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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00130-01

Administrativas: ausencia de imputación por cuanto se configuró una fuerza mayor

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00130-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor del Ministerio del Transporte, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –Cormagdalena– y el departamento del Atlántico y fijar las agencias en derecho de segunda instancia por la suma de once millones novecientos veinte mil ochocientos quince pesos ($11’920.815) a cargo de la parte actora. El Tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2013-00130-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIONES
ADMINISTRATIVAS – Ausencia de imputación por cuanto se configuró una fuerza mayor.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los daños causados como consecuencia de la ruptura
del Canal del Dique que ocasionó la inundación de los predios de propiedad de los
demandantes.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 2 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa
presentada el 1 de febrero de 20131 por los señores Martha Lucía Puche de Núñez
y Eduardo Núñez Mosquera (propietarios), contra la Nación – Ministerio de
Transporte, el Instituto Nacional de Vías –en adelante Invías–, el departamento del
Atlántico y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena –en
adelante Cormagdalena–, con el fin de que se les declare solidaria y
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados a los demandantes
por la inundación de los predios de su propiedad (que incluyó daños a la
infraestructura, maquinaria y muerte de animales) y la imposibilidad de continuar
desarrollando la actividad ganadera a la que estaban destinados, como
consecuencia de la ruptura del Canal del Dique, a la altura del municipio de Santa
Lucía (Atlántico).

2. Como fundamento fáctico de la demanda, indicaron que el 30 de noviembre de
2010 el Canal del Dique se rompió en uno de sus tramos y que, 7 días después, el
agua proveniente de la zona de la inundación sobrepasó el Dique Polonia y el
Embalse del Guájaro, lo que generó la inundación de los municipios de Manatí,
Santa Lucía, Candelaria, Campo de la Cruz y Repelón, algunos de ellos donde se
encuentran ubicados los predios afectados de propiedad de los actores

1 Folio 26 –reverso–, c. 1.

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

denominados “El Bajo”, “Tronco”, “Villa Nueva”, “Piedras Blancas”, “El Escobal” y
“Pasabarro”.

3. Señalaron que hubo una grave negligencia de las demandadas, puesto que
desde el mes de agosto de 2010 (3 meses antes del desbordamiento) sabían que
el nivel del río Magdalena había superado la cota de inundación y que las aguas
estaban a punto de sobrepasar el terraplén que servía de contención al Canal del
Dique y, pese a ello, no realizaron ningún plan de supervisión y monitoreo de dicha
estructura, permitiendo que colapsara.

4. Agregaron que tampoco se adoptaron medidas para mitigar el nivel de
inundación del Embalse del Guájaro luego de que colapsó el Canal del Dique,
pudiendo hacerlo y, por tal motivo, la administración pública estaba llamada a
responder bajo el título imputación de riesgo excepcional, puesto que la
construcción de ese canal fluvial generó una situación de riesgo permanente para
los habitantes del sector, dada la constante amenaza de inundaciones, situación
que empeoró con el pasar de los años.

5. Por último, manifestaron que de no proceder el análisis de responsabilidad bajo
el título objetivo invocado, igualmente, estaba probada la falla del servicio en que
incurrieron las demandadas dada la omisión en adoptar las medidas necesarias y
eficaces para evitar dichas inundaciones, tales como el mantenimiento y control de
los terraplenes que operaban como muro de contención del Canal del Dique, las
obras necesarias para resolver el problema de sedimentos del río Magdalena y la
reducción del canal, todo lo cual generó los daños a los actores2.

La defensa

6. El departamento del Atlántico y el Ministerio de Transporte Ministerio de
transporte, en escritos separados, se opusieron a las pretensiones de la demanda
y formularon las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de
fuerza mayor o caso fortuito. Como sustento de la primera, indicaron que no les
correspondía el mantenimiento, conservación y protección del Canal del Dique en
cuanto a su navegabilidad, dragado y vigilancia. De otro lado, señalaron que los
supuestos daños padecidos por los actores se originaron por un desastre natural
imprevisible, pues así lo demostraba el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010,
que declaró el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica por grave
calamidad pública, así como los reportes del IDEAM y los estudios meteorológicos3.
El Ministerio de Transporte también señaló que el hecho generador del daño ocurrió

2 Folios 1 a 26, c. 1.
3 Folios 343 a 365, c.1.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

el 30 de noviembre de 2010 y la demanda se presentó por fuera de los dos años
que consagra el artículo 164 del CPACA4.

7. Cormagdalena contestó la demanda de manera extemporánea y el Invías
guardó silencio.

8. Agotada la audiencia inicial5 y surtido el debate probatorio6, en el término para
alegar de conclusión la parte actora reiteró los argumentos expuestos en la

4 Folios 309 a 326, c. 1. 5 Acta del 27 de febrero de 2014. El Tribunal declaró no probada la excepción de falta de legitimación material
en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y del departamento del Atlántico, al considerar que ese
análisis era parte del estudio de fondo del asunto, pues de ello dependía la prosperidad o no de las excepciones. Asimismo, declaró no probada la excepción de caducidad de la acción, en tanto que el término comenzó a correr
el 1 de diciembre de 2010, por lo que fenecía, inicialmente, el 1 de diciembre de 2012; sin embargo, la parte
actora presentó solicitud de conciliación el 16 de noviembre de 2012 (faltaban 15 días para que se venciera el
plazo), por lo que el término se suspendió hasta el 23 de enero de 2013 que se declaró fallida la audiencia y,
por tanto, tenía hasta el 8 de febrero de 2012 para ejercer la acción de repetición, como la presentó el 1° de
febrero de 2013, concluyó que se hizo dentro del término legal (folios 704 a 706, c. 3). 6 En la misma audiencia, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1) Copia simple del
documento CONPES 3594 de julio 10 de 2009. 2) Copia de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 1991
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Julio Cesar Uribe Acosta. 3) Copia
auténtica de la comunicación del 2 de junio del 2011, por medio de la cual el IDEAM, contestó un derecho de
petición presentado por el demandante. 4) copia simple del artículo publicado en la Revista Semana, en su
edición del 8 de diciembre de 2010, titulado "se crea Sala de Crisis para coordinar atención a damnificados por
el invierno". 5) Partida de matrimonio expedida por la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 6)
Copia de los folios matrícula inmobiliaria: No. 045-22828, 045-22829, 045-22830, 04522831, 045-22832, 045-
10659 y 045-16912 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sabanalarga. 7) Escritura pública 596
del 14 de junio de 2007, por medio de la cual Romel Alberto Cervantes Vizcaino trasfirió los derechos
herenciales que le correspondían dentro del proceso de sucesión de su finado padre Hernán Gilberto Cervantes
de la Hoz y de sus tíos a favor de Eduardo Núñez Mosquera. 8) Certificación del Director de la Unidad Municipal
de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de Candelaria sobre la afectación del predio El Bajo. 9)
Certificaciones del Secretario de Gobierno de Campo de la Cruz sobre la afectación de los inmuebles con
número de matrícula inmobiliaria 045-0022828, 045-0022829, 045-0022830, 0022831, 0022832 y 00450003913
y las fincas Villa Nueva, Pasabarros, El Escobal y Piedras Blancas. 10) Acta de no conciliación del 23 de enero
de 2013 y la constancia de no conciliación de la misma fecha, expedidas por la Procuraduría 14 Judicial ll para
Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico (parte actora). 11) Actas de Reactivación
del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres CREAPAD del 15 de junio de 2008 y No. 005 del
16 de octubre de 2008, 007 del 19 de diciembre de 2008, 002 del 1 de junio de 2009, 001 del 18 de enero de
2010 y 002 del 1 de septiembre de 2010. 12) Actas del Comité Emergencia Climática No 1, 2 y 3 del 8, 15 y 18
de octubre, respectivamente. 13) Relación de obras y suministros de prevención y atención de desastres 2008-
2010. 14) obras de control de inundación: Muros de Protección Ribereño. 15) oficios del 12 y 20 de octubre de
2010 dirigidos al Incoder y el Invías (dpto. Atlántico). 15) Publicación del diario “El Heraldo” del 2 de febrero de
2011. Oficios: 1) A la Gobernación del departamento del Atlántico, al Ministerio de Transporte y al Invías, para
que remitan copia auténtica de los contratos celebrados por la repavimentación de la carretera que corre por
encima del canal del dique (2007-2010).

