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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00070-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00070-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVOCAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 6 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A, y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, bajo el título de daño especial, en los términos señalados en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma correspondiente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, a favor de Julio Mario Muvdi Duarte. TERCERO: CONDENAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a pagar, por concepto de perjuicios materiales, el monto de veintinueve millones ochocientos ochenta y nueve mil ochenta pesos m/cte ($29’889.080), a favor de Julio Mario Muvdi Duarte. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: CONDENAR en costas por ambas instancias al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en favor de la parte actora. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho, frente a la primera instancia, en el 1,5% de las pretensiones reconocidas y, para la segunda instancia en el 1% de los pedimentos que resultaron favorables a la actora. SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2012-00070-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Medio de control: Reparación directa
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – daños causados por omisión de la
diligencia de lanzamiento por ocupación en inmueble de propiedad de particulares /
LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA – este presupuesto lo ostenta quien acredite
que es propietario o poseedor del inmueble perturbado / HERENCIA - carece de capacidad
jurídica y, por ende, para ser parte en procesos judiciales / TITULARES DE LA HERENCIA
– son los sujetos que han recibido la vocación hereditaria, en virtud de la ley o testamento.
Están legitimados para acudir a un proceso en favor de la masa sucesoral / PÉRDIDA DE
LA TENENCIA O LA POSESIÓN – vías contempladas por el Legislador para su protección
/ JUICIO POLICIVO – lanzamiento por ocupación de hecho: naturaleza y finalidad / FALLA
EN EL SERVICIO – no se acreditó / DAÑO ESPECIAL – opera bajo circunstancias
excepcionales – requiere la comprobación de la ruptura en el equilibrio de las cargas
públicas

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La controversia versa sobre la responsabilidad de la entidad demandada, por la
omisión en la realización del lanzamiento de los sujetos que invadieron el predio de
un particular, que hace parte de un haber hereditario.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 6 de febrero de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones formuladas1.

2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 3 de agosto de 2012 2
por los señores Julio Muvdi Duarte3 y María Cecilia Duarte de Muvdi4 (desde ahora,
la parte demandante o actora) contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla (en lo sucesivo, el distrito, la entidad, o el demandado), cuyas

1
El a quo se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida en el sub-lite, toda vez que no las encontró acreditadas.
2
Fl. 18 (reverso), c. 1.
3
En calidad de heredero del señor Julio Muvdi Abufhele y albacea de la herencia yacente de este último.
4
En condición de cónyuge supérstite del señor Julio Muvdi Abufhele.

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a
continuación.

Pretensiones5

3. La demandante busca la declaratoria de responsabilidad del distrito, por la
omisión en la que habría incurrido al no materializar oportunamente el lanzamiento
por ocupación de hecho respecto del predio “El Mirador” –identificado con matrícula
inmobiliaria No. 040-119639–, permitiendo su invasión por parte de terceros. Como
consecuencia, pidió la indemnización de perjuicios materiales6 y morales7, así como
la imposición de condena en costas.

Hechos relevantes según la demanda

4. El señor Julio Muvdi Abufhele era propietario del inmueble denominado “El
Mirador” (en adelante, el predio, el terreno o el inmueble), ubicado en la parcela No.
7 del bien de mayor extensión nombrado “El Tamarindo” –km 7 de la carretera La
Cordialidad que conduce al municipio de Galapa– e inscrito en la Oficina de
Instrumentos Públicos de Barranquilla bajo la matrícula inmobiliaria 040-119639, el
cual fue adquirido por aquel mediante sucesión de la señora Emilia Muvdi de Chaín,
de conformidad con lo decidido en la sentencia del 17 de octubre de 2000, proferida
por el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla.

5. El propietario del bien encargó al señor Andrés Balbino Gutiérrez la
inspección y vigilancia del inmueble. El 1 de febrero de 2010, éste le comunicó al
señor Muvdi Abufhele que el predio había sido invadido –el día anterior– razón que
lo condujo a presentar, el 12 de febrero siguiente, una querella de lanzamiento por
ocupación de hecho. Narró que en diligencia del 3 de marzo de 2010, la Inspección
Quinta Urbana de Policía de Barranquilla efectuó el lanzamiento de las personas
que ocuparon ilegalmente “El Mirador”.

6. El señor Muvdi Abufhele conoció que el predio nuevamente fue invadido, por
lo que el 12 de mayo de 2010 radicó solicitud de seguimiento y control al amparo
policivo otorgado. El 14 de mayo siguiente, la Inspección Primera de Reacción
Inmediata de Barranquilla acogió el conocimiento del caso y fijó fecha para la
diligencia respectiva, la cual fue aplazada, reprogramada y suspendida en múltiples
oportunidades sin que finalmente fuera continuada8.

5
Incluidas las modificaciones introducidas con la subsanación de la demanda, visible a fls .60 a 78, del “AnexocdE324_T2”,
carpeta 1, índice 2, SAMAI.
6
A favor de la herencia yacente de Julio Muvdi Abufhele, la suma de $1.000’000.000 o aquella que se pruebe en el proceso;
El monto de $500’000.000 para el señor Julio Mario Muvdi Duarte, o el que se demuestre en juicio; La cifra de $500’000.000
para la señora María Cecilia Duarte de Muvdi, o la que se acredite en juicio.
7
La suma equivalente a 100 SMLMV a favor del señor Julio Mario Muvdi Duarte; El valor equivalente a 50 SMLMV a favor de
la señora María Cecilia Duarte de Muvdi.
8
Lo narrado en punto a la diligencia de lanzamiento, se resume así:
(i) Se citó para el 25 de mayo de 2010, pero no se continuó porque caía “un torrencial aguacero en el sector”.
(ii) Se citó para continuar la diligencia el 16 de junio de 2010, reprogramándose para el 17, 18, 21, 23, 24 y 25 de ese mismo
mes y año. Este último día se suspendió para el 28 de junio.
(iii) Luego de la insistencia del apoderado de la actora, la inspección fijó las diligencia para el 13 y 14 de enero de 2011, la
que se suspendió por la falta de apoyo de la Policía Nacional para su realización.
(iv) La diligencia se reprogramó para el 15 de febrero de 2011; no se efectuó porque no se había podido coordinar el “servicio
del Grupo ESMAD y POLICÍA DE MENORES”, pese a que la querellante suministró las expensas para el efecto.
(v) El 18 de febrero siguiente, la inspección decidió, nuevamente, no continuar con la diligencia.
(vi) En múltiples comunicaciones del 22, 24 y 24 de febrero, 1, 4, 9 y 11 de marzo de 2011, el apoderado del demandante
expresó la necesidad de continuar con la audiencia suspendida desde el 28 de junio de 2010. Aseveró que tales dilaciones

2

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

7. El señor Muvdi Abufhele falleció el 22 de agosto de 2010; quien en vida
contrajo matrimonio con la señora María Cecilia Duarte. De esta unión nació Julio
Mario Muvdi Duarte; en su testamento aquél nombró a este último albacea con
tenencia y administrador de la herencia.

8. Los predios vecinos -“Campo Natacha” y “Beit Jala”, que también hacían
parte de “El Tamarindo”– fueron igualmente invadidos por particulares en la misma
fecha, pero frente a estos sí se culminaron las diligencias policivas (los días 7 y 8
de febrero de 2012), a diferencia de lo acontecido frente a “El Mirador”.

9. La demandante sostuvo que no pudo ingresar al terreno desde la ocupación,
por el riesgo que ello implicaba para su vida e integridad física.

Fundamentos de derecho
10. La omisión de la entidad, relativa a no prestar el servicio necesario y
adecuado para salvaguardar la propiedad y posesión de los bienes de los
administrados, en particular, de cara a la afectación de la tenencia del predio El
Mirador por cuenta de la demora y falta de diligencia de la entidad en la
materialización del lanzamiento; actuación que desconoce los artículos 2, 4, 13, 29,
58, 209 y 315 de la Constitución Política, 15 de la Ley 57 de 1905, 125 y ss. del
Código Nacional de Policía y el Acuerdo No. 10 de 2009, expedido por el Concejo
de Barranquilla –Manual de Convivencia del Distrito de Barranquilla–.

Contestación de la demanda9
11. El distrito se opuso a las súplicas del libelo. Argumentó que -a través de la
Secretaría de Gobierno, inspecciones y comisarías de familia-, no ha actuado con
negligencia, ineficacia, o tardíamente, menos omisivamente. En cambio, luego del
primer desalojo, el actor no ejerció las medidas tendientes a precaver la ocupación
reprochada; indicó que los invasores, organizados bajo la persona jurídica
ASOTRACAMPO, iniciaron una serie de acciones de posesión y salvaguarda de sus
garantías fundamentales y tanto la Defensoría del Pueblo, como la organización de
derechos humanos no han permitido que el distrito –a través de la inspección de
reacción inmediata– efectúe el lanzamiento objeto de querella10.

12. Propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por activa,
en tanto no está probado que el actor sea el propietario del predio que se reputa
invadido11; (ii) no integración del litisconsorcio necesario, al considerar
imprescindible la vinculación de la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y

estaban causando múltiples perjuicios a los propietarios y permitiendo que el número de invasores aumentara con el paso del
tiempo.
(vii) Se reprogramó la diligencia para el 24 de marzo de 2011, pero tampoco se llevó a cabo, dado que el Ministerio Público
no podía asistir.
(viii) Mediante numerosos memoriales en 2011 e inicios de 2012 (enuncia 11 documentos), los querellantes insistieron
en la necesidad de continuar con la diligencia, pero el distrito guardó silencio.
9
Archivo “15ContestacionDemanda”, carpeta 2, índice 2, SAMAI.
10
Fl. 5, ibidem.
11
Este medio de defensa fue negado por el Tribunal en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el 23 de junio de
2016, puesto que en el certificado de tradición y libertad del inmueble consta, en la anotación No. 5 del 29 de noviembre de
2011, que éste fue adjudicado por sucesión al señor Julio Mario Muvdi Abufhele, por lo que este último es el propietario del
predio. Asimismo, afirmó que se demostró que Julio Muvdi Duarte es el hijo del señor Muvdi Abufhele –según registro civil de
nacimiento, visible a fl. 192–, ubicándolo en la condición de damnificado de la conducta del demandado, supuesto suficiente
para ostentar la legitimación en la causa por activa (fls. 567 a 570, c. 2.).

3

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues fueron los entes que limitaron
las acciones del distrito, en despliegue de sus funciones respectivas12; (iii) carencia
de configuración de un daño, puesto que el terreno no salió del patrimonio de los
accionantes; (iv) ausencia de falla en el servicio, toda vez que la gestión de la
administración fue diligente y eficiente, dada la condición de desplazados de los
terceros invasores; (v) falta de competencia jurisdiccional, comoquiera que la acción
incoada no es procedente para reclamar la propiedad del bien, ya que para ello debe
presentar previamente una acción reivindicatoria en la jurisdicción civil 13; y, (vi) no
objetivización de la cuantía, pues la actora no precisó el valor de las pretensiones.

Alegatos en primera instancia

13. Surtido el debate probatorio14, al alegar de conclusión15, el distrito16 solicitó
desestimar las pretensiones formuladas ante la falta de acreditación de la omisión
que le fue endilgada, culpa exclusiva de la víctima17 y la ocurrencia del hecho de un
tercero18. El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

Fundamentos de la sentencia impugnada19

14. El a quo negó las súplicas incoadas. Sostuvo que la entidad no comprometió
su responsabilidad, puesto que la Inspección de Reacción Inmediata de Policía de
Barranquilla desplegó actuaciones efectivas en procura de la recuperación del
predio, dada la querella que en su momento presentaron los afectados.

