Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00730-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00730-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00730-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
31 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CADUCIDAD / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONCILIACIÓN FALLIDA / CONSTANCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
La Sala recuerda que la caducidad es un fenómeno jurídico que se configura cuando el derecho de acción no es ejercido dentro del término legal. Término que, como lo ha señalado la jurisprudencia, está concebido con el fin de definir un plazo objetivo e invariable, para que, quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. De esta forma, la figura de la caducidad, se busca garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la prevalencia del interés general. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) es de dos (2) años, que se cuentan a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136
ACLARACIÓN DE LA DEMANDA / CORRECCIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD DE CORRECCIÓN DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE LA CAUSA PETENDI
[D]e conformidad con el artículo 208 del CCA, la demanda podrá aclararse o corregirse hasta el último día de la fijación en lista. Dicha oportunidad, sin embargo –nota la Sala– no fue aprovechada por el actor, quien extemporáneamente, en la sustentación del recurso de apelación, pretendió variar los hechos en los que fundó sus pretensiones, al expresar que los daños sufridos habían sido el producto de la demora en la cancelación de la orden de captura y no de la mora judicial derivada de la indebida calificación jurídica, tal y como lo había venido sosteniendo a lo largo del proceso. (...) [E]sta Subsección advierte que no le es dado pronunciarse sobre hechos distintos a aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste, no es el recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el ordenamiento jurídico para modificar la causa petendi de la demanda, ni siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, ya que ello implicaría una trasgresión al derecho de defensa y contradicción de la parte demandada, que no tendría la oportunidad de reargüir los hechos con base en los cuales se pretende su condena.
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Ver voto disidente del expediente 36146 de 2015 numeral 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00730-01(44799)
Actor: MANUEL FERNANDO MOSQUERA ARANGO
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Subtema 1: Modificación de causa petendi. Subtema 2: Caducidad de la acción.
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de marzo de 2012, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, consecuencialmente, negó las suplicas de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Manuel Fernando Mosquera Arango estuvo vinculado a un proceso penal, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación, durante ochenta y nueve (89) meses. A lo largo de la investigación le fue impuesta medida de aseguramiento, aunque nunca estuvo privado de su libertad. Tras ser condenado en primera instancia, el ad quem modificó la calificación típica del hecho punible; variación que, atendiendo a la punibilidad concreta del hecho punible, produjo la declaración de prescripción de la acción penal.
Pretende que se declare la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados, como consecuencia de la mora judicial derivada de la indebida calificación jurídica impuesta durante el trámite del proceso penal.
ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El ocho (08) de octubre de 2010, Manuel Fernando Mosquera Arango presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación -Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial. Pretende que se le declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios, de orden material y moral, causados “como consecuencia del fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal-, al declarar prescrita y por tanto extinguida la acción penal adelantada en contra del señor Manuel Fernando Mosquera Arango”.
El accionante señaló como fundamentos facticos de sus pretensiones los que la Sala resume a continuación:
2.1.1.- Entre la Caja de Compensación Familiar Campesina (COMCAJA), representada legalmente por Manuel Fernando Mosquera Arango, y la Corporación Inmobiliaria de Interés Social (CINSO S.A.) se celebró, el 04 de abril de 1997, un contrato denominado “promesa de compraventa”, que tenía por objeto la construcción de cuatrocientas (400) unidades de vivienda de interés social en los municipios de Garagoa, Guateque, Zipaquirá y Madrid. En cumplimiento de lo convenido, COMCAJA entregó a CINSO S.A. $5.460’000.000, sin que esta hubiera entregado ninguna de las cuatrocientas (400) viviendas.
2.1.2.- En consideración a la situación expuesta, fue presentada una denuncia penal y la Fiscalía 101 de Bogotá dispuso, el 23 de abril de 1999, la iniciación de instrucción penal y ordenó la vinculación de Manuel Fernando Mosquera Arango, como presunto responsable del delito de peculado por apropiación.
2.1.3.- El 22 de febrero de 2000, la Fiscalía 101 de Bogotá definió la situación jurídica de Mosquera Arango, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva, disposición que nunca se cumplió, pues el sindicado evadió la justicia.
