Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2011-00112-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2011-00112-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-31-000-2011-00112-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
10 de marzo de 2023
Radicado: 44001-23-31-000-2011-00112-01 (60102)
Demandante: Inversiones Galue E.U.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 44001-23-31-000-2011-00112-01(60102)
Demandante: Inversiones Galue E.U.
Demandados: Universidad de la Guajira
Referencia: Controversias Contractuales
Tema: Contrato de obra.
Subtema 1: Régimen jurídico contractual de las universidades públicas
Subtema 2: Terminación unilateral
Subtema 3: Compensación de créditos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora, en contra de la
sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal
Administrativo de la Guajira que denegó las pretensiones de la demanda.
1. SINTESIS DEL CASO
La Empresa demandante y la Universidad de la Guajira celebraron un contrato de obra,
cuyo objeto consistía en la construcción de la Sala Máxima de la institución educativa.
Pasados 1 mes y 15 días de iniciada la ejecución de las obras, las partes contractuales
suscribieron un acta de suspensión por un término de 120 días; suspensión que fue
posteriormente prorrogada de forma indefinida, a la espera que "la Universidad Nacional
realice los estudios y diseños necesarios para la construcción de un auditorio de mayor
capacidad que reemplace a la Sala Máxima". Luego de aproximadamente 5 años desde
que la suspensión fuera acordada, el contratante, mediante resolución, decidió no
reiniciar el contrato, además de terminarlo y liquidarlo unilateralmente.
La parte actora pretende que se anulen las resoluciones referidas por: indebida
notificación, vulneración al derecho de defensa y violación de las normas en que
deberían fundarse; y que se declare que la Universidad demandada incumplió el
contrato de obra al suspenderlo de manera indefinida, sin que existiera causa que
justificara tal proceder y, en consecuencia, se reconozcan los perjuicios causados.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El siete (7) de julio de dos mil once (2011), Inversiones Galue E.U. (en adelante,
l.G. ola Empresa) demandó', en ejercicio de la acción de controversias contractuales,
a la Universidad de la Guajira (en adelante, Uniguajira), para fueran concedidas en
su favor las siguientes pntensiones: (i) que se declare la nulidad de los actos
1
F. 3-34, C. 1.
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Demandante: Inversiones Galue E.U.
administrativos proferidos por la demandada, en los o cuales terminó y liquidó
unilateralmente el contrato de obra 001 del 26 de enero de 2005; (ji) que se declare
que la demandada incumplió el contrato de obra 001 del 26 de enero de 2005, en parte,
por las suspensiones del plazo; y (iii) que se condene a Uniguajira a la reparación de
perjuicios ocasionados a la demandante, tasados en la suma de seiscientos ochenta y
ocho mil ochocientos cincuenta y un mil doscientos setenta y siete pesos
($668.851.277) aproximadamente2.
2.1.2. En el aparte fáctico de la demanda, se relata:
2.1.2.1. Que entre la Empresa y Uniguajira fue susprito el contrato de obra 001
del 26 de enero de 2005 (en adelante, Contrato 001 de 2005), con el objeto de
construir la sala máxima de la institución contratante, con un precio de
$1.015.348.500 y un plazo de ejecución de 8 meses.
2.1.2.2. Que, siguiendo lo pactado, la contratante pagó el 50% del valor del
contrato como anticipo y, a su vez, la contratista Ip invirtió en los materiales y
mano de obra necesarios para adelantar la construcción, de lo que además fue
notificado el interventor del contrato.
2.1.2.3. Que, luego de un mes (1) y quince (15) días de iniciado el contrato,
Uniguajira ordenó suspenderlo por 120 días calendario, debido a
inconformidades e inconvenientes internos de la institución, y para resolver con
la Universidad Nacional (en adelante, UN), los problemas constructivos
existentes. La suspensión se prorrogó por cuatro meses más, tras los cuales el
ente educativo suspendió el plazo de manera indefinida, porque los motivos que
soportaron la medida inicial subsistían.
2.1.2.4. Que, ante esta situación, el contratista guardó los materiales en un
depósito, con la expectativa de que se solventarían; prontamente las vicisitudes.
Sin embargo, la suspensión contractual se prorrogó por más de cinco (5) años y
el contratista no pudo recuperar los costos invertidos, pese a que la UN había
entregado con mucha anticipación los diseños de la obra.
2.1.2.5. A pesar de todo, Uniguajira decidió no reiniciar las obras, y dispuso la
terminación y liquidación unilateral del contrato.
2.1.3. La demandante censura (i) que los actos unilaterales de Uniguajira no fueron
correctamente notificados; (u) que fueron expedidos de forma irregular, en cuanto no se
produjeron las circunstancias que debían anteceder la terminación y liquidación del
contrato, el contratista no fue convocado mediante corre,o certificado a la liquidación
bilateral, y no podía atribuirse a su accionar la insatisfacción del objeto contractual; y
(iv) en general, que las resoluciones violaron normas, superiores, entre las que
menciona la Ley 30 de 1992, la Ley 1150 de 2007, los artículos 1602, 1603 y 1613 del
2 La estimación de la cuantía hecha por la demandante contempla: (i) indemnización por lucro cesante,
equivalente al 100% del MU del contrato, más lo dejado de percibir por costos directos de la obra; (U)
indemnización por daño emergente en virtud de la "depreciación" del anticipo invertido, los contratos de los
profesionales residentes y directores de obra, proveedores de materiales, ruano de obra y transporte; (iü) otros
daños materiales derivados de los honorarios del abogado que defendió al representante legal de la firma en el
proceso penal que se le adelantG por peculado por apropiación de terceros; (iv) daño moral para la esposa e
hijos del representante legal de la contratista.
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Código Civil, y la Léy 80 de 1993 que establece los principios de economía,
responsabilidad y buena fe contractual.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), el Tribunal admitió la
demanda, y ordenó la notificación a la demandada y al representante del Ministerio
Público3.
2.2.2. La entidad demandada presentó escrito de contestación, en el que solicitó la
desestimación de las pretensiones formuladas por la actora4.
2.2.3. Mediante escrito del veintidós (22) de septiembre de dos mil once' (2011), la
actora agregó una pretensión de la demanda5, encaminada a la nulidad de la
Resolución núm. 1141 del 28 de julio de 2011 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 1763 del 21 de diciembre de 2010. El Tribunal admitió
la modificación y corrió traslado a la entidad demandada6, quien se opuso igualmente a
la prosperidad de esta nueva pretensión7.
2.2.4. Las partes alegaron de conclusión ante el Tribunal, en la oportunidad
correspondiente6. El agente del Ministerio Público guardó silencio.
2.3. La sentencia recurrida
En sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal negó
las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, la actora no logró demostrar ninguno
de los cargos esgrimidos contra los actos administrativos demandados. En sustento de
ello, consideró que:
2.3.1. No se probó que se hubieran presentado irregularidades en la notificación
de los actos demandados, porque: (i) la actora fue convocada en dos
oportunidades por el rector de Uniguajira; (u) aquella asistió a una reunión, el 30
de junio de 2010, de la cual la entidad levantó un acta, en la que dispuso que no
se reiniciaría el contrato, porque no fueron superados los motivos que habían
originado su suspensión; y (iü) cuando inició el procedimiento de liquidación del
Contrato 001 de 2005, Uniguajira ordenó correrle traslado a la contratista, la cual
fue notificada en edicto, siendo esta también notificada de las decisiones
posteriores, por lo que tuvo la oportunidad de presentar descargos. El Tribunal
agregó que, en estas oportunidades, la demandante "tuvo conocimiento de cada
decisión adoptada en el marco de la liquidación y terminación del contrato de
obra No. 001 de 2005".
2.3.2. Tampoco se configuró la aducida violación de normas superiores, porque,
al terminar y liquidar unilateralmente el Contrato 001 de 2005, Uniguajira
3 F.618-619,c.2
E 631-645, C. 2
E. 620-621, C. 2.
F. 722-723, c. 2.
F. 727-731, C. 2.
8
E. 743-746, e. 2. (demandante); f. 747-752, c. 2. (Uniguajira).
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procedió conforme a lo pactado entre las partes, en las diversas reuniones que
sostuvieron, en las cuales alcanzaron acuerdos que fueron elevados a acta.
Además, expresó que el hecho de que la actora haya comunicado su interés de
reiniciar y culminar la obra no conlleva la nulidad de los actos demandados.
2.4. El recurso de apelación
Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2017, la parte demandante recurrió la
sentencia de primera instancia, contra la cual formuló los siguientes reparos9:
2.4.1. Que los actos demandados adolecen de falta de competencia temporal
del funcionario que las expidió, el rector de Uniguajira.
