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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-005-2012-00372-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-005-2012-00372-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L LA : 1º) Confírmase la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017 por la Sala Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró probada la excepción de fuerza mayor y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda 2º) Condénase a la parte demandante a pagar las costas que se hubiesen causado en segunda instancia, cuya liquidación hará de manera concentrada el a quo, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso. 3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia que, deberán ser pagados por la parte demandante a cada una de las entidades demandadas. 4º) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-005-2012-00372-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

14 de julio de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-31-005-2012-00372-01 (61.190)
Demandante: MARÍA MONTERROSA DE HÉMER Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DEL FENÓMENO DE “LA NIÑA” 2010-2011 –
CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FUERZA
MAYOR

Síntesis del asunto: los actores alegan que las entidades públicas demandadas omitieron la
vigilancia y control de las obras de mantenimiento del Canal del Dique, así como también la
observancia del deber de prevención y control de las inundaciones, circunstancia que, de manera
concomitante con el fenómeno de “La Niña” durante los años 2010-2011, llevó a la ruptura del
canal y carretera Dique que dejó como consecuencia “la destrucción y/o pérdida total de bienes
muebles e inmuebles, maquinarias, ganado vacuno, enseres, cultivos, pastos, árboles frutales,
maderables, cercas, corrales, vaqueras, establos, sistemas de riego y producción lechera” de
propiedad de los demandantes.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 14 de noviembre de 2017 proferida por la Sala Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico (fls. 1665-1701 cdno. ppal.) que resolvió:

“PRIMERO: Decláranse no probadas las excepciones propuestas por los
demandados, con exclusión de la denominada fuerza mayor, la cual se declara
probada.

SEGUNDO: Niéganse las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin costas (Art. 188 Ley 1437 de 2011).

CUARTO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley
1437 de 2011” (fls. 467-468 cdno. ppal.).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 10 de diciembre de 2012, los señores María Antonia Monterrosa de Hémer, Farid
Bojanini Romero, Katia Helena Bojanini Romero, Alexis Cervantes Sanjuanelo, Róbinson

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Demandante: María Monterrosa de Hémer y otros
Reparación directa – Apelación de sentencia

Rodríguez Cortés, Jalil Elías Yance Hémer, Gonzalo Monterrosa Rago, José Martín Tatis
Mosquera y la Asociación de Productores de Leche del Sur del Departamento del
Atlántico -Aprolesur- por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, el Departamento del
Atlántico, la Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Declarar la Nación – Ministerio de Transporte, al departamento del
Atlántico, a la Corporación del Río Grande de la Magdalena ‘Cormagdalena’, y
a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico ‘CRA’ administrativamente
responsables de los perjuicios materiales y morales, presentes y futuros
causados a mis mandantes señores (as) MARÍA ANTONIA MONTERROSA DE
HÉMER, FARID BOJANINI ROMERO, KATIA ELENA BOJANINI ROMERO,
ALEXIS CERVANTES SANJUANELO, RÓBINSON RODRÍGUEZ CORTÉS,
JALIL ELÍAS YANCE HÉMER, GONZALO MONTERROSA RAGO, JOSÉ
MARTÍN TATIS MOSQUERA y la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
LECHE DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ‘APROLESUR’,
con ocasión del rompimiento de la carretera-Dique que del municipio de
Calamar (Bol) conduce al municipio de Santa Lucía (Atl) y la consecuente
introducción de las aguas del Canal del Dique, a todo el cono sur del
departamento del Atlántico; ocurrido el día 30 de noviembre del año 2010; lo
cual causó la destrucción y/o pérdida de bienes muebles e inmuebles,
maquinarias, ganado vacuno, enseres, cultivos, pastos, árboles frutales,
maderables, cercas, corrales vaqueras, establos, sistemas de riego y
producción de leche de propiedad de mis mandantes.

SEGUNDO: Condenar, en consecuencia de lo anterior, a la Nación – Ministerio
de Transporte, a la Corporación del Río Grande de la Magdalena
‘Cormagdalena’, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA y al
departamento del Atlántico a pagar a los aquí demandantes o a quienes
representen legalmente sus derechos; los perjuicios de orden material y moral,
subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman de manera
acumulada como mínimo la suma de $1.769’916.021,4, o en la cuantía que
resulte probada en el proceso.

TERCERO: Condenar a la Nación – Ministerio de Transporte, a la Corporación
del Río Grande de la Magdalena ‘Cormagdalena’, a la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico ‘CRA’ y al departamento del Atlántico, a pagar a los aquí
demandantes o a quienes representen legalmente sus derechos; los
mencionados perjuicios determinados para cada uno de los demandantes; valor
de la condena que deberá ser debidamente actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; (…)” (fls. 1-2 cdno. 1 –
mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

1) La región del cono sur del Departamento del Atlántico está conformada por seis (6)
municipios: Santa Lucía, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí y Repelón; dicha región
está delimitada por la parte oriente con la margen izquierda del río Magdalena y por el
sur con el Canal del Dique; la base productiva del referido sector se sustenta en la

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Demandante: María Monterrosa de Hémer y otros
Reparación directa – Apelación de sentencia

actividad agrícola, pecuaria y ganadera, en razón de sus condiciones físicas y
geográficas.

