Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00010-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00010-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00010-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal)
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho — CPACA
TEMAS: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Presupuesto estructural del proceso.
El acceso a la jurisdicción exige una correspondencia directa entre el demandante y el titular del
derecho sustancial cuya protección se pretende. LEGITIMACIÓN FORMAL Y MATERIAL –La
legitimación en la causa desde el punto de vista formal se configura con la presentación de la
demanda y la atribución de una conducta a la parte demandada, mientras que la legitimación
material exige un vínculo sustancial entre los sujetos procesales y la relación jurídica
controvertida. Solo esta última habilita un pronunciamiento de fondo. CONTROL OFICIOSO DE
PRESUPUESTOS PROCESALES – Facultad y deber del juez. La verificación de la legitimación
en la causa puede y debe ser realizada de oficio por el juez, aun sin alegación de parte, en
aplicación de los principios de legalidad, congruencia y economía procesal. INTERÉS
JURÍDICO DIRECTO – Inviabilidad de intereses fácticos o económicos. El interés económico o
estratégico de un tercero respecto del resultado del procedimiento administrativo minero no
sustituye el interés jurídico directo y personal exigido para habilitar la legitimación en la causa
por activa. RELACIÓN ENTRE EL DEMANDANTE Y EL DERECHO INVOCADO – Ausencia de
vínculo sustancial. La sociedad actora no acreditó poder, representación ni vínculo jurídico con
el sujeto que formuló la solicitud de formalización de minería tradicional, lo que excluye su
capacidad procesal para controvertir los actos que resolvieron dicha solicitud. AGENCIA
OFICIOSA – Inexistencia de manifestación expresa ni ratificación. No se advierte que la
sociedad actora haya actuado como agente oficioso del verdadero titular del derecho conforme
a lo exigido por el artículo 57 del CGP. EVENTUAL PARTICIPACIÓN EN MEDIACIÓN – La
eventual intervención en la fase de mediación prevista en el art. 325 de la Ley 1955 de 2019,
como titular de títulos mineros superpuestos, no confiere legitimación en la causa para impugnar
los actos administrativos que resolvieron una solicitud presentada por un tercero. CONDENA
EN COSTAS – Improcedencia ante la inexistencia de parte vencida por declaratoria de falta de
legitimación en la causa por activa. En consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos
que permitirían la imposición de costas, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables
por remisión del artículo 188 del CPACA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido contra la Agencia Nacional de Minería —en adelante, ANM—, con el fin
de que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos en el marco de
un trámite de formalización de minería tradicional y se ordene el correspondiente
restablecimiento del derecho.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A., por conducto de su apoderada
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
restablecimiento del derecho contra la ANM, con fundamento en el artículo 138 del
CPACA, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 922 del 17
de octubre de 2019 y No. 695 del 23 de junio de 2020, mediante las cuales la
autoridad minera rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional No.
NF4-16561, relacionada con un yacimiento de carbón ubicado en el municipio de
Landázuri, Santander, presentada por el señor David Jesús Castillo Cepeda, debido
a la superposición que presentaba el área solicitada con tres títulos mineros —FEL-
163, EI1-131 y FEL-161— de los cuales la sociedad demandante es titular.
La actora considera que la decisión administrativa se adoptó con una interpretación
restrictiva del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, al considerar que la etapa de
mediación entre el minero tradicional y el titular minero solo procede en casos de
superposición con un único título. Alega que los tres títulos pertenecen a un solo
titular —la sociedad aquí demandante—, que manifestó expresamente su voluntad
de adelantar la etapa de mediación con el señor Castillo Cepeda, razón por la cual,
a su juicio, la autoridad debió permitir dicha instancia para buscar un acuerdo que
viabilizara la formalización. Afirma que esta omisión vulneró principios
constitucionales como el debido proceso y la igualdad, así como los principios de
buena fe, celeridad y publicidad que rigen la función administrativa. Como
consecuencia, solicita que se ordene rehacer el procedimiento de formalización
minera conforme al trámite previsto en la normativa aplicable al asunto.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. La sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal), por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda contra la ANM el día 22 de junio de 20211,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, con el fin de que se acceda a las siguientes
pretensiones2:
“(…) Declarativas
PRIMERA: Respetuosamente solicito a la AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA, la revocación de la Resolución No. 000922 del 17 de octubre de
2019, confirmada con la Resolución 695 del 23 de junio de 2020, mediante
las cuales se rechaza y archiva la solicitud de minería tradicional No NF4-
16561.
Condenatorias:
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de
restablecimiento solicito que como consecuencia de la declaratoria de
nulidad la Agencia Nacional de Minería, rehaga sus actuaciones y adelante
el procedimiento de formalización minera NF4-16561, conforme a las
etapas procesales establecidas en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.
TERCERO: Se condene en costas y agencias en derecho al accionado”.
1 Archivo electrónico identificado con certificado 4561623601438EF5 E3A580CDD2130808
2AC81CE47A8C8F7F D596725C283B4E8A, ubicado en el índice No. 10 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
2 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927
D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
1.2. Como antecedentes fácticos la parte actora refirió, en síntesis, lo siguiente:
1.2.1. La sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal) es titular de los
contratos de concesión minera identificados con las placas FEL-163, EI1-131 y FEL-
161, cuyo objeto es la explotación de carbón en áreas ubicadas en el municipio de
Landázuri, Santander. Estas concesiones se encuentran inscritas en el Registro
Minero Nacional y han sido objeto de seguimiento por parte de la autoridad minera.
1.2.2. Desde el año 2000, el señor David Jesús Castillo Cepeda ha venido
desarrollando actividades de extracción de carbón dentro de los polígonos
correspondientes a los títulos mineros de la sociedad. Dicha actividad, de carácter
tradicional y sin título minero inscrito, fue reconocida por Invercoal, que identificó al
señor Castillo Cepeda como un minero de hecho, amparado por las disposiciones
de la Ley 685 de 2001 y la Ley 1382 de 2010.
1.2.3. En el año 2012, el señor Castillo Cepeda presentó ante el entonces Servicio
Geológico Colombiano —hoy Agencia Nacional de Minería (ANM)— solicitud de
formalización minera bajo la modalidad de legalización, en los términos del artículo
12 de la Ley 1382 de 2010. Esta solicitud fue registrada bajo la placa NF4-16561 y
correspondía a un yacimiento ubicado en el sector Miralindo del municipio de
Landázuri.
1.2.4. Durante la etapa inicial del trámite, la ANM constató que el área solicitada
para formalización presentaba superposición total o parcial con los títulos FEL-163,
EI1-131 y FEL-161, todos ellos en cabeza de Invercoal. A raíz de lo anterior, y ante
la falta de desarrollo normativo posterior a la suspensión del Decreto 933 de 2013,
la autoridad minera suspendió las actuaciones relacionadas con la solicitud del
señor Castillo Cepeda.
1.2.5. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, en su artículo 325,
se estableció un nuevo marco jurídico para la formalización de minería tradicional.
Esta disposición previó que, en casos de superposición total con títulos mineros
vigentes, la autoridad debía adelantar un proceso de mediación entre el titular del
derecho minero y el solicitante de la formalización. Asimismo, facultó a la ANM para
realizar recortes en situaciones de superposición parcial.
1.2.6. En virtud de la nueva normativa, la Coordinadora del Grupo de Legalización
Minera de la ANM, mediante comunicación de julio de 2019, indicó al señor Castillo
Cepeda que podía continuar con la explotación mientras se surtía el procedimiento
de evaluación técnica y jurídica. La sociedad Invercoal, en correspondencia con lo
anterior, certificó no haber sido convocada a la mediación y manifestó de forma
expresa su interés en participar en dicho proceso, con el fin de facilitar una salida
negociada y respetuosa de la legalidad minera.
1.2.7. Sin embargo, la ANM expidió la Resolución No. 922 del 17 de octubre de
2019, mediante la cual rechazó la solicitud de formalización minera No. NF4-16561,
decisión que fue confirmada mediante Resolución No. 695 del 23 de junio de 2020.
El fundamento principal consistió en que el área de la solicitud se superponía con
tres títulos distintos, lo cual —según la interpretación de la entidad— excluía la
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
posibilidad de activar la etapa de mediación prevista en el artículo 325 de la Ley
1955 de 2019.
1.2.8. La sociedad demandante cuestiona la legalidad de dicha interpretación, en
tanto —según afirma— todos los títulos superpuestos se encuentran en cabeza de
un solo titular y, en consecuencia, no existe una pluralidad de partes que impida o
dificulte el proceso de concertación. A su juicio, la autoridad minera incurrió en falsa
motivación e interpretación restrictiva de la norma aplicable, contrariando los fines
del legislador en materia de formalización minera y desconociendo el principio pro
homine.
