Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-703-2007-00567-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-31-703-2007-00567-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-703-2007-00567-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-703-2007-00567-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
4 de diciembre de 2023
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
Demandado: E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación
Referencia: Acción de controversias contractuales
Tema 1: Acción de controversias contractuales. Tema 2: Recurso de apelación. Subtema
1: Causa petendi.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015),
proferida por el Tribunal Administrativo con Sede en Barranquilla, Sala Itinerante
Administrativa de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO
Las partes del proceso celebraron un contrato de prestación de servicios de
vigilancia, que se ejecutó entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre de 2005. Según
la sociedad prestadora del servicio, la E.S.E. demandada no pagó oportunamente
las facturas de cobro, circunstancia que generó intereses de mora que, a su juicio,
debían tasarse conforme lo previsto en la Ley 80 de 1993.
El fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, porque en el acta
de liquidación bilateral el actor no consignó ninguna salvedad sobre el pago de los
intereses moratorios que, a su juicio, debía pagar. No obstante, en el recurso de
apelación el demandante plantea que la suma reclamada no corresponde a los
intereses generados por el pago tardío de facturas generadas durante la ejecución
contractual, sino que se trata de los intereses generados por el pago tardío del saldo
a su favor, consignado en el acta de liquidación bilateral.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), por medio de apoderado
judicial 1 , la sociedad Vigilancias Marítima Comercial Ltda. 2 (Vimarco) presentó
demanda3, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en
contra de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en liquidación (en
1 F. 16, c. 1.
2 Certificado de existencia y representación de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena
núm. 001140875 del 19 de julio de 2007: F. 346-349, c. 1.
3 F. 1-15, c. 1.
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
adelante, la Empresa o la ESE), con el fin de que (i) se decrete la nulidad parcial de
la resolución ROA 033-07 del 4 de enero de 2007, y la nulidad total de la resolución
ROA 082-07 del 20 de marzo de 2007, que no reconocieron el pago de intereses
moratorios causados por el pago inoportuno de los honorarios a cargo de la entidad,
derivados del contrato de prestación de servicios núm. 067; y que (ii) en
consecuencia se “decrete la inclusión de las acreencias reclamadas en la masa de
acreedores de la entidad en liquidación, y su pago inmediato”.
2.1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones, en el escrito de demanda se
relatan los siguientes hechos:
2.1.2.1. Que entre Vimarco y la Empresa fue celebrado el contrato de prestación de
servicios núm. 067 cuyo objeto fue “la prestación de servicios de vigilancia privada
en los diferentes C.A.A.S. y las Unidades Hospitalarias de la ESE en los
Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Guajira y San
Andrés Islas”. Afirma que el contrato fue cumplido en tiempo y forma por la sociedad
demandante, entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre de 2005.
2.1.2.2. Que el precio del contrato fue de dos mil cincuenta millones seiscientos tres
mil setecientos sesenta y nueve pesos con noventa y un centavos m/l
($2.050.603.769,91), y que en este se pactó que, en caso de retardo en el pago de
honorarios, la entidad demandada pagaría los intereses dispuestos en el artículo 4
de la Ley 80 de 1993. Según relata, la Empresa, “no pagó de manera consecutiva
e injustificada el pago [sic] de las mensualidades de los servicios prestados, tal
como consta en el acta de liquidación”.
2.1.2.3. Que el Decreto 2505 de 2006 ordenó la supresión y liquidación de la
Empresa, y designó como liquidador a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario, Fiduagraria S.A. En ese rol de liquidador, dicha entidad rechazó el
reconocimiento de intereses moratorios, mediante la resolución ROA 033-07,
decisión que confirmó posteriormente en resolución ROA 082-07.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. En auto del catorce (14) de noviembre de dos mil siete (2007), el Tribunal
consideró que la acción idónea para encauzar las pretensiones de la demanda no
era la de nulidad y restablecimiento del derecho, sino la de controversias
contractuales, por lo que ordenó la corrección de la demanda4.
2.2.2. Obedeciendo lo resuelto por la decisión judicial, la actora reformó la
demanda5 y adecuó el asunto a la acción de controversias contractuales. En ese
sentido, reformuló las pretensiones y solicitó que: (i) se declare el incumplimiento
contractual de la ESE sobre el contrato de prestación de servicios de vigilancia núm.
