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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2014-00080-01

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2014-00080-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2018, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia. 19 La demanda se presentó el 6 de febrero de 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente para ese momento. 20 En la demanda se pretendió el reconocimiento de «todos los perjuicios de orden material y moral» un valor de $2.010’000.000 (fls. 8, 10, c. 1). 16 Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho se fijan diez millones cincuenta mil pesos ($10’050.000). TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2014-00080-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: OSCAR BERMÚDEZ GALLO
Demandado: CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE / CADUCIDAD – Caducidad del
medio de control de reparación directa en casos de ocupación permanente de inmuebles /
PRINCIPIOS PRO ACTIONE Y PRO DAMATO / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA –
No se encuentra legitimado quien no acredite que es propietario o poseedor del inmueble.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 13 de junio de 2018, por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según el demandante, el 18 de julio de 2009, se ocupó una faja de terreno identificado
con cédula catastral 01-10-108-00001-000 y matrícula inmobiliaria 080-659931, por parte
de la sociedad Ruta del Sol S.A., para la construcción de una obra pública, por lo que
reclama la reparación de los perjuicios que le causó ese hecho.

1
Sobre este mismo predio y con pretensiones similares, cursó en este despacho un proceso de reparación
directa (exp. 55179). En ese caso se profirió la sentencia del 20 de mayo de 2022, en la que se declaró la
falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda.
Cabe aclarar, que en ese proceso la demandante fue la señora Sara Leonor Moisés de Dangon,
copropietaria del terreno.

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2014 (fl. 11, c. 1), el señor Oscar
Bermúdez Gallo, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación
directa en contra de Rutas del Sol II S.A. y del departamento del Magdalena, con el fin
de que se les declare patrimonialmente responsables por la ocupación permanente que
se llevó a cabo desde el 18 de julio de 2009, en el predio «La Glorieta de Gaira»
identificado con matrícula catastral 01-10-108-00001-000, del cual el demandante dice
ser «propietario, tenedor causahabiente y poseedor» del 50%.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó el reconocimiento y pago de «los
perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, y los
intereses causados desde el primer acto constitutivo de la invasión, los cuales se estiman
como mínimo en la suma dos mil diez millones de pesos ($2.010’000.000)».

Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, la parte actora señaló que desde
el 18 de julio de 2009, sin su consentimiento, Rutas del Sol II S.A. ingresó a ocupar su
predio con la promesa hecha por el departamento de comprarlo para construir un parque,
para lo cual, taló árboles, hizo perforaciones, instaló columnas y aplanó el terreno para
ser utilizado como vía alterna (fls. 6 – 11, c. 1).

2. Trámite en primera instancia

El 28 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y
ordenó que se notificara a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 39 – 40,
c. 1).

La sociedad Ruta del Sol II S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual
señaló que el predio identificado con cédula catastral 011001080001000 y con el folio de
matrícula inmobiliaria 080-11249, se adquirió a través de promesa de compraventa el día
13 de enero de 2012, por un valor de $585’182.858 a sus propietarias, las señoras Rosa
Yepes y Vitalia Yepes, negocio que se perfeccionó a través de la escritura pública 1102
del 31 de octubre de 2012 de la Notaría Cuarta de Santa Marta.

2

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

Añadió que para efectuar dicha compra se realizó un estudio sobre el título del inmueble
011001080001000, lo cual permitió establecer que existían 2 folios de matrícula respecto
del mismo: i) el 080-11249 que figuraba a nombre de las señoras Vitalia Yepes y Rosa
Yepes Pacheco, en la tradición de la señora Ana Pacheco Yepes, y, ii) el 080-65993 a
nombre de los señores Oscar Bermúdez, Sara Cotes y Sara Moisés.

Para aclarar que el folio de matrícula 080-11249 era el que correspondía al predio
identificado con cédula catastral 011001080001000 y proceder a la compra referida,
señaló que se basó en los siguientes documentos:

Dentro de los documentos aportados por los señores Bermúdez, Cotes y Moisés, se
encuentra un oficio recibido en las oficinas de Ruta del Sol el 28 de septiembre de
2010, pero trae fecha de octubre 28 de 2010, en el cual el señor Oscar Bermúdez
manifiesta que es el legítimo propietario de la Rotonda de Gaira, y mediante este
aporta el certificado expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de fecha
16 de junio de 2010, donde certifica que el predio con cédula catastral
011001080001000 se encuentra inscrito a nombre de Ana Pacheco Yepes, anterior
propietaria del predio en cuestión. El señor Bermúdez solicita a Ruta del Sol II S.A.,
que se omita el nombre de la propietaria que menciona el certificado, que se refiere
a una señora que tiene 19 años de fallecida. Es decir, el señor Bermúdez Gallo
solicita a Ruta del Sol II S.A., hacer caso omiso al hecho de que el documento
expedido por el IGAC, indica que el propietario es la señora Ana Pacheco Yepes,
quien aparece en la tradición de las señoras Rosa Yepes y Vitalia Yepes.