1.2.9. Asimismo, la demandante argumenta que la decisión de la ANM vulneró
derechos y principios constitucionales, como el debido proceso, la igualdad ante la
ley, la buena fe y la celeridad administrativa, además de haber omitido la notificación
formal de los actos administrativos a la sociedad, lo que afectó su derecho de
defensa y contradicción. Las resoluciones solo fueron conocidas de manera efectiva
mediante la remisión de copias en sede de una acción de tutela interpuesta con
posterioridad.
1.3. En relación con las normas presuntamente vulneradas y el concepto de
violación, la parte actora expuso su inconformidad en los siguientes términos:
1.3.1. Invocó como normas vulneradas los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política, que prevén los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
así como el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en lo relativo a los principios de
imparcialidad, buena fe, publicidad y celeridad que rigen las actuaciones
administrativas. Sostuvo que la ANM desconoció dichos principios al excluirla del
trámite de formalización minera adelantado por un tercero sobre áreas cubiertas por
sus títulos y al omitir notificarle formalmente los actos administrativos expedidos en
desarrollo de dicho procedimiento.
1.3.2. En sustento de la nulidad de las resoluciones demandadas, la sociedad alegó
una indebida interpretación del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, norma que
regula el procedimiento de formalización de minería tradicional. A juicio de la actora,
la ANM aplicó de forma restrictiva dicho artículo al considerar que la mediación
prevista en caso de superposición solo procede cuando existe un único título
minero, sin tener en cuenta que, en el caso concreto, los tres títulos afectados
pertenecen a un mismo titular, lo cual —según la demanda— no impedía ni excluía
la posibilidad de adelantar dicha instancia de concertación.
1.3.3. Con fundamento en lo anterior, la parte actora formuló cargos por falsa
motivación y por expedición irregular de los actos administrativos, al considerar que
se omitieron hechos jurídicamente relevantes y se aplicó la norma sin atender a su
finalidad, en contravía del principio pro homine. Afirmó que esta actuación limitó de
forma irrazonable el ejercicio de derechos fundamentales, impidió la mediación con
el minero tradicional, desconoció su derecho de defensa y afectó el principio de
legalidad, por lo que solicitó la nulidad de los actos y la reanudación del trámite
conforme al procedimiento legal vigente.
2. Trámite procesal relevante
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
2.1 El 26 de enero de 2022, el proceso fue asignado por reparto al Despacho
sustanciador para decidir sobre la admisión de la demanda formulada en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3.
2.2. Por auto de fecha 18 de febrero de 2022, el Despacho resolvió rechazar la
demanda, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del CPACA, al verificarse
la configuración de la causal de rechazo por caducidad del medio de control. Para
tal efecto, advirtió que, conforme a lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal
d) del mismo estatuto, la acción debía interponerse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la notificación del acto definitivo. En el caso concreto, la Resolución No.
000695 del 23 de junio de 2020 —que confirmó el rechazo de la solicitud de
formalización minera— fue notificada el 22 de agosto de 2020, por lo que el término
para presentar la demanda vencía el 12 de enero de 2021, una vez descontado el
periodo de vacancia judicial. Sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial
fue presentada apenas el 8 de junio de 2021 y la demanda fue radicada el 23 de
junio del mismo año, cuando el término ya se encontraba expirado4.
2.3. No obstante, mediante auto del 10 de junio de 2022, el Despacho resolvió
reponer la decisión de rechazo al resolver el recurso de reposición interpuesto por
la parte actora, quien sostuvo que solo tuvo conocimiento efectivo del acto
administrativo definitivo el 9 de febrero de 2021, en el marco de una acción de tutela
promovida con el fin de obtener su notificación, dado que la ANM no la reconoció
como sujeto interesado dentro del trámite administrativo. Con fundamento en lo
anterior, el Despacho verificó que tanto la solicitud de conciliación extrajudicial,
presentada el 8 de junio de 2021, como la radicación de la demanda, el 22 del mismo
mes, se efectuaron dentro del término legal de caducidad del medio de control; en
consecuencia, revocó la decisión inicial y admitió la demanda, corrió traslado a
la parte demandada, ordenó la notificación a las partes y al Ministerio Público, y
remitió copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado5.
2.4. Una vez surtida la notificación correspondiente, la ANM no contestó la
demanda, según se advierte en la constancia secretarial de fecha 22 de septiembre
de 20226.
2.5. Mediante auto del 8 de noviembre de 2022, el Despacho adecuó el trámite al
procedimiento de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA.
En consecuencia, fijó el litigio en torno a la legalidad de los actos administrativos
reprochados, con base en tres cuestiones: (i) si las resoluciones demandadas
desconocen los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, el artículo 3º de la Ley
1437 de 2011 y el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019; (ii) si resulta procedente
aplicar la figura de la mediación prevista en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019
en casos de superposición con varios títulos adjudicados a un mismo titular; y (iii) si
3 Archivo electrónico identificado con certificado E6824BF2AC3C3268 686E6E1A5B331B3C
F2EEF692ABE65FFC 1DC7572DBF968F62, ubicado en el índice 3 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
4 Archivo electrónico identificado con certificado 1F83971224137535 090DFBF4990CDF23
D9BE099A6159A724 D09D7C2122920749, ubicado en el índice 12 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
5Archivo electrónico identificado con certificado 323F718F1978F34B 4C6CDFC97B1CBA0A
0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
6 Archivo electrónico identificado con certificado 1701C55EE7DEBE53 68AC9788ED343620
C72426C7EAF81B10 C48E9FD26F481718, ubicado en el índice 18 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
la autoridad minera incurrió en falsa motivación al interpretar de forma restrictiva el
principio pro homine. Por último, dispuso proferir sentencia anticipada una vez
surtido el traslado para alegar de conclusión7.
2.6. Por medio de auto de fecha 6 de febrero de 2023, el Despacho corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y advirtió que el agente del Ministerio
Público podía presentar concepto en la misma oportunidad indicada para alegar8.
2.7. La parte actora, por conducto de su apoderada judicial, presentó alegatos de
conclusión en los que sostuvo, en síntesis, lo siguiente9:
2.7.1. Reiteró que los actos administrativos expedidos por la ANM —mediante los
cuales se rechazó y archivó la solicitud de formalización minera No. NF4-16561—
vulneraron los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional, el artículo 3º del CPACA
y el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. A su juicio, la entidad demandada incurrió
en una interpretación regresiva y restrictiva del inciso tercero del artículo 325
ejusdem, al considerar improcedente la mediación cuando la superposición del área
solicitada recae sobre varios títulos mineros, pese a que todos pertenecen a un
mismo titular. La apoderada judicial de la sociedad demandante cuestionó dicha
interpretación por desconocer el principio pro homine y la finalidad normativa,
orientada a permitir soluciones concertadas que viabilicen la formalización de la
minería tradicional.
2.7.2. Sostuvo que la posición adoptada por la ANM en la Resolución No. 695 de
2020 contradice precedentes administrativos de la misma entidad, como lo ocurrido
bajo la vigencia del Decreto 933 de 2013, en donde, en circunstancias similares, sí
se reconoció la viabilidad de la mediación. Subrayó que su representada, titular de
los contratos de concesión FEL-163, EI1-131 y FEL-161, manifestó en varias
oportunidades su voluntad expresa de participar en dicho trámite, en aras de dar
continuidad al proceso iniciado por el minero tradicional. En respaldo de sus
argumentos, invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la obligación de
los operadores jurídicos de preferir interpretaciones normativas garantistas, y
solicitó que, en consecuencia, se declare la nulidad de las resoluciones acusadas y
se ordene rehacer el procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 325 de la
Ley 1955 de 2019.
2.8. La ANM, por intermedio de su apoderado judicial, formuló alegatos de
conclusión en los que expuso, en términos generales, lo siguiente10:
2.8.1. La entidad solicitó declarar infundadas las pretensiones de la demanda, al
considerar que las resoluciones acusadas —No. 000922 del 17 de octubre de 2019
y No. 695 del 23 de junio de 2020— fueron expedidas en estricto cumplimiento del
7 Archivo electrónico identificado con certificado 5EC1BB0331BFFAC6 18B8FF94032C90A2
A417AE087686EB89 1B4EFB2041BDC5E7, ubicado en el índice 19 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
8
Archivo electrónico identificado con certificado E4D475DD326A393C A2DDADC0A3FF5449
E0DDE60C4F811B47 62BE327025C46471, ubicado en el índice 25 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
9 Archivo electrónico identificado con certificado 307CBF2D30E15CBF 6DFE393C88B4997F
F2B16A1596C4C1C6 CEF33F518625B57F, ubicado en el índice 29 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
10 Archivo electrónico identificado con certificado BD2242F43FFAB986 379C27DE1D3CAA43
06CD0911BE9972AE FF3C282DE7EE267A, ubicado en el índice 30 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
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principio de legalidad y con fundamento en el marco normativo aplicable, en
particular, el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 685 de 2001 y la Resolución
505 de 2019. Sostuvo que el rechazo de la solicitud de formalización minera No.