2) En la parte urbana del municipio de Candelaria se encuentra ubicada la casa de
habitación de propiedad de María Monterrosa de Hémer; en la parte rural también se
encuentran fincas y lotes de terrenos de propiedad de otros demandantes, al igual que
en los municipios de Campo de la Cruz y Manatí.

3) En el año de 2007 surgió la necesidad de efectuar reparaciones estructurales a la
carretera Dique con el fin de evitar inundaciones en el cono sur del Departamento del
Atlántico.

4) Para la ejecución de las mencionadas obras, el 29 de octubre de 2007 el Departamento
del Atlántico, por conducto del Secretario de Infraestructura Departamental, suscribió el
contrato no. 01082007000115 y el contrato adicional no. 01082008000002 de 14 de
marzo de 2008 con la empresa Unión Temporal Santa Lucía; esas obras no se ejecutaron
en los términos y condiciones contractuales, de manera concreta, en lo atinente a la
protección de los taludes de la vía con enrocados, asentamiento y reforzamiento de la
bancada.

5) Pese al anuncio público realizado por el IDEAM sobre la llegada del invierno, los entes
demandados nada hicieron en la zona sur del departamento, en particular en el canal y
en la carretera Dique que conduce de Calamar a Santa Lucía, acciones que resultaban
indispensables para evitar o minimizar una posible inundación en aquella región.

6) El 30 de noviembre de 2010 se produjo una inundación y como consecuencia de ello
colapsó en el kilómetro 3 la carretera Dique y se abrió un boquete de aproximadamente
tres (3) metros.

7) Las entidades demandadas incurrieron en una falla en la prestación del servicio por
omitir la ejecución de las correspondientes obras que garantizaran la resistencia y
estabilidad adecuada del canal y carretera Dique, aunado al hecho de la inobservancia
del deber de prevención y control de inundaciones en la zona.

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Demandante: María Monterrosa de Hémer y otros
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3. Trámite de primera instancia

1) Mediante auto de 21 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió
la demanda el cual fue notificado a las instituciones accionadas (fls. 144-145 cdno. 1).

2) El Departamento del Atlántico se opuso a las súplicas de la demanda y, en
consecuencia, propuso las excepciones de i) ausencia de responsabilidad, debido a la
inexistencia de los elementos integrantes de la responsabilidad patrimonial y, además,
por no configuración de una falla del servicio atribuible a esta entidad territorial; ii) falta
de legitimación en la causa por pasiva; iii) fuerza mayor o caso fortuito (fls. 167-188 cdno.
1).

3) El Ministerio de Transporte adujo que la principal causa del desastre ocurrido en el sur
del Departamento del Atlántico el 30 de noviembre de 2010 es un hecho exclusivamente
atribuible a la naturaleza, esto es, a una fuerza mayor o caso fortuito, imprevisto al que
no resultaba posible resistir; formuló los medios exceptivos de i) falta de legitimación en
la causa por pasiva, dado que las reclamaciones consignadas en el libelo desbordan su
ámbito de competencia; ii) caducidad, por cuanto el hecho dañoso acaeció el 30 de
noviembre de 2010 y la demanda se formuló el 10 de diciembre de 2012, es decir, por
fuera del plazo de dos (2) años previsto para interponer la acción de reparación directa;
iii) inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica del Ministerio de Transporte para
responder por las pretensiones de la demanda (fls. 306-331 cdno. 1).

4) Cormagdalena se opuso a las súplicas de la demanda sobre la base de argumentar
que cumplió, de manera responsable, las funciones encomendadas por la Constitución
Política y la ley, adicionalmente, adujo que no existe nexo de causalidad entre una acción
u omisión de dicha entidad y el hecho dañoso, pues, “la causa única y determinante fue
natural, a saber, el fenómeno de La Niña”; propuso las excepciones de i) fuerza mayor,
en tanto que el referido fenómeno desatado en todo el país durante el año 2010 constituyó
un desastre natural de consecuencias y dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el
cual se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de la señalada
anualidad; ii) culpa exclusiva de la víctima, debido a que los demandantes instalaron
actividades productivas en una zona inundable; iii) falta de legitimación en la causa por
activa, toda vez que los actores no aportaron prueba de propiedad de los predios
afectados por la ola invernal; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida
en que no tiene a su cargo las funciones de atención y prevención de desastres (fls. 336-
360 cdno. 1).

