Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00418-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00418-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2012-00418-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024
Radicado: 08001-23-33-000-2012-00418-01 (63.148)
Demandantes: Ana Carmela Montenegro de la Hoz y otros
Demandada: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Medio de control de Reparación Directa
Temas: reparación directa - responsabilidad del Estado por omisión - ola invernal -
incumplimiento de la carga de la prueba – ausencia de prueba de la omisión – oportunidad de
la vinculación del litisconsorte – caducidad de la acción
Síntesis del caso: los demandantes solicitaron la declaratoria de la responsabilidad del Estado
por el daño causado a los predios de su propiedad, producto de omisiones que generaron su
inundación por la ruptura del Canal del Dique y el desbordamiento del río Magdalena, en el
marco de la ola invernal de finales de 2010.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia de 31 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sección A, que negó las pretensiones de la
demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Posición de las vinculadas como litisconsortes necesarias - 1.4. Sentencia recurrida – 1.5. Recurso
de apelación - 1.6. Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de diciembre de 2012, Ana Carmela Montenegro de la Hoz; Raúl Alberto
de la Hoz Montenegro; Marco Fidel de la Hoz Montenegro y Wilson Alberto
Mazenett Guido (en adelante, los demandantes o la parte actora o
demandante) presentaron demanda2, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Transporte, con el
objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas3 (se trascribe):
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 1 a 3 del Cuaderno 1.
3 Mediante Auto de 21 de enero de 2013, el Tribunal inadmitió la demanda y, entre otras, ordenó la incorporación de las
pretensiones en la demanda. Folios 29 a 32 del Cuaderno 1. Mediante escrito de 28 de enero de 2013, la parte actora
subsanó la demanda e incluyó las pretensiones. Folios 33 y 34 del Cuaderno 1.
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Radicado: 08001-23-33-000-2012-00418-01 (63.148)
Demandante: Ana Carmela Montenegro de la Hoz y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Transporte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia
“1°- Que se declare que la NACION-MINISTERIO DE TRANSPORTE, es
administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales que ha
causado a mis poderdantes por la imprevisión de las autoridades nacionales.
2°.- Condenar, en consecuencia, a la NACIÓN- MINISTERIO DE TRANSPORTE, como
reparación del daño que han causado, a pagar a mis poderdantes los perjuicios
de orden material y moral, subjetivados y objetivados, actuales y futuros, los cuales
los estimo en la suma TRECIENTOS VEINTE MILLONES M/L ( $ 320.000.000.00 m/l los
perjuicios materiales y, en el equivalente a QUINIENTOS (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en el momento en que se verifique el pago por los
perjuicios MORALES ocasionados.
3°.- La condena respectiva será autorizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del C.C.A. aplicando en la liquidación, la variación promedio mensual
del I.P.C, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, que lo fue en el mes de
Noviembre del 2,010, hasta la ejecutoria de la sentencia que se profiera.
4° - La parte demandada dará cumplimiento, en los términos de los artículos 176
y 177 del C.C.A.”
2. Mediante Auto de 26 de agosto de 20144, el Tribunal vinculó al proceso, en
calidad de “litisconsortes necesarios por pasiva”, al Departamento del Atlántico
(en adelante, el Departamento); al Instituto Nacional de Vías (en adelante,
INVIAS); a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
(en adelante, Cormagdalena); al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en
adelante, INCODER); a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (en
adelante, CRA) y al Municipio de Candelaria. Dicha decisión no fue
controvertida por las vinculadas.
3. Posteriormente, mediante Auto de 22 de septiembre de 20155, el Tribunal
vinculó al proceso, en calidad de “litisconsortes necesarios por pasiva”, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante, UNGRD);
al Municipio de San Juan; al Municipio de Campo de la Cruz, al Municipio de
Santa Lucia y al Municipio de Manatí. Dicha decisión fue repuesta por la UNGRD
y resuelta de forma desfavorable, a través de Auto de 5 de noviembre de 20156.
4. La parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:
5. 1) Los demandantes son propietarios de fincas que conforman el predio
denominado “El Tiestal”, ubicado en el municipio de Candelaria – Atlántico, el
cual (se trascribe) “(…) desde el pasado mes de noviembre de 2010 (…) quedó
totalmente bajo las aguas desbordadas del río Magdalena y del Canal del
Dique, las cuales inundaron todo el sur del Departamento de Atlántico y demás
municipios de los Departamentos del Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y gran
parte del país, constituyéndose en un hecho NOTORIO no solo en Colombia, sino
en los demás países (…).
