Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-703-2013-00021-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Falta de legitimidad en la causa: de hecho y material- distinción-
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-703-2013-00021-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-703-2013-00021-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)
Demandante: Municipio de Santiago de Cali
Demandado: Nación- Ministerio de Transporte y Ministerio de Trabajo
Proceso: Reparación Directa
FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA – de hecho y material- distinción-
NEGACIONES INDEFINIDAS -noción y alcance-; DEBER DE COLABORACIÓN – frente
al juez en la práctica de pruebas- art. 71 CPC-DEBERES DE LAS SOCIEDADES
FIDUCIARIAS– alcance-– LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA- prueba-.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, contra la sentencia del 30 de noviembre de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C “Mixta” que negó las
pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El municipio de Santiago de Cali acudió ante la jurisdicción, con el objeto de
que se declare la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerios de
Trabajo y de Transporte, por el presunto detrimento patrimonial ocasionado,
como producto de las conductas ilícitas, llevadas a cabo por representantes y
funcionarios de dichas entidades demandadas, en el marco del escándalo de
corrupción de Foncolpuertos, mismas conductas que fueron objeto de condenas
penales.
Según la demanda, los funcionarios y abogados de Foncolpuertos, en ejercicio
de sus funciones, falsificaron conciliaciones judiciales, que sirvieron de sustento
para adelantar procesos ejecutivos. Estas conciliaciones fraudulentas serían el
activo subyacente en los negocios fiduciarios celebrados entre Fidupacífico S.A.
y los representantes de los trabajadores de la Empresa de Puertos de
Colombia. Posteriormente, estos derechos fiduciarios fueron adquiridos por el
Fondo Financiero Especializado del municipio de Santiago de Cali «Bancali».
Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)
Demandante Municipio de Santiago de Cali
Demandado: Nación- Ministerio de Transporte y
Ministerio de Trabajo
proceso: Reparación directa
ANTECEDENTES
La demanda
El 29 de febrero de 20121, por intermedio de apoderado judicial, el municipio de
Santiago de Cali interpuso demanda de reparación directa contra la Nación-
Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, en los siguientes términos.
(…) 1. Declarar administrativamente y extracontractualmente
responsables a LA NACIÓN (Ministerio de Transporte y Ministerio de
Trabajo) de los perjuicios causados al demandante con motivo de las
actuaciones realizadas por los Abogados representantes de
FONCOLPUERTOS y los Inspectores de trabajo, adscritos al Ministerio de
Transporte y de Trabajo, respectivamente; a las que agrega la falta de una
adecuada coordinación con otras Entidades del Estado, todo lo cual
permitió la negociación efectuada entre el GRUPO PACÍFICO y EL
FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO del Municipio de Santiago de
Cali (hoy liquidado) en diciembre de 1998, concluyendo con el desfalco de
trece mil cincuenta y dos millones doscientos mil ochocientos treinta mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos ($13.052.230.859).
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la
NACIÓN representada en las autoridades demandadas a indemnizar los
perjuicios ocasionados a la parte actora, en la cuantía que se demuestre
en el proceso (…)
5, Se condene al demandante a pagar, como pretensión principal, la
suma equivalente al valor estimado y su correspondiente indexación hasta
la fecha en que se efectúa su pago, de los Contratos Fiduciarios N°:
FA30090, FA-30091, FA-30094, FA-30096, FA30105, FA-30107,
adquiridos por el Municipio de Cali, cuyo activo subyacente fueron las
Actas de conciliación N°2588,2395,1734,1729,1740 y 2586, documentos
que ya han sido objeto de investigación por parte de las autoridades
correspondientes, decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada con las
sentencias de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 3 de
diciembre de 2009, bajo el radicado 32763 y 27 de enero de 2010, con
radicado 31.448.(…)
6. De no ser acogida la pretensión principal, subsidiariamente solicito, se
condene a la parte demandada a pagar la suma equivalente e indexada de
los valores contenidos en las Actas de Conciliación N°2588, 2395, 1734,
1729, 1740 y 2586, que fueron parte de la negociación con el municipio de
Cali, toda vez que dichos documentos ya han sido objeto de investigación
y existen condenas en firme contra los funcionarios del Estado- Ministerio
de Transporte y Ministerio de Trabajo- y han hecho tránsito a cosa juzgada
con las decisiones proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.(…)”
1 Ff. 11- 46 C.1.
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Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)
Demandante Municipio de Santiago de Cali
Demandado: Nación- Ministerio de Transporte y
Ministerio de Trabajo
proceso: Reparación directa
Como fundamento de hecho de las anteriores pretensiones, se expuso que
mediante la Ley 1 de 1991 se ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia (Colpuertos) y se otorgó facultades especiales al presidente de la
república, para crear un fondo cuyo objeto era atender el pago de acreencias
laborales y sentencias a cargo de Colpuertos. Así, se creó el Fondo Pasivo Social
de Puertos de Colombia – ahora Foncolpuertos- por Decreto 36 de 1992. La
liquidación de Foncolpuertos se reguló por el Decreto 1689 de 1997, que dispuso
su liquidación para el 31 de diciembre de 1998, después de lo cual, los pagos
laborales atribuibles a dicho fondo serían asumidos por el entonces Ministerio de
Trabajo y de la Seguridad Social, los no laborales «estarían sujetos a los recursos
presupuestales y de caja entregados por el Ministerio de hacienda y Crédito
Público», según lo dispuesto por el Decreto 1982 de 1997.
Se explicó que en un plan criminal ideado y ejecutado para defraudar a la Nación,
a través de la liquidación de la Empresa de Puertos de Colombia, se iniciaron
diferentes procesos ejecutivos fraudulentos, con base en actas de conciliación
falsas o de mandamientos de pago ilícitos. Algunos de los anteriores derechos
crediticios, fueron objeto de negociación con Corfipacífico S.A., a través de
contratos de fiducia mercantil.
El 21 de octubre de 1998, la Junta Directiva de «Bancali» (Fondo Financiero
Especializado del municipio de Santiago de Cali), mediante Acta 25 autorizó al su
gerente, el señor David Toledo Esquenazzi, para que explorase la viabilidad de
adquirir unos títulos financieros, a través de entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, en desarrollo de un proceso de titulación donde el
activo estaba representado con actas de conciliación y mandamientos de pago, a
favor de extrabajadores de la empresa Puertos de Colombia, presuntamente
calificados con riesgo cero.
Señaló la demanda, que la Fiduciaria del Pacífico - ahora Fidupacifico- suscribió
con los ex trabajadores de Puertos de Colombia, contratos de fiducia mercantil y
de encargo fiduciario, por los cuales se encomendó a esta, la venta de los
derechos fiduciarios del patrimonio autónomo creado. Fueron ocho fideicomisos
por un monto de $7.316’035.589,48 millones de pesos, siendo los antiguos
empleados de la empresa Puertos de Colombia fideicomitentes y beneficiarios, los
exempleados y sus abogados.
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Demandante Municipio de Santiago de Cali
Demandado: Nación- Ministerio de Transporte y
Ministerio de Trabajo
proceso: Reparación directa
El 28 de diciembre de 1998, el señor David Toledo Esquenazzi en calidad de
Gerente de Bancali, aceptó la oferta comercial hecha por Corfipacífico S.A. para la
adquisición del cien por ciento (100%) de los derechos contenidos, en los
mencionados contratos fiduciarios. El 29 de diciembre de 1998, el señor Toledo
Esquenazzi solicitó al Banco de Occidente, mediante Oficios 4278-98, 4282-
98,4280-98, debitar de la cuenta N°019-05121-8 a nombre del Fondo Financiero
Especializado de Cali -y acreditar mediante el sistema SEBRA- la suma de
$1.000.000.000 a CORFIPACÍFICO y $12.052.230.589 a Fidupacífico SA. Se
adujo en la demanda, que, hasta el momento de su interposición, el municipio de
Santiago de Cali no ha recuperado esa inversión. En efecto, se advirtió que,
producto de las investigaciones penales adelantadas por las irregularidades en la
expedición de algunas de las referidas actas de conciliación y mandamientos de
pago, el Estado se negó al pago de las acreencias laborales en favor de los
trabajadores de Puertos de Colombia.
En este punto se refirió a la Resolución 001 del 31 de mayo de 2000, del Grupo
Interno de Trabajo del Ministerio de Protección Social, la cual excluyó del orden
secuencial de pagos, varias de las actas de conciliación que servían de título
subyacente a los contratos de fiducia mercantil mencionados.
