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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2003-02185-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2003-02185-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 08001-23-33-000-2003-02185-01 Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2003-02185-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2003-02185-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. EL ACTO DE
APREHENSIÓN NO ES DEMANDABLE. NO SE AGOTÓ LA VÍA
GUBERNATIVA EN RELACIÓN CON ALGUNOS ÍTEMS DEL ACTO
ACUSADO, PUES NO SE INTERPUSO RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN FRENTE A LAS MOTIVACIONES QUE TUVO LA
ENTIDAD DEMANDADA RESPECTO DE TALES ÍTEMS. NO ESTABA
OBLIGADO EL TRIBUNAL A PRONUNCIARSE RESPECTO DE CARGOS
QUE NO FUERON FORMULADOS EN LA DEMANDA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia de 29

de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del

Atlántico, que: i) declaró probada la ineptitud de la demanda

respecto del Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002

y de la Resolución núm. 1005 de 2002; ii) declaró probada, de

oficio, la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de

la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió para emitir

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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2003-02185-01
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

pronunciamiento alguno respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13,

17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003; y iii)

denegó las demás súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.,

por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85

del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó

demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1ª. Se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución

núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, expedida por la División

Jurídica Aduanera de la Administración Local de Aduanas de

Barranquilla, en adelante DIAN, por medio de la cual resolvió un

recurso de reconsideración revocando parcialmente la Resolución

núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual se

decomisó “[…] a favor de la Nación – Unidad Administrativa

Especial – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, la

mercancía aprehendida con el Documento de Ingreso, Inventario y

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Avalúo de Mercancías – D.I.I.A.M. No. 4602000795 de 6 de abril de

2002 a la CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. […]”.

2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de

restablecimiento del derecho se declare que la Organización Clínica

General del Norte S.A. demostró, a través de los documentos

aportados, la legal introducción de la mercancía al territorio

colombiano y, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 506 del

Decreto 2685 de 1999, se ordene la entrega de la misma.

Con escrito de adición de la demanda se solicitó la nulidad de los

siguientes actos administrativos:

• Acta de aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002,

expedida por la División de Fiscalización de la DIAN, mediante

la cual se relaciona la mercancía no amparada en una

declaración de importación.

• Resolución núm. 1005 de 26 de junio de 2002, expedida por

el Jefe de Grupo de Infracciones de la División de Fiscalización

de la DIAN, por medio de la cual se propone el decomiso de

una mercancía.

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• Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, expedida

por el Jefe de la División de Liquidación Aduanera de la DIAN,

por medio de la cual se ordena el decomiso de una

mercancía.

• Resolución núm. 0895 de 1o. abril de 2004, por medio de la

cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa.

I.2. La parte actora fundó su demanda en los siguientes hechos,

que se sintetizan a continuación:

1º. Indicó que luego de la visita efectuada por los funcionarios de la

División de Fiscalización Aduanera, comisionados mediante Auto

núm. 0196 de 20 de marzo de 2002, la DIAN le otorgó un plazo de

24 horas para anexar la documentación que demostrara la

introducción legal de equipos extranjeros al país.

2º. Afirmó que mediante Acta núm. 0167 de 16 de abril de 2002, la

entidad accionada aprehendió la mercancía, con fundamento en el

numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado

por el Decreto 1232 de 2001.

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3º. Sostuvo que a través de la Resolución núm. 1005 de 26 de

junio de 2002 se propuso el decomiso de la mercancía aprehendida,

mediante el Acta núm. 0167 de 16 de abril de 2002.

4º. Señaló que la División de Liquidación Aduanera, a través de la

Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, decomisó la

mercancía aprehendida relacionada en el Documento de Ingreso,

Inventario y Avalúo de Mercancías, en adelante DIIAM, No.

4602000795 de 6 de abril de 2002.

5º. Finalmente, manifestó que por medio de la Resolución núm.

1108 de 23 de mayo de 2003 la DIAN resolvió el recurso de

reconsideración revocando parcialmente la resolución de decomiso;

por una parte, ordenó la entrega de la mercancía relacionada en los

ítems 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 21 (1 unidad) y 22, por

encontrarse amparada con las declaraciones de importación

respectivas; y, por la otra, confirmó el decomiso de la mercancía

relacionada en los ítems 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20 y 21

(3 unidades).