6. 2) Como consecuencia de la inundación el predio (se trascribe) “(…) quedó
prácticamente destruido por haber permanecido bajo las aguas durante diez
(10) meses, ósea, del mes de noviembre de 2010 al mes de septiembre de 2011,
4 Folios 110 a 113 del Cuaderno 1.
5 Folios 460 y 461 del Cuaderno 2.
6 Folios 501 y 502 del Cuaderno 2.
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Referencia: Reparación directa
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lo que ocasionó la pérdida de pastos, cercas, alambres, construcciones,
inmuebles por destinación, por lo que hubo que abandonar el predio durante
todo el tiempo que duró la inundación (…)”. Las pérdidas se concretaron,
además del inmueble, en las construcciones, los muebles, la maquinaria agrícola
y los árboles frutales.
7. 3) La inundación se presentó por (se trascribe) “(…) la imprevisión de las
autoridades nacionales al no tomar las medidas necesarias oportunamente
para evitar la inundación que se presentó en todo el Departamento de Atlántico
y en los demás Departamentos de la costa (…) por no reforzar los diques de
contención de las aguas del río Magdalena y del Canal del Dique, a pesar de
que se trataba de una tragedia anunciada con mucha anticipación.”
8. Se alegó que las normas violentadas eran (se trascribe) “(…) los artículos 2, 29,
90, 299 y 230 de la Constitución Nacional, arts. 2341, 2341, 2344, 2347 del CC. Los
servicios públicos, según el artículo 365 de la C.S., son inherentes ala finalidad
social del estado (…)”.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El Ministerio de Transporte contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones
de la demanda. Alegó que (se trascribe) “(…) e[ra] cierto el hecho en cuanto a
las inundaciones que se produj[eron] en el sur del departamento con la ruptura
del Canal del Dique al ser un hecho notorio (…)”. En relación con la atribución
del daño, alegó que (se trascribe) “no e[ra] cierto en endilgar a las autoridades
nacionales tal imprevisión y las supuestas faltas de medidas oportunas para evitar
la inundación, en especial mi representada Mintransporte, por cuanto no somos
el ente competente frente a este hecho y aclaro que somos el ente responsable
(…) de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos
y regulación económica en materia de transporte (...) y no en el reforzamiento
del cauce del río Magdalena y del Canal del Dique (…)”. Propuso como
excepciones la “falta de legitimación en la causa por pasiva”; la caducidad; la
“inexistencia de obligación para responder patrimonialmente por las
pretensiones incoadas”; la fuerza mayor y caso fortuito y la buena fe.
1.3. Posición de las vinculadas como litisconsortes necesarias
10. Cormagdalena contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones. Indicó
que (se trascribe) “(…) no e[ra] cierto que en relación con [Cormagdalena]
exist[iera] la obligación [de] prevención y atención de desastres con el fin de
evitar una inundación o eventuales catástrofes de este tipo (…) La causa de la
inundación no [fue] la mala ejecución de una obra o la falta de vigilancia o
control de la misma por parta de Cormagdalena (…), sino por una fuerza mayor
7 Folios 88 a 98 del Cuaderno 1.
8 Folios 128 a 153 del Cuaderno 1.
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que hizo imprevisible un hecho como el que se presentó en noviembre de 2010.”.
Propuso como excepciones la “no existencia de daño antijurídico”; la “ausencia
de responsabilidad por daño especial”; el cumplimiento diligente de las
funciones de Cormagdalena; la “falta de determinación de los hechos u
omisiones”; la ausencia de nexo de causalidad; la fuerza mayor; la “falta de
legitimación en la causa”; el “hecho de un tercero” y la caducidad.
11. La CRA contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones. Alegó que (se
trascribe) “(…) [erró] el actor al fijar como causa de la ruptura de la carretera –
dique en la imprevisión de las autoridades. Contrario a lo manifestado por el
accionante el desastre no era técnicamente previsible ya que nos referimos a las
mayores precipitaciones de los últimos 46 años, según los estudios del IDEAM.”
Además, la CRA (se trascribe) “(…) no ha incurrido en actuación u omisión
alguna que genere perjuicios a los accionantes (…)”. Propuso como
excepciones la inexistencia de falla del servicio; la falta de carga de la prueba
del demandante y la carencia de funciones respecto del asunto objeto de
estudio.