2) A la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena, para que alleguen: (i) copia del documento denominado alternativa de reducción en el canal del
dique mediante angostamiento en la sección por sectores y construcción de la esclusa paricuica; (ii) informe
final elaborado por esa entidad y la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional; (iii) copia de los estudios
previos definitivos para el diseño y la construcción de las obras para el sistema ambiental y de navegación del
canal del dique fase I, elaborado por Cormagdalena en septiembre de 2009. 3) Al Ministerio del Medio Ambiente,
para que envíe copia auténtica de las Resoluciones 0260 de 31 de marzo de 1997 "por la cual se efectúan unos
requerimientos para la restauración y recuperación del ecosistema gradado del canal del dique", No. 0418 de
31 de mayo de 1999, 0918 de octubre de 2001, 0921 de 8 de octubre de 2001, 0199 de 25 de febrero de 2002,
0208 de 28 de febrero de 2002, 0721 de 31 de julio de 10 de marzo de 2004, 0342 de 24 de marzo de 2004,
2447 de 13 de diciembre de 2006, por medio de las cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
solicitó a Cormagdalena la presentación de un plan de restauración y recuperación de los ecosistemas
degradados del Canal del Dique. 4) A la revista semana, para que remita el ejemplar de los artículos publicados
como consecuencia del desbordamiento del Canal del Dique el 30 de noviembre de 2012, entre ellos los
titulados "se crea sala de crisis para coordinar la atención a damnificados por el invierno", publicado el 8 de
diciembre de 2012 y el denominado "Medio departamento del Atlántico inundado por ruptura del canal del dique".

3

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

demanda y agregó que no se probó el requisito de imprevisibilidad que
caracterizaba a la fuerza mayor, toda vez que el aumento del nivel de lluvias no fue
un aspecto sorpresivo y, en cambio, pudieron tomar las medidas adecuadas para
mitigar los daños. Por su parte, Cormagdalena adujo que los daños cuya
indemnización se pretendía son constitutivos de una fuerza mayor, en tanto el
fenómeno de “La Niña” constituyó un desastre natural con consecuencias y
dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó de forma inusitada
e irresistible en el mes de noviembre de 2010, tal y como lo demuestran los registros
del IDEAM7.

9. El Ministerio de Transporte y el departamento del Atlántico coincidieron al
señalar que los elementos probatorios aportados daban cuenta de que se habían
adelantado los proyectos requeridos para mitigar los nefastos daños que ocasionó
la ola invernal del 2010; no obstante, el daño acaecido tuvo como causa el fenómeno
de “La Niña”, cuyos niveles de lluvia superaron cualquier registro histórico, por lo
que la realización de obras civiles o de mantenimiento adicionales no hubiera
evitado las consecuencias fatales del fenómeno natural presentado8. El Invías y el
Ministerio Público guardaron silencio.

La decisión objeto de impugnación

10. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda,
por considerar que las inundaciones que dieron lugar a los daños producidos en los
predios de propiedad de la parte actora se produjeron por un hecho imprevisible e
irresistible. Agregó que, incluso, en gracia de discusión, de admitirse que el
desbordamiento del canal no fue un hecho totalmente imprevisible, las pretensiones
de la demanda no estarían llamadas a prosperar, por cuanto el presente asunto
debía analizarse bajo el título de imputación de falla del servicio, la cual no se
acreditó, pues el material probatorio allegado evidenciaba que las demandadas
actuaron conforme con sus funciones y que adoptaron las medidas de prevención
necesarias, pero que no obstante su actuación, la ocurrencia de la inundación se
tornó inevitable9.

II. RECURSO DE APELACIÓN

5) A la Presidencia de la República, para que envíe copia de los videos que contienen las declaraciones del
presidente Juan Manuel Santos, sobre la tragedia acaecida el 30 de noviembre de 2010 como consecuencia
del rompimiento del canal del dique. 6) A la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, para que remita copia
de los videos en los que se registran las declaraciones del Presidente sobre la tragedia del 30 de noviembre de
2010 y las comunicaciones que como consecuencia de las alertas y previsiones hechas por el IDEAM esta
unidad suscribió y envió a las diferentes entidades que integran el sistema nacional de emergencia y
calamidades. Dictamen pericial: de los daños sufridos en los inmuebles: Tronco, Villanueva, Piedras Blancas,
El Escobal y Pasabordo, rendido por el perito Oscar Ospina Rojas. Testimoniales: 1) Cesario Miguel Marenco
Escamilla. 2) Jorge Sandoval, y 3) José Antonio Carreño Ortiz.
7 Folios 1061 a 1065, c. 4.
8 Departamento del Atlántico (folios 1032 a 1038, c. 4) y Ministerio de Transporte (folios 1045 a 1060, c. 4).
9 Folios 1087 a 1108, c. Ppal.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

11. Al presentar recurso de apelación contra el anterior proveído, la parte actora
cuestionó la declaratoria de fuerza mayor, pues las entidades públicas contaban
con la información sobre la predicción del nivel de lluvias 6 meses antes del
desastre, según lo demuestran los informes del IDEAM, lo que implicaba que el
citado fenómeno no fue sorprendente o repentino y, por ende, no cumplió con el
requisito de la imprevisibilidad. Agregó que tampoco se trató de un evento
irresistible, puesto que no es cierto que las demandadas hubieran desplegado
conductas tendientes a conjurar el peligro inminente del desbordamiento del Canal
del Dique y, en cambio, las inundaciones fueron consecuencia de la omisión de las
demandadas por no realizar: (i) el mantenimiento y control de los terraplenes que
operaban como muro de contención del Canal del Dique,(ii) las obras necesarias
para resolver el problema de sedimentos del río Magdalena y (iii) las obras de
reducción del canal.

12. Añadió que las sentencias citadas por el a quo para soportar su dicho no
podían extenderse al caso bajo análisis porque las medidas adoptadas por las
demandadas en este asunto no fueron preventivas sino posteriores al evento
dañoso. Finalmente, insistió en que los daños alegados resultaban imputables a las
accionadas, no solo a título de falla del servicio, sino también por riesgo
excepcional, pero que el Tribunal no hizo pronunciamiento alguno respecto de este
último título10.

13. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte
actora reiteró los argumentos esbozados en el recurso de apelación11; mientras que
las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio 12.

III. CONSIDERACIONES

14. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede la
Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto de la apelación

15. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si se encuentra
probada la causal eximente de responsabilidad con fundamento en la cual el
Tribunal negó las pretensiones. La sala no discurrirá inicialmente en el análisis del
título de imputación, pues la fuerza mayor declarada estaría llamada a excluir la
responsabilidad que se reclama, de manera que solo en caso de que se descarte
tal eximente se indagará sobre los demás elementos de la responsabilidad que se
reclama, incluido el aspecto indicado.

10 Folios 1116 a 1127, c. Ppal.
11 Folios 1147 a 1164, c. Ppal.
12 Folios 1166, c. Ppal.

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Caso concreto

16. Ab initio, la Sala anuncia que confirmará la decisión objeto de alzada, por
cuanto a partir de los elementos de prueba allegados, se impone concluir que el
desbordamiento del Canal del Dique obedeció a un hecho imprevisible e irresistible,
dado el incremento inusitado de las precipitaciones debido al fenómeno de “La
Niña”, que superó los niveles históricos de los últimos 40 años, pese a las labores
de las entidades demandadas para conjurar tal situación.

17. Conforme al material probatorio allegado al proceso se tiene acreditado que la
señora Martha Lucía Puche de Núñez es propietaria de los inmuebles: (i)
“Villanueva” identificado con matrícula inmobiliaria No.045-1065913; (ii) “Pasabarro”
identificado con matrícula inmobiliaria No.045-3913 14 y, (iii) “Tronco”, que está
conformado por varios lotes, identificados con matrículas No. 045-22828, 045-
22829, 045-230, 045-22831 y 045-22832 15 ; igualmente, que el señor Eduardo
Núñez Mosquera ostenta la propiedad sobre los siguientes predios: (i) “El Escobal”
identificado con matrícula inmobiliaria No. 045-16913 16 y (ii) “Piedras blancas”
identificado con matrícula inmobiliaria No. 045-16912 17 . Respecto del inmueble
denominado “El Bajo” no se aportó la prueba conducente para acreditar la propiedad
sobre el mismo, únicamente una escritura pública de cesión de derechos
herenciales, pero sin el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, por lo que
frente a este no se tiene acreditada la titularidad del dominio.

18. Asimismo, mediante certificaciones expedidas el 5 y 6 de enero de 2011, por
el Secretario de Gobierno del municipio de Campo de la Cruz se constató que los
inmuebles denominados “Tronco”, “Villanueva”, “El Escobal”, “Pasabarro” y “Piedras
Blancas”, fueron afectados por “el fenómeno climático y se encuentran incluidos en
el censo levantado por el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres
(CLOPAD)”18.

Sobre la configuración de la fuerza mayor en el presente asunto

19. Los desastres naturales son, en principio, eventos de fuerza mayor, de allí que
la Sección Tercera ha dispuesto que la imputación de responsabilidad al Estado por

13 Folios 99 y 100, c. 1. (certificado de libertad y tradición) y escrituras públicas No. 55 del 7 de julio de 1997 y
3.054 del 9 de diciembre de 2002 (folios 657 a 666, c. 3).
14 Folios 106 a 108, c. 1. (certificado de libertad y tradición) y escrituras públicas No. 291 del 21 de marzo de
1992 y adquirió el 50% restante mediante escritura pública No. 3056 del 9 de diciembre de 2002 (677 a 681, c.
3).
15 Folios 89 a 98, c.1.(certificados de libertad y tradición) y correspondientes escrituras públicas, c.3.
16 Folios 103 a 105, c.1. (certificados de libertad y tradición) y correspondiente escritura pública, c.3.
17 Folios 101 y 102, c.1. (certificados de libertad y tradición) y correspondiente escritura pública, c.3.
18 Folios 118 a 121, c. 1.

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los daños antijurídicos derivados de su ocurrencia 19 dependerá de que se
establezca su previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la inactividad del Estado
que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecutó las
acciones tendientes a impedir la concreción de sus efectos, responsabilidad que
también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa o pasiva,
el Estado expuso a los administrados o a sus intereses económicos y patrimoniales
al fenómeno natural.

20. El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1890, aplicable para
resolver los litigios bajo las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de
reparación directa, define la fuerza mayor en los siguientes términos: “Se llama
fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto aquel que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.”.

21. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, para
que se configure la fuerza mayor se requiere la concurrencia de tres elementos: i)
imprevisibilidad, ii) irresistibilidad y iii) exterioridad respecto de la demandada20. En
ese sentido, si se configuran tales elementos, se exonera de responsabilidad al
Estado, salvo que el demandante demuestre la falla en el servicio por la actividad
equivocada o por la no realización de labores a su cargo que habrían evitado el
daño.

22. Ahora bien, la prueba de la previsibilidad no reside en el simple enunciado de
que el hecho puede ocurrir, sino a la acreditación sobre posibilidad concreta y real
de conocer tal hecho por anticipado; la resistibilidad, por su parte, involucra una
valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deban
disponerse para conjurar los eventos causantes del daño21, de aquí que se afirme
que la magnitud del desastre natural puede superar la capacidad técnica o
económica del Estado para resistirlo, pero su previsibilidad impone la adopción de

19 Ley 46 de 1988. Artículo 2. Definición de Desastre. “Para efectos de la presente Ley, se entiende por desastre
el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada,
causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que
requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras Entidades de carácter
humanitario o de servicio social.”
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente 50.791,
C.P. María Adriana Marín y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de
2011, expediente número 19.067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
21 Sobre este tema, JORDANO FRAGA, JESÚS. En la reparación de los daños catastróficos. Madrid, Marcial
Pons, 2000, trae la siguiente conclusión: “Es evidente que ese juicio técnico encierra una decisión político-social
de costes (esto es, la determinación cuantitativa de las inversiones asumibles por la sociedad en la evitación de
riesgos). El componente técnico debe ser el predominante en la fijación de estos estándares. Y el criterio
económico-racional; porque si técnicamente casi todos los riesgos naturales son evitables hoy;
económicamente no siempre será racional la absoluta cobertura técnica…Debe observarse que cabe trazar una
doble línea: 1) la de efectividad (el standard técnico requerible efectivamente a las obras públicas) en previsión
de riesgos y que todas las obras públicas deben efectivamente cumplir; este sería el nivel exigido de estándar
de seguridad; 2) la de razonabilidad (asumiendo que la disponibilidad presupuestaria no permite actualmente
alcanzar el estándar óptimo de seguridad), pero determinando no el nivel permisible de estándar de seguridad
sino la frontera de la institución de la responsabilidad”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
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medidas para atenuar el daño, si no es posible en relación con los bienes, por lo
menos sí frente a la vida y la integridad física de sus moradores. Por último, la
exterioridad apunta a que se trate de un hecho completamente ajeno a la conducta
de la persona o entidad que pretende beneficiarse con esta figura, pues si el mismo
ha sido causado, directa o indirectamente por la demandada, en forma total o
parcial, ya sea por acción o por omisión, no podría afirmarse que tal circunstancia
le fuera completamente irresistible (pues habría podido evitarla, adoptando un
comportamiento distinto) ni totalmente imprevisible (ya que se puede prever,
normalmente, las consecuencias de sus propias conductas).