2.1.4.- El proceso fue trasladado a la Fiscalía 186 delegada ante los Jueces Penales del Circuito, dependencia que profirió, el 9 de mayo de 2001, resolución de acusación por peculado culposo. Esta decisión fue apelada por la parte civil y conocida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió, el 21 de agosto de 2001, variar la adecuación típica a peculado por apropiación.
2.1.5.- En el trámite del debate probatorio, el Fiscal Delegado consideró que no se había comprobado que Manuel Fernando Mosquera Arango hubiese actuado con dolo, por lo que solicitó nuevamente la variación de la adecuación típica por peculado culposo.
2.1.6.- El Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia, el 20 de mayo de 2005, en la que condenó a Manuel Fernando Mosquera Arango como autor del delito de peculado por apropiación; providencia apelada por el afectado.
2.1.7.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, a quien le correspondió el conocimiento del asunto por políticas de descongestión, dictó falló de segunda instancia, el 31 de octubre de 2007, en el que varió la calificación típica del hecho punible y condenó a Manuel Fernando Mosquera Arango como autor responsable del delito de peculado culposo.
2.1.8.- El defensor del condenado solicitó, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, petición que fue acogida y declarada mediante providencia del 6 de junio de 2008 y notificada por estado el 23 de junio de 2008.
2.1.9.- Concluyó el accionante que, aun cuando no estuvo privado de la libertad, debió soportar las consecuencias que produce un proceso penal y una orden de captura en su contra, durante ochenta y nueve (89) meses, y que, “si la Fiscalía Delegada ante los Tribunales y el Juez 41 Penal del Circuito hubiesen compartido la tesis del Fiscal 186, que la conducta desplegada por el citado se adecuaba típicamente al delito de peculado culposo, tal como lo dispuso siete años después el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Mosquera hubiera gozado de su libertad y del derecho al trabajo”.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1.- La demanda fue admitida mediante providencia notificada en debida forma, y contestada por los organismos accionados, que se opusieron a todas las pretensiones y propusieron como medios exceptivos, entre otros, el de caducidad de la acción.
2.2.2.- El periodo de prueba fue abierto y, agotado el mismo, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada por el accionante y el Ministerio Público, el cual conceptuó que debe acogerse la excepción de caducidad propuesta. Las partes demandadas guardaron silencio.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B dictó fallo de primera instancia, en el que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, consecuencialmente, negó las suplicas de la demanda.
Expresó que los daños, cuya reparación se persigue, emanan de la medida de aseguramiento proferida contra Manuel Fernando Mosquera Arango. Como los efectos producidos por la medida cesaron cuando la justicia declaró la prescripción de la acción penal, consideró que el término de caducidad debía contabilizarse desde la fecha en que dicha disposición quedó ejecutoriada. Por consiguiente, aseveró que aun cuando no obraba en el expediente constancia de ejecutoria de la providencia en mención, estaba acreditado que la misma fue notificada por estado, el 23 de junio de 2008, lo que permite establecer, en atención a la presunción legal establecida por el Código de Procedimiento Penal, que la ejecutoria se produjo tres (3) días después de notificada, es decir, el 26 de junio de 2008. Por lo tanto, computó el término bianual para la presentación oportuna de la acción desde el 27 de junio de 2008.
Agregó que el accionante presentó solicitud de conciliación prejudicial, el 17 de junio de 2010, es decir, diez (10) días antes de que operara la caducidad de la acción, diligencia que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2010, fecha que superó el lapso de tres (3) meses contemplados por la Ley para suspender el termino de caducidad. En consecuencia, el conteo recomenzó el 17 de septiembre de 2010 y venció el 27 de septiembre de 2010. Sin embargo, fue solo hasta el 8 de octubre de 2010 que se intentó promover la demanda, por lo que, para ese momento, el fenómeno de la caducidad ya había operado.