067, y que en consecuencia (ii) se condene al pago de intereses moratorios, desde
el momento en que se hizo “exigible” la obligación hasta que se efectúe el pago, y
a la indemnización de perjuicios.
4 F. 383-384, c. 1.
5 F. 387-404, c. 1.
Página 2 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
El soporte fáctico empleado en esta oportunidad es idéntico al de la demanda inicial,
así como su sustentación jurídica, en la que el actor concluyó lo siguiente:
“[…] la EMPRESA […] debió reconocer como obligación accesoria a la principal
(contrato de prestación de servicios), el pago de los intereses moratorios a que había
lugar como consecuencia de la mora en el pago de las prestaciones derivadas del
contrato suscrito con [Vimarco] y no es cierto que el acreedor tuviera que solicitarlos
para que de esa manera se configurara ya que este nació a partir del acuerdo de
voluntad en el momento del nacimiento del contrato”.
2.2.3. El cuatro (4) de diciembre de dos mil siete (2007), el Tribunal admitió la
demanda6, y dispuso la notificación al Gerente Liquidador de la ESE, o a quien
hiciera sus veces, y al agente del Ministerio Público.
2.2.4. Ante la información verbal de una funcionaria del “Grupo de Administración
de entidades liquidadoras del Ministerio de Protección Social”, que refirió el cierre
del proceso de liquidación de la ESE el 30 de mayo de 2008, por vencimiento del
contrato con Fiduagraria, y que la Nación-Ministerio de Protección Social asumió los
“pasivos laborales” de la entidad liquidada, el Tribunal decidió notificar
personalmente el auto admisorio de la demanda a esta última entidad 7.
2.2.5. La Nación–Ministerio de Protección Social contestó la demanda, con
oposición a la prosperidad de las pretensiones allí formuladas8. Entre otras, formuló
las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido, fuerza mayor e inexistencia de solidaridad con la
entidad liquidada.
2.2.6. En la oportunidad correspondiente a alegar de conclusión en primera
instancia, únicamente se pronunció la parte actora 9 . La parte demandada y el
agente del Ministerio Público guardaron silencio.
2.3. Sentencia de primera instancia
En sentencia10 del veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), el a quo
desestimó las pretensiones de la demanda. Resaltó que el contrato fue liquidado
bilateralmente, “sin que la parte demandante hiciera objeción alguna en ese
momento” respecto de los intereses moratorios de las sumas pagadas por la entidad
de manera extemporánea. Entonces, como los reclamos judiciales sobre las
controversias derivadas de un contrato liquidado de mutuo acuerdo solo procede
“cuando en el acta de liquidación se hayan hecho las respectivas observaciones y/o
salvedades”, no era posible acceder a las pretensiones de la demanda. Así, la
sentencia concluyó:
6 F. 483-484, c. 1
7 F. 489-490, c. 1.
8 F. 492-508, c. 1.
9 F. 576-586, c. 1.
10 F. 588-601, c. ppal.
Página 3 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
“En ese orden de ideas, no puede ahora pretender el extremo activo de la relación
procesal, que se reconozcan a su favor, pues –se itera- no hizo salvedad alguna en
el acta de liquidación, por tanto, ante su anuencia, se entiende que estaba conforme
con el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de su contratante.
En este punto, vale la pena resaltar, que en ningún momento la referida acta fue
desconocida por la entidad y mucho menos tachada de falsedad, ni en sede
administrativa cuando presentó la reclamación y tampoco en sede judicial al
presentar la demanda”.
El Tribunal agregó que la reclamación hecha por la demandante durante la
reclamación administrativa únicamente tuvo por objeto el capital indicado en la
liquidación bilateral, esto es, sin la petición de intereses, lo que confirma que
Vimarco estuvo de acuerdo con la acreencia reconocida, en su momento, por la
ESE al momento de liquidarse el contrato.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación11 contra el fallo de primera
instancia. Argumentó que los intereses moratorios reclamados “son los causados
desde la suscripción del Acta Bilateral en fecha 26 de enero de 2006 hasta el 29 de
julio de 2006, fecha en la que comenzó oficialmente el proceso de liquidación de la
ESE”. Por lo tanto, la exigibilidad del pago de la obligación está dada por la
suscripción del acuerdo de liquidación bilateral del contrato, y con esta “opera de
pleno derecho el pago de intereses”, que se causan con la celebración del acuerdo
y son de carácter objetivo. Agregó que el cálculo de los intereses moratorios debe
realizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 4, numeral 8, de la Ley 80 de
1993, porque así lo pactaron las partes en la cláusula segunda del contrato de
prestación de servicios.
