Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2023-00196-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2023-00196-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2023-00196-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 050012333000 2023 00196 01
Demandante: Esven Cortes Tejada
Demandado: Contraloría General de la República 1
Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Régimen probatorio. Daño patrimonial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 22 de enero de 2024 por la Sala
Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Esven Cortes Tejada 2, en adelante la parte demandante, presentó demanda 3
contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte demandada, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 4.
1 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
1_EXPEDIENTEDIGI_ACTADEREPARTOPDF_20240307183014.
2 Por intermedio de apoderado
3 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 001Demanda.pdf.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
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Núm. único de radicación: 050012333000 2023 00196 01
Demandante: Esven Cortes Tejada
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] “PRIMERO: Se declare la nulidad del fallo Nro. 020 del 29 de septiembre de
2021, dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF 2019-00787,
proferido por LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SEGUNDO: Se declare la nulidad del auto Nro. 035 del 13 de enero de 2022 “que
resuelve el recurso de reposición dentro del proceso ordinario de responsabilidad
fiscal PRF 2019-00787”, proferido por LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
TERCERO: Se declare la nulidad del auto Nro. URF-213 del 18 de febrero del 2022
“por medio del cual se resuelve el grado de consulta y unos recursos de apelación”,
proferido por LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA […]”5.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“[…] CUARTO: Se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
cancelar los registros y antecedentes fiscales, y disciplinarios que originó el fallo con
responsabilidad fiscal en la hoja de vida y antecedentes de mi prohijado.
QUINTO: Se suspenda todo acción coactiva en contra de mi poderdante y se tengan
presente el presente fallo en y dentro de los procesos que cursan y versan en temas
similares en contra de mi poderdante el señor ESVEN CORTES TEJADA […]”6.
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
5. La parte demandada, mediante el Auto núm. 568 del 22 de agosto de 2019,
dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal número 2019-00787, en el que se
vinculó como presuntos responsables al Secretario de Hacienda y a la parte
demandante, en calidad de Alcalde encargado del Municipio de Nechí.
6. La parte demandada requirió al Municipio de Nechí para que aportara las
pruebas documentales decretadas en el auto de apertura del proceso. Pese a ello,
las pruebas no fueron allegadas al expediente debido al incendio que ocurrió en la
alcaldía del Municipio de Nechí el 23 de octubre de 2019.
5
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 001Demanda. Folio 23.
6
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 001Demanda. Folio 24.
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Demandante: Esven Cortes Tejada
7. La Contraloría Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, mediante el
Auto núm. 933 del 4 de diciembre de 2012, resolvió imputar responsabilidad fiscal
a la parte demandante por la falta de control y vigilancia que permitió que los
recursos de la entidad fueran transferidos a la cuenta bancaria del Secretario de
Hacienda del Municipio de Nechí y a terceros.
8. La Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la Contraloría General
de la República profirió el fallo de responsabilidad fiscal núm. 020 del 29 de
septiembre de 2021 en contra la parte demandante.
9. El 27 de octubre de 2021, la parte demandada presentó recurso de reposición
y apelación contra el fallo de responsabilidad fiscal núm. 020 del 29 de septiembre
de 2021.
10. El recurso de reposición fue resuelto a través del Auto núm. 035 de 12 de
enero de 2022, en el cual la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la
Contraloría General de la República confirmó la decisión al considerarse que la
parte demandante tenía la función de vigilancia sobre los recursos y bienes del
Municipio de Nechí.
11. Mediante el Auto URF-213 del 18 de febrero de 2022, la Contralora Delegada
Intersectorial núm.2 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y
Cobro coactivo resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión inicial.
Normas violadas 7
12. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 29 de la Constitución Política.
• Artículos 2, 22, 23, 24, 25, 26, 36 y 50 de la Ley 610 de 2000 8.
Concepto de violación
7 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 007SubsanacionDemanda.pdf. Folio 5.
8 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías […]"
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13. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:
Único cargo: Violación del debido proceso
14. La parte demandante alegó que los actos acusados se expidieron de manera
irregular, dado que la parte demandada desconoció al proferir el fallo de
responsabilidad fiscal que no se encontraban configurados los elementos jurídicos
exigidos en los artículos 5, 23 y 52 de la Ley 610.
15. La parte demandada vulneró el debido proceso al desconocer las formas
propias del proceso de responsabilidad fiscal, dado que, el movimiento de recursos
realizado por el Secretario de Hacienda se efectuó hacia cuentas personales y de
terceros, incurriendo así en un delito penal que no corresponde ser investigado por
la Contraloría General de la República.
16. En el curso de la actuación administrativa se violaron el debido proceso y el
derecho de defensa al no apreciar integralmente las pruebas presentadas en el
proceso. La parte demandada no valoró el informe proporcionado por la defensa, el
cual demostraba que no existía base legal o reglamentaria que permitiera establecer
que la parte demandante tuviera conocimiento de los actos realizados por el
Secretario de Hacienda. Además, no se decretó la prueba testimonial solicitada.
17. Por lo tanto, no había pruebas ni fundamentos para imputar culpa grave a la
parte demandante, dado que: “[…] • La persona investigada no generó con su
conducta el daño investigado. Es decir, no participó en el hecho generador. • El
investigado, no teniendo participación en el hecho generador, tiene la
responsabilidad de administrar los efectos o hechos posteriores o consecuencias
del hecho generador del daño, y lo hace con diligencia. • La persona investigada
demuestra y aporta pruebas de debida diligencia en relación con sus deberes
funcionales u obligaciones […]” 9.
18. En el proceso de responsabilidad fiscal, la parte demandada ignoró la
presunción de inocencia, según la cual, por regla general, la carga de la prueba
9 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 007SubsanacionDemanda.pdf. Folio 8.
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recae en el Estado, tanto en la etapa de indagación preliminar como en el proceso,
siendo así la responsabilidad de tipo subjetiva y no objetiva.
19. La parte demandada infringió el derecho de defensa y contradicción de la
parte demandante al no decretar las pruebas solicitadas ni valorar adecuadamente
las pruebas presentadas. Esto impidió verificar la veracidad de los hechos
investigados y, por lo tanto, no había certeza sobre la supuesta conducta
gravemente culposa en la que presuntamente incurrió la parte demandante.
20. Concluyó que la parte demandante, en calidad de alcalde encargado, aunque
delegó en el Secretario de Hacienda el pago de las obligaciones adquiridas debido
a la emergencia que enfrentaba el Municipio de Nechí, no autorizó a dicho
funcionario u otros a realizar transferencias de recursos o depósitos continuos a
cuentas personales o de terceros distintos a los proveedores de los servicios
contratados en virtud de dicha emergencia. Es decir, nunca se autorizaron pagos
que no estuvieran dentro del ámbito propio de la gestión del ente territorial. En ese
sentido, no se demostró la actuación gravemente culposa de la parte demandante
ni el daño fiscal alegado. Por consiguiente, no existían fundamentos ni pruebas que
respaldaran su responsabilidad fiscal.
Contestación de la demanda
21. La parte demandada10 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así 11:
22. Se opuso a las pretensiones y señaló que los actos acusados se expidieron
respetando las garantías del debido proceso de la parte demandante y sin haber
incurrido en ningún vicio de nulidad o irregularidad que los haga perder su
presunción de legalidad. Por lo tanto, corresponde a la parte demandante asumir
las consecuencias derivadas del fallo de responsabilidad fiscal emitido en su contra.