2.4. El recurso de apelación contra la sentencia
El accionante recurrió el fallo. Argumentó que el juez de instancia incurrió en un error, toda vez que, en el presente asunto, no puede contabilizarse el término de caducidad desde la fecha en que había sido proferida la providencia que declaró la prescripción de la acción penal, debido a que la medida de aseguramiento que pesaba en contra del señor Mosquera Arango solo fue levantada hasta el 28 de noviembre de 2011, tal y como consta en la certificación expedida por el DAS. En consecuencia, afirma que desde esa fecha debería contarse el término de caducidad, “porque es precisamente esa conducta administrativa antijurídica y no la prescripción, como equivocadamente lo entendió el Tribunal, la causa del perjuicio”.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
Esta Corporación admitió el recurso interpuesto, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran y éste conceptuara; oportunidad que fue aprovechada por todas las partes y el Ministerio Público, el cual reiteró su posición respecto a la caducidad de la acción.
PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
3.1. Competencia
La Sala es competente para conocer el presente caso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en consideración a la naturaleza del asunto, pues la Ley 270 de 1996 fijó que la competencia para conocer de las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, en primera instancia, en los Tribunales Administrativos y, en segunda, al Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía.
3.2. Vigencia de la acción
3.2.1.- La Sala se ve avocada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal, en atención al contenido de la sentencia de primera instancia, los argumentos plasmados en el recurso de apelación interpuesto y lo conceptuado por el Ministerio Público:
¿La acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivada de la mora judicial causada por la indebida calificación jurídica impuesta al accionante durante el trámite del proceso penal que se adelantó en su contra, se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la normatividad vigente?
3.2.2. La Sala recuerda que la caducidad es un fenómeno jurídico que se configura cuando el derecho de acción no es ejercido dentro del término legal. Término que, como lo ha señalado la jurisprudencia, está concebido con el fin de definir un plazo objetivo e invariable, para que, quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. De esta forma, la figura de la caducidad, se busca garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la prevalencia del interés general.
El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) es de dos (2) años, que se cuentan a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
3.2.3.- El accionante manifestó, en sustento del recurso de alzada, que el Tribunal interpretó de manera errónea la causa petendi de la demanda, pues aseguró que en el presente asunto la fuente del perjuicio no yacía en la prescripción de la acción penal sino en “haber mantenido la medida de aseguramiento u orden de captura (…) hasta el 28 de noviembre de 2011”, lo que condiciona el inició del termino para la presentación oportuna de la acción, que debe tomarse desde la fecha en que se canceló la orden de captura. La anterior afirmación fue soportada con la certificación expedida por el DAS.
En contraste, como se expuso en párrafos anteriores, la demanda se fundamentó en la mora judicial causada como consecuencia de la indebida calificación jurídica (peculado por apropiación) impuesta al accionante durante el trámite de un proceso penal que se adelantó en su contra y, que a la postre fue modificada por la de peculado culposo, variación que conllevó indefectiblemente que se declarara la prescripción de la acción penal.
3.2.4.- Pues bien, de conformidad con el artículo 208 del CCA, la demanda podrá aclararse o corregirse hasta el último día de la fijación en lista. Dicha oportunidad, sin embargo –nota la Sala– no fue aprovechada por el actor, quien extemporáneamente, en la sustentación del recurso de apelación, pretendió variar los hechos en los que fundó sus pretensiones, al expresar que los daños sufridos habían sido el producto de la demora en la cancelación de la orden de captura y no de la mora judicial derivada de la indebida calificación jurídica, tal y como lo había venido sosteniendo a lo largo del proceso.
Al punto, esta Subsección advierte que no le es dado pronunciarse sobre hechos distintos a aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste, no es el recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el ordenamiento jurídico para modificar la causa petendi de la demanda, ni siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, ya que ello implicaría una trasgresión al derecho de defensa y contradicción de la parte demandada, que no tendría la oportunidad de reargüir los hechos con base en los cuales se pretende su condena.