12
En la audiencia inicial del 5 de noviembre de 2013, el a quo negó la integración del litisconsorcio necesario, en los términos
referidos por el distrito, dado que la “decisión que se profiera no afectaría de ninguna manera a la Personería Distrital, ni a la
defensoría del Pueblo, ni a la Comisión Nacional de defensa jurídica de derechos humanos” (fls. 516 a 520, c. 2.). El distrito
apeló esta determinación (fls. 521 a 526, c. 2.) y esta Corporación la confirmó, por medio de auto del 19 de noviembre de
2015, al afirmar que no resulta forzosa la comparecencia de los entes señalados, “comoquiera que entre dichas entidades y
las partes procesales no existe una relación jurídica de tal magnitud que evidencie que sin la vinculación de esas entidades,
sea imposible llevar a cabo el trámite procesal para proferir sentencia” (fls. 533 a 540, c. 2.). 13
Fl. 10, archivo “15ContestacionDemanda”, carpeta 2, índice 2, SAMAI. 14
En la continuación de la audiencia inicial, celebrada el 23 de junio de 2016, el Tribunal tuvo como pruebas las aportadas
con la demanda y su contestación (visibles en la carpeta 2, índice 2, SAMAI), decretó, los testimonios de los señores Andrés
Balvino Gutiérrez, José Cabal Pérez, Norberto Daza Cuello, Claudia Soto de La Espriella, Alex Fernando Gutiérrez y Javier
Bermúdez (practicados en la audiencia de pruebas del 6 de septiembre de 2016); una inspección judicial al predio, un dictamen
pericial, a fin de avaluar el bien, una pericia ante el Instituto Nacional de Medicina Legal, sobre los efectos psicológicos que
tuvo la ocupación en los demandantes (fls. 880 a 881, c. 2.). Ofició, a la Inspección de Policía para que remitiera todos los
antecedentes del procedimiento policivo llevado a cabo en el predio El Mirador, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería
Distrital, para que aportaran todos los documentos relacionados con la diligencia de desalojo del inmueble (fls. 588 a 755, c. 2.) y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, para que remitiera el certificado de tradición y libertad
del predio (fls. 581 a 586, c. 2). En auto del 20 de septiembre de 2016, el a quo consideró que el estado de invasión del predio se podía determinar sin
necesidad de una inspección judicial del lugar, por lo que supeditó la misma a la realización del dictamen pericial encargado
a Otoniel Ahumada Zambrano (fls. 790 y 791, c. 2.). El anterior proveído fue adicionado, el 24 de octubre siguiente, a fin de
precisar que el dictamen tendría que ver con el estado de la invasión ilegal, las personas que ocupan el lugar y la imposibilidad
que le asiste al demandante de ingresar a su predio (fls. 798 y 799, c. 2.). Este dictamen fue rendido el 12 de diciembre de
2019 (visible a fls. 914 a 921, c. 2.). 15
Inicialmente, el Tribunal, por medio de auto del 6 de agosto de 2019, declaró cerrada la etapa probatoria y corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión (archivo “53AutoCorreTrasladoAlegar”, carpeta 1, índice 2, SAMAI). La actora formuló
reposición contra el anterior proveído, porque el perito encargado de realizar el dictamen atinente a la visita e inspección del
predio El Mirador no entregó dicha prueba (archivo “55Recursos”, carpeta 1, índice 2, SAMAI). En auto del 5 de noviembre
de 2019, el a quo revocó el auto cuestionado y, en su lugar, reanudó el término probatorio para que el auxiliar de la justicia
presentara su dictamen (archivo “58AutoResuelveRecurso”, carpeta 1, índice 2, SAMAI). El 12 de diciembre de 2019, el perito
entregó el dictamen encargado y, en proveído del 18 de febrero de 2020, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión (archivo “63OficioNotificacionCorreoCertificado”, carpeta 1, índice 2, SAMAI). La demandante debatió el anterior
acto, pues la pericia no fue puesta a consideración de las partes para que ejercieran su derecho de contradicción.

Luego, en
auto del 19 de julio de 2021, repuso la anterior determinación y fijó audiencia para efectuar la contradicción del dictamen
(archivo “67AutoResuelveRecurso”, carpeta 1, índice 2, SAMAI). En audiencia del 4 de noviembre de 2021, se llevó a cabo
la contradicción de la pericia, en esta misma diligencia se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (archivo
“1_EXPEDIENTEDIGI_Acta201200070jpg_0_20250404111205878”, índice 2, SAMAI). 16
Archivo: “21.AlegatosDistrito”, índice 3 -Gestión en otras Corporaciones TA Atlántico-. 17
Toda vez que el demandante no tenía cercado el predio, ni vigilancia en el mismo, a fin de evitar su invasión. 18
Pues fueron terceros, que se autodenominaron desplazados por la violencia, los que ocuparon indebidamente el terreno. 19
Archivo: “5ED_02RDRDInvasionPredio”, índice 2, SAMAI.

4

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

15. Indicó que a pesar de que el 3 de octubre de 2010 (sic) se realizó, con éxito,
el lanzamiento solicitado, la actora se abstuvo de implementar vigilancia privada u
otras medidas para precaver una nueva ocupación. El predio fue invadido de nuevo,
y el distrito emprendió las acciones para restablecer su tenencia; sin embargo, estas
actuaciones se obstruyeron por eventos ajenos a la órbita del inspector de policía,
como fue: la inasistencia de las partes, la imposibilidad de contar con la fuerza
pública, hechos de la naturaleza, presencia de menores de edad, embarazadas,
madres cabezas de hogar, personas víctimas de desplazamiento forzado, entre
otros, que requerían de las autoridades competentes para garantizar su protección;
incluso decisiones judiciales trastocaron su normal desarrollo.

16. Señaló que si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-157 de 2022,
manifestó que los conflictos relacionados con la responsabilidad del Estado frente
a situaciones de ocupación de inmuebles privados por parte de particulares deben
analizarse bajo el título de responsabilidad de daño especial, lo cierto es que en la
actualidad el inmueble se encuentra desocupado –el 23 de diciembre del año 2015,
fue entregado voluntariamente a la entonces querellante (Sociedad Inversiones
Agropecuarias Los Turpiales)– , por lo que no hay lugar a analizar el asunto bajo
dicho régimen, por cuanto no se constató la pérdida del inmueble. Añadió que el
dictamen pericial practicado evidencia que el predio ya estaba libre de ocupantes y
en poder de los nuevos propietarios.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN20

17. La actora pidió revocar la sentencia de primer grado. Aseguró que el Tribunal
no valoró todo el acervo probatorio, pues allí se evidencia la inacción y letargo en la
toma de medidas por parte de la demandada para remediar la invasión del predio.

18. Añadió que se configuraron los elementos de la responsabilidad
extracontractual del Estado, en tanto se acreditó que se interpuso una querella a fin
de eliminar la perturbación en el predio por parte de terceros, sin que la entidad
cumpliera el mandato de la Ley 57 de 1905, de efectuar el lanzamiento de quienes
ilegalmente ocupaban “El Mirador”21.

19. Dijo que el caudal demostrativo evidencia los perjuicios morales y materiales
causados a la demandante. Detalló que como consecuencia de la ocupación, vendió
los derechos hereditarios que tenía el inmueble referido por la suma de
$1.550’000.000, valor muy inferior al de mercado. Indicó que dos avalúos realizados
al predio dan cuenta de que su precio comercial es superior a esa cifra, pues el
primer ejercicio de valuación lo tasó en $6.006’394.600 (elaborado en 2012, a cargo
de la Inmobiliaria Salomón Sales & Cía. S.A.) y, el segundo (realizado en 2019), lo
estimó en el monto de $68.109’258.290; además, la invasión truncó la enajenación
de una franja del predio a favor de la ANI, para el desarrollo del proyecto vial Ruta

20
Archivo “9_EXPEDIENTEDIGI_06RApelacion”, índice 2, SAMAI.
21
Señaló: “En el presente caso estamos en presencia de una clara omisión en los deberes de los que era titular la accionada,
más allá del régimen de responsabilidad que se aplique. Así́ como nos encontramos frente a la demostración de un daño
antijurídico sufrido por la parte demandante y la causalidad adecuada que permite en términos no solo lógicos sino jurídicos
imputar la acusación de tal daño a las autoridades del Distrito de Barranquilla”.

5

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

Caribe, por el monto de $124’016.470, por cuanto las condiciones de este pacto
establecían que el área negociada debía ser entregada sin perturbación alguna 22.

Trámite en segunda instancia

20. El a quo concedió el recurso de apelación23 y esta Corporación lo admitió en
proveído del 20 de mayo de 202524. Dentro del término de que tratan los núms. 4 y
6 del art. 247 del CPACA –modificado por la Ley 2080 de 202125–, las partes
guardaron silencio.

21. El Ministerio Público sostuvo que se acreditó una falla en el servicio del
demandado26, derivada de la inejecución de actividades encaminadas a continuar
la diligencia de lanzamiento de los ocupantes del inmueble. Señaló que aunque ésta
se reprogramó por múltiples causas, lo cierto es que desde su último agendamiento
infructuoso –del 24 de marzo de 2011– transcurrieron cinco años sin que la
inspección diera trámite a la misma, y fue el 23 de diciembre de 2015 que finalmente
ocurrió el desalojo27. No obstante, afirmó que no se configuró un nexo de causalidad
entre el daño aludido por la actora (la venta del predio en un valor inferior al del
mercado) y la omisión del distrito, puesto que dicho acto traslaticio de dominio tuvo
origen en una decisión autónoma y libre del actor, a sabiendas de que el valor sería
inferior al precio comercial; además, conservó los derechos litigiosos por el daño
proveniente de la dilación injustificada en el desalojo de los invasores, de modo que
“asumió ese desvalor y decidió vender el lote”.

22. Encontrándose el proceso pendiente para proferir fallo, en proveído del 20
de abril de 202628 la Sala decretó una prueba de oficio, consistente en el aporte de
la escritura pública que protocolizó la partición y adjudicación de la sucesión del
señor Julio Muvdi Abufhele, así como la escritura pública No. 1079 del 26 de
septiembre de 2014, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo Notarial de
Soledad, mediante la cual se efectuó una partición adicional, en la que constara la
adjudicación de la herencia y la asignación de los derechos litigiosos del presente
proceso a quienes hoy actúan como demandantes, conforme se indicó en el recurso
de apelación. Esta documentación fue allegada por la actora29; la Secretaría de la
Sección corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que ejercieran su

22
Indicó que, mediante la Resolución GP 946 de 2013, la ANI puso de presente el fracaso de la etapa de negociación directa,
debido a la imposibilidad de entregar el bien.
23
Mediante auto del 10 de marzo de 2015, archivo “18_EXPEDIENTEDIGI_15ResuelveReposConce”, índice 2, SAMAI-.
24
Índice 10, SAMAI.
25
Como la apelación fue interpuesta el 8 de julio de 2024, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 2021 -26 de enero de 2021-
al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las modificaciones introducidas por esta ley.
“Art. 247 (...)
“4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los
sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes
(…)
“6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al
despacho para sentencia”.
26
Índice 18, SAMAI.
27
Aseveró: “... no valora el comportamiento de la entidad demandada que por el termino de 5 años estuvo a cargo de la
diligencia de control, verificación y de seguimiento de cumplimiento a orden de policía respecto del inmueble EL MIRADOR,
temporalidad de la cual el plenario no ofrece ningún elemento probatorio que permita dilucidad que diligencias adelanto el
extremo demandado o por que la diligencias de marras estuvo paralizada por tal extensión de tiempo, de tal suerte, que ante
la falta de elementos probatorios que explique y justifique las razones por las cuales un procedimiento que se refuta de ser
sumario y breve (48 horas) se extendió́ por espacio de más de 5 años, hace que la dilación en que se incurrió́ se torne en
injustificada, lo cual, como lo ha establecido la jurisprudencia aquí́ expuesta es constitutiva de un error judicial por falla del
servicio”.
28
Índice 37, SAMAI.
29
Índices 43 y 46, SAMAI.

6

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

derecho de contradicción y defensa30. Ni el distrito ni el Ministerio Público se
pronunciaron sobre dichas piezas demostrativas.

III. CONSIDERACIONES
Objeto del recurso

23. Dados los reproches del apelante31, el sub-lite se enfoca en determinar si el
a quo erró en la valoración de los medios demostrativos, pues para el censor el
material probatorio evidencia que se configuró la responsabilidad del distrito de cara
al prolongado lapso que transcurrió hasta que se materializó la orden de desalojo
del predio invadido; para el efecto, la Sala partirá de la verificación de la legitimación
por activa de los actores, el examen del cargo de responsabilidad endilgado al
demandado y, en caso de encontrarlo acreditado, la procedencia de la
indemnización de perjuicios solicitada, con especial atención al mandato de
congruencia de la decisión, de cara a lo establecido en el petitum.

Análisis de la Sala

La legitimación en la causa por activa

24. La Sala esclarecerá si está acreditado el presupuesto de legitimación en la
causa por activa, de conformidad con la prueba de oficio decretada por esta
Subsección, por cuanto la demandante puso de presente en su alzada que a pesar
de que cedió a un tercero los derechos hereditarios que tenía sobre “El Mirador”,
conservó la titularidad de los derechos litigiosos que se discuten en el sub-lite32.

25. En asuntos como el de la referencia, esta Colegiatura ha señalado que
quienes ostentan interés subjetivo frente a lo que se deduce en juicio, del cual se
desprende el derecho reclamado (legitimación material)33, son aquellos sujetos que
demuestren ser propietarios o poseedores de una parte o de la totalidad del bien
que fue ocupado por la administración o por particulares –en tanto que el hecho
generador del daño antijurídico consiste no solo en la afectación al derecho de la
propiedad, sino también en el menoscabo de la posesión que el accionante ejercía
sobre el predio irrumpido–34.

26. Se demostró que el señor Julio Muvdi Abufhele era el propietario de “El
Mirador”, lote invadido por terceros, que fue objeto de un procedimiento policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho. Lo anterior, con fundamento en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 040-11963935, en cuya anotación No. 5 del 29 de

30
Índice 44 y 48, SAMAI.
31
Los cuales constituyen el marco de decisión del ad quem, a voces del artículo 328 del CGP.
32
Archivo “9_EXPEDIENTEDIGI_06RApelacion”, índice 2, SAMAI.
33
Presupuesto definido por esta Subsección, mediante la sentencia del 6 de noviembre de 2020, radicación
25000232600020080044901 (47.095), entre otras.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de agosto de
2023, radicación 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756).
35
A través de sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, exp. 23.128, la Sala Plena de esta Sección sostuvo que “...la
inscripción o el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar
el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en
aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se
fundamenten las pretensiones de la demanda”.