12. El INVIAS contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones. Alegó que al
Instituto (se trascribe) “(…) no le correspond[ía] el mantenimiento, conservación
y la protección del río Magdalena o del Canal del Dique, ni del carreteable que
comunica[ba] al municipio de Santa Lucia con la carretera oriental”. Propuso
como excepciones la “falta de legitimación en la causa por pasiva”; la fuerza
mayor y la caducidad de la acción.
13. El INCODER contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones. Señaló que
la (se trascribe) “(…) vía que colapsó se enc[ontraba] a cargo de una entidad
distinta al INCODER (…) dicho daño se debió a un hecho de la naturaleza (…)
no hac[ía] parte de las funciones y competencias misionales del Instituto (…) la
construcción, mantenimiento, rehabilitación y recuperación de sitios críticos en
las vías (…) el INCODER carec[ía] de competencia alguna sobre predios rurales
de propiedad privada.” Propuso como excepciones la “falta de legitimación en
la causa por pasiva”; que el daño se derivó de hechos de la naturaleza y la
caducidad de la acción.
14. Las restantes vinculadas no contestaron la demanda o lo hicieron
extemporáneamente12, según constancia contenida en el Acta No. 89 de 12 de
diciembre de 2017, de la audiencia inicial.
1.4. Sentencia recurrida
9 Folios 180 a 236 del Cuaderno 1.
10 Folios 242 a 252 del Cuaderno 1.
11 Folios 311 a 325 del Cuaderno 2.
12 Folios 620 a 635 del Cuaderno 3.
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15. El 31 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección A,
profirió sentencia de primera instancia13, en la que decidió (se trascribe):
“Falla:
PRIMERO: Declarar probada la excepción de fuerza mayor, formulada por la parte
demandada, de conformidad con las razones anotadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Declarar no probadas las demás excepciones propuestas por las
entidades demandadas.
TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin costas (Art. 188 de la Ley 1437 de 2011).
QUINTO: Notifíquese esta decisión en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de
2011.
SEXTO: Ejecutoriada la sentencia archívese el expediente.”
16. El Tribunal, con base en el material probatorio, encontró que (se trascribe)
“(…) en la fecha señalada, mes de noviembre de 2010, se desbordó el Canal
del Dique a la altura del municipio de Candelaria, lo cual fue de público
conocimiento, hecho que causó la inundación de la finca de la cual son
copropietarios los demandantes y por ello sufrió pérdidas, teniendo en cuenta
que se dedicaban a la ganadería y agricultura; por lo que existe certeza de que
sufrió un daño.”
17. Sin embargo, en relación con la atribución del daño a la demandada y
vinculadas, concluyó que (se trascribe) “(…) e[ra] evidente que la especial
intensidad de las lluvias era imprevisible para la administración, en las
proporciones que finalmente alcanzó, por tratarse de un fenómeno natural;
cierto e[ra], que las condiciones climáticas durante el último trimestre del año
2010, superaron los niveles históricos de los ríos, en atención a que para esa
época las precipitaciones fueron de moderadamente superiores a muy
superiores a la media histórica. Como tampoco ha[bía] duda de que ese
fenómeno natural influyó decididamente en la causación del daño
demandado, en la medida en que fueron precisamente esas aguas lluvias las
que se acumularon por no poder ser absorbidas por la tierra, ni tampoco poder
descargarse en una fuente hídrica mayor, afectando la infraestructura de
protección realizada por las entidades estatales.”
18. Consideró que si la magnitud de las lluvias no hubiera sido imprevisible, en
todo caso, no hubo falla del servicio porque (se trascribe) “(…) no se probó que
las demandadas no hubieran ejecutado obras, ni programas de ordenamiento
territorial y de prevención, en los términos de la Ley 161 de 1994, que les
correspondían, siendo que, por el contrario, dentro del expediente se evidenció
que actuaron conforme a sus funciones, que habían ejecutado las labores de
construcción y de prevención, y que, no obstante su actuación, la ocurrencia
del daño fue inevitable, es decir que aún más que imprevisible, se tornó
irresistible (…)”.
13 Folios 983 a 993 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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19. Resaltó que (se trascribe) “(…) no e[ra] posible afirmar que el factor
determinante para la materialización del daño que se alegó en la demanda
provino de la ruptura del canal, como se aseguró en ella, ni de la omisión en el
deber de mantenimiento del mismo, sino a una precipitación pluvial de
proporciones inusitadas que superó ampliamente el registro histórico de las
lluvias para los años anteriores; no obrando prueba que demostrara que las
entidades no actuaron de forma oportuna o que no adelantaron ninguna obra
para evitar el desbordamiento del río, ni para mitigar o aminorar la amenaza
que ello representaba.” Por lo tanto, concluyó que la causa del daño alegado
fue (se trascribe) “(…) un hecho de la naturaleza, fuerza mayor, con lo cual
quedan exonerados de responsabilidad los demandados.”