23. Las pruebas ordenadas en el auto de apertura no se aportaron al proceso,
debido a que no existían en el momento de la auditoría que reveló el hallazgo que
dio lugar a la investigación, llevada a cabo en el año 2018, es decir, antes del
10 Por intermedio de apoderado
11 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 013ContestacionDemanda.
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incendio. Además, en el SECOP no se encontró respaldo alguno de esos
movimientos.
24. La auditoría no corresponde, como se mencionó en la demanda, a un acto
simple, sino a un mandato legal y constitucional de ejercicio del control fiscal que
cuenta con toda la legalidad y, como tal, constituye el fundamento y el soporte que
permite establecer la certeza de los elementos de responsabilidad fiscal requeridos.
25. La parte demandada hizo un pronunciamiento completo y contundente
respecto de las pruebas presentadas y solicitadas por la parte demandante,
concluyendo que ninguno de esos documentos o testimonios demostraba los
contratos a los cuales correspondían las transacciones realizadas ni los
movimientos a la cuenta bancaria del señor Jaime Herrera Angulo, a la empresa
Fundacol, ni a la señora Yasuri Velásquez Suárez.
26. En el proceso de responsabilidad fiscal se logró demostrar el daño
patrimonial causado al Estado, su cuantificación, así como la actuación gravemente
culposa de la parte demandante, es decir, el daño fiscal y el nexo entre este y la
actuación desplegada por la parte demandante.
27. En el proceso de responsabilidad fiscal se evidenció que el Municipio de
Nechí realizó transferencias electrónicas sin los respectivos soportes de ejecución
contractual, lo cual se desglosa en tres ítems de la siguiente manera:
28. De la cuenta bancaria núm. 0-1444-000923-2 del Banco Agrario de Colombia
se transfirieron recursos propios del Municipio de Nechí por $100.000.000 y se
emitió un cheque por el mismo valor a nombre del Secretario de Hacienda, Jaime
Herrera Angulo. Lo anterior se evidencia en la conciliación 0000000327 del 28 de
diciembre de 2018 y el cheque núm. 007284 del 18 de mayo de 2018.
29. De la cuenta bancaria núm. No. 0-1444-000580-0 del Banco Agrario de
Colombia se realizaron transferencias de recursos propios del Municipio de Nechí
por $100.000.000 y se emitieron cheques por el mismo valor a nombre del secretario
de Hacienda (cheques núm. 296 por $60.000.000 y 297 por $20.000.000). No se
aportó prueba sobre el destino de los $20.000.000.
30. De la cuenta núm. 0-1444-000580-0 del Banco Agrario de Colombia se
trasladaron recursos del Municipio de Nechí por valor de $150.000.000, y en la
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misma fecha se emitieron cheques por el mismo valor a nombre del señor Luis
Machado Romero, representante legal de la empresa Fundacol.
31. En el proceso de responsabilidad fiscal se probó que en el Municipio de Nechí
se movieron $350.000.000 correspondientes a recursos propios de la cuenta
maestra de educación sin justificación alguna, lo que generó un presunto daño
patrimonial al ente territorial.
32. En la actuación administrativa se encontró probada la culpa grave de la parte
demandante como Alcalde del Municipio de Nechí (encargado) desde el 3 de
octubre de 2017 hasta el 21 de diciembre de 2018, al incumplir su función de
vigilancia sobre los recursos y bienes del ente territorial, permitiendo y ordenando
pagos y transacciones sin fundamento legal o contractual alguno que generaron un
daño fiscal en el ente territorial. Conducta que se traduce, en un actuar negligente
e imprudente del manejo de los recursos públicos.
33. El Alcalde tiene la facultad de delegar funciones en sus secretarios de
Despacho, lo que no lo exime de su obligación de vigilancia sobre toda la
contratación, según lo establecido en el inciso del artículo 21 de la Ley 1150 de
2007. Por lo tanto, la parte demandante no puede justificar sus omisiones en la falta
de cumplimiento de las funciones de otros funcionarios, dado que su cargo de
alcalde le imponía la obligación de ejercer el control administrativo del ente
territorial.
34. Respecto del nexo causal, señaló: “[…] Para el caso existe relación de
causalidad, toda vez que la conducta desplegada por los señores Esven Cortes
Tejada y Jaime Andrés Herrera Angulo, en calidad de Alcalde y Tesorero
respectivamente y que es calificada dentro del presente auto como de culpa grave,
es la causa directa del daño patrimonial objeto de la presente investigación ya que
no cumplieron a cabalidad con las funciones asignadas, tal como se mencionó
anteriormente, y al existir la certeza de un daño patrimonial al Estado y este ser
producto de quien ejercía gestión fiscal, se encuentra claramente establecido un
nexo causal […]” 12.
Alegatos de conclusión
12
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 013ContestacionDemanda. Folio 17.
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35. La Magistrada sustanciadora, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido el 4 de julio de 202313, resolvió correr traslado común a las partes por el
término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al Agente
del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.
36. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
37. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
Concepto del Ministerio Público
38. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
Sentencia proferida, en primera instancia
39. La Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia 14,
mediante sentencia proferida el 22 de enero de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO. DENEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor
ESVEN CORTÉS TEJADA en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, conforme con lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas y agencias en derecho de primera instancia
de acuerdo con lo indicado en el acápite respectivo.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma procede el recurso
de apelación de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 247 ibidem Modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
La remisión de los recursos se efectuará a través de medios digitales, utilizando algún
mecanismo que permita identificar al autor del documento, dar certeza de su
participación en el acto y asociarlo con el contenido del documento, en formato PDF
y con la identificación del número de radicado del proceso, para tal fin, conforme a lo
preceptuado en la Circular PCSJC24-1 del 11 de enero de 2024 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, se establece como canal digital para la recepción
de memoriales la Ventanilla Virtual https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/ -
botón de "Memoriales y/o escritos".
En los términos del inciso 2 del artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el Artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, los recursos también deberán remitirse con
13 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 023AutoIncorporaCorreTraslado.pdf
14 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 027SentenciaPrimeraInstancia.pdf.
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copia a todas las partes, terceros intervinientes y al Agente del Ministerio Público.
CUARTO. ARCHÍVESE el expediente una vez en firme la presente decisión […]”.
(Negrillas de texto original).
Consideraciones del Tribunal
40. La Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
consideró lo siguiente:
De los elementos de la responsabilidad fiscal
41. El fallo con responsabilidad fiscal se fundamentó en que “[…] se logró
establecer que los investigados, Esven Cortes Tejada y Jaime Andrés Herrera
Angulo a título de culpa grave, presuntamente causaron un daño al patrimonio del
Municipio de Nechí al haber realizado transferencias electrónicas sin que existan
los respectivos soportes de ejecución contractual […]”.
42. El a quo consideró que los argumentos presentados por la parte demandante
sobre la falta de certeza del daño patrimonial y su cuantificación no son válidos “[…]
De los documentos que obran en el plenario y en especial de los autos de apertura,
imputación y del fallo mismo se logra establecer sin dubitación alguna que, existió
un daño patrimonial por cuanto en el año 2018 en el Municipio de Nechí, Antioquia
se efectuaron unos pagos por valor de […] ($1.165.826.426) que no tienen soporte
alguno que los justifique […] De lo anterior, se encontró soporte desde el momento
de efectuarse la auditoría y establecerse el hallazgo […] se decretaron pruebas
tendientes a establecer la existencia y el monto del daño deprecado sin que se
desvirtuara el mismo […]”.
