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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2020-04314-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04314-00

Fecha
29 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04314-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se condena en costas al accionante, por Secretaría liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente, en favor del Departamento del Atlántico, entidad que acudió a participar en este trámite. CUARTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-04314-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020200431400
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por

el señor GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA, contra el

fallo de 30 de mayo y el auto de 18 de julio, ambos de 2019,

proferidos por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo

de Estado, a través de los cuales se resolvió el recurso de apelación

interpuesto contra la sentencia de 4 de mayo de 20111 dictada por

el Tribunal Administrativo del Atlántico, y se negó la solicitud de

aclaración y corrección de dicha sentencia, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1.1. El señor GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA formuló

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

1
El fallo del ad quem resolvió confirmar la sentencia proferida el 4 de mayo de 2011 por el Tribunal,
salvo el numeral sexto que quedó así: “En el evento de haber sido deducida, al momento de
pagar el valor liquidado en el artículo segundo de la resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, la
suma de $165.084.00 por concepto de prima de navidad año 2001, CONDENASE al Departamento
del Atlántico – Contraloría General del Departamento del Atlántico al reintegro a favor del actor de
dicha suma, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

restablecimiento del derecho, por conducto de apoderado, en

contra del artículo primero parcial y segundo de la Resolución

000068 de 3 de febrero de 2004, expedida por la Contraloría

General del Departamento del Atlántico que reconoció y ordenó el

pago de unas cesantías definitivas y prestaciones sociales a

su favor.

1.2. La solicitud de nulidad también recayó en el acto

administrativo ficto negativo que se originó por la omisión de

respuesta del Departamento del Atlántico a la petición de 11 de

mayo de 2004, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la

diferencia salarial y prestacional del 8.75% por el aumento

salarial del 2001 y del 6% frente a los años 2002 y 2003, no

reconocidas en la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004. A

esta solicitud se le sumó la nulidad del Oficio SH-0232 de 22 de

junio de 2004, a través del cual se dio traslado de la petición a la

referida Contraloría.

A título de restablecimiento pidió: i) la reliquidación de las

cesantías definitivas y prestaciones sociales, ii) la reliquidación de

las vacaciones causadas y de aquellas proporcionales del 4 de

agosto de 2003 al 12 de enero de 2004, iii) la reliquidación de las

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

cesantías definitivas y las demás prestaciones sociales2, iv) pagar

los intereses causados por el no pago oportuno de las cesantías, v)

reconocer y pagar los valores deducidos en el artículo 2° de la

Resolución 000068 de 2004, vi) que se consideren los porcentajes

del 8,75% sobre las vigencias 2001, 2002 y 2003, vii) que los

valores a pagar se indexen y viii) que se condene al pago de las

costas y agencias en derecho.

1.3. Para mayor entendimiento, la Sala relacionará los hechos que

dieron lugar a la sentencia objeto del recurso, así:

El recurrente prestó sus servicios en la Secretaría de Salud del

Departamento del Atlántico, entre el 4 de agosto de 1998 y el 15

de enero de 2001; y en la Contraloría General del Atlántico, desde

el 16 de enero de 2001 al 9 de enero de 2004. Según el señor

PARDO CORTINA, los efectos salariales y prestacionales en esta

última entidad tuvieron efectos hasta el 12 de enero de 2004.

En razón a la finalización del vínculo laboral, el recurrente solicitó

ante dicha Contraloría la liquidación y el pago de cesantías y

también de sus prestaciones sociales. Asimismo, pidió adicionar a

la liquidación el incremento del 8.75% del año 2001 y también los

correspondientes a los años 2002 y 2003; e informó que se

2
Con tal fin solicitó que se tuvieran en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de
representación, los dominicales y feriados, la prima de navidad, la bonificación por servicios prestados
y la prima de vacaciones.

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

desconoció la continuidad que traía como empleado público de la

Gobernación del Atlántico.

A través de la Resolución 000068 de 2004, la Contraloría accedió

al reconocimiento de las cesantías y las vacaciones no disfrutadas,

decisión contra la cual procedía el recurso de reposición.

En virtud de la decisión de la Contraloría, el recurrente radicó con

posterioridad petición ante la Gobernación del Atlántico para que

ésta le reconociera las diferencias salariales que no consideró la

Resolución 000068 de 2004. Tal petición no fue contestada

expresamente.

1.4. Frente a dichos actos el actor ejercitó el medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda se decidió por el

Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 4 de

mayo de 2011, en la que se declaró: i) no probaba la excepción de

inepta demanda, propuesta por el Departamento del Atlántico,

y la de falta de legitimación por pasiva, formulada por el ente

territorial y la Contraloría Departamental; ii) declaró la nulidad

parcial de la Resolución 000068 de 2004, en cuanto “no reconoció

el período proporcional de las vacaciones del actor entre el período

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

del 4 de agosto de 2003 y el 12 de enero de 2004”3; iii) declaró la

nulidad del acto ficto presunto negativo a la petición de 11 de

mayo de 2004 y del Oficio SH-0232-04 de 22 de junio de 2004; iv)

condenó a los entes accionados a reconocer y pagar: 1) la

compensación en dinero de las vacaciones entre el 4 de agosto de

2003 y el 12 de enero de 2004, 2) a reintegrar4, en caso de haber

sido deducidas, las sumas por concepto de bonificación por

servicios, prima de servicios año 2001 y prima de navidad de ese

año5, y 3) que los factores reconocidos se reajustaran teniendo en

cuenta el incremento salarial dispuesto por el gobierno para los

años 2001, 2002 y 2003, a partir del 11 de mayo de 2001 a 2003;

y v) negó las demás pretensiones.

1.5. Contra la anterior decisión la parte accionada, comprendida

por el Departamento del Atlántico y la Contraloría Departamental

de ese ente territorial, interpusieron recurso de apelación.