Durante el estudio de título se solicita aclarar a ambas partes cual es folio de
matrícula inmobiliaria que le corresponde al predio identificado con la cédula
catastral 011001080001000; por lo que, es así como las señoras Vitalia y Rosa
Yepes aportan el registro 1 y 2 del lGAC en donde se puede apreciar que el predio
en cuestión aparece registrado a nombre de Ana Pacheco Yepes; también aportan
copia de la factura del impuesto predial correspondiente a dicho predio a nombre de
Ana Pacheco Yepes, aportan el certificado de tradición y libertad correspondiente al
folio 080-11249, el cual menciona que su código catastral es el 011001080001000;
certificado de paz y salvo de Induval fechado de febrero 2 de 1999 a nombre de Ana
Pacheco Yepes; certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
dirigido a la Secretaria de Hacienda, la cual da fe de que el predio identificado con
el folio de matrícula inmobiliaria 080-11249 le corresponde la cedula catastral
011001080001000; así mismo dice la certificación que el folio de matrícula
inmobiliaria 080-65993 no aparece inscrito con cédula catastral en el Igac; por último
aportan certificado de paz y salvo de impuesto predial con fecha 27 de septiembre
de 2012 protocolizado en la escritura pública No. 1102 de octubre 31 de 2012
otorgada ante la Notaría Cuarta de Santa Marta.

Finalmente, propuso las excepciones de i) inexistencia de la afectación, ii) falta de
legitimación en la causa por activa, ii) improcedencia de la acción de reparación y, iv)
caducidad, dado que los trabajos en el predio iniciaron en el mes de agosto del 2009,
con la autorización verbal de los legítimos propietarios del mismo (fls. 61 -71, c. 1).

3

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

El departamento del Magdalena se opuso a la totalidad de las pretensiones; indicó que
no obra en el expediente alguna prueba relacionada con los supuestos perjuicios
alegados por la parte actora, los cuales estimó en $2’010.000.000.

Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva y ii) caducidad,
por cuanto, tal como lo afirma el demandante, las obras en el predio iniciaron en julio de
2009; sin embargo, la solicitud de conciliación se presentó el 28 de junio de 2013 y, la
demanda se radicó el 6 de febrero de 2014, «después de más de 4 años de iniciadas las
obras» (fls. 191 – 200 c. 1).

El 24 de marzo de 2015, el tribunal a quo ordenó vincular como terceros con interés a
las señoras Vitalia Yepes Pacheco y Rosa Elena Yepes Fernández y, por ende,
notificarlas (fls. 306 – 307, c. 1).

Las señoras Vitalia Yepes Pacheco y Rosa Elena Yepes de Fernández, en calidad de
terceros con interés, a través de apoderado judicial, se opusieron a las pretensiones de
la demanda. Propusieron las excepciones de i) falta de legitimación en la causa
(inexistencia de derecho invocado por el actor) y, ii) caducidad.

Indicaron, que no se evidencia la presunta responsabilidad de las entidades demandadas
por la ocupación alegada por la parte actora, dado que la construcción de la obra pública
se realizó en un lote de terreno que se vendió en la etapa de enajenación voluntaria por
parte de sus legítimas dueñas (fls. 325 – 329, c. 1).

El 13 de octubre de 20152 y el 5 de diciembre de 2017, se celebró la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la cual se fijó el litigio 3, se

2
En esta fecha se ordenó remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria «porque lo que se pretende es
determinar la titularidad de un inmueble». Sin embargo, el 18 de diciembre de 2015, el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Santa Marta declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del proceso y
propuso conflicto negativo de competencias, por cuanto «no comparte el despacho lo manifestado por el
Tribunal Administrativo del Magdalena al afirmar que el debate planteado es que frente a un mismo terreno
que compró ruta del sol, dos personas se están discutiendo la titularidad. Pues con eso se estarían
modificando tanto los hechos como las pretensiones planteadas en la demanda, en la que se solicita es la
indemnización de perjuicios (…)”.
[N]o queda ninguna duda que el objeto del debate planteado en la demanda no es la disputa de la titularidad
de un predio entre particulares, sino, lo que se pide es que se declare que el Departamento del Magdalena
y la entidad Ruta del Sol S.A., son administrativamente responsables por los perjuicios materiales y
morales causados al demandante, por la ocupación de un lote de terreno, el cual afirma el accionante que
es de su propiedad» (fls. 355 – 357, c. 1). Finalmente, el 18 de agosto de 2017, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió dicho conflicto en el sentido de asignar a la
jurisdicción contencioso administrativa el proceso, en cabeza del Tribunal Administrativo del Magdalena
(fls. 5 – 17, c. 2).
3
En los siguientes términos: “Determinar si se estructuran los elementos para declarar la responsabilidad
del Estado por la ocupación permanente sobre bien inmueble.
4

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

incorporó la prueba documental aportada, se prescindió de la audiencia de pruebas
porque no había pruebas por practicar y se corrió traslado para alegar de conclusión (fls.
351 – 353 y 419 – 420, c. 1).

