de 2014, e
igualmente, en este mismo periodo, todas las prestaciones
sociales, bonificaciones, derechos por laborar en la unidad de
radiología (riesgo) y la mora en el pago de la cesantías, las que
se liquidará en conforme a la Ley 244 de 1995 y la
jurisprudencia interpretativa al respecto.

De acuerdo con todo lo anterior, se ordena el pago de las
prestaciones y acreencias laborales pretendidas igual a
las que reciben quienes se desempeñan en el cargo de
Especialista de Planta, o, en su defecto, el que la entidad
fijó para los vinculados mediante contrato de prestación
de servicios para la época de los hechos, en concreto en el
año 2008, debidamente indexada, en cualquiera de las dos

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modalidades, con primacía por el mayor valor, sumas que
deberán ser ajustadas con base en la siguiente fórmula […]

Así como también, el pago de los aportes por dichos periodos a
las entidades de Seguridad Social en su debida proporción
teniendo en cuenta el término de la liquidación de las acreencias
laborales. Sumas que deberán ser ajustadas con base en la
fórmula citada en la parte emotiva.

CUARTO: NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva esta providencia.

[…]”.

Hasta este momento procesal, está claro que a las partes les asistía

el derecho de controvertir en oportunidad la decisión de fondo

adoptada, bien por la parte accionada mediante la oposición total o

parcial contra el fallo anulatorio, e incluso del actor respecto de la

decisión de no acceder a la totalidad de las pretensiones

formuladas.

En este asunto el recurso de apelación únicamente lo ejercitó el

apoderado del Hospital accionado, entidad que se opuso a la

decisión anulatoria y solicitó su revocatoria. Entre los argumentos

expuestos, señaló que:

“[…] Es un error por parte del juzgador del (sic) primera
instancia considerar que le asiste derecho alguno al
demandante para haber sido reintegrado en un cargo de mayor
jerarquía al cual desempeñaba (Médico general) en virtud del
contrato de comisión de estudios, otorgándole derechos
como médico especialista en radiología y diagnóstico por
imágenes, situación que no es cierta, teniendo en cuenta que
el contrato de comisión de estudios y contraprestación de
servicios No. 02 -0003 del 05 de diciembre de 2015, suscrito
por el señor CARLOS RAFAEL PARALES CARDOZO y el
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, en ninguna de sus
cláusulas pactaron como obligación de la entidad hospitalaria a

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reintegrarlo en un cargo de mayor jerarquía según su
especialidad.

En ese orden de ideas, no puede desconocerse en la decisión
de primera instancia que al demandante el HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA E.S.E, reconoció y pagó emolumentos
adicionales que no son propios de un Médico general como lo
fue su cargo, y que los servicios de radiología prestados fueron
cancelados en los eventos transitorios que se presentaban; Así
las cosas, de igual forma no puede pretenderse que la
entidad demanda reconozca y pague a quien no ha
cumplido con lo pactado en el contrato de comisión de
estudios, como tampoco se puede desconocer lo
señalado en nuestra carta política en su respecto de la
función pública, refiere que no habrá empleo público que
no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que
estén contemplados en la respectiva planta y previstos
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”,
de igual forma en el señaló que los empleos en los órganos y
entidades
del Estado son de carrera, exceptuando los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios,
cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso
público”.

Corolario de lo anterior, se interpreta y se da por cierto un
derecho al demandante respecto del contrato de comisión de
estudios, situación que no es cierta, lo cual refleja que erra la
sala de decisión al momento de valorar dicha prueba,
interpretando en perjuicio del Hospital San Vicente de Arauca
el clausulado del contrato referido, como se ha explicado tantas
veces, y con la cual se decide a favor del señor CARLOS RAFAEL
PARALES CARDOZO. […]” (Subrayas fuera del texto).

De dicho escrito la Sala aprecia que fueron varios temas a los que

aludió el Hospital apelante, tales como: i) la comisión de estudios

en el exterior autorizada al actor y el contrato suscrito, ii) el cargo

de médico general ocupado por el actor y el principio de la función

pública respecto de que “no habrá empleo púbico que no tenga

funciones detalladas en la ley o reglamento”, iii) el

desconocimiento de las pruebas aportadas al proceso, iv) la

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transgresión de los principios presupuestales y la clasificación del

empleo público, v) la ilegalidad de la condena moratoria y vi) la

legalidad del acto acusado.