1.5. Recurso de apelación
20. La parte actora presentó recurso de apelación14, en el que se opuso a la
decisión de primera instancia. Afirmó que (se trascribe) “(…) en la sentencia no
se hizo análisis crítico de las pruebas, ni los razonamientos de equidad y
doctrinarios para fundamentar las conclusiones (…)”, con lo cual se desconoció
el artículo 187 del CPACA. Alegó que el daño y los perjuicios fueron causados
por (se trascribe) “(…) la imprevisión y falla del servicio de parte de la
administración del Departamento del Atlántico para la época del desastre,
situación que no se analizó en la sentencia impugnada.”
21. En línea con lo anterior, afirmó que (se trascribe) “(…) est[aba] plenamente
probado que la causa real de la inundación, no [fue] otra que la falta o falla del
servicio por parte de la administración porque como e[ra] de pleno
conocimiento de la comunidad en general, muchos meses antes de que
sucediera el hecho de la inundación se le advirtió a las autoridades sobre el
riesgo que corríamos con la entrada del invierno, se le recomendó que
reforzaran los diques de contención, pero desafortunadamente los funcionarios
del momento, como lo era el gobernador del Atlántico (…) no prest[aron]
atención a las recomendaciones públicas que le hizo la prensa hablada y escrita
del momento, lo que trajo como consecuencia su actuar omisivo [y ] la
inundación (…)”.
22. Igualmente, alegó que (se trascribe) “no exist[ía] la menor duda de la
relación de causalidad que exist[ió] entre el hecho de la inundación de
noviembre de 2010 y los perjuicios que la inundación causó a mis mandantes,
prueba de ello e[ra] la cantidad de demandas que se presentaron, no
solamente en el Departamento de Atlántico, sino en todos los lugares donde
hizo su aparición la inundación oír una improvisación y falla en el servicio de
parte de las autoridades competentes al momento del desastre”.
14 Folios 1021 a 1034 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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23. Por último, alegó que (se trascribe) “para no continuar analizando la
situación legal de la decisión impugnada, me remito a lo alegado durante todo
el trámite del moroso proceso del epígrafe. (…) En segunda instancia ampliaré
los argumentos relacionados con el recurso interpuesto.”
1.6. Trámite relevante en segunda instancia
24. En la oportunidad para alegar de conclusión, el Ministerio de Transporte15; el
INVIAS16; la CRA17; la Agencia de Desarrollo Rural18; la Agencia Nacional de
Tierras19; Cormagdalena20; el Departamento de Atlántico21 insistieron en los
argumentos expuestos a lo largo del proceso, relativos a la falta de
demostración de la falla del servicio y a la imprevisibilidad de la magnitud de las
lluvias producidas por el fenómeno de La Niña ocurrido a finales de 2010, con lo
cual, se configuró una fuerza mayor. Por tanto, solicitaron la confirmación de la
sentencia.
25. A su turno, la parte demandante guardó silencio22 y el Ministerio Público
solicitó confirmar la sentencia porque (se trascribe) “(…) no se generó un daño
antijurídico, pues se configuró el eximente de responsabilidad de fuerza mayor,
pues las entidades competentes, en este caso, el Departamento del Atlántico
estaban en incapacidad de prever las consecuencias nocivas del fenómeno
natural de la Lina y evitar los daños ocasionados.”
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia. - 2.2. Oportunidad de la vinculación de los
litisconsortes. 2.3. Análisis sustantivo. - 2.4. Sobre la condena en costas.
2.1. Síntesis de la controversia23
26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, pero no por las razones invocadas por el Tribunal,
sino porque la parte demandante incumplió su carga probatoria y no demostró
las omisiones específicas de la demandada, que ocasionaron la inundación del
predio y los perjuicios alegados.
15 Folios 1062 a 1064 del Cuaderno del Consejo de Estado.
16 Folios 1066 a 1072 del Cuaderno del Consejo de Estado.
17 Folios 1073 a 1079 del Cuaderno del Consejo de Estado.
18 Folios 1080 a 1095 del Cuaderno del Consejo de Estado.
19 Folios 1104 a 1109 del Cuaderno del Consejo de Estado.
20 Folios 1111 a 1118 del Cuaderno del Consejo de Estado.
21 Folios 1129 a 1131 del Cuaderno del Consejo de Estado.
22 Folio 1154 del Cuaderno del Consejo de Estado.
23 La demanda, presentada el 10 de diciembre de 2012 (Reverso Folio 3 del Cuaderno 1), fue oportuna porque, según la
demanda los hechos ocurrieron en noviembre de 2010 y la conciliación extrajudicial se surtió el 16 de mayo de 2012
(Folios 25 y 26, del Cuaderno 1). Así, la demanda se radicó dentro de los 2 años, exigidos por el numeral 8 del artículo 136
del CCA.