Ruta del Sol (fls. 429 – 439, c. 1), el departamento del Magdalena (fls. 451 – 462, c. 1) y
la parte demandante (fls. 463 – 472, c. 1) presentaron sus alegatos. El Ministerio Público
rindió concepto (fls. 474 – 486, c. 1).

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y, en
consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda. Para arribar a esa conclusión
indicó, que en el proceso quedó acreditado que (fls. 503 – 515 vto., c. ppal.):

i) Ruta del Sol S.A. y el departamento del Magdalena suscribieron un contrato de
concesión con el objeto de «adelantar estudios y diseños definitivos, gestión predial,
gestión ambiental, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y
mantenimiento del plan vial del norte del departamento del Magdalena que comprende
doble calzada de la carretera Ye de Ciénaga – Santa Marta y primera calzada de la vía
alterna al Puerto de Santa Marta – sector Quebrada del Doctor – Mamatoco» y, que de
acuerdo a esa relación contractual, Ruta del Sol S.A. contrajo la obligación de adquirir
los predios necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en ese contrato.

ii) Ruta del Sol S.A. adquirió el derecho de dominio de la faja de terreno localizado en el
sector Ye de Gaira en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena,
identificado con cédula catastral 011001080001000 y matrícula inmobiliaria 080-11249
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta, propiedad de las señoras Rosa
Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco. Compraventa que se protocolizó
mediante escritura pública 1102 del 31 de octubre de 2012.

ii) El demandante para probar el daño antijurídico alegado aportó con la demanda «una
serie de escrituras y certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 080-65993 que
demuestran su titularidad sobre un porcentaje del predio ubicado en el corregimiento de
Gaira, tal situación no es suficiente en la presente litis para entender configurado el

Sin embargo, deberá analizar el Tribunal si el señor Oscar Bermúdez Gallo cuenta con legitimación en la
causa para reclamar los daños que afirma se le ocasionaron con la ocupación”.
5

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

requisito anterior, pues en esta ocasión el actor tenía la carga de probar que el predio
ocupado por la sociedad demandada para ejecutar trabajos públicos era de su propiedad
y no de las señoras Yepes».

iii) Ruta del Sol S.A. realizó un estudio de títulos previo a la adquisición de la faja de
terreno en cuestión, concluyó que el dominio de la misma estaba en cabeza de las
señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco y no sobre el señor
Bermúdez Gallo, lo cual quedó demostrado «en el plenario entre otras documentales con
la certificación expedida por el IGAC donde se hizo constar que la cédula catastral
011001080001000 corresponde al predio distinguido 080-11249».

iv) Finalmente, indicó que, en el presente asunto se pretende la responsabilidad
extracontractual del Estado por ocupación permanente y, por tanto, «era deber del actor
acreditar que contrario a las conclusiones a las que arribó la concesionaria antes de
iniciar el procedimiento de enajenación voluntaria, la titularidad del predio adquirido
recaía sobre él, cuestión que no ocurrió».

4.- El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, con el fin de
que fuera revocada y, en su lugar, se declarara patrimonialmente responsable a las
demandadas, con ocasión de una falla en el servicio, de acuerdo con lo narrado en los
hechos y pretensiones de la demanda.

Argumentó que, de los documentos aportados al proceso, tales como, i) certificado de
matrícula 080-0065993, ii) escritura 15 de 1918 y iii) escritura 16 de 1907, se logró
acreditar la titularidad del señor Bermúdez Gallo sobre el terreno en cuestión.

Finalmente, sostuvo que el a quo dio por cierto que la titularidad de la faja de terreno
identificado cédula catastral 01 100 108 0001000, con matrícula inmobiliaria 080-11249,
correspondía a las señoras Rosa Elena Yepes y Vitalia Yepes Pacheco; sin embargo, el
certificado expedido por el IGAC y que se tuvo en cuenta para la anterior afirmación, «no
contempla un título, que es el que otorga la propiedad» (fls. 526 – 530, c. ppal.).