43. La Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
consideró que “[…] Tampoco se acreditó que, las demás sumas reportadas en el
hallazgo de la auditoría realizada por la Contraloría estuviesen soportadas en los
contratos que, según el demandante se debieron suscribir en razón de la calamidad
pública que atravesó el municipio como consecuencia de la emergencia presentada
en Hidroituango en el año 2018. Lo anterior, aun cuando, a pesar de que el
demandante demostró la calamidad pública sufrida por el municipio en el año 2018
no hizo lo mismo en relación con las actividades realizadas o los contratos suscritos
y/o ejecutados por el ente territorial para justificar los gastos y transacciones que
motivaron el proceso de responsabilidad fiscal. […]”.
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44. El contrato de prestación de servicios que se allegó tiene por objeto la “[…]
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAES ESPECIALIZADOS PARA
BRINDAR ASESORÍA INTEGRAL CALIFICADA EN LA GESTIÓN DE LA
EMERGENCIA PRESENTADA POR EL PROYECTO DE HIDROITUANGO, no
guarda relación con las transacciones investigadas y no puede ser tenido en cuenta
como soporte de las mismas por cuanto ni siquiera aparece firmado por las partes,
esto es, no hay prueba de su perfeccionamiento […]”.
De la gestión fiscal y la culpa grave
45. El Alcalde, en calidad de representante del Municipio de Nechí, es
responsable del manejo y disposición de los recursos públicos de dicho ente, lo que
implica que está a cargo de la gestión fiscal“[…] Ello se encuentra soportado como
lo indicó la accionada en el manual de funciones de la entidad específicamente en
el numeral 3 de la ficha de descripción del cargo de alcalde municipal en el que
entre otras se relaciona la función de: “Ordenar los gastos municipales de acuerdo
con el plan de inversión y el presupuesto, garantizando el cumplimiento de la
normativa referida a saneamiento fiscal” […]”.
46. El Alcalde del Municipio de Nechí delegó en el Secretario de Hacienda, entre
otras funciones, el pago de las obligaciones contractuales “[…] aunque esta figura
es permitida en los términos de los artículos 9 a 12 de la Ley 489 de 1994 así como
del artículo 30 de la Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 92 de la Ley 136 de
1994, con la delegación el representante legal no se ve exonerado de
responsabilidad por las irregularidades que en el desarrollo y cumplimiento de dicha
función pueda incurrir el delegado, menos aún en materia contractual […]”.
47. En el caso sub examine, los pagos que ocasionaron el daño patrimonial del
Municipio de Nechí “[…] se derivaron de una falta de organización de la contratación
del ente territorial. El alcalde no tenía pleno conocimiento de los contratos que se
suscribían en el municipio y ello se demostró en tanto su defensa se centró en que
las transacciones efectuadas se derivaron y fundaron en contratos que
supuestamente se suscribieron con motivo de la calamidad pública que se presentó
en Nechí para el año 2018 en razón de la emergencia presentada en Hidroituango.
Contratos de los cuales no obra prueba de su celebración y perfeccionamiento y
menos de su ejecución […]”.
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48. La falta de vigilancia y control sobre las funciones delegadas al Secretario de
Hacienda“[…] en especial la relativa al pago de obligaciones dio lugar a un
detrimento patrimonial que pudo evitarse si el señor CORTÉS hubiese tenido control
del manejo de los recursos públicos a su cargo. […] En tal sentido, la conducta del
señor CORTÉS TEJADA es reprochable, en tanto que, sin justificación alguna, pues
como se indicó con precedencia, la delegación no lo exoneraba de sus deberes de
vigilancia y control, desatendió los principios que regulan el ejercicio de la función
pública y de la gestión fiscal […]”.
49. En lo que respecta al nexo causal entre el daño patrimonial y la conducta
desplegada por la parte demandante “[…] estima la Sala que el mismo con su actuar
omisivo y negligente, permitió la generación del detrimento patrimonial. En tal
sentido, el detrimento patrimonial del Estado en la cuantía que se determinó en el
proceso de responsabilidad fiscal es consecuencia directa de las acciones y
omisiones del señor ESVEN CORTÉS TEJADA cuando fue alcalde del municipio de
Nechí […]”.
De la violación del debido proceso
50. En relación con la vulneración al debido proceso como causal de invalidez
de los actos acusados “[…] del análisis previo de la Sala sobre los elementos de la
responsabilidad fiscal, no hay pruebas que permitan establecer que en el trámite
seguido por la Contraloría General de la República se haya pretermitido o
incumplido alguna etapa procesal o impedido a la parte demandante actuar dentro
del proceso de responsabilidad fiscal seguido en su contra […]”.
51. De la revisión del expediente administrativo aportado por la parte demandada
“[…] logra establecer esta Corporación sin dubitación alguna que, la Contraloría a
partir de la presentación del hallazgo referido y en el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal, decretó y practicó pruebas tendientes a establecer si en el
caso analizado se configuraban o no los elementos constitutivos de responsabilidad
fiscal. Además de la revisión de las actuaciones desplegadas por dicha entidad en
el proceso, como los autos de apertura, de imputación, el fallo 020 de 2021, el Auto
No. 035 de 2022 y el Auto URF-213 de 2022 observa la Sala que la Contraloría
realizó un análisis pormenorizado de los elementos probatorios existentes en el
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expediente, así como de los fundamentos de hecho y derecho que presentó el
apoderado del señor ESVEN CORTÉS […]”.
52. Respecto a las pruebas decretadas y que no se practicaron, ello no obedeció
a la conducta de la parte demandada “[…] En el plenario se demostró que, la entidad
expidió y envió en reiteradas oportunidades los oficios y citaciones tendientes a
obtener y practicar dichas pruebas sin que ello se lograra. Ahora bien, las pruebas
solicitadas por la defensa del señor CORTÉS no fueron decretadas en su mayoría,
sin embargo, esta decisión aun cuando en los términos del artículo 24 de la Ley 610
de 2000 pudo haber sido recurrida, no obra prueba de que contra la misma se haya
presentado recurso alguno […]”.
53. Aunado a lo expuesto, la supuesta falta de pruebas de los pagos realizados
por el municipio de Nechí en el año 2018 “[…] que argumenta el demandante se
debe al incendio que ocurrió en dicha entidad, no tiene soporte probatorio alguno,
sumado a que el accionante no logró desvirtuar lo manifestado por la accionada en
cuanto a que el incendio se dio con posterioridad a la realización de auditoría que
arrojó los hallazgos que motivaron el proceso de responsabilidad fiscal y la
inexistencia de dichos soportes para ese momento. Tampoco demostró y ello se
analizó en párrafos anteriores, que se hayan celebrado contratos en razón de la
calamidad pública que se presentó en el Municipio de Nechí que justificara las
erogaciones investigadas […]”.
54. Concluyó que: “[…] no basta con alegar el derecho, debe demostrarse el
mismo a través de los distintos medios probatorios existentes y reconocidos en
nuestro ordenamiento jurídico, luego no es suficiente indicar en la contestación de
la demanda que no procede la nulidad de un acto administrativo, sino que debe
probarse la no configuración de las causales alegadas en el libelo introductorio. En
síntesis, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados por lo que habrán de denegarse las pretensiones de
la demanda […]”.