7

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

noviembre de 2000, figura que el mencionado señor adquirió el derecho de dominio
del predio en juicio de sucesión, a través de la sentencia del 17 de octubre de 2000,
proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla36. Se aportó también
copia auténtica de la escritura pública No. 3.724 del 26 de diciembre de 2000, de la
Notaría Segunda del Círculo Notarial de Barranquilla, mediante la cual se
protocolizó el juicio de sucesión de la señora Emilia Muvdi de Chaín, el documento
de distribución y adjudicación de bienes de la causante y la providencia aprobatoria
del trabajo de partición, dictada dentro del proceso de sucesión37.

27. Está acreditado que el señor Julio Muvdi Abufhele falleció el 22 de agosto de
201038 y que, el 20 de marzo de 1959, contrajo matrimonio con la señora María
Cecilia Duarte Zurek39; asimismo, conforme al registro civil de nacimiento, Julio
Mario Muvdi Duarte es hijo del causante40.

28. Respecto de la sucesión, se precisa que no se trata de un ente colectivo, un
sujeto procesal o una persona jurídica, por lo que no tiene representantes, pero sí
sujetos que han recibido la vocación hereditaria de la ley o del testamento41.

29. En estos términos, cuando los herederos acuden a un proceso no lo hacen
en nombre propio (porque aún no existe certeza sobre los bienes o derechos que
se les adjudicarán), ni en representación de la sucesión (dado que no es un ente
jurídico autónomo), pero sí bajo la titularidad de la que están investidos (en virtud
de la vocación para heredar que ostentan)42, sin que esa calidad tenga la virtualidad
de tenerlos como propietarios de un bien particular, pues ello solo ocurre con la
finalización del proceso de sucesión y la adjudicación del bien o bienes respectivos;
antes de este hito, el potencial heredero debe elevar las pretensiones en nombre y
a favor de la masa herencial, o actuando en su condición de tal.

30. Los señores Duarte Zurek y Muvdi Duarte instauraron el libelo en calidad de
cónyuge sobreviviente, heredero y albacea de la herencia del señor Muvdi Abufhele,
es decir, acudieron como titulares de la masa hereditaria, por lo que, en principio,
los pronunciamientos derivados de la ocupación de “El Mirador” proceden bajo el
entendimiento de éste como un activo de la masa sucesoral, más no como un bien
de dominio de aquellos; sin embargo, la demandante aportó varias piezas
documentales que dan cuenta de que finalizó el respectivo proceso de sucesión,
por lo que resulta forzoso determinar a quién se le asignó la propiedad del predio
fuente del litigio.

36
Fls. 582 a 586, c. 2.
37
Fls. 24 a 59, c. 1.
38
Según el registro civil de defunción, visible a fl. 108, c. 1.
39
Partida eclesiástica de matrimonio, obrante a fl. 210, c. 1.
40
Como consta en su registro civil de nacimiento (fl. 209, c. 1.).
41
Por lo que “... la personalidad del causante no es sustituida por la personalidad de un patrimonio, que carece de ella, sino
por la personalidad de quienes sí la tienen como sujetos de derecho que son. (...) (CSJ SC de 17 de agosto de 1954)”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2025,
radicación 08001-23-33-000-2014-00658-01 (67.671).
42
“(...) Surge más bien de ahí un tertium genus, que es el de estar en juicio en razón de un cargo asumido en calidad particular
de tal manera que decir que en los casos previstos, y concretamente en el de la sucesión hereditaria, los herederos
asumen el carácter de parte, por activa o por pasiva, no personalmente, ni como representantes de una entidad que
carece de personería jurídica no por la calidad de herederos de quienes están investidos, y que desde luego debe aparecer
comprobada en el proceso, en cuanto a la vocación y a la aceptación se refiere. Lo que indica, como lo anota el autor citado,
que existe una tercera categoría dentro del presupuesto procesal, capacidad para ser parte, que es precisamente el caso de
quien comparece en nombre propio, ni en representación de otro, sino por virtud del cargo o calidad, es decir, en el evento
contemplado, por ser heredero, (...)» (CSJSC21dejul.de1969)” (ibidem).

8

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

31. Por medio de la escritura pública 336 del 15 de abril de 2013 43, otorgada en
la Notaría Segunda de Soledad (Atlántico), se efectuó la adjudicación en sucesión
y liquidación de la sociedad conyugal de bienes del causante Julio Muvdi Abufhele.
Allí se consignó que la señora Duarte de Muvdi cedió, a título de venta y de manera
universal, todos los derechos que por concepto de gananciales hubiera podido
adquirir como consecuencia de la sucesión y liquidación de la sociedad conyugal
que tenía con el causante, y se tuvo al señor Muvdi Duarte como heredero único del
señor Muvdi Abufhele, quien aceptó la herencia con beneficio de inventario.
Igualmente, de conformidad con el trabajo de inventarios y avalúos, se adjudicó al
heredero los bienes que componían la herencia, a través de cinco partidas –ninguna
de estas incluía al terreno El Mirador–.

32. A través de la escritura pública 1064 del 22 de septiembre de 201444,
otorgada en la Notaría Segunda de Soledad (Atlántico), luego de mencionar que
para esa fecha continuaba en cabeza de la sucesión ilíquida el predio sobre el cual
gira esta controversia, el señor Muvdi Duarte cedió, a título de venta, a la sociedad
Inversiones Agropecuarias Los Turpiales S.A.S. “los derechos herenciales y
gananciales de los cuales es titular y que le corresponden dentro de la sucesión de
su finado padre JULIO MUVDI ABUFHELE, relacionados única y exclusivamente
con la parcela número 7 denominada ‘EL MIRADOR’”, por el precio de
$1.550’000.000. En este pacto contempló, a su vez, que la sociedad se
comprometió a solicitar y llevar a su culminación la liquidación y partición adicional
de la sucesión de Julio Muvdi Abufhele, a fin de que le sea adjudicado dicho predio.

33. En este acuerdo también se pusieron de presente las situaciones físicas y
jurídicas que recaían sobre el inmueble: (i) la ocupación o asentamiento ilegal de
varias personas; (ii) 10 demandas de pertenencia agraria, cuyas pretensiones se
dirigían a que se declarara que los demandantes adquirieron por prescripción
adquisitiva el dominio de la totalidad del terreno; (iii) el curso de un proceso de cobro
coactivo, adelantado por el distrito, por el no pago de las contribuciones de
valorización e impuesto predial del inmueble de 2009 a 2014, cuya deuda ascendía
a $345’937.965; (iv) la existencia de un proceso de expropiación sobre una franja
de terreno, por parte de la ANI; (v) el desarrollo de la querella relatada en el presente
proceso; y (vi) la existencia de otro proceso de reparación directa, instaurado por el
causante contra Transelca S.A. ESP (radicado 1209-2004), con ocasión de una
servidumbre de hecho ejercida por esa empresa en el predio.

34. Se acordó la cesión por parte del señor Muvdi Duarte y a favor de la sociedad,
de los derechos litigiosos que posee dentro del proceso de expropiación y que esta
última sucedería a aquél dentro de los asuntos de pertenencia. Frente a los
procesos de reparación directa, se acordó lo siguiente:

“CLÁUSULA OCTAVA. CONTINUACIÓN DE OTROS PROCESOS JUDICIALES.
Los aquí firmantes, estando plenamente de acuerdo con ello, aceptan que la
demanda de reparación directa que actualmente los señores JULIO MUVDI DUARTE
y MARIA CECILIA DUARTE DE MUVDI adelantan contra el DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA (consideración 14.6) y la

43
Índice 46, SAMAI.
44
Índice 43, SAMAI.

9

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

demanda en la cual funge como demandante JULIO MUVDI ABUFHELE contra
TRANSELCA S.A. ESP (consideración 8.7), sigan su curso, teniendo los actuales
demandantes y/o sus herederos el derecho a perseguir y recibir la indemnización
plena que con tales demandas se pretende. En todo caso los aquí firmantes
reconocen que los allí demandantes y/o sus herederos, si a bien lo consideran,
podrán desistir o solicitar la terminación de tales procesos judiciales, sin que exista
obligación (sic) solicitar autorización y/o pagar suma de dinero por cualquier concepto
a la sociedad comercial INVERSIONES AGROPECUARIAS LOS TURPIALES SAS;
a la sociedad DBA INVERSORES AMERICA S.A.”45

35. Mediante la escritura pública 1079 del 26 de septiembre de 201446, también
otorgada en la Notaría Segunda de Soledad, se efectuó el trámite de liquidación
adicional de la sociedad conyugal y de la herencia; como consecuencia, se adjudicó
a Inversiones Agropecuarias Los Turpiales S.A.S. el 100% del inmueble “El
Mirador”. En la anotación No. 10 del certificado de tradición y libertad del inmueble,
se registró esta transferencia47.

36. Lo anterior, pone en evidencia que al plenario sí se allegó el resultado del
trámite de sucesión. Las escrituras públicas traídas de presente muestran que el
heredero único del causante Julio Muvdi Abufhele vendió a Inversiones
Agropecuarias Los Turpiales S.A.S. la totalidad de los derechos que ostentaba
sobre el predio, pero se reservó los derechos litigiosos en punto al sub-lite.

37. En este orden de ideas, se indaga si la salvedad incluida en relación con las
resultas del proceso de la referencia es suficiente para tener por satisfecho el
presupuesto de legitimación en la causa en cabeza de los actores. Para la Sala este
cuestionamiento se responde de forma afirmativa, por las siguientes razones:

38. Los derechos litigiosos son los que se disputan en un proceso judicial y
existen a partir de que se traba la litis, esto es, desde que se notifica la demanda,
según dispone el inciso segundo del art. 1969 del Código Civil (C.C)48. En otras
palabras, se trata de aquellos créditos o atribuciones cuya certeza y exigibilidad
dependen del pronunciamiento de una autoridad jurisdiccional, de modo que su
existencia se ata, a su vez, a “la existencia de un proceso judicial como
consecuencia de la resistencia a la pretensión”49. Este concepto se diferencia de la
noción de cosa litigiosa, que se refiere al objeto de la pretensión en litigio 50.

39. La venta que el demandante efectuó de sus derechos hereditarios respecto
del bien “El Mirador”, conservando la posición de parte de la relación jurídica
procesal sub-lite, y con ello la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que
de allí se derivan para conseguir una decisión final favorable, resulta en un acuerdo
procedente y, en esa medida, de obligatorio cumplimiento para sus partes (art. 1602
del C.C.), sin que el juez pueda desconocerlo en tanto que no ha sido discutido por
alguno de sus contrayentes, ni se advierte supuesto configurativo de invalidez;

45
Fl. 14 de la escritura pública (ib.).
46
Índice 43, SAMAI.
47
Fls. 581 a 586, c. 2.
48
“ARTÍCULO 1969. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que
no se hace responsable el cedente.
Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda”.
49
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de julio de 2020, expediente: STC4272-2020.
50
“... En otras palabras, el concepto de derecho litigioso tiene un contenido procesal, por oposición al sustancial de la cosa
litigiosa” (ib.).

10

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

además, el derecho incierto ligado al proceso en curso no se torna inseparable o
inescindible de la transferencia de dominio del bien cuya ocupación dio origen al
presente litigio, pues aquí la discusión yace en la perturbación de la tenencia del
predio durante un interregno superado, sin que ésta pueda alterarse o modificarse
por el cambio en su propiedad, acontecida de forma posterior.

40. Comoquiera que al momento de trabarse la litis existía entre los actores y el
bien un vínculo que respalda su conexión con el proceso –como titulares de la masa
hereditaria de la que hacía parte el inmueble invadido, y en atención a la estipulación
de mantener en su patrimonio ese derecho incierto, pues los herederos
expresamente estipularon que el mismo no hacía parte de la cesión de derechos
litigiosos– se constata que detentan aptitud para reclamar el interés jurídico que se
debate en el proceso; por lo que la Sala confirma su legitimación, en los términos
anotados.

• El cargo de responsabilidad invocado

41. El a quo tuvo por acreditado el daño al haberse probado la ocupación
aducida51, pero no halló configurada la responsabilidad estatal por falla en el servicio
dado que la entidad ejecutó actuaciones efectivas para su desalojo en respuesta a
la querella policiva presentada por los afectados y la falta de vigilancia del
propietario para contener nueva ocupación. Luego, indicó que pese a que la
perturbación continuó, por la conducta ilegal de terceros, no había lugar a examinar
el asunto bajo la perspectiva del daño especial, por cuanto no se comprobó la
pérdida de “El Mirador”, ya que fue recuperado el 23 de diciembre de 2015. En
síntesis, el a quo consideró no acreditada la falla en el servicio, ni el daño especial.
El apelante reprochó la anterior determinación, pues no se cumplió el propósito del
amparo policivo, por el letargo del distrito en el ejercicio de sus funciones.

42. En línea con los antecedentes que respaldan el petitum, la demandante alegó
la afectación a la posesión o tenencia de “El Mirador”52, como consecuencia de la
invasión de terceros y precisó que la no realización del desalojo por parte del distrito
era el detonante de la responsabilidad estatal aducida.

43. En relación con los inmuebles urbanos, la figura de la querella de lanzamiento
por ocupación de hecho estaba consagrada en la Ley 57 de 1905 y en el Decreto
992 de 1930; sin embargo, mediante sentencia C-241 de 2010, la Corte
Constitucional, al conocer una demanda de inconstitucionalidad sobre el art.15 de
la citada Ley 5753, precisó que esa disposición había sido subrogada por el Decreto-
Ley 1355 de 1970, Código Nacional de Policía –vigente para la época de los
hechos–, de modo que es ésta la normativa aplicable en esos asuntos54.