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2.2. Oportunidad de la vinculación de los litisconsortes
27. El Tribunal, mediante Auto de 26 de agosto de 2014 vinculó al proceso, en
calidad de “litisconsortes necesarios por pasiva”, al Departamento de Atlántico;
al INVIAS; a Cormagdalena; al INCODER; a la CRA y al Municipio de Candelaria.
Posteriormente, mediante Auto de 22 de septiembre de 2015, vinculó, también
en calidad de “litisconsortes necesarios por pasiva”, a la UNGRD; al Municipio de
San Juan; al Municipio de Campo de la Cruz, al Municipio de Santa Lucia y al
Municipio de Manatí.
28. La Sala no comparte dicha vinculación porque no se configuraban los
requisitos necesarios para la conformación de un litisconsorcio necesario entre
el Ministerio de Transporte y las vinculadas, pues el proceso, tal como se planteó
en la demanda, no versa “(…) sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera
uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las
personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos
(…)”, según lo previsto en el artículo 61 del CGP. Es decir, según la causa petendi
(fundamentos de hecho y de derecho) de la demanda, la presencia de los
terceros, vinculados por el Tribunal, no era necesaria para realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones y, por tanto, el juez carecía de
competencia para citarlos al proceso.
29. Como consecuencia de lo anterior, si los terceros no eran litisconsortes
necesarios, la vinculación realizada por el Tribunal fue extemporánea porque,
según el Auto de unificación de 25 de mayo de 201624, de esta Corporación,
sólo en el caso de que exista ese tipo de litisconsortes se puede exceptuar el
cómputo del término de caducidad, porque “(…) sin la participación de dichas
personas no sería factible que se profiriera sentencia de mérito en tanto el objeto
sobre el que versa el litigio respectivo es único e inescindible”. Entonces, para el
24 “13.33 Como corolario de lo señalado, la jurisprudencia de esta Sección se unifica en el sentido de que toda pretensión
debe efectuarse dentro del término en que se puede ejercer el derecho de acceder a la administración de justicia,
período que sólo puede ser suspendido pero no interrumpido, de tal forma que su contabilización continua hasta su
culminación sin que sea relevante que con anterioridad a su vencimiento se presente en forma oportuna peticiones en
ejercicio del derecho de acción señalado, por lo que se impone que se verifique la caducidad de toda nueva pretensión
sin perjuicio de que ésta se formule al comenzar un proceso, o durante su trámite vía reformulación del libelo introductorio.
13.34 Sin perjuicio de lo anterior, no se puede perder de vista que lo expuesto puede llegar a ser excepcionado en los
litigios que para ser resueltos deban contar con la comparecencia e intervención de todos los sujetos que hicieron parte
de las relaciones o actos jurídicos objeto del proceso, esto es, en los que por la naturaleza de dicho objeto o por el
mandato de la ley requieran de la conformación de un litisconsorcio necesario de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 83 del C.P.C., habida cuenta de que sin la participación de dichas personas no sería factible que se profiriera
sentencia de mérito en tanto el objeto sobre el que versa el litigio respectivo es único e inescindible .
13.35 No obstante lo anterior, conviene destacar que la excepción a la contabilización del término para accionar sólo
se configura en los eventos de litisconsorcio necesario en los que hubiesen dejado de participar quienes habrían tenido
que concurrir al proceso, por lo que de encontrarse debidamente integradas las partes de la litis, no habría necesidad
de entrar a conformarlas adecuadamente y en ese orden de ideas, no se podría aplicar la previsión legal citada que
permite al operador judicial dejar de un lado el señalado interregno en el que se debe accionar y formular las
pretensiones que sean del caso, con el objeto de que se pueda dictar la sentencia correspondiente.