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5) Por su parte, la CRA pidió que se negara la prosperidad de las pretensiones, pues, la
situación que dio origen al medio de control de reparación directa fue desencadenado por
un hecho constitutivo de grave calamidad pública que sobrevino en todo el territorio
nacional - fenómeno de “La Niña”- (fls. 365-430 cdno. 1).

6) El 29 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico integró el litisconsorcio
necesario con los municipios de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria y
Suan del Departamento del Atlántico y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – en
adelante INCODER- (fls. 905-911 cdno. 3).

7) El INCODER se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la ola
invernal de los años 2010 y 2011 ocasionó un incremento en el nivel de los ríos y, por
ende, las subsiguientes inundaciones que afectaron los predios de los actores (fls. 935-
955 cdno. 3).

8) El 22 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo del Atlántico celebró la audiencia
inicial en la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de CADUCIDAD propuesta
por las entidades demandadas.

SEGUNDO: Por tocar el fondo del asunto, postergarse hasta la sentencia el
estudio de las excepciones de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, E INEPTA
DEMANDA. (…)” (fls. 1208-1221 cdno. 3 – mayúsculas sostenidas del original).

9) Vencido el período probatorio, el 25 de agosto de 2017 se corrió traslado por el término
de diez (10) días para que las partes presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio
Público rindiera concepto (fls. 1574 cdno. 3); la parte demandante, el Departamento del
Atlántico, el Ministerio de Transporte y la CRA reiteraron los argumentos expuestos en el
trámite de primera instancia (fls. 1588-1663 cdno. 3).

10) A su turno, la Agencia de Desarrollo Rural -antes INCODER- pidió que se
desestimaran las súplicas de la demanda toda vez que “los hechos y las circunstancias
que se endilgan, como omisiones o causas imputables, no son más que situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito originado por la ola invernal que padeció el país y en especial
los departamentos del Magdalena, Atlántico y La Guajira” (fls. 1646-1663 cdno. 1).

11) El Ministerio Público guardó silencio.

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4. La sentencia de primera instancia

El 14 de noviembre de 2017, la Sala Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró probada la excepción de fuerza mayor y, por consiguiente, negó las súplicas de
la demanda (fls. 1665-1701 cdno. ppal.), con sustento en las siguientes razones:

1) El daño reclamado fue producto de un hecho ajeno a la voluntad de cualquiera de los
demandados, debido a que la ruptura del carreteable dique no se produjo por su
defectuoso funcionamiento, sino que, se derivó de la severidad de las precipitaciones
presentadas por el fenómeno de “La Niña” a finales del año 2010 y que se mantuvieron
hasta el año 2011.

2) Aun cuando se alegó en la demanda que las autoridades competentes no actuaron, lo
cierto es que no existen medios de convicción que den cuenta de ello, por el contrario, se
probó que el citado fenómeno natural desbordó los pronósticos de lluvia que
porcentualmente esperables, con lo cual surgió “de manera diáfana que [fue] la fuerza
de la naturaleza, la que determinó el daño cuyo resarcimiento se pretende” (fl. 1691 cdno.
ppal.).

5. El recurso de apelación

1) Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de alzada con el fin de
que se revoque y, en su lugar, se concedan las súplicas de la demanda.

2) Insistió que en el presente asunto no se configuran los elementos de la causal eximente
de responsabilidad de fuerza mayor, pues, si bien para la época de los hechos se
presentaron altos índices de pluviosidad, lo cierto es que tales fenómenos, por lo menos
en los últimos años, “ya no son imprevisibles, ni inesperados, pues, se ha determinado
por las instituciones de hidrometría, que con marcada periodicidad se suceden
anualmente, periodos sucesivos de alta resequedad, denominados ‘fenómeno del niño’ y
altísima humedad identificados como ‘fenómeno de La Niña’ (…)” (fls. 1720-1731 cdno.
ppal.).

6. Actuación en segunda instancia

1) Admitido el recurso (fl. 1787 cdno. ppal.), mediante proveído del 6 de noviembre de
2018 se corrió traslado para alegar de conclusión y se dispuso surtir el trámite previsto

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en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA si el Ministerio Público llegara a solicitarlo (fl.
1789 cdno. ppal.); la parte demandante y la Agencia de Desarrollo Rural reiteraron los
argumentos expuestos a lo largo del proceso (fls. 1790-1805, 1807-1810 cdno. ppal.).