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la

violación de los artículos 1°, 2°, 6°, 29, 58, 83 y 209 de la

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Constitución Política; 3°, 35 y 69 del CCA; 2° y 506 del Decreto

2685 de 1999; 3° de la Resolución núm. 0259 de 1995; 6° del

Decreto 1800 de 1994; 72 del Decreto 1909 de 1992; y 768 y 769

del Código Civil.

Señaló que se desconoció el derecho al debido proceso, porque no

se tuvieron en cuenta los formalismos exigidos por el procedimiento

para la definición de la situación jurídica de las mercancías

aprehendidas, al omitir la valoración de las pruebas documentales

aportadas por la demandante en la etapa de requerimiento.

Expresó que el acto administrativo presenta falta de motivación, al

no haber señalado las razones que respaldaron su decisión.

Adujo que el único argumento sostenido por la entidad demandada

fue la violación del numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685

de 1999, el cual, a su juicio, señala varias conductas que dan lugar

a la aprehensión y el decomiso de mercancía, sin que se precisara

la conducta que generó la decisión.

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Manifestó que los ítems 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 18 y 20 fueron

importados legalmente y que están amparados por sus respectivas

declaraciones de importación, documentos aportados a la demanda.

Sostuvo que aunque algunos elementos no cuentan con número de

serie para su identificación pueden tenerse en cuenta descripciones

como la marca, el uso, las características técnicas y el modelo, que

permiten identificarlas e individualizarlas de otras mercancías.

Indicó que el artículo 506 del Decreto 2685 de 1999 establece que

en cualquier estado del proceso sí se demuestra la legal

introducción y permanencia de la mercancía en el territorio

nacional, se debe ordenar la devolución o entrega de la misma.

Por último, alegó la presunción de buena fe, de conformidad con los

postulados de los artículos 768 y 769 del Código Civil.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN, mediante apoderado judicial, contestó la demanda y se

opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual, en

esencia, adujo:

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Que no es cierto que se hubiesen desconocido los formalismos

exigidos por el procedimiento aduanero, comoquiera que de la

lectura de los actos, que sustentaron el decomiso, se colige que

fueron expedidos con base en las normas aduaneras vigentes.

Que la Resolución núm. 1005 de 26 de junio de 2002, por medio de

la cual se propuso el decomiso de la mercancía, tiene como

fundamentos los artículos 502, 507 y 510 del Decreto 2685 de 1999

y se respaldó en el análisis de las pruebas recaudadas en la

actuación administrativa, pese a que no se aportaron copias

auténticas de las declaraciones de importación.

Que la Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, por

medio de la cual se ordenó el decomiso de la mercancía, se

sustentó en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de

1999 y en los artículos 1°, 3°, 4°, 87, 228 y 232-1 de la misma

norma.

Que de las pruebas allegadas, respecto al ítem 14, las letras que

identificaban la mercancía no coincidían; en el ítem 15, las letras

“FARVO” no aparecían en el serial; en el ítem 16, las letras “AMDU”

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no aparecían en las descripciones de los seriales; y que el ítem 22 no

tiene la marca “OLMEDA”.

Que independientemente de la subpartida por la cual se clasifique la

mercancía, en el evento en que los bienes tengan seriales, estos

deben quedar consignados de forma correcta en la declaración de

importación.

Que no es cierto que no se haya identificado la conducta infringida,

pues siempre se argumentó que no se acreditó la legal introducción

de los bienes decomisados al país, porque las declaraciones de

importación valoradas probatoriamente no cumplieron con los

requisitos establecidos en la ley.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2016, el Tribunal

Administrativo del Atlántico: i) declaró probada la ineptitud de la

demanda respecto del Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16 de abril

de 2002 y de la Resolución núm. 1005 de 2002; ii) declaró probada,

de oficio, la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento

de la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió para emitir

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pronunciamiento de fondo, respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13,

17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003; y iii)

denegó las demás súplicas de la demanda, con fundamento en lo

siguiente:

En primer lugar, señaló que el Acta de Aprehensión núm. 0167 de

16 de abril de 2002 y la Resolución de Decomiso núm. 1005 de

2002 no eran actos demandables, por cuanto no adoptaban

decisiones de fondo que resolvieran la situación jurídica de la

mercancía, constituyéndose en simples actos de trámite dentro del

proceso de legalización de mercancías introducidas al país, razón

por la cual se inhibió de emitir pronunciamiento alguno.