2.4.2. Que los actos incurrieron en falsa motivación porque, contrario a lo que en
ellos se expresa, los motivos que dieron lugar a la suspensión del Contrato 001
de 2005 si habían sido superados. Además, la Universidad había manifestado
que celebraría un nuevo contrato con la actora; hQcho este que fue omitido en
las decisiones impugnadas.
2.4.3. y que la demandada incumplió el contrato de manera arbitraria, "en la
medida en que no resolvió de manera oportuna los inconvenientes que
generaron la suspensión indefinida del contrato para el logro del fin perseguido
y tampoco cumplió con el deber de termina410J y liquidarlo dentro de su
oportunidad legal, por su demora en la toma de medidas" adecuadas para
conjurar la situación.
2.5. Trámite relevante de segunda instancia
2.5.1. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación, mediante auto1° del
primero (1°) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
2.5.2. Solamente la parte actora11 presentó alegatos Je conclusión en segunda
instancia dentro de la oportunidad dispuesta para ello12.
2.5.3. Por su parte, el agente del Ministerio Público ante esta Corporación13 presentó
concepto en el que sugirió la confirmación de la providencia apelada.
2.5.4. El Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para
participar de esta decisión, toda vez que rindió concepto como Procurador Primero
Delegado ante esta Corporación. Por configurarse la causal contenida en el artículo
141, numeral 12, de la Ley 1564 de 2014 (Código General del Proceso, "CGP")14,
aplicable al trámite del presente recurso de apelación por haberse presentado después
E. 778-802, c. ppal.
10 F. 809, c. ppal.
11 F.812-820, c. ppal.
12 F. 811, c. ppal.
13 E. 829-838, c. ppal.
14 "Artículo 141. causales de recusación. Son causales de recusación las siúuientes: [.1 12. Haber dado e/juez
consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en
este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo".
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del 1° (primero) de enero de dos mil catorce (2014), esta Colegiatura lo considerará
fundado.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1. Sería del caso abordar si, como lo considera la parte actora, hay lugar a anular los
actos expedidos por Uniguajira. Empero, entre la demanda, la sentencia de primera
instancia, y en particular, el recurso de apelación, los cargos en contra de las
resoluciones enjuiciadas varían ostensiblemente. Además, el contrato contiene cláusula
compromisoria. De suerte que, por estas circunstancias, la Sala deba abordar la
solución de los siguientes problemas jurídicos preliminares:
3.1.1. ¿Esta Corporación es competente para resolver sobre el fondo de este
asunto, pese a la cláusula compromisoria contenida en el contrato cuyo
incumplimiento se analiza?
3.1.2. ¿La modificación de la causa petendi planteada en la demanda, a través
del recurso de apelación, permite tomar una decisión apreciativa de los cargos
formulados contra la sentencia de primera instancia en el subjudice?
3.1.3. ¿Considerando el régimen jurídico contractual aplicable al contrato, es
necesario readecuar el juzgamiento del asunto de acuerdo con los postulados
sustantivos y adjetivos propios de un negocio jurídico regido por el derecho
privado?
3.2. De ser respondidos negativamente el primer cuestionamiento y afirmativamente los
restantes dos, se habilitaría la solución plena del recurso, siendo del caso absolver este
interrogante:
¿La Universidad de la Guajira incumplió el Contrato 001 de 2005, celebrado con
l.G., por las sucedáneas suspensiones del plazo que impidieron la ejecución del
objeto contractual?
3.3. Como el contrato fue celebrado por un ente universitario autónomo, esta
Colegiatura tendrá en cuenta que el contrato mencionado está sometido al derecho
privado, de conformidad con los artículos 57 —inciso tercero- y 93 de la Ley 30 de
1992E151. Cabe resaltar además que, en virtud del articulo 38 de la Ley 153 de 1887, el
régimen jurídico del contrato es el vigente a la fecha de su celebración, en este caso, el
ordenamiento en vigor para el 26 de enero de 2005.
15
LEY 30 DE 1992— Artículo 57, inciso tercero, modificado por el artículo 1 de la Ley 647 de 2001: "El carácter
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de
directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la
presente ley." Artículo 93: "Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el
cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del
derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los
contratos. 7/PARÁGRAFO. Se excuptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán a
las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen,
complementen o sustituyan."
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IV. PRESUPUESTOS
4.1. Competencia.
En la cláusula décima octava del Contrato 001 de 2005 las partes de este proceso
pactaron lo siguiente:
"Los conflictos derivados de este contrato se resolverán a través de arbitramento
de conformidad con el Código de Comercio".
4.1.1. Pese a lo así convenido, la Sala es competente para resolver sobre el fondo del
presente asunto, por lo que se impone una respuesta negativa al primer problema
jurídico (aptdo. 3.1.1). Esto es así ya que, para la fecha de radicación de la demanda,
la jurisprudencia de esta Corporación admitía la renuncia tácita al pacto arbitral16 y, de
acuerdo con ello, asumía la competencia de los negocios.,en los que la contraparte no
hubiese formulado excepción por esa circunstancia. Así, por prevalencia del derecho
de acceso a la administración de justicia17, esta Colegiatura decidirá el asunto.
4.1.2. Ahora, según las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto
Ley 01 de 1984, "CCA")18, modificado por las Leyes 446 de 1998 y 1107 de 2006, esta
Sala es competente para conocer del presente asunto, R°' tratarse de un recurso de
apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira19, en el marco de una controversia contractual en
el que una de sus partes20 bs un ente universitario autónom021 de carácter
departamenta122, y cuya cuantía posibilita su conocimiento en segunda instancia por
esta Corporación23.
16 A diferencia dele que la Sala Plena de la Sección Tercera expresó posteriormente, en la providencia del 18
de abril de 2013. Red. 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859).
17 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 28 de noviembre de 2019. Rad. 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009)
° El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, "CPACA")
entró en vigencia para los procesos iniciados a partir del 2 de julio de 2012,.según el artículo 308 del CPACA.
19 CCA. Articulo 129 (subrogado por el articulo 37 de la Ley 446 de 1998: "El consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión".
20 "Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso
administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades
públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la
ley."
21 LEY 30 DE 1992. Articulo 57, incisos primero y segundo: "Las universidades estatales u oficiales deben
organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial vinculados al Ministerio de Educación
Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. II Los entes universitarios
autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones
que le corresponden."
22 Creada mediante el Decreto 526 de 1976, expedido por el departamento deja Guajira, cuyo articulo primero
indica: "ARTICULO PRIMERO. Créase la Universidad Experimental de LaGuaflra como Instituto de Educación
Superior adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, con domicilio principal en la ciudad de Riohacha,
y patrimonio propio [ ... ]".
23 Según el articulo 132 numeral 5 del CCA (subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998), los asuntos
"referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la
prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales".
Para la fecha de presentación de la demanda, el tope mencionado equivilía a la suma de $267.800.000. De
acuerdo con la demanda, la cuantía fue estimada en $668.851.277, guarismo que supera el limite fijado por la
norma procesal.
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4.2. Oportunidad.
Por otra parte, la demanda fue oportunamente presentada, tomando en consideración
que, en este caso, el actor tuvo conocimiento de que los incumplimientos que atribuye
al ente demandado impedirían definitivamente la ejecución del Contrato 001 de 2005,
con el daño que ello supone, en el momento en el que se surtió la notificación personal
de la Resolución 1763 del 21 de diciembre de 2010, con el que la demandada resolvió
terminarlo y liquidarlo unilateralmente; hecho este que ocurrió el día quince (15) de
febrero de dos mil once (2011)24.
Como el plazo de caducidad25 comenzó así a correr desde el dieciséis (16) de febrero
de dos mil once (2011), este concluyó el dieciséis (16) de febrero de dos mil trece
(2013), fecha posterior al siete (7) de julio de dos mil once (2011), cuando fue radicada
la demanda (aptdo. 2.1); conclusión esta que naturalmente se mantiene invariable,
incluso, si se tienen en cuenta (1) la notificación26 de la Resolución 1141 de 2011, que
confirmó la Resolución 1763 de 2010 y (ji) la suspensión del término de caducidad,
producto del trámite de conciliación extrajudicial27, adelantado ante la Procuraduría 154
Judicial II Administrativa de Riohacha28.
4.3. Legitimación en la causa.
Por último, los extremos del proceso están legitimados por activa y por pasiva para
actuar, en vista de que ambas partes suscribieron el Contrato 001 de 2005, y los actos
unilaterales demandados pudieron afectar los derechos contractuales de la Empresa
actora.