5.- Trámite en segunda instancia

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2018, el despacho admitió el recurso de
apelación (fl. 552, c. ppal.), el 5 de diciembre siguiente, se corrió traslado a las partes
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Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto (fl.
559, c. ppal.).

Ruta del Sol S.A. solicitó i) confirmar la sentencia de primera instancia, ii) declarar
probadas las excepciones propuestas y, iii) condenar en costas al demandante, para lo
cual indicó que esa entidad no ocasionó daño alguno al demandante, pues se efectuó la
venta de un inmueble con el fin de realizar una obra pública y que esa venta se surtió en
la etapa de enajenación voluntaria por parte de sus legítimos dueños (fls. 561 – 571, c.
ppal.).

El departamento del Magdalena reiteró los argumentos plasmados en la contestación de
la demanda y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia (fls. 573 – 578, c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia impugnada, por considerar que, si el
tribunal a quo no tenía suficiente claridad respecto de la titularidad del bien materia de
estudio, era necesario requerir a las autoridades competentes para establecer esa
titularidad.

Además, afirmó que «claramente estamos hablando de 2 lotes diferentes aunque
contiguos, los cuales están identificados con las matrículas inmobiliarias No. 080-65993
y 080-11249, y separados por el camino que conduce a Ciénaga, que el primero
pertenece a los señores Oscar Bermúdez y las señoras Sara Cotes y Sara Moisés y el
segundo pertenecía a las señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes
Pacheco, quienes en el 2012 le vendieron al Departamento del Magdalena a través de
la Sociedad Ruta del Sol» (fls. 591 – 603, c. ppal.).

La parte demandante presentó escrito de alegaciones extemporáneamente (fls. 604, 606
– 608, c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del
CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de «las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación».

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Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, «de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes».

En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada
en la mencionada disposición normativa4, razón por la cual se concluye que esta
Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia de primera instancia, emitida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena el 13 de junio de 2018.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

El numeral 2, literal i) del artículo 164 del CPACA, reguló lo concerniente al ejercicio
oportuno del derecho de acción, en el sentido de señalar que, en materia de reparación
directa, la demanda deberá presentarse «dentro del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia».

En reciente pronunciamiento, la Subsección5 abordó con detenimiento la cuestión del
cómputo de la caducidad en los eventos en que se demanda la declaratoria de
responsabilidad del Estado por la ocupación de un bien inmueble. En dicha providencia
se precisó:

En la jurisprudencia actual, con evidente sentido didáctico más que jurídico, se han
identificado dos tipologías de ocupación según su forma de expresión, puede ser
física o material y jurídica o abstracta. En el primer evento, la ocupación se produce
de forma tangible, bien por la disposición de maquinaria, tropas, infraestructura u
obras en el inmueble; en el segundo, la ocupación tiene lugar, por virtud de una
restricción intangible, de orden legal, que impide al titular de la cosa ejercer los
derechos de dominio que le corresponden conforme con las leyes civiles6 (…).

4
Lo pretendido por la parte demandante por «todos los perjuicios de orden material y moral» ascendió a
la suma de $2.010’000.000 (fls. 8, 10, c. 1) y para la fecha de presentación de la demanda -6 de febrero
de 2014-, 500 SMMLV equivalían a $308’000.000.
5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia
del 17 de febrero de 2021, exp. 48671. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
6
“(…) puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble, pero no adelante el
procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de
8

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

En relación con la ocupación material, se ha considerado que el término con el que
cuenta el afectado para reclamar por los daños recibidos debe contarse en atención
a la temporalidad de la ocupación causante de daños.

Así, cuando se reclama indemnización por una ocupación de carácter material
transitoria, el término de caducidad inicia a partir de que ésta finaliza, al margen de
su fuente (…).

Por su parte, en los casos que se persigue la reparación por una ocupación material
con vocación de permanencia, el plazo perentorio definido por la ley comienza su
cómputo a partir de la finalización del proyecto u obra que le hubiera dado origen,
con la salvedad que ha definido la jurisprudencia en torno a que, si la obra o
intervención estatal es de gran envergadura e implica un desarrollo de labores por
fases dada su complejidad, el término no está llamado a contarse desde la
finalización de la totalidad de la obra o proyecto que genera la ocupación, sino desde
la terminación de ésta en el predio del demandante7.