En consecuencia, el apelante aduce que:
“En el caso concreto, no se puede suponer que los $1.693.365.811 se pagarán al
interior del proceso de liquidación exclusivamente sobre este monto, pues es
evidente, que el acta se suscribió el 26 de enero de 2006 y se debía pagar lo allí
acordado, una vez se incumplió por parte de la ESE […], desde entonces empezaron
a correr intereses moratorios hasta el momento en que empezó el proceso de
liquidación, es decir, el 29 de julio de 2006, se itera, los intereses moratorios
respecto del valor acordado en el Acta Bilateral de Liquidación del Contrato No. 067.
Atendiendo lo anterior, la E.S.E. […] debió reconocer como obligación accesoria a
la principal (contrato de prestación de servicios), el pago de los intereses moratorios
a que había lugar como consecuencia de la mora en el pago de las prestaciones
derivadas del contrato suscrito [con Vimarco], esto es, el Acta Bilateral de
Liquidación, y no es cierto que el acreedor tuviera que solicitarlos para que de esa
manera se configurara su derecho ya que este nació a partir del acuerdo de voluntad
[sic] en el momento de nacimiento del contrato”.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
2.5.1. El diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el entonces Despacho
ponente ordenó que al Tribunal subsanara el error en la digitación del radicado de
11 F. 604-610, c. ppal.
Página 4 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
la sentencia, la firma de todos los magistrados, y la notificación personal al Ministerio
Público12. La Secretaría General del Tribunal devolvió el expediente, dando —según
afirma— cumplimiento a la decisión del superior13.
2.5.2. Con todo, el diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017), ese
Despacho ponente admitió el recurso de apelación14.
2.5.3. En la etapa para alegar de conclusión en segunda instancia, las partes
guardaron silencio.
2.5.4. Por su parte, el Procurador Primero Delegado ante esta Corporación formuló
concepto15 en el que sugirió revocar el fallo apelado y que, en su lugar, se ordene
reconocer los intereses moratorios, toda vez que estimó plausible la tesis del
demandante, en tanto los intereses moratorios de la deuda reconocida en el acta de
liquidación bilateral debían ser pagados por la entidad demandante, conforme a la
Ley 80 de 1993. En ese sentido, no era posible consignar una salvedad en el acta
sobre esta materia, ya que el retardo en el pago de esa suma de dinero no era una
circunstancia conocida por la demandante al momento de firmarla. Agregó que ni
el acta final de liquidación de la Empresa ni la insuficiencia de recursos en la masa
societaria son óbice para que la Nación, como garante de las obligaciones, no
responda por las obligaciones insolutas a cargo de la Empresa.
2.5.4. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer
del presente asunto, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 140 y el
numeral primero del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido
concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta
Corporación. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique
Rodríguez Navas —sin la intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales,
quien se apartó de la Sala mientras este punto fue debatido— resuelven declarar
fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
A partir de lo expuesto hasta este punto, deberá solucionarse este problema jurídico:
3.1. ¿En vista de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, el
actor varió la causa petendi expuesta en la demanda que fue juzgada por el
Tribunal?
12 F. 628-629, c. ppal.
13 F. 632-633, c. ppal. A pesar de que la Secretaría del Tribunal dijo obedecer los mandatos de su superior, el
expediente fue devuelto sin la providencia enmendada, esto es, sin la firma de uno de los tres integrantes del
Tribunal. Empero, esta irregularidad no constituye nulidad procesal, en virtud del inciso segundo del artículo 288
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) que expresa: “Una vez notificada la providencia, la
irregularidad se entenderá saneada siempre que haya sido firmada por la mayoría de los integrantes de la sala
respectiva. De lo contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala que la profirió, para que subsane el
defecto o la profiera nuevamente.” (Se subraya).