En segundo lugar, indicó que la excepción de inepta demanda se

encuentra probada por falta de agotamiento de la vía gubernativa

frente a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, al no haberse

interpuesto el correspondiente recurso de reconsideración, en los

términos del artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, impidiendo a

la administración pronunciarse respecto de tales ítems, de forma

previa al debate judicial.

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En tercer y último lugar, relacionó la información que contenía el

acta de aprehensión sobre los ítems y la confrontó con los datos

ofrecidos por la respectiva declaración de importación de cada uno

de los ítems, de lo cual concluyó que “[…] la demandante no logró

demostrar que los ítems 1, 4 y 21 cuenten con documentos que

soporten su legal introducción al país, toda vez que de las

declaraciones de importación estudiadas únicamente es posible

determinar la especie, la marca y, en dos de los casos, el modelo,

situación que imposibilita la plena identificación de dichos elementos

[…]”.

El Tribunal consideró que la anterior conclusión reiteraba la tesis

sostenida por el Consejo de Estado, en su Sección Primera1, según

la cual, se admiten omisiones o errores en las declaraciones de

importación, siempre que no impidan la plena identificación de la

mercancía.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

1
Sentencia de 23 de enero de 2003, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Demandante: UNINSA
S.A., núm. único de radicación 7345; sentencia de 24 de abril de 2003, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Demandante: J. HEREDIA Y CIA S. EN C. núm. único de radicación 7209.

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La parte actora estimó que el Tribunal se equivocó al declarar

probada la excepción de inepta demanda por supuesta falta de

agotamiento de la vía gubernativa respecto de los ítems 2, 8, 9, 10,

11, 13, 17 y 20, al no haberse interpuesto recurso de

reconsideración, toda vez que “[…] sí se atacaron los ítems

mencionados, cosa diferente, es que para ese momento y por la

antigüedad de los equipos, no se logró obtener copia de los

manifiestos de importación y de las facturas de compra […] pero SÍ

se le cuestionó a la DIAN la actuación y se le PIDIÓ levantar las

medidas sobre el TOTAL DE LOS EQUIPOS […]”.

Afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos que en su

momento expuso la providencia de 31 de marzo de 2005, con la

cual se ordenó la admisión de la demanda y la suspensión

provisional de los actos demandados.

Consideró que la sentencia recurrida pasó por alto que la DIAN “[…]

aplicó el Decreto 2685 de 1999, norma que para cuando se

importaron y/o compraron los equipos médicos que se

decomisaron, NO EXISTÍA, […] tal y como lo demuestran los

documentos aportados con la demanda […]”.

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Finalmente, agregó que el a quo erró al analizar el caso concreto

atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999, pues, pese a

que era la norma vigente al momento de aprehensión de la

mercancía, debió estudiar la situación según lo establecido por la

legislación aduanera que regía cuando se efectuó la importación de

los equipos, la cual, a su juicio, “[…] no exigía la identificación con

seriales y permitía identificar los equipos por su marca y

componentes […]”.

En memorial visible a folio 501 del cuaderno núm. 2 del expediente

de la referencia, reposa un escrito radicado el 3 de noviembre de

2016, con el cual la parte actora presentó adición al recurso de

apelación.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal la DIAN alegó de conclusión, en cuyo escrito

reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la

demanda2.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

2
La DIAN solicitó confirmar la sentencia de primera instancia (folios 9 a 12 del cuaderno de la
segunda instancia).

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Sea lo primero advertir que la Sala se abstendrá de valorar los

argumentos presentados en el escrito de adición al recurso de

apelación, comoquiera que la sentencia de primera instancia, según

se puede constatar a folio 492 del cuaderno núm. 2 del expediente

de la referencia, fue notificada por edicto que se fijó en la

Secretaría del Tribunal entre el 24 y 26 de octubre de 2016, y el

término de ejecutoria corrió entre el 27 y 31 de octubre de 2016,

de ahí que la adición de 3 de noviembre de ese año resultó

extemporánea.

