Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2003-02185-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2003-02185-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2003-02185-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2003-02185-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. EL ACTO DE
APREHENSIÓN NO ES DEMANDABLE. NO SE AGOTÓ LA VÍA
GUBERNATIVA EN RELACIÓN CON ALGUNOS ÍTEMS DEL ACTO
ACUSADO, PUES NO SE INTERPUSO RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN FRENTE A LAS MOTIVACIONES QUE TUVO LA
ENTIDAD DEMANDADA RESPECTO DE TALES ÍTEMS. NO ESTABA
OBLIGADO EL TRIBUNAL A PRONUNCIARSE RESPECTO DE CARGOS
QUE NO FUERON FORMULADOS EN LA DEMANDA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia de 29
de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que: i) declaró probada la ineptitud de la demanda
respecto del Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002
y de la Resolución núm. 1005 de 2002; ii) declaró probada, de
oficio, la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de
la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió para emitir
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Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.
pronunciamiento alguno respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13,
17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003; y iii)
denegó las demás súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.,
por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85
del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó
demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1ª. Se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución
núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, expedida por la División
Jurídica Aduanera de la Administración Local de Aduanas de
Barranquilla, en adelante DIAN, por medio de la cual resolvió un
recurso de reconsideración revocando parcialmente la Resolución
núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual se
decomisó “[…] a favor de la Nación – Unidad Administrativa
Especial – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, la
mercancía aprehendida con el Documento de Ingreso, Inventario y
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Avalúo de Mercancías – D.I.I.A.M. No. 4602000795 de 6 de abril de
2002 a la CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. […]”.
2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho se declare que la Organización Clínica
General del Norte S.A. demostró, a través de los documentos
aportados, la legal introducción de la mercancía al territorio
colombiano y, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 506 del
Decreto 2685 de 1999, se ordene la entrega de la misma.
Con escrito de adición de la demanda se solicitó la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
• Acta de aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002,
expedida por la División de Fiscalización de la DIAN, mediante
la cual se relaciona la mercancía no amparada en una
declaración de importación.
• Resolución núm. 1005 de 26 de junio de 2002, expedida por
el Jefe de Grupo de Infracciones de la División de Fiscalización
de la DIAN, por medio de la cual se propone el decomiso de
una mercancía.
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• Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, expedida
por el Jefe de la División de Liquidación Aduanera de la DIAN,
por medio de la cual se ordena el decomiso de una
mercancía.
• Resolución núm. 0895 de 1o. abril de 2004, por medio de la
cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa.
I.2. La parte actora fundó su demanda en los siguientes hechos,
que se sintetizan a continuación:
1º. Indicó que luego de la visita efectuada por los funcionarios de la
División de Fiscalización Aduanera, comisionados mediante Auto
núm. 0196 de 20 de marzo de 2002, la DIAN le otorgó un plazo de
24 horas para anexar la documentación que demostrara la
introducción legal de equipos extranjeros al país.
2º. Afirmó que mediante Acta núm. 0167 de 16 de abril de 2002, la
entidad accionada aprehendió la mercancía, con fundamento en el
numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado
por el Decreto 1232 de 2001.
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3º. Sostuvo que a través de la Resolución núm. 1005 de 26 de
junio de 2002 se propuso el decomiso de la mercancía aprehendida,
mediante el Acta núm. 0167 de 16 de abril de 2002.
4º. Señaló que la División de Liquidación Aduanera, a través de la
Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, decomisó la
mercancía aprehendida relacionada en el Documento de Ingreso,
Inventario y Avalúo de Mercancías, en adelante DIIAM, No.
4602000795 de 6 de abril de 2002.
5º. Finalmente, manifestó que por medio de la Resolución núm.
1108 de 23 de mayo de 2003 la DIAN resolvió el recurso de
reconsideración revocando parcialmente la resolución de decomiso;
por una parte, ordenó la entrega de la mercancía relacionada en los
ítems 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 21 (1 unidad) y 22, por
encontrarse amparada con las declaraciones de importación
respectivas; y, por la otra, confirmó el decomiso de la mercancía
relacionada en los ítems 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20 y 21
(3 unidades).