Recurso de apelación 15
15 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 030RecursoApelacion.pdf
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55. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:
56. El debido proceso se vulnera cuando solo se presume la responsabilidad “[…]
cuando no se realiza un análisis real de los daños generados al ente municipal y
cuando solo se tiene de presente que el equipo auditor no encontró soportes, o no
le entregaron soportes, pero no tiene en cuenta las conciliaciones bancarias, no
tiene en cuenta el reporte testimonial y mucho menos cuando, al conocer quien
podría tener los soportes, no determina su búsqueda real, esto en virtud del
conocimiento público de una emergencia decretada en todo el departamento y del
manejo que se le dio a esta situación […]”.
57. Los documentos aportados por la auditoría y que sirvieron de respaldo para
el fallo de responsabilidad fiscal no son suficientes, dado que “[…] el señor Herrera,
actuó solo, que el señor Cortes en calidad de alcalde encargado, aunque delegó
mediante memorándum a todos los secretarios la responsabilidad de hacer las
cosas bien, este NO LE DELEGO EN NINGÚN MOMENTO LA CAPACIDAD DE
HACER MOVIMIENTOS A MUTUO DE LAS CUENTAS Y NO PODRIA SER ESTE
RESPONSABLE DE ESTE TIPO DE ACTUACIONES POR FUERA DE LA LEY, Y
MUCHO MENOS ordenó el pago de contratos sin los debidos soportes, situación
que está claramente definida en los mismos testimoniales […]”.
58. El Secretario de Hacienda actuó con dolo “[…] es claro que todas las
transacciones realizadas y los movimientos a la cuenta bancaria del señor JAIME
HERRERA ANGULO, fueron ejecutadas por el mismo, y lo mismo pasó con las
transferencias a terceros. Por lo anterior al no existir culpa grave menos dolosa por
parte del señor Esven cortes quiere decir, que no se integran los elementos
esenciales de la responsabilidad fiscal […]”.
59. El presunto daño patrimonial por valor de $1.165.826.426 “[…] riñe con lo
supuestamente encontrado y el cual no fue cotejado de ninguna forma y por ende
no demuestra donde se genera el daño, pues si bien se observan unos documentos
sin soporte, esto por sí mismo género un daño pues los soportes como se adujo
están dentro de otro estamento que dio las ordenes en virtud de la calamidad,
situación que nunca fue verificada por el equipo auditor de la CGR, razón por la cual
se violenta el proceso y se genera una presunción no probada […]”.
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60. La parte demandada no identificó si los dineros fueron adecuadamente
utilizados en la calamidad decretada “[…] y esto deja claro que no se demostró el
mal uso de los recursos, solamente se determinó que algunos gastos no tienen
soporte físico, pero tampoco tiene en cuenta que mucha de información física
(comprobantes egreso y soportes) reposan en el PMU de la Gobernación y/o EPM,
y al momento de realizar la investigación en el municipio no podrían reposar por el
incendio que ocurrió en la alcaldía, donde se quemó toda esta, situación que es de
público conocimiento y que fue un acto vandálico ocurrido en el municipio […]”.
61. Frente a los depósitos y traslados en cuenta y en nombre propio, era “[…]
imposible evitar por parte del señor Cortes, la conducta dolosa del señor Herrera,
pues no tenía conocimiento de que el señor Herrera estuviera apropiándose de los
recursos del municipio, aprovechándose de la situación de emergencia que
atravesaba el municipio de Nechí, entonces según la hipótesis de la CGT y del
Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, le correspondía al señor alcalde E.
estar pendientes de todas las actividades del señor Herrera y no proceder a
solucionar los problemas gravísimos del municipio de Nechí, sin tener en cuenta el
deber funcional de los diferentes entes internos de control, como control interno y la
contadora con sus conciliaciones […]”.
62. La parte demandada nunca realizó una evaluación económica del valor de
las obras que se ejecutaron durante el estado de emergencia decretado “[…] obras
que durante esta emergencia se realizaron y fueron producto de las acciones
propias de una calamidad de grandes magnitudes y que debieron ser analizadas
desde la óptica de la situación como tal, no dejando inconclusa ninguna obra,
mismas que fueron pagadas con recursos propios del municipio y con la debida
diligencia, no puede por lo tanto darse una responsabilidad fiscal por un detrimento
inexistente y solamente presunto, en virtud de lo acaecido con el señor CORTES
TEJADA, así mismo el fallo de primera y de segunda instancia no establece en la
sanción el grado de responsabilidad de cada uno de los supuestos responsables
fiscales, por lo cual no podría aplicárseles el mismo monto de sanción […]”.
63. La sanción debe ser analizada según la conducta y ser consecuente con las
actuaciones “[…] si la labor investigativa solo se realizó a unos documentos, la labor
de la defensa mostró testimonios de todo el equipo de trabajo y de todos los
responsables funcionales, demostrando que no podría el equipo auditor determinar
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la no existencia de soportes, a mutuo pues solo observaron una conciliación no
contable, pero si del mismo equipo auditor sin soportes, desconociendo si lo
ejecutado fue debidamente realizado o no, y si verdaderamente se realizaron las
obras o no […]”.
64. Concluyó que: “[…] no solo basta con probar la existencia de culpa, sino que
la misma debe corresponder a una conducta grave, a una grave negligencia o
imprudencia, que implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con
natural cuidado […] En suma, bajo los preceptos del Estado social de derecho, no
deben existir fallos con responsabilidad fiscal que obliguen al resarcimiento de
daños a quienes no los han generado a través de una conducta dolosa o
gravemente culposa, ya que, de producirse decisiones así, estaríamos frente a una
arbitrariedad del Estado y un acto viciado […]”.
Actuación en segunda instancia
65. Este Despacho, mediante auto de 11 de marzo de 202416, admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, en
primera instancia, el 22 de enero de 2024 por la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
66. Vistos los numerales 4.° a 6.° del artículo 247 de la Ley 1437, sobre trámite del
recurso de apelación contra sentencias, encuentra el Despacho sustanciador que,
las partes no se pronunciaron en relación con el recurso de apelación y tampoco fue
necesario realizar el decreto de pruebas.
II. CONSIDERACIONES
67. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría General de la
Republica en los procesos de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo del
proceso de responsabilidad fiscal; vi) el marco normativo de la culpa como elemento
de la responsabilidad fiscal; vii) el marco normativo del daño patrimonial al Estado;
16 Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI.
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viii) el marco del debido proceso administrativo; ix) el marco normativo del régimen
probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal; y x) el análisis del caso en
concreto.
Competencia de la Sala
68. Vistos el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 17, sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
69. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
70. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 22 de enero de 2024 por la Sala Quinta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con los artículos 320 y 328 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 2012.
Actos acusados
71. Los actos acusados 18 son los siguientes:
74.1. El fallo con responsabilidad fiscal de 29 de septiembre de 2021 19 resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal, en cuantía MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.277.978.928) de manera solidaria en
contra de los señores ESVEN CORTES TEJADA identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 71.769.959, y JAIME ANDRES HERRERA ANGULO, identificado con
17 “[…] Artículo 150. Inciso modificado por el artículo 25, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]”
18 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin
perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
19 Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 003PruebasdemandaEsven.pdf. Folio 52.
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la cédula de ciudadanía No. 92.537.306, a título de Culpa Grave, de acuerdo a lo
considerado en la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. El valor total del detrimento patrimonial, es decir, la suma de
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.277.978.928) deberá ser
consignado en la cuenta corriente N° 050-00120-5 del Banco Popular, denominada
DTN – Responsabilidad Fiscal y Auditoría –Contraloría General de la República.