Indicó que, como resultado de los anteriores hechos los señores Álvaro José
Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Garcés – propietarios del Grupo Pacífico-, fueron
condenados como determinadores del delito de peculado por apropiación.
Igualmente, fue condenado el señor David Toledo Esquenazzi, quien para la
época de los hechos se desempeñaba como gerente del Fondo Financiero
Especializado de Cali y Carlos Alberto Correa Cadavid - vicepresidente ejecutivo
de Corfipacífico S.A.- condenados como determinadores del delito de peculado
por apropiación-.
En el escrito introductorio, se insistió en que, el «hecho central de la demanda», lo
constituyen las sentencias condenatorias que se profirieron contra los abogados
de Foncolpuertos -los señores Fredy Miguel Gonzáles Muñoz, Jurys Enrique
Pérez Pacheco- y contra el inspector de trabajo de Atlántico, el señor José Abello
Martínez, las cuales denotan las falsedades documentales en que incurrieron los
mencionados; en la elaboración de las Actas de Conciliación N°2588, 2395, 1734,
1729, 1740 y 2586. Se precisó que, las mencionadas actas pertenecen al activo
subyacente de los contratos fiduciarios que fueron adquiridos por el entonces
4
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Demandante Municipio de Santiago de Cali
Demandado: Nación- Ministerio de Transporte y
Ministerio de Trabajo
proceso: Reparación directa
F.F.E. de Cali, en representación del municipio de Santiago de Cali, al Grupo
Pacífico, y sirvieron para defraudar el patrimonio del municipio.
Contestaciones de la demanda
1. De la Nación -Ministerio de Transporte
Por intermedio de apoderado judicial2, se opuso a la prosperidad de la demanda,
expresó que, a pesar, de las graves conductas -objeto de sanción penal-
realizadas por los entonces funcionarios públicos de la entidad, no resulta
procedente imputarle responsabilidad patrimonial. Aseveró, que el marco jurídico
que rige el ministerio no permite establecer ninguna relación de causalidad con los
hechos objeto de la demanda. Como excepciones de mérito, elevó la falta de
legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de la obligación de
responsabilidad patrimonial.
2. De la Nación- Ministerio del Trabajo.
Allegó contestación de la demanda dirigida al presente proceso3; sin embargo, los
razonamientos expuestos recayeron, sobre hechos relativos, a una controversia
de carácter laboral, sin relación alguna con las circunstancias expuestas en la
demanda de la referencia.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección Mixta «C» por sentencia del 30 de
noviembre de 20174, denegó las pretensiones de la demanda. Identificó que el
litigio se circunscribe a determinar si la Nación, representada por los Ministerios de
Trabajo y Transporte, resultaba responsable patrimonialmente por el desfalco
sufrido por el municipio de Santiago de Cali, al resultar afectado por el no pago de
unas acreencias laborales, cuyos títulos presentaban falsedad5. Comprendió que
en la demanda se reclamó la responsabilidad que se deriva de «la omisión
jurídica» en que incurrieron los abogados representantes de Foncolpuertos y los
inspectores de trabajo, así como, por la realización de fraudulentas actas de
2 Ff. 82-356 C.1.
3 Ff. 100-108 C.1. y 122-130 C.1.
4 Ff.212- 226 C.P
5 Fundamento jurídico 6.3
5
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Demandante Municipio de Santiago de Cali
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conciliación, presuntamente celebradas en el año 19936.
En relación con los presupuestos procesales, se estimó que la acción no fue
objeto de caducidad, en la medida que los hechos dañinos, pese a predicarse de
eventos observados en el año 1993, solo fueron objeto de sentencias
condenatorias penales, hasta los años 2006, 2009 y 2010, decisiones que dan
cuenta de las conductas fraudulentas reprochadas en la demanda. Previsto lo
anterior, y apreciado que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el
cómputo de la caducidad, entre el 18 de noviembre de 2011 y el 14 de febrero de
2012, se concluyó que la demanda se interpuso de forma oportuna el 29 de
febrero de 2012.
En relación con la falta de legitimación en la causa alegada por las demandadas,
se refirió al marco jurídico de dichas entidades y estimó que las mismas estaban
en el deber de soportar la responsabilidad que se derivara de los hechos alegados
en la demanda. Planteamiento que adoptó, al considerar que las entidades
accionadas tienen los deberes de vigilancia, orientación y coordinación,
planificación, evaluación y buen cumplimiento de las funciones a cargo de su
sector.
En relación con el caso concreto, la Sala precisó que su análisis se circunscribió a
las conductas del Ministerio de Trabajo- Ministerio de Transporte y el municipio de
Santiago de Cali, por lo cual excluyó del análisis «(…) las conductas aducidas en
cuanto a las actas de conciliación, contratos fiduciarios y mandamientos de pago
(…)», al tener que existen pronunciamientos penales ejecutoriados, sobre dichas
conductas. Posteriormente, adujo que el régimen de responsabilidad aplicable al
caso se trataba de la responsabilidad administrativa extracontractual por falla en el
servicio.
Más adelante, el a quo anotó que, a pesar de acreditarse la falsificación de las
actas de conciliación, celebradas los días 27, 29 y 30 de diciembre de 1992, y que
los condenados penalmente cometieron dichas conductas en función de sus
cargos, con la finalidad de defraudar el patrimonio del Estado, no se probó la
pérdida de los recursos por parte del municipio de Cali.
A juicio de la Sala, no se acreditaron las circunstancias alrededor de la
6 Fundamento jurídico 6.4
6
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Demandante Municipio de Santiago de Cali
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negociación de los contratos fiduciarios, cuyo activo eran las actas de
conciliaciones y mandamientos de pago objeto de las conductas penales, ni se
probó que ese negocio constituyera un detrimento patrimonial para el municipio.
Sin que, para el efecto, la oferta de Fidupacífico y la aceptación comercial de
«Bancali», tuvieran el mérito probatorio suficiente para acreditar las causas por las
cuales fueron esquilados los recursos del municipio de Santiago de Cali, ni el
efectivo desembolso de los recursos. Consideraciones que le sirvieron a la Sala de
primera instancia, para concluir que en el caso no se acreditó el daño, ni la falla
del servicio y, por el contrario, sí se demostró la ausencia de nexo causal entre el
hecho referido por el demandante y la supuesta consecuencia del mismo.
Recurso de apelación
Contra la anterior decisión, la parte demandante elevó recurso de apelación7, en el
cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda. Adujo que, en el caso concreto, el
Tribunal se separó del problema jurídico planteado en la demanda, y omitió la
valoración del material probatorio obrante en el plenario.
En el recurso, la parte actora presentó un nuevo recuento fáctico donde, además
de los hechos relatados en la demanda, expuso que tanto Fidupacífico S.A. como
Corfipacífico entraron en insolvencia, razón por la cual no fue posible retornar a
«Bancali» el dinero que dicha entidad les entregó.
Precisó que la demanda persiguió la declaratoria de responsabilidad de las
entidades, por falla o culpa in vigilando, que se derivó de la conducta de los
funcionarios de las demandadas, por los hechos que configuraron los delitos y
condenas penales.
Asimismo, adujo que el a quo, al concluir que el demandante no acreditó que los
recursos invertidos no fueron objeto de desembolso, por parte del municipio,
pretermitió lo aducido en la demanda en relación con la Resolución No. 001 del 31
de mayo de 2000, del Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. De igual
forma, adujo que la decisión desconoció los esfuerzos de la parte actora por
establecer probatoriamente, las razones por las cuales los títulos que adquirió no
fueron pagados. Al respecto, expuso que se elevaron solicitudes a varios
7 Ff.269-292 C.P.
7
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despachos judiciales, para obtener copia de los expedientes que dan cuenta de
los hechos de corrupción del escándalo de Foncolpuertos, sin que estos brindaran
información por la pérdida de los mismos.
De igual manera, consideró que la decisión desconoció el valor probatorio de los
hechos y afirmaciones indefinidas, por concluir, que a las demandadas no les
correspondía acreditar que reembolsaron al ente territorial demandante, los
dineros invertidos en los títulos fiduciarios.