23. En ese orden de ideas, el mandato que impone la Carta Política en el artículo
2, inciso segundo, consistente en que las autoridades de la República tienen el
deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que
normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus
obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su
actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del
personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender
eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”22.

Por consiguiente, las obligaciones que están a cargo de la administración pública
han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en
consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se
reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las
autoridades para contrarrestarlo23.

24. De conformidad con lo expuesto en el recurso de alzada, la ruptura del Canal
del Dique y posterior inundación de los inmuebles de propiedad de los accionantes
constituyeron una circunstancia previsible, en tanto que las entidades públicas
contaban con la información sobre la predicción del nivel de lluvias 6 meses antes
del desastre, según lo demuestran los informes del IDEAM, lo que implicaba que el
fenómeno de "La Niña” no fue sorprendente para ellas.

25. En cuanto a este elemento estructurante de la fuerza mayor, la jurisprudencia
ha señalado que es imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido
imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la
diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 1998, exp. 11.837, Alier E. Hernández

Enríquez y la sentencia proferida por esta Subsección el 29 de enero de 2014, exp. 24.579, M.P. Hernán
Andrade Rincón.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, M.P. Alier E.

Hernández Enríquez y del 30 de noviembre de 2006, exp 14.880, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su
ocurrencia24.

26. En el presente asunto, se observa que, si bien los boletines e informes del
IDEAM vaticinaron el surgimiento del fenómeno de “La Niña” para la segunda mitad
de 2010 -hecho que se aduce como causante de la fuerza mayor-, la magnitud del
suceso fue tal que superó los máximos históricos de los últimos años; por tanto, si
bien pudo ser, hasta cierto punto, predecible, resultó repentino y abrumador ya que
nunca se había presentado algo de tal magnitud en el país. En efecto, en el informe
rendido por el IDEAM sobre el comportamiento de los niveles de los principales ríos
del territorio nacional en el año 2010 comparado con los valores históricos, se
estableció que en ese año se alcanzó “el valor máximo de toda la serie histórica de
datos de niveles registrados”25 y, de manera específica sobre el Canal del Dique, se
determinó:

“El comportamiento de los niveles para el año 2010, alcanzaron valores máximos de
toda la serie histórica (1973-2012) de los datos de niveles registrados; lo cual se
puede evidenciar a partir de los siguientes gráficos No. 9 a 11. Así como se puede
observar en los gráficos anteriores No. 6 a 8, el comportamiento de los niveles fue muy
similar al de Magdalena, dado que el Canal del Dique se encuentra influenciado por
el comportamiento y fluctuación de los niveles del río Magdalena y guarda
proporcional similitud con respecto a la variación anual y mensual. Sin embargo,
los niveles en la estación de Gambote, posterior a la fecha de falla del dique cerca al
municipio de Santa Lucía, se ven afectados por el caudal derivado hacia la zona
inundación.

“(…) Para el Canal del Dique en las estaciones indicadas en cuadro No.1, tenemos que
el comportamiento de los niveles fue para la estación de inkora K-7 (Julio 130%, agosto
155%, septiembre 154%, octubre 143%, noviembre 130%); para la estación
Compuertas del Canal del Dique (julio 130%, agosto 155%, septiembre 148%, octubre
141%, noviembre 128%); en la estación de Gambote (julio 113%, agosto 119%,
septiembre 119%, octubre 116%, noviembre 113%). Este comportamiento de los niveles
en las diferentes estaciones hidrológicas para el mes de noviembre de 2010, incidió
para que el río Magdalena se desbordara en la cuenca Baja y en el Canal del
Dique…”26 (negrilla añadida).

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente No. 16.530.
25 Folios 462 a 597, c. 2. Asimismo, en la certificación emitida por el IDEAM el 10 de junio de 2014, sobre el
análisis condiciones hidrológicas en el bajo Magdalena para el año 2010 se manifestó que: “… en cuanto al
comportamiento de los niveles para el año del 2010 corresponde a un año atípico, es decir, los niveles no se
comportaron normalmente como un régimen Bimodal, los niveles viciaron su ascenso paulatino y constante a
partir del mes de marzo hasta finalizar diciembre alcanzando valores de niveles muy altos con respecto al
comportamiento medio histórico 1972-2012 como se puede evidenciar en los gráficos No. 6 a 8 (línea trazado
negro intermitente en todas los gráficos), superando la cota critica (cota de desbordamiento) a partir del mes de
septiembre en El Arco, en tanto, para las estaciones de Plato y Calamar la cota critica fue superada a partir del
mes agosto de 2010 y al comparar los registros del año 2010 con los promedios históricos 1972-2012 línea azul
continua) los valores registrados en el año 2010 superaron altamente el 100% de los niveles y los caudales”
(folio 949, c. 4).
26 Folios 951 a 953, c. 4.

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27. La situación descrita fue atribuida al denominado fenómeno de “La Niña”, que
condujo a que mediante Decreto Legislativo 4580 del 7 de diciembre de 2010 el
Gobierno Nacional decretara la emergencia económica, social y ecológica, en el
cual se dejó consignado, lo siguiente:

“1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye un desastre
natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en
forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010 [mes en que ocurrió
la ruptura del Canal del Dique]

1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta extraordinaria e
imprevisible, como lo demuestran los registros del IDEAM. Estos registros indican
que en los quince primeros días del mes de noviembre llovió más de lo que llueve en
todo el mes. El nivel superó todos los registros históricos de precipitaciones para el mes
de noviembre.

1.3. Que esta agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 2010,
se sumó al hecho de que durante el segundo semestre del año la lluvia ya había
superado los niveles históricos registrados. Que según informe presentado por el
IDEAM de fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 alteró el
clima nacional desde el comienzo de su formación en el mes de junio de este año,
ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias más intensas y abundantes
nunca antes registradas en el país, en las regiones Caribe, Andina y Pacífica…” (resalta
la Sala).

28. Sobre los supuestos para la declaratoria antes referida, en especial, el atinente
a la caracterización que se le dio al mencionado desastre natural de “dimensiones
extraordinarias e imprevisibles”, la Corte Constitucional las encontró acreditadas
bajo el argumento de que, aunque había una probabilidad de que se presentara el
fenómeno de “La Niña”, su intensidad y magnitud resultaron superiores a lo
esperado y, por consiguiente, tales hechos “adquirieron carácter sobreviniente, su
intensidad fue traumática, su ocurrencia fue ajena a lo que regular y cotidianamente
sucede respecto de dicho fenómeno”27.

29. Bajo ese escenario, en la medida en que en el segundo semestre de 2010
permaneció una tendencia de ascenso en los niveles de los ríos en el departamento
del Atlántico y tuvo especial connotación entre agosto y diciembre del mismo año,
que coincidieron con el fenómeno de “La Niña”, y la época de lluvias en Colombia,
pues se superaron todos los antecedentes históricos de datos de niveles
registrados; por manera que el caso no puede analizarse aislado de la situación
nacional de la época y atribuirla a una omisión de las demandadas, cuando la misma
ley calificó estos hechos como “un desastre natural de dimensiones extraordinarias
e imprevisibles.