51
Núm. 4.3.1.1.2 del fallo cuestionado.
52
Activo integrante de la herencia del causante Julio Muvdi Abufhele.
53
“ARTÍCULO 15.- Modificado parcialmente por el art. 15, ley 200 de 1936. Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho
sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja
se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito
de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin
dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca”.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre
de 2023, radicación: 20001-23-39-000-2016-00325-01 (68.007).

11

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

44. En virtud del art. 125 del Código Nacional de Policía55 (en adelante CNP) la
autoridad puede intervenir cuando se haya violado la posesión para restablecer y
preservar el statu quo ante al momento en que se produjo la perturbación, mediante
la adopción de las decisiones respectivas –artículo 19 ib.56–, entre ellas, como lo ha
indicado esta Colegiatura, se halla la orden de desalojo y la consiguiente
recuperación de la posesión o tenencia del inmueble57. Esta acción se caracteriza,
asimismo: (i) por la celeridad en su procedimiento; (ii) no supone un
pronunciamiento definitivo sobre la propiedad; y (iii) se trata de una actuación
administrativa a través de la cual se cumple una función judicial, de naturaleza
civil58, por mandato legal59.

45. Esto excluye el argumento de defensa de la entidad, de que la actora utilizó
un camino inadecuado para salvaguardar los derechos que tenía sobre el bien, al
aducir que el procedente era la acción reivindicatoria ante la jurisdicción ordinaria.
La Sala difiere de dicho criterio. En el ordenamiento jurídico existen diversos
instrumentos orientados a la defensa de la propiedad, entre ellos, la acción
reivindicatoria. Este mecanismo, desde sus orígenes60, confiere al titular del
derecho de dominio la facultad de reclamar en juicio la restitución del bien respecto
del poseedor que materialmente lo detenta, y ésta –la posesión– sólo se predica de
quien tiene la cosa con ánimo de señor y dueño.

46. En otro vértice despuntan las acciones policivas –ruta emprendida por los
entonces querellantes frente a los invasores del inmueble El Mirador– en este
escenario, se itera, no tiene cabida la discusión sobre el derecho de propiedad, sino
que se faculta la intervención de la autoridad “para evitar que [se] perturbe el
derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso
de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que
existía en el momento en que se produjo la perturbación”, conforme al citado art.
125 del CNP.

47. Se trata de categorías que expresan dos ámbitos diversos en la relación que
se teje entre las personas y los bienes. Si bien tienen un común denominador, que
es la aprehensión material de la cosa, su distinción radica en el elemento volitivo,

55
“ARTÍCULO 125.- La policía solo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que
alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que
existía en el momento en que se produjo la perturbación”.
56
“ARTICULO 19. - Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía, las autoridades del ramo pueden dictar
órdenes según la competencia que se les atribuya”.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 23 de febrero de
2017, radicación: 08001-23-31-000-1999-02289-01(34.121).
58
“El proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, es un proceso a través del cual se pone fin a la ocupación arbitraria
de un inmueble y se restituye su tenencia a favor del tenedor legítimo. No obstante adelantarse por funcionarios de policía,
es un caso particular en el que autoridades administrativas cumplen funciones judiciales, ateniéndose a una legislación
especial y en el que la sentencia que se profiere hace tránsito a cosa juzgada formal y no es cuestionable ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Se trata de una instancia habilitada para restituir la tenencia de un inmueble, mas no para
decidir las controversias suscitadas con ocasión de los derechos de dominio o posesión pues éstas deben sortearse ante la
jurisdicción ordinaria” Corte Constitucional, sentencia T-093 de 2006.
59
Corte Constitucional, sentencia SU-157 de 2022.
60
El “… [d]erecho Romano prohijó, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, Libro VI, Título I,
Digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario -y se sigue autorizando- para reclamar que,
judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este último, por manera que la acción
reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no sólo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino también, a
manera de insoslayable presupuesto, que éste sea objeto de ataque ‘en una forma única: poseyendo la cosa, y así es
indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho’ (LXXX,
pág. 85). De ahí que, como bien acotara Ulpiano, ‘Oficio del juez será en esta acción, [la reivindicatoria], el indagar si el
demandado posee’ (Digesto, 6, 1. 9) (CSJ, SC del 15 de agosto de 2001, Rad. n.° 6219)”. Tomado de, Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de abril de 2022, SC1258-2022, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

12

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

pues la posesión, a la que se dirige la acción reivindicatoria, expresa el ánimo de
señor y dueño sobre el bien para generar apariencia de titularidad frente a terceros,
sin reconocer dominio ajeno; mientras que en la perturbación a la posesión o a la
tenencia, objeto de las acciones policivas61, el sujeto a quien se dirige carece de
dicho ánimo, en tanto su comportamiento demuestra que retiene la cosa
reconociendo la propiedad de otro.

48. Siendo así, y según la posición que asuma el sujeto (poseedor o tenedor), el
factor volitivo determina la vía para avanzar en la defensa del derecho en disputa,
como también determina el eventual escalamiento a otros mecanismos, según los
actos y la convicción del individuo en su relación con el bien respectivo. Por manera
que no se advierte en el demandante la utilización de una vía inadecuada, máxime
que el legislador contempló para el amparo de la propiedad privada y de los
derechos de posesión y tenencia de los bienes, diversas rutas62. En el caso
concreto, la presencia de terceros a quienes se tildó de invasores del predio reúne
las características que autorizaban la activación de las medidas policivas incoadas.

49. Sin que exista discusión sobre la existencia del daño63, esto es, la invasión
de que fue objeto del predio64, se acreditó que aconteció un lapso considerable
desde el 14 de mayo de 201065, cuando la Inspección de Reacción Inmediata de
Barranquilla (en lo sucesivo, la inspección o autoridad de policía) admitió la solicitud
de seguimiento y control al amparo formulado por el señor Muvdi Abufhele66 y hasta
el 23 de diciembre de 201567, fecha en que el inmueble fue entregado, desocupado,
a su dueño68. Por tanto, los demandantes vieron perturbada la tenencia del predio
hasta el momento en que dispusieron de su derecho de dominio sobre éste, en
septiembre de 2014.

50. La atención de la Sala se concentrará, en consecuencia, en verificar si éste
es imputable al Estado, es decir, si se acreditaron omisiones o dilaciones
injustificadas durante el desarrollo de la querella instaurada, según adujo el actor.

51. La finca el Tamarindo, ubicada en el perímetro urbano del distrito de
Barranquilla, fue dividida en varios sectores o porciones de tierra, entre ellos, Granja
ina, Cocoloco, Miraflores, El Mirador, Campo Natacha y Beit Jala69. Las tres últimas
fueron invadidas por terceros indeterminados a comienzos del año 2010, por lo que
sus propietarios –representados por el mismo apoderado70– formularon querella

61
Además, el art. 126 del CNP (vigente para la época de los hechos) dispuso: “ARTICULO 126. En los procesos de policía
no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
62
“De esta manera, el ordenamiento jurídico le otorga al propietario una protección judicial plena de su derecho de propiedad;
en primer lugar, le permite perseguir en manos de quien esté mediante la acción reivindicatoria –expresión del poder de
exclusión–, pero también, en segundo lugar, diseñó medidas de protección de la expresión física de la propiedad: las acciones
posesorias. De esta manera, el que es propietario contará, para proteger su bien, tanto con la acción reivindicatoria como con
las acciones posesorias, mientras que quien no lo es, pero tiene la calidad de poseedor podrá iniciar éstas últimas para
proteger, en la medida en que se lo permita el ordenamiento jurídico, su situación frente al bien” (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, exp. 28.158).
63
Como consta en las diligencias adelantadas con ocasión del referido proceso policivo, que adelante se detallan.
64
Refrendado por el dicho de los testimonios practicados en este proceso Fls. 784 a 787, c. 2.
65
Fl. 88, c. 1.
66
Fls. 67 y 68, c.1.
67
Fls. 740 a 755, c.2.
68
En los términos de la cesión de derechos herenciales efectuada mediante escritura pública No. 1064 del 22 de septiembre
de 2014.
69
Fl. 221, c. 1.
70
El abogado José Cabal Pérez.

13

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

policiva, a fin de recuperar la pacífica tenencia de los terrenos. En su trámite, la
inspección profirió la providencia del 23 de febrero de 201071, que ordenó el
lanzamiento de los ocupantes, el cual se hizo efectivo el 3 de marzo de ese mismo
año, como fue reseñado.

52. Sin embargo, El Mirador, junto con Campo Natacha y Beit Jala, fueron
ocupados nuevamente por sujetos desconocidos, aproximadamente a los dos
meses de la materialización del referido lanzamiento, por lo que sus propietarios
formularon, el 12 de mayo de 2010, sendas solicitudes de seguimiento y control
respecto del amparo policivo. La autoridad encargada, el 14 de ese mismo mes y
año, admitió la petición realizada en relación con “El Mirador”.

53. Revisado el acervo probatorio, se pone de presente la siguiente secuencia
cronológica de las actuaciones surtidas debido a la invasión que se analiza:

CRONOLOGÍA: ACTUACIONES SURTIDAS CON OCASIÓN DE LA OCUPACIÓN DE EL MIRADOR
Sujeto que impulsó la
Fecha ACTUACIÓN actuación o encargado de
la misma
Diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, Inspección Quinta Urbana de
3 de marzo de 2010
sobre el predio No. 7, denominado “El Mirador”72 Policía de Barranquilla
Solicitud de seguimiento y control al amparo policivo,
12 de mayo de Julio Muvdi Abufhele (por
pues personas indeterminadas ingresaron
2010 medio de apoderado)
nuevamente al predio . 73

Solicitud de seguimiento y control al amparo policivo,
Prado Abdala Saieh y Cía.
12 de mayo de por nueva invasión de los otros predios que también
S.C.A., Finanzas del Norte y
2010 hacen parte de “El Tamarindo”, a saber, “Campo
Cía S.C.A e INVERMAS S.A.
Natacha” y “Beit Jala”74.
Admite la solicitud de seguimiento y control al fallo
14 de mayo de Inspección de Reacción
policivo y programa diligencia de seguimiento para el
2010 Inmediata
25 de mayo siguiente 75.
Diligencia de seguimiento: Se examinan las condición
25 de mayo de de las parcelas que componen “El Tamarindo”. Se Inspección de Reacción
2010 suspende, debido a que “cae un torrencial aguacero Inmediata
en el sector”76.
Solicitud de continuación de la diligencia
suspendida. Exhorta a que no se aplace por petición
de la Defensoría del Pueblo, que “pretende darle a los
invasores la calidad de desplazados, que jamás han
Julio Muvdi Abufhele (por
2 de junio de 2010 demostrado, porque nunca la han poseído”77.
medio de apoderado)
Pide también el acompañamiento del Ministerio
Público para demostrar que no existen desplazados
en el predio sino invasores profesionales, a los que se
les debe aplicar todo el peso de la ley 78.
Continuación de diligencia: se suspende, por cuanto Inspección de Reacción
15 de junio de 2010
estaba “cayendo en el sector un fuerte aguacero”79 Inmediata

71
Se dejó constancia de esta decisión durante la diligencia del 3 de marzo de 2010 (fl. 66, c. 1).
72
Fls. 61 a 67, c. 1. En el acta de dicha diligencia, se consignó lo siguiente: “la Inspección Quinta Urbana de Policía deja en
firme la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y procede la materialización de la misma tal como viene ordenando
en la providencia del 23 de febrero de 2010 y de conformidad a lo que se llevó a cabo en esta diligencia, por lo que el despacho
le concede el término 20 minutos a partir de este momento a todas las personas que se encuentran relacionadas en esta acta
para que salgan voluntariamente, de no ser posible se utilizara la fuerza pública”. El apoderado de los ocupantes formuló
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra esa determinación, el cual fue negado por la Inspección, pues, en
los términos del art. 15 de Ley 57 de 1905 no procede recurso alguno contra aquella. Asimismo, precisó que solo materializó
la orden de lanzamiento efectuada desde el 23 de febrero de ese año.
73
Fls. 67 y 68, c. 1.
74
Fls. 84 a 87, c. 1.
75
Fl. 88, c. 1.
76
Fls. 89 a 91, c. 1.
77
Fls. 93 a 94, c. 1.
78
Fls. 95 a 96, c. 1.
79
Fl. 97, c. 1.

