Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00492-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00492-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2012-00492-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
20 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
RADICACIÓN: 08001233300020120049202 (63414)
DEMANDANTE: CARIBBEAN TILAPIA LTDA-EN LIQUIDACIÓN Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Inundación de
predios como consecuencia de la ruptura del dique-carreteable que sirve de
contención al Canal del Dique el 30 de noviembre de 2010/ FUERZA MAYOR-
Presupuestos. Configuración de la causal eximente de responsabilidad.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
El 30 de noviembre de 2010, las aguas provenientes del Canal del Dique produjeron
la ruptura de un tramo del dique-carreteable que de Calamar (Bolívar) conduce a
Santa Lucía (Atlántico), causando la inundación del predio donde la empresa
Caribbean Tilapia Ltda desarrollaba la piscicultura, lo cual afectó la infraestructura
y los ingresos generados por tal actividad. La parte actora alega que la causa de la
inundación fue el desbordamiento de las aguas contenidas en el canal del Dique,
obra pública que generaba un riesgo excepcional para los habitantes de la zona y
frente a la cual se incumplieron las obligaciones de vigilancia y mantenimiento. Por
su parte, las entidades demandadas afirman la configuración de la causal eximente
de responsabilidad por fuerza mayor.
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Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
II.ANTECEDENTES
1.1. Demanda
Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2012 (fls.1-23 C.1), la sociedad
Caribbean Tilapia en liquidación y los socios Pedro Miranda Hidalgo, Pedro Mauricio
Miranda Gutiérrez, Francisco Miranda Gutiérrez y Martha Lucía Gutiérrez de
Miranda, por conducto de apoderado judicial (fls.24-29 C.1), presentaron demanda
de reparación directa en contra del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de
Vías, Departamento del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del río grande
de La Magdalena y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con el fin de
que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:
Primera: Declarar patrimonial y solidariamente responsables a las entidades
demandadas, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías,
departamento del Atlántico, CORMAGDALENA, Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (CRA), de los daños sufridos por Caribbean Tilapia Ltda.
hoy Caribbean Tilapia en liquidación y por sus accionistas, Pedro Miranda
Hidalgo, Pedro Mauricio Miranda Gutiérrez, Francisco Miranda Gutiérrez,
Martha Lucía Gutiérrez de Miranda como consecuencia del desbordamiento del
Canal del Dique a la altura del Municipio de Santa Lucía, el día 30 de noviembre
de 2010.
Segunda: Condenar a las entidades demandadas, Ministerio de Transporte,
Instituto Nacional de Vías, departamento del Atlántico, CORMAGDALENA,
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), al pago de los daños
patrimoniales sufridos por Caribbean Tilapia Ltda. hoy Caribbean Tilapia en
liquidación y por Pedro Miranda Hidalgo, en la modalidad de daño emergente
y lucro cesante, como consecuencia de la inundación de la piscícola Caribbean
Tilapia y la consecuencial imposibilidad de desarrollar su objeto social.
Tercera: Condenar a las entidades demandadas, Ministerio de Transporte,
Instituto Nacional de Vías, departamento del Atlántico, CORMAGDALENA,
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), al pago de los perjuicios
morales sufridos por el señor Pedro Miranda Hidalgo, Pedro Mauricio Miranda
Gutiérrez, Francisco Miranda Gutiérrez y Martha Lucía Gutiérrez de Miranda
como consecuencia de la inundación de las fincas de su propiedad y la
afectación de su empresa y de su patrimonio.
Cuarta: Disponer que sobre las sumas reconocidas se causen intereses
moratorios a partir de la ejecutoria del fallo y hasta su pago efectivo, de
conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Quinta: Condenar a las entidades demandadas a pagar a los demandantes las
cosas que se causen con el presente proceso.
Como fundamento fáctico de la demanda, se expuso que la construcción del Canal
del Dique genera un riesgo permanente de inundación para los propietarios de los
predios aledaños, razón por la cual, las entidades encargadas de su mantenimiento
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Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
tienen la obligación de resultado de adoptar oportuna y efectivamente las medidas
necesarias para conjurar el riesgo, así como evitar la causación de perjuicios.
A finales del año de 1984 se produjo una inundación en el municipio de Santa Lucía-
Atlántico como consecuencia de las filtraciones en la base del terraplén, generando
la anegación del triángulo sur del departamento del Atlántico, hechos por los cuales
el Estado fue declarado responsable.
Historia que se repitió, evidenciándose una grave negligencia, cuando las lluvias de
la temporada invernal de los últimos meses del año 2010 elevaron en metro y medio
el nivel del río Magdalena y la fuerza del agua abrió un boquete que alcanzó los 214
metros en el terraplén que sirve de contención al Canal del Dique.
Ese aumento de las precipitaciones producido por el fenómeno de La Niña no fue
sorpresivo, pues el IDEAM había informado sobre sus impactos para la segunda
temporada de lluvias de 2010 y primera de 2011.
De hecho, las entidades demandadas conocían el aumento del nivel del río
Magdalena desde agosto de 2010 y para noviembre de ese año el agua estaba a
punto de sobrepasar el terraplén, sin que se haya creado un plan de monitoreo y
seguimiento para reparar cualquier fuga que se pudiera presentar.
Desde antes que ocurriera la tragedia, los habitantes de los municipios adyacentes
y en algunos casos los mismos alcaldes advirtieron a las autoridades sobre las
filtraciones en el dique de contención, las cuales se venían presentado durante los
años 2007 a 2010, periodo en el que se realizaron obras de repavimentación, sin
previo mantenimiento del terraplén, omisión que sería la causa de la ruptura.
Luego del 30 de noviembre de 2010, la atención de la emergencia fue tardía,
insuficiente e ineficaz; la administración tardó más de 60 días en cerrar el boquete,
sumado a que no se adoptaron las medidas para mitigar la inundación.
El presidente de la República señaló que la tragedia sufrida por los habitantes del
departamento del Atlántico se había podido evitar o mitigar, manifestación que sirve
de reconocimiento pleno de la responsabilidad por omisión de las autoridades
públicas demandadas.
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Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
La sociedad Caribbean Tilapia Ltda. hoy Caribbean Tilapia en liquidación ejerce la
posesión y tenencia sobre un lote de 12½ hectáreas, denominado finca La Gran
Canaria, ubicado en el municipio de Suan, departamento del Atlántico, propiedad
del señor Pedro Miranda Hidalgo, en la cual se desarrollaba la actividad piscícola, y
resultó inundado por el rompimiento del Canal del Dique el 30 de noviembre de
2010.
Según el dictamen pericial de parte, la finca Gran Canaria está destinada a la
acuicultura y estuvo bajo una lámina de agua que osciló entre 3 y 6 metros de altura
por un periodo de tres meses, generando perjuicios consistentes en daño
emergente, lucro cesante y perjuicios morales.
1.2. La demanda fue admitida por auto del 4 de marzo de 2013 (fls.127-128 C.1).
1.3. Luego de la notificación del auto admisorio de la demanda (fls.134-145 C.1), las
entidades demandadas presentaron contestación en los siguientes términos:
1.3.1. El Ministerio de Transporte puso de presente la inexistencia del nexo de
causalidad entre las actuaciones de la entidad y los hechos de la demanda, toda
vez que dentro de las funciones asignadas legalmente no se incluyen la de atención
de emergencias.
Alegó la configuración de una fuerza mayor en tanto el desastre fue causado por la
naturaleza, adquiriendo la connotación de imprevisible e irresistible, en conjunto con
la instalación ilegal de tuberías en el terraplén por parte de terceros.