Según el trámite judicial ordinario, el Departamento del

Atlántico insistió en su falta de legitimación y adujo que las

3
En relación con esta condena también dijo: “[…] dispuso deducir de la liquidación definitiva del
señor GIOVANNI PARDO CORTINA, los valores reconocidos por concepto de la Bonificación por
Servicios Prestados año 2001, prima de servicio año 2001 y Prima de Navidad año 2001. […]”
4
En la sentencia se señaló: “[…] que era procedente el reintegro de los valores deducidos en el acto
demandado, toda vez que la bonificación por servicios prestados se reconoce por el año de servicios
prestados y el actor se vinculó con el Departamento del Atlántico a partir del 4 de agosto de 1998
hasta el 15 de enero de 2001 y del 16 de enero de 2001 al 12 de enero de 2004, sin que mediara
solución de continuidad para efectos de la liquidación de dicha bonificación, situación que opera
también con relación a las primas de servicios y de navidad […]”
5
A esta determinación agregó que: “[…] SEXTO: En el evento de haber sido deducidas, al
momento de pagar al actor el valor total liquidado en el artículo primero de la Resolución No. 000068
del 3 de febrero de 2004, la suma de $607.789,oo por concepto de Bonificación por Servicios
Prestados año 2001, la suma de $868.270.oo por concepto de Prima de Servicios año 2001,
la suma de $156.084.oo por concepto de Prima de Navidad año 2001, CONDÉNASE al
Departamento del Atlántico, Contraloría General del Departamento del Atlántico al reintegro a favor
del actor de dichas sumas de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia […]”

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Contralorías Departamentales gozan de autonomía administrativa

y presupuestal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la

Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y sus decretos

reglamentarios.

Por su parte, la Contraloría General del Departamento del

Atlántico alegó la configuración del fenómeno jurídico de la

caducidad respecto de la Resolución 000068 de 20046, teniendo en

cuenta que la demanda se presentó hasta el 26 de agosto de ese

año; e indicó que era inoportuna la reclamación contra el Oficio SH-

0232 de 22 de junio de 2004, expedido por el Secretario de

Hacienda del Departamento del Atlántico, pues este se hizo con el

ánimo de revivir términos para acudir a la jurisdicción contenciosa.

A lo anterior agregó, que no tiene la vocación de acudir como parte

accionada, por cuanto su representación judicial está a cargo de la

Gobernación del Atlántico.

II. PROVIDENCIAS RECURRIDAS EN REVISIÓN

2.1 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por

la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación que,

6
La resolución cobró ejecutoria el 11 de febrero de 2004.

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

al resolver los recursos de apelación interpuestos, CONFIRMÓ la

sentencia7 del Tribunal a quo, SALVO el numeral sexto, en lo que

respecta al REINTEGRO de la bonificación por servicios prestados

y la prima de servicios.

En relación con el planteamiento de caducidad de la acción no lo

encontró probado, por cuanto verificó que el ejercicio del medio de

control fue oportuno al presentarse el 10 de junio de 2004.

El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a

establecer si: i) el actor tenía derecho al reconocimiento y pago de

las vacaciones por el período comprendido entre el 4 de agosto de

2003 y el 12 de enero de 2004; ii) si tenía el derecho al reintegro

de la bonificación por servicios prestados, prima de servicios y

prima de navidad, las cuales le fueron deducidas a través del

artículo segundo de la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004;

y iii) si procedía el reajuste de los factores salariales y

prestacionales reconocidos a favor del accionante con ocasión de

su retiro del servicio de la Contraloría General del Departamento

del Atlántico, teniendo en cuenta la diferencia salarial por concepto

del incremento salarial de los años 2001, 2002 y 2003.

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Que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

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Bajo el desarrollo de estos planteamientos, que resultan de interés

para este recurso extraordinario de revisión, el Consejo de Estado

revocó el fallo del Tribunal a quo frente al reintegro de las

deducciones que se le hicieron en la Resolución 000068 de 3 de

febrero de 2004, para lo cual adujo:

“[…] En este orden de ideas, en relación con la prima de
navidad pagada al actor, la Sala estima que no hay lugar a
ordenar su descuento, toda vez que, como se aclaró
antes, de acuerdo con el Decreto 1919 de 27 de agosto
de 2002, los empleados públicos de las entidades a las
que se les aplique dicho decreto, entre ellas, las
contralorías territoriales, tendrán derecho a las
prestaciones sociales consagradas para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional, dentro de las que se encuentra la referida prima de
navidad prevista en el Decreto 1045 de 1978.

Ahora bien, en lo que concierne a la PRIMA DE SERVICIOS
Y A LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, se
precisa que contrario a lo afirmado por el A quo, hay
lugar al descuento de tales factores salariales, por
razón a que estos solo se reconocen a empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
calidad que no ostentaba el demandante pues sus
servicios los prestó en la Contraloría General del
Departamento del Atlántico. Al respecto, se reitera que el
Decreto 1919 de 2002 extendió exclusivamente el
régimen de prestaciones sociales de los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los
del orden territorial.

En resumen, se tiene que en el caso particular del actor
procedía como bien lo determinó el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el pago de la prima de navidad, por ser esta una
prestación social reconocida a empleados públicos del orden
territorial; sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto
al reconocimiento de la prima de servicio y la
bonificación por servicios prestados, las cuales no tiene
derecho el demandante por cuanto se trata de factores
salariales de índole territorial […]”.

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
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2.1 AUTO QUE NEGÓ LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y

CORRECIÓN DEL FALLO

El actor del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

solicitó en oportunidad, que se reemplazara el término territorial

por nacional, pues esta confusión da a entender que no se le puede

reconocer ni la prima de servicios ni la bonificación por servicios

prestados, por tratarse de factores salariales del orden territorial.