13.36 Asimismo, se debe tener en cuenta que la misma tampoco opera en las procesos en los que tanto los integrantes
de la parte demandante como de la parte demandada sean litisconsortes facultativos, por cuanto el juzgador no tiene
el deber de vincularlos a la litis comoquiera que entre ellos existen relaciones jurídicas independientes que pueden ser
resueltas en forma separada y por consiguiente, la presencia de todos no es indispensable para que se profiera la decisión
pertinente, de modo que no hay razón alguna para omitir la configuración de la caducidad de la acción y el interregno
en el que se tenían que elevar las solicitudes respectivas.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena, Auto de unificación de 25 de mayo de 2016, Exp. 40.077.
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Referencia: Reparación directa
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26 de agosto de 2014 y el 22 de septiembre de 2015 ya había trascurrido más de
2 años desde la ocurrencia del hecho dañino (noviembre de 2010), en los
términos del numeral 8 del artículo 136 del CCA y, por tanto, la vinculación fue
extemporánea. En este sentido, respecto de las vinculadas operó la caducidad
de la acción, la cual será declarada e impide emitir cualquier pronunciamiento
de fondo en relación con ellas.
2.3. Análisis sustantivo
30. Según el material probatorio obrante en el expediente -pruebas
documentales25 y testimoniales26-, la Sala coincide con el Tribunal y considera
que está demostrado el daño alegado por la parte demandante, esto es, las
afectaciones por la inundación de los predios de su propiedad, ubicados el
municipio de Candelaria – Atlántico, con ocasión de la ola invernal de finales
de 2010.
31. La apelación no cuestionó, de forma expresa, la configuración de la fuerza
mayor, que encontró probada el Tribunal, pero alegó, de forma genérica, que
(se trascribe) “(…) en la sentencia no se hizo análisis crítico de las pruebas, ni los
razonamientos de equidad y doctrinarios para fundamentar las conclusiones
(…)”. Igualmente, adicionó un cargo, de forma genérica, en el sentido de que
los daños se derivaron de “(…) la imprevisión y falla del servicio de parte de la
administración del Departamento del Atlántico para la época del desastre (…)”,
sin indicar o precisar las omisiones de la entidad.
32. Entonces, para la Sala es claro que, en relación con las omisiones
administrativas, como presupuesto para la configuración de la responsabilidad,
la parte actora incumplió con la carga probatoria que le imponía el artículo 167
del CGP, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, según el cual,
“[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, con excepción expresa de los
hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas27. Dicho
incumplimiento se deriva de que no determinó, ni probó los hechos (omisiones
específicas y concretas) en los que fundó sus alegaciones. Es decir, no demostró
el incumplimiento del contenido obligacional28 del Ministerio de Transporte, pues
25 Folios de matrícula inmobiliaria de predios de propiedad de los demandantes Nos. 045-39100, 045-39101, 045-39202 y
045-39103 (Folios 6 a 9 del Cuaderno 1); “Contrato de consignación de banano para la exportación, con representación”
(Folios 27 a 33, del Cuaderno 1).
26 Testimonios de Paulino Galindo Yustres y Eduardo Bravo Gordillo, que dan cuenta de los daños producidos por la
inundación. Audiencia de pruebas con los testimonios. (Folios 877 a 884 del Cuaderno 4).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de abril de
2020, Exp. 45.724.
28 Sobre el contenido obligacional ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia del 10 de octubre de 2024, Exp. 56.069; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 7 de septiembre de 2023, Exp. 60.460; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 1 de marzo de 2023, Exp. 55.510;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21 de octubre
de 2022, Exp. 55.250; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia
del 22 de noviembre de 2021, Exp. 53.977; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia del 08 de octubre de 2021, Exp. 49.217.
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Radicado: 08001-23-33-000-2012-00418-01 (63.148)
Demandante: Ana Carmela Montenegro de la Hoz y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Transporte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia
no se determinó, ni demostró las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
concretaban algún incumplimiento de sus deberes normativos. Además, los
cargos, igualmente genéricos, en relación con el Departamento de Magdalena
fueron adicionados en la apelación.
33. La Sala considera pertinente recordar que, en virtud de la referida carga
procesal, quien alega un hecho (en este caso, omisiones) debe demostrar su
ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido y, en consecuencia, la
sola afirmación de su ocurrencia no es suficiente para acreditarlo29. Esto cobra
especial relevancia cuando en la controversia se pretende la declaratoria de
responsabilidad por omisión administrativa pues, según está Corporación, se
requiere de dos elementos30, primero, una obligación normativa de la
demandada que no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente y, segundo,
la virtualidad jurídica de que el eventual cumplimiento habría interrumpido el
proceso causal de generación del daño: en el caso, la parte actora no
demostró que se omitió una obligación normativa específica y que, de haberse
satisfecho, el daño alegado no se hubiera concretado.