V. HECHOS PROBADOS Y RELEVANTES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS29
5.1. A través del acuerdo núm. 022 del 31 de octubre de 2001, expedido por el
Consejo Superior Universitario de Uniguajira, se adoptó el "ESTATUTO DE
CONTRATACIÓN" de dicho ente30. De este documento son pertinentes para este
asunto los artículos 25 a 28 del Acuerdo:
24
F. 149, c. 1. -'
25
El término para presentar en tiempo la demanda estaba preceptuado por el artículo 136, numeral 10, literal
d), del CCA: 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será dedos (2) años que se contará a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. ¡I
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: [.] d) En los que requieran de liquidación
y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados
desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el
interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los
dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar['
26
Realizada el 12 de agosto de 2011, según consta en este acto: F. 625 reverso, c. 2.
27
LEY 640 DE 2001 - Artículo 21: "SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan
las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el articulo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y
será improrrogable"
F. 45, c. 1.
29
Los documentos en copia simple serán apreciados conforme la pauta unificada por la Sección Tercera en
pleno. Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Sala Plena. -
Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
30 F. 150-158,c.2
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Demandante: Inversiones Galue E.U.
"ARTICULO 25. Suspensión del contrato. Cuando se presentan [sic] causas
de fuerzas [sic] mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, la Universidad
y el contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, expresado [sic]
con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el avance del
contrato, es estado [sic] de las obras, bienes o servidos contratados y el término
de la suspensión. Igualmente se adoptarán las medidas de conservación que
sean pertinentes y si el caso [sic], se convendrán los costos de la suspensión y
su forma de pago.
Superadas las causas de la suspensión las partes suscribirán un acta señalando
fecha y forma de reanudación del contrato. El contratista deberá ampliar las
garantías en igual periodo de la suspensión, dentro de los cinco (5) días
siguientes si fuere necesario, se repro gramarán las actividades contractuales.
En ningún caso, el término de la suspensión de un contrato podrá exceder de
doce (12) meses, vencidos este plazo [sic] sin que se pueda reanudar, se
procederá a su inmediata liquidación por las partes'?
"ARTICULO 26. Liquidación de los contratos. Puede ser de mutuo acuerdo o
unilateralmente cuando hay incumplimiento de contratistas [sic] y se prevé esta
facultad a favor de la Universidad en el contrato.
ARTICULO 27. Competencia para efectuar la liquidación. El Rector será el
competente para efectuar la liquidación de los contratos que se suscriban con
base en el presente reglamento pero podrá delegar esta función mediante
resolución que no requerirá motivación.
PARÁGRAFO. En todo caso deberá citarse al contratista mediante correo
certificado para que participe de la misma, en caso dp no presentarse en término,
la Universidad procederá la [sic] liquidación unilateral quedando a favor del
contratista las acciones pertinentes.
ARTICULO 28. Contenidos [sic] de la liquidación.-Él acta deberá contener las
sumas de dinero recibidas por el contratista, la ejecu.c/ón de las prestaciones que
tuvo a su cargo, las obligaciones a cargo de las partes, sanciones, garantías e
indemnizaciones".
5.2. Según el "PRESUPUESTO DE LA OBRA" 31 , presentido en la oferta32 de l.G., el
precio total propuesto era de mil quince millones tresciéntos cuarenta y ocho mil
quinientos setenta y tres pesos ($1015348573), discriminados así:
"SUBTOTAL 812,278,858.00
ADMINISTRACIÓN 12.00% 97,4 73,463.00
IMPREVISTOS 5.00% 40,613,943.00
UTILIDAD 8.00% 64,982,309.00
TOTAL OBRA 1,015,348,573.00".
5.3. El 26 de enero de 2005, Uniguajira y la Empresa celebraron el contrato de obra33
núm. 001 de 2005 ("Contrato 001 de 2005"), cuyo objeto consistía en la "construcción
de la Sala Máxima de la Universidad de la Guajira", por el ''sistema de precios unitarios
fijos sin reajustes".
31 E. 91-96, c. 2.
32 No fue aportada ¡ntegraniente al expediente.
33 E. 84-89, c. 1
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5.3.1. La cláusula octava del negocio en mención expresó: "MARCO LEGAL. Este
contrato se enmarca dentro de las reglas legales vigentes del derecho privado."
5.3.2. Sobre la forma de pago y la ejecución de las obras, en la cláusula segunda del
contrato, fueron acordados las siguientes obligaciones generales:
"EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de que [sic] trata la cláusula
anterior a los precios fijos relacionados en la oferta del CONTRATISTA y aceptada
por la UNIVERSIDAD. PARÁGRAFO UNO. Las cantidades de obras contenidas en
este contrato son aproximadas y se pueden aumentar, disminuir o suprimir durante
el desarrollo del contrato por decisión y aprobación de LA UNIVERSIDAD a través
de la interventoría, sin perjuicio de la estabilidad de la obra siempre que no se haya
ejecutado".
5.3.3. El plazo de ejecución fue estipulado en la cláusula décima primera del contrato:
"DÉCIMA PRIMERA. PLAZO Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA: EL
CONTRATISTA se comprometa a iniciarlas obras objeto del presente contrato a
partir de la entrega del anticipo por parte de LA UNIVERSIDAD, fecha en la cual se
suscribirá el acta de iniciación de obra con el interventor y comenzará a correr el
plazo de ocho (8) meses para la entrega de la obra debidamente terminada y con
los elementos a suministrar debidamente instalados y entregados. Paralelamente
EL CONTRATISTA se compromete a entregara la interventoría antes de comenzar
los trabajos y para su aprobación la programación de obras e inversiones para su
análisis y aprobación. PARAGRAFO PRIMERO. PRORROGAS: LA UNIVERSIDAD
podrá conceder la ampliación del plazo pactado por causas justificadas no
imputables a EL CONTRATISTA o por fuerza mayor, debidamente comprobadas.
Toda prórroga debe ser solicitada por escrito por lo menos con una anticipación de
diez (10) días al vencimiento del plazo vigente pactado. El plazo adicional será
convenido por lag partes y consignado en contrato adicionar".
5.3.4. En las cláusula décima segunda y décima tercera del contrato fueron pactados el
precio y la forma de pago de pago, así:
"DECIMA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es
por la suma de MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.015'348.573) MICTE.
PARAGRAFO PRIMERO. Los precios unitarios pactados incluyen todos los gastos
previstos e imprevistos que EL CONTRATISTA tenga que hacer para la ejecución
de la obra, sin que LA UNIVERSIDAD deba pagar suma adicional alguna a La
pactada como valor unitario. PARAGRAFO SEGUNDO: La liquidación final del
contrato la efectuará EL CONTRA TISTA y el interventor y requerirá para su validez
la firma del rector de LA UNIVERSIDAD, y se hará de acuerdo con las mediciones
terminadas, recibidas a satisfacción y realmente ejecutadas. PARÁGRAFO
TERCERO: Las obras adicionales serán objeto de contrato adicional escrito y se
pagarán de acuerdo a los precios inicialmente pactados. DECIMA TERCERA.
FORMA DE PAGO: Una vez esté el contrato legalizado y se hayan constituido las
garantías exigidas en él, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA un
anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato; una vez recibido el anticipo
EL CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente en un banco [ ... ]. Del anticipo
únicamente podrá girarse cuentas por concepto de compras de materiales, pago
de mano de obra y pago de anticipo de subcontratos de acuerdo con la
programación de la obra y el Plan de inversión del Anticipo aprobado por la
interventoría, para estos efectos EL CONTRATISTA presentará a la Interventoría
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para su revisión y aprobación una relación de gastos dpI anticipo, relación que para
su validez, requiere de la aprobación escrita del interventor y le efectuarán todos
los descuentos de Ley. El restante valor del contráto, se pagará mediante la
presentación de una cuenta de cobro por el valor de las obras recibidas y
debidamente sustentadas por el acta respectiva, de la cual se deducirá el 50% para
amortización del anticipo y el 5% para la reserva de la cuenta final, igualmente se
efectuarán todos los descuentos de Ley'.
5.3.5. En la cláusula decimocuarta se hizo constar que el contrato sería imputado
presu puesta ¡mente al siguiente rubro: "Sección ¿ código 5101, del Presupuesto de la
presente vigencia fiscal, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5 del 26
de enero de 2005".
5.3.6. En la cláusula décima quinta, se especificó que "LA UNIVERSIDAD por ningún
motivo reajustará los precios pactados en este contrato".