OBJETO DEL PROCESO

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad: i) del Acta

de aprehensión núm. 0167 de 16 de abril de 2002; ii) de la

Resolución núm. 1005 de 26 de junio de 2002, “[…] Por medio de la

cual se propone el decomiso de una mercancía […]”; iii) de la

Resolución núm. 4562 de 27 de diciembre de 2002, mediante la

cual se decomisó “[…] la mercancía aprehendida con el […]

D.I.I.A.M. No. 4602000795 de 6 de abril de 2002 a la CLÍNICA

GENERAL DEL NORTE S.A. […]”; iv) del artículo tercero de la

Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, mediante la cual se

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resolvió el recurso de reconsideración presentado contra la

Resolución núm. 4562 de 2002; y v) de la Resolución núm. 0895

de 1.º abril de 2004, “[…] Por medio de la cual se resuelve una

solicitud de revocatoria directa […]”, actos expedidos por la DIAN.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si, con base en los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, es procedente revocar la

sentencia de 29 de septiembre de 2016, mediante la cual el

Tribunal Administrativo del Atlántico: i) declaró probada la ineptitud

de la demanda respecto del Acta de Aprehensión núm. 0167 de 16

de abril de 2002 y de la Resolución núm. 1005 de 2002; ii) declaró

probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por falta de

agotamiento de la vía gubernativa y, en consecuencia, se inhibió

para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los ítems 2, 8, 9,

10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de

2003; y iii) denegó las demás pretensiones de la demanda.

Para ello resulta pertinente delimitar las argumentaciones

expuestas en el recurso de apelación, teniendo en cuenta que, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de

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Procedimiento Civil3, el estudio del presente caso se circunscribirá a

analizar los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho

recurso, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el

marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA es aplicable el

artículo 350 del CPC4, el cual determina que el recurso de apelación

tiene por objeto “[…] que el superior estudie la cuestión decidida en

la providencia de primer grado y la revoque o reforme […]”, por lo

que se constituye en requisito indispensable de dicho recurso que

se precisen los yerros incurridos por el a quo en la decisión

impugnada.

La Sala advierte que el aludido escrito de apelación está

compuesto, por una parte, de un nuevo cargo con el cual la

ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. cuestiona

la aplicación del Decreto 2685 de 1999, argumentando que si bien

era la norma vigente en el momento en que se efectuó la

aprehensión de la mercancía, lo cierto es que el Tribunal debió

estudiar la situación según lo establecido por la legislación

3
Hoy artículo 328 del Código General del Proceso.

4
Hoy artículo 320 del Código General del Proceso.

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aduanera que regía cuando se efectuó la importación de los

equipos; y, por la otra, del reproche por la declaratoria de la

excepción de inepta demanda, por falta de agotamiento de la vía

gubernativa respecto de los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la

Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003.

Sobre el primer aspecto señalado, la Sala advierte que en esta

etapa procesal es improcedente resolver el reproche de la parte

actora, dado que se trata de un cargo que no planteó en la primera

instancia y en relación con el cual, en todo caso, el Tribunal no se

pronunció.

En efecto, en la demanda la actora se limitó a invocar la falta de

motivación frente al Decreto 2685 de 1999 que tuvo en cuenta la

DIAN para ordenar el decomiso de la mercancía y frente a este

cargo el Tribunal dio respuesta. En el recurso, la aquí demandante

reclama la aplicación de las normas vigentes al momento de la

importación, aspecto este que además de no haber sido

mencionado en la demanda tampoco podía tenerse en cuenta por el

Tribunal en virtud de la aplicación del principio de legalidad,

conforme al cual los actos administrativos se deben juzgar a la luz

de las normas vigentes al momento de su expedición.

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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2003-02185-01
Actora: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

Aceptar lo contrario, implicaría desconocer el ámbito de

competencia del ad quem, pretermitir la primera instancia y

desconocer el derecho de contradicción de la DIAN, que no contó

con la oportunidad de pronunciarse sobre dicho aspecto en la

contestación de la demanda.

Sobre este aspecto, la Sala señaló en sentencia de 20 de enero de

20205, lo siguiente:

“[…] 63. En los procesos ordinarios el recurso de apelación
tiene límites, pues debe guardar correspondencia con el
petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y
jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a
quo para fundamentar su sentencia. No de otra forma se
respetan los derechos al debido proceso, a la igualdad
procesal y la garantía de la doble instancia.