Entonces, de acuerdo con lo acaecido en el proceso, se concluye

que no le asiste razón al recurrente respecto de los eventos que

invoca como constitutivo de nulidad de la sentencia bajo la causal

5a del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:

5.4.2.1 De la presunta incompetencia funcional del Consejo
de Estado para examinar un recurso que carece de objeto

Para responder el planteamiento que formula el recurrente y con el

ánimo de contestar integralmente los reproches, es necesario

recordar que la determinación de las competencias judiciales en la

jurisdicción de lo contencioso administrativo se prevén en el CPACA

y su distribución, se realiza entre los juzgados, los tribunales

administrativos y el Consejo de Estado según los factores objetivo,

subjetivo, funcional y territorial.

Por su parte, el factor funcional36 corresponde a la distribución de

los asuntos en instancias: única, primera y segunda, y cuyo reparto

obedece al nivel de autoridad, calidad del funcionario que expide el

36
La Corte Constitucional lo define como: “Este factor comprende la llamada competencia vertical
en contraposición a la horizontal que se presenta en el factor territorial, y comprende tanto la
competencia por grado como según la etapa procesal en que se desenvuelva. También se encuentra
en este factor de competencia los denominados recursos extraordinarios de casación y revisión”.
Sentencia T-308 de 2014.

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acto, naturaleza del acto administrativo objeto de control, tipo de

sanción y la cuantía de las pretensiones, entre otros.

Entonces, de lo que se aprecia, en este caso, es que el proceso

judicial de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter

laboral, con cuantía, es de doble instancia. De acuerdo con lo

expuesto, el Consejo de Estado tiene la condición de juez de la

apelación, lo que determinó que admitiera el recurso de alzada

contra el fallo de primera instancia, según da cuenta el auto de 27

de octubre de 201737. Posteriormente, en virtud de la orden de

traslado para alegar 38 el fallador habilitó el término para la

presentación de los alegatos de conclusión, etapa en la cual el

recurrente participó.

Tal intervención se encuentra documentada en el memorial 39

radicado ante el Consejo de Estado, mediante el cual el recurrente

se opuso a la solicitud de revocatoria del fallo apelado, e insistió y

se remitió a las razones expuestas en la etapa de alegaciones de la

primera instancia, pero en ningún caso identificó que existiera una

falta de competencia de carácter funcional.

37
Folio 32 del Cuaderno 5 del expediente digital.
38
Mediante auto de 1° de marzo de 2018, se ordenó correr traslado para alegar. (fls. 55-56 del C.
5 del expediente digital)
39
Folios 64 a 68 del Cuaderno 5 del expediente digital.

45

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De modo que atendiendo al concepto de “incompetencia

funcional” las razones a las que aludió el recurrente no se

identifican con este posible vicio, lo que desencadena en una

defectuosa argumentación y no en una falta argumentativa, pues

ello impediría al juez extraordinario un pronunciamiento.

Todo lo anterior, evidencia para esta Sala Especial que al Consejo

de Estado sí le asistía competencia para decidir el recurso, pues: i)

era un asunto a su cargo, ii) se interpuso oportunamente y iii) fue

sustentado, esto es, la entidad accionada identificó las razones de

oposición al fallo del Tribunal a quo, cuestionando el análisis

normativo y probatorio que orientó la decisión anulatoria del juez

de primera instancia.

Ahora, superado el examen de incompetencia, tampoco resulta de

recibo la alegación respecto de la cual el recurrente estima que los

argumentos esgrimidos por el Hospital accionado no constituyen

una verdadera oposición a la decisión del Tribunal, o como lo hace

entender, que al Consejo de Estado le estaba vedado examinar la

situación laboral entre el actor y la entidad prestadora de servicios

de salud, identificando la existencia o no de una relación legal y

reglamentaria, necesaria para establecer la procedencia de sus

reclamos.