NF4-16561 obedeció a la inexistencia de área libre a otorgar, dado que la totalidad
del polígono se encontraba superpuesta con títulos mineros vigentes —EIF-131,
FEL-161 y FEL-163—, situación que hacía inviable su trámite conforme a los
lineamientos del sistema de cuadrícula minera. Reiteró que los actos administrativos
demandados fueron proferidos por autoridad competente, debidamente motivados,
ajustados a derecho y notificados conforme a las exigencias legales.
2.8.2. Enfatizó que su actuación se enmarcó en los principios del Estado de
Derecho, la legalidad y la función administrativa, y que no existe irregularidad alguna
que justifique la nulidad de los actos acusados. Rechazó los argumentos de la parte
actora sobre la procedencia de la mediación, al sostener que la imposibilidad jurídica
y material de formalizar un área completamente ocupada por títulos vigentes
excluye la aplicación de dicho trámite, cuya procedencia requiere disponibilidad
efectiva del recurso.
2.9. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que expuso la posición
que la Sala sintetiza a continuación11:
2.9.1. Sostuvo que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal
indispensable para dictar sentencia de mérito en el contencioso administrativo, en
tanto implica la existencia de un interés jurídico en la pretensión formulada. Citando
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, precisó que dicha
legitimación no depende únicamente del uso formal del medio de control, sino de la
calidad subjetiva que tiene la parte demandante frente al objeto litigioso. En esa
línea, destacó que en las acciones como la de nulidad y restablecimiento del
derecho —orientadas a la defensa de derechos subjetivos— se exige que el actor
acredite la afectación directa de su situación jurídica, sin que resulte procedente su
ejercicio para reclamar el restablecimiento de derechos ajenos.
2.9.2. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la sociedad Inversiones
Martínez Leroy S.A. no demostró interés legítimo ni derecho subjetivo afectado por
los actos administrativos que rechazaron la solicitud de formalización minera
presentada por el señor David de Jesús Castillo Cepeda. A juicio del Ministerio
Público, la sociedad actora no acreditó vínculo jurídico alguno con el solicitante, ni
su representación procesal o extraprocesal, ni tampoco invocó una agencia oficiosa.
Por tanto, no le asistía legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad
de las resoluciones No. 000922 de 2019 y 000695 de 2020, ni el restablecimiento
de un derecho cuya titularidad corresponde a un tercero.
III. CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales
11 Archivo electrónico identificado con certificado BD2242F43FFAB986 379C27DE1D3CAA43
06CD0911BE9972AE FF3C282DE7EE267A, ubicado en el índice 31 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto12, conforme a lo establecido el artículo 104 del CPACA13, dado que se
pretende la declaratoria de nulidad, con el consecuente restablecimiento del
derecho, de unos actos administrativos proferidos en el marco de un trámite de
formalización de minería tradicional por parte de una autoridad del orden nacional,
como es la ANM14. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver
el asunto en única instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 295 de la
Ley 685 de 200115 —contentiva del Código de Minas—, vigente para la fecha de la
presentación de la demanda16, el cual determinaba que el Consejo de Estado
conoce en única instancia de los asuntos mineros no contractuales en los que sea
parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada.
Además, cabe destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo
No. 080 de 201917, corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que versen “sobre asuntos agrarios contractuales,
mineros y petroleros”.
1.2. El medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA18, el cual establece que toda
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en
su derecho, pudiendo solicitar, asimismo, que se le repare el daño. Se trata del
mecanismo procedente en los casos en que el particular sufre un daño originado en
un acto administrativo, generalmente de carácter particular y concreto, siempre que
dicho acto se estime ilegal; además, tiene como finalidad, que el juez administrativo
declare su nulidad y, como consecuencia, ordene el restablecimiento del derecho
conculcado, vulnerado o desconocido, y/o la indemnización de los perjuicios
12 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en virtud
de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto mencionado, así como la Ley 2080 de 2021, salvo en lo
relativo a las disposiciones sobre competencia.
13 LEY 1437 de 2011, artículo 104. “De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa. […]” [Destaca la Sala]
14 La Agencia Nacional de Minería fue creada por el Decreto 4134 de 3 de noviembre de 2011, como un
organismo especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica,
adscrito al Ministerio de Minas y Energía y encargado de cumplir, entre otras funciones, las de promover,
celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la
exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado, cuando tales funciones le sean delegadas por
el referido Ministerio, de conformidad con la ley.
15 LEY 685 DE 2001, artículo 295. “COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. De las acciones que se
promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal
nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.”
16 Artículo derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. Al respecto, es preciso señalar que, si bien la
Ley 2080 de 2021 derogó la competencia atribuida al Consejo de Estado para conocer en única instancia de
determinados asuntos mineros, asignándola a los tribunales administrativos cuando en el proceso sea parte la
Nación, una entidad territorial o una entidad descentralizada por servicios, la misma normativa estableció una
cláusula de vigencia escalonada. En efecto, dispuso que las normas relativas a la modificación de competencias
solo serían aplicables a las demandas presentadas a partir del año siguiente a su publicación, esto es, desde
el 25 de enero de 2022.
17 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
18 LEY 1437 de 2011, artículo 138. “NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […].
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ocasionados, siendo la declaratoria de nulidad un requisito sine qua non para
obtener dicho restablecimiento.
Este supuesto resulta aplicable al caso en estudio, ya que la parte demandante
pretende, por un lado, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núm. 922 del
17 de octubre de 2019 y núm. 695 del 23 de junio de 2020, mediante las cuales la
ANM rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional núm. NF4-16561,
presentada por el señor David Jesús Castillo Cepeda, en razón a la superposición
del área solicitada con tres títulos mineros —FEL-163, EI1-131 y FEL-161—, cuyo
titular es la propia sociedad actora. Por otro lado, solicita el restablecimiento del
derecho mediante la orden de rehacer el procedimiento de formalización minera,
con el fin de permitir la etapa de mediación prevista en el artículo 325 de la Ley 1955
de 2019, al considerar que dicha disposición fue indebidamente interpretada por la
autoridad minera, en contravía de los principios constitucionales y administrativos
que considera vulnerados.
1.3. La demanda fue ejercida en tiempo, conforme al término establecido en el
literal d) del artículo 164 del CPACA, el cual dispone que el plazo para ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de “cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales”. [Destaca la Sala]
En el presente asunto se observa que el Despacho sustanciador, mediante
providencia del 10 de junio de 202219, resolvió reponer la decisión de rechazo de la
demanda por caducidad del medio de control, contenida en el auto del 18 de febrero
de 202220. Lo anterior, al decidir el recurso de reposición interpuesto por la parte
actora, quien manifestó haber conocido las resoluciones acusadas únicamente
hasta el día 9 de febrero de 2021, en el marco de una acción de tutela promovida
con el fin de obtener su notificación formal21.
En efecto, al examinar el expediente el Despacho advirtió que con la demanda se
allegaron, entre otros documentos, una captura de pantalla del correo electrónico
mediante el cual la ANM dio respuesta a la tutela con radicado No. 11001-33-35-
022-2021-00030-0022, adjuntando las resoluciones núms. 000922 del 17 de octubre
de 2019 y 00695 del 23 de junio de 2020, así como el memorial contentivo de dicha
contestación, en el cual la autoridad minera manifestó que no estaba obligada a
notificar tales actos a la sociedad accionante por considerarla un tercero dentro del
trámite administrativo23. Esta afirmación se vio confirmada en los antecedentes y en
la parte resolutiva de la Resolución 00695 de 2020, en la que expresamente se
19Archivo electrónico identificado con certificado 323F718F1978F34B 4C6CDFC97B1CBA0A
0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
20 Archivo electrónico identificado con certificado 1F83971224137535 090DFBF4990CDF23
D9BE099A6159A724 D09D7C2122920749, ubicado en el índice 12 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
21 Archivo electrónico identificado con certificado 4561623601438EF5 E3A580CDD2130808
2AC81CE47A8C8F7F D596725C283B4E8A, ubicado en el índice 10 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
22 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927
D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el índice No. 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai, documento No. 7, páginas 56 a 58.