5.3.7. En las cláusulas decimoséptima y decimonovena del contrato fueron acordadas
las consecuencias del incumplimiento contractual, y la terminación en cabeza de la
Universidad, respectivamente:
"DECIMA SEPTIMA. INCUMPLIMIENTO: La UNIVERSIDAD en caso de
incumplimiento podrá optar por la Resolución del contrato o el cumplimiento del
mismo.[ ... ] DECIMA NOVENA. TERMINACION: LA UNIVERSIDAD podrá dar por
terminado el contrato por una de las siguientes causales: lo. Quiebra del
CONTRATISTA, 2o. Incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de sus
obligaciones. 30. Desatención a las peticiones hechas por la interventoría o por LA
UNIVERSIDAD sin causa justificada. 40. Impedir por $rte de EL CONTRATISTA
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en elcontrato para la interventoría
o de aquellas que por su naturaleza son atribucione,s propias, So. Ejecutar los
trabajos de tal forma que no garantice razonablemen(e su terminación oportuna o
deficiente calidad en la ejecución de la obra o por culpa imputable al
CONTRATISTA, según concepto del interventor".
5.3.8. En relación con el inicio de las obras, en la cláusula vigésima sexta se convino
que:
"Para iniciar las obras motivo del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá
tener aprobada las garantías [sic] exigidas por la cláusula décimo sexta; tener
asignado por parte de LA UNIVERSIDAD para la 'Construcción de la obra el
interventor correspondiente; pagar la publicación en la Gaceta Departamental por
su cuenta, cancelar los impuestos y estampillas de Lejç aprobada la programación
de los trabajos a ejecutarse directamente, con las obra en cantidades de obras y
su valor correspondiente, lo mismo que el Plan de inversión del anticipo por parte
de la interventoría. Las pólizas deberán ser aprobadas por LA UNIVERSIDAD al
día siguiente a su presentación".
5.4. El 15 de febrero de 2005, las partes suscribieron el aóta de iniciación de obra34.
En la misma fecha, el contratista allegó la programación d&la obra35 en la que planteaba
que los trabajos culminarían el 29 de septiembre de dichoaño.
34 F. 110, c.2
35 F. 160, c. 2.
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5.5. El 16 de febrero de 2005, Uniguajira desembo1só36 la suma de quinientos millones
cincuenta y nueve mil ciento setenta y tres pesos ($500'059.173) a l.G. por concepto
de "PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 001 DE
ENERO 26 DEL 2005".
5.6. El 12 de abril de 2005, las partes firmaron un acta de suspensión de obra 31 en
consideración a los siguientes motivos:
"La Universidad de La Guajira solicita expresamente mediante oficio de fecha 11
de Abril de 2.005 realizar la suspensión temporal del contrato de obra debido a
las inconformidades y problemas que este ha generado al interior del alma mater.
La suspensión será [de] máximo 120 días calendario, tiempo en el cual la
Universidad de la Guajira en conjunto con la Universidad Nacional buscarán la
solución adecuada para resolver el problema sobre la construcción de la Sala
Máxima".
5.6.1. Según acta de comité39 del 29 de julio de 2005, en el Centro de Extensión
Académica (CEA) de la Facultad de Artes de la UN, se reunieron las partes del contrato
(representadas por la entonces rectora de la Uniguajira4° y el representante legal del
contratista41) funcionarios de Uniguajira42 y de la UN43, para acordar que el CEA
elaboraría 'la propuesta técnica y económica para el diseño de un Auditorio de mayor
capacidad que el diseñadó dentro del Plan Maestro de 1993"; propuesta que sería
enviada "en un plazo aproximado de 15 días".
En esta ocasión, surgió el compromiso de las partes de prorrogar la suspensión
contractual, "con el fin de irealizar los estudios necesarios para la construcción del
Auditorio establecido en el Plan Maestro de la Ciudadela Universitaria, pero en una
mayor capacidad acorde con las actuales necesidades de la Universidad de la Guajira
y de la región". Además, se hizo constar que el "Auditorio diseñado reemplazaría el
proyecto de la Sala Máxima razón por la cual la Universidad de la Guajira tomará las
acciones contractuales para definir la terminación del proyecto inicial y la celebración
de un nuevo contrato."
5.6.2. Como consecuencia de lo acordado, igualmente refrendado mediante "ACTA DE
COMITÉ` del 10 de agostó de 2005, las partes a través del acta45 del 12 de agosto de
F. 99,101 y 102, c. 2.
' Negrilla fuera del texto original.
38 E. 111, c. 2.
39 F. 1-2, c. 3.
40 Maritza León Vanegas
41
Alberto Gómez Galúe
42 Benjamín Murgaz, entonces Direbtor de Planeación de Uniguajira.
43 Los arquitectos Enrique Villamarín (diseñador del proyecto), Luis Armando Ortiz y Sandra Pérez, y la abogada
del CEA María Cristina Muñoz.
44
F. 9-10, c. 3. En esta acta Oarticiparow Maritza León (Rectora, Uniguajira), Roger Orlando Pinzón
(representante del interventor), José Castro (representante del contratista l.G.), Benjamín Murgas (Director de
planeación, Uniguajira), y Hugo Daza (representante estudiantil, Uniguajira).
45 F. 112, c. 2. El acta refleja su fundamento en la reunión con el CEA de la siguiente manera: "La Prórroga de
la Suspensión será de 4 meses, a partir de/día 12 de Agosto de 2.005, en continuación de/acta de Suspensión
del día 12 de Abril de/mismo año, tiempo en el cual la universidad de/a Guajira, a travez [sic] de/a Universidad
Nacional realizará los estudios y diseños necesarios para la construcción de un Auditorio de mayor capacidad
que reemplace la Sala Máxima, según Acta de Comité realizado para este fin en las Instalaciones de la
Universidad Nacional en la Ciudad de Bogotá, el día 29 de Julio de 2.00Y.
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2005, prorrogaron la suspensión del contrato por un término de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha del acta.
5.7. De acuerdo con el acta de comité46 del 9 de septiembre de 2005, se reunieron
nuevamente las partes contratantes y representantes del CEA47 para adelantar la
"presentación del diseño Arquitectónico y estudios técnicos para el centro Cultural
y de Convenciones de la Universidad de la Guajira`. Además, como muestra el oficio
del 7 de septiembre de 2005, suscrito por la entonces rectora de Uniguajira en la misma
fecha en que se llevó a cabo esta reunión49, el director dei CEA entregó «la propuesta
solicitada, correspondiente al "DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
PARA EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
GUA JIRA"»50.
5.8. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2005 las partessuscribieron el "ACTA 2 DE
PRORROGA DE SUSPENSIÓN DE OBRA", que se fundmeritó en lo siguiente:
"En reunión realizada el día 5 de Diciembre de 2005 se determinó prorrogar
indefinidamente el término de Suspensión del Contrato de Obra que viene desde
el día 12 de Abril de este mismo año y prorrogada la misma mediante acta de
fecha 12 de agosto de 2005, habida cuenta que los motivos que dieron lugar a
la misma aún no han sido superados, esto es, que la Universidad de la Guajira,
a través de la Universidad Nacional realice los estudios y diseños necesarios
para la construcción de un auditorio de mayor capa cidad que reemplace la Sala
Máxima (decisión tomada en el acta de comité realizado el 29 de julio de 2005,
en las instalaciones de la Universidad Nacional).
Así las cosas, se reitera que esta Suspensión será indefinida hasta tanto la
Universidad de La Guajira a tra vez [sic] de la Universidad Nacional realice los
estudios y diseños necesarios para la construcción1'del nuevo proyecto".
5.9. El 20 de enero de 2006, l.G. solicitó a la rectora de Uniguajira información sobre
"las gestiones realizadas o por realizar en aras a la continuación y terminación del
contrato", enfatizando en su "disposición de realizar la tarea encomendada donde y
cuando usted lo considere conveniente". Aparte, sugirió "analizar las diferentes
alternativas presentadas por la universidad Nacional en su momento o cualquier otra,
que su administración considere viable" 51 . Esta comunicación fue reiterada52 el 14 de
junio de 2006.
5.9.1. Así mismo, en otro oficio53 del 20 de enero de 2006, el representante legal del
contratista solicitó a Uniguajira:
"[ ... ] restablecer el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto
de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no son imputables
41 Según el acta, a la reunión asistieron: Maritza León Vargas (rectora de Uniguajira), Maria Cristina Muñoz
(abogada, UN), Oscar Hoyos Orrego (ingeniero, UN), Guillermo Peralta Solano (director, Uniguajira), Normando
Suárez (UN), Luis Armando Ortiz (arquitecto, UN), Enrique Villamarin (diseñador, UN), Wilmar Sierra Toncel
(Uniguajira).