64. Esta Corporación, en sentencia de 5 de julio de 2007
(M.P. Jaime Moreno García.) precisó que: “… en el recurso
de apelación… la competencia de la Corporación está
restringida a los motivos de inconformidad expuestos por
el recurrente contra la providencia objeto del recurso y
que se relacionen, desde luego, con las causales de
nulidad planteadas en la demanda, o con las
consideraciones que sirvieron de sustento al Tribunal para
dictar la sentencia.”.

65. Para la Sala, los motivos de inconformidad planteados
mediante el recurso de apelación deben guardar
correspondencia con el fallo recurrido y con las
consideraciones expuestas por el juez de primera instancia
que determinaron una decisión total o parcialmente
adversa a los intereses de quien apela.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2014-
00750-01.

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66. La Corte Constitucional en sentencia T - 516 de 2005
M.P. Clara Inés Vargas Hernández frente a los límites de la
competencia del juez de segunda instancia indicó:

“…la competencia del superior jerárquico… no debe ser
entendida únicamente en términos de economía procesal,
sino que se encuentra limitada por el respeto al derecho
fundamental del debido proceso, por la garantía de la
doble instancia, y el derecho a la igualdad procesal… en el
trámite de la segunda instancia, un juez no tiene siempre
plena competencia para pronunciarse sobre todos los
asuntos que tengan alguna relación con la apelación, pues
podría estar actuando por fuera del marco de su
competencia, por ejemplo, cuando profiere decisiones que
resuelven de manera directa un asunto que no fue objeto
de decisión por parte del a quo” […]”.

De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala desestimará

el nuevo cargo planteado por la parte actora en su escrito de

apelación.

De la excepción de inepta demanda, por falta de

agotamiento de la vía gubernativa

A juicio de la parte demandante el Tribunal erró al declarar

probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por la supuesta

falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de los ítems 2,

8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución núm. 1108 de 23 de

mayo de 2003, al no haberse interpuesto recurso de

reconsideración, toda vez que “[…] sí se atacaron los ítems

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mencionados, cosa diferente, es que para ese momento y por la

antigüedad de los equipos, no se logró obtener copia de los

manifiestos de importación y de las facturas de compra […] pero SÍ

se le cuestionó a la DIAN la actuación y se le PIDIÓ levantar las

medidas sobre el TOTAL DE LOS EQUIPOS […]”.

Puntualmente, para adoptar la decisión referida el Tribunal sostuvo:

“[…] Verificado el caso concreto tenemos que la Resolución
4562 de 27 de diciembre de 2002, a través de la cual se
decomisa la mercancía descrita en DIIAM 462000795,
ordenó el decomiso de 22 ítems.

Sin embargo, la parte demandante, presentó el recurso de
reconsideración ante la Administración de Aduanas de
Barranquilla, recurso en el que omitió cuestionar lo relativo
a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, razón por la cual la
entidad no tuvo la oportunidad de pronunciarse en vía
gubernativa respecto de la legalidad de la resolución
acusada en lo referido a los elementos descritos
anteriormente, lo que lleva a la Sala a concluir que la
demandante no agotó completamente la vía gubernativa
dentro del presente asunto, situación que le otorgó firmeza
a la decisión sancionatoria proferida por la entidad, con
relación a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, lo que
imposibilita su estudio en sede judicial.

Por las anteriores razones, la Sala procederá a declarar
probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta
de agotamiento de la vía gubernativa, y se inhibirá para
pronunciarse de fondo, respecto de los ítems 2, 8, 9, 10,
11, 13, 17 y 20. […]”.

Al revisar el expediente, la Sala constata que en el recurso de

reconsideración presentado contra la Resolución núm. 4562 de 27

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de diciembre de 2002, la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL

DEL NORTE S.A. omitió señalar los motivos de inconformidad

frente a los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20. Textualmente el

recurso de reconsideración se refirió a lo siguiente:

“[…]

La hipótesis que plantea la Aduana de Barranquilla es que la
mercancía de mi cliente no se encuentra amparada con una
declaración de importación, lo cual es totalmente contrario
a la realidad, porque mi cliente aportó […] las declaraciones
de importación con las cuales fueron ingresadas legalmente
las mercancías al territorio nacional, lo cual procedo a
explicar mediante un cuadro sencillo […]

Ítem No. 1

[…]

Ítem No. 2

Equipo de rayos X marca BEMET CM 425 Modelo
B180MAF SERIAL B22798 con sus accesorios.