Como excepciones formuló: falta de legitimación en la causa por activa, falta de
legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor o caso fortuito, caducidad,
inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica del Ministerio de Transporte de
responder por las pretensiones de la demanda (fls. 155-176 C.1).
1.3.2. El departamento del Atlántico esgrimió que no estaba dentro de sus
competencias el mantenimiento, conservación y protección del río Magdalena y del
Canal del Dique, en los aspectos de navegabilidad, dragado y vigilancia.
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Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Adujo como excepciones: ausencia de responsabilidad por la inexistencia de los
elementos de la responsabilidad patrimonial, en especial, falta de configuración de
una falla del servicio; falta de legitimación en la causa por pasiva; fuerza mayor o
caso fortuito; caducidad; y falta de legitimación en la causa por activa (fls.184-211
C.1).
1.3.3. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS expresó que dentro de sus funciones no
se encuentra el mantenimiento, conservación y la protección del río Magdalena o
del Canal del Dique, ni del carreteable que comunica al municipio de Santa Lucía
con la carretera oriental.
Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, fuerza
mayor y caducidad (fls.324-341 C.1).
1.3.4. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico aseguró que no le
correspondía la conservación y mantenimiento del dique o terraplén que corre
paralelo al Canal, y que se ejercieron las funciones de análisis, seguimiento,
prevención y control de desastres.
Respecto de las causas del rompimiento del terraplén contempló la posibilidad de
que existiera un ducto o zanja con el cual se creó un sitio vulnerable a través del
cual empezó a filtrarse el agua, descartando las demás posibles causas, como la
falla del dique en su función de contención horizontal del cauce y la sedimentación
del canal.
Como excepciones formuló: fuerza mayor, hecho de un tercero, inexistencia de
daño cierto y personal, inexistencia de atribución jurídica a la entidad demandada,
inepta demanda por indebida estimación de los daños e inexistencia de relación
causal (fls. 387- 450 C.1).
1.3.5. La Corporación Autónoma Regional del río grande de La Magdalena aseguró
que no existe una falla del servicio por parte de la entidad, así como tampoco nexo
de causalidad entre sus actuaciones y los daños alegados, dado que la causa
determinante fue el fenómeno natural de La Niña, evento constitutivo de fuerza
mayor por su carácter de imprevisible e irresistible.
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Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
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Como excepciones expuso: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, hecho de
un tercero y falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 839 - 863 C.2).
1.4. La audiencia inicial comenzó el 25 de noviembre de 2013. En esta se declaró
la falta de legitimación en la causa por activa en razón a que no se aportó el título
traslaticio de dominio; únicamente constaba el certificado de tradición y libertad de
la finca La Gran Canaria.
Decisión que fue objeto de recurso de apelación, decidido por el Consejo de Estado
el 23 de septiembre de 2015, en el sentido de revocar la providencia, dado que la
sociedad Caribbean Tilapia Ltda alegó su calidad de poseedora del bien inmueble
y el señor Pedro Miranda Hidalgo probó su condición de propietario del predio, por
lo que se encontraba probada la legitimación en la causa por activa (fls. 874-884 C.
Apelación auto).
1.5. El 22 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó integrar
la parte pasiva con los municipios de Manatí, Suan, Campo de la Cruz, Santa Lucía,
Candelaria, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (fls. 910-912 C. Apelación auto).
1.6. Luego de la notificación del auto precedente (fls. 952-967 y 977-982 C.
Apelación auto), las entidades integradas al contradictorio contestaron la demanda
así:
1.6.1. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- en liquidación
propuso como excepciones las de inepta demanda, falta de legitimación en la causa
por pasiva, falta de competencia del INCODER, e inexistencia de causalidad entre
el daño y el INCODER.
Consideró que las inundaciones tuvieron origen en la ola invernal que atravesó el
país en los años 2010 y 2011, siendo una situación de fuerza mayor o caso fortuito,
por ser un evento imprevisible e irresistible (fls.997-1016 C.3).
1.6.2. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres formuló como
excepciones la falta de demostración de la falla del servicio, inexistencia de nexo
causal respecto del presunto daño causado, fuerza mayor como eximente de
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Referencia: Medio de control de reparación directa
responsabilidad, incumplimiento de la carga de la prueba del demandante, falta de
legitimación en la causa por pasiva, ausencia de los elementos que configuran la
responsabilidad y la genérica (fls.1039-1058 C.3).
1.6.3. El municipio de Suan expuso que el evento constituyó una fuerza mayor,
siendo insuficiente cualquier acción previa o posterior al rompimiento que se hubiera
intentado, debido al altísimo nivel de crecimiento de las aguas tanto del Canal del
Dique como del río Magdalena, obras que en todo caso eran competencia de
autoridades de orden nacional.
El municipio mantuvo vigilancia constante sobre el Canal del Dique, su talud y la
carretera, informando oportunamente a las autoridades y brindando la ayuda posible
a los habitantes del sector, teniendo en cuenta las capacidades técnicas y logísticas
de la entidad, por lo que no se le puede endilgar responsabilidad alguna (fls. 1100-
1103 C.3).
1.6.4. El municipio de Santa Lucía alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, fuerza mayor, inexistencia de la obligación y carencia de nexo de causalidad
e indebida integración del litisconsorcio necesario (fls.1131-1136 C.3).
1.7. La audiencia inicial se reanudó el 6 de febrero de 2018 (fls.1195-1211 C.3).
1.8. La audiencia de pruebas se celebró el 15 de marzo de 2018 (fls. 1242-1247
C.3).
1.9. Por auto del 6 de septiembre de 2018 se concedió el traslado para alegar de
conclusión (fls. 1409-1410 C.4), término durante el cual se pronunciaron la parte
demandante, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el Ministerio de
Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia de Desarrollo Rural,
CORMAGDALENA, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y
el departamento del Atlántico (fls.1424-1539 C.4).
El Ministerio Público guardó silencio.
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2. Sentencia de primera instancia
El 22 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la demanda. A su juicio, el análisis del caso
debía hacerse a la luz de la falla del servicio, porque los reproches planteados en la
demanda radicaron en el proceder negligente y omisivo de la administración.
Con base en las pruebas practicadas se concluyó que las inundaciones fueron
producto de un hecho ajeno a la voluntad de las entidades demandadas, la ruptura
del carreteable-dique no obedeció a su defectuoso funcionamiento, sino a la
severidad de las precipitaciones a raíz del fenómeno de La Niña que se extendió
desde finales del año 2010 y hasta el 2011, el cual desbordó los límites
pluviométricos históricos esperados para la época, agudizando la sedimentación y
complicando su manejo.
En consonancia con lo anterior, los propietarios de predios ribereños tienen
responsabilidades de autocuidado, como la protección de los muebles, enseres y
animales, que deben retirar antes de la presencia de las aguas, máxime cuando la
inundación era una situación de ocurrencia probable, conocida por los actores,
quienes sabían del peligro que conlleva su especial ubicación geográfica.
El daño alegado en la demanda no tiene el carácter de antijurídico, porque se trató
de un evento externo a la intervención humana que encuadra en la causal de
exoneración de fuerza mayor, aunado a que no se probó la falta de dragado,
mantenimiento y vigilancia del Canal del Dique o el mantenimiento y
repavimentación de la carretera paralela a este, siendo insuficientes las
afirmaciones contenidas en la demanda para la atribución de responsabilidad
(fls.1540-1562 C.Seg.Inst.).