48 Negrilla añadida.
41 F. 6, c. 3.
50 La documentación referida a este material a folios 11-198, c. 3.
11 E. 199, c. 2.
52 E. 202, c. 2.
11 E. 200-201, c. 2.
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a mi empresa, e indicar, el mecanismo a seguir para mantener durante el
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y
financieras existentes al momento de proponer".
5.9.2. Posteriormente, el 31 de octubre de 2006, el representante legal de l.G. expresó
su "preocupación y voluntad de continuar con el contrato [ ... ] máxime que [sic] los
trámites y compromisos adquiridos con la Universidad Nacional están ad-portas [sic] de
culminar`.
5.9.3. El 12 de febrero de 2007, el contratista insistió en que le dieran información
sobre el estado de la contratación con la UN para la construcción del auditorio, para
reiniciar las obras pactadas en el contrato55.
5.9.4. El 21 de enero de 2008, el contratista pidió una reunión para solicitar la
reanudación de las actividades del contrato. Además, requirió que Uniguajira realizara
los ajustes necesarios para alcanzar el equilibrio contractual con (i) la actualización del
valor del contrato; (u) la inclusión de una fórmula de reajuste en el contrato; (iii) una
modificación de la forma de pago, para que se realice mediante actas parciales de obra;
(iv) el reconocimiento del "pago de dos (2) meses de nómina realizados durante los
meses de febrero y marzo: del año 2005" por un valor de "$26.432.688.00"; (y) el
reconocimiento del pago de "herramientas menores para utilizar en la obra y dejadas
en el almacén de la obra", que "fueron hurtadas", por un valor de 11.650.000.00' (vi)
el pago del "acta parcial de obra N° 001, por un valor de $6.689.065.00 más su
actualización, de obras ejecutadas, entregadas y recibidas a entera satisfacción por el
interventor"; (vi¡) el reconocimiento de "la construcción y adecuación del almacén de la
obra por un valor de $1.869.295oo", el cual no sería viable por el cambio del sitio de la
obra; (vi¡¡) el pago de "$14,670,785.00"; (ix) la contratación de mano de obra
especializada; (x) el reconocimiento de "inversiones de logística y otro [sic] gastos
administrativos", por una suma de "$20823.025,00"; y (xi) el reconocimiento y pago del
"valor total de gastos y pérdidas" de la empresa por la suspensión del contrato56.
5.9.5. El 20 de octubre de 2008, el contratista propuso57 que, para dar cumplimiento al
Contrato 001 de 2005 y zanjar las deficiencias del acuerdo de voluntades original, este
negocio jurídico fuera modificado con un "un cambio de objeto", la actualización de los
precios, el restablecimiento del equilibrio económico y la renovación de las pólizas de
garantías.
5.10. El 19 de octubre de.2009, las partes suscribieron un actas" en la que consta lo
siguiente:
"[ ... ] una vez hechos los análisis de rigory [sic] teniendo en cuenta las
circunstancias preseMadas en el desarrollo del contrato en mención, las partes
consideran que lo más viable es proceder a la terminación por mutuo acuerdo y
consecuencialmente liquidar el contrato, teniendo en cuenta que por una parte
se proteja el patrimonio público y por la otra el contratista no se vea
desfavorecido en sus intereses. En virtud de lo anterior, él contratista se
compromete a enviar a este despacho el proyecto de terminación y liquidación
54 F. 203, e. 2.
55 F. 208, e. 2.
56
F. 206-207, e. 2.
'
F. 216, e. 2.
58 F. 328, e.2.
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por mutuo acuerdo, en aras de que sea estudiado su contenido por la oficina de
Jurídica y las demás dependencias competentes".
5.11. Las partes fracasaron en el intento de acordar la terminación y liquidación
de mutuo acuerdo, por lo que Uniguajira decidió unilateralmente no proseguir la
ejecución del contrato y adelantar un procedimiento para ello, como se observa en estos
documentos:
5.11.1. El 30 de junio de 2010, el entonces rector99 y una asesora jurídica de
Uniguajira6° firmaron el acta "POR LA CUAL SE DISPONE NO REINICIAR UN
CONTRA TO'6l, dejando la siguiente constancia en manuscrito:
"Se deja constancia que la presente acta solamente la suscriben los
funcionarios de la Universidad, comoquiera que el contratista y el
interventor del contrato oof de 2005 no asistieron a esta diligencia ,62
5.11.2. La "RESOLUCIÓN No. 0807" del 1 de julio de 2010, mediante la cual
Uniguajira, fundándose en la avenencia mutua sobre la terminación del negocio
jurídico, ordenó la "apertura de un procedimiénto administrativo para la
liquidación unilateral del contrato de obra No. 001 de 2005". En ese sentido, con
el propósito de efectuar la liquidación bilateral, dio traslado de la actuación a l.G.,
para que rindiera descargos y prestara la pruebas que pretendiera hacer valer;
descargos que fueron presentados por el contratista en oficio allegado63 el 2 de
agosto de 2010.
5.11.3. La resolución64 núm. 1398 del 21 de octubre de 2010, a través de la cual
el rector de Uniguajira dispuso la notificación de dos documentos:
5.11.3.1. El "ACTA POR LA CUAL SE DISPONE NO REINICIAR UN
CONTRATO "65, en la que se esbozaba una terminación de mutuo acuerdo
afirmando, entre otras cosas, que el contrato llevaba más de cuatro años
suspendido. Para el efecto, se invocaba el artículo 25 del estatuto de
contratación del ente universitario. Este acto fue suscrito por el entonces rector
y la asesora jurídica de Uniguajira, pero no fue firrrjado por el interventor ni por
el contratista66.
5.11.3.2. La denominada "ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
UNILATERAL", firmada por el rector y la asesor á, jurídica de Uniguajira. La
contratista y el interventor se abstuvieron de suscribir el documento67.
5.12. Finalmente, mediante la resolución núm. 1763 del 21 de diciembre de 2010,
Uniguajira decidió lo siguiente:
11 Carlos Arturo Robles Julio
60 Viany Lizeth Ospina.
61 E. 115-116, c. 1.
62 E. 117, o. 1.
63 E. 226-232, c. 2.
64 E. 128-129, c. 2.
65 F. 115-117,0.2.
66 F. 117,0.2.
67 F. 118-124, o. 2
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«ARTICULO PRIMERO: Declarar la Terminación Unilateral del contrato de obra
No. 001 de 2005, suscrito con la Empresa INVERSIONES GALUE E.U., de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Liquídese unilateralmente el contrato de obra pública
No. 001 de 2005, suscrito entre la Universidad de La Guajira y la Empresa
INVERSIONES GALUE E.U., cuyo objeto es la "Construcción de la Sala Máxima
de la Universidad de La Guajira", así:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/02/05
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.015.348.573, 0
RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS: $ 500.059.173,0 por concepto de
Anticipo del 50% mediante comprobante de egreso N° 74774 y orden de pago
17807 del 09/02/05.
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS: 4500.059.173,0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR: O
VALOR QUE SE RECONOCE AL CONTRATISTA: $98.007.356,5
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD: $402.051.816,5., cuyo valor
actualizado asciende a la suma de 518.472.576,8.
VALOR PENDIENTE A RECUPERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD:
QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 CENTAVOS
($518.472.576,80). [...]».
Como fundamento de la anYerior decisión en este documento se expresó que:
5.12.1. Si bien, el Contrato 001 de 2005 no estaba sometido a la Ley 80 de 1993,
si estaba sujeto al estatuto contractual de Uniguajira, el cual le ordenaba terminar
y liquidar los contratos suspendidos por más de 12 meses, en el estado en que
se encuentren. linigúajira agregó que, conforme a su procedimiento interno, una
vez concluida la etapa de liquidación bilateral, era procedente realizar dicha
operación de manera unilateral.
5.12.2. El ente consideró que los términos para adoptar la terminación unilateral
del contrato no eran-perentorios ni preclusivos, y que en este caso debía "darse
aplicación a la causal que dispone que el contrato podrá darse por terminado
unilateralmente cuando tenga problemas de interés público, como lo es el
presente". Al respecto, agregó que:
"[ ... ] este problema surge, en la medida que el objeto contractual no se
llevó a cabo, y los recursos públicos que fueron destinados para su
cumplimiento, le fueron entregados a un particular contratista que los ha
manejado y dispuesto de ellos, sin control alguno, y durante un periodo
tan prolongado de tiempo, afectando su falta de inversión en la
comunidad estudiantil, que finalmente Sería la beneficiaria de la ejecución
de las obras".