3.2.5.- Así las cosas, la antijuridicidad del daño, que el actor hizo consistir en la carga que soportó a consecuencia del adelantamiento de un proceso penal y el decreto de una orden de captura en su contra, fue conocida, en toda su extensión, desde el momento en que quedó ejecutoriada la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el seis (6) de junio de dos mil ocho (2008), que declaró prescrita y, por tanto, extinta la acción penal por los delitos que se le imputaban, lo que ocurrió el veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008). Con ello, observa esta Colegiatura, se evidenciaron las falencias en la investigación y el juicio penal que –según lo afirmado en el libelo introductorio– acarrearon la mora judicial de la que fue víctima el actor. De esta forma, el término de caducidad vencía, en principio, el veintisiete (27) de junio de dos mil diez (2010), en atención a lo dispuesto en el artículo 136.8 del CCA.
La Sala observa además que el accionante presentó solicitud de conciliación el diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010), cuando faltaban diez (10) días para que operara la caducidad de la acción, actuación que produjo la interrupción de dicho término. Sin embargo, la diligencia se llevó a cabo el seis (6) de agosto de dos mil diez (2010), esto es, luego de que trascurrieran los tres (3) meses durante los que opera la interrupción máxima de caducidad, por disposición legal. En consecuencia, desde el dieciocho (18) de septiembre de dos mil diez (2010) se reanudó el conteo del término para la presentación oportuna de la demanda, lo que indica que el plazo máximo, con el que la actora contaba para ejercer el derecho de acción, fenecía el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diez (2010). Por consiguiente, al observar que el accionante radicó la demanda el ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010), es evidente que la acción se ejerció por fuera del término bienal previsto por la ley.
En definitiva, la Sala confirmara la sentencia apelada al encontrar configurada, en el sub lite, la excepción de caducidad.
4. Condena en costas
Esta Colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese, cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 36146 - 15 # 1
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Folios 2 a 11 del C.1
Folio 30 C.1
Folios 32 a 33 C.1
Folios 34 a 43 y 47 a 66 C.1
Folios 75 a 76 C.1
Folio 98 C.1
Folios 100 a 106 C.1
Folios 107 a 117 C.1
Folios 119 a 123 C.Ppal
Folios 125 a 127 C.Ppal
Folio 133 C.Ppal
Folio 135 C.Ppal
Folios 136 a 138, 151 a 161 y 162 a 165 C.Ppal
Folios 170 a 179 C.Ppal
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017, expediente 36572. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 1995, expediente S - 123 “Los hechos son la causa petendi de la demanda, en cuanto configuran la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto del debate durante el proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia”. Folios 229 a 230 C.2. Vale la pena resaltar que el DAS en el certificado en mención expuso que efectivamente la orden de captura fue cancelada el 28 de noviembre de 2011, sin embargo, el documento contentivo de información dice ser expedido el 13 de julio de 2011, es decir, con anterioridad a la fecha que se indica como de ocurrencia de los hechos, por lo tanto, dichas inconsistencias producen que no sea posible acreditar lo plasmado en tal oficio. Apartado 2.1.
“[L]a jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. (…) Cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que, por una parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra parte, en atención a que ésta jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena al pago de los perjuicios”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 1996, expediente 8422S.
«[L]a Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros.
Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se funda la controversia”. (…) Si se aceptare que el juez puede al final del proceso, en la sentencia cambiar los hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo el derecho de defensa y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la cual contestará la demanda enfrente de los hechos alegados por el demandante y enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se conocen desde un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría cuestionarlos». Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 1995, radicado S-123. Folios 217 a 222 C.2
La ejecución de la pena de prisión y multa ya había sido suspendida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en la sentencia del 31 de octubre de 2007, que varió la calificación típica del hecho punible y condenó a Manuel Fernando Mosquera Arango como autor responsable del delito de peculado culposo. Folio 170 a 215 C.2
No obra en el expediente la constancia de ejecutoria de la providencia del 06 de junio de 2008, que prescribió la acción penal, sin embargo, se observa (folio 222 C.2, reverso) que esta fue notificada por estado a el 23 de junio de 2008, lo que permite establecer, en atención a lo dispuesto por el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 200), que la decisión mencionada cobró ejecutoria tres (3) días después de notificada, es decir, el 26 de junio de 2008. Folios 2 a 3 C.2
Ley 640 de 20001. “ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
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