30. Al lado de lo anterior, la irresistibilidad como elemento de la causa extraña,
consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad

27 Corte Constitucional. Sentencia C-151 del 9 de marzo de 2011. MP. Mauricio González Cuervo.

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para desplegarlo o para llevarla a cabo; es decir, el daño debe resultar inevitable
para que pueda predicarse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta
que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno
mismo, pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar
o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo,
irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil)
algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas
condiciones, podrían ser evitados28.

31. En el caso sub examine, no está acreditado que las demandadas hubieran
estado en la capacidad de poder evitar la ruptura del canal del Dique y la
consecuente inundación de los predios de los actores, puesto que, como se vio, el
incremento de las lluvias superó todo antecedente, aunado al hecho de que las
demandadas llevaron a cabo las gestiones de su competencia para mitigar el
riesgo29; en ese sentido, en relación con las labores ejecutadas por el Estado en la
zona de influencia del Canal del Dique antes de su ruptura se observa que, en virtud
de lo ordenado por el entonces Ministerio de Ambiente en la Resolución 260 del 31
de marzo de 1997, Cormagdalena remitió a esa entidad el oficio DIR-2813 del 13
de noviembre de 2003, mediante el cual presentó “la línea base del Plan de
restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”. Ese boceto fue
complementado por el concepto 1577 del 31 de diciembre de 2003 emitido por dicho
Ministerio30, y el estudio contratado por el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andréis –INVEMAR— sobre “los flujos del canal del
Dique y el impacto de las aguas y sedimentos en la Bahía de Cartagena, Barbacoas
y el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario”.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente No. 16.530.
29 En cuanto al Ministerio de Transporte se tiene que su objeto principal es la formulación y adopción de las
políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica y técnica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de, entre otros, el transporte marítimo y fluvial; a su vez, el Decreto 2053 de 2003, en el artículo
2, numeral 2.17. estableció como una de sus funciones “Participar en los asuntos de su competencia, en las
acciones orientadas por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres”. Por su parte, el Invías
tiene como objetivo primordial la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la
infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primarias y terciarias, fluvial y de la
infraestructura marítima; además, de asesorar y prestar apoyo técnico a la entidades territoriales o sus
organismos descentralizados encargados de la construcción y mantenimiento y atención de emergencias en
sus infraestructuras viales, cuando ellas lo soliciten (Estatutos internos del Invías. Acuerdo 018 del 27 de julio
de 2000, artículo 5). En lo atinente a las funciones asignadas a la Cormagdalena, en el artículo 6, numeral 8 de
la Ley 161 de 1994, se estableció la de “Promover la ejecución o ejecutar directamente, o en asocio con otros
entes públicos y privados, proyectos de adecuación de tierras, avenamiento y control de inundaciones” dentro
del territorio de su jurisdicción, como lo son los municipios ribereños del Canal del Dique -art. 3 ibidem-.
Asimismo, Cormagdalena en coordinación con los departamentos y municipios tiene como funciones, entre
otras, la de “Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores
del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y
proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas” (artículo
64, numeral 6 y Artículo 65, numeral 10, Ley 99 de 1993).
30 Por medio del cual se realizan requerimientos de información acerca de la alternativa detallada y de la
modelación del comportamiento hidrosedimentológico. Concepto que fue recogido en su totalidad por los
conceptos técnicos 110 y 111 del 19 de febrero de 2004.

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32. Posteriormente, a través de la Resolución 342 del 24 de marzo de 2004,
Cormagdalena adoptó el Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas
Degradados del Área de Influencia del Canal del Dique, en el cual se establecieron
las actividades que se debían adelantar desde su expedición “para restablecer las
condiciones ambientales y permitir el manejo sostenible integral de los ecosistemas
del Canal del Dique”, dentro de las que se consagró: el diseño de las obras de
saneamiento básico y de las obras de defensa contra inundaciones en poblaciones
de su jurisdicción31.

33. El 9 de septiembre de 2005, el Invías suscribió con Valores y Contratos S.A. el
contrato de obra 1606 del mismo año, cuyo objeto consistió en el diseño, la
reconstrucción y pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 13, tramo 1 (P)=:
“VÍA REPELÓN – VILLA ROSA – SANTA LUCÍA –CARRETERA ORIENTAL DEL K
0+000… AL K 18+000 CON UNA LONGITUD DE 18 KILÓMETROS, TRAMO 1 (R):
VÍA REPELÓN – VILLA ROSA – SANTA LUCÍA - CARRETERA ORIENTAL DEL K
18+000 AL K 32+500… CON UNA LONGITUD DE 14.50 KILÓMETROS EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, vía aledaña al Canal del Dique32. El 26 de
junio de 2006, el Invías presentó acta de entrega y recibo definitivo de la referida
obra, dentro de la cual se construyeron varios terraplenes, se colocaron tuberías de
concreto reforzado y se llevaron a cabo obras de limpieza de drenaje33.

34. El 4 de julio de 2006, Cormagdalena suscribió con Castro & Tcherassi S.A. el
contrato de obra pública 0-0042-2006, cuyo objeto fue el “realce del Dique –
Carreteable Calamar (K00+000) – Villa Rosa (K31+000) en el departamento del
Atlántico”. El acta de liquidación de ese negocio se firmó por los contratantes el 27
de abril de 2007, en la que se relacionan, entre otras obras, las de “protección de
orillas contra erosión e inundación”34.

35. Asimismo, en desarrollo del convenio interadministrativo 1-033 de 2007,
relacionado con las actividades de asesoría y seguimiento durante la ejecución de
las obras de control de inundaciones, la Cormagdalena solicitó al Laboratorio de
Ensayos Hidráulicos de la Universidad Nacional (LEH-UN), la modelación
matemática del Canal del Dique, su sistema lagunar y la zona marina de la bahía de
Barbacoas, con el objetivo de apoyar la evaluación sobre la factibilidad técnica y
ambiental de disminuir el caudal en el Canal del Dique mediante la reducción de su
sección transversal en sectores cortos a fin de mantener los niveles a lo largo del
canal y garantizar la navegación y el intercambio de agua con el sistema lagunar
periférico. En este informe se concluyó que (se transcribe literalmente):

31 Folios 848 a 905, c. 3.
32 Folios 819 a 826, c. 3.
33 Folios 827 y 828, C. 3.
34 Cd (folio 801, c.3.), archivo “Contrato 0-0042-2006”.

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“Considerando los factores hidráulicos, sedimentológicos, de calidad del agua, de
desarrollo de la cuña salina y limnológicos en las ciénagas del sistema lagunar, se
considera que la mejor alternativa para la disminución del caudal y el aporte de
sedimentos a la Bahía de Cartagena es la alternativa 4 definida en este estudio. Esta
consiste en la optimización de los canales de interconexión ciénaga-canal, la
construcción de angostamientos de la sección transversal en tres sectores del
Canal, y la construcción simultánea de la compuerta-esclusa en el sector del
Recreo en el kilómetro 104 del Canal”35 (negrilla añadida).

36. Al lado de lo anterior, también se sugirió realizar un estudio más detallado que
permitiera estimar adecuadamente las concentraciones de sedimentos y de otras
especies que afectan la calidad del agua, a fin de detallar las condiciones de manejo
de los sedimentos que ingresaban a la Bahía de Barbacoas, contando con la
participación de personal capacitado en ecología acuática para evaluar el significado
de las concentraciones esperadas en las Islas del Rosario y para determinar las
condiciones de ordenamiento de los depósitos en la bahía36.