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5.12.3. El contratista no tuvo "buena voluntad de devolver estos recursos a la
Entidad pública, para evitar mayores dilaciones" nil demandó "a la Universidad
para proceder a la liquidación por la vía judicial". Además, afirmó que:
"[.1 la Universidad se tomó un periodo dq tiempo considerable en la
resolución de este asunto a la espera de un'os rediseños por parte de la
Universidad Nacional que pudieran lograr la reanudación del contrato,
pero de todas las actuaciones y reuniones qué se adelantaron, se observa
que nunca hubo una posición definitiva por parte del contratista en querer
liquidar con cifras reales el contrato de obra; o en su defecto acudir a la
jurisdicción contenciosa a la liquidación, siendo esta la herramienta que
tenía a su alcance para la terminación y liquidación del contrato".
5.12.4. Que no procedía el reconocimiento del pago por la contratación de mano
de obra y arrendamiento de vehículos "por cuanto desde el momento de la
suscripción del acta de inicio del contrato (15/02/05) hasta su primera
suspensión (12/04/05), solamente transcurrieron 1 mes y 27 días, producto del
cual no se observa la ejecución de ninguna obra al interior de la Universidad, de
la cual se pueda pregonar cualquier actividad para cancelar a favor de los
subcontratistas de la Empresa Galue".
5.12.5. En el balance de prestaciones pendientes y ejecutadas, Uniguajira
únicamente tuvo en cuenta los siguientes valores que, a su juicio, estaban
soportados en los documentos del contrato, que confrontó con lo desembolsado
por concepto de anticipo, con el siguiente resultado
Valor de las pólizas $4.045.507
• Valor del pago de la gaceta $2891200
• Valor de gastos administrativos $22.743.808
• Valor del 50% de acta parcial $3.344.532,5
• Valor utilidad del 8% de costos directos $64.982.309
TOTAL RECONOCIDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $98.007.356,5
El valor anteriormente descrito será de*idntado del valor girado al
contratista, es decir de los $500.059.173, se resta la suma de
$98.007.356,5 para un saldo de $402.051.816,5:
Así las cosas, se actualiza a valor presente dicha suma, la cual a la fecha
asciende a 518.472.576,8, los cuales deberán ser devueltos por el
contratista a órdenes de esta Institución".
5.13. Mediante Resolución núm. 1141 del 28 de julio de 201168, Uniguajira confirmó en
su totalidad lo decidido en Resolución núm. 1763 del 21 de diciembre de 2010. Allí, la
entidad negó la impugnación presentada por la contratistaporque:
5.13.1. Las partes consintieron, en la primera suspensión del contrato adoptada
el 12 de abril de 2005, que las razones para liquidar el contrato fueron "la no
conveniencia de construir una Aula Máxima sino un Auditorio y que generó
problemas desde un principio en el Alma Meter", lo que deriva en la causal de
terminación unilateral del contrato contemplada en el artículo 17, numeral 1, de
66 F. 622-625, c. 2.
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la Ley 80 de 1993. Pár lo tanto, para no desnaturalizar el contrato, y tomando en
cuenta que las partes concordaron sobre lo acontecido, no le asiste razón al
contratista.
5.13.2. El interés de la comunidad universitaria, "como exigencia del servicio
público o del interés público" estaba contemplado en la causal de terminación
unilateral del contrato cuya fuente es la Ley 80 de 1993, por lo que "prima sobre
las causales contenidas en el contrato", y operan frente a "situaciones de hecho
ajenas e involuntarias que afectaron la ejecución" del contrato.
5.13.3. En virtud de lá modificación del proyecto de construir una Sala Máxima a
un Auditorio, conforme a los intereses de la comunidad universitaria, que
implicaría adelantar un nuevo procedimiento de selección y celebrar un nuevo
contrato, no resultaba viable la continuación o reiniciación de la ejecución del
contrato 001 de 2005.
5.13.4. La Universidad agotó toda posibilidad "de acordar la terminación del
contrato por mutuo acuerdo", y el contratista no "reveló su interés" para lograr un
acuerdo, "exhibiendo displicencia e inercia en el asunto". Por tanto, la
Universidad decidió la terminación y liquidación unilateral.
5.13.5. La competenáia para terminar y liquidar el contrato deviene del Estatuto
Contractual de la Universidad, el cual se integra, "por analogía" con "el Código
Contencioso Admini.trativo y la Ley de Contratación Estatal" para garantizar el
debido proceso, y "en procura de la garantía del patrimonio público".
5.13.6. No hay evidencia que acredite la construcción de obras, su entrega y
recibo a satisfacción, ni la aceptación del interventor.
5.14. Finalmente, como prueba de los gastos que —aduce— conforman los perjuicios
causados por el incumplimiento del contrato, la demandante allegó los siguientes
documentos: (i) cuadros de nómina y de gastos elaborados por la misma Empresa
contratista69; (ji) contratos de trabajo celebrados con 1.G.70; (iii) comprobantes de
egres071, facturas72 y contratoS73 de materiales, mano de obra74, subcontratos a todo
costo75, prestación de servicios76, transporte de personas77 y de material78.
VI. ANALISIS DE LA SALA
6.1. La solución a los problemas jurídicos preliminares pendientes: readecuación
del asunto de acuerdo con el régimen jurídico sustancial del contrato
69
E. 275-280, 354 c. 2.
70 F. 281-302, c. 2.
71
E 386, c. 2.
72
E. 355-356, 360-363, c. 2
73 E. 365-366, 377-378, 383-384, 388-389, 395-396, 401-402, 406-408, 412-413 c.2
74 E. 419-421, c. 2
75 F. 429-431, 433-435 c. 2
76 E. 440,444, c. 2.
77 F. 449-451, c.2.
78
E. 459-461, c. 2
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6.1.1. Como se ha expuesto hasta este punto, el extremo accionante formuló la
demanda de controversias contractuales pidiendo, inicialmente, la nulidad del acto
emitido por Uniguajira, que decretó la terminación y liquidación unilateral del contrato
de obra (resolución 1763 del 21 de noviembre de 2010); decisión esta que, supuso,
constituía un acto administrativo, en razón de lo cual planeó los siguientes cargos de
nulidad: (i) notificación incorrecta; (u) vulneración del procedimiento administrativo,
porque se basó en supuestos que no darían lugar a la terminación del contrato y el
contratista no fue convocado antes de que la resolución fuera proferida; y (iii) falsa
motivación, porque la contratista nada tuvo que ver con la inejecución de las obras. No
obstante, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la misma
parte argumentó que los actos: (i) adolecían de incompetencia y (ji) fueron falsamente
motivados, porque los hechos que suscitaron la suspensión contractual sí fueron
superados, contrario a lo expresado por la demandada.
6.1.2. En un escenario como el pergeñado en las actuaciones procesales referidas
anteriormente —cuyo objeto primordial sería la discusión sobre la validez de actos
administrativos— el recurso sometido al conocimiento de la Sala desembocaría en la
confirmación de la sentencia de primera instancia, al encontrar que el apelante formuló
nuevos cargos en contra de los actos censurados, los cuales no habían sido planteados
en la oportunidad destinada para ello, que lo era la presentación de la demanda o de
su reforma. Esta notoria modificación de la causa petendi, por la alteración de los cargos
planteados contra actos administrativos, derivaría en la incongruencia de esta
providencia, con el menoscabo que supone al debido proceso, porque la contraparte no
tendría la oportunidad de controvertir los argumentos planteados en su contra y
presentar pruebas en su defensa79.
6.1.3. Empero, como fue anticipado en este mismo pronunciamiento (aptdo. 3.3), el
presente caso debe juzgarse considerando el régimen sustantivo del negocio jurídico
celebrado, que en este caso es el de derecho privado, por mandato legal. Esta
controversia no gravita así sobre la validez de actos administrativos, con las formas
propias del enjuiciamiento de esta clase de expresiones de voluntad, cuyos contornos
son definidos en consideración al ejercicio de potestades administrativas sometidas al
principio de legalidad90.
En cambio, la discusión fáctica y jurídica debe centrarse en el ejercicio de una facultad
derivada de la autonomía de la voluntad, creadora de derechos y obligaciones,
materializada en un contrato; y en la posible responsabilidad patrimonial derivada del
desenvolvimiento de esa facultad. A este ámbito será pues reconducido este asunto,
con la consiguiente connotación de actos unilaterales de derecho privado81 que tienen
las manifestaciones de voluntad glosadas por la actora. En consecuencia, en este juicio
se analizará si, con sus decisiones unívocas, el ente universitario autónomo demandado
ocasionó daños antijurídicos a la parte actora, que generen la obligación de repararlos.