23 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927
D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el índice No. 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai, documento No. 7, páginas 59 a 64.
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
ordenó notificar únicamente al solicitante de la formalización, esto es, el señor David
de Jesús Castillo Cepeda.
En tal sentido, y como medida de garantía de acceso a la administración de justicia,
el Despacho tomó como fecha de conocimiento de los actos demandados el 9 de
febrero de 2021. Por tanto, conforme con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2,
literal d) del CPACA, el término de caducidad de cuatro (4) meses transcurrió entre
el 10 de febrero y el 10 de junio de 2021. Sin embargo, la parte actora presentó
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 8
de junio de 2021, lo que suspendió el término de caducidad conforme con los
artículos 21 de la Ley 640 de 200124 y 3 del Decreto 1716 de 200925. A continuación,
la Procuraduría 101 Judicial I para Asuntos Administrativos expidió la constancia de
no conciliación de fecha 22 de junio de 202126-27, por lo que el término de caducidad
se reanudó al día siguiente y vencía el 24 de junio del mismo año. Como la demanda
fue presentada el 22 de junio de 202128, resulta claro que fue interpuesta dentro del
término legal, sin configurarse el fenómeno de la caducidad del medio de control.
2. Problema jurídico y análisis de la legitimación en la causa por activa de la
sociedad demandante
2.1 Avocado el conocimiento del proceso en única instancia, esta colegiatura
advierte que, mediante auto proferido el 8 de noviembre de 2022 29, el Despacho
24 LEY 640 DE 2001, artículo 21. “Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que
se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el
artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
25 DECRETO 1716 DE 2009, artículo 3. “Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: // a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o // b) Se expidan
las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o // c) Se venza el término de tres (3)
meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. // En caso de que el acuerdo
conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación
de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia
correspondiente. // La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. // Parágrafo
único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrados para el trámite
conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o
prescripción”.
26 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927
D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el índice No. 2 del expediente digital, en el aplicativo
Samai, documento No. 7, páginas 77 a 78.
27 LEY 640 DE 2001, artículo 2. “Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se
indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y
se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se
trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los
10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo”.
28 Archivo electrónico identificado con certificado 4561623601438EF5 E3A580CDD2130808
2AC81CE47A8C8F7F D596725C283B4E8A, ubicado en el índice No. 10 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
29 Archivo electrónico identificado con certificado 5EC1BB0331BFFAC6 18B8FF94032C90A2
A417AE087686EB89 1B4EFB2041BDC5E7, ubicado en el índice 19 del expediente digital, en el aplicativo
Samai.
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sustanciador adecuó el trámite al procedimiento excepcional de sentencia
anticipada, con fundamento en lo previsto en el artículo 182A del CPACA. En dicho
proveído se estimó cumplido lo dispuesto en los literales b) y c) de la citada
disposición, al constatarse (i) que en el expediente únicamente obraban pruebas
documentales; (ii) que no resultaba necesaria la práctica de pruebas adicionales;
(iii) y que no se evidenciaban causales de nulidad, excepciones previas ni otras
circunstancias que impidieran o condicionaran la emisión de un pronunciamiento de
fondo. En consecuencia, se prescindió de la celebración de la audiencia inicial y se
fijó el litigio en torno a la legalidad de los actos administrativos demandados.
No obstante, la Sala estima necesario pronunciarse de oficio sobre el presupuesto
procesal relativo a la legitimación en la causa por activa de la sociedad demandante.
Para tal efecto, se plantea el siguiente problema jurídico: ¿Cuenta con legitimación
en la causa por activa, en sentido material, una sociedad comercial que no intervino
en la actuación administrativa previa relacionada con una solicitud de formalización
minera presentada por un tercero, que no figura como destinataria de los actos
administrativos cuestionados ni acredita un vínculo jurídico con el solicitante, pero
que alega una afectación derivada de la omisión de la etapa de mediación con dicho
tercero?
La necesidad de este análisis radica en que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto fundamental para la validez de la relación procesal y, por
tanto, para la posibilidad de adoptar una decisión de fondo. Debido a su naturaleza
estructural, el juez no solo está facultado, sino también obligado a verificar su
concurrencia de manera oficiosa, aun en ausencia de alegación expresa de las
partes. Ello en cumplimiento de su deber de velar por la regularidad del proceso,
conforme a los principios de legalidad, economía procesal y congruencia, que
exigen que el juicio se adelante únicamente respecto de quienes ostenten, con base
en el derecho sustancial, la condición de sujetos legitimados para promover o
controvertir las pretensiones sometidas a consideración judicial30.
2.2. Frente a la naturaleza de este presupuesto procesal, la jurisprudencia de la
Corporación ha sostenido de tiempo atrás que la legitimación en la causa —
legitimatio ad causam— “(…) se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los
sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o
litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no
derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las
segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que,
de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el
proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser
sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión
del juez, en el supuesto de que aquélla exista”31.
La legitimación en la causa —entendida como la correspondencia entre quien ejerce
la acción y el titular del derecho sustancial que se alega vulnerado— constituye un
presupuesto esencial para la validez de la relación jurídico-procesal32. Su ausencia
30 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia
del 30 de abril de 2014, Rad: 73001-23-31-000-2003-02007-01(33609)
31 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de abril
de 2008, Rad: 16.271.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia
del 26 de septiembre de 2012, Rad: 05001-23-31-000-1995-00575-01(24677)
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no configura una simple irregularidad formal, sino un defecto sustancial que impide
al juez ejercer válidamente la función jurisdiccional, lo que conlleva la necesidad de
abstenerse de emitir un pronunciamiento de mérito y, en su lugar, proferir una
decisión inhibitoria respecto de las pretensiones formuladas.
Desde la perspectiva activa, la legitimación en la causa exige que quien formula la
demanda ostente la titularidad del interés jurídico sustancial cuya protección se
pretende, esto es, que exista una conexión directa, actual y jurídicamente relevante
entre el demandante y el objeto de la controversia. No basta, por tanto, con un
interés meramente fáctico, abstracto o general en la legalidad o validez del acto o
hecho impugnado; se requiere, por el contrario, que el actor acredite una afectación
concreta de su esfera jurídica que lo habilite, conforme a la ley sustancial, para
promover válidamente la acción.
Desde la perspectiva pasiva, la exigencia recae sobre la parte contra quien se dirige
la demanda, en el sentido de que debe ser la persona llamada a responder por el
derecho o interés sustancial que se somete a juicio. Esto implica que el sujeto
demandado debe estar vinculado de manera sustantiva con la relación jurídica que
dio origen al litigio, en calidad de titular de la situación jurídica pasiva debatida. En
consecuencia, no es posible estructurar válidamente una relación procesal cuando
se demanda a un tercero que no tiene participación o responsabilidad sustancial en
el asunto controvertido, pues ello vulneraría el principio de congruencia y afectaría
el debido proceso.
Así entendida, la legitimación en la causa —ya sea en su dimensión activa o
pasiva— cumple una función estructural dentro del proceso, en la medida en que
delimita los sujetos habilitados para intervenir en la contienda judicial con
fundamento en la existencia de una relación jurídica material que los vincula con el
objeto del litigio. Su verificación, por tanto, constituye una exigencia ineludible para
habilitar la competencia funcional del juez y asegurar que el pronunciamiento que
se profiera recaiga sobre una controversia jurídicamente justiciable33.
En esa línea, la legitimación material en la causa hace referencia a la participación
sustancial y directa de los sujetos en el hecho o acto jurídico que origina la
demanda, con independencia de que hayan comparecido formalmente al proceso
en calidad de demandantes o demandados. Esta categoría, de naturaleza
sustancial, exige constatar que las partes estén efectivamente vinculadas a la
relación jurídica que constituye el objeto del litigio. Al respecto, la jurisprudencia ha
señalado: “(…) la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene,
si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone
el demandado o advierte el juzgador (…) para extinguir parcial o totalmente la
súplica procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del
demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —
33 En el marco de la construcción dogmática del proceso, la legitimación en la causa ha sido concebida como
un presupuesto esencial para la existencia válida de la relación jurídico-procesal, en tanto representa la
correspondencia subjetiva entre los sujetos procesales y los titulares del derecho o de la obligación sustancial
que se debate. Desde esta perspectiva, la doctrina procesal ha resaltado que el juez no puede emitir un
pronunciamiento de fondo favorable sin verificar dicha correspondencia, pues no basta con la existencia material
del derecho alegado, sino que es necesario constatar quién lo hace valer y contra quién se ejerce. Al respecto,
Giussepe Chiovenda lo expone en los siguientes términos: “(…) Con ella se expresa que, para que un juez
estime la demanda, no basta con que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que
éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer, o sea,
considere la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley”.