Lo anterior, sin perjuicio de que: i) cuando, por razones excusables8, el afectado no
pudo tener conocimiento del daño en el momento en que la ocupación finalizó en su
predio, dicho término se compute desde cuando aquél pudo advertirlo, o ii) que se
cuente antes de la finalización de la obra o intervención que originó la ocupación
(transitoria o permanente), si el lesionado la conoció y tuvo la oportunidad de
dimensionar sus consecuencias, pues no debe olvidarse que una cosa es el daño y
su posterior agravación9 y ya que la caducidad de la acción se funda en la seguridad
jurídica y el interés público no puede estar a la espera de que el lesionado decida
invocarlo, teniendo pleno conocimiento del daño10, en tanto que desde que pueda

expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas
necesarias para que el propietario pueda realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo, urbanizarlo,
lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien no se despoja
materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias de los derechos
reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio”, sentencia del 9 de mayo de 2014, exp. 24679.
7
“el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectaron
directamente un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una
parte del respectivo proyecto general; esto es, que el término no empieza a correr desde la terminación de
la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran” Sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 35992.
8
“cuando la ocupación ocurre ‘por cualquier otra causa’, el término de caducidad empieza a correr desde
que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre
que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido
conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma”, sentencia del 10 de
septiembre de 2020, proferida por esta Subsección y con ponencia del suscrito Magistrado Ponente, en
exp. 49362.
9
“Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación de
éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este
inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo el
daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo
después se produce la caída de uno de sus muros” Sentencia del 28 de enero de 1994, exp. 8610.
‘En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la caducidad
no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el daño o se tuvo
noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no coincidan. En el ejemplo traído, el término de la
caducidad no se contaría desde la caída del muro, sino desde que se evidenció el daño o se tuvo noticia
de éste” Sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 19099.
10
“el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad
del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde el momento
en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado, aun cuando todavía quede
por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que los efectos del daño se extiendan
indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término de caducidad comience a
correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios tuvieran carácter permanente,
como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de un particular, la acción no caducaría
jamás”, sentencia del 24 de junio de 2015, exp. 34898.
9

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

dimensionarlo, nace para el afectado el interés actual y vigente de reclamar su
indemnización11.

Se recuerda que en la demanda se afirma que la ocupación inició el 18 de julio de 2009
(fl. 7, c. 1), cuando sin consentimiento del demandante ingresaron al predio de su
propiedad para talar árboles, hacer perforaciones, instalar columnas y, en general,
desplegar diferentes actividades inherentes a la construcción de una vía pública; obras
que se encuentran enmarcadas en la ejecución del contrato de concesión vial 229 del 27
de noviembre de 2006 (fls. 72 – 144, c. 1) y su Otrosí 005 del 17 de junio de 2008 (fls.
145 – 149, c. 1), celebrados entre el departamento de Magdalena y la sociedad Ruta del
Sol II S.A.

Para el caso concreto, la Sala precisa que no obran en el plenario documentos a partir
de los cuales pueda identificarse el día cierto en que culminó la ejecución de la obra civil
en el frente correspondiente al predio del accionante, pues en relación con dicha obra,
únicamente fueron incorporadas al plenario una copia del contrato de concesión vial 229
de 2006 y una copia del Otrosí 005 de 2008, los cuales no contienen información acerca
de la terminación de la obra. No obstante, esta Corporación ha señalado que en caso de
duda debe darse prevalencia al derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia y deben aplicarse los principios pro damnato y pro actione.

De acuerdo con lo anterior y dadas las circunstancias particulares del caso, al no tener
fecha concreta de la finalización de la obra en el predio del demandante, se concluye
que el presente medio de control de reparación directa no ha caducado.

3.- Legitimación en la causa

En casos como el que ocupa la atención de la Sala, la Corporación ha señalado que
los accionantes deben demostrar que una parte o la totalidad del bien inmueble de su
propiedad, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que
actuaron autorizados por ella12.

11
“Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la caducidad debe tener en cuenta
la fecha en la que la víctima o demandante conoció la existencia del hecho dañoso ‘por la sencilla razón
de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción” sentencia del 11 de
mayo de 2000, exp. 12200, reiterada en las siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, exp. 18805;
de 27 de febrero de 2003, exp. 23446; 2 de febrero de 2005, exp. 27994; de 11 de mayo de 2006, exp.
30325; de 18 de julio de 2007, exp. 30512.
12
La Sección Tercera, en sentencia de 28 de junio de 1994, expediente No. 6806; actor: Olga Bernal de
Unda y otros, señaló: Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya lo
ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante, no ser la entidad de derecho público la
que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla
10

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

Por tanto, los elementos que estructuran esta clase de responsabilidad son i) el daño
antijurídico, que consiste en la lesión a un derecho del que es titular el demandante,
entre los cuales están comprendidos no sólo los perjuicios derivados de la afectación
del derecho de propiedad,13 sino también los perjuicios por la limitación al ejercicio de
las facultades propias de los derechos personales y reales, al igual que el menoscabo
de la posesión que el particular ejercía sobre el predio ocupado y ii) la imputación
jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de la ocupación
del bien inmueble, parcial o total, por parte de la administración14.