3. Recurso de apelación
La parte demandante sostuvo que en el caso bajo estudio no se encuentran
reunidos los requisitos para la configuración de la fuerza mayor como causal
eximente de responsabilidad, por cuanto el evento era previsible, tanto así que en
la sentencia se reconoce tal carácter al indicar que los ribereños cuentan con un
deber de autocuidado frente a las inundaciones por su ocurrencia probable.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Aseveró que las entidades demandadas contaban con predicciones del nivel de
lluvias con 6 meses de anticipación, según la información remitida por el IDEAM y
lo informado por el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad
del Norte, de ahí que el evento no hubiera sido sorprendente, súbito o repentino;
más bien se trató de un hecho advertido y de público conocimiento por las
autoridades.
Por otra parte, el evento tampoco era irresistible, si las entidades hubieran
encaminado su actuar a conjurar el peligro inminente de desbordamiento del Canal
del Dique, el daño sufrido por los demandantes se habría evitado,
independientemente que las precipitaciones hubieran superado el promedio
histórico.
A partir de las resoluciones proferidas por el Ministerio del Medio Ambiente durante
el periodo comprendido entre 1997 y 2014, aseguró que las entidades tenían
conocimiento del problema de sedimentación presentado en el Canal del Dique.
Reprochó que las entidades omitieron: realizar las obras necesarias para reducir el
caudal (angostamiento del Canal); resolver el problema de la sedimentación; el
mantenimiento, vigilancia y control de los terraplenes que sirven de muro de
contención; la repavimentación de la vía sin previamente efectuar el mantenimiento
del terraplén o dique; y adoptar las medidas para evitar las inundaciones, todas ellas
negaciones indefinidas que no requerían prueba.
La parte demandada no logró probar que realizaron dichas obras; por el contrario,
se acreditó que luego de la ocurrencia de los daños, se iniciaron estudios y obras
para desarrollar un macroproyecto para la restauración de los ecosistemas
degradados del Canal del Dique, a través del Fondo de Adaptación, que dentro de
sus objetivos se encuentra la regulación de ingreso de caudales, así como el control
de sedimentos, inundaciones y el nivel del agua; proyecto que de haberse realizado
habría impedido la tragedia del año 2010, inclusive con niveles altos de pluviosidad.
Los daños causados a los inmuebles son imputables a las demandadas no solo por
la falla del servicio sino a título de riesgo excepcional, el cual resulta aplicable en
atención a las particularidades del Canal del Dique, al tratarse de una obra
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Referencia: Medio de control de reparación directa
generadora de riesgos especiales que deben ser reparados por quien los genera
(fls. 1581-1592 C.Seg.Inst.).
El recurso de apelación fue concedido por auto del 11 de enero de 2019 (fl.1596 C.
Seg.Inst)
4. Trámite en segunda instancia
4.1. Esta Corporación admitió el recurso de apelación el 20 de febrero de 2019
(fl.1615 C.Seg.Inst.).
4.2. Mediante providencia del 16 de mayo de 2019 se negó el decreto de una prueba
y se corrió el traslado para alegar de conclusión (fl.1619 C.Seg.Inst.), oportunidad
durante la cual las partes se pronunciaron así:
4.2.1. La parte demandante indicó que la causa efectiva de los perjuicios fue la
omisión de los deberes de las entidades demandadas frente al mantenimiento de la
infraestructura del Canal del Dique.
De no encontrarse probada la falla del servicio, solicitó que el estudio se oriente bajo
el título de imputación denominado riesgo excepcional, pues la construcción de un
canal artificial genera un riesgo permanente de inundación para los habitantes de la
zona, riesgo materializado en los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2010.
Las pruebas obrantes en el proceso dan cuenta de que las autoridades sí podían
prever el aumento de las precipitaciones para así prevenir los daños generados, de
hecho, por un evento similar acaecido en 1984, por el cual el Estado fue condenado,
se podían conocer los efectos de un rompimiento de la infraestructura del dique, es
decir, el evento natural no fue sorpresivo ni repentino; se trató de un hecho advertido
y de público conocimiento.
En la misma medida, los efectos eran resistibles si las autoridades competentes
hubieran tomado las medidas correspondientes, como la realización de las obras
para reducir el caudal, resolver el problema de sedimentación, efectuar el
mantenimiento, control y vigilancia de los terraplenes, la repavimentación con previo
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Radicación:08001233300020120049202(63414)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
mantenimiento del muro de contención y las medidas oportunas para evitar las
inundaciones.
Con posterioridad a los hechos objeto de litigio, se iniciaron estudios y obras para
realizar un macroproyecto en el Canal del Dique, a tal punto que se incluyeron
contratos para solventar la problemática de sedimentación y las inundaciones, todo
ello demuestra que sí existían medidas para evitar el drama humanitario ocasionado
por la imprevisión y la falta de implementación de medios de mitigación o
atenuación, de ahí que los daños ocasionados no pueden considerarse una
consecuencia de una fuerza mayor.
Los antecedentes jurisprudenciales citados en la sentencia de primera instancia no
son aplicables al presente asunto, por cuanto las entidades demandadas, a pesar
de conocer el aumento de las precipitaciones y los riesgos del Canal del Dique, se
quedaron con las manos cruzadas y solo actuaron cuando el daño ya estaba
consumado (fls. 1649-1667 C.Seg.Inst.).
4.2.2. La Agencia de Desarrollo Rural reiteró que las inundaciones fueron originadas
por el fenómeno de La Niña, siendo un evento de fuerza mayor que no puede ser
atribuido al actuar de las entidades demandadas.
El desbordamiento y rompimiento del dique fue un acontecimiento imprevisible,
porque no era posible anticipar la intensidad, gravedad y consecuencias del
fenómeno climático; al mismo tiempo se trató de un hecho irresistible, dada la
intensidad y continuidad de las lluvias que impidieron actuar y controlar la situación
(fls. 1623-1638 C.Seg.Int.).
4.2.3. El Ministerio de Transporte resaltó que la magnitud y duración de las
precipitaciones durante el fenómeno de La Niña fue extraordinaria e imprevisible
según la información allegada por el IDEAM, entonces, la ruptura del carreteable-
dique no fue producto de su defectuoso funcionamiento, sino de la severidad de las
lluvias (fls. 1640-1643 C. Seg.Inst.).
4.2.4. El Instituto Nacional de Vías concluyó que el fenómeno de La Niña fue el
causante del anormal, imprevisible e irresistible aumento de la pluviosidad que
superó cualquier cálculo estadístico, por ende, era humanamente imposible
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controlar cualquier eventualidad que se originara, tratándose entonces de un evento
de fuerza mayor (fls.1645-1648 C.Seg.Inst.).
4.3. El Ministerio Público no presentó concepto sobre el presente asunto.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer el presente asunto en atención a lo previsto
en el artículo 150 del CPACA, por tratarse de la apelación de una sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Igualmente, en razón a la cuantía porque la pretensión mayor1 superó el límite de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplado en el
numeral 6 del artículo 152 del CPACA.