Al respecto, el Consejo de Estado aclaró que no procedía el

reintegro de los valores deducidos porque “los mismos eran

factores salariales que solo se reconocían a empleados

públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, calidad que

no ostentó el señor Pardo Cortina, quien prestó sus servicios a la

Contraloría General del Departamento del Atlántico”.

A pesar de ello, encontró que sí hubo una confusión al referir

territorial con nacional, razón por la cual estimó oportuno hacer

esta mención8, la que, en todo caso, señaló no la habilitaba para

acceder a la aclaración, toda vez que no surgía ninguna duda en la

parte resolutiva de la sentencia.

8
“[…] En resumen, se tiene que en el caso particular del actor procedía como bien lo determinó el
Tribunal Administrativo del Atlántico, el pago de la prima de navidad, por ser esta una prestación
social reconocida a empleados públicos del orden territorial; sin embargo, no ocurre lo mismo con
respecto al reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, a los
cuales no tiene derecho el demandante por cuanto se trata de factores salariales de índole territorial
[…]" (Resaltado por la Sala)

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

En cuanto a la solicitud de corrección, encontró la Sala que se

incurrió en un error de digitación al referirse al año 2011, cuando

correspondía al 2001, el cual estimó que comoquiera que no influía

en la parte resolutiva, no procedía la corrección.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3.1. El señor GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA presentó

escrito ante esta Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario

de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA.

La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia

de 30 de mayo de 2019, proferida por Subsección “B” de la Sección

Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente de nulidad

y restablecimiento del derecho núm. 08001-23-31-000-2004-

01066-01 (1657-2012)

Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el

numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a su juicio, se

configuró por la violación al debido proceso y por constituir la

sentencia una decisión incongruente, con fundamento en la

siguiente argumentación:

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Señaló que el motivo constitutivo de la causal de nulidad es la

violación al debido proceso, puesto que el fallo de segunda

instancia, proferido por el Consejo de Estado - Sala de lo

Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección “B”, se

refirió a un argumento nuevo que no fue objeto de debate en el

proceso.

Adujo que el reproche en el que se centró el fallador de segunda

instancia no fue alegado por la Contraloría Departamental, ya que

la entidad se limitó a indicar que no tenía derecho a la continuidad,

y ningún planteamiento realizó frente al derecho a la prima de

servicios y a la bonificación por servicios. Tampoco refirió como

argumento de oposición que las prestaciones objeto de la orden de

devolución solo fueran del nivel nacional, lo que las excluía de

aplicación y reconocimiento a los empleados del nivel territorial.

A juicio del recurrente, de manera inexplicable, la Subsección “B”

de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se pronunció sobre

aspectos que no se demandaron, pues eran las entidades las que

debieron controlar sus propios actos y cuestionar el reconocimiento

y pago de la prima de servicios y la bonificación por servicios

prestados durante la relación laboral con la Contraloría.

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Estimó que el argumento de no reconocimiento es un fundamento

expuesto por el juez, y la razón que esgrimió es que tales

prestaciones se excluyeron porque se pagan únicamente a los

empleados del nivel nacional y no a un servidor territorial.

Bajo su entender, era imposible, por ausencia de cuestionamiento

judicial, que se ordenara el descuento de dineros que ingresaron a

su patrimonio y que no fueron objeto de reproche, aunque se funde

en el artículo 5° del Decreto 1919 de 2002, para tal efecto.

Agrega que en caso de que la administración hubiese querido

controvertir el pago de los valores reconocidos, ha debido

demandar su propio acto mediante la acción de lesividad, razón

por la que el ad quem no podía entrar a revocar como lo hizo, los

derechos particulares y concretos sin el consentimiento de su

titular.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 2 de julio de 2020 se rechazó el recurso

extraordinario por extemporáneo. Contra esta decisión el

recurrente ejercitó el recurso de reposición y, en subsidio, el de

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súplica, sustentado en que los términos judiciales estuvieron

suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 20209.

4.2. Con auto de 15 de diciembre de 2021 se repuso la decisión de

rechazo y, en su lugar, se concedió un término de 5 días para que

el recurrente corrigiera su demanda, en el sentido de precisar la

causal invocada.

4.3. Corregido el escrito de demanda se admitió el recurso

extraordinario de revisión, por auto de 4 de febrero de 2022, y se

ordenó notificar al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y a la

CONTRALORÍA GENERAL de dicho ente territorial. Durante el

término de traslado se contestó el recurso, así:

4.3.1. EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Se opuso a las pretensiones de este recurso, por cuanto estimó que

no se amenazaron ni se vulneraron derechos de carácter particular.

Sustentó su petición en lo siguiente:

“[…] tal como lo señala el auto que resolvió la solicitud de
aclaración interpuesta por el actor se determinó que no hay
lugar a aclarar la sentencia de 30 de mayo de 2019, toda
vez que no surge duda o confusión en la parte resolutiva
de la sentencia (como lo exige el artículo 185 del CGP),
frente a si debía o no reintegrarse el valor deducido en

9
Según los Acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y PCSJA20-11567 de 5 de junio de
2020.

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el acto administrativo acusado por concepto de prima
de servicios y bonificación por servicios prestados, ya
que de conformidad con las consideraciones de la
sentencia ES CLARO QUE NO PROCEDÍA A FAVOR DEL
DEMANDANTE EL PAGO DE DICHOS FACTORES
SALARIALES, puesto que solo se reconocen a empleados de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, condición que no
ostentaba el señor Giovanni Francisco Pardo Cortina como
empleado de la Contraloría General del Departamento del
Atlántico […]”.