46

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Además, conforme se anticipó, el Hospital apelante sí aludió

expresamente al principio estatal de la función pública como

fundamento de la relación laboral existente con el médico

PARALES CARDOZO.

Por este motivo, no es posible delimitar el estudio de los

argumentos de la apelación solo a aquellos planteamientos que

para el recurrente guardan identidad con su escrito de demanda,

pues entender ello, implicaría dejar sin defensa a la parte

accionada, a quien le está reconocido el ejercicio pleno de su

derecho de contradicción no solo a través de la contestación de la

demanda sino del planteamiento de excepciones y, por supuesto,

del ejercicio de los recursos contra las decisiones proferidas en el

curso del proceso.

Estos razonamientos son más que suficientes para concluir que en

este caso la incompetencia alegada no se orientó al evento previsto

en el artículo 133 del CGP, que señala que el proceso es nulo “[…]

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la

falta de jurisdicción o de competencia […]”.

Así, ante la obviedad de que tal declaratoria no existió, también hay

que concluir que, aunque se formuló bajo un título que permite su

47

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examen mediante el recurso extraordinario, las razones expuestas

no atienen a su ocurrencia.

Finalmente, se aprecia que en la sentencia de 14 de octubre de

2021 producto del control de legalidad, el Consejo de Estado indicó

que ninguna irregularidad procesal se halló probada, lo que

permitió proferir la decisión de fondo objeto de este recurso.

Por todo lo expuesto, se tiene que la alegación planteada no se

probó.

5.4.2.2 De la presunta incongruencia del fallo de segunda
instancia

En relación con la alegación de la incongruencia externa que invoca

el recurrente, se tiene que esta se predica en la segunda instancia

cuando hay falta de concordancia entre lo pedido por el apelante y

lo resuelto en el fallo recurrido.

Entonces, para determinar si el pronunciamiento del juez ordinario

está viciado de tal defecto es necesario identificar si el demandante

promovió el examen del acto administrativo y sustentó su

reclamación en la relación legal y reglamentaria como empleado

público del Hospital40.

40
En la demanda se aprecia que en los hechos el actor reconoce que se vinculó al Hospital accionado
como Médico General en carrera administrativa desde el 1 de agosto de 1997 y que le fue autorizado
la comisión de estudio en el exterior por tres años, tiempo después del que se REINCORPORÓ,

48

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

También, si el Consejo de Estado estaba o no habilitado por virtud

del recurso de apelación interpuesto para pronunciarse sobre el

principio de la función pública y los deberes que conlleva el ejercicio

del empleo público.

De acuerdo con el examen del acto administrativo acusado, la

pretensión del actor, el trámite judicial adelantado, el fallo de

primera instancia y el recurso de apelación en su contra, a los que

ya se hizo referencia en esta providencia, se evidencia que la

Sección Segunda del Consejo de Estado sí tenía competencia para

examinar el reproche que el apelante esgrimió por conducto de su

apoderado, consistente en la oposición manifestada frente a la

declaratoria de nulidad del acto cuestionado y, como consecuencia,

al examen de los deberes que el empleo de carrera demandan.

Este estudio abarcó no sólo la revisión de la postura que planteó el

actor y que avaló el Tribunal mediante la declaratoria de nulidad,

sino, como en efecto ocurrió, el examen de las razones que

esgrimió el ente accionado a lo largo de su defensa en relación con

el cargo desempeñado por el médico y el que se encontraba inscrito

en carrera.

asegura como Médico Especialista en cumplimiento del contrato de comisión y de la orden verbal
impartida.

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De manera que contrario a lo alegado, la decisión del fallo de

segunda instancia valoró las posturas de las partes procesales y de

acuerdo con el examen probatorio que realizó emitió la decisión que

resolvió el recurso de apelación que, dicho sea de paso, pidió la

revocatoria del fallo de primera instancia.

De este modo, no es aceptable el reproche del recurrente que

pretende suscribir el examen de la apelación a la validez de sus

argumentos y reclamos, desconociendo el derecho de defensa y

contradicción que le asiste a la contraparte, pues en la controversia

es claro que ambos extremos cuentan con el ejercicio pleno de sus

derechos, según los artículos 162 y 175 del CPACA, en armonía con

el artículo 173 del CGP41, para demostrar sus dichos, no resultando

aceptable que el examen, en este caso del recurso, se restrinja

únicamente a la postura de la demanda.