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la
violación de los artículos 1°, 2°, 6°, 29, 58, 83 y 209 de la
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Constitución Política; 3°, 35 y 69 del CCA; 2° y 506 del Decreto
2685 de 1999; 3° de la Resolución núm. 0259 de 1995; 6° del
Decreto 1800 de 1994; 72 del Decreto 1909 de 1992; y 768 y 769
del Código Civil.
Señaló que se desconoció el derecho al debido proceso, porque no
se tuvieron en cuenta los formalismos exigidos por el procedimiento
para la definición de la situación jurídica de las mercancías
aprehendidas, al omitir la valoración de las pruebas documentales
aportadas por la demandante en la etapa de requerimiento.
Expresó que el acto administrativo presenta falta de motivación, al
no haber señalado las razones que respaldaron su decisión.
Adujo que el único argumento sostenido por la entidad demandada
fue la violación del numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685
de 1999, el cual, a su juicio, señala varias conductas que dan lugar
a la aprehensión y el decomiso de mercancía, sin que se precisara
la conducta que generó la decisión.
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Manifestó que los ítems 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 18 y 20 fueron
importados legalmente y que están amparados por sus respectivas
declaraciones de importación, documentos aportados a la demanda.
Sostuvo que aunque algunos elementos no cuentan con número de
serie para su identificación pueden tenerse en cuenta descripciones
como la marca, el uso, las características técnicas y el modelo, que
permiten identificarlas e individualizarlas de otras mercancías.
Indicó que el artículo 506 del Decreto 2685 de 1999 establece que
en cualquier estado del proceso sí se demuestra la legal
introducción y permanencia de la mercancía en el territorio
nacional, se debe ordenar la devolución o entrega de la misma.
Por último, alegó la presunción de buena fe, de conformidad con los
postulados de los artículos 768 y 769 del Código Civil.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN, mediante apoderado judicial, contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual, en
esencia, adujo:
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Que no es cierto que se hubiesen desconocido los formalismos
exigidos por el procedimiento aduanero, comoquiera que de la
lectura de los actos, que sustentaron el decomiso, se colige que
fueron expedidos con base en las normas aduaneras vigentes.
Que la Resolución núm. 1005 de 26 de junio de 2002, por medio de
la cual se propuso el decomiso de la mercancía, tiene como
fundamentos los artículos 502, 507 y 510 del Decreto 2685 de 1999
y se respaldó en el análisis de las pruebas recaudadas en la
actuación administrativa, pese a que no se aportaron copias
auténticas de las declaraciones de importación.
Que la Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, por
medio de la cual se ordenó el decomiso de la mercancía, se
sustentó en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999 y en los artículos 1°, 3°, 4°, 87, 228 y 232-1 de la misma
norma.
Que de las pruebas allegadas, respecto al ítem 14, las letras que
identificaban la mercancía no coincidían; en el ítem 15, las letras
“FARVO” no aparecían en el serial; en el ítem 16, las letras “AMDU”
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no aparecían en las descripciones de los seriales; y que el ítem 22 no
tiene la marca “OLMEDA”.
Que independientemente de la subpartida por la cual se clasifique la
mercancía, en el evento en que los bienes tengan seriales, estos
deben quedar consignados de forma correcta en la declaración de
importación.
Que no es cierto que no se haya identificado la conducta infringida,
pues siempre se argumentó que no se acreditó la legal introducción
de los bienes decomisados al país, porque las declaraciones de
importación valoradas probatoriamente no cumplieron con los
requisitos establecidos en la ley.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2016, el Tribunal
Administrativo del Atlántico: i) declaró probada la ineptitud de la
demanda respecto del Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16 de abril
de 2002 y de la Resolución núm. 1005 de 2002; ii) declaró probada,
de oficio, la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento
de la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió para emitir
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pronunciamiento de fondo, respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13,
17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003; y iii)
denegó las demás súplicas de la demanda, con fundamento en lo
siguiente:
En primer lugar, señaló que el Acta de Aprehensión núm. 0167 de
16 de abril de 2002 y la Resolución de Decomiso núm. 1005 de
2002 no eran actos demandables, por cuanto no adoptaban
decisiones de fondo que resolvieran la situación jurídica de la
mercancía, constituyéndose en simples actos de trámite dentro del
proceso de legalización de mercancías introducidas al país, razón
por la cual se inhibió de emitir pronunciamiento alguno.