Arguyó, que la demandante aportó pruebas que dan cuenta de las sentencias
condenatorias proferidas contra los señores Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge
Alberto Lloreda Garcés- propietarios del grupo pacífico-, quienes fueron
condenados por el delito de peculado por apropiación. Expuso que el tribunal
desconoció estas sentencias, así como, las proferidas contra los apoderados del
Foncolpuertos, el Inspector de Trabajo de Atlántico, y el dictamen pericial
practicado, en la primera instancia Insistió en el principio de «unidad funcional del
poder» (artículo 113 C.P.) para sugerir que una actuación oportuna de las
demandadas no habría creado falsas expectativas financieras, que más tarde se
concretarían en los derechos de crédito defraudados. Ello al estimarse que el
municipio de Santiago de Cali, amparado por los principios de buena fe y
legalidad, adquirió derechos de crédito que estaban calificados en cero, sin tener
la capacidad u obligación de conocer sus irregularidades.
Por último, refirió que las entidades deben responder de forma solidaria por las
falencias de sus representantes, de quienes se acreditó que actuaron con dolo, en
el ejercicio de sus funciones, al evidenciarse que su actuar criminal llevó a la
adquisición de créditos irregulares al Fondo Financiero Especializado de Santiago
de Cali. Además, sugirió que, de considerarse insuficientes las pruebas, existiría
una violación del principio de oficiosidad probatoria, en el entendido de que el
juzgador tenía las atribuciones para decretar de oficio aquellas que lo llevaran al
convencimiento de los hechos acaecidos.
.
Trámite en la segunda instancia
El 2 de febrero de 2018, el tribunal concedió el recurso de apelación8y el 6 de julio
8 Ff. 293-294 CP.
8
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de 2018, el despacho lo admitió9. Por auto del 5 de octubre de 2018, el despacho
corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia10. El consejero
Nicolás Yepes Corrales11, se declaró impedido para conocer y decidir el proceso,
al haber rendido concepto en el caso de la referencia, cuando tuvo la calidad de
Procurador Primero Delegado, el cual se declaró fundado por la Sala12.
Por auto del 24 de junio de 202413, frente a la necesidad de contar elementos, con
los cuales pudiera determinarse lo relativo a la naturaleza, posterior liquidación y
extinción del Fondo Financiero Especializado del municipio de Santiago de Cali
«Bancali», se ofició a la demandante, distrito de Santiago de Cali, para que
allegara a este proceso, documentos con los cuales apreciar dichos hechos. Por
memorial arrimado el 6 de noviembre de 202414, la Asesora del Departamento
Administrativo de Gestión Jurídica Pública de Cali allegó copia de los acuerdos 01
del 9 mayo de 1996 y 70 del 19 de diciembre de 2000 del Consejo de Santiago de
Cali y del Decreto Extraordinario No. 203 del 16 de marzo de 2001.
Examinados los anteriores documentos, el despacho advirtió que no daban cuenta
de las disposiciones de liquidación y extinción del Fondo Financiero Especializado
del Distrito de Santiago de Cali «BANCALI», por lo cual, por auto del 27 de enero
de 202515, reiteró el requerimiento, a la parte demandante, a fin de que aportara
documentos que sirvieran para constatar, estos eventos. En virtud de ello, la
Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, por Oficio
del 6 de marzo de 200616, allegó los acuerdos del Consejo de Cali17 y decreto
municipal18 que rigieron el proceso de supresión y liquidación del Fondo
Financiero de Santiago de Cali; y el Director del Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional, remitió por Oficio del 19 de febrero de 202519
(radicado el 10 de marzo de 2025), los documentos que reposaban en dicha
dependencia, relacionados con el Fondo Especializado Financiero del municipio
de Santiago de Cali.
9 Folio 298 Ib.
10 Folio 304 CP
11 SAMAI índice 00025.
12 SAMAI índice 0028
13 SAMAI índice 00033
14 SAMAI índice 00047
15 SAMAI índice 00066
16 SAMAI índice 00075 y 00076
17 Acuerdo No. 123 de 2004, el Acuerdo No. 0154 de 2005, el Acuerdo No. 0181 de 2006, Acuerdo No. 0208
de 2007 y el Acuerdo No. 0235 de 2008.
18 Decreto No. 0473 del 30 de agosto de 2004
19 SAMAI índice 00080
9
Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)
Demandante Municipio de Santiago de Cali
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Alegatos de conclusión dentro del trámite de segunda instancia
La parte demandante, municipio de Santiago de Cali reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Por su parte, el Ministerio del Trabajo y el
Ministerio de Transporte solicitaron que se confirmara la sentencia de primera
instancia.
Concepto del Ministerio Público
Por su parte, la Procuraduría Primera Delegada conceptuó que en el presente
asunto debía confirmarse la decisión de primera instancia, al no aportarse al
plenario soportes que den cuenta del desembolso de recursos, por parte del
municipio de Santiago de Cali, que acrediten la pérdida de recursos propios.
Asimismo, reconoció que, a pesar de que la sentencia del 7 de julio de 2009 se
condenó por peculado por apropiación, a los propietarios del Grupo Pacífico, la
persona que comprometió los recursos del municipio de Santiago de Cali, fue el
representante legal del Fondo Financiero Especializado de Cali. Al respecto,
estimo que el fondo (…) asumió por cuenta el riesgo de la inversión, ello aunado a
su experiencia en el mercado (…), por lo cual, la entidad demandante, en el
presente asunto, adujo su propia culpa. Al margen de lo anterior, consideró que,
las demandadas en la negociación de los derechos fiduciarios no tenían obligación
alguna de vigilancia y control, por ende, su responsabilidad tampoco podía
derivarse de las omisiones, en dicho sentido.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 29 de febrero de 2012; por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se rigen por la ley vigente al momento de esas
actuaciones.
2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) –que empezó a regir
10
Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)
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desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las
demandas y procesos que se encontraran en curso a la fecha de su entrada en
vigor, seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior,
esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los
aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil (en adelante,
CPC) en lo compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuando se
demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una
entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1 de la
Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia
para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación
es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2
del CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el
artículo 132.6 del CCA, esto es, $283.350.00020.
Acción procedente
4. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal
distinta a un contrato estatal o un acto administrativo21, cuya legalidad no se
cuestiona. En este caso, por reclamarse el daño derivado de las «falta de
coordinación» y omisiones en la vigilancia de funcionarios y agentes de las
demandadas así como, la conducta de estos que derivó en las conductas
penales, con las cuales presuntamente se defraudaron los recursos del municipio
de Santiago de Cali, la acción de reparación directa resulta procedente.
2020 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.7000, por 500.
21 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos cuya legalidad no se encuentra demandada. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento
jurídico 3].
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Radicación: 080012331703201300021-01 (61.152)
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Demanda en tiempo
5. De acuerdo con el artículo 136.8 del CCA, se cuenta con un término de
«(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquier otra causa (…). Por otro lado, la corporación ha reconocido que en
aquellas circunstancias en donde no sea posible conocer del daño, el inicio del
cómputo de este puede tener lugar desde que el mismo se hace evidente22.
6. Teniendo en cuenta que, en la demanda, se identificó como hecho
generador del daño las conductas penales, en las que incurrieron los agentes del
Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo, al conformar quienes
incurrieron en conductas sancionadas penalmente, con el objetivo de defraudar el
patrimonio público del Municipio de Santiago de Cali, se tiene que las mismas se
hicieron evidentes cuando resultaron ejecutoriadas las sentencias penales
condenatorias, que recayeron sobre los integrantes del referido grupo criminal.