ARTÍCULO TERCERO. Declarar civilmente responsable a la compañía Aseguradora
Solidaria de Colombia con NIT 860.524.654-6. En consecuencia, incorporar al
presente fallo con responsabilidad fiscal la siguiente póliza y en la siguiente cuantía:
(…) $48.182.948
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente providencia de
conformidad con los artículos 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaría
Común de la Gerencia Departamental Colegiada, a:
• ESVEN CORTES TEJADA a través de sus apoderados contractuales Dr. JUAN
CARLOS TORO PUERTA identificado con cédula de ciudadanía No. 71.715.932,
titular de la Tarjeta Profesional No. 246.708 del C. S. de la J y Dra. JENNY MABEL
PAREJA RUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1128386732 abogada en
ejercicio, titular de la Tarjeta Profesional No. 281.572 del C. S. de la J, quienes se
localizan en la carrera 42 No. 3 sur 81 Torre 2 Interior 614 Distrito de Negocios Milla
de oro – Medellín y a los correos electrónicos abogadajennypareja@gmail.com y
jtoropuerta@gmail.com abogadojuantoro@outlook.es
• JAIME ANDRES HERRERA ANGULO autorizó notificaciones electrónicas al correo
jaimeaherreraangulo@yahoo.co y a través de su apoderado de oficio señor
SEBASTIAN DUARTE GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía
1.152.694.886, quien autorizó las notificaciones electrónicas a los correos
sebastian.duarteg@comunidad.iush.edu.co y sebas-duartegiraldo@hotmail.com
• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NIT 860.524.654-6 a través de su
apoderada ANGEE CAROLINA SALAZAR HERNÁNDEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía No.52.717.630 de Bogotá, con tarjeta profesional No.255.640 C.S. de
la J quien se localiza en la Calle 100 No. 9 A - 45 Piso 12 torre 3 de la ciudad de
Bogotá y en el correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente fallo con responsabilidad fiscal proceden los
recursos de Reposición y Apelación, los cuales se interpondrán ante la Gerencia
Departamental Colegiada de Antioquia de la Contraloría General de la República,
ubicada en la carrera 46 No. 52-36, piso 8 del Edificio Vicente Uribe Rendón, en
Medellín, o al correo electrónico beatriz.montoya@contraloria.gov.co por escrito
dirigido a la Abogada sustanciadora Beatriz Eugenia Montoya Yepes, dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación […]"
74.2. El Auto núm. 035 de 13 de enero de 2022 20, “[…] AUTO QUE RESUELVE
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO N° 020 DEL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 Y RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA
20 Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 003PruebasdemandaEsven.pdf. Folio
186.
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DIRECTA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL N° 2019-00787 […]”, que resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo con
responsabilidad fiscal No. 020 de 29 de septiembre de 2021 de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. DENEGAR la solicitud de revocatoria directa presentada por
la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia.
ARTÍCULO TERCERO. CONCEDER el recurso de apelación presentado por el Dr.
Juan Carlos Toro Puerta en calidad de apoderado de Esven Cortes, para lo cual se
remitirá el expediente a la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría
Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de
la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO CUARTO. CONSULTA. Enviar el expediente a la Unidad de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal,
Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, para
que surta el grado de consulta, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 132 del Decreto Ley 403 de 2020.
ARTÍCULO QUINTO. RECONOCER personería para actuar como apoderado de la
Aseguradora Solidaria de Colombia al Dr. Germán Londoño Giraldo, identificado con
la cédula de ciudadanía 79.532.271 y portador de la TP 122.814 del C. S. de la J.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR por estado el presente auto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: RECURSOS. Contra la decisión que decide la Revocatoria
Directa no procede recurso alguno […]”.
74.3. El Auto núm. URF- 213 de 18 de febrero de 2022 21, “[…] POR MEDIO DEL
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN Y SE SURTE EL GRADO
DE CONSULTA […]”, que confirmó el fallo de responsabilidad fiscal en los
siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo con
Responsabilidad Fiscal No. 020 del 29 de septiembre de 2021 y el Auto No. 035 del
13 de enero de 2022, mediante el cual se declaró responsables fiscales a los señores
ESVEN CORTÉS TEJADA identificado con C.C. No. 71.769.959 y JAIME ANDRÉS
HERRERA ANGULO identificado con C.C. No. 92.537.306. Igualmente se confirmará
la decisión de vinculación al Fallo con responsabilidad fiscal como tercero civilmente
responsable de la póliza todo riesgo daños materiales No. 565-83-994000000034
expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva des esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría Común de la Gerencia Departamental
Colegiada de Antioquia, notificará esta providencia por estado, de conformidad con lo
21 Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 003PruebasdemandaEsven.pdf. Folio
246.
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establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 4 del Decreto
491 del 28 de marzo de 2020- (Notificación o comunicación de los actos
administrativos), a partir de los lineamientos señalados en los Memorandos
2020IE0039600 del 3 de julio de 2020, 2020IE0060226 del 28 de septiembre de 2020
y en el Memorando 2020IE0046949 del 6 de agosto de 2020 de la Delegada para
Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, a los
responsabilizados fiscales, al tercero civilmente responsable, y/o a sus apoderados
de confianza u oficio.
ARTÍCULO TERCERO: La Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia
comunicará la presente providencia a la entidad afectada, Municipio de Nechí-
Antioquia.
ARTÍCULO CUARTO: La Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, en
cumplimiento del deber consagrado en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley
2080 de 2021, y de conformidad con las pautas establecidas en los Memorandos
2021IE0013460 del 22 de febrero de 2021, 2021IE0019232 de 10 de marzo de 2021
y 2021IE0028179 del 13 de abril de 2021, emanados del despacho de la Contraloría
General de la República, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza del Fallo
con responsabilidad fiscal, procederá a remitir el expediente contentivo del proceso
de responsabilidad fiscal a la Secretaría del Consejo de Estado para el ejercicio del
control automático de legalidad del presente Fallo con responsabilidad fiscal.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir el expediente a la Gerencia Departamental Colegiada
de Antioquia para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Por el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal-
SIREF, realizar los respectivos registros y trasladar el expediente a la Gerencia de
origen, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica No.
RG-ORG-0036- 2020 de 17 de junio de 2020, de la Contraloría General de la
República.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
[…]".
Problema jurídico
72. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
73. Si se vulneró el debido proceso de la parte demandante por indebida
valoración probatoria.
74. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.
Marco normativo de las atribuciones ejecutadas por la Nación – Contraloría
General de la República
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75. Visto el numeral 5.° del artículo 268 22 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
76. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República,
entre otros aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal,
la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.
Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal
77. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
dispone:
“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.
78. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 23 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva
entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
22 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
23 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”23.
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cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.
79. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.
80. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.
81. Visto el artículo 5.° de la Ley 610, los elementos de la responsabilidad fiscal
son los siguientes:
82. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.
83. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio
público por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el
deterioro de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos,
generada por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna
que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías 24.
84. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
85. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
24 Artículo 6.° de la Ley 610
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irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.
Marco normativo de la culpa como elemento de la responsabilidad fiscal
86. Como quedó visto, la Ley 42 reglamentó en los artículos 72 y siguientes el
proceso de responsabilidad fiscal, pero no hizo mención al grado de culpa en que
debían incurrir quienes tuvieran a su cargo la gestión fiscal para efectos de declarar
su responsabilidad.