En segundo lugar, indicó que la excepción de inepta demanda se
encuentra probada por falta de agotamiento de la vía gubernativa
frente a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, al no haberse
interpuesto el correspondiente recurso de reconsideración, en los
términos del artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, impidiendo a
la administración pronunciarse respecto de tales ítems, de forma
previa al debate judicial.
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En tercer y último lugar, relacionó la información que contenía el
acta de aprehensión sobre los ítems y la confrontó con los datos
ofrecidos por la respectiva declaración de importación de cada uno
de los ítems, de lo cual concluyó que “[…] la demandante no logró
demostrar que los ítems 1, 4 y 21 cuenten con documentos que
soporten su legal introducción al país, toda vez que de las
declaraciones de importación estudiadas únicamente es posible
determinar la especie, la marca y, en dos de los casos, el modelo,
situación que imposibilita la plena identificación de dichos elementos
[…]”.
El Tribunal consideró que la anterior conclusión reiteraba la tesis
sostenida por el Consejo de Estado, en su Sección Primera1, según
la cual, se admiten omisiones o errores en las declaraciones de
importación, siempre que no impidan la plena identificación de la
mercancía.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
1
Sentencia de 23 de enero de 2003, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Demandante: UNINSA
S.A., núm. único de radicación 7345; sentencia de 24 de abril de 2003, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Demandante: J. HEREDIA Y CIA S. EN C. núm. único de radicación 7209.
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La parte actora estimó que el Tribunal se equivocó al declarar
probada la excepción de inepta demanda por supuesta falta de
agotamiento de la vía gubernativa respecto de los ítems 2, 8, 9, 10,
11, 13, 17 y 20, al no haberse interpuesto recurso de
reconsideración, toda vez que “[…] sí se atacaron los ítems
mencionados, cosa diferente, es que para ese momento y por la
antigüedad de los equipos, no se logró obtener copia de los
manifiestos de importación y de las facturas de compra […] pero SÍ
se le cuestionó a la DIAN la actuación y se le PIDIÓ levantar las
medidas sobre el TOTAL DE LOS EQUIPOS […]”.
Afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos que en su
momento expuso la providencia de 31 de marzo de 2005, con la
cual se ordenó la admisión de la demanda y la suspensión
provisional de los actos demandados.
Consideró que la sentencia recurrida pasó por alto que la DIAN “[…]
aplicó el Decreto 2685 de 1999, norma que para cuando se
importaron y/o compraron los equipos médicos que se
decomisaron, NO EXISTÍA, […] tal y como lo demuestran los
documentos aportados con la demanda […]”.
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Finalmente, agregó que el a quo erró al analizar el caso concreto
atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999, pues, pese a
que era la norma vigente al momento de aprehensión de la
mercancía, debió estudiar la situación según lo establecido por la
legislación aduanera que regía cuando se efectuó la importación de
los equipos, la cual, a su juicio, “[…] no exigía la identificación con
seriales y permitía identificar los equipos por su marca y
componentes […]”.
En memorial visible a folio 501 del cuaderno núm. 2 del expediente
de la referencia, reposa un escrito radicado el 3 de noviembre de
2016, con el cual la parte actora presentó adición al recurso de
apelación.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En esta etapa procesal la DIAN alegó de conclusión, en cuyo escrito
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda2.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
2
La DIAN solicitó confirmar la sentencia de primera instancia (folios 9 a 12 del cuaderno de la
segunda instancia).
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Sea lo primero advertir que la Sala se abstendrá de valorar los
argumentos presentados en el escrito de adición al recurso de
apelación, comoquiera que la sentencia de primera instancia, según
se puede constatar a folio 492 del cuaderno núm. 2 del expediente
de la referencia, fue notificada por edicto que se fijó en la
Secretaría del Tribunal entre el 24 y 26 de octubre de 2016, y el
término de ejecutoria corrió entre el 27 y 31 de octubre de 2016,
de ahí que la adición de 3 de noviembre de ese año resultó
extemporánea.