4.4. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado,

manifestó que el recurso extraordinario no tiene vocación de

prosperidad, por lo cual debe declararse infundado.

Indicó que de acuerdo con la competencia funcional establecida en

el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez puede

pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante y

también sobre los aspectos que resulten inescindiblemente

relacionados u otros que pueda resolver oficiosamente.

Afirmó que en el fallo de segunda instancia no se incurrió en la

causal de nulidad alegada por el recurrente, pues su

pronunciamiento se ocupó de resolver los recursos de apelación de

los entes accionados, que tenían como propósito la revocatoria de

la sentencia condenatoria de primer grado.

Refirió que en virtud del principio de la non reformatio in pejus, el

superior funcional no solo adquiere competencia para revisar el

objeto de la apelación en lo desfavorable, sino que adquiere

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competencia para pronunciarse sobre aspectos, oficiosamente,

tales como: i) la defensa de un orden jurídico justo y del Estado

social de derecho, ii) caducidad, iii) la falta de legitimación en la

causa y iv) la indebida escogencia de la acción, aunque no fueren

parte de los argumentos del recurso de alzada.

Que en el caso sub-lite se tiene que la sentencia de primera

instancia fue apelada por las entidades demandadas, por lo que la

competencia de la Sala en segunda instancia estaba determinada

por los argumentos expuestos en el recurso de apelación, conforme

al artículo 328 del Código General del Proceso, y lo consustancial a

ellos.

Identificó que, de acuerdo con lo señalado en el fallo de segundo

grado, los recursos de apelación en contra de la sentencia de 4 de

mayo de 2011, del Tribunal Administrativo del Atlántico, se

centraron en aspectos de la competencia de las entidades

accionadas en relación con los reclamos del actor.

Afirmó que la congruencia vista en “el contexto de la competencia

del fallador de segunda instancia, al resolver la apelación con

apelante único, implica entonces la posibilidad de emitir o no

pronunciamiento en relación con aspectos no planteados

directa o expresamente en el recurso de alzada”.

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De acuerdo con ello, la congruencia en la decisión del recurso de

apelación comporta la posibilidad del fallador de pronunciarse sobre

las razones expresas de la apelación, empero también sobre

aspectos consustanciales a aquellas, sin perjuicio de las cuestiones

que de oficio se deban dirimir para producir un fallo que sea justo

y en pleno derecho.

Bajo estos argumentos, reiteró que la sentencia cuestionada no

incurrió en la causal de nulidad alegada por el recurrente, pues no

vulneró el principio del debido proceso ni la regla procesal de

congruencia, dado que el ad quem tenía plena competencia para

pronunciarse sobre todos los tópicos de la condena, pues, a su

juicio, los recursos de apelación controvirtieron la totalidad de la

sentencia condenatoria.

De este modo, el reintegro de los valores deducidos en el artículo

segundo de la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, esto es,

la bonificación por servicios prestados, la prima de servicio y la

prima de navidad, representaban un tema de análisis que podía

adelantar el Consejo de Estado, porque tenía la atribución para

resolver la controversia conforme al ordenamiento jurídico

aplicable, sin que allí, como lo asevera el recurrente, estuviera

limitado por los argumentos de la apelación.

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Es decir, el juez de segunda instancia, teniendo en cuenta la plena

competencia para resolver la apelación, bien podía armonizar la

proposición jurídica bajo la cual decidir el litigio.

Por lo demás, no encontró que el Consejo de Estado se hubiese

pronunciado, en la parte resolutiva de la sentencia censurada,

sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de

reconocimiento administrativo de la prima de servicios o de la

bonificación por servicios prestados; tan solo no halló viable la

prosperidad de la pretensión número nueve (9) de la demanda, en

lo relativo al reintegro de los valores cuya orden de descuento se

dispuso por la administración en cuanto a dichas prestaciones

económicas.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

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Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo

249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso

extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de

aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.

En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el

artículo 10710 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para

resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.

De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los

Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,

reglamentó la integración 11 y el funcionamiento de las Salas

Especiales y les asignó, entre otras, la competencia para resolver12

10
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
11
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación
de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
12
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”

19

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las

sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

Lo anterior, es relevante para destacar que el recurso

extraordinario de revisión recaerá únicamente en el fallo de 30 de

mayo de 2019, proferido por el Consejo de Estado y no en el auto

que resolvió la solicitud de aclaración, por lo que este

pronunciamiento se circunscribirá a determinar si se configura o no

la causal invocada respecto de la referida sentencia de esta

Corporación.

5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada13.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se

sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de

2003, las que se tramitan bajo este procedimiento especial.

13
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.

20

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la infirmación14, tanto para “enmendar los errores

o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el

derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

jurídico”15.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido”16

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la

14
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
15
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
16
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

21

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas17 que

habilitan su procedencia.

5.3 De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201118, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.[…].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad

17
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
18
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto,
cuando se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia
ha de entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

22

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de

carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior19.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13420 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

19
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
20
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”

23

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales

de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General

del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de

artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la

sentencia.

En este primer escenario 21 , la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto es del caso traer a colación

el siguiente pronunciamiento22:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC23. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

21
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
22
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
23
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

24

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.

“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad24 de la Corte Constitucional C-491-95.

24
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista

25

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140

del CPC25 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo

el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite

procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al

respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale
taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se

en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
25
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

26

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los
procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia. […]”26

Bajo este análisis, la Corporación 27 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

26
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
27
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.