14 F. 635, c. ppal.
15 F. 649-657, c. ppal.
Página 5 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
Una vez resueltos estos dos problemas, se develará si resulta procedente evaluar
la reclamación de los intereses moratorios por el impago de obligaciones
contractuales en los términos planteados en el recurso, y secundados por el agente
del Ministerio Público16.
IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS ENUNCIADOS17
4.1. El 2 de febrero de 2005, las partes del sub judice celebraron el “CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA” 18 cuyo objeto
consistió en que Vimarco, como contratista, se obligaba con la Empresa a “prestar
los servicios de vigilancia privada para las diferentes unidades hospitalarias y
C.A.A.S. de LA E.S.E. en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,
Magdalena, Sucre, Guajira y San Andrés Islas […]”.
4.1.1. En la cláusula segunda del contrato se estipuló:
“VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es
DOS MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M.L.
($2.050.603.769.91) pagaderos de la siguiente forma: De conformidad con el
Artículo 3 del Decreto 2150 de 1995, el pago de las obligaciones contraídas por
medio del presente contrato de prestación de servicios, lo realizará la tesorería
General de la E.S.E., previo el trámite de orden de pago con el lleno de los requisitos
administrativos y fiscales, mediante el abono a cuenta corriente o de ahorros a
nombre de la firma VIGILANTES MARÍTIMA COMERCIAL LTDA dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de la factura, la cual deberá
acompañarse de la copia del presente contrato, el comprobante de pago del
impuesto de timbre y el visto bueno de la interventoría. En caso de retardo en el
pago de los honorarios a favor del CONTRATISTAN por parte de la ESE, ésta le
pagará intereses en los términos del artículo 4° de la Ley 80 de 1993”.
4.1.2. El plazo pactado en el contrato transcurrió desde el 10 de febrero hasta el 31
de diciembre de 2005, según se pactó en la cláusula tercera. Posteriormente,
mediante acta modificatoria núm. 1 del 14 de febrero de 2005, las partes variaron el
plazo que, a partir de ese acto, transcurriría del 12 de febrero hasta el 21 de
noviembre de 2005.
4.1.3. En la cláusula decimosegunda fueron acordados los términos de la liquidación
del contrato:
“LIQUIDACIÓN. De conformidad con los Artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, el
presente contrato será objeto de liquidación, procedimiento que se efectuará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto
administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la
ampliación de la garantía si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. […]
16 Aptdo. 2.5.4.
17 Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo señalado por la jurisprudencia
unificada de la Corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -
Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
18 F. 20-27, c. 1.
Página 6 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de
la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, LA E.S.E.
procederá a su liquidación, por medio de Resolución motivada susceptible del
recurso de reposición”.
4.2. El 26 de enero de 2006, la Empresa —a través de su Gerente— y Vimarco —
por intermedio de su representante legal— suscribieron el “ACTA DE LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA” en la que
acordaron, sin salvedades, y en lo pertinente:
“PRIMERO: Liquidar el contrato de prestación de servicio [sic] de vigilancia privada
N° 067-05, suscrito entre la E.S.E. JOSE PRUDENCIO PADILLA y la empresa
VIGILANTES MARÍTIMA COMERCIAL LTDA, cuyo objeto fue prestar los servicios
de vigilancia privada para las diferentes Unidades Hospitalarias y C.A.A.S. de la
E.S.E. en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre,
Guajira y San Andrés Islas.
SEGUNDO: Fijase el valor Fiscal de la presente liquidación en la suma DOS [sic]
MIL CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS UN
PESOS CON 00/100 ($2.050.603.801.oo), el cual fue amortizado por el contratante
con abono neto de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS CON 00/100
($300.000.000,oo)
TERCERO: Establecer un saldo neto a favor del contratista equivalente a la suma
de UN [sic] MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS ($1.693.365.811,oo) con
cargo al contratante causado desde las fechas que aparecen relacionadas en el
cuadro del literal 7mo [sic] de la parte considerativa.
CUARTO: Declarar el cumplimiento del objeto contractual por parte de la firma
contratista, durante el período de ejecución del contrato 067-05”.
4.3. El 12 de septiembre de 2006, Vimarco radicó “FORMULARIO PARA
REGISTRAR DATOS RECLAMACIÓN”19, en el proceso de liquidación de la ESE,
dentro del renglón “Total Anexo No. 4-Acreencias Administrativas” por un monto
reclamado, en miles de pesos de “$1.693.366”.