2) El Ministerio Público pidió que se confirme la decisión apelada dado que, en su criterio,
se configuró la eximente de responsabilidad de fuerza mayor, puesto que “las entidades
competentes estaban en incapacidad de prever las consecuencias nocivas del fenómeno
natural de La Niña y evitar los daños ocasionados” (fls. 1813-1821 cdno. ppal.).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la
impugnación y 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda oportunamente1, corresponde a la Sala determinar si en este
asunto las entidades demandadas son patrimonialmente responsables de los daños
materiales causados en una serie de bienes muebles e inmuebles de propiedad de los
actores, como consecuencia de una inundación derivada de la ruptura de un tramo de la
carretera que colinda con el Canal del Dique, bienes localizados en la región del cono sur
del Departamento del Atlántico.

La sentencia de primera instancia negó la responsabilidad de las instituciones accionadas
por considerar que en este caso se configuró el eximente de responsabilidad de fuerza
mayor.

Esta Subsección confirmará la sentencia apelada, porque la causa eficiente del daño
reclamado obedeció a una fuerza mayor originada con ocasión de la irrupción y efectos

1 La ruptura del Canal del Dique ocurrió el 30 de noviembre de 2010, por lo tanto el término para presentar

la demanda de reparación directa, en principio, transcurrió entre el 1º de diciembre de 2010 y el 1º de
diciembre de 2012; no obstante, el 10 de septiembre de 2012, la parte demandante formuló solicitud de
conciliación prejudicial, esto es, dos meses y veinte días antes de que venciera el plazo para formular la
acción; la constancia de la falta de ánimo conciliatorio entre las partes se expidió el 18 de octubre de 2012,
razón por la cual, desde el 19 de octubre de 2012 debe contabilizarse el número de días que estuvo
suspendido el término de caducidad; por consiguiente, dicho plazo feneció el 8 de enero de 2013 y como
la demanda se interpuso el 10 de diciembre de 2012 se impone concluir que fue formulada dentro de la
oportunidad prevista en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo.

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del fenómeno de “La Niña” sucedido en los años 2010-2011, por cuanto las
precipitaciones superaron los niveles históricos de temporadas invernales anteriores.

2. Análisis de la impugnación

El artículo 90 de la Constitución Política contiene el fundamento normativo de la
responsabilidad patrimonial del Estado, por lo tanto, a continuación esta Sala de Decisión
analizará si se acreditaron los presupuestos para que opere aquella.

2.1 El daño antijurídico

1) Con el fin de probar el daño alegado con la demanda se aportó el dictamen pericial
elaborado por el ingeniero agrónomo Rafael Rodríguez Moreno en el cual dejó constancia
de lo siguiente:

“INSPECCIÓN PERICIAL: Para dar respuesta al decreto de pruebas ordenado
por el Honorable Magistrado Ponente Doctor Cristóbal Rafael Christiansen
Martelo, debo manifestar que la visita de inspección pericial se realiza
post-tempore y que a pesar del tiempo transcurrido son muchos los
vestigios que evidencian los daños en los predios, padecidos por los
demandantes, a consecuencia de la inundación producida por el
desbordamiento de las aguas del Canal del Dique, sobre todo el cono sur
del Departamento del Atlántico; es así como en algunos sitios o predios
de propiedad de los demandantes, se puede constatar y así se deja
establecido con fotografías tomadas durante la visita de inspección a los
predios, que la profundidad de las aguas del Canal del Dique, desbordadas
sobre el cono sur del Departamento del Atlántico, alcanzaron una
profundidad no menor a cinco metros (5.00 mts), lo que permite deducir
que todo lo que quedó bajo dichas aguas, incluidos los bienes de
propiedad de los demandados, se perdió o destruyó por el efecto de
permanecer sumergidos los predios o bienes inmuebles por naturaleza
como por destinación, los muebles y enseres, pastos, cercas y demás,
sumergidas durante más de un año. (…)” (fls. 1270-1312 cdno. 3 –
mayúsculas fijas del original – negrillas adicionales).

2) Durante la práctica de la prueba pericial se inspeccionaron cada uno de los predios de
propiedad de los demandantes y, como resultado de ello, se evidenciaron las
afectaciones producidas con ocasión de la ruptura del canal y la carretera Dique.

3) En ese contexto probatorio, la Sala encuentra acreditado el daño reclamado, esto es,
el hecho de que los actores resultaron afectados por la ola invernal del año 2010, puesto
que una serie de bienes muebles e inmuebles de su propiedad fueron destruidos por
causa de las inundaciones originadas por el fenómeno de “La Niña” 2010-2011.

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2.2 La imputación

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia, esta Subseccción decidirá si en este asunto el daño
alegado es imputable a las entidades demandadas o, si por el contrario, se configuró la
causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor, producto del citado fenómeno
climatológico.

La impugnante cuestiona la decisión de haberse declarado probado dicho medio
exceptivo, pues, a su juicio, este evento de la naturaleza no fue un hecho imprevisible,
toda vez que el nivel de “periodicidad, sucesibilidad y cronicidad” hacía previsible y
esperado el referido fenómeno y, por consiguiente, las autoridades accionadas han
podido contrarrestar los efectos nocivos del fenómeno de “La Niña”.