De lo precedente, contrario a lo esgrimido por el recurrente, se

tiene que el recurso de apelación del Hospital accionado sí se opuso

a los razonamientos que acogió el fallador y permitía la alegación

de las razones de su defensa al acto acusado.

Tan es así, que el Consejo de Estado identificó las posiciones

opuestas de las partes frente a los derechos reclamados, pues para

41
“ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados para ello en este código […]”

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

el recurrente eran procedente en virtud de los contratos de

prestación de servicios que realizó como médico especialista,

mientras que para el Hospital resultaban inviables porque el actor

ocupaba un empleo en planta como médico general, lo que lo llevó

a decretar pruebas de oficio 42 a efectos de esclarecer el punto

objeto de discusión.

De ahí que no le asista razón al recurrente frente al planteamiento

que elevó para que se diera por acreditada la causal invocada, pues

la finalidad de la alzada estuvo orientada a la revocatoria del fallo

que en primera instancia le resultó favorable, sin las limitaciones

que adujo.

Para hacer claridad sobre el particular, se trae a colación el

siguiente pronunciamiento en el que se concreta lo concerniente a

la finalidad del recurso de alzada:

“[…] corresponderá a quien emplea el recurso de apelación en
contra de sentencias, la manifestación concreta de los
motivos de inconformidad que formula en contra de la
providencia, a través de los cuales se fijará el ámbito
competencial del juez de segunda instancia, quien “no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso”. SE TIENE QUE LA LABOR DEL AD QUEM
CONSISTIRÁ EN VINCULAR LOS ARGUMENTOS
PROPUESTOS EN LA ALZADA –luego de que se trata de
un apelante único– con las consideraciones que llevaron
al fallador de primera instancia a tomar la decisión que
se cuestiona por su intermedio, por lo que resulta
pertinente que el recurrente reproche los argumentos
axiales que sustentan la providencia objetada […]”43.

42
Folio 90-92 del C. 5 del expediente digital.
43
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 7de
junio de 2018. Radicación número: 47001-23-31-000-2004-00487-01. Actor:

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Todo lo anterior conduce a declarar infundado el recurso

extraordinario de revisión, al no probarse la causal invocada, y así

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

5.6 Condena en costas

Las costas procesales se definen36 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

que se compone de las i) expensas37 y las ii) agencias en

derecho38”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA39, al pasar de un criterio

subjetivo40 a uno objetivo valorativo41, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

De este modo, en el CPACA se prevé que las costas se fijan de

manera objetiva valorativa contra la parte vencida en juicio, es

decir, no operan de manera automática, pues al juzgador le

corresponde valorar si se configura alguna de las hipótesis previstas

por el legislador, salvo en los recursos extraordinarios de

revisión.

REMANUFACTURADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA LTDA. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

En efecto, la condena en costas en el recurso extraordinario fue

objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever

que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare

infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que

resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.

Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este

proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020

que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, se declaró

infundado.

En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos 44 lo que

impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y

duración de la gestión útil.

Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con

las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en

derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha

44
El recurso se radicó el 21 de noviembre de 2022 y como quedó visto, se declaró infundado.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

de esta providencia, en favor del Hospital que acudió a participar

en este trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de

decisión, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra el fallo de 14 de octubre de 2021,

proferido por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de

Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: Se condena en costas al accionante. Por la Secretaría

liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por el recurrente, en favor del HOSPITAL SAN VICENTE

DE ARAUCA E.S.E., que acudió a participar en este trámite.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

CUARTO: TIÉNESE al doctor CARLOS ALFONSO PADILLA

SUÁREZ como apoderado judicial del HOSPITAL SAN VICENTE

DE ARAUCA E.S.E., de conformidad con el poder general1 y los

documentos anexos obrantes en el índice 15 del expediente digital.

QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA OMAR JOAQUÍN BARRETO
GARZÓN SUÁREZ
Presidenta Salva parcialmente el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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