27

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia28; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado29

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción,

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad, y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega el recurrente, se demuestra la existencia de incongruencia

entre lo pedido y lo decidido en el fallo que resolvió los recursos de

28
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
29
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

28

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

apelación interpuestos en el proceso ordinario. El objetivo será

identificar si el fallador de segunda instancia se excedió en su

competencia al revocar el fallo que ordenó el reintegro de las sumas

pagadas a título de derecho a la prima de servicios y a la

bonificación por servicios, fundada en que tales prestaciones se

pagan exclusivamente a los empleados del nivel nacional y, por este

motivo, no podían reconocerse a los de nivel territorial, carácter

que tiene el recurrente.

Por ello, será necesario establecer si la Sección Segunda del

Consejo de Estado se pronunció frente a una alegación no

sustentada en los escritos de apelación, lo que, a juicio del actor,

impedía realizar su examen, hecho que configuraría la causal

invocada.

Para tal fin, la Sala analizará el concepto de incongruencia y el

contexto en el que se puede presentar, para luego resolver sobre

la alegación planteada, así:

5.4.1 El principio de congruencia

La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y

se traduce en la armonía predicable tanto de su estructura interna,

esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como de la externa,

29

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las

partes.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la

defensa de quien funge como parte accionada, y que se ejerce

también a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

corresponde efectuar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para

que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra

pertinente, la confirme, de conformidad con el artículo 320 30 ,

armonizado con el artículo 28131, ambos del CGP.

30
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
31
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”

30

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Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión32

en la que se precisó:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

[…] En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir
sus decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A.
Art. 170], exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de
otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en
la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el
proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta
el principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un
derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones.”33

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es

32
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.
33
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

31

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:

“Se reitera 34 que el principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y
de otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en
la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome
la decisión conforme se ha marcado la controversia en
el proceso.

Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que
dé certeza jurídica al asunto que se ha puesto a
consideración de un juez, sino la salvaguarda del derecho
de defensa de la contraparte, quien ha dirigido su
actuación a controvertir los argumentos y hechos
expuestos en la demanda.
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida
en que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas
procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos,
siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde
la demanda.
En materia contenciosa la demanda marca el límite
dentro del cual el funcionario judicial debe pronunciarse
para decidir la controversia, las normas violadas y su
concepto de violación, se constituyen en el marco de
análisis y estudio al momento proferir la sentencia
[…]”35(Subrayas y mayúsculas fuera del texto original)

34
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
35
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.

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Precisado lo anterior, la Sala procede al examen de los reclamos de

este recurso.

5.4.2 Análisis del asunto bajo examen

De acuerdo con el planteamiento del recurso, se tiene que la

oposición del recurrente es respecto de la presunta incongruencia

del fallo de segunda instancia, pues aduce que el juez ad quem

estaba restringido en su pronunciamiento a los motivos de la

apelación, de lo cual deriva que al asumirse el examen de aspectos

que no fueron objeto de controversia por las entidades apelantes

contra el fallo del tribunal, su decisión está viciada de nulidad.

En este entendido, la alegación de la incongruencia es la externa,

ante la presunta ausencia de concordancia entre lo pedido por las

entidades apelantes y lo resuelto en el fallo recurrido.

Entonces, para determinar si el pronunciamiento del juez ordinario

está viciado de tal defecto es necesario identificar si el demandante

promovió el examen del acto administrativo en relación con el

descuento de lo recibido a título de bonificación por servicios, prima

de servicios y navidad36, y si el Consejo de Estado estaba o no

36
En el acto cuestionado, esto es, la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, que al respecto
refirió:“[…] Que en mérito de lo expuesto y en atención al principio consagrado en el Título I, Artículo
6° de la Constitución, en virtud del cual “los particulares solo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y la Leyes, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, se dispondrá liquidar y reconocer las prestaciones

33

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habilitado por virtud de los recursos de apelación propuestos para

pronunciarse sobre el fondo del debate.

Con tal fin, en el siguiente cuadro se condensa la información

pertinente, así:

PRETENSIÓN DECISIÓN DEL APELACIÓN DECISIÓN DEL
TRIBUNAL CONSEJO DE
ESTADO
“[...] Que se declare “[…] SEGUNDO 37 : CONTRALORIA Acogiendo la tesis
la nulidad total del DECLÁRASE la TERRITORIAL39: reiterada de la Sala,
artículo segundo de nulidad parcial de la se aclara que la
la Resolución N° Resolución N° “[…] Sea lo primero Contraloría del
000068 del 3 de 000068 del 3 de manifestar que nos Departamento del
febrero de 2004 “Por febrero de 2004, en ratificamos, Y Atlántico es una
medio de la cual se tanto no reconoció el DEBERÁ TENERSE entidad que carece
reconoce y ordena el período comprendido EN CUENTA AL de personalidad
pago de unas entre el 4 de agosto de MOMENTO DE jurídica y que dicho
cesantías definitivas y 2003 y el 12 de enero FALLAR, LO atributo se predica
prestaciones sociales” de 2004, y dispuso ESGRIMIDO AL del ente territorial
expedida por el deducir de la CONTESTAR y del cual hace parte,
Contralor General del liquidación presentar los alegatos para el caso en
Departamento del definitiva del señor de la demanda, sin concreto, del
Atlántico [...]” GIOVANI PARDO embargo, debemos Departamento del
CORTINA, los valores ser reiterativo en lo Atlántico.
reconocidos por siguiente:
concepto de la Lo anterior para
Bonificación por [...] Pero teniendo en indicar que queda
Servicios Prestados cuenta la claro que, el
año 2001, prima de normatividad Departamento del
servicios 2001 y señalada y analizada Atlántico, contrario a
prima de navidad es de concluir que lo alegado en el
año 2001 […]”38 realmente quien recurso de apelación
tiene tal calidad es interpuesto, debe
el ente territorial comparecer al
del cual hace parte proceso de la
la Contraloría referencia en
pertinente". calidad de parte
demandada, ya que
es la persona jurídica