79 Sobre la prohibición de modificar la causa petendi en segunda instancia; ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de mayo de 2019. Rad.
25000-23-26-000-2010-00730-01(44799) y del 25 de mayo de 2022. Rad. 13001-23-31-000-2003-01468-01
(51496)
80 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Auto
del 11 de mayo de 2020. Rad. 25000-23-36-000-2016-00627-01 (58562).
Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativd. Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 8 de junio de 2018, rad. 25000-23-26-000-1999-01988-01(38120); y del 30 de septiembre de
2019, rad. 66001-23-31-000-2010-00003-01(43036).
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6.1.4. En esa línea, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección82, en armonía
con la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia83, la Sala interpreta la
demanda, en razón a la prevalencia del derecho sustancial, que orienta la función
jurisdicciona184 , por lo que las normas adjetivas deben interpretarse teniendo en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por
la ley85; interpretación que debe realizarse, particularmente, cuando se advierta
'ambigüedad, vaguedad o anfibología, [ ... ] sea por la complejidad del asunto, sea por
cualesquiera falencia o defecto de suficiencia técnica, terminológica o descriptiva",
como ha ocurrido en este proceso, en el que las partes y el a quo han entendido que el
contrato en cuestión se rige por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Baste pues con lo anterior, para dar respuesta a los problemas
jurídicos preliminares no resueltos hasta este punto (aptados. 3.1.2 y 3.1.3).
6.2. Análisis de la responsabilidad por la terminación unilateral del contrato de
obra
6.2.1. Recapitulando el asunto, está demostrado que mediante el Contrato 001 del 26
de 2005, Uniguajira e l.G. pactaron la construcción del aula máxima de la institución
contratante (aptdo. 5.3) a cambio de un precio estimado en $1.015'348.573 (aptdo.
5.3.4); obra que sería ejeóutada en un plazo de 8 meses, contado a partir de la
suscripción del acta de inicio (aptdo. 5.3.3).
En ese negocio jurídico, lás partes estipularon que Uniguajira pagaría, a título de
anticipo, el 50% del precio pactado y que dichos recursos se destinarían,
exclusivamente, a la adquisición de los materiales, la contratación de mano de obra, y
el cubrimiento de anticipos de los subcontratos. La otra mitad de esa suma de dinero
sería pagada con base en cuentas de cobro soportadas con las actas de obra
respectivas, amortizando primero lo equivalente al anticipo, y realizando otra serie de
descuentos (aptdo. 5.3.4).
En el Contrato 001 de 2005se acordó, además, que Uniguajira podía dar por terminada
la relación jurídica, por el incumplimiento de las prestaciones a cargo de I.G., por la
quiebra de esta última, porque la contratista no atendiera las peticiones de la
interventoría o de la propia entidad, por conductas que impidan las labores de la
82 CONSEJO
DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 22 de noviembre de 1991, exp. 6223; del 23 de
2003, exp. 22113; y de 29 de enero de 2009, exp. 15662. Subsección A, sentencias de 10 de marzo de 2011,
exp. 18761; de 26 de agosto de 2015, exp. 53497; de 13 de febrero de 2013, exp. 42248; de 17 de abril de
2013, exp. 42532; de 3 de julio de 2020, exp. 48260; de 9 de abril de 2021, exp. 52028. Subsección 6, sentencias
de29 de enero de 2016, exp. 36245. Subsección c, sentencias de 15 de octubre de 2015, exp. 34952; de 22 de
octubre de 2015, exp. 35736; de 19 de agosto de 2016, exp. 57380; y de del 27 de septiembre de 2016, exp.
46796; y auto de 31 julio de 2020, exp. 62372.
83
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de agosto de 2009, red. 2003-
00318.
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE COLOMBIA. "Articulo 228. La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independiente,:. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalécerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo".
85
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. "Artículo 11. Al interpretarla ley procesal el juez deberá tener en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las
dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el
debido proceso, el derecho de dcfensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales
fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias".
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interventoria, o por no ejecutar oportuna o adecuadamente la obra por causas
imputables al contratista (aptdo. 5.3.7).
6.2.2. Aunque se dieron todos los requisitos para iniciar la ejecución contractual (aptdo.
5.4) y Uniguajira pagó el anticipo en el tiempo y monto pactados (aptdo. 5.5), las partes
decidieron suspender el Contrato 001 de 2005, inicialmente por 120 días, en razón a
circunstancias ajenas a la contratista, como lo eran: (i) el surgimiento de problemas en
la gestión de la institución educativa superior contratante y(ii) la necesidad de actualizar
los diseños de la obra, actualización que fue dejada a cargo de la UN (aptdo. 5.6).
Las partes actuaron de manera consecuente con el último motivo de la suspensión del
Contrato 001 de 2005, al reunirse con funcionarios de la UN, para que presentaran una
propuesta económica y técnica de un diseño pactado, ,pero con mayor capacidad,
reemplazando la Sala Máxima en un Auditorio (aptdo. 5.6.1). En esa medida, se acordó
prorrogar el plazo de la suspensión por cuatro (4) meses, para que la UN llevara a cabo
la labor a la que se comprometió (aptdo. 5.6.2).
6.2.3. Está demostrado que la UN honró su compromiso, son la entrega de la propuesta
arquitectónica y técnica solicitada (aptdo. 5.7). No obstante, las partes decidieron
suspender el contrato "indefinidamente" porque, según lo afirmaon, las razones
primigenias de la suspensión no habían sido superadas. Concretamente, manifestaron
que la UN no había presentado aún los estudios y diseño, del auditorio (aptdo. 5.8).
6.2.4. Uniguajira no realizó, sin embargo, gestiones encaminadas a solventar las
circunstancias que dieron lugar a la suspensión contractual, pues no definió las
especificaciones del diseño que, en concreto, realizaría la UN, ni contrató su
elaboración; gestiones estas sobre las cuales l.G. solicitó reiteradamente información,
sin recibir respuesta alguna de Uniguajira, al punto que, sibien inicialmente la Empresa
tuvo la intención de reiniciar labores (aptados. 5.9 a 5.9.5), posteriormente coincidió con
la Universidad en que el Contrato 001 de 2005 debía cúlminar de mutuo acuerdo, y
mediante un acta en que las partes de forma incipiente mencionan que `lo más viable`
era extinguir bilateralmente el negocio, el particular se:comprometió a facilitar un
proyecto de acta de terminación y liquidación bilateral (aptdo. 5.10).
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre los términos de la liquidación del
Contrato 001 de 2005, Uniguajira decidió terminarlo y liquidarlo unilateralmente. Para
ello, inició un procedimiento interno (aptdo. 5.11. a 5.11.2.2) que culminó con la
Resolución 1763 de 2010, en la que, a modo de fundamento de su decisión unilateral,
Uniguajira tomó en consideración que, pese a no regirse por la Ley 80 de 1993, la
terminación y liquidación unilateral tenían lugar, de acuerdo con el estatuto interno de
contratación (artículos 25 y 27 del Acuerdo 022 de 2001), pese a que este último no fue
incorporado al régimen del Contrato 001 de 2005, pues el. contratista no manifestó su
voluntad de plegarse a su contenido.
Así, fundada en las anteriores razones, Uniguajira realizó un balance de las
prestaciones que —en su parecer— habían sido ejecutadas por las partes del Contrato
001 de 2005 y, con base en el corte de cuentas a que daba lugar ese balance, concluyó
66 Es decir, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Léngua: "Que, por sus circunstancias,
tiene probabilidades de poderse llevar a cabo." (En página web: https://dle.rae ,es/vible?m4orrn)
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que, de los $500.059.173 que Uniguajira le había entregado a l.G. a titulo de anticipo,
esta debía reembolsarle a aquella $402.051.816,50, indexados (aptados. 5.12 a
5.12.5).
La decisión contenida en la Resolución 1763 de 2010 fue ratificada, en su integridad,
mediante la Resolución 1141 de 2011 (aptdo. 5.13.), al no aceptar los argumentos de
impugnación de la contratista (aptdo. 5.13.1 a 5.13.6.).