2. Ejercicio oportuno del medio de control
De conformidad con el libelo introductorio, los hechos que dieron lugar al presente
litigio ocurrieron el 30 de noviembre de 2010, por consiguiente, el cómputo del
término de caducidad debe regirse por el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo.2
El término inicial para presentar la demanda, que comenzó a correr el 1º de
diciembre de 2010, finalizaba el 1º de diciembre de 2012. Este plazo fue suspendido
el 16 de octubre de 2012, con la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial,
cuando faltaba 1 mes y 16 días para la configuración de la caducidad. La constancia
de no acuerdo conciliatorio fue expedida el 22 de noviembre de 2012 (fl.97 C.1), por
tal motivo, el término para interponer la demanda se extendió hasta el 8 de enero
de 2013 y como el escrito inicial fue presentado el 19 de diciembre anterior, resulta
imperioso concluir que el medio de control fue ejercido oportunamente.
1
La estimación del daño emergente se realizó por la suma de $722.760.297, valor que supera el
límite de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2012 equivalentes a
$283.350.000.
2
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP establece: “Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre los anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir”.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
3. Legitimación en la causa
En consonancia con la decisión adoptada por esta Corporación el 23 de septiembre
de 20153, el señor Pedro Miranda Hidalgo y la sociedad Caribbean Tilapia Ltda. en
liquidación se encuentran legitimados en la causa por activa para solicitar la
indemnización de los perjuicios materiales, en razón de su calidad de propietario
(fl.91 C.1) y poseedora, respectivamente, del predio “La Gran Canaria”, donde se
desarrollaba la actividad de acuicultura.
En igual sentido, los señores Pedro Miranda Hidalgo, Pedro Mauricio Miranda
Gutiérrez, Francisco Miranda Gutiérrez y Martha Lucía Gutiérrez de Miranda se
encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la indemnización por
los supuestos perjuicios morales, dada su calidad de accionistas dentro de la
sociedad Caribbean Tilapia Ltda. en liquidación, según el certificado de existencia y
representación aportado (fl.31 C.1).
Por su parte, las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por
pasiva, toda vez que en el escrito inicial se les imputó el daño, tanto fáctica como
jurídicamente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el ordenamiento
jurídico.
4. Caso concreto
4.1. Daño
El primer elemento a verificar en todos los supuestos en los que se pretenda la
declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado es el daño, entendido
como la lesión o menoscabo a un bien, derecho o interés protegido por el
ordenamiento jurídico, que en todo caso debe revestir las características de cierto,
personal y antijurídico4.
En el recurso de apelación no se reprochó el análisis efectuado por el a quo sobre
este elemento; con todo, al tratarse de un presupuesto para evaluar la imputabilidad
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 23 de septiembre de 2015, radicación No. 08001333100120120049201 (49576), C.P.
Hernán Andrade Rincón.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 59218, C.P. María Adriana Marín.
13
Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
es indispensable corroborar su existencia con base en las pruebas obrantes en el
plenario.
En ese orden, se observa que el predio La Gran Canaria, de propiedad del señor
Pedro Miranda Hidalgo y en donde se desarrollaba el objeto social de la empresa
Caribbean Tilapia Ltda. en liquidación, resultó inundado en su totalidad a partir del
30 de noviembre de 2010, situación que impidió la continuidad de la actividad
económica de la acuicultura para la cual se encontraba destinado el predio, así se
desprende de las certificaciones expedidas por diferentes autoridades del municipio
de Suan (fls. 92-93 y 95 C.1) y de la Gobernación del Atlántico (fl. 94 C.1), así como
los testimonios de los señores Álvaro Sánchez Patiño y Roberto Carbonell (fls.
1242-1247).
4.2. Imputación
En el asunto bajo examen quedó acreditado que el 30 de noviembre de 2010 las
aguas provenientes del Canal del Dique produjeron la ruptura de un tramo del dique-
carreteable que de Calamar conduce a Santa Lucía, entre los kilómetros 2,5 a 3,
generando la inundación de un área extensa del sur del departamento del Atlántico
en jurisdicción de los municipios de Suan, Manatí, Santa Lucía, Campo de la Cruz,
Candelaria y Repelón (fls. 459 C.1, 1089 C.3, 1115 C.3, fl. 405 PDF: Emergencia
Invernal 35).
Por tratarse de un desastre natural, es importante recordar que en oportunidades
anteriores la Sección Tercera del Consejo de Estado ha estudiado este tipo de
supuestos de responsabilidad de la administración6, los cuales, en principio, se
consideran como constitutivos de fuerza mayor.
La imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de
la ocurrencia de fenómenos de este tipo dependerá de que se establezca su
previsibilidad y resistibilidad en conjunto con la inactividad del Estado que,
5
El PDF se encuentra en el CD aportado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
como respuesta al Oficio No. 0123-CH (fl. 1352).
6
Así cataloga el artículo 2 de la Ley 46 de 1988 a los fenómenos naturales que causan daño o alteran
de manera grave las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causadas
por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental,
que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de
carácter humanitario o de servicio social.
14
Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta las acciones
tendientes a evitar el resultado, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que
también resulta comprometida al establecer que con sus conductas activas o
pasivas, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural.
Así, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes
de la ocurrencia de fenómenos naturales7, tales como el desbordamiento de ríos y
quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por
lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que
las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado o se
abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso
concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del
hecho natural8.
Bajo tales presupuestos jurisprudenciales, corresponde a la Sala resolver los
reproches planteados por la parte recurrente atinentes a la ausencia de los
requisitos para la configuración de la fuerza mayor, eximente de responsabilidad
que sustentó el fallo de primera instancia.
El concepto de fuerza mayor ha sido empleado para sostener la exclusión de
responsabilidad frente a los daños generados por fenómenos de la naturaleza que
escapan de la predicción y control del ser humano, de ahí que resulte ilustrativo su
denominación en Estados Unidos: “Acto de Dios”, entendido como “un grave
desastre natural no previsto u otro fenómeno natural de carácter excepcional,
inevitable e irresistible, cuyos efectos no podían ser anticipados o evitados mediante
el ejercicio del debido cuidado o previsión”.9
7
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 26 de 1998, exp.
10846; 14 de mayo de 1998, exp. 12175; diciembre 11 de 1998, exp. 19009; 20 de septiembre de
2001, exp. 13732; septiembre 20 de 2007, exp. 16014; marzo 1 de 2011, exp. 18829; mayo 25 de
2011, exp. 21929 y agosto 22 de 2011, exp. 20107.
8
Así lo explicó esta Subsección las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. No. 28.277. M.P. Mauricio Fajardo Gómez;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, exp. No.
28974, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, exp. No. 49613, C.P. María Adriana Marín.
9
Citado por Ramiro Saavedra Becerra, 2018, De la responsabilidad patrimonial del Estado, Tomo II,
pág. 1272, editorial Ibáñez.
15
Radicación:08001233300020120049202(63414)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
En el ámbito local, el fundamento normativo se encuentra en el artículo 64 del
Código Civil:
ARTÍCULO 64. <FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO>. Se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.
Dicha disposición permite avizorar dos de los requisitos para la configuración de
este eximente: su imprevisibilidad e irresistibilidad, a los cuales debe sumarse su
exterioridad, porque al tratarse de una de las denominadas causas extrañas, resulta
apenas lógico que el evento no puede ser el resultado del actuar del agente dañoso.
Sobre tales requisitos, esta Corporación ha precisado:
En primer lugar, la irresistibilidad alude a la “imposibilidad del obligado a
determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en
otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la
ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable
deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado
podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos
del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de
un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos
supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados.”10
[…] Por su parte, la imprevisibilidad de la causa extraña alude a la condición de
imprevista de la misma, con lo cual será requisito indispensable que se trate de “de
un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”11. En este
sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que “resulta mucho más razonable
entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció, con independencia de
que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”12.