Para dar cuenta de la referida imputación, en el proceso se verificó la siguiente
información relevante para el análisis del caso concreto:

1) El 30 de noviembre de 2011, a las 4:40 pm, las fuertes lluvias produjeron la ruptura del
Canal del Dique en la vía Calamar - Santa Lucía del Departamento del Atlántico lo cual
dio lugar a una serie de inundaciones de los predios circundantes; al respecto, el
Diagnóstico General elaborado por la CAR Bajo Magdalena dio cuenta de lo siguiente:

“(…) Por las condiciones climáticas extraordinarias e imprevisibles que
generó el fenómeno de La Niña, las cuales superaron los niveles históricos
de los ríos, se afectaron todas las infraestructuras de protección
realizadas por las entidades estatales tanto del orden nacional como
regional. Situación que trajo como consecuencia, inundaciones en los
municipios del departamento del Atlántico, prioritariamente en el sur del
departamento donde el día 30 de noviembre de 2010 a las 4:40 pm, el
Dique, vía que conduce de Calamar al municipio de Santa Lucía, colapsó,
permitiendo el ingreso el ingreso de las aguas hacia el sur del
departamento del Atlántico, lo que generó la mayor inundación de que se
tenga conocimiento en este departamento. Las aguas alcanzaron a ingresar
a la parte continental a razón de 1600 m3/s, dejando bajo agua una extensión
de tierra de por los menos 35000 hectáreas y desplazando de sus lugares de
vivienda y trabajo alrededor de 25.169 familias de los municipios de la zona.
(…)” (fl. 462 cdno. 2 – negrillas de la Sala).

2) El 21 de febrero de 2011, el IDEAM expidió el comunicado especial no. 005 con la
siguiente información oficial:

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“CON LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SE REGISTRARON
ASCENSOS DE NIVEL EN LOS RÍOS CAUCA Y MAGDALENA Y DADO QUE
SE REACTIVARON LAS LLUVIAS CON MAYOR INTENSIDAD DENTRO DE
DOS SEMANAS, SE ESPERA QUE LOS NIVELES CONTINÚEN EN
ASCENSO Y EN ALGUNOS SECTORES ALCANZARON COTAS DE
DESBORDAMIENTO.

El Río Cauca ha presentado niveles en ascenso particularmente en la cuenca
alta y media a la altura de las poblaciones de Yotoco en el Valle del Cauca y La
Virginia en Risaralda. Durante los últimos días se han evidenciado incrementos
de nivel y en la actualidad los niveles se encuentran a 60 y 80 cms
respectivamente de las cotas de desbordamiento.

En la cuenca media del Río Magdalena también se ha presentado un
ascenso en los niveles, aunque más lento, el cual ha sido acentuado por
las crecientes súbitas que se han registrado en algunos de sus afluentes.
A pesar de que los niveles del río a la altura de Puerto Salgar
(Cundinamarca), Puerto Berrío (Antioquia), Barrancabermeja (Santander)
y El Banco (Magdalena) se encuentran cerca de dos metros por debajo de
las cotas de desbordamiento se espera que con el retorno de las lluvias
para dentro de dos semanas los niveles se incrementarán y alcanzarán las
cotas de inundación.

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta la llegada de la primera
temporada de lluvias del año, que según los modelos de predicción
climática las lluvias estarán por encima del promedio, el IDEAM invita a
las autoridades municipales, a los comités regionales y locales para la
prevención y atención de desastres, CREPADS y CLOPADS,
Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, a las
autoridades ambientales urbanas y al público en general, redoblar la
vigilancia de áreas inestables y en alta vulnerabilidad, y realizar las
acciones necesarias para reducir los riesgos relacionados tanto en la
Región Andina como Caribe (inundaciones, deslizamientos y crecientes
súbitas) ante la presencia de esta segunda etapa del impacto del
fenómeno de La Niña 2010-2011. Además, se sugiere estar atentos a los
informes técnicos diarios y comunicados especiales que emita este
instituto” (fl. 519 cdno. 2 – mayúsculas sostenidas del original - negrillas de la
Sala).

3) El 23 de noviembre de 2015, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM- emitió una certificación sobre la medición pluviométrica efectuada
durante la temporada invernal en el territorio colombiano en el año 2010; en la citada
prueba se lee lo siguiente:

“Los diferentes estudios técnicos-científicos que ha desarrollado el
IDEAM en investigación sobre el impacto del fenómeno ENSO (La Niña) en
las precipitaciones en el país, y no a localizaciones específicas. Preciso
aclararle que, debido a la magnitud espacio-temporal del fenómeno de
variabilidad climática – ENSO (El Niño Oscilación del Sur), no es tan
sencillo estimar que las precipitaciones registradas en una locación
cualquiera se deban exclusivamente al impacto del fenómeno en cuestión,
aun cuando sí está científicamente comprobado que el fenómeno de La
Niña impacta positivamente las precipitaciones en el país y especialmente
en las regiones Caribe y Andina. (…).