37. El 25 de junio de 2008, se suscribió por parte del Gobernador del Atlántico, el
Subsecretario de Planeación, el Secretario de Infraestructura, la delegada de
Secretaría de Educación, el delegado de la Segunda Brigada, el Secretario del
Interior, el delegado de la Secretaría de Salud, el delegado de la Defensa Civil, del
Batallón Vergara y V., del departamento de Policía y de la Cruz Roja del Atlántico el
Acta de Reactivación del Comité Regional para la Prevención y Atención de
Desastres –CREPAD– de ese departamento en la que, entre otras cosas, se hizo la
presentación de políticas y acciones de la Subsecretaría de Prevención y Atención
de Desastres y de la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de
Ordenamiento Territorial37. Igualmente, los días 16 de octubre, 19 de diciembre de
2008 y el 1° de junio de 2009, el referido comité se reunió con el fin de evaluar las
medidas para evitar siniestros en ese departamento, y las distintas autoridades –
dentro del marco de sus competencias– se obligaron a: la limpieza de arroyos, la
construcción de muros de contención y obras de canalización38.

38. Mediante Conpes 3594 del 10 de julio 2009 39 , se presentó el proyecto
denominado “Sistema Ambiental y de Navegación del Canal del Dique”, consistente
en la ejecución de obras que permitieran resolver la problemática ambiental
generada por la gran cantidad de sedimentos que introduce el río Magdalena a los
ecosistemas asociados al mencionado Canal. La solución se fundamentó en reducir
la entrada de caudales al Canal mediante el estrechamiento de la sección hidráulica
en su embocadura; para ello, se programaron dos fases, así:

35 Cd (folio 818, c.3.), archivo CM-513 INFORME FINAL.
36 Ibidem.
37 Folios 366 a 370, c.3.
38 Folios 372 a 386, c. 3.
39 Folios 31 a 43, c. 1.

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a) Fase I: Se realizará entre las vigencias 2010 y 2011 con una inversión
estimada de “$202.918 millones”, que incluye, en síntesis, la elaboración de los
diseños de las obras –incluye estudios ambientales y PMA–, realización de la
gestión predial y la construcción de 3 estrechamientos para reducir caudales,
mejoramiento de las conexiones canal-ciénagas y dragados constructivos y
ambientales.

b) Fase II: Se realizará entre las vigencias 2013 y 2015 con una inversión
estimada de $127.000 millones de pesos, e incluye, en resumen, los ajustes de los
diseños y del PMA y construcción de una esclusa y compuerta en el estrecho
Paricuica, construcción de diques de control de inundaciones en la parte baja del
canal, dragados ambientales y obras para sedimentación controlada en la bahía
Barbacoas.

39. En virtud de lo anterior, en septiembre de 2009, Cormagdalena presentó los
estudios previos definitivos del “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL
SISTEMA AMBIENTAL Y DE NAVEGACIÓN DEL CANAL DEL DIQUE FASE 1”40,
en los que se analizó cada uno de los siguientes temas:

40 Cd (folio 818, c.3.), archivo Estudios Previos Definitivos Sep. 2009.

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40. Adicionalmente, entre los años 2008 y 2010, la gobernación del Atlántico
suscribió 33 contratos con la finalidad de construir muros de contención y de adecuar,
canalizar y limpiar arroyos, ríos y fuentes acuíferas, y así mitigar el riesgo de
inundación en el departamento. Se resalta que parte de tales negocios jurídicos se
llevaron a cabo en el Canal del Dique, entre ellos, el “muro sur de protección ribereña
(Canal del Dique) … para la protección de altos niveles del canal en el sector
occidental” y el dragado para el mantenimiento de la obra; así como en el municipio
de Campo de la Cruz (ubicación de los inmuebles de propiedad de los demandantes),
donde se contrató el dragado del acueducto de ese municipio41.

41. Se destaca, además, que a principios del 2010 –Acta del 18 de enero de ese
año– se reunieron el gobernador del Atlántico y el coordinador de la CREPAD de ese
ente territorial, con el fin de dar solución a los problemas relacionados con el
fenómeno “Del Niño”42, así quedó consignado en tal acta (se transcribe conforme
obra):

“(…) prosigue el señor Andrés Molina, hablando de la problemática que viene
presentando en el río Magdalena por el fenómeno del ‘Niño’ la Corporación viene
adelantando unas actividades sobre los que nos compete como son el dragado
hidráulico y el dragado mecánico, se han presentado en algunos sitios dificultades
como lo es el encallamiento de algunas embarcaciones para lo cual Cormagdalena
dispuso la maquinaria necesaria, cabe resaltar también que en el Canal del Dique no se
presentan problemas a nivel de navegación, se ha intensificado el monitoreo para
una reacción oportuna y para poder tomar las medidas oportunas a nivel de
navegación; es también importante informar que Cormagdalena acaba de firmar un
convenio con Asoportuaria para realizar los estudios del canal de acceso por ciento
cincuenta y seis millones de pesos específicamente para el kilómetro cero en Bocas de
Ceniza, el kilómetro treinta al dieciocho que es donde se presentan los problemas en ese
sector para Cormagdalena puso esos recursos…”43 (se destaca).

42. Luego, el 1° de septiembre de ese mismo año -2010- se volvió a conformar el
comité, pero debido al incremento de las precipitaciones en el departamento y se
resaltó la severidad de la segunda temporada invernal “ocasionada por el fenómeno
de La Niña” 44 . En esta reunión se hizo alusión a las dos grandes emergencias

41 Folios 419 a 423, c. 2.
42 Fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del océano Pacífico que provoca intensas
precipitaciones, y por consiguiente inundaciones, episodios de sequías, incendios forestales. Tomado de la web:
Organización Metrológica Mundial https://public.wmo.int/es/el-ni%C3%B1ola-ni%C3%B1a-
hoy#:~:text=El%20Ni%C3%B1o%2FOscilaci%C3%B3n%20del%20Sur,de%20diversas%20partes%20del%20
mundo. Página web consultada el 20 de junio de 2023.
43 Folios 387 a 398, c. 2.
44 En esa reunión se abordaron, en síntesis, los siguientes temas: “…comienza explicando los alcances de la
ola invernal acaecidos en el departamento del Atlántico el pasado mes de Agosto, lo cual lo ilustra a través de
la imagen satelital que presenta una enorme nubosidad, al igual que la tabla de niveles del rio que se encuentra
en la estación de San Pedrito, la cual a la presentó los niveles más altos de los últimos cuarenta años y
que a partir del día 15 de Agosto de 2010, comenzó a bajar con relación al periodo del mes de agosto de
2.008 (+38 cms), presentando el pico más alto en el mes de agosto; ilustrando con el mapa del Dpto. del
Atlántico, el rio viene a mayor nivel… los altísimos niveles alcanzados en esta época del año por las aguas
del Canal del Dique. frontera ineludible de este corregimiento donde el exceso de agua superó el nivel

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presentadas en el 2010, a la inversión que iban a realizar las entidades públicas para
dar una pronta solución y, la aprobación de declaratoria de la urgencia manifiesta,
en los siguientes términos literales:

“En la actualidad el Dpto. ha tenido que enfrentar dos emergencias en el 2.010 una por
sequía (enero) y otra por inundación (agosto). Esta última ha dejado en el Departamento
de Bolívar 35.000 viviendas ancladas en el Magdalena 6.000, en el Cesar 5.000 y en el
Distrito de Barranquilla más de 5.000 viviendas, de igual manera el municipio de
Soledad, 1.540 viviendas afectadas (inundación súbita) por desbordamiento de los
Arroyos ‘El Platanar’ y ‘El Salao’ aquí el Gobierno Nacional, La Gobernación
Departamental y el Municipio invertirán $40.000 millones para la solución
definitiva del problema. La Urgencia Manifiesta es la herramienta jurídica que nos
permitirá apoyar a todos los Municipios afectados por los eventos climáticos de
la Ola Invernal actual, ya que si se realizan obras contratadas a través de licitaciones
no nos alcanzaría el tiempo y los habitantes de estos municipios se verían muy
afectados. Concluida la reunión y aprobada la declaratoria de urgencia manifiesta
agradezco todo su apoyo y asistencia…”45 (resalta la Sala).

43. Ya para el 8 de octubre de 2010, la gobernación del Atlántico convocó comité
para evaluar el aumento del caudal del río Magdalena y del Canal del Dique por
cuenta de la temporada invernal y se estableció la necesidad de reunir los comités
locales en los municipios y adelantar las acciones necesarias para atender posibles
emergencias, tales como: (i) organizar brigadas de apoyo con la comunidad; (ii)
identificar y monitorear permanentemente los sitios críticos por presentar mayores
riesgos; (iii) identificar y preparar posibles lugares para que sirvan de albergue; (iv)
estudiar la viabilidad jurídica y económica para constituir el fondo de emergencia; (vi)
gestionar con los contratistas de las obras públicas, la consecución de un stock
mínimo de maquinarias, para tenerlo disponible; (vii) adquirir una cantidad suficiente
de sacos para distribuir entre los municipios; (viii) la Secretaria de Salud
departamental, debía diseñar un plan de contingencia para atender la posible
emergencia, considerando hospitales, ambulancias, personal, medicamentos y
demás recursos necesarios; (ix) proteger las vías de la oriental y el canal del Dique,
entre otras. Además, se resaltó que para esa fecha se habían realizado
reforzamientos de muros de contención, se instalaron estaciones de bombeo y se

o cota natural de desbordamiento inundó (inundación Lenta) 75 viviendas en el sector adjunto al Canal.
Por esta razón la Alcaldía Local acompañada de la Administración Departamental reubicó temporalmente
y de forma inmediata más de 15 familias en la sede del ICA, quienes una vez concluida la Construcción de
la nueva urbanización para reubicación de 122 familias, deberá darle traslado a esta misma a todas las
familias afectadas de este corregimiento , llama la atención la exposición fotográfica donde se muestra la
parte mecánica de control de aguas de las compuertas, donde se visualiza el sobre nivel alcanzado por las
aguas. En este momento el Doctor Guillermo Sirtori, coordinador del CLOPAD Barranquilla (representante Legal
del Alcalde Distrital) interviene y expone el problema de la reubicación en el Distrito de Barranquilla, por
lo cual debido al deslizamiento hay que reubicar a unas 3.000 casas destruidas por el fenómeno de
remoción en masa de las laderas deteste sector distrital, donde se tendrá que comprar la totalidad de
viviendas. El Doctor Evaristo Martinez continua con la presentación a los miembros conformantes del CREPAD
ATLANTICO y manifiesta la necesidad de declarar la Urgencia Manifiesta en el Departamento del
Atlántico, para contar con las herramientas jurídicas y presupuestales que permitan una actuación
efectiva y eficaz en los distintos frentes afectados en los diferentes municipios del Departamento, y
debido a la severidad de esta segunda temporada invernal ocasionada por el fenómeno de ‘La Niña’ que
está ocasionando inundaciones súbitas y lentas, deslizamientos y desbordamientos de arroyos en
varios Municipios del Departamento y del Distrito de Barranquilla”.
45 Folio 399 a 406, c. 3.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

limpiaron canales en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de
Varela, Ponedera, Suan y Santa Lucía46.

44. El 12 de octubre de 2010, la gobernación del Atlántico alertó al Invías por el
riesgo de desborde del Canal del Dique, teniendo en cuenta que tal institución tenía
a cargo la vía “carretera oriental – Santa Lucía”, para que tomara las medidas
preventivas del caso 47 . También advirtió a la Cormagdalena y a la Dirección de
Gestión del Riesgo 48 para que, en el marco de sus competencias, tomaran las
medidas pertinentes.

45. El 14 de octubre de 2010, el gobernador del Atlántico advirtió a los municipios
de Usiacurí, Tubará, Suan, Soledad, Santo Tomás, Sabanalarga, Sabanagrande,
Repelón, Puerto Colombia, Ponedera, Polonuevo, Piojó, Manatí, Malambo, Luruaco,
Juan de Acosta, Baranoa, Campo de La Cruz, Candelaria y Galapa, sobre el
incremento de las lluvias y la necesidad de fortalecer las medidas para evitar
siniestros, comunicaciones en las que se manifestó que el departamento había
realizado visitas periódicas de revisión y monitoreo en los distintos municipios para
establecer los puntos de mayor riesgo49.

46. Al día siguiente -15 de octubre de 20105-, la gobernación del Atlántico convocó
comité para evaluar el incremento del caudal de los ríos del departamento y del Canal
del Dique, frente a lo cual se dijo que los municipios y el departamento estaban
haciendo todo lo posible para superar tal situación50 y, el 18 de octubre siguiente, se
recomendó militarizar el dique por el riesgo de que fuera vandalizado, así como la
identificación de puntos críticos para colocar barreras construidas con sacos llenos
de arena51.

47. El 20 de octubre de 2010, la gobernación del Atlántico solicitó al entonces
Incoder, como ente a cargo de las obras de adecuación de tierras del departamento,
y dentro de ellas el distrito de drenaje de Manatí, su apoyo y colaboración para el
fortalecimiento y realce de los terraplenes del Embalse del Guájaro, la Estación de
Bombas de Boquitas y la limpieza de los boxs culverts. También solicitó a
Cormagdalena que adoptara las medidas que estimara convenientes 52. Además, se
cuenta con la relación de los 16 contratos celebrados por las “Emergencias 2010”,
en los distintos municipios afectados del Atlántico, por valor total de
$3.319’455.36453.