En tercer lugar, la exterioridad de la causa extraña respecto del demandado “se
concreta en que el acontecimiento y circunstancia que (se) invoca como causa
extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa
extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente (…) la exterioridad que se
exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad
demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
marzo de 2008, C.P.: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Exp. 16.530, y Sentencia de 26 de mayo de
2010, C.P.: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Exp. 18800.
11
Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
marzo de 2008, C.P.: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Exp. 16.530.
16
Radicación:08001233300020120049202(63414)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la
accionada13.
Justamente, sobre el caso particular del rompimiento del dique-carreteable aledaño
al Canal del Dique el 30 de noviembre de 2010, esta Sección ha comprendido que
el evento reunió las características de imprevisible, irresistible y externo, de suerte
que se ha exonerado de responsabilidad a las entidades demandadas a raíz de la
configuración de una fuerza mayor. En sentencia del 4 de junio de 2021, esta
Subsección concluyó:
La Sala encuentra que en el sub lite el daño no le es imputable a las
entidades demandadas, pues se configuró la causal eximente de
responsabilidad de fuerza mayor, la que fue debidamente alegada por el
extremo pasivo de la litis, en tanto la causa eficiente de la ruptura del Canal
del Dique y la inundación posterior de los predios de la Sociedad Rosalba
Rueda de Jordán y CIA S. en C. fue un evento de la naturaleza imprevisible,
irresistible y ajeno a las partes.14
A igual conclusión arribó la Subsección B en sentencia del 14 de julio de 2023:
3) Así las cosas, aun cuando se acreditó el daño alegado, consistente en la
inundación de los predios de propiedad de los actores aquel no es atribuible a
las entidades demandadas, en la medida en que la causa determinante de la
ruptura del canal y carretera Dique fue un evento de la naturaleza, imprevisible,
irresistible y ajeno a las partes, lo cual configuró la causal eximente de
responsabilidad de fuerza mayor. 15
Adicionalmente, esta Subsección en sentencias del 14 de julio y 11 de octubre de
2023 consideró:
51. A juicio de la Sala, los daños padecidos por la parte actora no le son
imputables a las entidades demandadas, pues se produjeron como
consecuencia de una fuerza mayor, esto es, el fenómeno de “La Niña”, que
fustigó al país en el periodo 2010-2 y 2011-1, pues es claro que para la época
de los hechos un fenómeno natural sin precedentes ocasionó una emergencia
en el territorio colombiano haciéndose evidente una grave calamidad nacional,
la cual constituye a todas luces la eximente de fuerza mayor, que fue
debidamente alegada por las accionadas, en tanto la causa eficiente de la
ruptura del Canal del Dique y la inundación posterior de los predios de los
13
Ibídem. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P.: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Exp. 18800.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2021, radicación No. 08001-23-31-000-2013-00188-02(63344), C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 14 de julio de 2023, radicación No. 08001-23-31-005-2012-00372-01 (61.190), C.P.
Fredy Ibarra Martínez.
17
Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
demandantes fue un evento de la naturaleza imprevisible, irresistible y ajeno a
las accionadas. 16
Estos pronunciamientos no implican una aplicación automática del sentido de la
decisión adoptada, dado que resulta obligatoria la valoración racional del acervo
probatorio allegado a este proceso, si bien los supuestos fácticos son similares, no
es posible afirmar lo mismo en relación con las pruebas legalmente practicadas en
cada uno de los casos.
Pues bien, a juicio del apelante, los hechos eran previsibles por cuanto el mismo a
quo reconoció que las inundaciones eran de probable ocurrencia y las entidades
demandadas conocían con 6 meses de anticipación las predicciones sobre el nivel
de las lluvias.
En efecto, obra respuesta por parte el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales al derecho de petición presentado el 26 de mayo de 2011 por
el abogado de la parte demandante (fls.86-88 C.1):
Es así como la primera rueda de prensa en conjunto con el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se realizó el 23 de junio de 2009,
donde se presentó a la opinión pública y a los medios de comunicación, todo lo
relacionado con las características especiales del fenómeno de “La Niña” y sus
posibles impactos e implicaciones en el territorio colombiano. En este se
advertía, que con la presencia de “La Niña” tendríamos impactos fuertes
particularmente durante la segunda temporada de lluvias de 2010 y la primera
de 2011, por lo que se recomendó a los Comités Regionales y Locales de
Prevención y Atención de Desastres y a todos los sectores productivos en el
país, preparase y estar atentos a la información del IDEAM y tomar las medidas
necesarias para enfrentar este fenómeno;
(…) Así mismo, se advirtió que durante “La Niña”, los niveles de los ríos
aumentan significativamente y con ellos la probabilidad de inundaciones en los
puntos más vulnerables del territorio nacional.
En rueda de prensa del 23 de junio de 2010, el IDEAM informó que debido a las
condiciones meteorológicas y oceanográficas actuales en el Pacífico Tropical se
evidenciaba el inicio del fenómeno de La Niña (fl. 496 PDF: EMERGENCIA
INVERNAL 317).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de julio de 2023, radicación No. 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716) y
sentencia del 11 de octubre de 2023, radicación No. 08001-23-33-000-2013-00125-01 (61730),
ambas con ponencia del consejero José Roberto Sáchica Méndez.
17
El PDF se encuentra en el CD aportado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
como respuesta al Oficio No. 0123-CH (fl. 1352).
18
Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
El 28 de junio de 2010, el director de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico dirigió una comunicación a los diferentes alcaldes del departamento
alertando sobre el fenómeno de La Niña, cuyos impactos más fuertes se
presentarían durante la segunda temporada de lluvias de 2010 y la primera de 2011
(fls. 737-758 C.2).
Estas pruebas, consideradas de forma aislada, podrían refutar la conclusión
construida por el a quo respecto de la imprevisibilidad del fenómeno de La Niña
2010-2011, puesto que el IDEAM había dado a conocer con anticipación sus
predicciones sobre el aumento de las precipitaciones y sus impactos en los niveles
de los ríos.
En contraste con lo anterior, la imprevisibilidad del fenómeno de La Niña no radicó
en su formación o presencia en el año 2010, actualmente el desarrollo tecnológico
permite su anticipación a través de la medición del enfriamiento de las aguas del
Pacífico Tropical (fl. 466 PDF: Emergencia Invernal); sino más bien en su
intensidad, regularidad y extensión, a tal punto que ha sido calificado como el más
fuerte en la historia del país según la información aportada por el INCODER (fls.
1086 vto) y el IDEAM (fl. 481 PDF: Emergencia Invernal 3).
Ello significó que las precipitaciones presentadas en el país superaran los
promedios históricos registrados, así lo certificó el IDEAM el 5 de enero de 2011
mediante informe técnico del análisis comparativo del evento de La Niña 2010 con
los eventos de La Niña más fuertes en los últimos años:
JULIO
Como se puede observar en el Anexo 1, para las estaciones analizadas,
representativas de las regiones Caribe y Andina, el mes de julio de 2010 quedó
clasificado en el primer lugar (barra color rojo), es decir, presentó las mayores
cantidades de lluvia de los últimos cuarenta años y fue el de mayor intensidad,
comparándolo con los meses de julio de los años La Niña 1998, 1999 y 2000.
AGOSTO
De acuerdo con el Anexo 2, los volúmenes de precipitación registrados durante
La Niña 2010, fueron los mayores registrados en los últimos cuarenta años y,
además, superaron las cantidades registradas en los meses de agosto de los
años La Niña 1988 (morado), 1995 (azul), 1998 (verde) y 2007 (naranja).