(CHIOVENDA, Giussepe. Curso de derecho procesal civil. Ed. Oxford, pág. 68).
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modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la
prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.
La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y
necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o
al demandado” 34.
En desarrollo de dicho criterio, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha
diferenciado de forma clara y reiterada entre dos tipos de legitimación: la formal y la
material35. La primera, también conocida como legitimación de hecho, alude a la
configuración formal de la relación jurídico-procesal que surge con la presentación
de la demanda y la atribución de una conducta a la parte demandada. Este vínculo
adquiere validez procesal con la notificación del auto admisorio. La segunda, es
decir, la legitimación material, se refiere —como se explicó previamente— a la
conexión sustancial entre los sujetos procesales y los hechos jurídicos que
sustentan la controversia. Implica, en esencia, el análisis de fondo orientado a
establecer si quienes intervienen en el proceso ostentan, desde el extremo activo o
pasivo, la calidad de titulares de la relación jurídica sustancial objeto del litigio.
2.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala procede a señalar que, en el presente
caso, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la ANM —
en la medida en que fue la entidad que profirió las Resoluciones No. 922 del 17 de
octubre de 2019 y No. 695 del 23 de junio de 2020, actos administrativos cuya
legalidad se controvierte en esta litis—.
Por su parte, en lo que respecta a la legitimación en la causa por activa, se
encuentra que la sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. ostenta legitimación en
la causa en sentido formal, en tanto dicha condición se deriva de la presentación de
la demanda y la atribución de una conducta a la parte demandada. Con todo, este
presupuesto no se encuentra acreditado en su dimensión material, toda vez que las
pruebas allegadas al expediente no permiten constatar la existencia de un vínculo
sustancial entre la sociedad actora y el contenido del acto impugnado, lo que impide
estructurar válidamente la relación jurídico-procesal, en los términos exigidos por la
jurisprudencia de esta Corporación, para habilitar un pronunciamiento de fondo,
conforme pasa a explicarse a continuación:
2.3.1. En el expediente consta que el señor David de Jesús Castillo Cepeda,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.214.466, presentó el 4 de junio de
2012, ante la autoridad minera nacional, la Solicitud de Formalización de Minería
Tradicional No. NF4-16561, con el propósito de adelantar actividades de
exploración y explotación de un yacimiento de carbón térmico y demás minerales
34 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de
octubre de 2007, Rad. 13503.
35 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de
noviembre de 2001, Rad: 52001-23-31-000-1994-6158-01(13356); Sentencia de 27 de abril de 2006; Rad:
66001-23-31-000-1996-03263-01 (15352); Sentencia de 25 de julio de 2011, Rad. 20146; Sentencia de 8 de
mayo de 2013, Rad.: 1999-00775-01 (26484); Sentencia del 26 de febrero de 2014, Rad.: 52001-23-31-000-
2000-01407-01 (27957); Sentencia del 30 de abril de 2014, Rad: 73001-23-31-000-2003-02007-01(33609);
Sentencia de 23 de septiembre de 2015, Rad.: 2002-01001- 01 (39327); Sentencia del 12 de julio de 2024, Rad.
76001-23-31-000-2011-01282-01 (67856); Sentencia del 19 de mayo de 2025, Rad. 08001-23-31-703-2013-
00021-01 (61152).
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
concesibles, ubicado en jurisdicción de los municipios de Vélez y Landázuri,
departamento de Santander36.
2.3.2. El Grupo de Legalización Minera, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 y en la Resolución ANM 505 de 2019 —por
medio de la cual se implementó el sistema de cuadrícula minera—, emitió concepto
técnico el 6 de octubre de 2019, en el que concluyó lo siguiente:
“(…) Una vez realizado el proceso de migración y transformación de la solicitud NF4-
16561 para DEMÁS CONCESIBLES CARBÓN TÉRMICO, se tiene que de acuerdo
con los ‘Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Solicitudes Mineras a
Partir del Sistema de Cuadrícula Minera y Metodología para la Migración de los
Títulos Mineros al Sistema de Cuadrícula’ adoptados por la Resolución 505 de 2 de
agosto de 2019, no cuenta con área libre (…)”37.
2.3.3. En consecuencia, el vicepresidente de Contratación y Titulación Minera (E)
de la ANM acogió dicha recomendación y expidió la Resolución No. No. 922 del 17
de octubre de 2019 “Por medio de la cual se rechaza y archiva la solicitud de minería
tradicional No. NF4-16561", en la que resolvió lo siguiente38:
(…) ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar la Solicitud de Formalización de Minería
Tradicional No. NF4-16561, por las razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la presente resolución a
través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación al señor DAVID DE JESÚS CASTILLO CEPEDA,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7124466, en caso de que no sea
posible, procédase mediante aviso de conformidad con el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución,
oficiar a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación, al Alcalde Municipal de VELEZ y al
Alcalde Municipal de LANDAZURI, departamento de Santander, para que
procedan a suspender la actividad de explotación dentro del área de la solicitud
NF4-16561, lo anterior de conformidad con el artículo 306 de la Ley 685 de
2001.
ARTÍCULO CUARTO.- Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución,
oficiar a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación, a la Corporación Autónoma Regional
de Santander, para que de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y
11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, imponga a cargo del solicitante las
medidas de restauración ambiental de las áreas afectadas por la actividad minera.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición el cual puede interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley 1437 de
36 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927
D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el folio 38, documento 7 del índice No. 2 del expediente
digital, en el aplicativo Samai.
37 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927
D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el folio 38, documento 7 del índice No. 2 del expediente
digital, en el aplicativo Samai.
38 Folios 37 al 40 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
14
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
2011.
ARTÍCULO SEXTO.- En firme esta providencia procédase a la desanotación del
del Sistema del Catastro Minero Colombiano, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 1955 y efectúese el archivo del referido expediente (…)”.
En la parte considerativa del acto administrativo, la ANM expuso, en síntesis, que el
área solicitada “no cuenta con área libre susceptible de contratar”, por lo que
consideró procedente su rechazo. Esta determinación se sustentó en el análisis
técnico efectuado tras la migración de la propuesta al sistema de cuadrícula minera,
de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución No. 505 del 2 de agosto
de 2019, en la que se determinó que el área propuesta se superponía con los títulos
mineros: FEL-163, EI1-131 y FEL-161.
La decisión se fundamentó, además, en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, que
establece que, en caso de que la solicitud recaiga sobre un área no libre “esta se
rechazará”, salvo que resulte aplicable lo previsto en el inciso tercero del artículo en
cuestión. Si la superposición con áreas no disponibles es de carácter parcial, se
aplicarán los recortes de área que correspondan. A partir de esta normativa, la
autoridad minera concluyó que la propuesta NF4-16561 no cumplía los requisitos
técnicos ni jurídicos para continuar su trámite, por lo que era procedente su rechazo.
2.3.4. El acto administrativo fue notificado mediante aviso No. 20192120567451 de
fecha 31 de octubre de 2019, entregado al interesado el día 11 de noviembre del
año 201939.
2.3.5. Está demostrado igualmente que, mediante documentos radicados el 19 de
noviembre de 2019, el señor David de Jesús Castillo Cepeda —solicitante en el
trámite de Formalización de Minería Tradicional No. NF4-16561— interpuso recurso
de reposición contra la Resolución No. 922 del 17 de octubre de 2019. En su escrito,
el recurrente controvirtió los fundamentos de dicha decisión, alegando que la
autoridad minera la sustentó principalmente en la supuesta superposición de su
solicitud con los títulos EI1-131, FEL-163 y FEL-161, sin aplicar correctamente el
procedimiento previsto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 201940.
En su criterio, dicha disposición establece que, ante un caso de superposición, debe
intentarse previamente un proceso de mediación con los titulares, siendo
procedente el rechazo solo si no se alcanza un acuerdo. Adujó que, aunque dicho
procedimiento fue citado en el acto administrativo recurrido, la ANM no lo aplicó, lo
que vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Para sustentar su
afirmación, invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre dicho principio y
anexó un documento suscrito por la sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A.,
titular de los contratos mencionados, manifestando su disposición para llegar a un
acuerdo que le permita al solicitante continuar con el desarrollo de sus labores.