87. Visto el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 610, se refirió al grado de culpa
generador de responsabilidad fiscal en los siguientes términos:
“[…] Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión
fiscal.
Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende
sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.
Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer
responsabilidad fiscal será el de la culpa leve." […]”. (Destacado fuera de texto)
88. Visto el artículo 53 de la Ley 610, respecto del mismo concepto dispuso:
“[…] "Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente
proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio
público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes. […]”. (Destacado fuera de texto)
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89. La Corte Constitucional 25 declaró inexequibles los textos acusados con los
siguientes argumentos:
“[…] 6. (…) En el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de
imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el
inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los
agentes frente al Estado.
6.1. (…) a diferencia de lo que ocurre con la acción de repetición, el constituyente no
señala un criterio normativo de imputación de responsabilidad fiscal -entendiendo por
tal una razón de justicia que permita atribuir el daño antijurídico a su autor […]
6.2. En ese contexto, es entendible que el criterio normativo de imputación de la
responsabilidad fiscal sea determinado por el legislador con base en el artículo 124
de la Carta, de acuerdo con el cual "La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva" […]
6.3. Pero entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿El legislador es autónomo
para determinar la fuente de la responsabilidad fiscal? Desde luego que no. En
ejercicio de la libertad de configuración política, en particular para regular los
procedimientos judiciales y administrativos, aquél se encuentra sometido al conjunto
de valores, principios, derechos y garantías que racionalizan el ejercicio del poder en
el Estado constitucional. […]
6.4. […] El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha
determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales
en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede
concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de
equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos
elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el
caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta […]
6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las
expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un
régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el
constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la
acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a
la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de
responsabilidad y remite a la culpa leve […]
6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura
un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un
fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para
la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.
Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación
proporcional […]
6.8. Téngase en cuenta que ambas modalidades de responsabilidad -tanto la
patrimonial como la fiscal- tienen el mismo principio o razón jurídica: la protección del
patrimonio económico del Estado. En este sentido, la finalidad de dichas
responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir
una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están
determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se
estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos
axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión
25 Corte Constitucional. Sentencia C- 619 de 8 de agosto de 2002
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imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del
agente. […]
6.11. […] desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la
diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente
discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que,
por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad
material. […]”. (Destacado fuera de texto)
90. Conforme la sentencia citada supra, al legislador le está vedado establecer
un régimen de responsabilidad patrimonial con una exigencia de conducta mayor
que aquella que es utilizada para determinar la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos a través de acción de repetición, en los términos previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.
Marco normativo del daño patrimonial al Estado
91. De conformidad con el artículo 5.° de la Ley 610, son elementos de la
responsabilidad fiscal: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona
(natural o jurídica) que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii)
un nexo causal entre los dos elementos anteriores.
92. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se entiende
“[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento
al patrimonio público […]” 26 (Destacado fuera de texto).
Marco normativo del debido proceso administrativo
26 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a los
intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la inexequibilidad
de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.
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93. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.
94. El Decreto 1 de 2 de enero de 1984 27 y la Ley 1437 regulan, de acuerdo con
el régimen de transición y vigencia, los procedimientos administrativos: entendidos
como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que
sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto
administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica,
general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la
manifestación de la voluntad.
95. Las normas citadas constituyen el marco general para el trámite de los
procedimientos administrativos a los que es aplicable esa normativa, salvo el evento
en que el trámite se encuentre regido por una norma especial, caso en el cual la
administración tiene la obligación de aplicar ese procedimiento, por disposición
expresa de los artículos 1.° del Decreto 1 de 1984 y de la Ley 1437.
Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal
96. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:
97. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado 28.
98. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
27 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
28 Artículo 23
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denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]” 29.
99. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquier medio de prueba 30 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional 31.
100. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal 32.
101. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado
del auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.
102. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de
traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República
debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que
considere pertinentes y conducentes.
103. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.
104. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.
105. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
29 Artículo 24
30 Artículo 25
31 Artículo 26
32 Artículo 32
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manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.
106. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.
107. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.
Acervo probatorio
108. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes 33:
109. Oficio con radicado SIGEDOC N° 20191E0060563 de 12 de julio de 2019 por
el cual se trasladó a la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la
Contraloría General de la República el hallazgo de pagos sin la existencia de
obligaciones contractuales y sin soportes 34.
110. Declaración juramentada rendida por Yasuri Velásquez Suárez 35
111. Declaración juramentada rendida por Luis Tadeo Machado Romero 36.
112. Manual de funciones y competencias laborales del Alcalde del Municipio de
Nechí 37.
33 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Las de la parte demandante en el archivo
denominado:003PruebasdemandaEsven. Las de la parte demandada en el archivo denominado:
014ContestacionDemandaAnexo01.
34 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folio 1.
35 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 19 a
20.
36 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 32 a
33.
37 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 237
a 242.
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113. El Gobernador del Departamento de Antioquia, el 14 de mayo de 2018,
declaró la situación de calamidad pública para jurisdicción del Municipio de Nechí,
entre otros38.
114. Mediante Decreto núm. 0058 de 17 de mayo de 2018, el Alcalde del Municipio
de Nechí (Antioquia) declaró una situación de calamidad pública en el Municipio de
Nechí.
115. Declaración juramentada rendida por Andrés José Borja Pajón 39.
116. Informe número 1 de interventoría técnica, financiera, administrativa y
ambiental para la construcción de unidades sanitarias rurales, correspondiente al
contrato de obra pública número 007-2018, en el Municipio de Nechí (Antioquia), de
1.º de octubre al 7 de diciembre de 2018 40.
117. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente administrativo
de responsabilidad fiscal 41.
118. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en el caso sub examine.
Análisis del caso concreto
119. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso
sub examine.
Análisis sobre el elemento de daño patrimonial al Estado
38 Ibid. Folios 252 a 257.
39 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC41.Folios 21 a
22.
40 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 156
a 178.
41Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI.
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120. En los actos acusados, la parte demandada individualizó la conducta
desplegada por la parte demandante, quien ejerció como alcalde encargado del
Municipio de Nechí, y su nexo con el daño patrimonial causado al Estado, en los
siguientes términos:
“[…] ESVEN CORTES TEJADA identificado con Cédula de Ciudadanía
No.71.769.959, en su condición de alcalde municipal de Nechí (Encargado) para la
época de los hechos, desde el 03 de octubre de 2017 hasta el 21 de diciembre de
2018 nombrado mediante decreto de 29/09/2017 con radicado 2017070003893 y
posesionado mediante acta del 03 de octubre de 2017, el cual según el manual de
funciones tenía la obligación de:
[…] • Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el
Presupuesto, garantizando el cumplimiento de la normativa referida a saneamiento
fiscal”.
Tal como se evidenció en el trámite del presente proceso, el gasto ordenado no
obedeció a lo establecido en el presupuesto del Municipio de Nechí, faltando con ello
a la obligación señalada en el manual de funciones y a lo concretado en el citado
manual, numeral 4, en cuanto a la siguiente contribución individual:
[…] • Los cheques, órdenes de suministro y constancia de traslados son concretados
en concordancia con lo dispuesto en el presupuesto, en el plan de compras y en plan
anualizado de caja.