Respecto del título de imputación y los requisitos para que proceda declarar
responsable a la entidad estatal demandada, la Sección Tercera 15 ha indicado lo
siguiente:

Corresponde a la especie de la responsabilidad objetiva y se configura probando que
una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, fue
ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actúan
autorizados por ella16.

Son por tanto supuestos o elementos de la responsabilidad del Estado por ocupación
permanente el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho real de
propiedad de que es titular el demandante, quien no tiene el deber jurídico de
soportarla y la imputación del daño al ente demandado, por la ocupación permanente,
total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante.

El Estado por su parte sólo podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la
relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor,
el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima.

Probados los aludidos elementos, procede la valoración de los perjuicios que pueden
consistir en el daño emergente y el lucro cesante; entendido el primero como el precio
del inmueble ocupado17 y el segundo, en los ingresos que el propietario del inmueble
ocupado dejó de percibir a consecuencia de su ocupación.

Siendo así, cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento, sino que ocupa los
bienes de los particulares sin un título jurídico válido para hacerlo, con fundamento en

son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce
sobre su bien.
13
Ibídem.
14
Sentencia del 10 de mayo de 2001, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente No. 20001-
23-31-000-1993-0273-01 (11783); actor: Sociedad Construcciones e Inversiones Santa Rosalía Ltda.
15
Sentencia del 28 de abril de 2005, proceso radicado con el No. 52001-23-31-000-1993-05663-01
(13643); actor: Pablo Daniel Portilla Maya.
16
«En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de junio de 1994,
expediente 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya
lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la
que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla
son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce
sobre su bien.”».
17
«Puede consultarse al efecto, sentencia 9718 del 3 de abril de 1997».
11

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, tendrá que ser conminado a
responder patrimonialmente por los daños ocasionados con tal actuación.

En el presente asunto se demanda por la ocupación permanente que las entidades
demandas ejercen sobre el inmueble propiedad del señor Oscar Bermúdez Gallo
identificado con matrícula 080-65993, situación que se presentó con ocasión de la
ejecución del contrato de concesión vial 229 de 2006, suscrito entre el departamento
de Magdalena y la sociedad Ruta del Sol II S.A.

Para acreditar la calidad de propietario del predio identificado con matrícula 080-65993,
el demandante allegó junto con la demanda i) escritura pública 874 del 4 de marzo de
1998 (fls. 17 – 18, c. 1), ii) escritura pública 4212 del 29 de octubre de 1998 (fls. 19 –
20, c. 1) y, iii) copia del certificado de libertad y tradición del citado predio, expedido por
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta (fls. 34 – 35, c. 1).

Sin embargo, obra en el expediente querella policiva de lanzamiento por ocupación de
hecho contra Ruta del Sol II S.A., interpuesta el 10 de agosto de 2009 por las señoras
Sara Moisés de Dangon y Sara Cote, codueñas del terreno junto con el señor Oscar
Bermúdez Gallo -aquí demandante- ante la alcaldía de Santa Marta (fls. 174 – 175, c, 1).

La querella policiva antes referida, culminó mediante proveído del 3 de febrero de 2011,
fecha en la cual, se llevó a cabo, sin éxito para los querellantes, la diligencia de
lanzamiento por parte del inspector de policía de Gaira, Santa Marta, en la que se
dictaminó que no era posible restablecer el statu quo a favor de las querellantes, dado
que existía una discusión respecto de la titularidad del derecho de propiedad del
inmueble, razón por la cual, sugirió a las partes para que acudieran a la jurisdicción
ordinaria con el fin de dirimir ese conflicto, así (fls. 176 – 178, c. 1):

En este estado de la diligencia se deja constancia de que (…) el bien objeto de la
diligencia se identifica con la matrícula catastral No. 01-10-108-001000. El predio se
denomina la glorieta referenciado como 01101080001000 Round-Point (…). En este
Estado de la diligencia el señor inspector de Policía de Gaira concede el uso de la
palabra al [apoderado de la Ruta del Sol II S.A.] (…) y manifiesta lo siguiente: En mi
calidad de funcionario de la concesión vial Ruta del Sol II (…) quiero
respetuosamente presentar oposición al lanzamiento por ocupación de hecho,
dispuesto por la alcaldía de Santa Marta, atendiendo una querella policiva
presentada por la Sra Sara Moisés de Dangon (…) por las siguientes
consideraciones: cuando se inició el proceso de la construcción de la primera fase
del plan vial del norte del departamento del Magdalena, se adelantaron entre otros
la gestión predial con miras a realizar las negociaciones de los predios que
necesariamente serían requeridos para el desarrollo de la construcción,
mejoramiento y reavilitación (sic) de la vía (…). Haciendo averiguaciones y
confrontando información nos encontramos con que documentos allegados a
12