2.3.6. El 23 de junio de 2020, el Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera
(E) de la ANM expidió la Resolución No. 000695 "Por la cual se resuelve un recurso
de reposición dentro del trámite de la solicitud de Formalización de Minería
39 Folio 43 al 44 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
40 Folio 47 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
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Tradicional No NF4-16561", en la que resolvió lo siguiente41:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR lo dispuesto en la Resolución
No.000922 del 17 de octubre de 2019 “Por medio del cual se rechaza y se archiva
la solicitud de minería tradicional N° NF4-16561” lo anterior de conformidad con la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por intermedio del Grupo de Información y Atención al
Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional
de Minería, notifíquese personalmente a el señor DAVID DE JESÚS CASTILLO
CEPEDA identificado con la cédula de ciudadanía 7214466, o en su defecto,
mediante Aviso de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y siguientes
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Contra la presente providencia no procede recurso
alguno, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- En firme esta decisión, dese cabal cumplimiento a lo
dispuesto en la Resolución No.000922 del 17 de octubre de 2019 “Por medio del
cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional N° NF4-16561 (…).
En la parte considerativa del acto administrativo, la ANM sostuvo que, conforme a
lo previsto en el inciso tercero del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, el
procedimiento de mediación aplicaba en los casos en que la solicitud de
formalización de minería tradicional presentara superposición total con un único
título minero vigente a la fecha de promulgación de dicha ley, escenario en el cual
la autoridad minera debía convocar a las partes a un proceso de mediación, siendo
procedente el rechazo de la solicitud únicamente si el titular del derecho minero se
negaba a participar o no se alcanzaba un acuerdo.
Bajo este contexto, el acto administrativo señaló que, en el presente asunto, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015, 24 y 325 de
la Ley 1955 de 2019, y en las Resoluciones ANM 504 de 2018 y 505 de 2019, la
autoridad minera evaluó el área correspondiente a la solicitud de formalización No.
NF4-16561, lo cual permitió establecer el grado de superposición y determinar la
procedencia o no del trámite de mediación previsto normativamente.
Sobre el particular, la misma Resolución No. 000695 también indicó que el Ministerio
de Minas y Energía, frente a los impactos sociales, técnicos y ambientales derivados
de la explotación minera sin título, ha diseñado e implementado dos programas
dirigidos a fortalecer la pequeña minería y a resolver, mediante acuerdos, los
conflictos que se presentan entre pequeños mineros y titulares mineros, precisando
que los mismos consistían en: (i) el Subcontrato de Formalización Minera y (ii) la
Devolución de Áreas para Formalización. A propósito de lo anterior, resaltó que
ambos cuentan con el acompañamiento técnico del Ministerio y de la Agencia
Nacional de Minería, y pueden ser solicitados en cualquier momento por el titular
minero.
En ese orden, concluyó que “(…) al existir superposición parcial con tres títulos
mineros y no total con un único título minero, tal y como lo dispone el inciso tercero
41 Folio 45 al 50 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
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del artículo 325 en comento, no es procedente la figura de la mediación dispuesta
en dicha normativa, razón por la cual la autoridad minera no dio inicio al proceso de
mediación dispuesto por la norma aludida. Bajo este entendido, lo que si resultó
procesalmente admisible, dada la situación técnica de la solicitud en estudio, con
fundamento en el inciso primero del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, fue el
recorte del área superpuesta parcialmente con los aludidos títulos, que generó el
rechazo de la solicitud al no encontrarse área libre susceptible para continuar (…)”.
2.3.7. En el caso concreto, la Sala observa que el interés sustancial cuya protección
se invoca mediante el presente medio de control —esto es, el derecho fundamental
al debido proceso, presuntamente vulnerado en el trámite administrativo de
formalización minera identificado con la placa No. NF4-16561— corresponde al
señor David de Jesús Castillo Cepeda, quien figura como solicitante directo en el
procedimiento iniciado el 4 de junio de 2012 ante la autoridad minera competente.
Conforme lo revelan los antecedentes que obran en el expediente, la solicitud se
presentó en virtud de la condición del interesado como minero tradicional, en el
contexto del régimen aplicable a la legalización de la minería de hecho, lo que
permite identificarlo como el sujeto que ostenta —en principio— el interés jurídico
comprometido por las decisiones administrativas adoptadas frente a dicha solicitud.
2.3.8. Ahora bien, en la demanda la sociedad actora argumentó que el artículo 325
de la Ley 1955 de 201942 prevé como parte del trámite del procedimiento de
formalización de minería tradicional una etapa de mediación entre el titular minero
y el solicitante, sustentando su interés en demandar la legalidad de los actos
cuestionados y el restablecimiento pretendido, justamente, en que fue omitida dicha
etapa. Al punto, la Sala considera que lo anterior no resulta suficiente para concluir
que la actora ostenta legitimación material para pretender la nulidad de la decisión
de rechazar la solicitud de formalización minera presentada por el tercero
destinatario de los actos cuestionados:
42 LEY 1955 DE 2019, Artículo 325. “Trámite solicitudes de formalización de minería tradicional. Las personas
naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10
de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se
encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad técnica del
desarrollo del proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta se
rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso que la superposición sea parcial
se procederá a los recortes respectivos. La autoridad minera resolverá estas solicitudes en el término de un (1)
año contado a partir de la viabilidad técnica de la solicitud. (…) Una vez verificada la viabilidad de la solicitud, la
autoridad minera requerirá al solicitante para que presente en un plazo máximo de cuatro (4) meses el programa
de Trabajos y Obras - PTO a ejecutar y la licencia ambiental temporal para la formalización en los términos del
artículo 23 de esta Ley, so pena de entender desistido el trámite de formalización. En caso de que se formulen
objeciones al PTO y estas no sean subsanadas se procederá al rechazo de la solicitud. Una vez aprobado el
PTO y el Plan Manejo Ambiental - PMA o licencia ambiental temporal se procederá con la suscripción del
contrato de concesión. (…) En el evento en que las solicitudes de formalización de minería tradicional se hayan
presentado en un área ocupada totalmente por un título minero y se encuentre vigente a la fecha de
promulgación de la presente Ley, la autoridad minera procederá a realizar un proceso de mediación entre las
partes. De negarse el titular minero a la mediación o de no lograrse un acuerdo entre las partes, se procederá
por parte de la autoridad minera al rechazo de la solicitud de formalización. (…) A partir de la promulgación de
esta Ley y mientras no se resuelva de fondo el trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional no
habrá lugar a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, ni a
proseguir las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de esta misma ley, sin perjuicio de la
aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental, así como las relacionadas con la
seguridad minera”.
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
2.3.8.1. El artículo 165 de la Ley 685 de 2001 dispuso43, con carácter temporal, que
los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro
Minero Nacional podían solicitar el otorgamiento de un contrato de concesión en el
término improrrogable de tres (3) años, contados a partir del 1º de enero de 2002,
siempre que el área solicitada estuviese libre para contratar y cumpliera con los
requisitos para tal efecto; posteriormente, el artículo 12 de la Ley 1382 de 201044
dispuso que los grupos y asociaciones de minería tradicional que explotaran minas
de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional podían solicitar
en el término improrrogable de dos (2) años, contados a partir del 9 de febrero de
2010, que la mina correspondiente les fuera otorgada en concesión; esta última
norma fue reglamentada por el Decreto 2715 de 201045, cuyo capítulo
correspondiente a la “Legalización Minera” fue objeto de modificación por el Decreto
1970 de 201246, disposición que, a su turno, fue derogada tácitamente por el
Decreto 933 de 9 de mayo de 201347.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia C-366 de 2011,
declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el término de dos
(2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrodescendientes, con lo cual dicha norma salió del
ordenamiento jurídico el 12 de mayo de 2013 y, el Decreto 933 de 2013 fue
suspendido provisionalmente por esta Corporación mediante auto de 20 de abril de
201648 y, posteriormente, anulado en sentencia de 28 de octubre de 201949.
2.3.8.2. Posteriormente, el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1753 de 2015 —Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018— estatuyó que la autoridad minera nacional
podría adoptar un sistema de cuadrícula única y continua para delimitar el área
objeto de los contratos de concesión minera, con la indicación de que podría ser
implementado incluso respecto de los títulos vigentes si el beneficiario así lo decidía,
aspecto que fue objeto de desarrollo en la Resolución número 504 de 18 de
septiembre de 2018 proferida por la ANM50, en la que se dispuso, entre otros
43 LEY 685 DE 2001, artículo 165.” Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados
a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en
concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se
hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no
habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306,
ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código. (…) Los procesos
de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de manera gratuita por parte de la autoridad minera.