SEPTIEMBRE
En el Anexo 3, para las estaciones analizadas, el mes de septiembre de 2010
quedó clasificado en el primer lugar (barra roja), lo que equivale a decir que
presentó las mayores cantidades de lluvia de los últimos cuarenta años y fue el
19
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Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
de mayor intensidad al compararlo con los meses de septiembre de los años
La Niña 1988 (morado), 1995 (azul) 1998 (verde) y 2007 (naranja).
OCTUBRE
El mes de octubre de 2010, presentó cantidades de precipitación que, si bien
superaron los valores históricos, no fueron las mayores registradas al
compararlos con los restantes eventos La Niña.
NOVIEMBRE
El mes de noviembre de 2010 presentó los mayores volúmenes de lluvia de los
últimos cuarenta años (1971-2010) y fue el de mayor intensidad con respecto
a los meses de noviembre de los años La Niña 1988 (morado), 1995 (azul),
1998 (verde), 2000 (verde) y 2007 (naranja). Es decir, las cantidades de lluvia
del mes de noviembre de 2010, fueron inusitadas y cantidades similares nunca
se presentaron en este mes durante los últimos 40 años.
DICIEMBRE
De acuerdo con el Anexo 6, los volúmenes de precipitación registrados durante
La Niña 2010, fueron los mayores registrados en los últimos cuarenta años y,
además, superaron las cantidades registradas en los meses de diciembre de
los años La Niña 1988 (morado), 1995 (azul), 1998 (verde) y 2007 (naranja).
Conclusiones
Como se puede deducir del análisis anterior, el fenómeno de La Niña, ha sido
el más intenso que se ha registrado en el país y ha estado acompañado de
cantidades de precipitación muy frecuentes y extraordinarias, las más intensas
en los últimos 40 años y, con excepción de octubre, en los meses de julio a
noviembre, se superaron los valores registrados en los anteriores eventos La
Niña” (fls. 370-371 PDF: Emergencia Invernal 3).
Consecuencialmente, ese aumento de las precipitaciones incidió en las condiciones
hidrográficas del río Magdalena y del Canal del Dique, así lo expuso el IDEAM en
respuesta al oficio No. 0095-CH:
Con respecto al Canal del Dique, el comportamiento de los niveles para el año
2010, alcanzaron valores máximos de toda la serie histórica (1973-2012) de los
datos de niveles registrados; (…) el comportamiento de los niveles fue muy
similar al río Magdalena, dado que el Canal del Dique se encuentra influenciado
por el comportamiento y fluctuación de los niveles del río Magdalena y guarda
proporcional similitud con respecto a la variación anual y mensual.
(…) Para este análisis de EXCEDENCIAS se tuvo en cuenta toda la serie
histórica de niveles para cada estación, según lo consignado en cada uno de
los cuadros 2 y 3 adjuntos a continuación. En particular durante el segundo
semestre de 2010 y primer semestre de 2011, el territorio colombiano estuvo
bajo la influencia de un fenómeno Niña de características fuertes, que ocasionó
también fuertes incrementos en los niveles sobre el cauce principal del río
Magdalena y en el Canal del Dique, que superaron las condiciones históricas
normales del 100% para el mes de noviembre de 2010,
(…) para la estación de Calamar (Bolívar) año 2010 (Julio 126%, Agosto 152%,
Septiembre 150%, Octubre 141%, noviembre 127%, Diciembre 130% (…). Los
datos de niveles ocurridos para el Canal del Dique, tenemos que el
comportamiento superó los promedios históricos en la estación Incora k-7 año
2010 (Julio 130%, Agosto 155%, Septiembre 154%, Octubre 143%, Noviembre
20
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130% y Diciembre 128% (…); para la estación Compuertas del Canal del Dique
(Julio 130%, Agosto 155%, Septiembre 148%, Octubre 141%, Noviembre 128%
y Diciembre SD (…); en la estación Gambote (Julio 113%, Agosto 119%,
Septiembre 119%, Octubre 116%, Noviembre 113%, Diciembre SD (…). (fls.
1384 y vto. C.3).
La información relacionada anteriormente cuenta con suficiente mérito probatorio,
el IDEAM es una entidad técnico-científica que se encarga del estudio de estos
fenómenos naturales y los datos suministrados se encuentran en coherencia con
los demás medios de prueba obrantes en el expediente, ello autoriza a concluir que
el fenómeno de La Niña 2010-2011 fue un evento súbito, sorpresivo y de rara
ocurrencia en el país, dada su intensidad, regularidad y extensión que implicó la
superación de los promedios históricos registrados, incluso en comparación con
otros fenómenos de La Niña ocurridos previamente, de ahí entonces que la decisión
del a quo sobre la imprevisibilidad del fenómeno no puede calificarse como
desacertada.
Esa imprevisibilidad también se predica del rompimiento del dique-carreteable que
sirve de contención a las aguas del Canal del Dique. En el hecho octavo de la
demanda se afirmó que los habitantes y alcaldes de los municipios aledaños del
Canal llamaron la atención de las autoridades acerca de las filtraciones y el riesgo
de colapso; no obstante, tal manifestación quedó desprovista de prueba a partir de
la cual se pudiera dar como cierto tal hecho.
Debe reconocerse que en las reuniones del 1 de septiembre y 8 de octubre de 2010
del Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del departamento
del Atlántico se expuso la preocupación sobre la posible ruptura de la vía de
conexión entre Santa Lucía-Corregimiento Las Compuertas, tramo en todo caso
diferente del que finalmente resultó destruido por la fuerza de la corriente (fls. 245-
251 y 255-257 C.1).
A pesar de lo anterior, no se acreditó un conocimiento previo por parte de las
entidades demandadas acerca de alguna falla, inestabilidad o debilidad del dique
entre los kilómetros 2.5 a 3, donde se presentó la ruptura, de hecho, en el proceso
no se logró aclarar las razones por las cuales el carreteable cedió en ese punto
específico, por consiguiente, debe concluirse que tal evento fue imprevisible por
tratarse de un hecho de rara ocurrencia.
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En lo que se refiere a la irresistibilidad del evento, el apelante expresó que si las
entidades hubieran adecuado su comportamiento a conjurar el peligro inminente de
desbordamiento el daño causado se habría evitado, concretamente reprochó que
se hubiera omitido: realizar las obras con los objetivos de reducir el caudal
(angostamiento del Canal); resolver el problema de la sedimentación; el
mantenimiento, vigilancia y control de los terraplenes que sirven de muro de
contención; la repavimentación de la vía sin previamente efectuar el mantenimiento
del terraplén o dique; y adoptar las medidas para evitar las inundaciones.
En lo relacionado con el problema hidrosedimentológico que afecta al Canal del
Dique, se acreditó que el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Resolución
No. 260 del 31 de marzo de 1997 requirió a la Corporación Autónoma Regional del
Río Grande de La Magdalena para presentar un plan de restauración ambiental de
los ecosistemas degradados del área de influencia del Canal del Dique, cuyo
objetivo general sería disminuir la sedimentación para mitigar los daños
ambientales y garantizar las actividades productivas en las zonas circundantes.
Cabe destacar que en el documento se asocia las rectificaciones y obras realizadas
en el Canal con el aumento del caudal y el incremento del volumen de sedimentos
(fls. 1269-1273 C.3).