OBJETO DEL PROCESO
El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad: i) del Acta
de aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002; ii) de la
Resolución núm. 1005 de 26 de junio de 2002, “[…] Por medio de la
cual se propone el decomiso de una mercancía […]”; iii) de la
Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, mediante la
cual se decomisó “[…] la mercancía aprehendida con el […]
D.I.I.A.M. No. 4602000795 de 6 de abril de 2002 a la CLÍNICA
GENERAL DEL NORTE S.A. […]”; iv) del artículo tercero de la
Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, mediante la cual se
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resolvió el recurso de reconsideración presentado contra la
Resolución núm. 4562 de 2002; y v) de la Resolución núm. 0895
de 1.º abril de 2004, “[…] Por medio de la cual se resuelve una
solicitud de revocatoria directa […]”, actos expedidos por la DIAN.
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala determinar si, con base en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la
sentencia de 29 de septiembre de 2016, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico: i) declaró probada la ineptitud
de la demanda respecto del Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16
de abril de 2002 y de la Resolución núm. 1005 de 2002; ii) declaró
probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por falta de
agotamiento de la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió
para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los ítems 2, 8, 9,
10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de
2003; y iii) denegó las demás pretensiones de la demanda.
Para ello resulta pertinente delimitar las argumentaciones
expuestas en el recurso de apelación, teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de
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Procedimiento Civil3, el estudio del presente caso se circunscribirá a
analizar los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
recurso, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA es aplicable el
artículo 350 del CPC4, el cual determina que el recurso de apelación
tiene por objeto “[…] que el superior estudie la cuestión decidida en
la providencia de primer grado y la revoque o reforme […]”, por lo
que se constituye en requisito indispensable de dicho recurso que
se precisen los yerros incurridos por el a quo en la decisión
impugnada.
La Sala advierte que el aludido escrito de apelación está
compuesto, por una parte, de un nuevo cargo con el cual la
ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. cuestiona
la aplicación del Decreto 2685 de 1999, argumentando que si bien
era la norma vigente en el momento en que se efectuó la
aprehensión de la mercancía, lo cierto es que el Tribunal debió
estudiar la situación según lo establecido por la legislación
3
Hoy artículo 328 del Código General del Proceso.
4
Hoy artículo 320 del Código General del Proceso.
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aduanera que regía cuando se efectuó la importación de los
equipos; y, por la otra, del reproche por la declaratoria de la
excepción de inepta demanda, por falta de agotamiento de la vía
gubernativa respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la
Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003.
Sobre el primer aspecto señalado, la Sala advierte que en esta
etapa procesal es improcedente resolver el reproche de la parte
actora, dado que se trata de un cargo que no planteó en la primera
instancia y en relación con el cual, en todo caso, el Tribunal no se
pronunció.
En efecto, en la demanda la actora se limitó a invocar la falta de
motivación frente al Decreto 2685 de 1999 que tuvo en cuenta la
DIAN para ordenar el decomiso de la mercancía y frente a este
cargo el Tribunal dio respuesta. En el recurso, la aquí demandante
reclama la aplicación de las normas vigentes al momento de la
importación, aspecto este que además de no haber sido
mencionado en la demanda tampoco podía tenerse en cuenta por el
Tribunal en virtud de la aplicación del principio de legalidad,
conforme al cual los actos administrativos se deben juzgar a la luz
de las normas vigentes al momento de su expedición.
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Aceptar lo contrario, implicaría desconocer el ámbito de
competencia del ad quem, pretermitir la primera instancia y
desconocer el derecho de contradicción de la DIAN, que no contó
con la oportunidad de pronunciarse sobre dicho aspecto en la
contestación de la demanda.
Sobre este aspecto, la Sala señaló en sentencia de 20 de enero de
20205, lo siguiente:
“[…] 63. En los procesos ordinarios el recurso de apelación
tiene límites, pues debe guardar correspondencia con el
petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y
jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a
quo para fundamentar su sentencia. No de otra forma se
respetan los derechos al debido proceso, a la igualdad
procesal y la garantía de la doble instancia.