4.4. Mediante Resolución ROA N°0033-07 del 4 de enero de 200720, el Liquidador
de la ESE, apoderado de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
FIDUAGRARIA S.A., resolvió reconocer valores correspondientes a “obligaciones
que se pagarán con cargo al quinto orden de los créditos a cargo de la masa de la
liquidación”, dentro de las que se encontraba, en el número de radicación 193, el
correspondiente a Vimarco por un monto de $1.693.365.811.
4.5. Vimarco interpuso recurso de reposición contra la resolución anterior21, en el
que reprochó que el valor reconocido no incluía “los intereses contractuales
pactados por las partes en la cláusula segunda del contrato, conforme a las facturas
aportadas y que soportan dicha obligación, hasta la fecha que se ordenó la
liquidación -29 de Julio de 2006-”. Adujo que la ESE “retardó de manera consecutiva
19 F. 17, c. 1.
20 F. 274-296, c. 1.
21 F. 297-302, c. 1.
Página 7 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
la cancelación de las obligaciones generadas” por el servicio de vigilancia
efectivamente prestado entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre de 2005.
4.6. El recurso de reposición fue resuelto por el liquidador de la Empresa mediante
la Resolución ROA No. 082-07 del 20 de marzo de 200722, notificada personalmente
el 29 de marzo de 200723, que confirmó el anexo núm. 1 del acto impugnado, en el
que fue reconocida la deuda a favor de Vimarco. Consideró que, según el acta de
liquidación del contrato, se reconoció la suma de $1.693.365.811, mientras que los
intereses moratorios solicitados en el recurso:
“[…] no fueron incluidos en las reclamación [sic] presentada oportunamente y
calificadas mediante la Resolución ROA No. 033-07 del 04 de enero de 2007, motivo
por el cual el reclamo de estos intereses es extemporáneo y por expresa prohibición
legal no puede ser objeto de pronunciamiento de la resolución que decide sobre las
reclamaciones oportunamente presentadas, ni en el acto administrativo que desata
el recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución”.
V. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
5.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del asunto, en virtud del artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo (“CCA”), vigente para la fecha de presentación
de la demanda 24 , porque la entidad demandada era una Empresa Social del
Estado25. Además, según el mencionado código, esta corporación conoce de la
segunda instancia de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos26,
en procesos que, por el factor cuantía, tienen doble instancia, como el presente27,
cuyo monto28 fue estimado en trescientos noventa y seis millones setecientos tres
mil ciento cinco pesos ($396.703.105,oo), discriminado en: (i) los “intereses
moratorios por el incumplimiento en el pago de las prestaciones económicas
pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia No. 069” por una
suma de trescientos diecisiete millones trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos
ochenta y cuatro pesos ($317.362.484); y (ii) el “valor de los honorarios” pagados
por el actor a su apoderado judicial, que tasó en el 25% “del valor que se logre
recaudar”, estimado en la suma de setenta y nueve millones trescientos cuarenta
mil seiscientos veintiún pesos ($79.340.621).
22 F. 303-306, c. 1.
23 Según sello de diligencia de notificación personal: F. 306, c. 1.
24 CCA – Artículo 82, modificado por la Ley 1107 de 2006: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados
administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”
25 Tipo de entidad pública que hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, en su sector descentralizado
por servicios, según el artículo 38, numeral 2, literal d. de la Ley 489 de 1998.
26 CCA – Artículo 129 (subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998): “El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.”
27 Según el artículo 132-5 del CCA, la competencia de los Tribunales en primera instancia para conocer de
controversias relativas a contratos era de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el año 2007,
ese valor equivalía a $216.850.000, suma sobrepasada por la cuantía fijada por el demandante en este asunto.
28 F. 390-391, c. 1.
Página 8 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
5.2. Oportunidad
El término para formular la demanda en el marco de la acción de controversias
contractuales era dos años contados a partir de la firma del acta de liquidación
bilateral 29 , cuando el contrato estuviera sometido legal o contractualmente 30 a
liquidación, y las partes hayan llegado a acuerdo. En este caso, el acta de
liquidación bilateral fue suscrita el veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006),
por lo que el término bienal habría concluido el veintiséis (26) de enero de dos mil
ocho (2008). Al ser presentada la demanda antes de esta última fecha, el treinta
(30) de julio de dos mil siete (2007)31, la acción fue incoada en tiempo.