34. En línea con lo anterior, el apelante no respaldó apropiadamente sus reparos
contra la Sentencia de primera instancia, pues se limitó a alegar que (se
trascribe) “(…) est[ba] plenamente probado que la causa real de la inundación,
no e[ra] otra que la falta o falla del servicio por parte de la administración (…)”,
sin embargo, no es cierto que ello se derive, simplemente, de afirmar, sin
pruebas, que a las autoridades públicas se les advirtió “de la inundación”; o “se
les recomendó que reforzaran los diques de contención”; o que el
Departamento de Atlántico “no prestó atención a las recomendaciones
públicas que le hizo la prensa hablada y escrita del momento”. Por el contrario,
según se ha precisado, se requería, primero, identificación de las omisiones
normativas específicas y concretas y, segundo, su demostración.
35. Además, el recurso de apelación indicó que (se trascribe) “(…) me remito a
lo alegado durante todo el trámite del moroso proceso del epígrafe [y] en
segunda instancia ampliaré los argumentos relacionados con el recurso
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de agosto
de 2018, Exp. 46.585.
30 “(…) una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido -o lo ha hecho de forma deficiente o
defectuosa- al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado -por omisión- del cabal cumplimiento de las
funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder
tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que
reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada.
(…) son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad
administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente
atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido
oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación,
de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse -temporalmente
hablando- de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse
evidenciado ésta.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo
de 2007, Exp. 27.434. Teoría de la casualidad adecuada sistemáticamente reiterada, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de octubre de 2024, Exp. 56.069; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de mayo de 2024, Exp.
05001233300020230019601; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia de 11 de octubre de 2023, Exp. 50.378; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, Exp. 51.864; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 31 de marzo de 2023, Exp. 61.616, entre otras.
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Radicado: 08001-23-33-000-2012-00418-01 (63.148)
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interpuesto”. Sin embargo, ambos razonamientos son equívocos. En relación con
el primero, se le recuerda al apelante que, de conformidad con el artículo 320
del CGP, el recurso de apelación tiene como finalidad “que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”.
Por tanto, el apelante no puede, simplemente, remitirse a lo “alegado durante
el proceso”, pues no estaría proponiendo reparos contra la decisión que,
precisamente, culminó la primera instancia y es posterior a los alegatos que en
ella se hayan propuesto. En relación con el segundo, se le recuerda al apelante
que, según el numeral 1, del artículo 247 del CPACA, “[e]l recurso [de apelación]
deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación”, por lo tanto, no hay lugar
a incorporar reparos o cargos durante el trámite de la segunda instancia.
36. Las anteriores razones son suficientes para fundamentar y confirmar la
negativa a las pretensiones de la demanda. No obstante, como se indicó, el
apelante cuestionó, genéricamente, la valoración probatoria hecha por el
Tribunal, según la cual se configuró una fuerza mayor y, por tanto, es pertinente
reiterar que no bastaba con alegar, en la apelación, que la inundación era
previsible y que se había advertido, pues era necesario, también, demostrar el
carácter previsible y resistible de los hechos de la naturaleza. Lo anterior porque,
cuando la controversia versa sobre la ocurrencia de un desastre natural, esta
Corporación ha considerado que la imputación de responsabilidad al Estado, a
menos que se configure fuerza mayor, depende de que (se trascribe) “(…) se
establezca su previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la inactividad del
Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no
ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello,
responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su
conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural.”31
37. En el caso, el acervo probatorio demuestra que, si bien la ola invernal de
finales de 2010 era conocida y, por tanto, previsible, lo mismo no ocurrió con su
magnitud, pues se presentaron niveles ascendentes de lluvias sin precedentes y
que sobrepasaron los registros históricos, según informó el IDEAM32. De este
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 10 de octubre
de 2024, Exp. 64.798.; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia del 13 de septiembre de 2021, Exp. 48.134; entre otras.
32 Informe del IDEAM en el que se indicó (se trascribe) “(…) De acuerdo a los análisis, para el periodo comprendido entre
2010 y 2011, los efectos climáticos empezaron a sentirse desde mediados de 2010, con un incremento de las lluvias en las
regiones Caribe y Andina, sus impactos se manifestaron en un aumento significativo de los niveles de los ríos y con ellos
la probabilidad de inundaciones lentas, crecientes súbitas en las zonas de alta pendiente y aumento en la probabilidad
de deslizamientos de tierra. (…)
Hubo sectores del territorio nacional en donde las precipitaciones alcanzaron a superar en hasta un 500% los valores
medios históricos de precipitación.