64. Esta Corporación, en sentencia de 5 de julio de 2007
(M.P. Jaime Moreno García.) precisó que: “… en el recurso
de apelación… la competencia de la Corporación está
restringida a los motivos de inconformidad expuestos por
el recurrente contra la providencia objeto del recurso y
que se relacionen, desde luego, con las causales de
nulidad planteadas en la demanda, o con las
consideraciones que sirvieron de sustento al Tribunal para
dictar la sentencia.”.
65. Para la Sala, los motivos de inconformidad planteados
mediante el recurso de apelación deben guardar
correspondencia con el fallo recurrido y con las
consideraciones expuestas por el juez de primera instancia
que determinaron una decisión total o parcialmente
adversa a los intereses de quien apela.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2014-
00750-01.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2003-02185-01
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.
66. La Corte Constitucional en sentencia T - 516 de 2005
M.P. Clara Inés Vargas Hernández frente a los límites de la
competencia del juez de segunda instancia indicó:
“…la competencia del superior jerárquico… no debe ser
entendida únicamente en términos de economía procesal,
sino que se encuentra limitada por el respeto al derecho
fundamental del debido proceso, por la garantía de la
doble instancia, y el derecho a la igualdad procesal… en el
trámite de la segunda instancia, un juez no tiene siempre
plena competencia para pronunciarse sobre todos los
asuntos que tengan alguna relación con la apelación, pues
podría estar actuando por fuera del marco de su
competencia, por ejemplo, cuando profiere decisiones que
resuelven de manera directa un asunto que no fue objeto
de decisión por parte del a quo” […]”.
De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala desestimará
el nuevo cargo planteado por la parte actora en su escrito de
apelación.
De la excepción de inepta demanda, por falta de
agotamiento de la vía gubernativa
A juicio de la parte demandante el Tribunal erró al declarar
probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por la supuesta
falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de los ítems 2,
8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de
mayo de 2003, al no haberse interpuesto recurso de
reconsideración, toda vez que “[…] sí se atacaron los ítems
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mencionados, cosa diferente, es que para ese momento y por la
antigüedad de los equipos, no se logró obtener copia de los
manifiestos de importación y de las facturas de compra […] pero SÍ
se le cuestionó a la DIAN la actuación y se le PIDIÓ levantar las
medidas sobre el TOTAL DE LOS EQUIPOS […]”.
Puntualmente, para adoptar la decisión referida el Tribunal sostuvo:
“[…] Verificado el caso concreto tenemos que la Resolución
4562 de 27 de diciembre de 2002, a través de la cual se
decomisa la mercancía descrita en DIIAM 462000795,
ordenó el decomiso de 22 ítems.
Sin embargo, la parte demandante, presentó el recurso de
reconsideración ante la Administración de Aduanas de
Barranquilla, recurso en el que omitió cuestionar lo relativo
a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, razón por la cual la
entidad no tuvo la oportunidad de pronunciarse en vía
gubernativa respecto de la legalidad de la resolución
acusada en lo referido a los elementos descritos
anteriormente, lo que lleva a la Sala a concluir que la
demandante no agotó completamente la vía gubernativa
dentro del presente asunto, situación que le otorgó firmeza
a la decisión sancionatoria proferida por la entidad, con
relación a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, lo que
imposibilita su estudio en sede judicial.
Por las anteriores razones, la Sala procederá a declarar
probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta
de agotamiento de la vía gubernativa, y se inhibirá para
pronunciarse de fondo, respecto de los ítems 2, 8, 9, 10,
11, 13, 17 y 20. […]”.
Al revisar el expediente, la Sala constata que en el recurso de
reconsideración presentado contra la Resolución núm. 4562 de 27
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de diciembre de 2002, la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL
DEL NORTE S.A. omitió señalar los motivos de inconformidad
frente a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20. Textualmente el
recurso de reconsideración se refirió a lo siguiente:
“[…]
La hipótesis que plantea la Aduana de Barranquilla es que la
mercancía de mi cliente no se encuentra amparada con una
declaración de importación, lo cual es totalmente contrario
a la realidad, porque mi cliente aportó […] las declaraciones
de importación con las cuales fueron ingresadas legalmente
las mercancías al territorio nacional, lo cual procedo a
explicar mediante un cuadro sencillo […]
Ítem No. 1
[…]
Ítem No. 2
Equipo de rayos X marca BEMET CM 425 Modelo
B180MAF SERIAL B22798 con sus accesorios.