5.3. Legitimación en la causa
5.3.1. La parte actora está legitimada en causa por activa al ser parte del contrato
de prestación de servicios de vigilancia que suscita la presente controversia judicial.
5.3.2. Por su parte, en relación con la legitimación por pasiva, de acuerdo con el
Decreto 900 de 2008, el plazo de liquidación de la ESE demandada concluyó el 30
de mayo de 2008. Así mismo, según la información proporcionada en su momento
al Tribunal32, el contrato de fiducia con Fiduagraria S.A., entidad encargada, desde
el decreto de supresión y liquidación de la Empresa33, no fue prorrogado después
de esa fecha.
Ahora, si bien el mencionado acto de supresión y liquidación dispuso expresamente
que el Gobierno Nacional indicaría la entidad que se encargaría “una vez culminada
la liquidación” de “los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte la
Empresa […], al igual que las obligaciones derivadas de estos”34, no lo hizo. Ante
este vacío, la jurisprudencia de la Sección ha precisado35 que la Nación–Ministerio
de Salud y Protección Social36 es sucesora procesal, representante de los intereses
de esta extinta ESE, y así como recibió sus activos remanentes, estaría llamada a
responder por una eventual condena consecuencial de la responsabilidad
patrimonial atribuida a la Empresa, a partir de una interpretación conjunta del
parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998[37], el último inciso del artículo 35
29 Según el artículo 136, núm., 10, literal c) del CCA, el término para interponer en tiempo la demanda en
ejercicio de la acción contractual, en los contratos que “requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común
acuerdo por las partes”, debía formularse la reclamación “a más tardar dentro de los dos (2) años, contados
desde la firma del acta”.
30 Aptdo. 4.1.3.
31 Aptado. 2.1.1
32 Aptdo. 2.2.4.
33 DECRETO 2505 DE 2006 – Artículo 4: “Dirección de la liquidación. El Liquidador de la Empresa Social del
Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, será Fiduagraria S. A., quien deberá suscribir el correspondiente
contrato con el Ministerio de la Protección Social, el cual se pagará con cargo a los recursos de la entidad en
liquidación.”
34 DECRETO 2505 DE 2006 – Artículo 18, parágrafo 2.
35 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 3 de noviembre de 2020. Rad. 08001-23-31-000-2009-00658-01 (42837)
36 Hoy día denominado así para el sector salud a partir de la escisión del Ministerio de Protección Social,
ordenada en la Ley 1444 de 2011.
37 “PARAGRAFO 1o. El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación
de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de
bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad
con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos.”
Página 9 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
del Decreto Ley 254 de 2000[38], y los artículos 18 y 21 del Decreto 2505 de 2006[39].
Por lo tanto, la Nación–Ministerio de Salud y Protección Social está legitimada por
pasiva dentro del presente proceso.
VI. ANALISIS DE LA SALA
Solución al problema jurídico 40 : Variación de causa petendi a través del
recurso de apelación
6.1. Vimarco planteó en los hechos de la demanda —tanto la original como la
reformada 41 — la cuantía del proceso 42 , e incluso afirmó en el procedimiento
administrativo de reclamación ante la liquidadora43, que la ESE era responsable del
incumplimiento contractual y debía pagarle intereses moratorios derivados del pago
injustificadamente tardío de las mensualidades que compusieron el contrato de
prestación de servicios.
De allí que el Tribunal, además de ajustar la vía procesal, haya fallado en primera
instancia de manera congruente con ese marco fáctico y jurídico, y haya
determinado que, al no haber depositado en el acta de liquidación bilateral del
contrato ninguna protesta44 sobre la ejecución de las obligaciones contractuales a
cargo de la Empresa, en particular alguna salvedad relacionada con el pago
oportuno de los honorarios pactados según la cláusula segunda del contrato 45, no
debía accederse a las pretensiones de la actora, por el carácter vinculante de la
liquidación contractual adoptada de mutuo acuerdo.