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Expediente 08001-23-31-005-2012-00372-01 (61.190)
Demandante: María Monterrosa de Hémer y otros
Reparación directa – Apelación de sentencia

Con base en estos conceptos procedemos a hacer un análisis general del
comportamiento de las precipitaciones (anomalías) para el periodo
comprendido entre julio de 2010 hasta diciembre de 2011.

Comportamiento de la precipitación meses de julio a diciembre de 2010:

El análisis, a partir del mosaico de mapas de anomalías de precipitación,
muestra que para los meses de julio a diciembre, las lluvias en la región
Caribe, y en particular sobre el departamento del Atlántico, a excepción
del mes de octubre, registraron un comportamiento muy por encima de
los valores medios mensuales multianuales, respondiendo a la acción del
fenómeno frío – La Niña, en dicho periodo. Esto permite estimar que para
el periodo de análisis, las precipitaciones fueron afectadas positivamente
por el fenómeno de La Niña, aumentado representativamente las lluvias
en dichas regiones.

Comportamiento de la precipitación año 2011:

El año 2011 se caracterizó por presentar volúmenes de precipitación muy por
encima de los promedios climatológicos, particularmente, durante el primer
semestre del año, asociados con la madurez y disipación del fenómeno de La
Niña. Sin embargo, las lluvias fueron excesivamente abundantes en el mes de
marzo, en el departamento del Atlántico.

Durante el primer semestre las anomalías se caracterizaron por ser excesivas
en las regiones Andina y Caribe, siendo mucho más abundantes en los meses
de marzo (Córdoba, Magdalena y Sucre, en la región Caribe y Antioquia,
Santanderes, eje cafetero, altiplano cundiboyacense y Tolima, en la región
Andina) y abril (Cesar, Magdalena y Sucre, en la región Caribe y Antioquia,
Santanderes, eje cafetero, altiplano cundiboyacense, Tolima y Huila, en la
región Andina” (fls. 1247-1252 cdno. 3 – mayúsculas sostenidas del original -
negrillas adicionales).

A partir del material probatorio descrito, la Sala considera que el daño reclamado fue
producto de la configuración de una fuerza mayor, como se explica a continuación.

2.2.1 La fuerza mayor en este asunto concreto

1) El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1890, aplicable para resolver
los litigios sujetos a las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de reparación
directa, define la fuerza mayor en los siguientes términos:

“Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto aquel que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
autos <sic>de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

2) Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que, para que se
configure la fuerza mayor se requiere la concurrencia de tres elementos: i)
imprevisibilidad, ii) irresistibilidad y iii) exterioridad respecto de la demandada2; el primero

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del

19 de marzo de 2021, expediente 50.791, MP María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera,

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Reparación directa – Apelación de sentencia

hace referencia a un hecho o acontecimiento no posible de anticipar su ocurrencia, vale
decir, escapa a la posibilidad real, en condiciones normales, de saber o anticipar que va
a suceder; la irresistibilidad, es una característica del hecho según el cual una vez que
este irrumpe o se desata no hay posibilidad cierta y real de contenerlo o contrarrestarlo,
y la exterioridad, hace alusión a que el hecho debe ser exógeno a la conducta o voluntad
de quien lo invoca en su favor como eximente de responsabilidad.

3) Aplicado lo anterior en este caso concreto, se advierte que el fenómeno de “La Niña”
2010-2011 constituyó un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles
que se agudizó de forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010, como
en su momento lo registró, explicó y certificaron tanto la CAR Bajo Magdalena como el
IDEAM, documentos que no fueron desvirtuados ni tampoco tachados de falsos por la
parte actora y por tanto ofrecen credibilidad, sumado al hecho de que fueron emitido por
autoridades con la competencia técnica, específica y especializada sobre esa precisa
materia.

4) En ese orden, se tiene que el daño reclamado no resulta imputable a las entidades
demandadas, por cuanto operaron los tres elementos antes referidos, cuya explicación
se hace en los acápites subsiguientes.

2.2.1.1 La imprevisibilidad

En relación con esta característica del fenómeno acaecido, se tiene lo siguiente:

1) La ruptura del canal y carretera Dique y la posterior inundación y destrucción de los
predios de los actores constituyeron unas circunstancias imprevisibles, pues, tal como lo
señaló el IDEAM, durante el segundo semestre de 2010 “las lluvias en la región Caribe,
y en particular sobre el departamento del Atlántico, a excepción del mes de octubre,
registraron un comportamiento muy por encima de los valores medios mensuales
multianuales, respondiendo a la acción del fenómeno frío – La Niña, en dicho periodo” (fl.
1250 cdno. 3).

Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente número 19.067, MP Mauricio Fajardo
Gómez.

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2) Por lo tanto, es claro que tal acontecimiento superó cualquier pronóstico y posibilidad
cierta y real de anticipar o prever que iba a suceder, y que ocasionó dicho rompimiento y
la subsecuente inundación de los predios de propiedad de los demandantes.

2.2.1.2 La irresistibilidad

En cuanto a esta segunda condición del fenómeno, debe ponerse de presente lo
siguiente:

1) La ruptura del canal y carretera Dique y la inundación de los inmuebles de los
demandantes fueron irresistibles, en el expediente no se evidenció que las entidades
demandadas hubiesen podido evitar ese siniestro, habida consideración de que el
incremento de las precipitaciones superaron en forma inusual las estadísticas de años
anteriores, lo cual superó cualquier condición y posibilidad tangible y cierta de contener
o contrarrestar en tiempo real y efectivo el fenómeno meteorológico desatado y,
especialmente, sus consecuencias adversas para la región y la comunidad que la
habitaba.

2) Adicionalmente, es relevante el hecho de que en el proceso no hay ningún medio de
prueba que demuestre ni tampoco que indique lo contrario.

2.2.1.3 Evento externo

Por último, acerca de esta tercera condición del suceso, es preciso advertir lo siguiente:

1) El rompimiento del canal y carretera Dique y la consecuente inundación de los predios
constituyeron eventos externos a las entidades demandadas en vista de que no se
demostró que hubieran causado tal suceso por sus acciones u omisiones, pues, se
insiste, la causa eficiente de ello fue el mayor incremento de las precipitaciones en
comparación con años anteriores, de ahí que no es dable atribuirle al Estado las
consecuencias de una circunstancia imprevista que superó su capacidad de reacción, en
especial porque solamente está obligado a resarcir los daños que haya ocasionado por
sus hechos, omisiones y operaciones administrativas.

2) En otros términos, se trató de la irrupción de un fenómeno de la naturaleza en el que
no participó ni intervino la voluntad ni la conducta de las entidades demandadas en este
proceso, cuyo advenimiento con las características con las que surgió no eran factibles

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de anticipar ni tampoco de evitar ni de contener, debido a su magnitud e intensidad y no
posibilidad real de prever su ocurrencia.

3) Así las cosas, aun cuando se acreditó el daño alegado, consistente en la inundación
de los predios de propiedad de los actores aquel no es atribuible a las entidades
demandadas, en la medida en que la causa determinante de la ruptura del canal y
carretera Dique fue un evento de la naturaleza imprevisible, irresistible y ajeno a las
partes, lo cual configuró la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor.

4) De igual manera, es especialmente relevante agregar, para este caso concreto, que la
Corte Constitucional en la sentencia C-156 de 2011 que declaró exequible el Decreto-
legislativo 4580 de 20103 también puso de presente que, aun cuando la presencia del
fenómeno de “La Niña” acontecido en la época de los hechos objeto de examen en este
proceso podía ser pronosticado por centros o entidades climáticas o atmosféricas como
el IDEAM, lo cierto es que la magnitud, intensidad y agudización de este superó los
registros históricos que se tenían hasta esta época.

5) Por último, se advierte que de manera reciente, con ocasión de decidir un caso similar
al del proceso de la referencia, esta Subsección negó las pretensiones frente a los
perjuicios originados por el fenómeno invernal “La Niña” 2010-2011, con sustento en un
análisis similar:

“Ahora bien, no se pasa por alto que el fenómeno de “La Niña” 2010-2011
constituyó un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles que
se agudizó de forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010, razón
por la cual, la Sala considera que el daño reclamado no resulta imputable a las
entidades demandadas, dado que se configuró la causal eximente de
responsabilidad de fuerza mayor, tal como se explicará a continuación:

2.3.1 La imprevisibilidad

El desbordamiento del río Lebrija y la posterior inundación de la mencionada
Finca La Esmeralda constituyeron unas circunstancias imprevisibles, pues, tal
como lo señaló el IDEAM, los excesos notorios de precipitación registrados en
el mes de julio y atípicos para una temporada que es normalmente de pocas
lluvias “fueron un factor preponderante para que los niveles de los ríos no
bajaran, como comúnmente lo hacen en julio y agosto, y por el contrario,
siguieran ascendiendo, traslapándose con la segunda temporada lluviosa la
cual también fue marcadamente excesiva”4.

3 El 7 de diciembre de 2010, el Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 4580 de 2010

mediante el cual declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave
calamidad pública con ocasión del fenómeno de “La Niña” 2010-2011.
4 Informe denominado “Análisis del impacto del fenómeno ‘La Niña’ 2010-2011 en la hidroclimatología del

país”, elaborado por el IDEAM. Consultar en:

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En ese orden, se tiene que dicho acontecimiento superó cualquier pronóstico y
ocasionó el desbordamiento del río Lebrija y la inundación de la Finca La
Esmeralda.