sociales y cesantías definitivas del señor GIOVANNI PARDO CORTINA, conforme al período en el que
laboró en la Contraloría General del Departamento del Atlántico, es decir, del 16 de enero de 2001
al 09 de enero de 2004 y deducir los valores que hayan sido cancelado por la errada aplicación de
las disposiciones legales citadas […]”.
37
La razón del Tribunal para tal declaratoria señaló: “[...] Sobre esta pretensión, esto es, que se
reintegren los valores deducidos en el acto acusado, considera la Sala que es procedente la pretensión
deprecada, en virtud a que la bonificación por servicios prestados se reconoce por el año de servicios
prestados y el actor se vinculó con el Departamento del Atlántico a partir del 04 de agosto de 1998
hasta el 15 de enero de 2001 y del 16 de enero de 2001 hasta el 12 de enero de 2004, lo anterior
sin que mediara solución de continuidad para efectos de la liquidación de la bonificación de servicios,
operando lo mismo con relación a la prima de servicios y prima de navidad […]”.
38
Este es el aparte de la resolución cuestionada que fue objeto de nulidad por el tribunal
administrativo: “ARTÍCULO SEGUNDO: Deducir de la liquidación definitiva del señor GIOVANNI
PARDO CORTINA, los siguientes conceptos: BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS AÑO 2001
la suma de $607.789.oo; PRIMA DE SERVICIO AÑO 2001 $868.270.oo; PRIMA DE NAVIDAD AÑO
2001 $156.004.oo, para un total deducible de $1.632.143.oo NETO A PAGAR […] $1.854.934.oo. Lo
anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución […]”
39
Ver folio 66 del archivo 08001233100020040106600_T1_4 visible en el registro SAMAI
37_RECIBEPRUEBAS_0800123310002 00401(.zip) NroActua 32

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DEPARTAMENTO DE de la cual hace parte
ATLÁNTICO40: la Contraloría General
de ese mismo ente
“[...] Por las razones territorial y por
antes expuestas consiguiente, es quien
solicitamos sea tiene la facultad de
revocada la comparecer
sentencia de la judicialmente en su
referencia, en representación.
relación a la condena
contra el […] Ahora bien, en lo
Departamento del que concierne a la
Atlántico, por no prima de servicios y a
tener la bonificación por
responsabilidad ni servicios prestados, se
obligación en precisa que contrario
concurrir, por la a lo afirmado por el A
omisión o error en que quo, hay lugar al
incurrió para la época descuento de tales
la Contraloría factores salariales, por
Departamental del razón a que estos solo
Atlántico. [...]”. se reconocen a
empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del
orden nacional,
calidad que no
ostentaba el
demandante pues sus
servicios los prestó en
la Contraloría General
del Departamento del
Atlántico […]”

[…] la Sala
confirmará la
sentencia proferida
el 4 de mayo de
2011 por el Tribunal
Administrativo del
Atlántico, que
accedió
parcialmente a las
pretensiones de la
demanda promovida
por el señor Giovanni
Francisco Pardo
Cortina contra el
Departamento del
Atlántico- Contraloría
General del
Departamento del
Atlántico, salvo el
numeral sexto, en lo
que respecta al
reintegro de la
bonificación por
servicios prestados
y de la prima de
servicios
[…]”

Del recuento que antecede, se evidencia que la Sección Segunda

del Consejo de Estado examinó el reproche que las entidades

40
Ver folio 74 del archivo 08001233100020040106600_T1_4 visible en el registro SAMAI
37_RECIBEPRUEBAS_0800123310002 00401(.zip) NroActua 32

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apelantes plantearon por conducto de sus apoderados, consistente

en la oposición manifestada frente a la responsabilidad de tales

autoridades departamentales y su competencia para dar

cumplimiento a la orden de restablecimiento.

En efecto, tanto la Contraloría Territorial como el Departamento del

Atlántico en el recurso de alzada manifestaron desacuerdo en

relación con las órdenes de pago 41 producto de la prosperidad

parcial de las pretensiones de nulidad; sin embargo, el asunto no

se restringió a este tópico, por cuanto la apoderada de la

Contraloría, en su memorial reiteró las razones de defensa que

expuso en la contestación de la demanda, remisión que el ad quem

encontró suficiente 42 para examinar la sentencia de primera

instancia en cuanto dicho escrito contiene la oposición a los cargos

41
En específico, el fallo del Tribunal dispuso: “[...] Quinto: condenar al Departamento del Atlántico,
Contraloría del Departamento del Atlántico, a reconocer y pagar al actor la compensación en
dinero de las vacaciones causadas entre el 4 de agosto de 2003 y el 12 de enero de 2004. Sexto:
en el evento de haber sido deducidas, al pagar el valor total liquidado en el artículo primero de la
Resolución n.o 000068 del 3 de febrero de 2004, las sumas de $607.789 por bonificación por servicios
prestados año 2001, $868.270 por prima de servicíos año 2001, $156.084 por prima de navidad año
2001, condenar al Departamento del Atlántico, Contraloría General del Departamento del
Atlántico, al reintegro a favor del actor de dichas sumas de dinero. Séptimo: condenar al
Departamento del Atlántico, Contraloría del Departamento del Atlántico, a que los factores salariales
reconocidos a través del presente proveído, se reajusten teniendo en cuenta el incremento
salarial dispuesto por el Gobierno Nacional para los años 2001, 2002 Y 2003, a partir del
11 de mayo de 2001 a 2003, en virtud del fenómeno de prescripción trienal que se declara […]
42
En el fallo objeto del recurso extraordinario, la Sección Segunda concretó como razones de
apelación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, las siguiente: “[…]
Alegó que operó el fenómeno jurídico de la caducidad con respecto a la Resolución 000068 de 2004,
pues esta quedó ejecutoriada el 11 de febrero de 2004 y la demanda se presentó hasta el 26 de
agosto de ese mismo año.
Afirmó que es inoportuno que el actor demande el Oficio SH-0232 de 22 de junio de 2004, expedido
por el Secretario de Hacienda del Departamento del Atlántico, con el fin de revivir términos para
acudir a la jurisdicción contenciosa; oficio que además no produce efectos jurídicos sobre la resolución
que quedó debidamente ejecutoriada.
Precisó que la entidad no tiene por si sola la vocación de accionada, por razón a que el pasivo
generado por demandas judiciales debe correr por cuenta de la Gobernación del Atlántico.
Ratificó lo expuesto en la contestación de la demanda. […]”