En 1999 se expidió la Resolución No. 418 del Ministerio del Medio Ambiente en
donde se informa que CORMAGDALENA entregó los términos de referencia el 31
de mayo de 1997 y el 25 de marzo de 1998 se entregaron los estudios de
prefactibilidad del plan (fls. 1274-1275 C.3).
En la Resolución 921 de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente se trae a colación
el concepto No. 144 de 1999 en donde se explica el proceso de sedimentación:
En esencia el incremento de sedimentos de debe al aumento del caudal
derivado del Río Magdalena (debido a rectificaciones hechas al Canal), en
un 30% a partir de 1982 ( pasó de un 4% a un 6% del caudal del río), con lo
cual se aumentó en forma significativa el transporte de sedimentos que
sobrepasa la capacidad de transporte de éstos por el flujo del Canal, con lo
cual se aumentó fundamentalmente la tasa de sedimentación tanto en el
Canal como en sus desembocaduras, las Bahías de Cartagena y de
Barbacoas.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Asimismo, en el mismo acto se eligió la alternativa de solución consistente en la
realización de obras para la regulación de caudales que ingresaban a la altura de
Calamar para así poder controlar el flujo de sedimentos (fls. 1278-1282 C.3).
Posteriormente se expidieron diferentes resoluciones en las que se concedían
términos a CORMAGDALENA para el desarrollo de los diseños y estudios de
ingeniería básica, al tiempo que se iban precisando las condiciones técnicas con
las que debía contar el proyecto (fls. 1283-1287 y 1315-1348 C.3).
Por último, mediante el documento 3594 del 10 de junio de 2009 se puso en
consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social la declaración
de la importancia estratégica del proyecto “Sistema Ambiental y de Navegación del
Canal del Dique”, en cuya justificación se explicó que la problemática de
sedimentación estaba asociada a las rectificaciones y ampliaciones del Canal.
Dentro de las obras se tenía prevista la construcción de diques para el control de
inundaciones en la parte baja del Canal, dragados y estrechamientos para reducir
los caudales, y se había proyectado que la Fase I iniciaría en el año 2010.
A partir de las anteriores probanzas es evidente que para la época en que
ocurrieron los hechos objeto de litigio no se había construido el proyecto con el fin
de solucionar la sedimentación que afectaba al Canal del Dique; sin embargo, no
puede perderse de vista que el mismo estaba dirigido a resolver principalmente una
problemática ambiental; igualmente, las autoridades desarrollaron actuaciones
tendientes a su materialización y la complejidad de la intervención requería una
serie de estudios previos de ingeniería y ambientales que no podían ser efectuados
a la ligera.
En cualquier caso, la parte actora no logró probar la incidencia causal que tuvo el
aumento de los caudales y la sedimentación en la ruptura del dique-carreteable el
30 de noviembre de 2010, pues dicha problemática está asociada a rectificaciones
y obras culminadas en la década de los 80s, como se explica en la Resolución No.
260 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente (fls. 1269-1273 C.3); por lo tanto, el
nexo que pretende establecerse resulta debilitado por el paso del tiempo, ya que
de ser esta la causa adecuada del daño, carece de explicación porque solo hasta
el año 2010 se presentó la destrucción del dique.
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Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
En la misma línea, la parte actora no logró probar que, de haberse realizado dichas
obras, el resultado dañoso se habría evitado, para lo cual era necesario suministrar
los conocimientos especializados que permitieran establecer ese nexo, y lo cierto
es que está vedado al juez realizar suposiciones sobre un área dominada por
saberes eminentemente técnicos y científicos18.
Sobre el reproche del apelante, consistente en la falta de mantenimiento, vigilancia
y control de los terraplenes que sirven de muro de contención, la repavimentación
de la vía sin previo mantenimiento y las medidas para evitar las inundaciones, debe
considerarse que las pruebas allegadas al expediente demuestran que las
entidades, dentro de sus capacidades técnicas, económicas y logísticas, sí
desplegaron acciones tendientes a conjurar la emergencia causada por la ola
invernal.
Se verificó que a partir del 1 de septiembre de 2010, se abordó la emergencia por
la ola invernal en el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres
del Departamento del Atlántico, en el cual se expuso la necesidad de declarar la
urgencia manifiesta; se informó acerca del monitoreo realizado sobre los niveles
del río y el Canal del Dique, y se ordenó la realización de diferentes actividades con
el fin de mitigar los efectos de las altas precipitaciones, tales como la organización
de brigadas, monitoreo se sitios críticos, construcción de barricadas, realce y
reforzamiento de los muros de contención, consecución de víveres y militarización
de la zona ante amenazas de sabotaje del dique (fls. 245- 264 C.1).
A su vez, se informó la realización de obras con la finalidad de controlar las
inundaciones que pudieran generarse por el recrudecimiento del invierno en el
departamento del Atlántico (fls. 265-273 C.1), entre ellas la reparación del muro de
contención en el municipio de Santa Lucía (fl.265 C.1) y el realce del dique existente
en la población de Suan (fl. 267 C.1).
18
Sobre la prohibición de introducción de conocimientos especializados por parte del juez ver:
Ignacio Flores Prada, (2005), La prueba pericial de parte en el proceso civil, Tirant lo Blanch
(págs.360-361) y Luis Bernardo Ruíz Jaramillo, (2019), La prueba como derecho en el Código
General del Proceso, Tirant lo Blanch, (pág. 350), este último autor expone: “También en la prueba
pericial debe evitarse la falacia contraria, consistente en la invasión de la órbita del perito por el juez,
denominada iudex peritus peritorum. En este caso el juez se convierte en «perito de peritos» e
ingresa, motu proprio, el conocimiento especializado afectando el principio de la necesidad de la
prueba (prohibición del juez de decidir con base en su conocimiento privado) y el derecho a probar
a las partes, ya que estas no tienen posibilidad de contradecirlo”.
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Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Al expediente fueron allegados el contrato de obra 0108*2007*000115 celebrado
entre el departamento del Atlántico y la Unión Temporal Santa Lucía, cuyo objeto
era la rehabilitación de la vía Santa Lucía-Carretera Oriental, el cual fue adicionado
mediante contrato 0108*2008*000002, en atención a los aumentos de los niveles
del río Magdalena y el Canal del Dique, lo que hacía necesario incluir en la vía una
capa de afirmado de 20 cms, proteger los taludes con enrocados por estar en
contacto con el agua del canal, así como el mejoramiento general del terraplén (fls.
1354-1355 C.3).
Ligado a ello, constan las actas de entrega y recibo definitivo suscritas el 5 de
febrero de 2009 del convenio 186 de 2005 celebrado entre el departamento del
Atlántico y el Instituto Nacional de Vías, en los que se menciona que, por solicitud
de CORMAGDALENA, se elevó el terraplén entre el Canal del Dique y la Laguna
del Guájaro para evitar posibles inundaciones (367-370 y 379-383 C.1).
En octubre de 2010, el gobernador del Atlántico dirigió diferentes comunicados al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (fls. 274-275 C.1), Instituto Nacional de
Vías (fls. 276-278 C.1), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (fl. 301
C.1), la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (fls. 302-
303), a la Oficina Nacional del Riesgo (fls. 305-306 C.1) y al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (fls. 308-309 C.1) solicitando ayuda en las diferentes áreas de
competencia de las entidades para mitigar los efectos de la ola invernal.