El señor Esven Cortes tenía la función de vigilancia sobre los recursos y bienes del
municipio, y sin embargo se realizaron pagos y transacciones por él ordenadas, sin
que ellas correspondieran a contrato alguno, por lo que inequívocamente se
encuentra investido de gestión fiscal (…)
En este evento, los señores Esven Cortes Tejada y Jaime Andrés Herrera Angulo, en
calidad de alcalde y Tesorero respectivamente, faltaron a las funciones antes
descritas, realizando pagos sin soportes de las ejecuciones contractuales, conducta
que se califica como de negligente y poco prudente en el manejo de los recursos
públicos, por lo cual el daño patrimonial se endilga a título de culpa grave (...)
Para el caso existe relación de causalidad, toda vez que la conducta desplegada por
los señores Esven Cortes Tejada y Jaime Andrés Herrera Angulo, en calidad de
Alcalde y Tesorero respectivamente y que es calificada dentro del presente auto
como de culpa grave, es la causa directa del daño patrimonial objeto de la presente
investigación ya que no cumplieron a cabalidad con las funciones asignadas, tal como
se mencionó anteriormente, y al existir la certeza de un daño patrimonial al estado y
este ser producto de quien ejercía gestión fiscal, se encuentra claramente establecido
un nexo causal […]”42.
121. Por su parte, el a quo analizó el acervo probatorio allegado al expediente con
la finalidad de determinar si, en el asunto sub examine, obraba alguna prueba que
condujera a la certeza de la existencia de daño al patrimonio público, elemento
esencial para proferir un fallo con responsabilidad fiscal.
42 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: 003PruebasdemandaEsven. Folio 162.
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122. En ese sentido, destacó los siguientes aspectos relevantes:
“[…] el Municipio de Nechí realizó transferencias electrónicas sin los respectivos
soportes de ejecución contractual alguna, lo cual se discriminó en 3 ítem
correspondientes a cada cuenta maestra; determinando el daño de la siguiente
manera:
ITEM 1
De la Cuenta Maestra — SGP Educación, Banco Agrario de Colombia, cuenta No.
0-1444-000923-2, se presentó lo siguiente:
• El 18 de mayo de 2018 se evidencia en el extracto bancario, un traslado a la cuenta
01444000580-0 Recursos propios por $100.000.000 y en la misma fecha, se giró el
cheque por $100.000.000 a nombre del Secretario de Hacienda, Jaime Herrera
Angulo, sin los soportes que diera lugar a dicho pago tal como se evidencia en la
conciliación 0000000327 de 28 de diciembre de 2018 y del cheque No. 007284 de
18 de mayo de 2018
[…] • El 19 de junio de 2018, en el extracto Bancario, se observa traslado por
$100.000.000 a la cuenta No. 01444000580-0 Municipio Nechi - Participación en
propósito (Recursos propios). Banco Agrario de Colombia y en la misma fecha se
observa el giro de dos cheques de la cuenta de recursos propios así: Cheque No.
296 por $60.000.000 y cheque No. 297 por $20.000.000, a nombre del Secretario
de Hacienda, Jaime Herrera Angulo, sin que medie soporte para dichos pagos, y
los $20.000.000 restantes, la administración no suministró información que
permitiera determinar el beneficio de estos, tal como se observa en el oficio
denominado: "25. AG8.R.62 Rpta Observ N° 2 Rad 2019ER0052120 del 24 05
2019" para un total de $100.000.000.
[…] • El 29 de junio de 2018, se trasladó a la cuenta 01444000580-0 Recursos
Propios por $150.000.000 y en la misma fecha se giró de la cuenta de recursos
propios, el cheque No. 007298 de 29 de junio de 2018 por valor de $160.000.000 a
nombre del señor Luis Machado Romero representante legal de la empresa
FUNDACOL con NIT 823.003.276-5 sin que se evidencie soportes para dicho pago.
[…]
De acuerdo a lo anterior, se realizaron pagos sin soportes de la cuenta maestra de
Educación por TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($350.000.000).
ITEM 2
En la Cuenta Maestra SGP — Propósito General Banco No. 897051686 del
Banco de Bogotá, se presentó lo siguiente:
• Transacciones bancarias a la cuenta No. 37171753059 de Bancolombia a nombre
de la señora Yasuri Velásquez Suarez identificada con C.C 1.038.110.579 y al
verificar la contratación financiada con recursos del SGP, celebrada por la
administración municipal durante la vigencia 2018, no se evidenciaron contratos a
nombre de dicha persona; sin embargo, se reflejan transacciones bancarias
mediante los cuales se efectuaron pagos sin la existencia de soportes que den
origen a obligaciones contractuales entre el Municipio de Nechí Antioquia y un
tercero, como se relaciona a continuación:
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[…] De acuerdo a lo anterior, se realizaron pagos sin soportes de la cuenta maestra
de Educación por SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($75.774.968).
ITEM 3
En la Cuenta Maestra — SGP Propósito General, Banco de Bogotá, cuenta No.
897048773, se evidenció lo siguiente:
• Se estableció en el auto de apertura que se realizaron pagos a la empresa
FUNDACOL con NIT 823.003.276-5, como se describe a continuación, sin que
mediara contrato y soporte por los pagos o sumatoria de estos, los cuales se
relacionan a continuación:
[…] Sin embargo, como se pudo probar en la presente investigación, de los
$461.171.115 transferidos a FUNDACOL, $321.119.657 obedecieron a los pagos
realizados en razón al contrato 007 de 2018 cuyo objeto fue: "construcción de
unidades sanitarias en el área rural del Municipio de Nechí" por lo que el daño
establecido para este hecho es por cuantía de $140.051.458.
• Se observan transferencias de recursos por $600.000.000, por concepto de
proveedores, sin que se evidencie soportes que dieran origen a pagos de
obligaciones contractuales celebradas por la administración municipal, los cuales
se relacionan a continuación:
• Pagos a la empresa FUNDACOL con NIT 823.003.276-5, como se describe a
continuación, sin que medie contrato y soporte por los pagos o sumatoria de estos,
los cuales se relacionan a continuación: […]
• Se observan transferencias de recursos por $600.000.000, por concepto de
proveedores, sin que se evidencie soportes que dieran origen a pagos de
obligaciones contractuales celebradas por la administración municipal, los cuales
se relacionan a continuación:
[…]De acuerdo a lo anterior, se realizaron pagos sin soportes de la cuenta maestra
de Educación por SETECIENTOS CURENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($740.051.458).
Lo anterior, para un valor total de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
($1.165.826.426)
[…] Ahora bien, el contrato de obra pública 007-2018 tuvo un valor de $321.119.657
y las transferencias realizadas al señor Luis Tadeo representante legal de Fundacol
fueron por valor de $461.171.115, es decir, por $140.051.458 más de lo ejecutado
en razón de este contrato, sin evidenciarse un otrosí que adicionara dicho valor.
En aras de analizar si los $140.051.458 pagados a Fundacol obedecen a otra
ejecución contractual, este Despacho verificó el Contrato de suministro 003 de 2018
por valor de $147.738.500, suscrito entre Luis Tadeo Machado en calidad de
representante legal de Fundacol y Esven Cortés Tejada en calidad de alcalde del
Municipio de Nechí cuyo objeto es: "suministro de sillas escolares tipo universitaria
para las instituciones educativas oficiales del Municipio de Nechí".
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Demandante: Esven Cortes Tejada
Se evidenció entonces que el contrato de suministro 003 de 2018 se ejecutó el 08
de mayo de 2018 y tuvo una duración de 45 días y en su cláusula tercera se
estableció como forma de pago un anticipo del 50% y el valor restante cancelado
por actas parciales, por lo que teniendo en cuenta que las transacciones realizadas
a Fundacol motivo de la presente investigación se realizaron a partir del 21 de
septiembre de 2018, estas no obedecen al pago de dicha contratación.