36

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del demandante. Al respecto se tiene que fueron argumentos de

defensa43 en dicha oportunidad, los siguientes:

“[…] En lo que tiene que ver con la liquidación de las cesantías
a las cuales tenía derecho el señor Giovanni Pardo Cortina, se
tiene que, las mismas le fueron reconocidas para el período
comprendido entre el 1º de enero al 12 del mismo mes
incluyéndosele los factores correspondientes, por obvias
razones legales, que hemos explicado en esta contestación no
se tuvo en cuenta el incremento del 8.75% reconocido
por la Gobernación del Atlántico, teniendo en cuenta que
este aumento salarial no fue legalizado al interior de esta
Contraloría al fijarse la escala salarial mediante ordenanza
emanada de la Asamblea Departamental del Atlántico.

Ahora, en cuanto a la violación del artículo 45 del Decreto
1042 de 1978, como lo hemos explicado en líneas
anteriores, la Contraloría no podía dar aplicación a esta
norma por cuanto la misma no aplicaba a los servidores
de la Contraloría, pues si se observa el Decreto 1042 de
1978, en el Artículo 1° que señala el Campo de aplicación,
queda claro que el sistema de nomenclaturas y remuneración
de cargos que se establece en el mismo regirá para los
empleados públicos que desempeñan las diferentes categorías
de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, con las
excepciones que se establecen más adelante. (Norma que
conserva plenamente su vigencia). Y no es viable tampoco
como lo hemos explicado hacer concordancia con el
Decreto 1919 de 2002, so pretexto de que este unificó el
régimen de prestaciones sociales cuando queda claro
que este se expidió en forma posterior a los hechos que
le sirven de base al demandante para solicitar el
reconocimiento de la no solución de continuidad entre el
servicio prestado a la Secretaria de Salud del Atlántico que
culminó el 15 de enero de 2001 y el servicio que comenzó a
prestar en la Contraloría el 16 de enero del mismo año […]”.

De esta manera, contrario a lo esgrimido por el recurrente, los

recursos de apelación de las entidades accionadas no se

43
La contestación de la demanda se aprecia a los folios 57-73 de la carpeta
37_RECIBEPRUEBAS_0800123310002 00401(.zip) NroActua 32 - carpeta
08001233100020040106600_T1_3

37

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

restringieron a los razonamientos específicos frente a la

legitimación de las entidades vinculadas al proceso judicial y su

responsabilidad frente a los derechos reclamados, sino que por

virtud de la reiteración de los argumentos de “la contestación de la

demanda” habilitó al fallador de segunda instancia para realizar el

examen de las razones de oposición a las pretensiones de la

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden, la Sección Segunda fijó como problema jurídico el

determinar si “¿El actor tiene derecho al reintegro de la bonificación por

servicios prestados, prima de servicios y prima de navidad, las cuales le

fueron deducidas a través del artículo segundo de la Resolución 000068

de 3 de febrero de 2004?”, cuya decisión se sustentó en lo siguiente:

“[…] Sobre el particular debe señalar la Sala que, mediante del
Decreto 1919 de 27 de agosto de 2002, el Gobierno Nacional
fijó el régimen de prestaciones sociales para los empleados
públicos y reguló el régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales del nivel territorial, estableciendo que
gozarán de las consagradas para los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

A partir de la vigencia del Decreto 1919 de 2002 (1º de
septiembre de 2002), los empleados públicos vinculados o
que se vinculen a las entidades a las que se les aplica el
citado decreto, tendrán derecho, entre otras prestaciones
sociales (de acuerdo con lo señalado en los Decretos 3135 de
1968; Decreto 1848 de 1969 y Decreto 1045 de 1978), a la
prima de navidad.

En lo que respecta a la prima de servicios y la bonificación
por servicios, debe señalarse que constituyen acreencias
laborales que conforme a la normativa prevista en el Decreto

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1042 de 1978 (artículos 4544 y 5845) sólo fueron establecidas
para los empleados del orden nacional, sin incluirlas para los
empleados públicos del orden territorial.

Sobre este punto, se aclara que si bien el Decreto 1919 de
2002 antes mencionado extendió el régimen de
prestaciones sociales de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden
territorial, el Decreto 1042 de 1978 establece que la prima
de servicios y la bonificación por servicios son factor
salarial, lo que quiere decir, que aun desde antes de la
expedición del Decreto 1919 de 2002 (que solo hizo
extensivo el régimen prestacional de los empleados del orden
nacional a los territoriales), no tenía sustento alguno el
reconocimiento y pago de estos factores salariales a
empleados públicos del nivel territorial46.

[…]

Ahora bien, en lo que concierne a la prima de servicios y
a la bonificación por servicios prestados, se precisa que
contrario a lo afirmado por el A quo, hay lugar al
descuento de tales factores salariales, por razón a que
estos solo se reconocen a empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, calidad que no ostentaba el
demandante pues sus servicios los prestó en la Contraloría
General del Departamento del Atlántico. Al respecto, se reitera
que el Decreto 1919 de 2002 extendió exclusivamente el
régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden territorial.