6.2. Sin embargo, en segunda instancia, el actor plantea que los intereses
moratorios reclamados no son los derivados del incumplimiento de la demandada
respecto de la obligación de pagar en debido tiempo las facturas emitidas por
Vimarco, por medio de las cuales cobraba periódicamente la prestación del servicio
de vigilancia durante la ejecución del negocio. En efecto, el recurso sostiene46 que
la suma reclamada surge, en realidad, del pago inoportuno de los saldos
38 Modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006: “Si al terminar la liquidación existieren procesos
pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al
que se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto. Lo anterior sin perjuicio
de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley.”(Se subraya)
39 DECRETO 2505 de 2006: “ARTÍCULO 18. PROCESOS JUDICIALES. El Liquidador deberá continuar
atendiendo dentro del proceso de liquidación los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso y los que
llegaren a iniciarse dentro del término de la liquidación, hasta tanto se efectúe la entrega de los mismos. Así
mismo, deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación y al
Ministerio de la Protección Social, tres (3) meses después de su posesión, un inventario de todos los procesos
judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la Entidad, y cuando ello sea procedente, deberá
archivar los procesos y reclamaciones con sus respectivos soportes y en los términos señalados en las
disposiciones vigentes. […] ARTÍCULO 21. TRASPASO DE REMANENTES DE BIENES Y DERECHOS. Si al
término de la liquidación quedaren activos remanentes serán entregados a quien corresponda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 o en las normas que lo modifiquen o adicionen, o
al Ministerio de la Protección Social.” (Se subraya)
40 Aptdo. 3.1.
41 Aptdo. 2.1.2.1. y 2.2.2.
42 Aptdo. 5.1.
43 Aptdo. 4.5.
44 Aptdo. 4.2.
45 Aptdo. 4.1.1.
46 Aptdo. 2.4.
Página 10 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
reconocidos por la liquidación bilateral a favor de la contratista47, saldos generados
entre la fecha de suscripción del acta y la fecha en que inició la supresión y
liquidación de la ESE.
6.3. Como puede verse, el actor varió así ostensiblemente el fundamento fáctico
con el cual persigue la consecuencia jurídica favorable en torno a las declaraciones
y condenas pretendidas en su reclamación48, es decir, modificó la causa petendi a
través del recurso de apelación.
La jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que en segunda instancia es
inadmisible, para el juez49 y para las partes50, cambiar el marco fáctico y normativo
fijado desde el inicio, como derrotero del trámite contencioso y referente obligatorio
para que la contraparte ejerza su defensa, aporte pruebas y refute las de su
contraparte, y, en suma, enerve la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Esto, no solo en estricta observancia del principio de congruencia, también en virtud
de las garantías procesales de defensa y contradicción, que se verían gravemente
comprometidas si se permite la incorporación de elementos de discusión ajenos al
debate, que obren en contra de una de las partes y le impidan pronunciarse
adecuadamente sobre los hechos del proceso judicial.
6.4. Por lo tanto, se resuelve el segundo problema jurídico51 de manera afirmativa.
Y como los argumentos modificatorios de la causa petendi soportan toda la
apelación, no es procedente evaluar la prosperidad de la demanda por las razones
allí expuestas. La sentencia de primera instancia deberá confirmarse.
VII. COSTAS
No hay condena en costas, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes
hubiere actuado temerariamente52-53 y, como en este caso no se vislumbra que se
hubiese actuado de esa manera, no se hará condena alguna en ese sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
47 Equivalente a mil seiscientos noventa y tres millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos once pesos
($1.693.365.811), según el acta de liquidación bilateral (aptdo. 4.2.).
48 Sobre el concepto de causa petendi, ver: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-162 del 30 de abril de
1998.
49 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio
de 1996. Rad. 8422.
50 Ver, entre otras: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –
Subsección C. Sentencias del 31 de mayo de 2019. Rad. 25000-23-26-000-2010-00730-01(44799); del 25 de
mayo de 2022. Rad. 13001-23-31-000-2003-01468-01 (51496); y Subsección A. Sent. 30-ago-22, ya citada.
51 Aptdo. 3.2.
52
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp. 10775.
53
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.
Página 11 de 12
Radicación número: 08001-23-31-703-2007-00567-01 (57010)
Demandante: Vigilancias Marítimas Comercial Ltda. (VIMARCO)
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil
quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo con Sede en Barranquilla–
Sala Itinerante Administrativa de Descongestión, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
Página 12 de 12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.