En este sentido, pese a que en el plenario no se aportaron las constancias de
ejecutoria de las providencias allegadas, la sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal, el 27 de enero de 2010 proceso 31448, que casó parcialmente la
sentencia frente a los señores Freddy Miguel Gonzáles Muñoz y José Abello
Martínez23, fue la última decisión que se profirió – en relación con los integrantes
de la empresa criminal cuyas sentencias condenatorias se aportaron-.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
19 de junio de 2020, expediente 55.394, Se precisó sobre el cómputo del término de caducidad: «(…) Como
acaba de verse, en casos como este el conteo de la caducidad empieza a correr desde el momento en
que los daños se hicieron evidentes para los demandantes, sin que en dicho análisis influya la
agravación del daño o la extensión de sus efectos, eventos estos últimos que no tienen la virtualidad
de modificar, en manera alguna, el punto de partida ya señalado para computar la caducidad. En otro
caso similar, la Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que la caducidad inició a correr a partir de la
consolidación del daño, cuando los residentes del edificio conocieron de los deterioros que venían
presentando sus apartamentos, a lo cual agregó, enfáticamente, que la agravación del daño después de su
concreción no significa que se trate de un daño continuado, ni tampoco implica que el término de caducidad
se prolongue de manera indefinida(…) »
(...) Es claro que de tiempo atrás se ha dicho que la agravación del daño o la extensión de sus efectos
no pueden constituirse en parámetros iniciales para contar el término de caducidad, pues no implican
que el cómputo de ese lapso extintivo se prolongue, tesis que se ha mantenido vigente, al punto de que
recientemente esta Subsección, en diversos pronunciamientos, ha señalado que el artículo 136.8 del Código
Contencioso Administrativo -norma que regula lo concerniente a la caducidad en las acciones de reparación
directa- no establece que el cómputo de la caducidad empiece a correr cuando los efectos del daño se
terminan por completo (...)” ( negrilla y subrayado por fuera del original)
23 Ff. 229-250C. pruebas
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Así, la Sala tendrá, como punto de partida para el cómputo de la caducidad de la
acción, la fecha en que la referida decisión de carácter penal fue adoptada. De
este modo, se tiene que la demanda se interpuso oportunamente el 29 de febrero
de 2012. Ello al valorarse que el cómputo del término de caducidad inició el 28 de
enero de 2010 y se suspendió su conteo, en virtud del agotamiento de la
conciliación prejudicial, según constancia proferida por Procuraduría 18 Judicial II
para asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca,
entre el 18 de noviembre de 2011 hasta el 20 de febrero de 201224. Por ende, no
se había agotado el plazo de 2 años, con el que contaba la parte demandante,
para interponer la acción, al momento de radicarse la demanda.
Falta de legitimidad en la causa de las entidades que integran el extremo
pasivo de la controversia.
7. Conocido el proceso por la Sala, pese a que no fue objeto de
pronunciamiento, en primera instancia, ni fue un aspecto del recurso de apelación,
la Sala estima pertinente pronunciarse sobre la configuración de este presupuesto
procesal, oficiosamente en esta instancia. Lo anterior, comoquiera que la
legitimidad en la causa supone un requisito para proferir sentencia de mérito25,
cuyo examen oficioso es procedente de acuerdo con el precedente unificado de la
corporación26.
8. En relación con este presupuesto procesal, de tiempo atrás, el precedente
de la corporación27 ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y la
24 De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la suspensión del término de la conciliación
extrajudicial se suspende entre la solicitud de conciliación hasta que se expide la constancia por parte del
procurador judicial, de que trata el artículo 2 ejusdem, sin que ese termino exceda de tres meses. De allí que
exista diferencias sobre la suspensión del término, con relación al tribunal quien tuvo en cuenta la fecha de la
audiencia de conciliación que resultó fallida el 14 de febrero de 2010. Ver ff. 4 sigs C. pruebas. 0
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del
30 de abril de 2014, rad: 73001-23-31-000-2003-02007-01(33609) [Fundamento de derecho 3]
26 Sobre el alcance de la competencia del Consejo de Estado como juez de segunda instancia ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 6 de abril de
2018, rad. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005). [ fundamento de derecho 19]. Allí se precisó: «(…)Este
entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el
juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general,
aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones
que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en
la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada. (…)»
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre
de 2001, rad: 52001-23-31-000-1994-6158-01(13356) [ Fundamento de derecho. B] Puede verse, en la misma
dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
veintisiete 27 de abril de 2006; Rad: 66001-23-31-000-1996-03263-01 (15352)[ Fundamento de derecho
I];Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de febrero de 2014, Rad.: 52001-23-31-000-2000-01407-
01 (27957), [ Fundamento de derecho 2]; Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de abril de 2014,
rad: 73001-23-31-000-2003-02007-01(33609) [Fundamento de derecho 3]; Sección Tercera, Subsección A,
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material, la primera coincide con la relación jurídico-procesal que se entabla entre
las partes de un proceso judicial, como producto de la formulación de la demanda
y la atribución de una conducta a la demandada, que se perfecciona al notificarse
el auto admisorio de la demanda; y la legitimación en la causa material, que, por el
contrario, se remite a examinar la participación real de las partes en los hechos
que dan causa al litigio.
Hecha la anterior precisión, la Sala antecede que, en el presente asunto, pese a
que se acreditó la legitimidad en la causa del ente territorial demandante, las
pruebas aportadas no permiten tener por acreditado que la parte pasiva del
contradictorio cuenta con legitimidad en la causa en su sentido material.
9. En cuanto al interés que le asiste al distrito de Santiago de Cali, para acudir
a este proceso, se observa por la Sala que, según lo precisado en el Decreto 0203
del 3 de marzo de 200128 (decreto compilador de los acuerdos No. 1 del 9 de
mayo de 1996 y No. 70 del 19 de diciembre de 2000), que el Fondo Financiero
Especializado del Municipio de Santiago de Cali -F.F.E.-, se trató de una entidad
con personería jurídica propia, considerada como un establecimiento público del
orden municipal, adscrita a la alcaldía, con autonomía administrativa y patrimonio
independiente, (art. 251 D.0203 de 200129). Visto esto, en principio, era el Fondo
Financiero Especializado del Municipio de Santiago de Cali -F.F.E.-, quien contaba
con capacidad procesal para acudir al presente proceso, en la calidad de
demandante, pues fue la entidad que presuntamente celebró los negocios
jurídicos, de los cuales se predicó el daño alegado.
No obstante, en la demanda se señaló que el Fondo Financiero Especializado del
Municipio de Santiago de Cali fue liquidado (pretensión 1). Dicha circunstancia se
acreditó en el transcurso de la segunda instancia, con los documentos aportados
por el distrito de Santiago de Cali en obedecimiento de la decisión interlocutoria
del 24 de junio de 2024 y el requerimiento del 27 de enero de la presente
anualidad. En efecto, obra en el expediente el Decreto No. 0473 del 30 de agosto
de 200430, por el cual se suprimió el Fondo Financiero Especializado del municipio
Sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 76001-23-31-000-2011-01282-01 (67.856) [ Fundamento de derecho
4], entre otras.
28 SAMAI índice 00047
29 ARTICULO 251: DENOMINACION Y NATURALEZA JURIDICA. - El Fondo Financiero Especializado del
Municipio de Santiago de Cali FFE, es un fondo con personería jurídica y por lo tanto será considerado
como un establecimiento público del orden municipal, adscrito a la Alcaldía, con autonomía administrativa y
patrimonio independiente. (Ac.41/99, art.1).
30 Samai índice 00076 archivo: RECIBEMEMORIAL_Respuesta_2025030671pdf pp. 3-9.
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de Santiago de Cali y se ordenó su liquidación, en ejercicio de la autorización
otorgada por el Consejo Municipal de Santiago de Cali (Acuerdo Nº123 de 200431).
En dicho acto administrativo se indicó que la Dirección Jurídica de la Alcaldía del
Municipio de Santiago de Cali quedaría encargada de los procesos judiciales, una
vez se liquidara el F.F.E. (artículo décimo séptimo32), que, según lo indicado en el
Oficio del 6 de marzo de 2025, este suceso tuvo lugar el 29 de diciembre de 2008.
Para acreditar lo anterior, también se aportaron los acuerdos No. 0154 de 200533,
0181 de 200634, 0208 de 200735 y 0235 de 200836, en virtud de los cuales se
prorrogó el plazo otorgado para la liquidación del F.F.E. hasta el 31 de diciembre
de 2008.
Además, en virtud del artículo décimo segundo del Decreto No. 0473 de 2004, se
vislumbra que, una vez concluido el plazo para la liquidación del F.F.E., «(…) los
bienes, derechos y obligaciones serán transferidos al Municipio de Santiago de
Cali (…)». En virtud de las anteriores consideraciones, para esta Subsección, el
Distrito de Santiago de Cali le asiste interés jurídico en la presente controversia
como sucesor de los derechos y obligaciones del F.F.E.; por consiguiente, este
ente territorial está legitimado en la causa por activa. Ello con independencia del
análisis que pudiere adelantarse eventualmente, sobre la existencia del daño y la
identificación del patrimonio que pudo resultar afectado por los hechos relatados
en la demanda, si el del F.F.E. o el del ente territorial.