El 5 de abril de 2011 el Subsecretario de Prevención y Atención de Desastres de la
Gobernación del Atlántico presentó informe ante la Asamblea Departamental sobre
las acciones implementadas para afrontar la catástrofe generada por la ola invernal,
cuyo objetivo principal era la protección de los cascos urbanos de los municipios
del sur del departamento:
Las acciones contemplaron básicamente obras de infraestructura: muros de
contención ribereña, conformación de un terraplén lateral en la carretera
oriental, igual realce de vías Las Compuertas-Santa Lucía, limpieza y dragado
de caños. Resaltamos igualmente el envío de información pertinente a las
Alcaldías Municipales y Clopad.
Dentro de las acciones desplegadas se destaca el realce de 70 cm y mejoramiento
de la vía Santa Lucía-Las Compuertas del km 21 al km 29 entre septiembre y
octubre de 2010, por un valor de 1.200 millones, así como el suministro de 500.000
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sacos de polipropileno para conformar barricadas, por valor de 250 millones
(fls.310-320 C.1).
Por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se incluyó en su
presupuesto de la vigencia fiscal del año 2010 la necesidad de saneamiento del
Canal del Dique y el control de inundaciones (fls. 563-568 C.2); informó con
anticipación a los diferentes municipios sobre los riesgos de inundación como
consecuencia del aumento de las precipitaciones y los niveles del Canal del Dique
(fls. 666-701, 709-736 y 737-758 C.2); en mayo de 2010, se puso en conocimiento
los mapas de deslinde municipal, susceptibilidad de amenazas por inundación y
mapa de amenazas sísmicas (fls. 766-774 C.2) y se realizaron capacitaciones
sobre los planes de prevención y atención de desastres y el Sistema de Alerta
Temprana en los municipios del departamento del Atlántico (fls. 791-831 C.3).
En el municipio de Suan, consta que desde el 26 de julio de 2010, el Comité Local
de Prevención y Atención de Desastres abordó el tema del crecimiento del río
Magdalena y la ola invernal, en el que se informó sobre el monitoreo que se hacía
del afluente, se ordenó la construcción de una muralla para proteger el casco
urbano, la realización de trincheras con sacos de arena y el patrullaje de los puntos
críticos (fls. 1108-1121 C.3).
Las anteriores pruebas documentales, que por cierto no fueron refutadas por la
parte demandante, permiten a la Sala construir dos conclusiones:
I) Las entidades demandadas no se mantuvieron pasivas ante la emergencia
causada por la ola invernal; se desarrollaron diferentes actuaciones orientadas a
conjurar la situación.
II) En el proceso no se comprobó que el tramo del dique donde se presentó la
ruptura hubiera sido objeto de intervención por parte de las entidades encargadas;
sin embargo, tampoco obra prueba para inferir que las autoridades conocían
previamente sobre algún debilitamiento, falla o filtración en el punto específico de
la fractura del dique, pese a lo cual no se adoptaron las medidas especiales para
su reforzamiento.
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A partir de las omisiones evidenciadas no es posible deducir que, de haberse
reforzado esa zona, la tragedia se habría evitado, conclusión que, se itera, requiere
de unos conocimientos especializados que no fueron aportados al proceso, con los
cuales se podría haber esclarecido la causa específica de la ruptura de ese tramo
del dique y si era posible evitarla mediante obras de ingeniería, siempre y cuando
estuvieran dentro de las capacidades técnicas, logísticas y económicas de la
administración.
En definitiva, no resultó desacertada la conclusión del Tribunal Administrativo del
Atlántico sobre el carácter irresistible del evento: el acervo probatorio apunta a que
el alto nivel del Canal del Dique para noviembre de 2010 generó una fuerza en
contra del terraplén que causó su colapso, emergencia que, según las pruebas
practicadas, no era posible evitar mediante la actuación de las entidades
demandadas, de ahí que no le asiste razón al recurrente en cuanto a la resistibilidad
del suceso, quien de todas formas incumplió con la carga de la prueba
correspondiente según el artículo 167 del Código General del Proceso.
En cuanto al requisito de la exterioridad del evento, de todo el análisis probatorio
efectuado se deriva que la ruptura del carreteable aledaño al Canal del Dique y la
consecuente inundación del sur del departamento del Atlántico, fueron hechos
ajenos a la administración, descartando la existencia de alguna acción u omisión
por parte de esta que permita explicar suficientemente la causa de los sucesos
ocurridos; en contraposición, se verificó el carácter inusitado y extraordinario de las
precipitaciones provocadas por el fenómeno de La Niña, lo que conllevó al
incremento del nivel del río Magdalena y el Canal del Dique a los máximos registros
históricos, siendo una situación que escapa de la órbita de control del Estado.
Estas conclusiones se ven refrendadas por las medidas adoptadas por el poder
ejecutivo para conjurar la emergencia, es así como mediante el Decreto 4580 de
2010, el presidente de la República de Colombia declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública con ocasión
del fenómeno de “La Niña” presentado en el país, “el cual se agudizó en forma
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inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010”. Decreto objeto de revisión
por la Corte Constitucional en la sentencia C-156 de 201119, en la cual concluyó:
Por ende, encuentra esta Corte que los hechos verificados objetivamente por
esta Corporación y extraños al Estado adquirieron el carácter de sobrevinientes
y extraordinarios; imprevisibles por cuanto como se demostró (numeral 8.3.1.),
los promedios previsibles en materia de precipitaciones fueron ampliamente
superados en la mayoría de regiones del país; irresistibles por cuanto los
hechos verificados superaron en gran medida lo que se esperaba y por ende
desbordaron la capacidad de respuesta del Estado (…).
Ahora bien, en razón a la estructura escalonada del juicio de responsabilidad
extracontractual del Estado, y al haberse descartado la imputación fáctica, no es
procedente entrar a estudiar los reproches planteados por el recurrente sobre el
título de imputación aplicado por el a quo al presente asunto, dado que las causales
eximentes de responsabilidad tienen plenos efectos tanto en el régimen subjetivo
como en el objetivo.
En conclusión, pese a la existencia de un daño sufrido por los demandantes, lo
cierto es que el mismo no le resulta imputable fácticamente a las entidades
accionadas, por cuanto la causa adecuada del daño fue el aumento extraordinario
de las precipitaciones y los niveles de los ríos como consecuencia del fenómeno de
La Niña 2010-2011, evento que encuadra en el eximente de responsabilidad por
fuerza mayor, debido a su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, en
consecuencia, la sentencia proferida el 22 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico será confirmada.
5. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse
sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto
procesal civil. Como la condena obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta
la conducta subjetiva de las partes, sino los condicionamientos expresamente
consagrados.
En atención a lo regulado por el artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la
parte accionante, a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación.
19
Corte Constitucional, sentencia C-156 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
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En cuanto a su liquidación se hará de manera concentrada por el a quo, según lo
previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
acuerdo con el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se debe considerar la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, así como la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, si las hubiere.
Así las cosas, en aplicación del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda 20, se fijan como
agencias en derecho el 1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia21,
porcentaje equivalente a $12.468.678,8.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 22 de octubre de 2018 por las razones expuestas en
la presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte accionante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo.
Se fijan como agencias en derecho en segunda instancia, a cargo de la parte actora
y en favor de las entidades demandadas en proporciones iguales, la suma de
$12.468.678,8.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.
20
19 de diciembre de 2012.
21
$1.246.867.881.
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Radicación:08001233300020120049202(63414)
Demandante: Caribbean Tilapia Ltda.-En liquidación y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado Electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF
30
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