Adicionalmente, esta última destinará los recursos necesarios para la realización de éstos, en los términos del
artículo 58 de la Ley 141 de 1994. (…) Los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en
el Registro Minero Nacional, con anterioridad a la vigencia de este Código, serán inscritos en el mismo y para
su ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes. (…) Tampoco habrá
lugar a suspender la explotación sin título, ni a iniciar acción penal, en los casos de los trabajos de extracción
que se realicen en las zonas objeto de los Proyectos Mineros Especiales y los Desarrollos Comunitarios
adelantados conforme a los artículos 248 y 249, mientras estén pendientes los contratos especiales de
concesión objeto de dichos proyectos y desarrollos”.
44 “Por el cual se modifica la ley 685 de 2001 Código de Minas”
45 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 2010”
46 “Por el cual se modifica el Capítulo II del Decreto número 2715 de 2010”
47 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional y se modifican unas
definiciones del Glosario Minero”.
48 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 11001-
03-26-000-2014-00156 (52.506), auto de 20 de abril de 2016, providencia fue confirmada en sede de súplica
por auto de 19 de septiembre de 2018.
49CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia
de 28 de octubre de 2019, Rad. 11001-03-26-000-2015-00169-00 (55.881).
50 “Por medio de la cual se adopta el sistema de cuadrícula para la Agencia Nacional de Minería – ANM, y se
dictan otras disposiciones en materia de información geográfica”
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
aspectos, que la cuadrícula minera está conformada por un conjunto continuo de
celdas de tres coma seis por tres coma seis segundos de arco (3,6” x 3,6”) referidas
a la red geodésica nacional vigente.
2.3.8.3. A continuación, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 201951 —Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022—, en la que se estipuló que la implementación
del sistema de cuadrícula se llevaría a cabo de acuerdo con los lineamientos
definidos por la autoridad minera nacional, que todas las solicitudes y propuestas
se evaluarían con base en este y que no se permitiría la superposición de
propuestas sobre una misma celda, con excepción de las concesiones
concurrentes. A su vez, se prescribió que los títulos mineros otorgados con
anterioridad a la vigencia de esa norma migrarán a ese nuevo esquema,
manteniendo las condiciones y coordenadas con las que fueron otorgados.
En virtud del mandato anterior, la ANM profirió la Resolución 505 del 2 de agosto de
2019, en la que se adoptaron los lineamientos para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para
la migración de los títulos mineros a ese esquema, para lo cual se previó un período
de transición desde la vigencia de ese acto administrativo y hasta el 31 de octubre
de 2019, en el que se realizaría la transformación y evaluación de las propuestas
de contratos de concesión y solicitudes mineras en trámite52.
En ese orden, la Resolución 505 de 2019 dispuso que la delimitación del área de
las propuestas de contrato de concesión y las peticiones mineras en trámite se
establecerá y evaluará con base en la cuadrícula minera prevista en la Resolución
504 de 201853; sin embargo, esta Corporación anuló varios apartes de las reglas de
negocio 6.1.2. y 6.1.6. de esa decisión54, porque: i) crearon un derecho exclusivo en
favor del beneficiario de títulos mineros sobre áreas no comprendidas en su título,
al prever el bloqueo de celda cuando es tocada parcialmente por uno o más títulos
vigentes, desconociendo el orden de prelaciones; y ii) por favorecer
injustificadamente a los titulares mineros al establecer que eran los únicos
habilitados para presentar solicitudes de concesión sobre las áreas libres de una
celda tocada total o parcialmente por un título minero.
2.3.8.4. Ahora bien, el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 fue concebido como una
herramienta normativa orientada a facilitar la incorporación progresiva de la minería
51 LEY 1955 DE 2019, Artículo 24. “Sistema de cuadrícula en la titulación minera. La implementación del sistema
de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de información geoespacial vigentes y los
lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional. (…) Todas las solicitudes y propuestas se
evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la autoridad minera nacional. Por lo
anterior no se permitirá la superposición de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las
concesiones concurrentes. (…) Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del
sistema de cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el efecto establezca
la autoridad minera nacional”.
52 RESOLUCION 505 DE 2019, Artículo 1. “Adoptar los lineamientos para la evaluación de los trámites y
solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula minera y la metodología para la migración de los títulos
mineros al sistema de cuadrícula (…)”. // “Artículo 3. Transición. Dar inicio al período de transición desde la
entrada en vigencia del presente acto administrativo y hasta el 31 de octubre de 2019. Durante este período, se
realizará la transformación y evaluación de las propuestas de contratos de concesión y solicitudes mineras que
se encuentren en trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución”.
53 RESOLUCION 505 DE 2019, Artículo 3. “(…) Parágrafo primero. La delimitación del área de las propuestas
de contrato de concesión y solicitudes mineras en trámite se establecerá y evaluará con base en la cuadrícula
minera de que trata la Resolución 504 de 2018 o la que la modifique, aclare o sustituya”.
54 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 30 de junio de 2022. Rad. 41001-23-31-000-2012-00263-01 (68320).
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
tradicional al régimen jurídico formal, bajo un enfoque que reconoce su coexistencia
con el sistema de concesiones. Para ello, prevé un procedimiento diferenciado,
flexible y garantista que permite evaluar la viabilidad técnica y jurídica de los
proyectos de pequeña minería, al tiempo que promueve su regularización y
contribuye a la protección del interés público.
De manera particular, la norma introduce un mecanismo de mediación obligatoria
en aquellos casos en los que la solicitud de formalización se superpone totalmente
con un título minero vigente. Este mecanismo refleja una apuesta institucional por
la concertación administrativa como vía para armonizar derechos en conflicto, y
constituye un canal alternativo de resolución que fortalece principios como la
inclusión, el diálogo y la solución pacífica de controversias. El legislador, en este
marco, reconoce la relevancia social y económica de la minería de hecho, pero
exige, al mismo tiempo, que su incorporación al régimen legal se someta a criterios
objetivos de viabilidad y compatibilidad con los derechos adquiridos.
2.3.8.5. En el presente caso, la ANM rechazó la solicitud de formalización minera
No. NF4-16561 con fundamento en la existencia de una superposición parcial entre
el área solicitada y tres títulos mineros inscritos, todos ellos a nombre de la sociedad
demandante. Conforme a la interpretación adoptada por la autoridad minera, dicha
circunstancia excluye la aplicación del procedimiento de mediación contemplado en
el inciso tercero del artículo 325 ibidem.
Debe indicarse que, aun en el supuesto de que hubiese procedido la mediación
entre el señor David de Jesús Castillo Cepeda, en su calidad de solicitante de la
formalización, y la sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A., como titular de los
títulos superpuestos, ello no implica, por sí solo, la habilitación procesal de esta
última para promover una demanda contenciosa contra los actos administrativos
que rechazaron la solicitud presentada por el minero tradicional. La intervención en
una eventual fase de mediación, en calidad de tercero interesado o como titular del
derecho minero formal, no modifica la titularidad del derecho sustancial cuya
protección se pretende ni sustituye la condición de sujeto directamente afectado por
la decisión administrativa.
La Sala advierte que, conforme se indicó en la parte motiva de la Resolución No.
000695 del 23 de junio de 202055, el interés de la sociedad demandante en alcanzar
una concertación que permita el desarrollo de actividades de pequeña minería
dentro del área de sus contratos de concesión, puede canalizarse a través de los
programas diseñados e implementados por el Ministerio de Minas y Energía para
apoyar dicho sector, mediante los instrumentos de subcontrato de formalización
minera y devolución de áreas para formalización. Ambos mecanismos cuentan con
el acompañamiento técnico del Ministerio y de la ANM, y pueden ser solicitados en
cualquier momento por el titular minero; dicho interés, sin embargo, no habilita a la
sociedad para impugnar actos administrativos dirigidos a terceros a quienes se les
haya resuelto desfavorablemente su solicitud y que no han sido representados
válidamente en el proceso.
2.3.9. En el contexto expuesto, la Sala observa, entonces, que, si bien la sociedad
actora ostenta legitimación en la causa por activa en su dimensión formal, dicha
legitimación no se encuentra acreditada en su dimensión material. En efecto, no
55 Folio 45 al 50 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
obra en el expediente elemento probatorio que permita demostrar la existencia de
un vínculo sustancial con el derecho cuya protección se pretende, ni constancia de
una actuación en nombre o por cuenta de su titular. Esta circunstancia plantea
serios cuestionamientos sobre la conformación válida de la relación jurídico-
procesal, lo cual incide en la viabilidad de un pronunciamiento de fondo por parte de
esta jurisdicción:
2.3.9.1. En primer lugar, no se advierte que la sociedad actora haya promovido la
acción en calidad de agente oficioso, en los términos del artículo 57 del Código
General del Proceso56. La demanda no contiene manifestación alguna de esta
calidad, ni se allegó ratificación posterior por parte del señor David de Jesús Castillo
Cepeda, exigida por la normativa procesal como requisito para convalidar la
actuación. En segundo término, el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad demandante obrante en el proceso no muestra que el señor Castillo
Cepeda tenga vínculo alguno con dicha persona jurídica, ya sea como socio,
representante legal o miembro de sus órganos de administración o dirección57.