2.3.2 La irresistibilidad

El desbordamiento del río Lebrija y la posterior inundación de la finca La
Esmeralda fueron irresistibles, en el expediente no se acreditó que las entidades
demandadas hubiesen podido evitar este siniestro, habida cuenta de que el
incremento de las precipitaciones superaron en forma inusitada las estadísticas
anteriores y que dichas instituciones llevaron a cabo una serie de gestiones con
el fin de mitigar el riesgo.

En ese sentido, se demostró que desde el mes de mayo de 2010 el municipio
de Rionegro convocó al Comité Local de Emergencias y se acordaron medidas
para reducir el riesgo de inundación, es más, se decretaron las alertas amarilla,
naranja y roja ante inminentes desbordamientos e inundaciones.

A su turno, se destaca que en el expediente no existen pruebas de carácter
geotécnico que demuestren que los jarillones del río Lebrija, a la altura de la
finca La Esmeralda, presentaban fallas que exigieran su adecuación y
restauración, esto es, no existe prueba de obras requeridas con anterioridad al
fenómeno de “La Niña” 2010-2011 que de haberse realizado hubieran impedido
el anegamiento.

En esa medida, se advierte que el hecho era irresistible para las entidades
demandadas, debido a que el Estado actuó según sus capacidades para evitar
que el río Lebrija se desbordara y, sin embargo, el aumento exagerado de las
lluvias generó la inundación de la Finca La Esmeralda.

2.3.3. Evento externo

El desbordamiento del río Lebrija y la posterior inundación de la finca La
Esmeralda constituyeron eventos externos a las entidades demandadas, no se
acreditó que hubieran causado tal suceso por sus acciones u omisiones, en la
medida en que la causa eficiente de ello fue el mayor incremento de las
precipitaciones en comparación con años anteriores, de ahí que no es dable
atribuirle al Estado las consecuencias de una circunstancia imprevista que
superó su capacidad de reacción, en especial porque solamente está obligado
a resarcir los daños que haya ocasionado por sus hechos, omisiones y
operaciones administrativas.

Ante tal panorama, si bien se acreditó el daño alegado, consistente en la
inundación de la finca La Esmeralda, aquel no es atribuible a las entidades
demandadas, por cuanto la causa eficiente del desbordamiento del río Lebrija y
la posterior inundación de la finca La Esmeralda de propiedad del actor fue un
evento de la naturaleza imprevisible, irresistible y ajeno a las partes, lo cual
configuró la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor”5 (negrillas
adicionales).

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418818/Análisis+Impacto+La+Niña.pdf/640a4a18-4a2a-4a25-
b7d5-b3768e0a768a
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

30 de marzo de 2022, expediente no 50.945, MP Fredy Ibarra Martínez.

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2.2.2 Conclusión

De conformidad con las anteriores razones, se confirmará la sentencia de primera
instancia por estar debidamente acreditada la configuración de un hecho constitutivo de
fuerza mayor en el asunto de la referencia, cuya ocurrencia e incidencia fue determinante
y exclusiva para la producción del daño cuya reparación se reclama con la demanda, la
cual genera el efecto jurídico de romper el nexo causal entre la conducta de la parte
demandada y el daño respecto del cual se solicita la indemnización y, por tanto, libera de
responsabilidad al extremo pasivo de la litis.

3. Condena en costas

1) Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo que se ventile un interés público
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno, el artículo 365 del Código
General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”.

2) Para el presente caso, la parte vencida es la parte actora, de manera que en lo que se
refiere a los gastos del proceso estos serán liquidados por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico, de manera concentrada, según el artículo 366 del Código
General del Proceso6.

3) Sobre las agencias en derecho, se tiene que para la fecha de la presentación de la
demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura7, de este modo,
la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia que
deberán ser pagados por la parte demandante a cada una de las entidades demandadas.

6“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya

conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas (…)” (se destaca).
7 Artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003: Tarifas. “Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…): III.

Contencioso administrativo. (…).

3.1.3. Segunda instancia. (…). Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.

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Expediente 08001-23-31-005-2012-00372-01 (61.190)
Demandante: María Monterrosa de Hémer y otros
Reparación directa – Apelación de sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L LA :

1º) Confírmase la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017 por la Sala Oral A del
Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró probada la excepción de fuerza mayor
y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda

2º) Condénase a la parte demandante a pagar las costas que se hubiesen causado en
segunda instancia, cuya liquidación hará de manera concentrada el a quo, según lo
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia que, deberán
ser pagados por la parte demandante a cada una de las entidades demandadas.

4º) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ. FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2023.

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