[…]”.

44
“ARTICULO 45. DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. <Modificado por los Decretos
anuales salariales> A partir de la expedición de este Decreto crease una bonificación por servicios
prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1o.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor
en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de
los enumerados en el artículo 1o., de este Decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en
cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de
continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no
transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente a la asignación básica y no será
acumulativa”.
45
“ARTICULO 58. LA PRIMA DE SERVICIO. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto
tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración que se
pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.
Esta prima no regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta
contraprestación cualquiera que sea su nombre”.
46
En este mismo sentido revisar las sentencias de 1 de marzo de 2018, expediente radicado número
08001-23-33-000-2014-00258-01(0216-16); y de 5 de abril de 2018, expediente radicado número
08001-23-33-000-2014-00250-01(4550-15): M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

39

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Así las cosas, para la Sala, la técnica jurídica que utilizó la

apoderada de la Contraloría con el fin de sustentar los argumentos

de oposición al fallo de primera instancia, consistente en remitir sus

argumentos al escrito de contestación de la demanda -aquel en el

que registró la defensa de la legalidad de los actos acusados- y de este

modo ampliar los razonamientos contenidos en el memorial de

alzada, impide considerar que el recurso de alzada estuviera

limitado a los aspectos que refirió el recurrente, pues tal

manifestación, la de remisión, habilitó al ad quem para considerar

los argumentos allí expresados, como en efecto ocurrió, y sin que

el recurrente en la etapa de alegatos de la segunda instancia47 la

hubiera identificado como improcedente.

De esta manera, no le asiste razón al recurrente frente al

planteamiento que elevó para que se diera por acreditada la causal

invocada, pues la finalidad de la alzada no solo estuvo restringida

a los motivos contenidos en el escrito sino que pidió considerar su

defensa frente a la legalidad de los actos, en cuanto estos fueron

anulados parcialmente por el fallador de primera instancia, lo que

deviene que esa intención argumentativa haya quedado cubierta

47
Sobre el particular se aprecia que el recurrente se pronunció respecto de los argumentos que
constituyeron, sin validar si la remisión a la contestación de la demanda era improcedente. En el
memorial se destaca la siguiente conclusión: “[…] Así las cosas, teniendo en cuenta la carencia de
argumentos jurídicos en los escritos de apelación interpuestos por las demandadas, solicito
respetuosamente a los Honorables Consejeros de Estado que confirmen en todas sus partes la
sentencia de primera instancia […]” Ver folios 123-127 del archivo
08001233100020040106600_T1_4 visible en el registro SAMAI
37_RECIBEPRUEBAS_0800123310002 00401(.zip) NroActua 32.

40

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

como complemento de los razonamientos en contra de la sentencia

anulatoria.

Para hacer claridad sobre el particular, se trae a colación el

siguiente pronunciamiento en el que se concreta lo concerniente a

la finalidad del recurso de alzada:

“[…] corresponderá a quien emplea el recurso de apelación en
contra de sentencias, la manifestación concreta de los
motivos de inconformidad que formula en contra de la
providencia, a través de los cuales se fijará el ámbito
competencial del juez de segunda instancia, quien “no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso”. SE TIENE QUE LA LABOR DEL AD QUEM
CONSISTIRÁ EN VINCULAR LOS ARGUMENTOS
PROPUESTOS EN LA ALZADA –luego de que se trata de
un apelante único– con las consideraciones que llevaron
al fallador de primera instancia a tomar la decisión que
se cuestiona por su intermedio, por lo que resulta
pertinente que el recurrente reproche los argumentos
axiales que sustentan la providencia objetada […]”48

Todo lo anterior conduce a declarar infundado el recurso

extraordinario de revisión, al no probarse la causal invocada, y así

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

5.6 Condena en costas

Las costas procesales se definen36 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

48
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 7de
junio de 2018. Radicación número: 47001-23-31-000-2004-00487-01. Actor:
REMANUFACTURADORA Y ENSAMBLADORA DE COLOMBIA LTDA. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez

41

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

que se compone de las i) expensas37 y las ii) agencias en

derecho38”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA39, al pasar de un criterio

subjetivo40 a uno objetivo valorativo41, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

Ahora, si bien el CPACA prevé que las costas se fijen de manera

objetiva contra la parte vencida en juicio, no operan de manera

automática, pues al juzgador le corresponde valorar si se configura

alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas que se

predicaban también respecto de los recursos extraordinarios de

revisión.

No obstante lo anterior, la condena en costas en el recurso

extraordinario fue objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en

el sentido de prever que, en los términos del artículo 255 ibidem,

cuando “se declare infundado [el recurso] se condenará en

costas”, mandato que implica para el fallador que adopte esta

decisión.

Ahora, para verificar su aplicación es necesario establecer si en el

asunto bajo examen concurren los presupuestos de la Ley 2080,

42

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

que reformó el CPACA, así: i) establecer si el proceso se radicó en

vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, pues por mandato del artículo 86 42 de

la Ley 2080 las normas procesales le resultan aplicables a los

procesos en curso y tramitados en vigencia del CPACA43, y ii) si el

recurso se declaró infundado.

Para el efecto, en el caso bajo examen se dan los presupuestos

requeridos, lo que impone que se fijen de acuerdo con la

naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.

Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido por

el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con las

actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en derecho en

un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, en favor de la entidad que acudió a participar en este

trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de

decisión, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley,

43

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia de 30 de mayo de 2019,

proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo

de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: Se condena en costas al accionante, por Secretaría

liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por el recurrente, en favor del Departamento del Atlántico,

entidad que acudió a participar en este trámite.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 29 de agosto de 2023.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

44

Número único de radicación: 110010315000202004314 00
Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

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