14

Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

Continuación de diligencia: se suspende, al atender
la solicitud de la Defensoría del Pueblo de evitar la Inspección de Reacción
16 de junio de 2010
vulneración de los derechos de los moradores, Inmediata
identificados como desplazados por la violencia 80.
Continuación de diligencia: se cuenta con la presencia
Inspección de Reacción
18 de junio de 2010 del ESMAD, se hace un examen de los predios
Inmediata
invadidos y se suspende81.
Continuación de diligencia: la máquina adelanta la
Inspección de Reacción
23 de junio de 2010 labor de barrido y desmonte del terreno, se
Inmediata
suspende82.
Continuación de diligencia: la maquinaria sigue con la Inspección de Reacción
24 de junio de 2010
limpieza del predio, se suspende83. Inmediata
Continuación de diligencia: se encuentra un
cambuche ocupado por una familia. Uno de sus
moradores manifiesta que está trabajando la tierra y Inspección de Reacción
25 de junio de 2010
que procederá a desmontarlo voluntariamente. Inmediata
También se halla un automotor, cuyo dueño se
compromete a retirar del predio. Se suspende84.
Se reanuda la limpieza del terreno, en esta tarea se
encuentran siete (7) cambuches construidos. Seis (6)
ocupados por personas que señalaron ser
campesinos, a quienes se les ordena el respectivo
desmonte y uno (1) habitado por personas que
Inspección de Reacción
28 de junio de 2010 adujeron se desplazados -entre ellos dos menores de
Inmediata
edad-. La inspección les manifestó que debían
desocupar el bien, una vez Acción Social tomara
acciones pertinentes frente a su situación, sin que
esta circunstancia significara “reconocimiento de
posesión”. Se suspendió la diligencia85.
Solicitó seguimiento al amparo policivo, ya que,
nuevamente, invasores ingresaron al lote, para
construir cambuches, sembrar cultivos y elaborar
16 de septiembre Julio Muvdi Duarte (por
hornos para fabricar carbón. Indicó que no puede
de 2010 medio de apoderado)
dilatarse más el desalojo total, y que solo cuatro (4)
personas fueron las que alegaron la condición de
desplazados86.
Continuación de diligencia: no se puede practicar
20 de octubre de Inspección de Reacción
por las torrenciales lluvias en la ciudad, con ocasión
2010 Inmediata
de la ola invernal87.
Continuación de diligencia: se suspende, por cuanto
13 de enero de Inspección de Reacción
la Policía Nacional informó que no podía brindar
2011 Inmediata
apoyo a la inspección88.
Continuación de diligencia: se suspende, ante la falta
10 de febrero de de acompañamiento del Defensor de Familia, Inspección de Reacción
2011 autoridades requeridas por la presencia de menores Inmediata
en el lugar89.
15 de febrero de Requerimiento de apoyo elevado al Subcomando Inspección de Reacción
2011 Operativo, para que comisione “al grupo ESMAB (sic), Inmediata

80
Fls. 98 a 104, c. 1. En esta oportunidad la Defensoría del Pueblo manifestó que “estas familias no pueden ser desalojadas
de su lugar de asentamiento sin antes sin antes ser reubicadas en condiciones de dignidad, garantizando su estabilización
económica, seguridad y derechos fundamentales”. La Inspección resaltó “... que la condición de desplazados en las diligencias
anteriores no fue alegada”.
81
Fl. 105, c. 1.
82
Fl. 107, c. 1.
83
Fl. 109, c. 1.
84
Fls. 110 y 111, c. 1.
85
Fls. 112 y 113, c. 1.
86
Fls. 114 y 115, c. 1.
En efecto, el actor sostuvo que “Y no es posible que se siga dilatando la culminación de la diligencia policía que desaloje a
los inversores invasores en su totalidad, bajo el pretexto de un supuesto censo que desde el mes de mayo la oficina de Acción
Social, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, manifestaron que existía y hasta la fecha no sólo no se ha enviado a su
despacho, sino que no existe; además no es necesario elaborar ningún censo, pues usted misma recorrió todos los predios
afectados con la invasión y en las actas se dejó constancia de cada una de las personas encontradas allí y en la calidad que
alegaban, no siendo más de cuatro (4) personas que alegaron la condición de desplazados, pero las mismas manifestaron
que ingresaron a los predios en fechas recientes, por tanto no pueden ser tenidos en cuenta”.
87
Fl. 118, c. 1.
88
Fl. 119, c. 1.
89
Fl. 120, c. 1. Se consignó que la Defensora de Familia no haría presencia, por cuanto no tiene competencia en el sector,
ya que esta área hace parte de la comisaría de Galapa.

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Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

Policía de Menores y demás agentes, para que nos
acompañe en la diligencia de desalojo”90.
Continuación de diligencia: se suspende, porque el
15 de febrero de Inspección de Reacción
requerimiento no fue hecho llegar al comandante del
2011 Inmediata
grupo ESMAD91.
Continuación de diligencia: se suspende, ante
18 de febrero de solicitud del Secretario de Gobierno, “por supuestas Inspección de Reacción
2011 extralimitaciones de diferentes procesos policivos en Inmediata
contra de unos poseedores en la finca El Tamarindo”92
Petición de reanudación de la diligencia, pues desde
la suspensión del 18 de febrero, los invasores
22 de febrero de ingresaron a más personas al predio y construyeron Julio Muvdi Duarte (por
2011 nuevos cambuches. medio de apoderado)
Esta solicitud se reiteró el 23 y 24 de febrero, 4, 9 y
11 de marzo de 201193.
La Inspección de Reacción Inmediata presentó al Jefe
22 de febrero de de Oficina de Inspección y Comisarías un informe Inspección de Reacción
2011 sobre el cumplimiento del amparo policivo en Inmediata
estudio94.
Los querellantes solicitan al Jefe de Oficina de
Inspección y Comisarías, la continuación de la
diligencia de seguimiento del amparo policivo,
respecto de los terrenos campo Natacha, Beit Jala y Julio Muvdi Duarte (por
9 de marzo de 2011
El Mirador, ya que la invasión creció y no existe medio de apoderado)
excusa para el aplazamiento de la diligencia,
comoquiera que la inspección encargada ya presentó
el informe requerido95.
Comunica a la Personería Distrital que se continuará
14 de marzo de con la diligencia de control, verificación y Inspección de Reacción
2011 cumplimiento de orden de Policía los días 24 y 25 de Inmediata
marzo de 201196.
Continuación de diligencia: se suspende, ante la
24 de marzo de Inspección de Reacción
ausencia del agente del Ministerio Público, del
2011 Inmediata
Defensor de Familia y del ESMAD97.
La Inspectora encargada le pide a la Jefe de
Inspección y Comisarías la asignación de nuevos
28 de marzo de inspectores encargados, pues ha sido objeto de Inspección de Reacción
2011 constante presión por parte de los ocupantes y, Inmediata
además, le han manifestado que esas personas han
vendido de forma ilegal franjas de los predios98.
Continuación de diligencia en la finca Beit Jala: se
contó con la presencia del Defensor de Familia del
ICBF, el agente del Ministerio Público y la Policía
Nacional. Se suspende, porque se encontraron dos Inspección de Reacción
26 de abril de 2011
familias que dijeron ser desplazadas, ante la solicitud Inmediata
de ACNUR y la Defensoría del Pueblo de hacer un
censo y mesa de trabajo sobre la situación de la
población desplazada ubicada en estos terrenos 99.
La Inspección de Reacción Inmediata presentó un
nuevo informe, al Jefe de Oficina de Inspección y Inspección de Reacción
9 de junio de 2011
Comisarías sobre el cumplimiento del amparo Inmediata
policivo100.
Reitera “el carácter imperioso y necesario” de seguir
24 de octubre de Julio Muvdi Duarte (por
con el desalojo del predio, ante su perturbación por
2011 medio de apoderado)
parte de sujetos que han actuado de mala fe 101.

90
Fl. 122, c. 1.
91
Fl. 121, c. 1.
92
Fl. 129, c. 1.
93
Fls. 133 a 138, c. 1.
94
Fls. 131 y 132, c. 1.
95
Fls. 140 y 141 del “AnexocdE324_T2”, carpeta 1, índice 2, SAMAI.
96
Fl. 140, c. 1.
97
Fl. 123, c. 1.
98
Fls. 147 y 148, c. 1.
99
Fls. 124 a 128, c. 1.
100
Fls. 145 y 146, c. 1.
101
Fls. 149 a 154, c. 1.

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Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

Reproduce esta solicitud el 8102, 18103 de noviembre
de 2011 y el 13 de enero y 8 de febrero de 2012 104.
Continúa diligencia de seguimiento de la querella
interpuesta en relación con el predio “Beit Jala”, cuyo
última actuación databa del 26 de abril de 2011.
Luego de recapitular la situación encontrada en el
8 de febrero de bien, la llegada de nuevas personas al inmueble, Inspección de Reacción
2012 ajenas al acontecer del trámite, que no probaron su Inmediata
condición de desplazados ni de campesinos, se
ordena dar cumplimiento a la orden de policía, es
decir, la materialización del amparo de lanzamiento
de los perturbadores105.
Funcionario de la Alcaldía le manifiesta al apoderado
9 de febrero de
de los querellantes que su solicitud ha sido remitida a Despacho de la Alcaldía
2012
la Secretaría de Gobierno106.
Insta al distrito (Alcaldesa e Inspector de Policía) para
que “POR FAVOR ordenen las medidas policivas
21 de febrero de Julio Muvdi Duarte (por
necesarias para hacer cesar la invasión de que se ha
2012 medio de apoderado)
visto afectado el inmueble denominado EL
MIRADOR”107.
Venta de derechos herenciales sobre “El Mirador”, a
22 de septiembre
favor de Inversiones Agropecuarias Los Turpiales Julio Muvdi Duarte
de 2014
S.A.S.
Diligencia de seguimiento y materialización de fallo
policivo: “ ... el predio fue entregado
voluntariamente y totalmente desocupado por
parte de los ocupantes a la firma querellante
SOCIEDAD INVERSIONES AGROPECUARIAS LOS
Inspección Cuarta de Policía
23 de diciembre de TURPIALES S.A.S. la cual recibe a entera
Urbana
2015 satisfacción, dejando constancia que esta diligencia
se llevó a cabo en varias fechas en completa calma y
sin alteración del orden público, por consiguiente al
haberse cumplido a cabalidad la orden de policía con
fallo del 23 de julio de 2015 se da por terminada esta
diligencia”108.

54. A partir de la admisión de las solicitudes de control al amparo otorgado, la
inspección efectuó múltiples programaciones de la diligencia de seguimiento, las
cuales fueron suspendidas por variadas razones, a saber: (i) circunstancias
climáticas109; (ii) solicitudes de autoridades administrativas (Defensoría del Pueblo,
Acción Social, Ministerio Público), en pro de garantizar los derechos de algunos de
los ocupantes, quienes ostentaban la condición de víctimas de desplazamiento
forzado110; (iii) la ausencia del ESMAD y otros entes gubernamentales requeridos
para su despliegue111; y (iv) en otras fechas no se indica expresamente la razón de
la suspensión de la actuación112, pero de su contenido se desprende la necesidad
de continuar con el examen y limpieza del terreno en fechas posteriores, ante la
culminación del día agendado para ello sin lograr la totalidad del cometido.

102
Fls. 156 a 161, c. 1.
103
Fls. 162 a 170, c. 1.
104
Fls. 174 a 186, c. 1.
105
Fls. 219 a 222, c. 1.
106
Fl. 187, c. 1.
107
Fls. 189 y 190, c. 1.
108
Fls. 740 a 755, c. 2.
109
Diligencias del 25 de mayo, 15 de junio, 20 de octubre de 2010.
110
Diligencias del 16 y 28 de junio de 2010; 18 de febrero y 26 de abril de 2011.
111
Diligencias del 13 de enero, 10 de febrero, 15 de febrero y 24 de marzo de 2011.
112
Diligencias del 18, 23, 24 y 25 de junio de 2010.

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Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

55. Lo anterior permite advertir que la actividad de la demandada no fue pasiva.
El acervo probatorio lo demuestra. La parálisis en la concreción de la orden de
desalojo tuvo origen en circunstancias externas y ajenas al control de la inspección
–solo en una oportunidad se acreditó que el ESMAD no se presentó, porque el
requerimiento fue realizado de forma extemporánea113-. Se constata que en el curso
de las reprogramaciones la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público formularon
sendas peticiones concernientes a no continuar con el desarrollo de la diligencia,
hasta tanto no se definiera la situación de las personas en condición de
desplazamiento –por encontrarse en estado de vulnerabilidad y ser sujetos de
especial protección constitucional–.

56. Dichas solicitudes de aplazamiento, fundamentadas en la advertencia de las
situaciones específicas de los ocupantes, no eran irrelevantes. A la autoridad de
policía le correspondía atender las mismas y continuar con la diligencia hasta
obtener una definición de la situación de esos sujetos, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional al subrayar que “... la regulación legislativa debe prever la
adopción de medidas para disminuir los efectos nocivos de un desalojo forzado, tales
como: ‘a) la consulta y los acuerdos con las personas objeto de desplazamiento, b)
que se analice el contexto económico social de la población afectada de modo que se
matice su impacto tomando las previsiones necesarias que garanticen que no se
interrumpe su derecho a una vivienda adecuada o digna (…), c) que la orden de
ejecutarlos provenga siempre de la autoridad competente y que su trámite se ajuste a
una normatividad previamente establecida y conocida por los desalojados”114.

57. En los informes que la inspectora encargada presentó el 22 de febrero y el 9
de julio de 2011115 al Jefe de la Oficina de Inspección y Comisarías, ratifica las
razones de obstrucción al desalojo. Adujo que desde el 25 de mayo de 2010 la
diligencia se suspendió por la presencia de ocupantes que tenían la condición de
desplazados y que Acción Social se encargaría de realizar el censo correspondiente
para verificar esa situación. Asimismo, señaló que el estudio de esta última presentó
una demora considerable y que, además, el lanzamiento de los ocupantes se
torpedeo por situaciones delicadas, como fueron las amenazas e injurias contra las
autoridades de policía y la constatación de que algunos de los ocupantes eran
personas que se dedicaban a efectuar invasiones en distintos predios del
departamento del Atlántico116.