10. En lo que respecta a las demandadas Nación-Ministerios del Trabajo y del
Transporte, esta Sala no comparte los razonamientos expresados en el fallo de
primera instancia, para considerar que estas entidades estaban legitimadas en la
causa por pasiva. Para el tribunal, el interés jurídico de las referidas demandadas
se desprende de las funciones legales y constitucionales que les imponían
31 Ibidem pp. 10-13
32 Ibidem, (…) Artículo DÉCIMO SÉPTIMO PROCESOS JUDICIALES. El gerente liquidador deberá continuar
atendiendo dentro del proceso de liquidación los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los
que llegaren a iniciarse dentro de dicho término, hasta tanto se efectúe la entrega de inventarios al
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Así mismo deberá presentar a la Dirección Jurídica de la
Alcaldía, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la
entidad, como también, cuando ello sea procedente, deberá archivar los procesos y reclamaciones con sus
respectivos soportes y en los términos señalados por las disposiciones legales vigentes.
La Dirección Jurídica de la Alcaldía, asumirá una vez culminada la liquidación del Fondo Financiero
Especializado en Liquidación, la totalidad de los procesos judiciales en que fuere parte dicha entidad (…)
33 Ibidem pp. 15-16
34 Ibidem pp. 17-19.
35 Ibidem pp. 20-23
36 Ibidem pp. 24-27
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deberes en la orientación, coordinación, planificación, evaluación y buen
cumplimiento de funciones en su sector.
Ahora bien, para la época de los hechos, los artículos 537 y 638 del Decreto 2171
de 1991 especificaron que, entre las funciones del Ministerio de Transporte, la
dirección, coordinación control y evaluación de las funciones y políticas a cargo de
su sector. En el caso del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, dichas
facultades estarían consagradas en los artículos 139, 340 y 541 del Decreto 2145 de
1992 – derogado por el Decreto 1128 de 1999-. En este punto, se agrega que
según el artículo 5 del Decreto 1689 de 199742, en el marco de «la supresión del
Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y se ordena su
liquidación», se dispuso que las obligaciones de Foncolpuertos -una vez liquidada
la entidad- pasarían a la Nación-Ministerio de Transporte.
37 ARTÍCULO 5º. OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. - El Ministerio de Transporte es el
organismo rector del sector transporte y tiene los siguientes objetivos: 1. Definir, orientar y vigilar la ejecución
de la política nacional en materia de tránsito, transporte y su infraestructura. 2. Formular, coordinar, articular y
vigilar la ejecución de las políticas de planeación de los organismos que integran el sector
transporte. (Disposición derogada por el artículo 49 del Decreto 101 de 2000)
38 ARTÍCULO 6º. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. - El Ministerio de Transporte tendrá las
siguientes funciones generales: (…) 14. Ejercer control de tutela sobre los organismos adscritos o vinculados.
(…) (Disposición derogada por el artículo 49 del Decreto 101 de 2000)
39 ARTÍCULO 1º .Objetivo.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo de la Rama Ejecutiva
del Poder Público encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas de empleo, trabajo, previsión
y seguridad social, dentro de las directrices generales del Gobierno.
Las dependencias del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas a éste, serán las encargadas de la
ejecución de esas políticas en sus respectivos campos de acción, de manera integral y coordinada.
Igualmente, participarán en la ejecución de las políticas, las entidades públicas y privadas que desarrollen
actividades en materia de empleo, trabajo y seguridad social.
40 ARTÍCULO 3º. Funciones.- Además de las funciones señaladas en la ley, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social cumplirá las siguientes: (…) 12. Establecer metas concretas, evaluar resultados y definir
elementos cualitativos y cuantitativos que deban cumplir las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio;(…)
15. Establecer mecanismos para la recolección, tratamiento, análisis y utilización de la información en todas
las entidades y áreas del sector, en coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
y organismos especializados;(…)
41 ARTÍCULO 5º. Funciones del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.- El Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, además de las funciones que le señalan la Constitución Nacional y las leyes, tendrá las
siguientes:(…) 1. Ejercer, bajo su propia responsabilidad, las funciones que el Presidente de la República le
delegue o la ley le confiera y vigilar el cumplimiento de las que por mandato legal se hayan otorgado a
dependencias del Ministerio, así como las que se hayan delegado en funcionarios de su Despacho; 2. Ejercer
el control de tutela sobre los organismos del Estado que estén adscritos y vinculados al Ministerio, conforme a
este Decreto y demás disposiciones vigentes;
42 «(…) ARTÍCULO 5º. Enajenación de bienes. En desarrollo de la liquidación se enajenarán los bienes, los
equipos y los demás activos de propiedad de la Entidad. Las operaciones de enajenación de los bienes se
efectuarán con criterio estrictamente comercial y se ceñirán a las normas legales vigentes. Las obligaciones
contraídas por la Entidad, incluyendo los pasivos laborales, se cancelarán con el producto de las
enajenaciones de acuerdo con el reglamento correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1º del presente Decreto. Los pasivos laborales incluirán el valor correspondiente al cálculo actuarial del pasivo
pensional, el cual se entregará a la entidad que deba asumir el pago de las pensiones y de Bonos
Pensionales, si hubiere lugar a ello, con la preferencia reconocida por las normas vigentes a las obligaciones
laborales.
En caso de que estos recursos sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación.
Una vez concluida la liquidación de la Entidad, los bienes no enajenados, derechos, obligaciones y
archivos pasarán a la Nación-Ministerio de Transporte, con excepción de lo dispuesto en el presente
Decreto. (…)» (negrilla por fuera del original)
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A juicio de la Sala, este planteamiento tendría mérito, en caso de demostrarse que
el daño alegado: el detrimento patrimonial padecido por el ente territorial/F.F.E.
tuviera su causa en la conducta de los funcionarios del Ministerio del Trabajo -
inspectores de trabajo- y representantes de Foncolpuertos, que fue objeto de
sanción penal43. En tal evento, la Nación, representada por los ministerios
demandados podría tenerse como legitimada materialmente en la causa por
pasiva.
11. No obstante, la decisión de primera instancia omitió articular, cómo el
detrimento patrimonial que se alega constituyó el daño, tuvo causa en las
conductas ilícitas, identificadas como «hecho central», cuando en la demanda se
expresó que la consignación de recursos tuvo lugar en el marco de la negociación
de unos derechos fiduciarios entre el F.F.E. y Corfipacífico S.A. Al respecto, la
Sala extrañó la falta de invocación y de acreditación de un motivo legal que
permitiera desestimar dicho negocio jurídico, como causa del daño. En ausencia
de una consideración jurídica que permita examinar directamente las conductas
constitutivas del alegado ilícito penal, el examen de responsabilidad debe
circunscribirse a dicho negocio jurídico. En otras palabras, no se solicitó ni se
acreditó la nulidad de los negocios fiduciarios y/o de la cesión de los derechos
fiduciarios por haber mediado objeto y/o causa ilícita (art. 1519 C.C) como lo
podría ser por haber servido de instrumento para adelantar ilícitos penales a
través de una organización criminal, destinados a defraudar los recursos del ente
territorial demandante.
A este efecto, llama la atención de la Sala que pese a que en la demanda se
expuso que los señores Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda
Garcés -propietarios del Grupo Pacífico- «(…) fueron condenados como
determinadores del delito de peculado por apropiación (…)»- hecho 2.2.19- y se
agregó que los señores David Toledo Esquenazzi, quien fungió como gerente del
F.F.E., y Carlos Alberto Correa Cadavid, ex vice-presidente ejecutivo de
Corfipacifico S.A. a su vez «(…) participaron en la fraudulenta negociación, fueron
43 A título de ilustración, sobre la calidad de Juris Enrique Pérez Pacheco, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá DC. Sala Penal de Descongestión (Foncolpuertos), en sentencia del 22 de octubre de
2007, rad 2006000021-01, al precisó: (…) Para la Sala es claro conforme lo demuestran las pruebas obrantes,
que servidores públicos, en este caso el procesado Juris Enrique Pérez Pacheco abogado que fungió como
representante de la Empresa de Puertos de Colombia en Liquidación En relación a los señores señores
Freddy Miguel Gonzáles Muñoz y José Abello Martínez : en Sentencia condenatoria proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal de Descongestión Sentencia del 4 de diciembre de 2006
rad. 2002000205 (ff. 324- 407.) se precisó lo siguiente: (…) Jose Abello, Jorge Vitaly Monroy, Victor Mendoza
Y Fredy Gonzáles ostentaban la calidad de servidores públicos, el primero de ellos como Inspector adscrito al
Ministerio de Trabajo; (…) y el último por ser el abogado representante de Foncolpuertos (…) folio 353 C.
pruebas.