Ítem No. 3
[…]
Ítem No. 4
[…]
Ítem No. 5
[…]
Ítem No. 6
[…]
Ítem No. 7
[…]
Ítem No. 12
[…]
Ítem No. 14
[…]
Ítem No. 15
[…]
Ítem No. 16
[…]

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Ítem No. 18
[…]
Ítem No. 19
[…]
Ítem No. 21
[…]
Ítem No. 22
[…]

Con esto quiero demostrar que los equipos relacionados en
los numerales anteriores fueron importados legalmente y
están amparados por sus respectivas declaraciones de
importación, cabe anotar que estos documentos, al igual
que las facturas y los demás documentos soporte, fueron
aportados en su momento a la División de Fiscalización,
dependencia que solicitó la certificación de la existencia de
los mismos en la División de Documentación […]”.
(Destacado fuera de texto).

Y el acto que resolvió el recurso de reconsideración, esto es, la

Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, señaló:

“[…] Se analizaron los aspectos enunciados por el
apoderado de la parte recurrente en relación con los ítems
3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 21 (1 unidad) y 22, y se
observó que la descripción de la mercancía correspondió
con la que aparece en los documentos soportes aportados,
por tal razón se concluye que la mercancía se considera
mercancía declarada y, en consecuencia, no da lugar a su
aprehensión y decomiso […] en relación con los ítems 2,
8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, se observó que no existen en
el recurso de reconsideración argumentos o
documentos que soporten o acrediten que la
mercancía fue declarada, en consecuencia da lugar su
aprehensión y decomiso […]

Se debe confirmar la Resolución 4562 de 27 de diciembre
de 2002, con relación a las mercancías relacionadas en los
ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 […] por estar incursas en
la situación prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999 […]” (Destacado fuera de texto).

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En relación con los requisitos que deben cumplirse para presentar el

recurso de reconsideración, el artículo 518 del Estatuto Aduanero

ordena:

“[…] Artículo 518. Requisitos del recurso de
reconsideración. El recurso de reconsideración o reposición
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se formule por escrito, con expresión concreta
de los motivos de inconformidad;

b) Que se interponga dentro de la oportunidad legal; y

c) Que se interponga directamente por la persona contra la
cual se expidió el acto que se impugna, o se acredite la
personería si quien lo interpone actúa como apoderado o
representante […]”. (Destacado fuera de texto).

Esta disposición establece expresamente que el recurso de

reconsideración debe ser interpuesto por escrito y con la

manifestación concreta de los motivos de inconformidad.

En ese orden, el incumplimiento de los requisitos previstos para la

presentación del recurso de reconsideración conlleva un

pronunciamiento judicial inhibitorio respecto de las pretensiones de

la demanda, pues esta devendría en inepta, según lo dispuesto en

el artículo 143 del CCA.

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En el caso concreto, en la vía gubernativa no se analizó el problema

jurídico que ahora es puesto en conocimiento de la Jurisdicción

Contenciosa Administrativa, esto es, el decomiso de la mercancía

aprehendida con el DIIAM núm. 4602000795 de 6 de abril de 2002,

ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20 de la Resolución 1108 de 2003,

por no encontrarse amparada en una declaración de importación.

Por tal razón, la Sala comparte el criterio del a quo en el sentido de

que no se interpuso recurso de reconsideración frente a la decisión

de la Resolución núm. 1108 de 23 de mayo de 2003, respecto de

los ítems 2, 8, 9, 10, 11, 13, 17 y 20, comoquiera que el recurso

formulado por la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL

NORTE no presentó argumentos para cuestionar tal decisión

administrativa.

Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal acertó al declarar

probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por la falta de

agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto, se insiste, la parte

actora no formuló de manera concreta motivos de inconformidad

frente a la aprehensión y posterior decomiso de los ítems ya

referidos, lo que equivale a no interponer frente a estos recurso de

reconsideración, conducta reprochable a la luz de la jurisprudencia

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de la Corporación, en tanto la administración no tuvo oportunidad

de emitir pronunciamiento en sede administrativa frente a su

cuestionamiento, lo que se traduce en la afectación a los derechos

de defensa y contradicción, situación que no puede ser

inobservada.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con

los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión

del artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación

procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

Con fundamento en lo expuesto la Sala confirmará la sentencia

recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de

2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de

septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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