58. El recuento de lo acontecido revela que aunque la perturbación se extendió
por un lapso considerable (de mayo de 2010 a diciembre de 2015), lo cierto es que
no es dable endilgar circunstancias atribuibles a la demandada en lo que tiene que
ver con la imposibilidad de recuperar el inmueble de manera pronta, como lo
reclama la parte actora.

113
Diligencia del 15 de febrero de 2011.
114
Sentencia T-740 de 2012 de la Corte Constitucional.
115
Fls. 131 a 132 y 145 a 146, c. 1.
116
Al respecto, aseguró: “... personas lideradas por el señor LUIS ESCORCIA, quien procura alterar el orden público al interior
de las diligencias y los líderes de dicha invasión y recalco la palabra invasión, ya que si se revisan las diferentes diligencias
de desalojo en estos predios y sus contornos aparecen las mismas personas”, e indicó que no es posible ocupar varios predios
a la vez.

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Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
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Barranquilla
Referencia: Reparación directa

59. Lo anterior no releva un juicio de atribución a cargo del distrito, lo que pone
en evidencia es que no le es imputable el daño en los términos de una omisión o
dilación procesal carente de sustento o que se abstuvo de cumplir las funciones que
le concernían en el desarrollo de los procesos policivos.

60. Al constatar lo expuesto, el conflicto debe analizarse bajo la perspectiva del
daño especial teniendo en cuenta que el modelo de responsabilidad pública
contemplado en la Carta Política no privilegia ningún régimen en particular, en tanto
su aplicación atañe al juez de la causa en atención a las especificidades de cada
controversia117.

61. El régimen de responsabilidad por daño especial prescribe en línea con los
mandatos constitucionales de la solidaridad e igualdad, que el Estado está obligado
a indemnizar el perjuicio excepcional o anormal ocurrido como consecuencia de su
actividad lícita, toda vez que se rompería con el principio de equidad que dicha
actividad perjudicase sólo a algunos individuos, en beneficio del interés social o
colectivo118.

62. Frente a la materia, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y la
constitucional119, tiene por averiguado que independientemente de que existan
razones de interés general para no realizar las actuaciones tendientes a restituir la
posesión de un bien privado, el daño al patrimonio del propietario o legítimo
poseedor del inmueble, puede estar llamado a repararse, pues a pesar de que esa
circunstancia esté justificada, el afectado no está en el deber jurídico de soportar
una carga excesiva, como sucede en los casos que deba asumir las situaciones
sociales que mantienen la perturbación del bien.

63. En el plenario quedó demostrado que pese a la existencia de una orden de
desalojo de “El Mirador” (2010) impartida por la inspección de policía, no fue posible
ejecutarla en un tiempo menor al que se materializó (23 de diciembre de 2015). La
dificultad se fundamentó en la presencia de sujetos en estado de vulnerabilidad
manifiesta. Esto se constata con lo indicado por la inspectora en su informe del 22
de febrero de 2011120 -que ilustra lo acontecido desde el 25 de mayo de 2010-,
refrendado por el querellante quien, en solicitud del 2 de junio de 2010121, exhortó a
la autoridad a continuar con proceso de recuperación de la tenencia del terreno e
instó al acompañamiento del Ministerio Público, a fin de que se demostrara si los
ocupantes tenían la mencionada condición ya que, en su parecer, estos eran
invasores profesionales122.

64. Durante el segundo semestre de 2010 e inicios de 2011 se continuó con la
advertencia sobre tal circunstancia. Resulta cardinal que en la diligencia del 26 de
abril de 2011123, tanto ACNUR como la Defensoría del Pueblo pidieron su

117
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia
del 19 de abril de 2012, expediente: 21.515.
118
Sentencia C-254 de 2003 de la Corte Constitucional.
119
Sentencia SU-157 de 2022 de la Corte Constitucional.
120
Fls. 131 y 132, c. 1.
121
Fls. 93 a 94, c. 1.
122
Fls. 95 a 96, c. 1.
123
Fls. 124 a 128, c. 1.

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Referencia: Reparación directa

suspensión, ante la reiteración de que se encontraban sujetos que decían ser
desplazados, y señalaron que se debía efectuar un censo y una mesa de trabajo,
para definir la situación de esta población ubicada en los predios del Tamarindo
(Campo Natacha, Beit Jala y El Mirador).

65. El 8 de febrero de 2012 ocurrió el lanzamiento definitivo de los individuos que
ocupaban “Beit Jala”124. En dicha oportunidad, el agente del Ministerio Público dejó
registrada la dificultad de estas diligencias y los peligros a los que estaban
expuestos. Manifestó que dada la condición de desplazados de algunos de los
ocupantes, se impidió su desalojo, debido a:

“que habían acreditado su condición de desplazados, mientras que el Distrito, la
Gobernación o Acción Social o la autoridad que le corresponda le entre a solucionar
la situación en que se encuentra, pero muy a pesar de lo anterior también es
importante resaltar que algunas de estas personas optaron en un comportamiento
lanzando palabras desobligantes e irrespetuosas contra los funcionarios presentes,
además que en sus manos exhibían o mantenían una rula o machete que se tornó
en un peligro para los funcionarios y demás partes presentes ... se pudo constatar
que a los predios que la cerca de alambre amarrado en madera colocada el día
anterior por el dueño no se encontró, es decir fueron quitadas sin tener hasta el
momento conocimiento de quién o quiénes pudieron haber hecho este acto, que
podríamos casi que decir que presuntamente se hurtaron el material antes
mencionado”125.

66. A su turno, la autoridad de policía indicó que ante la advertencia de
circunstancias punitivas por hurto, daño en bien ajeno y temeridad, ante el retiro de
las madrinas y 1.625 mts de alambre de púas instalados el día anterior, así como la
presencia de maquinarias pesadas, una retroexcavadora y volquetas, que
evidenciaban la realización de una actividad económica clandestina y fraudulenta,
procedía el cumplimiento efectivo de la orden de lanzamiento de los ocupantes.

67. Lo acontecido en punto al predio “Beit Jala” podría poner en duda la conducta
diligente de la inspección frente al desalojo de “El Mirador”, por cuanto, como se ha
descrito desde el inicio, la mencionada ocupación se desplegó a lo largo de los
terrenos en los que se desenglobó el predio “El Tamarindo”; sin embargo, los
insumos probatorios demuestran que las dificultades en el lanzamiento ordenado
frente a “El Mirador” permanecieron luego del lanzamiento de Beit Jala, ya que las
autoridades encargadas de la protección de la población vulnerable no dudaban que
en el terreno objeto del presente litigio estaban ubicadas personas que tenían
condición de desplazamiento.

68. Ciertamente, con posterioridad al 24 de abril de 2011 no se advierte la
reanudación de la diligencia de lanzamiento frente al inmueble, pero sí múltiples
peticiones del querellante en pro de su continuación ante las afectaciones
producidas por la perturbación a su tenencia. Más allá del lapso transcurrido, esa
situación, por sí sola, no conduce a considerar probada una falla desde ese hito
hasta 2015, pues los insumos documentales muestran que el vilo en la
materialización del lanzamiento devino del manejo que los demás entes

124
Fls. 219 a 222, c. 1.
125
Ib.

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Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
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gubernamentales dieron a la situación de las personas vulnerables localizadas y
que fueron agrupadas en aquel terreno. En estos términos, el distrito no podía actuar
al margen de la colaboración interinstitucional y de la condición de los ocupantes,
pues en aplicación del principio de coordinación debía aguardar a que los órganos
competentes definieran la situación de la población desplazada para, finalmente,
consumar el desalojo del inmueble.

69. Lo expuesto se verifica en el oficio del 26 de mayo de 2015, a través del cual
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas -UARIV- (Dirección
Atlántico) respondió una comunicación de la Defensoría del Pueblo, relacionada con
el protocolo de Retorno & Reubicación (R&R) de esta población, que hace evidencia
de las gestiones que se venían surtiendo, y su necesaria correspondencia con el
transcurso del tiempo, en los siguientes términos (se transcribe in extenso dada su
pertinencia con el asunto, y de forma textual incluyendo eventuales errores):

“... el protocolo de retorno & reubicación ... señala que la reubicación es el proceso
mediante el cual la persona o el hogar víctima desplazamiento decide asentarse
en un lugar distinto al que fueron forzados a salir, que puede ser el lugar receptor
de su desplazamiento con el fin de asentarse indefinidamente en él; este proceso
de reubicación debe cumplir con los principios de voluntariedad, seguridad y
dignidad.
Es de aclarar que la UARIV DT ATLANTICO ha realizado acompañamiento en
todas las etapas que se dieron en el comité de tierra distrital, donde se socializó
la ruta de retorno y reubicación en repetidas ocasiones haciendo énfasis en el
cumplimiento de los principios rectores (voluntariedad, seguridad y dignidad) del
protocolo R&R para poder adelantar un plan R&R.

La voluntariedad es la decisión libre que toma el desplazado para regresar a su
lugar de origen o para reubicarse en un lugar distinto, la decisión debe contar con
la información suficiente del lugar donde decide irse, por lo tanto la voluntariedad
no puede entenderse como una decisión espontánea, emotiva o presionada por
factores distintos; por todo lo anterior la voluntad de las víctimas desplazamiento
que se encuentran en el predio el mirador está condicionada ya que estos
manifiestan que se reubican si se cumplen con sus requerimientos (tierras), por lo
anterior no se puede iniciar un proceso R&R y mucho menos una reubicación en
el sitio de recepción ya que el predio el mirador se encuentra en litigio ya que es
propiedad de terceros.

Por lo anterior no es procedente un proceso de R&R en actualidad ya que las
víctimas desplazamiento han manifestado que no tienen la voluntad de retornar o
reubicarse, estaremos prestos a iniciar el proceso de R&R si las víctimas
desplazamiento del predio de la referencia manifiestan su voluntad de Retornar
y/o Reubicarse libremente sin condicionamiento alguno; se convocará al SNARIV
[Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas] a efectos de
encontrar posibles soluciones”126 (se subraya).

70. Igualmente, obra el acta de reunión del 2 de junio de 2015, surtida entre la
UARIV, la Defensoría Regional del Pueblo, el agente del programa R&R y el
representante de los desplazados localizados en “El Mirador”, en la que se plasmó:

“... se les socializa el protocolo de retorno y reubicación y se les informa que el día
jueves a las dos de la tarde en las instalaciones de la defensoría del Pueblo se
convocó el SNARIV para tratar la problemática del predio del tamarindo.
[el representante de las víctimas de desplazamiento] nos señala que visitaron
unas tierras en compañía de la personería y gobernación con el objeto de revisar
si las tierras eran actas (sic) para la agricultura de acuerdo a su vocación, se anexa

126
Fl. 647, c. 2.

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copia de acta de la visita realizada; se señala que fue socializada la ruta de retorno
y reubicación y que los representantes de asotracampo tienen clara la ruta”127.

71. Luego, en las diligencias del 9 y 23 de diciembre de 2015 128, dirigidas por la
Inspección Cuarta de Policía Urbana de Barranquilla, que finalmente culminaron con
el lanzamiento pacífico de los ocupantes del predio, se consignó que la UARIV logró
acuerdos para la población desplazada y que, inclusive, los nuevos propietarios del
inmueble (Inversiones Los Turpiales) convinieron con muchos de los ocupantes
(campesinos y desplazados) la logística para su traslado y dos meses de
arrendamiento cancelado en efectivo y, con otros, el pago de una suma de dinero
para que pudieran comprar una hectárea de tierra en otro lugar.

72. Al comprobarse que “El Mirador” permaneció ocupado por población en
estado de vulnerabilidad y que durante todo ese interregno las autoridades
implicadas adelantaron actuaciones tendientes a su protección, en el marco de su
competencia, inclusive desde 2011, fecha en la que se puso de presente la
necesidad de efectuar un trabajo interinstitucional a favor de ese grupo en debilidad
manifiesta, lo que razonablemente imponía el desarrollo de actividades, reuniones,
visitas y trabajo entre distintos órganos estales que se extendieron a 2015, hito en
que lograron acuerdos con la población desplazada para su reubicación, es claro
que la perturbación del inmueble generó un desequilibrio del principio de igualdad
ante las cargas públicas que el demandante no tenía que asumir, sin que esta
atribución de responsabilidad, como lo ha precisado esta Corporación129, promueva
las invasiones ilegales o la “colonización de terrenos ajenos”, sino que reconoce
fenómenos y situaciones sociales que superan la capacidad institucional y generan
daños antijurídicos.

73. El título de imputación por daño especial surge por el desarrollo de una
actividad legítima de la administración que produce menoscabo en los derechos de
un sujeto y que, ante la ruptura de la igualdad en las cargas públicas, se erige en
fuente de responsabilidad objetiva para el Estado; no porque este último hubiere
actuado con falla o con culpa, sino porque, a pesar de la legalidad de su actuación
en beneficio del interés general, las circunstancias en las que despliega su
competencia ubican al administrado en una situación más gravosa que la de los
otros ciudadanos, quebrantando la igualdad material frente a una misma
situación130. En el sub- examine se constató que los actores tuvieron que soportar
una prolongada ocupación del inmueble para garantizar los mínimos fundamentales
de la población vulnerable ubicada en “El Mirador”, a la espera de que las
autoridades encargadas definieran la situación de sus ocupantes. Esta
circunstancia rompió las cargas que normalmente un ciudadano debe soportar,
puesto que la perturbación a su tenencia se extendió por un lapso superior frente a
diligencias de este linaje, cuando no están involucrados sujetos de especial
protección constitucional131.