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también condenados por el delito de peculado por apropiación (…)» -hecho
2.2.20-; el demandante no aportó las sentencias que acrediten estas condenas
penales en los términos del artículo 177 del CPC44, ni mucho menos demostró que
las conductas por las que estas personas fueron condenadas, tuvieran conexidad
con los ilícitos penales en los que incurrieron los representantes de Foncolpuertos
y los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Contrario a lo expuesto en el recurso
de apelación, de las actuaciones probatorias de la parte demandante, no se
vislumbra la solicitud de dichas pruebas en las oportunidades probatorias
dispuestas para ello en primera45 y en segunda instancia46.
12. Ante la carencia de un motivo legal acreditado que permita a la Sala
desestimar el negocio fiduciario que, se alega, se celebró entre F.F.E. y
Corfipacífico S.A., como fuente del daño reclamado, necesariamente el análisis de
la legitimidad en la causa debe tener en cuenta el alcance de los derechos, deberes
y obligaciones derivados de dicho negocio jurídico. Así, el análisis de la legitimidad
en la causa de los ministerios demandados, necesariamente debe verificarse, a la
luz de los compromisos y derechos que se derivaron de la constitución y posterior
negociación de los derechos fiduciarios que tuvieron por activo subyacente los
títulos de los cuales se predican las falsedades documentales.
A este respecto, con la demanda se aportaron copia de los contratos de «Fiducia
Mercantil Irrevocable de Administración recaudo y otros» No: FA-30090, FA-30091,
FA-30092, FA-30093, FA-30094, FA-30096, FA-30105 y FA-300107, celebrados en
el mes de diciembre de 1998, entre Fidupacífico S.A. y los representantes y
exempleados de la Empresa de Puertos de Colombia47. Sin embargo, en el plenario
no se aportó copia de los contratos sobre los que recayó la oferta comercial48,
dirigida a la cesión de derechos fiduciarios en favor de F.F.E.49, ni se recaudaron
pruebas representativas de los actos que perfeccionaron dicho negocio jurídico, en
especial, que dieran cuenta del desembolso de recursos por el F.F.E., que le
permitió adquirir la calidad de beneficiario, dentro del referido negocio jurídico. No
44 Art. 177 CPC: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
45 Con la demanda solo se solicitó oficiar al Tribunal Superior de Bogotá- Secretaría Sala Penal, para la
obtención de los procesos penales de Juris Enrique Pérez Pacheco, José Abello Martínez y Freddy Miguel
Gonzáles Muñoz, sin mención de otros procesados. [ Numeral 5.2.1. Folio 35].
46 Art. 214 CCA.
47 Ff. 49- 155 C. pruebas
48Cabe precisar que en el plenario obran las copias de los contratos F.A. 30096 (Ff. 95 a 105C. pruebas) , FA-
00148 (Ff. 107 a 114 C. pruebas), FA-30105 (Ff 144-155 C. pruebas) EF.-3001648, FA.30017 (Ff 144-155 C.
pruebas) y EF-0018 (Ff.156-163 C. pruebas).
49 La oferta de compra obra en el folio 421 del Cuaderno de Pruebas y su aceptación por parte del F.F.E. a
folio 422
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obstante, obra el certificado de propiedad de derechos fiduciarios, expedido por la
Fiduciaria del Pacífico S.A., el 19 de febrero de 199950, según el cual el Fondo
Financiero Especializado del Municipio de Santiago de Cali “Bancali”, por contrato
obrante en escrito privado del 18 de diciembre de 1998, adquirió dichos derechos
fiduciarios, del fidecomiso FMA-3.00.90, cuyo monto ascendió a la suma de
$1’012.641.500,33.
13. Tampoco resulta de recibo el alcance que le otorga el recurrente a las
afirmaciones indefinidas; si bien estas, de acuerdo con el artículo 177 del CPC, no
requieren probarse, el desembolso por parte del Fondo Financiero Especializado de
Cali “Bancali” no recae en dicho supuesto. Según el profesor Devis Echandía, las
negaciones de hecho pueden ser definidas o indefinidas, según el hecho al que se
refieran, las primeras «(…) tienen por objeto hechos concretos, delimitados en el
tiempo y el espacio (…)», las segundas, por el contrario, no recaen sobre un hecho
concreto51, y en la práctica no admiten prueba52
Así, el desembolso de recursos del F.E.F., «Bancali», al corresponder al
cumplimiento de una obligación dineraria, se puede identificar temporal y
espacialmente, con lo cual, debía ser objeto de prueba por parte de la actora, por
no corresponder a una afirmación indefinida, en los términos del artículo 177
precitado. En este sentido, la expresión «no ha recuperado los recursos del F.F.E.»,
la cual, pese a ser una negación de hecho tiene por presupuesto un hecho definido:
en este caso la existencia de un pago por parte de «Bancali», circunstancia que
corresponde a un hecho cierto y definido, que -se reitera- no se acreditó en el
expediente. Por ende, la negación expresada por el demandante solo podía
50 Folios 28 y 29 C. pruebas.
51 H. Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, pruebas judiciales, undécima edición, Temis,
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá- Colombia (2012) P59-61 In extenso, allí se precisó: «(…) Las
negaciones de hecho se refieren a los hechos en general, entendidos en el amplio sentido que expusimos al
tratar del objeto de la prueba judicial, y en el fondo equivalen en afirmar el hechos (…). Es decir, las
negaciones de hecho pueden ser definidas o indefinidas: las definidas tienen por objeto hechos concretos,
delimitados en el tiempo y espacio (negativa coartara loco et tempore), que suponen la existencia de otro
hecho opuesto de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente (p. ej. Este metal no es
plata, es decir, es otra clase de metal; mi domicilio no es Bogotá, lo cual quiere decir que es otro lugar ; no
estuve en Bogotá cierto día , lo que significa afirmar que estaba en otra parte; este terreno no forma parte del
predio de mi vecino, implica afirmar que corresponde a otro predio); las negaciones indefinidas son aquellas
que no implican la afirmación de otro hecho concreto, delimitado en el tiempo y el espacio, sino también
ilimitado en estos efectos. (…)»
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, CP: Álvaro Lecompte Luna,
Sentencia del 7 de octubre 1992, Rad: 4442 (…) Sobre este aspecto han sido unánimes las jurisprudencias de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado al, considerar que las afirmaciones o negaciones
indefinidas son aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta:
que no sólo son indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de
probar por medio alguno. En estos casos, de acuerdo a las reglas generales sobre la carga de la prueba, el
fardo probatorio se invierte, correspondiéndole a la parte demandada probar el supuesto de hecho contrario.
De lo anterior puede ingerirse que, estando el demandante en la imposibilidad de demostrar que "jamás
presentó renuncia del cargo que venía desempeñando", es claro que se está en presencia de una negación
de carácter indefinido.Y bueno es recordar que la exoneración probatoria, se deriva del carácter de
imposibilidad de producir pruebas cuando se trata de negaciones de este último linaje. (…)
19
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calificarse por una negación indefinida, de haberse acreditado el efectivo
desembolso de recursos por parte del ente territorial y/o F.F.E. de Cali, sin que una
reformulación de la sintaxis exima al demandante de probar dicho hecho y poder
referirse a su falta de devolución como un hecho probado 53
14. No obstante, aun con independencia de tenerse dicho negocio jurídico (la
cesión de derechos fiduciarios) por acreditado, el ente territorial demandante y/o el
F.F.E. -en dicha hipótesis- no lograba hacerse titular de un interés jurídico que lo
habilitara para perseguir directamente a la Nación por la falta de autenticidad de los
títulos sobre los cuales se soportaron los derechos fiduciarios que presuntamente
adquirió. Esta precisión la realiza la Sala, al constatar que dentro de dicho negocio
jurídico el ente territorial y/o el F.F.E., no iba a adquirir los derechos que
presuntamente se reconocieron en las actas de conciliación y/o mandamientos
ejecutivos – que resultaron afectados de falsedad- sino que adquirieron el derecho
de percibir los «saldos», derivados de su eventual pago.