6.2.5. Pues bien, en el anterior acto de terminación contractual, las razones esbozadas
por Uniguajira no son acertadas, debido a que: (i) los diseños y especificaciones
técnicas de la edificación no fueron entregados, porque Uniguajira no realizó las
gestiones para ello necesarias; (u) la decisión de terminar y liquidar unilateralmente el
Contrato 001 de 2005 no corresponde con las causales plasmadas expresamente en el
negocio jurídico; y (iii) los reglamentos internos de Uniguajira fungieron como
fundamento del desenlace- contractual, pese a que aquellos no formaban parte de la
relación jurídica trabada entre Uniguajira y la Empresa.
Con todo, el desacierto en'el razonar de Uniguajira no genera las consecuencias que
conllevaría si se tratara de un acto reglado, como lo sería aquel en el que se ejerce una
potestad de la Administración, que, a diferencia de los particulares, tiene una sujeción
positiva —y no únicamente negativa— a Derecho87. Así, mientras en el juicio sobre la
validez del acto administrativo debe verificarse que su voluntad sea una materialización
rigurosa de la ley, en un juicio de una conducta desplegada en el marco de la autonomía
de la voluntad, el reprochelurídico se limita a constatar que el sujeto no haya incurrido
en una prohibición.
6.2.5.1. Existe un relativo consenso actual en la jurisprudencia civilista88 y
administrativa89 en reconocer que el pacto, la regulación y el ejercicio de facultades
unilaterales en cabeza de uno de los extremos de una relación jurídica y, en particular
la terminación del contrato, no es incompatible ni ajena a la contratación privada,
regulada por los Códigos Civil y de Comercio. Por el contrario, es común que, en el
tráfico económico, y en el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad, las partes,
en procura de adaptar y flexibilizar el pacto de acuerdo con sus necesidades, incluyan
cláusulas que consagren tales facultades unilaterales.
Estas facultades o su ejercicio no se consideran así, disconformes con el ordenamiento
jurídico por si mismas. El juez del contrato es quien está llamado a intervenir para
resolver sobre la invalidez de lo pactado o de un ejercicio abusivo o contrario a los
mandatos de la buena fe, 'con la consecuente reparación de los daños antijurídicos
ocasionados a la parte afectada.
87 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. "Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones".
88
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia de¡ 18 de diciembre de 2001 Rad.
68001 3103001 2001 0038901.
89
Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de¡ 30 de agosto de 2011. Rad.
11001-3103-012-1999-0195701 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de agosto de 2016. Rad. 19001-23-31-000-2007-00147-01 (41783);
Sala Especial de Decisión núm. 26. Sentencia del 18 de diciembre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-01715-
00.
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6.2.5.2. Aparte, en múltiples tipos contractuales, el derechQ privado regula la resolución
unilateral del contrato, en razón a la relevancia que la confianza o el interés de una de
las partes tenga para la conservación o aniquilación del negocio jurídico90. Justamente
uno de estos eventos de recisión unilateral se aplica en los contratos de confección de
obra material, de acuerdo con el inciso segundo del artículp 2056 del Código Civil, que
se subraya a continuación:
"Habrá lugar a reclamación de perjuicios, según las reglas generales de los
contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo
convenido, o se haya retardado su ejecución.
Por consiquiente, el que encarqó la obra, aún en el caso de haberse estipulado
un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice
todos los costos, y dándole lo que valqa el trabajo hecho, y lo que hubiera podido
qanaren la obra". (Se subraya)
La jurisprudencia, a su vez, ha precisado que esta facultád no parte necesariamente
del incumplimiento del constructor, sino que se trata "de una facultad que asiste al que
encargó la obra"91, la cual surge, precisamente, del interés que este tiene en la
confección y conclusión de los trabajos. Con todo, esta norma prevé que la extinción
del negocio por el dueño de la obra exige, de su parte, el pago de lo laborado, así como
de los costos asumidos y de la utilidad que el constructor esperaba percibir.
6.2.5.3. Pues bien, de acuerdo con el contenido de la "resolución" de terminación y
liquidación unilateral, Uniguajira obró con apego a la fácultad legal de terminación
unilateral comentada, ya que, lejos de desconocer los derechos subjetivos del particular
—lo que proscribe el artículo 2056 del Código Civil— en este acto, la institución si
reconoció los rubros que debía asumir para terminar Id relación jurídica existente,
aplicando igualmente la compensación de créditos que opera por ministerio de la ley92-
93, hasta la concurrencia de la obligación contractual de cuantía menor subsistiendo la
de mayor monto en lo que le fuere excedente.
Así, de acuerdo con lo probado en este proceso, el ahticipo desembolsado y no
amortizado, que en vista de la frustración de la obra no ápalancó su financiamiento,
como lo previeron las partes en la cláusula respectiva (aptdo. 5.3.4), era una suma que
debía ser restituida por la contratista a Uniguajira, sin que esta restitución se hubiera
acreditado en este proceso. De esta manera, la propia institución redujo del porcentaje
90
"[ ... ] tratándose de ciertos negocios jurídicos en los que —de ordinario- la confianza constituye soporte medular
de la relación jurídica, como sucede en el seguro o en el mandato, entre varios, el legislador —directa o
indirectamente- ha posibilitado que las partes, o alguna de ellas, en desarrollo de los lineamientos que signan
la autonomía privada, particularmente del 'poder potestativo' conferido, fulminen el contrato, consagrándose así
una forma particular de extinguir —o de hacer cesar- anticipadamente el vínculo contractual (revocación;
distracto o desistimiento unilateral; receso, etc.), lo que se traduce en elocuente excepción o quiebre a la
arraigada regla de la fidelidad contractual, objeto de comentario anterior, en la medida en que, para el logro del
prenotado fin, es suficiente la declaración o exteriorización de voluntad del contratante que hace uso de ese
singular derecho, en orden a que el contrato, por consiguiente, no despliegue efectos jurídicos para el porvenir
('negocio abolitivo'), dado que se trata, per se, de negocios de duración.": CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2001. Rad. 6230.
91 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de noviembre de 1997. Exp. 4912.
92 CÓDIGO CIVIL. "Articulo 1715. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin
conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus
valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: [.]".
93 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 28 de junio de 2019. Rad. 25000-23-26-000-2008-00063-02(44935).
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del precio pagado los costos asumidos por el contratista94, así como los costos de lo
ejecutado según el acta parcial de obra allí reconocida95 y la utilidad respectiva, de
acuerdo con los términos de la oferta de la Empresa (aptdo. 5.11.5.).
Esta conclusión no varia siquiera teniendo en cuenta los documentos con los cuales la
parte actora pretendió probar los costos asumidos en la obra (aptdo. 5.14.), debido a
que estos no demuestran que la demandada haya errado en sus cálculos. Tampoco
exhiben que los dineros relacionados por la misma demandante, o que constan en los
contratos celebrados por esta, hayan sido realmente desembolsados, o si dichas
operaciones se hicieron con recursos de la contratista o perteneciesen a las inversiones
comprometidas con el anticipo; ni que todo ello fuese destinado a la construcción
efectuada al momento de la,terminación y no hayan sido reconocidos por Uniguajira,
debiendo serlo.
Por lo tanto, el problema jurídico atinente al incumplimiento contractual de la
demandada (aptdo. 3.2.) es respondido de forma negativa. Aunque no coincida en los
razonamientos de la primera instancia, esta Colegiatura arriba a una conclusión idéntica
basada, como corresponde, en el ordenamiento jurídico privado que rigió el contrato de
obra analizado, de suerte que el fallo apelado será confirmado.
VII. LA CONDENA EN COSTAS
Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación96 del
25 de junio de 2014, la Ley 1563 de 2012 (Código General del Proceso, "CGP") rige
para la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 10 de enero de 2014, fecha
anterior a la presentación del recurso (aptdo. 2.4), por lo que serán sus reglas las que
rijan la condena en costas.
Según el CGP, la condena en costas procede contra la "la parte vencida ene/proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (CGP, artículo 365 núm. 1). Sin
embargo, también señala que "[sJolo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación" (ejusdem, núm. 8).
Comoquiera que la entidad demandada no intervino en segunda instancia, la Sala se
abstendrá de condenar en costas a su favor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el veintinueve (29) de junio de dos mil
14
Pago de pólizas, publicación y gastos administrativos.
No aportada al expediente.
Rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).
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Demandante: Invérsiones Galue E.U.
diecisiete (2017), por el Tribunal Administrativo de la Guajira, por las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas por no ser procedente.
CUARTO: Una vez en firme esta providencia, DEVOLVER al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese y Cúm: ase
LLL
GUILLERMO SANC Z LUQUE JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
..Ma. s rado Magistrado
Aclaro voto
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