127
Fls. 650 a 652, c. 2.
128
Fls. 725 a 739 y 740 a 755, respectivamente, c. 2.
129
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 22 de octubre
de 2015, exp. 33.977, y del 23 de febrero de 2017, expediente: 34.121.
130
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2000,
expediente: 10867.
131
La Corte Constitucional, en reconocimiento de la evolución jurisprudencial que esta Colegiatura, ha decantado sobre la
utilización de los distintos títulos de imputación frente a las ocupaciones adelantadas por particulares ajenos a la

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74. Sumado a lo anterior, no se configura un supuesto exonerativo de la
responsabilidad del demandado, en tanto que la pérdida de la posesión del predio
no fue producto de actos atribuibles a la parte actora, por las razones que se
explican:

75. (a) Los ocupantes del predio “El Mirador” fueron objeto de un primer
lanzamiento el 3 de marzo de 2010 y meses después fue invadido nuevamente. No
se advierte que el querellante, una vez recuperó su inmueble, se abstuviera de
ejercer actos de señor y dueño, ni un abandono que ignorara el riesgo de una nueva
ocupación; en efecto, los testimonios rendidos en el plenario dan cuenta de los actos
de dominio que el causante ejecutó.

76. El señor Andrés Balvino Gutiérrez, trabajador del señor Muvdi Abufhele
desde hace más de 40 años, narró que desde 1970 vigilaba los predios de aquél,
con la función mantener en buen estado cercas y arreglarlas en caso de que se
requiriera, y manifestó que luego de la diligencia de marzo de 2010, pese a que se
encargaba de visitar y verificar el inmueble, “se volvieron a meter los invasores, con
mayor cantidad de personas, cuando volví ya no se podía ingresar, había un aviso
que decía propiedad privada”132. A su vez, el señor Alex Fernando Gutiérrez,
también trabajador del causante, indicó que luego del desalojo acudía
semanalmente al predio, en compañía del señor Andrés Gutiérrez, para verificar su
estado133.

77. Aunque estos testigos se pueden considerar sospechosos en virtud de su
relación laboral con el querellante, lo cierto es que el distrito no los tachó y, en
cambio, se constata su dicho con el contenido del acta de la diligencia del 25 de
mayo de 2010 en la que se consignó lo siguiente: “... el inmueble se encuentra
cercado con alambre de púas, en este estado de la diligencia la persona que nos
recibió nos manifiesta que unas personas que acaban de pasar la nómina sábado
que estas personas se han apostado desde hace aproximadamente un mes y unos
días en la parte inferior del predio inclusive han quitado parte de la cerca en esa
área ...”134. Para la Sala no hay fundamento que impida valorar esas declaraciones
y otorgarles mérito probatorio, pues los cuestionamientos acerca de su credibilidad
se superan con la verificación hecha al lugar, que corrobora lo expuesto por ellos.

Administración, resalta que la posibilidad de aplicar un régimen objetivo por daño especial para recomponer el desequilibrio
de las cargas públicas, pues no es dable exigir a un particular que asuma un perjuicio excepcional a su patrimonio, sin
compensación alguna, para proteger el interés general y el orden social. Dicha Corporación señaló que “las reglas sobre
aplicación del régimen de responsabilidad por daño especial, en casos de ocupación de hecho por parte de particulares, se
ampliaron en los siguientes sentidos: (i) reconocer que las autoridades competentes en la adopción de órdenes de desalojo
tienen la facultad y el deber de evaluar la situación en la que se encuentra el predio y las condiciones de los ocupantes para
verificar la viabilidad de las medidas de desalojo; (ii) se puede reconocer la pérdida de la propiedad como un daño antijurídico,
cuando la protección a la posesión es imposible por razones de interés general u orden público y social; (iii) este daño se
sustenta en el desequilibrio de las cargas públicas que se genera en aras de proteger el interés colectivo, pero que afecta de
manera desproporcionada la posesión y el dominio sobre el bien invadido, así como el derecho a la tutela judicial efectiva; (iv)
en estos eventos debe evaluarse si, de alguna manera, la conducta del actor incidió en la generación del daño; (v) si se
acredita que, conforme con las circunstancias del caso, adelantar un proceso judicial posesorio o reivindicatorio resultaría
nugatorio, pues una eventual orden de desalojo sería imposible de cumplir, el juez de reparación podrá exonerar al
demandante, de acuerdo con la conducta desplegada para la defensa de sus derechos, del deber de agotar los recursos
administrativos y judiciales a su alcance para la protección de la posesión y el dominio; y (vi) en todo caso, si se ha puesto en
duda la posesión del actor sobre el bien, este deberá acudir a las acciones civiles procedentes” (se subraya). Sentencia SU-
157 de 2022.
132
Fls. 785 y 786, c. 2.
133
Dijo: “... sí, semanalmente íbamos allá, mirábamos si las cercas estaban bien” (Fl. 787, c. 2).
134
Fls. 89 a 91, c. 1.

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78. (b) El actor no tuvo una actitud pasiva en el curso del amparo, las piezas
probatorias muestran que instauró múltiples y frecuentes solicitudes para la
continuación de la diligencia de materialización del desalojo –como se evidenció en
la relación de actuaciones surtidas–; y

79. (c) Es viable exonerar al demandante del agotamiento de otros recursos
judiciales y administrativos para la protección de la posesión y la propiedad, en este
caso, de acudir a la jurisdicción civil en uso de las acciones posesorias o
reivindicatorias, comoquiera que la medida de desalojo que se hubiera adoptado en
un eventual proceso de ese tipo habría sido nugatoria, por las cuestiones de orden
social que se percataron frente a “El Mirador”; y en nada desdice de la aptitud del
mecanismo instaurado mediante las acciones policivas analizadas.

80. Con base en todo lo expuesto, se revocará la sentencia de primer grado y,
en su lugar, se declarará la responsabilidad patrimonial del distrito bajo el título de
imputación de daño especial.

Indemnización de perjuicios

81. Acreditada la atribución de responsabilidad del demandado, se estudia la
indemnización de perjuicios solicitada por la actora, en atención a los montos
indicados en la corrección de la demanda.

Perjuicios morales

82. Por este concepto, la demandante pidió las sumas equivalentes a 100
SMLMV y 50 SMLMV a favor de los señores Julio Mario Muvdi Duarte y María
Cecilia Duarte de Muvdi, respectivamente.

83. El expediente es totalmente huérfano de algún insumo que demuestre “el
dolor, la aflicción y, en general, los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, entre otros ...”135 que sufrió la señora Duarte de
Muvdi, con ocasión de las circunstancias examinadas, por lo que se negará este
reconocimiento a su favor.

84. En cambio, en relación con el señor Muvdi Duarte sí obran piezas que dan
cuenta de este padecimiento, pues evidencian la depresión y estado de permanente
preocupación que el demandante sobrellevó a raíz de la invasión del bien
perturbado, los sentimientos de impotencia que la situación le generó y el hecho de
no lograr culminar la diligencia de desalojo y, en cambio, advertir que la ocupación
iba creciendo. De ello dan cuenta los testigos José Cabal Pérez136 y Andrés Balvino
Gutiérrez quienes coincidieron en señalar que “el señor Mario, sufría angustias por
la no diligencia, con la sola visita era evidente que la invasión crecía y crecía, y la
invasión afectaba prácticamente todo su predio”137 y “si, él se sentía mal por esa

135
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de
2021, exp. (51739).
136 Apoderado de la querella que dio lugar a la orden policiva de lanzamiento por ocupación de hecho.
137 Fl. 783, c. 2.

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situación por lo que me comentó que vendería a una empresa agropecuaria”138,
respectivamente.

85. Las afectaciones se constatan en el informe pericial por daño psíquico
forense, rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –practicado
en el curso de este asunto– refiere que la ocupación de “El Mirador” produjo en
aquél un sentimiento abrumador de impotencia, ante “la imposibilidad de no poder
hacer nada”139, que generó “diagnóstico de Trastorno Adaptativo, con estado de
ánimo Deprimido”, producto de “un daño psíquico de intensidad moderada
desencadenando una huella psíquica ... compatible con una experiencia del suceso
traumático narrado. La cual constituye una relación causa-efecto”140.

86. Dadas las anteriores evidencias, la Sala condenará al distrito, por los
perjuicios morales ocasionados al señor Julio Mario Muvdi Duarte, en la suma
correspondiente a veinte (20) SMLMV.

Perjuicios materiales

87. Por este concepto, la actora pidió $ 1.000’000.000, a favor de la herencia
yacente de Julio Muvdi Abufhele y $500’000.000 para los señores Julio Mario Muvdi
Duarte y María Cecilia Duarte de Muvdi, a favor de cada uno de ellos. Ni en el libelo
ni en su corrección el demandante detalló en qué consistió dicha afectación, sólo
aludió a la producción de perjuicios de este tipo, y aunque no desarrolló qué
erogaciones comprendían las cifras solicitadas por este concepto, aportó las
siguientes piezas documentales concernientes a desembolsos que sufragó con
ocasión de la ocupación ocurrida, así como supuestas pérdidas patrimoniales
derivadas de ésta. Bajo el principio de tutela judicial efectiva la Sala analizará si
tales insumos evidencian una afectación indemnizable, bajo este título.

88. Se demostró que el señor Muvdi Duarte suscribió, el 25 de febrero de 2011,
un contrato con la empresa Madi Security Ltda., para la prestación del servicio de
vigilancia privada en “El Mirador”, “por medio de vigilantes para la seguridad, control
y protección de las personas y bienes que se encuentran en las instalaciones de la
finca”141, por plazo indefinido y valor mensual de $4’717.102 (incluido IVA). Ese
contrato se celebró luego de que el 22 de febrero de 2011 –como quedó visto– el
actor pidiera la reanudación de la diligencia e indicara que el 18 de febrero anterior
los invasores ingresaron más personas al predio y construyeron nuevos cambuches,
lo que le generaba una mayor afectación. Ante tal situación, suscribió el contrato de

138 Fls. 785 y 786, c. 2.
139 Fl. 883, c. 2.
140 Fl. 891, c. 2. Se precisa que el objeto de la prueba, según el núm. 4.2 de la demanda, consistió en dictaminar

“Si el señor JULIO MARIO MUVDI DUARTE ha experimentado con ocasión de los hechos que constituyen el
objeto de esta demanda y la invasión de la que ha sido objeto el inmueble conocido como el Mirador, momentos
de estrés, tensión emocional, tristeza, desesperación, preocupación v/o cualquier otro sentimiento negativo que
haya Influido en su salud emocional y psicológica (…)”. Los resultados de esta pericia, demuestran una doble
afectación respecto del señor Muvdi Duarte, pues no solo muestran la aflicción y congoja que sufrió por los
hechos materia del proceso, sino también secuelas en su salud, que dichas circunstancias generaron, es decir,
un daño a la salud. Sin embargo, comoquiera que el actor no elevó una pretensión sobre este última tipología
de daños, la Sala no se pronunciará al respecto, so pena de incurrir en un fallo incongruente.
141
Fl. 224, c. 1.

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vigilancia indicado, en cuyo alcance se estableció el desarrollo de actividades de
control de las personas y bienes que se hallaban en el inmueble.

89. Dicho negocio jurídico tuvo una relación directa con la protección del terreno
perturbado, pues no bastaron las cercas instaladas por su propietario ni la vigilancia
que tradicionalmente, y por décadas, se había dispuesto para tal fin. Aunque, a
primera vista, resultaría contradictorio que estando en curso la invasión el
propietario contratara un servicio de vigilancia privada para un hecho consolidado –
puesto que la ocupación aconteció nuevamente desde mayo de 2010 y este servicio
se convino en febrero de 2011–, lo cierto es que del informe rendido por el gerente
de Madi Security se observa que los vigilantes no solo debían prestar el control y
seguridad del bien, también les atañía “analizar desde un punto estratégico de
inteligencia la situación de dicho inmueble EL MIRADOR, analizando ... [el]
reconocimiento del área, invasores lideres, fechas de reuniones, vehículos que
frecuentaban el sitio, acciones desarrolladas por los invasores y determinar el
número de cambuches”142.

90. A pesar de que en tal informe la empresa afirmó que la presencia de
aproximadamente 60 personas con machetes y garrotes impidió el acceso de los
vigilantes a la totalidad del predio, es decir, no pudieron prestar las labores de
seguridad frente a éste, como era de suponer ante la ocupación materializada
meses antes, el mencionado contrato permitió dar a conocer la situación certera en
punto a la invasión del terreno, pues no podían ingresar a éste, permitiéndoles “...
tener una estrategia integral en la prestación de este servicio y como medio de
apoyo para la fuerza pública”143, para las ulteriores labores de desalojo, cuando
fuesen programadas por el distrito.

91. El fenómeno relacionado con el aumento de personas que estaba ingresando
al predio invadido, quedó constatado posteriormente por la inspectora de policía, en
seguimiento al amparo solicitado para los terrenos campo Natacha, Beit Jala y El
Mirador, quien dio cuenta que en abril de 2011 y hasta esa fecha –8 de febrero de
2012– se encontraron nuevas personas en los terrenos, circunstancias de hurto,
daño en bien ajeno, así como sujetos ajenos al trámite y maquinaria pesada.
Registró que esa ocupación era clandestina y fraudulenta, a la vez que resaltó que
el querellante de forma oportuna demostró acciones posesorias con la presencia de
la empresa de vigilancia Madi Security en el terreno, a pesar de las amenazas y
vías de hecho de los ocupantes144.