Cabe precisar que si bien el activo subyacente a los contratos de fiducia lo
constituían los mandamientos de pago54, que se constituyeron en el marco de los
procesos ejecutivos dirigidos al reclamo de los derechos crediticios reconocidos en
actas de conciliación apócrifas, la titularidad de dichos derechos litigiosos (bienes
fideicomitidos) nunca se transferiría a los beneficiarios, y, por el contrario, se
conservaba en el patrimonio autónomo estructurado a través de los contratos de
fiducia mercantil. Bajo tal premisa, los fidecomitentes y/o beneficiarios
eventualmente obtendrían un saldo de las sumas de dinero por el pago de los
créditos representados en las actas de conciliación; no obstante, nunca se generó
la expectativa de obtener un crédito directamente exigible a Foncolpuertos. Esto
resulta de la literalidad de las condiciones, previstas en los referidos negocios
fiduciarios; a título de ilustración, sobre este punto se lee del contrato No: FA-30094
lo siguiente:
«(…) 2. Gestión de Recaudo
53 Ibidem
54 FA-3.0090: Mandamiento ejecutivo «Auto Interlocutorio del 27 de noviembre de 1997 del Juez Tercero
Laboral del Circuito de Barranquilla, soportada sobre el título ejecutivo: Acta de Conciliación 2588 del 30 de
diciembre de 1993; FA-3.0091: Mandamiento ejecutivo «Auto Interlocutorio del 10 de julio de 1998 del Juez
Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, soportada sobre el título ejecutivo: Acta de Conciliación 2395 del 30
de diciembre de 1993.; FA-3.0096: el título ejecutivo: Acta de Conciliación 1729 del 29 de diciembre de1993;
FA 30105, el título ejecutivo: Acta de Conciliación número 17140 del 29 de diciembre de 1993; FA30107 el
Mandamiento ejecutivo: Auto interlocutorio del 20 de enero de 1998 del Juez Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla; título ejecutivo: Acta de Conciliación número 2580 del 30 de diciembre de 1993.
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La gestión de recaudo hace referencia al momento en el cual FONCOLPUERTOS,
cancele los valores ordenados por el juez del conocimiento en el mandamiento
ejecutivo de pago, cuyos derechos se transmiten para la conformación del
patrimonio autónomo.
2.2.1. Una vez se produzca el pago de las sumas en mención, LA FIDUCIARIA,
descontará del monto recaudado, el valor de las comisiones y gastos que
en ese momento se adeudaren.
2.2.2. PAGO A LOS BENEFICIARIOS: El Saldo(sic) se distribuirá y entregará a
LOS FIDECOMITENTES, y AL ABOGADO, o a sus cesionarios en las
proporciones que se indican:
Paras LOS FIDEICOMITENTES: el 50%
Para el ABOGADO: el 50% restante
PARÁGRAFO PRIMERO: Con todo, los beneficiarios podrán impartir instrucciones
a la Fiduciaria para que los recursos se distribuyan y se giren en proporciones y
formas distintas a las aquí establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS BENEFICIARIOS autorizan expresamente a la
FIDUCIARIA, para recibir, si así lo considera conveniente, en pago de las
obligaciones contenidas en el mandamiento ejecutivo, a través de Bonos o Títulos
emitidos por el Estado en su calidad de obligado directo. (…)
PARAGRAFO TERCERO: Con estos pagos el Fidecomiso se entenderá terminado
y liquidado por cumplimiento del objeto para el cual se constituyó. (…)»55
Evidenciado lo anterior, ni siquiera de haberse acreditado el escenario donde el
F.F.E., adquirió la calidad de beneficiario en los contratos de fiducia mercantil, en
ninguna instancia esta condición le hubiera reportado la titularidad de los derechos
litigiosos, asociados a los títulos subyacentes al negocio fiduciario. Con lo cual, en
ausencia de dicho derecho subjetivo, el F.F.E. estaba desprovisto de interés para
perseguir directamente a la Nación, representada por los ministerios demandados,
por la eventual responsabilidad derivada de las falsedades incurridas en las actas
de conciliación, de que dan cuenta las sentencias penales aportadas en el plenario,
pues dicho interés se mantenía en Fidupacífico S.A., como administradora de los
patrimonios autónomos a los que pertenecían dichos derechos litigiosos.
15. No significa lo anterior, que frente al alegado detrimento patrimonial, el
F.F.E., o distrito de Santiago de Cali, estuviera desprovisto de acción resarcitoria,
sino que la misma debía dirigirse contra Corfipacífico S.A. y/o Fidupacífico S.A.,
quien, en su calidad de entidad fiduciaria, mantenía el deber de adelantar gestiones
dirigidas a prevenir la negociación de derechos soportados sobre documentos
falsos, deber de diligencia cuya infracción podía dar lugar a su responsabilidad
patrimonial.
55 Cláusula que se ve replicada en los contratos, aunque con diferencias semánticas: FA 30090 FA 3.0091;
FA-3.0094; FA-30096, FA-30105 y FA-30107
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En otras palabras, Corfipacífico S.A. y/o Fidupacífico S.A., tenía un deber
indelegable de adelantar los actos dirigidos a que el negocio fiduciario cumpla su
finalidad (núm. 1 art. 1243 C. Comercio) cuya responsabilidad se extiende hasta la
culpa leve (art. 1243 C. Comercio56) y cobija la relación del fiduciario con el
beneficiario, quien puede reclamar del primero el fiel cumplimiento de sus
obligaciones (núm. 1 art. 1235 C. Comercio57).
Disposiciones cuyo alcance ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte
Suprema de Justicia, que precisó que el estándar de conducta que resulta exigible a
las sociedades fiduciarias supone el del «buen hombre de negocios»58, amén de
este deber y «en garantía de la confianza del público», se espera que dichas
sociedades no sean simples recipientes de la información y bienes que se le
confían, sino se les exige actuar con diligencia y lealtad frente a las finalidades
perseguidas por los beneficiarios y fideicomitentes, en lo que les sea previsible en
su calidad de profesionales59. Sobre la extensión de este deber conceptuó la
referida alta corporación lo siguiente:
(…) en acatamiento del principio de la buena fe, la fiduciaria en cada una de las
fases del pacto debe obrar con rectitud, lealtad y sin intención de causar daño a
los demás vinculados de una u otra forma al fideicomiso, tanto en cumplimiento de
las obligaciones convenidas expresamente, como de todo aquello que por su
naturaleza le corresponda al negocio fiduciario y, muy especialmente, observar los
deberes accesorios de conducta que cobran especial relevancia en un negocio
basado en la confianza. Deberes de información, asesoría, protección de bienes
fideicomitidos; lealtad, diligencia, profesionalidad, especialidad y de previsión.
56 «(…) Artículo 1243. Responsabilidad del fiduciario. El fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de su gestión.(…)»
57 Artículo 1235. Otros derechos del beneficiario
El beneficiario tendrá, además de los derechos que le conceden el acto constitutivo y la ley, los siguientes:
1) Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el
incumplimiento de ellas;
58Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de diciembre de 2021, M:P. Octavio
Augusto Tejeiro Duque, rad: 05001310301020140106801 (SC- 5430-2021) [ Fundamento de derecho 4] «(…)
Está ligada a su calidad de especialista en la gestión de negocios de esa naturaleza y como sus obligaciones
emanan tanto de los dictados legales y contractuales pactados como de la buena fe en su función integradora
del contrato, el grado de diligencia exigible en el cumplimiento de su labor es el de un profesional y puesto que
su gestión involucra la obligación de administrar, el de un «buen hombre de negocios». La responsabilidad
profesional no se inscribe en ninguna categoría especial, sino que se rige por los postulados generales, de ahí
que pueda sostenerse que se estructura por el incumplimiento de las obligaciones o deberes contractuales o
legales asumidos por el experto (…)»
59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 18 de mayo de 2023, CP: Aroldo Wilson
Quiroz Monsalvo, SC107-2023 [ Fundamentos jurídicos 3.4] “ responsabilidad de las sociedades fiduciarias” y
3.5” caso Concreto ]: In concreto, allí se precisó: (…) En consecuencia, la labor de la fiduciaria no se limitaba
a la simple recepción y archivo de unos documentos, como si de una amanuense se tratara; en verdad, su rol
era asegurarse de que existían las pruebas que permitieran tener por demostradas las condiciones para
alcanzar el punto de equilibrio para la construcción de Marcas Mall Cali, de suerte que los recursos de los
adquirentes realmente se destinaran a este objetivo, sin desviarse por el camino.