La ocurrencia de los fenómenos La Niña, ocurridos en el periodo 2010 a 2012, indiscutiblemente incidieron en el
incremento de los volúmenes de la lluvia en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, esta situación se evidencia en s mapas
de anomalía de la precipitación mensual en Colombia (…)
Comportamiento de la precipitación meses de julio a diciembre de 2010: El análisis, a partir del mosaico de mapas de
anomalías de precipitación, muestra que, para los meses de julio a diciembre, las lluvias en las regiones Caribe, Andina y
Pacífica, registraron un comportamiento por encima de los valores medios mensuales multianuales, respondiendo a la
acción del fenómeno frio - La Niña, en dicho periodo. Esto permite estimar que, para el periodo de análisis, las
precipitaciones fueron afectadas por el Fenómeno La Niña, aumentando representativamente las lluvias en
dichas regiones. (…)” Folios 772 a765 del Cuaderno 3.
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Radicado: 08001-23-33-000-2012-00418-01 (63.148)
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Decisión: Confirma la Sentencia
modo, la Sala considera que la dimensión imprevisible e irresistible de las lluvias,
que no fue controvertida por la parte actora, quedó demostrada y, por tanto,
las conclusiones del Tribunal, en relación con la fuerza mayor, no fueron
desvirtuadas.
38. Lo anterior, en modo alguno significa que en todos los eventos de hechos de
la naturaleza (como inundaciones) se configure, automáticamente, una fuerza
mayor como eximente de responsabilidad. Sin embargo, en este caso, la Sala
encuentra que el apelante tampoco demostró que, con base en las pruebas
obrantes, las conclusiones del Tribunal fueran erradas, esto es, que no se
configuró la fuerza mayor.
39. Entonces, si bien quedó acreditado el daño sufrido por la parte
demandante, el material probatorio no permite concluir la ocurrencia de alguna
omisión, del Ministerio de Transporte, de sus deberes y funciones normativos. Ello
es así porque la parte demandante incumplió con la carga probatoria que le
incumbía, de conformidad con los artículos 164 y 167 del CGP, y no precisó, ni
demostró, alguna omisión normativa específica, de este modo, no es posible
acceder a las pretensiones incoadas33. Con todo, de haber satisfecho esa carga
procesal, tampoco demostró que la conclusión del Tribunal, en relación con la
configuración de la fuerza mayor, fue equívoca.
2.4. Sobre la condena en costas
40. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365
numeral 1 del CGP, la Sala condenará en costas y agencias en derecho de esta
instancia a la parte demandante, y a favor de las entidades que participaron
en ella (Ministerio de Transporte; INVIAS; CRA; Agencia de Desarrollo Rural;
Agencia Nacional de Tierras; Cormagdalena y el Departamento de Atlántico),
toda vez que se resolvió desfavorablemente su recurso de apelación. Ambas
deberán ser tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera instancia, según lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.
41. En relación con las entidades que no intervinieron en el trámite de esta
instancia, no hay lugar a condena en agencias en derecho.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 23 de
noviembre de 2022, Exp. 54.567; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, Sentencia del 07 de diciembre de 2021, Exp. 54.626; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. 51.915.
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Radicado: 08001-23-33-000-2012-00418-01 (63.148)
Demandante: Ana Carmela Montenegro de la Hoz y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Transporte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Confirma la Sentencia
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la Sentencia
del Tribunal Administrativo de Atlántico, Sección A, de 31 de octubre de 2018 y,
en su lugar, DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN respecto de las entidades
vinculadas por el Tribunal como litisconsortes de la Nación - Ministerio de
Transporte, esto es, respecto del Departamento del Atlántico; del Instituto
Nacional de Vías; de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena; del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Agencia Nacional de
Tierras y Agencia de Desarrollo Rural); de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico; del Municipio de Candelaria - Atlántico, de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres; del Municipio de San Juan - Atlántico; del
Municipio de Campo de la Cruz - Atlántico, del Municipio de Santa Lucia -
Atlántico y del Municipio de Manatí – Atlántico, según las consideraciones
expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia del Tribunal Administrativo de Atlántico,
Sección A, de 31 de octubre de 2018, que negó las pretensiones de la demanda,
según las consideraciones expuestas.
TERCERO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de esta
instancia, a la parte demandante, y a favor de las entidades que participaron
en ella, según las consideraciones expuestas. De conformidad con el artículo 366
del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal.
CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
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