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

nuestras oficinas acreditan una posible doble titularidad pues la propiedad se la
disputan por un lado los señores Oscar Bermúdez Gallo, Sara Moisés de Dangond
y Sara Cotes de Moisés y por otro los herederos del señor Primitivo Yepes (…) es
oportuno anotar que nuestras gestiones ante El Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, encontramos que los documentos presentados por la señora Sara Moisés
de Dangon, señala como propietaria a la señora Ana Pacheco Yepes, en una
propiedad con 20 hectáreas de extensión que no pueden caber en el predio de la
rotonda o glorieta de Gaira. De otra parte los documentos presentados y
suministrados por herederos del señor Primitivo Yepes, corresponden a un terreno
que está distante del que hoy ocupa nuestra atención, con una extensión de cuatro
hectáreas aproximadamente, el cual tampoco cabe dentro del lote de terreno
denominado la rotonda de Gaira, así las cosas dan la impresión de que los dos
hipotéticos titulares tuvieran razón. Para esta fecha el departamento del Magdalena
en virtud del proyecto de construcción de doble calzada Ciénaga Santa Marta, está
en posesión del predio que nos ocupa y por lo tanto estimamos que no debe proceder
el lanzamiento por ocupación de hecho y por el contrario sí invitar a las partes a que
acudan a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos (…). Solicita el uso de
la palabra [el apoderado de la querellante] y manifiesta lo siguiente: Se practica la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, (…) el cual contempla que en la
diligencia (…) es procedente la oposición de la parte querellada y en ella podrán
presentar los documentos de manera concreta, acreditar los títulos de propiedad u
otra clase de títulos como lo del contrato de arrendamiento (sic), estos son la única
clase de títulos que deben aportarse a la diligencia y que sirven de base para una
suspensión de lanzamiento, los demás documentos son irrelevantes sobre todo si
fueron aportados en fotocopia simple (…). Sobre la afirmación hecha por el
representante de la Ruta del Sol II donde considera que son poseedores esto se
acredita con las pruebas que dispone el decreto reglamentario 992 conocida como
prueba sumaria, tal como sí aparece en la querella policiva donde mis poderdantes
se presentaron como legítimos poseedores y propietarios, en todo caso en lo
atinente al derecho de dominio no queremos preocuparnos de ello por el campo
práctico, toda vez que a los señores inspectores de policía no les atañe en esta clase
de diligencia pronunciarse respecto de la propiedad, (…) sino específicamente
garantizar a los ciudadanos y en este caso a los querellantes el derecho y goce y
disfrute de la posesión (…).

(…)

Una vez escuchadas las partes corresponde a este despacho decidir la aceptación
o negar las oposiciones presentadas por las partes en el proceso policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho, antes de manifestar cualquier decisión es
importante dilucidar a las partes como establece la sentencia T-898 de 1998 de la
Honorable Corte Constitucional “el proceso policivo de lanzamiento por ocupación
de hecho, es un proceso rápido y cuyo objetivo es evitar que se perturbe o que se
ponga fin a la perturbación, entre otras situaciones, de la posición (sic) que alguien
tenga sobre un bien”. Como es de presente en esta diligencia existe una pluralidad
de hipotéticos poseedores (…) mediante apoderado judicial han presentado su
solicitud o propuesta de enajenación voluntaria del predio que manifiesta ser
poseedor esta propuesta fue presentada a la Concesión Ruta del Sol II, la cual
adelanta trabajos de una vía nacional doble calzada (…) y que actualmente dichos
trabajos se adelantan sobre el inmueble objeto de esta diligencia cabe resaltar que
este proyecto de vía es una obra de utilidad pública y de interés general y que la
suspensión o paralización de la misma ocasionaría traumas y atrasos al proyecto
causando con ello un detrimento patrimonial al Estado, comoquiera que la concesión
Ruta del Sol II es un particular que ejerce funciones públicas a nombre del Estado.
En esta diligencia se han aportado documentos tales como los títulos de propiedad
de los hipotéticos dueños, en los cuales les da el carácter de poseedores. El art. 126
del Código de Policía reza lo siguiente: “En los procesos de policía no se controvierte
el derecho de dominio ni se consideran pruebas que sirvan para acreditar” ya que
esta función es únicamente de los jueces de la República y cualquier controversia
que estime la autoridad policiva estaría extralimitando sus funciones. Por otra parte

13

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

el Art. 13 del Decreto 992 de 1930 “si antes de practicarse el lanzamiento, el
ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente
la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia del lanzamiento, quedando en
libertad los interesados para acudir al poder judicial”. En mérito de lo expuesto este
Despacho Resuelve: Primero: Abstenerse de ordenar el lanzamiento por ocupación
de hecho instaurado por las señoras Sara Cotes de Moisés y Sara Leonor Moisés
de Dangon, mediante apoderado judicial (…), contra la concesión Ruta del Sol II.
Segundo: suspender la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, y dejar a
las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria que pueda dirimir el conflicto
planteado si así lo consideran conveniente o pertinente.