Reitérese, a riesgo de hastiar, la fiduciaria no sólo se obligó a recibir una documentación y, ciegamente, tener
por cumplidos los requisitos para la transferencia de los recursos captados. Por el contrario, amén de su
profesionalismo y en garantía de la confianza del público, se esperaba que corroborara la veracidad de la
información recibida, de suerte que alcanzara una seguridad razonable sobre el cumplimiento de las
condiciones para la viabilidad financiera del proyecto. (…)
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Deberes indelegables (…)60
16. En este sentido, aun reconociéndose que las obligaciones asumidas por las
fiduciarias son de medio y no de resultado, estas sociedades solo se pueden
exonerar del incumplimiento derivado de la infracción del deber previsto en el art.
1234 de C.Co. –adelantar los actos necesarios para que el negocio fiduciario
cumpla su finalidad- demostrando la diligencia y cuidados máximos que tendría un
profesional. Así lo preciso la Corte Suprema Justicia al clarificar:
(…)En cuanto a su naturaleza, las obligaciones que contrae el fiduciario mercantil
no son de resultado sino de medios, salvo disposición legal en contrario, pues a
manera de prohibición general, el artículo 29.3 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero -Decreto 663 de 1993- dispone que «[l]os encargos y contratos
fiduciarios que celebren las sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la
asunción por éstas de obligaciones de resultado, salvo en aquellos casos en que
así lo prevea la ley».
Que tales obligaciones sean de medios significa, en principio, que la fiduciaria solo
se compromete a proporcionar aquellos adecuados para la consecución del fin del
contrato, en esas condiciones, en cualquier controversia derivada de no haberse
obtenido el resultado deseado y que ese fracaso se atribuya a su incumplimiento
total, parcial o defectuoso, ésta podrá exonerarse de responsabilidad
demostrando diligencia y cuidado.
No obstante, como más adelante se explicará, en estos eventos la
acreditación de la diligencia supone que ésta haya sido de un grado máximo,
que no es el que se espera de un hombre común, sino de un experto en negocios
fiduciarios que como actividad de interés público está vigilada y controlada por el
Estado, al punto que solo pueden ejercerla los profesionales acreditados y
autorizados por la Superintendencia Financiera.61(…) (Negrilla por fuera del
original)
17. En efecto, las exigencias especiales que eleva el ordenamiento jurídico
frente a las fiduciarias tienen su justificación, en la especial habilitación que el
legislador dispuso para el funcionamiento de estas sociedades (art. 1226 C.Co y
los artículos 29 y 80 EOF). Por lo cual, para esta Sala la falsificación62 de los
60 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de diciembre de 2021, M:P. Octavio
Augusto Tejeiro Duque, rad: 05001310301020140106801 (SC- 5430-2021). [ Fundamento jurídico 3.3.2]
61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de diciembre de 2021, M:P. Octavio
Augusto Tejeiro Duque, rad: 05001310301020140106801 (SC- 5430-2021) [ fundamento de derecho 3.]
62 Cabe recalcar que en el presente caso, a pesar de que los sindicados no fueron condenados por la falsedad
de las actas de conciliación, que servían de activo subyacente al negocio fiduciario, esto se dio con motivo de
la prescripción de ese tipo penal. Al respecto se tiene Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC.
Sala Penal de Descongestión (Foncolpuertos), en sentencia del 22 de octubre de 2007, rad 2006000021-01,
al analizar la conducta de Juris Enrique Pérez precisó: «(…) Para la Sala es claro conforme lo demuestran las
pruebas obrantes, que servidores públicos, en este caso el procesado Juris Enrique Pérez Pacheco abogado
que fungió como representante de la Empresa de Puertos de Colombia en Liquidación, en ejercicio de sus
funciones, determinado por aquella organización criminal, extendió documentos públicos que servían de
prueba, consignando en ellos falsedades, pues en las referidas actas de conciliación se señaló ante un
Inspector de Trabajo, el abogado de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación y el abogado que
supuestamente representaba varios extrabajadores y trabajadores se presentaron para conciliar el pago de
algunos conceptos laborales que se les aparentemente se les adeudaban a los exportuarios, situación que no
ocurrió pues no se tenía facultad de apoderamiento en algunos casos, aunado a que dichas diligencias no se
celebraron realmente y solo se crearon documentos apócrifos con la finalidad de defraudar patrimonialmente
al Estado (…ۚ)».
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documentos que sirven de fundamento al negocio subyacente al contrato de
fiducia, debía ser una circunstancia que resultaba susceptible de discutir en el
ámbito de una posible responsabilidad civil por infracción de los deberes de debida
diligencia que mantienen las sociedades fiduciarias frente a los fideicomitentes y/o
el beneficiario. Esto en el entendido, que, bajo el estándar de un hombre experto
de negocios fiduciarios, se esperaba que Fidupacífico S.A. hubiera adelantado las
gestiones típicas de tal estándar de conducta, lo que en el caso concreto se
traduce en a haber implementado medidas efectivas para mitigar, precaver y
anticipar el riesgo de fraude en los títulos cuya administración y guarda se le
confió.
18. Vale precisar que en las sentencias penales que acompañaron la demanda,
se expuso sobre las actas de conciliación que sirvieron de negocio subyacente,
que i) no fueron elaboradas en las fechas que se consignaron –se elaboraron en
1997-; ii) no fueron radicadas dentro de los pasivos de la empresa entregados en
diciembre de 1993 ni en los libros indicados en dichos actos de la Dirección
Regional de Trabajo; iii) ni radicadas en el informe de control financiero y legal
efectuado por la Contraloría General de la República63; iv) se indicó que los
beneficiarios de varias actas no conocieron los abogados gestores de las mismas
v) no agotaron el procedimiento interno dentro de Foncolpuertos y en el Ministerio
de Trabajo64.
Por lo cual, la responsabilidad por el daño que se pretende (la falta de pago de los
dineros supuestamente desembolsados) debía discutirse en el marco de la
relación la contractual que existió, entre el F.E.F del municipio Santiago de Cali, y
Corfípacífico S.A. Sin embargo, como bien lo precisó el tribunal de la primera
instancia, al expediente no se allegaron las piezas procesales que dieran cuenta
de las circunstancias concretas que rodearon el referido negocio jurídico, ni se
dirigió la demanda contra Fidupacífico S.A. y/o Corfipacífico S.A., y tampoco se
solicitó su vinculación a este proceso por parte de la actora,
Además, la Subsección recalca que, a efecto de garantizar los principios de lealtad
procesal, contradicción, defensa y congruencia, el recurso de alzada y la segunda
instancia no constituyen oportunidades para subsanar falencias probatorias ni para
extender la causa petendi a nuevos hechos que no fueron expuestos en el escrito
63 Ibidem folio 302 Pruebas
64Sentenciacondenatoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal de
Descongestión Sentencia del 4 de diciembre de 2006 rad. 2002000205 Ff. 378- 384 C. Pruebas
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de demanda65. En tal sentido, la invocación del denominado «principio de
oficiosidad probatoria» no exime al demandante de la carga establecida en el
artículo 177 del CPC de probar "(...) el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico (...)", en especial cuando la ausencia de prueba
resulta explicable en la falta de solicitud de la misma, en las oportunidades
probatorias procedentes. De igual manera, no resultaba conducente examinar las
consecuencias de la posible liquidación y/o insolvencia de las entidades
Fidupacífico S.A. y Corfipacífico S.A., hecho que solo fue mencionado en la alzada
y carece de sustento probatorio dentro del plenario.
19. Por consiguiente, la Sala modificará la sentencia proferida, en primera
instancia, por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección C “Mixta”, el 30 de
noviembre de 2017, a fin de declarar la falta de legitimidad en la causa de los
ministerios demandados.
Costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de
las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 7 de diciembre
de 2017, rad: 08001233100020090112-01, CP Hernando Sánchez Sánchez. [ Fundamento de derecho 2.2]
«(…) Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades11 ha puesto de presente que “[…] el juez de
la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos expuestos en el recurso de
alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia
que no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni que la
sentencia de primera instancia estudió” (Destacado de la Sala).(…) »
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PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sección C “Mixta”, el 30 de noviembre de 2017, la cual
quedará así:
PRIMERO. - DECLARAR de oficio la falta de legitimidad en la causa de la Nación
Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVESE (sic) el expediente, previas
las anotaciones del caso.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
NICOLÁS YEPES CORRALES
(impedimento aceptado)
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalida
dor. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que,
con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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