92. Así las cosas, la Sala constata que la única razón por la cual el actor contrató
a la empresa de seguridad en tales condiciones, obedeció a su interés de mitigar
los daños propios, al intentar evitar el mayor ingreso de personas pues ello
complejizaba aún más la diligencia y le permitía, al menos, obtener información que
pudiera dar a conocer a las autoridades competentes para colaborar en el amparo
deprecado.

142
Fl. 228, c. 1.
143
Ibidem.
144
Fls.219 a 222, c.1.

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93. En el citado informe del 25 de julio de 2011, el gerente general de la empresa
de seguridad privada señaló que ésta prestó aquel servicio “durante el período del
25 de febrero de 2011 al 31 de mayo de 2011”145, lapso por el cual el demandante
pagó la suma de $14’032.432, según las facturas Nos. 1002, 1005 y 1007 expedidas
por Madi Security y las consignaciones bancarias efectuadas por el actor a favor de
ésta146.

94. Ante tal evidencia, sí hay lugar a reconocer lo sufragado por el demandante
en razón de dicho pacto pues, si bien no se logró la efectiva prestación del servicio
de seguridad al inmueble, en virtud del mismo se desplegaron tareas de inteligencia,
por parte de un tercero, en relación con el estado y avance de la invasión
presentada, cuyo valor debe ser reembolsado por la demandada, comoquiera que
provienen de la demora en el lanzamiento definitivo de los ocupantes y de la
motivación de los herederos de contar con herramientas o mecanismos efectivos
para coadyuvar al distrito en el desalojo de aquellos.

95. En este orden de ideas, se reconocerá la cifra de $14’032.432,
correspondiente a lo pagado a la empresa de seguridad privada, monto que se
actualizará, utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE,
para ello se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha del último
depósito bancario –10 de mayo de 2011147- y que el índice final corresponde a la
fecha de esta providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde
al valor presente y Vh al valor histórico o inicial):

Vp= Vh x Índice final
Índice inicial

Vp= 14’032.432 x 159,79
75,07

Vp= 29’889.080

96. Por consiguiente, el valor a pagar por concepto de daño emergente a favor
de la parte actora es de veintinueve millones ochocientos ochenta y nueve mil
ochenta pesos m/cte ($29’889.080).

97. De otra parte, no se demostró que la ocupación del terreno le hubiera
generado a la actora un detrimento por su falta de explotación económica. Esta no
demostró que ese predio le producía réditos económicos previo a su invasión, es
decir, si en el mismo existía algún tipo de actividad productiva (por ejemplo, cultivos,
labores mineras por extracción de material del suelo o subsuelo, arrendamiento del
terreno, entre otros) que resultara frustrada con ocasión de la antedicha
perturbación. Ante esa falta de probanza no hay lugar a reparar algún menoscabo
en ese sentido.

145
Fl. 228, c. 1.
146
Visibles en los folios 230 a 235, c. 1. Las consignaciones bancarias detallan los siguientes valores: (a) $4’792.572, (b)
$4’698.234, y (c) $4’541.626.
147
Fl. 234, c. 1.

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98. Sumado a lo anterior y a través del recurso de apelación, los actores
precisaron que la afectación a su peculio se concretó con la frustración de la oferta
de compra que la ANI efectuó sobre una franja del predio, por el monto de
$124’016.470, para el desarrollo del proyecto vial Ruta Caribe y, además, con la
venta de los derechos hereditarios que tenían sobre “El Mirador”, en una cifra muy
inferior al valor comercial del mismo.

99. El principio de congruencia establece que la sentencia que defina el litigio
debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones esgrimidos en la
correspondiente demanda148, lo que denota que la decisión del superior funcional
no debe desconocer el cerco de la controversia trazado desde el petitum, por lo que
la alzada no se concibe como un escenario que torne viable la inclusión aspectos
nuevos o ajenos a este último, so pena de proferir un fallo incongruente, porque se
otorgan pretensiones adicionales a las solicitadas en la demanda (sentencia
ultrapetita), o se reconoce algo que no se solicitó (providencia extrapetita). El
quebrantamiento de dicha restricción transgrede el debido proceso de las partes, en
la medida que impide que éstas ejerzan su defensa frente a esos supuestos
extraños al petitum.

100. En esa línea, la consideración de la causación de los perjuicios materiales
bajo los supuestos alegados en la alzada evidencia la superación del marco
establecido al fijarse el litigio, comoquiera que se trata de circunstancias no
planteadas desde ese momento, por lo que acceder a alguna de dichas
reclamaciones resultaría en una decisión incongruente. En gracia de discusión, de
colegirse que los mencionados perjuicios ingresan en la categoría del daño
indemnizable solicitado en la demanda, lo cierto es que tampoco se acreditó su
causación y vínculo con la demora acontecida en el lanzamiento de los ocupantes
del predio.

101. En efecto, no procede el reconocimiento de $124’016.470, por el revés en la
enajenación de una franja del predio a favor de la ANI, pues no se allegaron medios
probatorios que soporten esta afirmación; de hecho, en el mismo recurso la actora
indicó que esa entidad, mediante la Resolución GP 946 de 2013 y dada la
imposibilidad de entregar libre de perturbación la franja del predio negociada,
ordenó iniciar un “trámite de expropiación judicial de una parte del MIRADOR, lo
que condujo incluso a la necesidad de que los hoy demandantes tuviesen que
asumir mayores gastos y sufrir más pérdidas”149. Ese aserto carece de sustento,
porque no se allegaron insumos que demuestren esos gastos adicionales que tuvo
que soportar la demandante y, además, el proceso de expropiación es un
mecanismo judicial o administrativo por cuya virtud el Estado obliga a un particular
a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio
de la comunidad y a través de una indemnización previa150, por lo que no es cierto
que la sucesión no fuera a recibir una suma dineraria en compensación por la salida
de su haber de la parte del inmueble requerido para la Ruta Caribe.

148
Artículo 281 del Código General del Proceso: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
149
Fl. 31, archivo “9_EXPEDIENTEDIGI_06RApelacion”, índice 2, SAMAI.
150
Sentencia C-474 de 2023 de la Corte Constitucional.

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Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

102. Con todo, el señor Muvdi Duarte, al vender los derechos herenciales y
gananciales que tenía frente al predio151, acordó ceder a los nuevos propietarios los
derechos litigiosos que ostentaba respecto del proceso de expropiación, de modo
que, de forma voluntaria y consentida, renunció a la indemnización que podría
percibir por este concepto, lo cual no puede desconocer con posterioridad, y
pretender tratar como si fuere un perjuicio llamado a ser reconocido en el asunto de
la referencia.

103. En punto al menoscabo ocasionado a la actora con la enajenación de “El
Mirador” a un precio inferior al comercial, la Sala encuentra que tampoco se
demostró este detrimento.

104. El daño endilgado al distrito no consistió en la pérdida de propiedad del bien,
sino en la perturbación o afectación a su tenencia, lo que deja sin sustento el
perjuicio alegado, pues tal menoscabo no conducía, directamente, a la enajenación
del mismo. Con todo, mediante la escritura pública 1064 del 22 de septiembre de
2014152, el señor Muvdi Duarte vendió a Inversiones Agropecuarias Los Turpiales
S.A.S. los derechos hereditarios que tenía sobre el terreno, estipulando para el
efecto el precio de $1.550’000.000. Este valor comprendió todas las situaciones
físicas y jurídicas que recaían sobre el bien, como lo era el reconocimiento de su
ocupación, diez procesos de pertenencia agraria en curso, un proceso de cobro
coactivo vigente seguido por el distrito –por el no pago de impuestos–, la querella
policiva instaurada para el desalojo del inmueble y el proceso de expropiación
adelantado por la ANI, como ya se explicó. La negociación no fue ajena a dichas
circunstancias; de hecho, las reconoció expresamente, lo que implicó que las
tratativas resultaran en el precio que finalmente se pactó, que reconocía esas
perturbaciones al dominio, que el nuevo comprador admitió, la deuda tributaria ante
la entidad y la asunción por parte de la sociedad de los derechos litigiosos en el
proceso de expropiación –convención por la que obtendría una compensación–, de
modo que no hay fundamento para que la actora desconozca el acuerdo al que ella
misma se comprometió, de forma libre y autónoma, con base en una situación
previamente conocida y negociada por ambos contrayentes y sin que se advierta o
hubiere alegado la configuración de algún vicio invalidante del mismo.

105. No se pasa por alto que al plenario fue aportado el avalúo comercial realizado
por la Inmobiliaria Salomón Sales & Cía. S.A., en 2012, por el monto de
$6.006’394.600153, pero más allá de dicha constatación, ello no desdice del ánimo
y voluntariedad que el señor Muvdi Duarte tuvo para obligarse bajo las antedichas
condiciones. Frente al segundo ejercicio de valoración del predio, efectuado en
2019, por la cifra de $68.109’258.290, la Sala no se pronunciará, puesto que no fue
allegado al proceso, de modo que no se probó si quiera su existencia y la autoría
del mismo y, en todo caso, supera en varios años la época en que aquel vendió sus
derechos hereditarios.

151
Por medio de la escritura pública 1064 del 22 de septiembre de 2014, otorgada en la Notaría Segunda de Soledad
(Atlántico).
152
Índice 43, SAMAI.
153
Fls. 192 a 208, c. 1.

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Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

106. Por consiguiente y en atención al mandato de carga probatoria que le
incumbe a la parte interesada en el éxito de las reclamaciones, en este caso, a la
demandante –“onus probandi incumbit actori”, art. 167 del C.G.P. –, el extremo actor
debe soportar las consecuencias de su pasividad, desde la perspectiva probatoria,
lo que implica que solo se reconocerán los perjuicios materiales debidamente
acreditados, en este caso, el desembolso relativo al contrato ejecutado por la
empresa de seguridad privada y se negarán las demás afectaciones, pues no se
demostraron en el plenario.

Costas

107. De acuerdo con el art. 188 del CPACA, que remite a las normas del Código
General del Proceso, la Sala condenará en costas al demandado en los términos
del art. 365 ib. en la medida en que resultó vencido en el proceso (núm. 1). Esta
condena se hará por ambas instancias, puesto que mediante esta sentencia se
revoca totalmente la proferida en primer grado (núm. 4).

108. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen
por el Acuerdo No. 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el demandante
designó apoderado judicial que actuó en ambas instancias, y dado que asistió a las
audiencias realizadas en primer grado, instauró la alzada y aportó las piezas
documentales pedidas por esta Sala154, a través de la prueba de oficio decretada
en proveído del 20 de abril de 2026155, se condenará al demandado a pagar por
este concepto, frente al primer grado el 1,5% de las pretensiones reconocidas y,
para la segunda instancia el 1% de los pedimentos que resultaron favorables a la
actora156.

109. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

154
Esta Subsección consideraba procedente condenar en costas por el componente de agencias en derecho a quien resultara
vencido, en los eventos indicados en la ley, aun si el apoderado de la parte no realizaba actuación alguna y también cuando
se tratara de apoderados vinculados a las plantas de personal, lo anterior sobre la base de que la designación de un abogado
que ejerciera la defensa judicial genera agencias en derecho, incluso por la sola vigilancia del proceso, manteniendo las
responsabilidades que el mandato de apoderamiento conlleva. A este respecto, entre otras sentencias de esta Subsección,
ver las del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; 19 de marzo de 2021, exp. 68.836, C.P.
María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 21 de noviembre de 2022,
exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y del 11 de agosto de 2025 exp. 72.288 C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
Postura que el Magistrado ponente de esta decisión aun sostiene, pero que, en respeto por la posición mayoritaria, aplica
conforme al criterio recientemente modificado por la Sala. Por tanto, solo hay lugar a fijar agencias en derecho cuando se
encuentre probada su causación en el expediente derivada de la actuación efectiva de los apoderados, según el artículo 365.8
del CGP.
155
Índices 43, 46 y 47, SAMAI.
156
Esta norma prevé en su artículo 6 (capítulo III) las tarifas aplicables a los asuntos de lo contencioso administrativo. Para
los procesos con cuantía: “hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”, para la primera instancia y “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en
la sentencia”, respecto del segundo grado.

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Expediente 080012333000201200070-01 (72.616)
Demandantes: Julio Mario Muvdi Duarte y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Referencia: Reparación directa

FALLA:

REVOCAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 6 de febrero de
2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A, y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, bajo el título de daño especial, en
los términos señalados en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma correspondiente a veinte (20)
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), a la fecha de ejecutoria de
la presente sentencia, a favor de Julio Mario Muvdi Duarte.

TERCERO: CONDENAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
a pagar, por concepto de perjuicios materiales, el monto de veintinueve millones
ochocientos ochenta y nueve mil ochenta pesos m/cte ($29’889.080), a favor de
Julio Mario Muvdi Duarte.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR en costas por ambas instancias al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, en favor de la parte actora. Para el efecto, se
fijan las agencias en derecho, frente a la primera instancia, en el 1,5% de las
pretensiones reconocidas y, para la segunda instancia en el 1% de los pedimentos
que resultaron favorables a la actora.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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