2.3.9.2. Finalmente, la abogada Carmen Susana Camacho Gualdrón, quien
comparece en este proceso en calidad de apoderada judicial de la sociedad
Inversiones Martínez Leroy S.A.58, no acredita poder alguno conferido por el señor
David de Jesús Castillo Cepeda que la habilite para actuar en su nombre o
representación. En el expediente no obra instrumento que permita establecer un
vínculo jurídico de representación entre dicha profesional del derecho y el titular de
la solicitud de formalización minera, lo que excluye cualquier posibilidad de
convalidar su intervención procesal a nombre de este.
La conjunción de estos elementos impone una conclusión inequívoca: la sociedad
demandante no cumple con ninguno de los supuestos que habilitarían su
legitimación en la causa por activa en su dimensión material dentro de un proceso
contencioso administrativo orientado a controvertir actos jurídicos que afectan un
derecho subjetivo cuyo titular es un tercero claramente determinado. La ausencia
de poder, de vínculo societario o institucional, y de agencia oficiosa válida, impide
56 LEY 1563 DE 2012, artículo 57. “Agencia Oficiosa Procesal. Se podrá demandar o contestar la demanda a
nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para
hacerlo; bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de
la demanda o la contestación. (…) El agente oficioso del demandante deberá prestar caución dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación que se haga a aquel del auto que admita la demanda. Si la parte no la
ratifica, dentro de los treinta (30) días siguientes, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente
oficioso a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado. Si la ratificación se produce antes del
vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal. (…)
La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda,
y ella comprenderá el término de ejecutoria y el de traslado. Ratificada oportunamente la demanda por la parte,
el proceso se reanudará a partir de la notificación del auto que levante la suspensión. No ratificada la demanda
o ratificada extemporáneamente, el proceso se declarará terminado. (…) Quien pretenda obrar como agente
oficioso de un demandado deberá contestar la demanda dentro del término de traslado, manifestando que lo
hace como agente oficioso. (…) Vencido el término del traslado de la demanda, el juez ordenará la suspensión
del proceso por el término de treinta (30) días y fijará caución que deberá ser prestada en el término de diez
(10) días. (…) Si la ratificación de la contestación de la demanda se produce antes del vencimiento del término
para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal. (…) Si no se presta la caución
o no se ratifica oportunamente la actuación del agente, la demanda se tendrá por no contestada y se reanudará
la actuación. (…) El agente oficioso deberá actuar por medio de abogado, salvo en los casos exceptuados por
la ley”.
57 Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal),
expedido el 24 de octubre de 2019 por la Cámara de Comercio de Bogotá. (Cfr. Folio 27 al 33 del anexo de la
demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI)
58 Folio 25 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
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Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
configurar un canal legítimo de representación procesal que habilite su participación
como demandante.
2.3.9.3. Si bien resulta comprensible que la sociedad actora pueda contar con un
interés económico, estratégico o personal en el resultado del procedimiento
administrativo de formalización —en su condición de titular de los títulos mineros
formalmente inscritos sobre el área solicitada, como lo manifestó su representante
legal en la certificación dirigida a la ANM el 18 de noviembre de 201959—, en el caso
concreto dicho interés en adelantar una mediación que permita que el minero
continúe desarrollando la actividad de la que deriva sustento, no se traduce ni puede
suplir el interés jurídico directo y personal para pretender la anulación de los actos
enjuiciados, lo que constituye el fundamento de la legitimación en la causa por activa
en su dimensión material. El acceso a la jurisdicción contencioso administrativa no
está diseñado para habilitar la intervención de terceros movidos por expectativas de
cualquier tipo, sino de quienes ostenten derechos subjetivos, intereses legítimos
jurídicamente protegidos o una autorización legal expresa para promover el control
de legalidad de los actos administrativos.
Esta limitación no obedece a un formalismo vacío, sino que responde a un principio
estructural del proceso contencioso administrativo: la exigencia de que el juez ejerza
su función respecto de controversias reales y actuales entre sujetos jurídicamente
vinculados al objeto del litigio. En efecto, el diseño institucional del proceso judicial
exige una correspondencia sustancial entre el demandante, el derecho que se
afirma vulnerado y el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona. Esta relación
de coherencia es la que da sentido a los principios de contradicción, congruencia y
economía procesal, así como a las garantías propias del debido proceso.
Desde una perspectiva institucional, esta exigencia constituye una garantía esencial
para la adecuada conformación de la litis y para la preservación del principio de
congruencia judicial. Permitir que un tercero —por más cercano o alineado que esté
con el interés del titular legítimo— asuma la impugnación de actos administrativos
que lo afectan directamente, implicaría desconocer los fundamentos que
estructuran el debido proceso, la legitimación en la causa por activa y la
representación procesal, comprometiendo así las garantías del verdadero titular del
derecho sustancial.
La legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto procesal esencial,
que exige la acreditación de un interés jurídico directo o, en su defecto, la existencia
de una representación legalmente válida del titular del derecho presuntamente
afectado. En el caso bajo examen, no obra en el expediente prueba alguna que
permita establecer que la sociedad demandante actúe en nombre del señor David
de Jesús Castillo Cepeda, ni que ostente un vínculo jurídico que la habilite para
ejercer la acción en causa propia. En consecuencia, se declarará la falta de
legitimación en la causa por activa por parte de la sociedad Inversiones Martínez
Leroy S.A., de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 187
del CPACA, el cual prevé que “en la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”.
59 Folio 34 del anexo de la demanda, actuación registrada en el índice 2 del aplicativo SAMAI
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
3. Conclusión
En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que en el presente caso no obra
en el expediente prueba alguna que permita acreditar que la sociedad Inversiones
Martínez Leroy S.A. actúe en nombre del señor David de Jesús Castillo Cepeda, ni
que ostente un vínculo jurídico que la habilite para ejercer la acción en causa propia.
Por el contrario, se constató que la solicitud de formalización minera identificada con
la placa No. NF4-16561 fue presentada de manera directa y exclusiva por el señor
Castillo Cepeda, en su calidad de minero tradicional. Esta circunstancia pone en
evidencia la ausencia de un interés jurídico propio, directo y actual en cabeza de la
sociedad demandante para demandar la anulación del acto administrativo que el
propio destinatario no cuestionó ante la jurisdicción, así como la inexistencia de una
representación legalmente válida del titular del derecho presuntamente afectado.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la sociedad Inversiones
Martínez Leroy S.A. no ostenta legitimación material en la causa por activa para
controvertir, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los
actos administrativos expedidos por la ANM, razón por la cual así se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
4. Condena en costas
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 36560 y 36661 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA62, establecen
que: “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código”.
De conformidad con el marco normativo aplicable, la condena en costas procede,
por regla general, cuando se verifica la existencia de una parte vencida en el
proceso, lo que presupone la emisión de un pronunciamiento de mérito que resuelva
de fondo las pretensiones planteadas. En el caso concreto, al tratarse de un proceso
de única instancia en el que se encontró probada la falta de legitimación en la causa
por activa de la sociedad demandante, en su dimensión material, no se satisface
60 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
61 LEY 1564 DE 2012. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
62 LEY 1437 DE 20111. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)
Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.
dicha condición, toda vez que la decisión adoptada no implica una valoración
sustancial del litigio ni un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones
formuladas63.
Este razonamiento se extiende igualmente a las agencias en derecho, habida
consideración de que, conforme a lo previsto en el artículo 361 del estatuto procesal
civil, estas constituyen un componente de las costas procesales, cuyo
reconocimiento presupone la existencia de una parte vencida, conforme a los
criterios antes expuestos.
En el caso concreto, dado que la Sala encontró probada la falta de legitimación en
la causa por activa de la sociedad demandante en su dimensión material, resulta
evidente que no se establece una parte vencida en los términos exigidos por los
artículos 365 y 366 ejusdem. Así las cosas, al no haberse emitido una decisión de
mérito sobre las pretensiones formuladas, la condena en costas resulta
improcedente, motivo por el cual no habrá lugar a su imposición.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera Subsección C de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de
la sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal), con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
GE1
63 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 3 de julio de
2020. Rad.05001-23-33-000-2014-00169-01 (23735).
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