46 Folios 409 a 411, c. 3.
47 Folio 430 a 432, c. 3.
48 Folios 459 y 460, c. 3.
49 Folios 433 a 453, c. 3.
50 Folios 412 a 415, c. 3.
51 Folios 416 a 418, c. 3.
52 Folio 428 y 429, c. 3.
53 Folio 427, c. 3.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

48. Bajo ese designio probatorio, queda sin sustento el dicho de la parte
demandante, según el cual la Administración Pública no realizó el mantenimiento de
los terraplenes que operaban como muro de contención del Canal del Dique, las
obras necesarias para resolver el problema de sedimentos del río Magdalena y la
reducción del canal, pues tal y como se acreditó, en virtud del convenio
interadministrativo 1-033 de 2007, la Cormagdalena obtuvo la modelación
matemática del Canal del Dique, con el objetivo de apoyar la evaluación sobre la
factibilidad técnica y ambiental para disminuir el caudal en el Canal del Dique; así
como, dentro de los términos establecidos en el Conpes 3594 del 10 de julio 2009
(Fase I), esa Corporación ambiental presentó los estudios previos definitivos del
diseño y construcción de las obras del sistema ambiental y de navegación del Canal
del Dique, dentro de los cuales, se incluyeron, la elaboración de los diseños de las
obras, estudios ambientales, las estrategias para la solución de los problemas, la
identificación del contrato a celebrar, el valor estimado de ese negocio jurídico con
sus soportes y la matriz de riesgos, entre otros.

49. Por su parte, la gobernación del Atlántico suscribió varios contratos con el fin
de construir, entre otras obras, un muro de protección ribereña en el Dique y el
dragado para el mantenimiento del mismo, y de 2008 a 2009 esa misma entidad
convocó, en varias ocasiones al Comité Regional para la Prevención y Atención de
Desastres y se establecieron medidas para reducir el riesgo de inundación. Para
septiembre de 2010 se volvió a convocar el comité debido a desbordamientos por el
fenómeno de “La Niña”, y en octubre siguiente se hicieron varias alertas y
prescripciones a los distintos municipios del Atlántico, el Invías, el Incoder y a la
Directora Nacional del Riesgo para que tomaran las medidas preventivas del caso;
llevando a cabo comités preventivos, limpiezas de ríos y canales, conformación de
adecuaciones y la construcción de terraplenes y muros de contención antes del
desastre, circunstancias que, de la mano con la imprevisibilidad del hecho, evidencia
que el Estado obró debidamente.

50. Así, aun cuando las distintas entidades a cargo del Canal del Dique se
prepararon para el fenómeno de “La Niña”; cabe aclarar, dentro de los medios de
que disponían para contrarrestar los daños y, de acuerdo con el orden de importancia
de las contingencias a asistir, las situaciones temporales, presupuestales y de orden
legal que rodearon el caso, obrando de manera responsable frente a las exigencias
técnicas, científicas y especiales que requería la intervención de una obra como el
Canal del Dique –como quedó demostrado con los elementos probatorios acotados-
, lo cierto es que tal suceso superó todo pronóstico, en tanto que, para diciembre de
2010 sobrepasaron los máximos históricos de pluviosidad en dicho Canal desde
1972, razonamiento que concuerda con la propia calificación que le dio el Decreto
4580 de diciembre 2010 a este fenómeno “el cual se agudizó en forma inusitada e
irresistible en el mes de noviembre de 2010” (mes en que ocurrió la ruptura del Canal
del Dique).

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
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51. Lo anterior, no solo acredita que se trató de un evento irresistible sino también
de un hecho externo a las entidades demandadas, puesto que no se demostró que
éstas hubieran propiciado las inundaciones por omisión en la medida en que la causa
eficiente de ello fue el mayor incremento de las precipitaciones en 40 años, de ahí
que no es dable atribuirle al Estado las consecuencias de una circunstancia
imprevista que; además, superó su capacidad de reacción, en especial porque,
aunque constituye un deber del Estado brindar protección a todas las personas
residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes
de los administrados, en tanto las obligaciones del Estado son relativas, pues
situaciones temporales, presupuestales o de orden legal, imponen limitaciones a las
capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está
obligado a lo imposible”54.

51. A juicio de la Sala, los daños padecidos por la parte actora no le son imputables
a las entidades demandadas, pues se produjeron como consecuencia de una fuerza
mayor, esto es, el fenómeno de “La Niña”, que fustigó al país en el periodo 2010-2 y
2011-1, pues es claro que para la época de los hechos un fenómeno natural sin
precedentes ocasionó una emergencia en el territorio colombiano haciéndose
evidente una grave calamidad nacional, la cual constituye a todas luces la eximente
de fuerza mayor, que fue debidamente alegada por las accionadas, en tanto la causa
eficiente de la ruptura del Canal del Dique y la inundación posterior de los predios de
los demandantes fue un evento de la naturaleza imprevisible, irresistible y ajeno a
las accionadas.

52. En conclusión, si bien se acreditó un daño, consistente en la inundación de los
inmuebles denominados “Tronco”, “Villanueva”, “Piedras Blancas”, “El Escobal” y
“Pasabordo” de propiedad de los señores Martha Lucía Puche de Núñez y Eduardo
Núñez Mosquera por la ruptura del Canal del Dique, este no es imputable a las
entidades demandadas, pues su causa eficiente fue una fuerza mayor originada en
el fenómeno de “La Niña” del año 201055. Es por ello que se encuentra acreditada la
eximente de responsabilidad de fuerza mayor por el hecho de la naturaleza y, en el
caso concreto, se torna estéril cualquier examen de los sistemas de responsabilidad;
por consiguiente, se confirmará la sentencia objeto de alzada, que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

53. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de
1997, exp. 11764, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.
55 En el mismo sentido, resolvió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en las sentencias del 20
de noviembre de 2020, interno: 60.461 y del 4 de junio de 2021, interno: 63344. C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.

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la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el procedimiento civil.

54. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar a
condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve
desfavorablemente el recurso. El artículo 361 ibídem establece que las costas “están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de
la Judicatura.

55. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 3 del mismo artículo establece que “en la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda”. Asimismo, de conformidad con lo previsto
en el numeral 4 del artículo 366 de la Ley 1564 de 2012, se tiene en cuenta la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.

56. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, esto es, el Acuerdo
1887 de 200356, la Sala fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, que
estarán a cargo de los demandantes en la suma equivalente al 1% de las
pretensiones negadas57,es decir, la suma de once millones novecientos veinte mil
ochocientos quince pesos ($11’920.815), la cual se reconocerá, en partes iguales,
en favor del Ministerio del Transporte, Cormagdalena y el departamento del Atlántico.

56 “ACUERDO 1887 DE 2003
‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.
(…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los
máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión
y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje
se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia” (se resalta).
57 La parte demandante estimó la cuantía de forma generalizada (sin tener en cuenta la proporción a su interés)
por valor de $1.192’081.533 “que corresponde a los daños patrimoniales sufridos por los demandantes como
consecuencia de los daños en la infraestructura y en la producción existente al momento de la inundación de
las fincas mencionadas en esta solicitud y por el lucro cesante representado en la imposibilidad de volver a
producir hasta la fecha”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00130-01 (61.716)
Demandante: Martha Lucía Puche de Núñez y otro
Demandados: Departamento del Atlántico y otros
Medio de control: Reparación directa

En este punto se precisa que no hay lugar a reconocer tal concepto frente al Invías,
dado que no compareció en el sub lite, pese a que fue integrado como parte pasiva.

57. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 del CGP58.

IV. PARTE RESOLUTIVA

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de marzo de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las súplicas de la
demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor del Ministerio
del Transporte, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
–Cormagdalena– y el departamento del Atlántico y fijar las agencias en derecho de
segunda instancia por la suma de once millones novecientos veinte mil ochocientos
quince pesos ($11’920.815) a cargo de la parte actora. El Tribunal a quo deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF

58 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas (…)”.

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