Ítem No. 3
[…]
Ítem No. 4
[…]
Ítem No. 5
[…]
Ítem No. 6
[…]
Ítem No. 7
[…]
Ítem No. 12
[…]
Ítem No. 14
[…]
Ítem No. 15
[…]
Ítem No. 16
[…]
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Ítem No. 18
[…]
Ítem No. 19
[…]
Ítem No. 21
[…]
Ítem No. 22
[…]
Con esto quiero demostrar que los equipos relacionados en
los numerales anteriores fueron importados legalmente y
están amparados por sus respectivas declaraciones de
importación, cabe anotar que estos documentos, al igual
que las facturas y los demás documentos soporte, fueron
aportados en su momento a la División de Fiscalización,
dependencia que solicitó la certificación de la existencia de
los mismos en la División de Documentación […]”.
(Destacado fuera de texto).
Y el acto que resolvió el recurso de reconsideración, esto es, la
Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, señaló:
“[…] Se analizaron los aspectos enunciados por el
apoderado de la parte recurrente en relación con los ítems
3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 21 (1 unidad) y 22, y se
observó que la descripción de la mercancía correspondió
con la que aparece en los documentos soportes aportados,
por tal razón se concluye que la mercancía se considera
mercancía declarada y, en consecuencia, no da lugar a su
aprehensión y decomiso […] en relación con los ítems 2,
8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, se observó que no existen en
el recurso de reconsideración argumentos o
documentos que soporten o acrediten que la
mercancía fue declarada, en consecuencia da lugar su
aprehensión y decomiso […]
Se debe confirmar la Resolución 4562 de 27 de diciembre
de 2002, con relación a las mercancías relacionadas en los
ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 […] por estar incursas en
la situación prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999 […]” (Destacado fuera de texto).
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En relación con los requisitos que deben cumplirse para presentar el
recurso de reconsideración, el artículo 518 del Estatuto Aduanero
ordena:
“[…] Artículo 518. Requisitos del recurso de
reconsideración. El recurso de reconsideración o reposición
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Que se formule por escrito, con expresión concreta
de los motivos de inconformidad;
b) Que se interponga dentro de la oportunidad legal; y
c) Que se interponga directamente por la persona contra la
cual se expidió el acto que se impugna, o se acredite la
personería si quien lo interpone actúa como apoderado o
representante […]”. (Destacado fuera de texto).
Esta disposición establece expresamente que el recurso de
reconsideración debe ser interpuesto por escrito y con la
manifestación concreta de los motivos de inconformidad.
En ese orden, el incumplimiento de los requisitos previstos para la
presentación del recurso de reconsideración conlleva un
pronunciamiento judicial inhibitorio respecto de las pretensiones de
la demanda, pues esta devendría en inepta, según lo dispuesto en
el artículo 143 del CCA.
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En el caso concreto, en la vía gubernativa no se analizó el problema
jurídico que ahora es puesto en conocimiento de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, esto es, el decomiso de la mercancía
aprehendida con el DIIAM núm. 4602000795 de 6 de abril de 2002,
ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución 1108 de 2003,
por no encontrarse amparada en una declaración de importación.
Por tal razón, la Sala comparte el criterio del a quo en el sentido de
que no se interpuso recurso de reconsideración frente a la decisión
de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, respecto de
los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, comoquiera que el recurso
formulado por la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL
NORTE no presentó argumentos para cuestionar tal decisión
administrativa.
Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal acertó al declarar
probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por la falta de
agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto, se insiste, la parte
actora no formuló de manera concreta motivos de inconformidad
frente a la aprehensión y posterior decomiso de los ítems ya
referidos, lo que equivale a no interponer frente a estos recurso de
reconsideración, conducta reprochable a la luz de la jurisprudencia
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de la Corporación, en tanto la administración no tuvo oportunidad
de emitir pronunciamiento en sede administrativa frente a su
cuestionamiento, lo que se traduce en la afectación a los derechos
de defensa y contradicción, situación que no puede ser
inobservada.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con
los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión
del artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
Con fundamento en lo expuesto la Sala confirmará la sentencia
recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de
septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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