En la misma diligencia se presentaron los recursos de reposición y apelación, frente a
lo cual el inspector de policía de Gaira, Santa Marta mantuvo incólume la decisión y no
concedió la alzada, en atención a que la norma que autorizaba ese recurso había sido
derogada.

Como puede verse, en las decisiones proferidas en el procedimiento de lanzamiento
por ocupación de hecho promovido por las señoras Sara Leonor Moisés de Dangon y
Sara Cotes de Moisés, no se ordenó la restitución del bien inmueble porque no se tenía
certeza sobre la calidad de poseedor o propietario de quien estaba solicitando el
amparo policivo y porque ya se estaban ejecutando obras públicas cuya suspensión
inmediata sería sumamente gravosa para el interés público perseguido con ellas.

De hecho, respecto de la titularidad del bien, la Sala evidencia que, tanto en la copia del
certificado de tradición y libertad del bien con matrícula 080-65993 -predio del
demandante- se le identifica con la cédula catastral 011001080001000 (fls. 34 - 35, c. 1),
como en el certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula 080-11249 -de
propiedad de las señoras Vitalia Yepes Pacheco y Rosa Elena Yepes de Fernández-
también tiene la cédula catastral 01-10-0108-0001-000 (fl. 160 – 161, c. 1), información
que no contribuye a resolver las dudas respecto de la propiedad de la franja de terreno
materia del presente litigio.

Asimismo, de las escrituras públicas allegadas al expediente por las partes, lo único
que se infiere es la cadena de títulos en virtud de los cuales mutó la propiedad de los
predios identificados con matrículas inmobiliarias 080-65993 y 080-11249, sin que a
partir de tales pruebas haya lugar a afirmar lo alegado en la demanda, esto es, que ese
inmueble en específico hubiera sido ocupado permanentemente por Ruta del Sol II S.A,
a causa de una obra pública.

En ese contexto, ninguno de los elementos probatorios es idóneo para acreditar la
legitimación en la causa por activa del señor Oscar Bermúdez Gallo. Además, al no

14

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

existir medios de prueba que acrediten que la ocupación permanente alegada hubiera
ocurrido en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 080-65993, de propiedad
del demandante, la Sala confirmará la decisión de declarar probada la excepción de
falta de legitimación material en la causa por activa del señor Oscar Bermúdez Gallo.

3.- Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse sobre
la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.
Como esa condena obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de
las partes, sino los supuestos consagrados por la norma.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en
un proceso, mientras que el artículo 361 ibidem establece que las costas «están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas
por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 366 ejusdem.

Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso
el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no
prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo,
en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso18.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se debe tener en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales si las hubiere.

En ese sentido se observa que se trata de un proceso de reparación directa, asunto en
el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se accedió
a lo pretendido con el recurso de apelación.

18
A cuyo tenor: «Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas (…)».
15

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

A manera de precisión y para justificar con mayor razón lo expuesto anteriormente,
resulta importante destacar que la fijación de agencias en derecho no se ve afectada en
el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin apoderado, pues
aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su
actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 366
del CGP.

Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y tiene derecho a que se le fijen agencias
en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de
una entidad pública que actúa a través de un apoderado que hace parte de su planta de
personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no
enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo
vigente para la fecha en que se presentó la demanda19, en materia de tarifas de agencias
en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de 2003.

A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el
0.5% de las pretensiones negadas a la parte actora, cifra pagadera a favor de Ruta del
Sol S.A. y el departamento del Magdalena, que deberá incluirse en el auto de liquidación
de costas a cargo de la parte vencida en el recurso -parte demandante-, y que
corresponde a la suma de $10’050.00020.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2018, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia.

19
La demanda se presentó el 6 de febrero de 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente para
ese momento.
20
En la demanda se pretendió el reconocimiento de «todos los perjuicios de orden material y moral» un
valor de $2.010’000.000 (fls. 8, 10, c. 1).
16

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)
Actor: Oscar Bermúdez Gallo
Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro
Referencia: medio de control de reparación directa

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Como agencias en derecho se fijan diez millones cincuenta mil pesos ($10’050.000).

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a
su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

17

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