[…] Cómo se puede evidenciar conforme a las pruebas documentales y
testimoniales, el contrato 007 de 2018 cuyo objeto fue: "construcción de unidades
sanitarias en el área rural del Municipio de Nechí por valor de $321.119.657 suscrito
entre Luis Tadeo Machado en calidad de representante legal de Fundacol y Esven
Cortés Tejada en calidad de alcalde del Municipio de Nechí, si fue ejecutado, sin
embargo, el valor del mismo fue por valor de $321.119.657 y las transferencias
realizadas al señor Luis Tadeo representante legal de Fundacol fueron por valor de
$461.171.115, es decir, por $140.051.458 más de lo ejecutado en razón de este
contrato, sin evidenciarse un otrosí que adicionara dicho valor, por lo que, se
desvirtúa el daño por dicha transferencia en cuantía de $321.119.657, y se
evidencia un daño por este hecho en cuantía de $140.051.458
[…] Es importante precisar que en la versión libre rendida por el señor Esven Cortes,
este se limitó a manifestar las actuaciones realizadas durante su administración en
atención de la emergencia sanitaria de hidro Ituango sin aportar pruebas que
soportaran los pagos realizados materia de la presente investigación.
(…) Así las cosas, es claro para el Despacho que el Municipio de Nechí realizó
transferencias electrónicas sin los respectivos soportes de ejecución contractual
alguna, discriminada en 3 ítems
(…) En razón a todas las pruebas analizadas, este Despacho consideró que existe
un daño patrimonial al Municipio de Nechí y que el daño es cierto y actual y en razón
a ello mediante auto 933 de 04 de diciembre de 2020 se decidió imputar
responsabilidad fiscal en contra de los señores ESVEN CORTES TEJADA
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.769.959, en su condición de alcalde
municipal de Nechí (Encargado) y JAIME ANDRES HERRERA ANGULO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.537.306 en su calidad de Secretario
de Hacienda y Tesorero Municipal, de Nechí — Antioquia, para la fecha de
ocurrencia de los hechos […]”.
123. En el caso sub examine, el a quo frente a los cargos estudiados consideró
que “[…] Al respecto ha de indicar la Sala que, no son de recibo los argumentos
expuestos por la parte actora en cuanto a que no existe certeza del daño patrimonial
y su cuantificación. De los documentos que obran en el plenario y en especial de
los autos de apertura, imputación y del fallo mismo se logra establecer sin dubitación
alguna que, existió un daño patrimonial por cuanto en el año 2018 en el municipio
de Nechí, Antioquia se efectuaron unos pagos por valor de (…) ($1.165.826.426)
que no tienen soporte alguno que los justifique. De lo anterior, se encontró soporte
desde el momento de efectuarse la auditoría y establecerse el hallazgo, pues desde
el principio la entidad tuvo soportes probatorios que permitieron determinar con
claridad el giro y pago de unos dineros públicos sin que mediara el respaldo
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contractual, legal o de otro tipo para realizar dichas erogaciones. Aunado a ello, se
observa que en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal se decretaron
pruebas tendientes a establecer la existencia y el monto del daño deprecado sin
que se desvirtuara el mismo […]”.
124. Para justificar su decisión, resaltó que, en atención a la debida valoración
integral del material probatorio allegado al expediente administrativo y al presente
proceso, había lugar a declarar fiscalmente responsable a la parte demandante,
razón por la cual se debe denegar la nulidad de los actos acusados.
125. Ahora bien, según el marco normativo supra, para que se pueda configurar
la responsabilidad fiscal deben concurrir tres requisitos: i) una conducta dolosa o
culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial
al Estado; y iii) que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor
fiscal.
126. En el caso sub examine, la Sala abordará el estudio de los elementos de la
responsabilidad fiscal, debido a que se relacionan con los reparos mencionados por
la parte demandante en el escrito de apelación.
Daño patrimonial
127. Sobre el particular, la Sala encuentra acreditado en el expediente lo
siguiente:
128. Jaime Andrés Herrera Angulo desempeñó el cargo de Secretario de
Hacienda y Tesorero del Municipio de Nechí entre el 20 de febrero y el 24 de
diciembre de 2018, con una asignación básica salarial de $3.161.139 43.
129. La parte demandante ocupó el cargo de Alcalde del Municipio de Nechí entre
el 3 de octubre de 2017 y el 21 de diciembre de 2018, con un salario básico mensual
de $3.468.16444.
130. El 5 de octubre de 2017, la parte demandante remitió un memorando a los
Secretarios de Despacho en virtud del artículo 92 de la Ley 136 de 1994, en el que
indicó: “[…]se les comunica a todos los secretarios de todas las dependencias que
conforman la Administración Municipal de Nechí, sobre la normatividad vigente
43 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC11.Folio 26.
44 Ibid. Folio 27.
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respecto a la delegación de las diferentes funciones a su cargo y que puedo otorgar
en uso de mis facultades y que aunque no hacen parte del Manual de funciones de
cada cargo no tienen prohibición legal, por lo cual se delegan diversas funciones
en aplicación de la responsabilidad ante los diversos entes y frente a lo que debe
ser remitido por parte de la Alcaldía, así como las que son delegatarias de función
normal del municipio, en atención a las diversas facultades que como secretarios
de despacho, se tienen tanto como funciones específicas, y como funciones
delegatarias por mandato del señor Alcalde y en consonancia con la normatividad
expuesta[…]” 45.
131. El Gobernador del Departamento de Antioquia, el 14 de mayo de 2018,
declaró la situación de calamidad pública para jurisdicción del Municipio de Nechí,
entre otros46.
132. El Alcalde del Municipio de Nechí (Antioquia), el 17 de mayo de 2018, declaró
una situación de calamidad pública en el Municipio de Nechí ante la inminente
amenaza de inundación y como medida de prevención se dispuso reforzar el dique
del corregimiento de Colorado para lo cual dispuso el uso de dos volquetas y una
retroexcavadora 47.
133. La parte demandante allegó al expediente un formato de un contrato de
prestación de servicios que tiene por objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA INTEGRAL
CALIFICADA EN LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR EL
PROYECTO DE HIDROITUANGO”, sin embargo, no guarda relación con las
transacciones investigadas y no puede ser tenido en cuenta como soporte de las
mismas, dado que no está diligenciado, no figura el nombre del contratista y ni
siquiera aparece firmado por las partes, es decir, no hay prueba de su
perfeccionamiento 48.
134. En los registros de damnificados y afectaciones de mayo de 2018 no figura
que la Gobernación de Antioquia haya entregado suministros y materiales a los
residentes del Municipio de Nechí 49.
45 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folio 251.
46 Ibid. Folios 252 a 257.
47 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folio 258
48 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 280
a 285.
49 Ibid. Folios 285 a 303
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135. En la Cuenta Bancaria Maestra núm. 0-1444-000923-2-SGP Educación, el
18 de mayo de 2018, se efectuó un traslado de $100.000.000 de la cuenta núm.
0144400580-0 Municipio de Nechí - recursos propios Banco Agrario de Colombia,
según el extracto bancario, lo cual coincidió con el giro de un cheque de la misma
cuantía al señor Jaime Andrés Herrera Angulo, sin soporte alguno, de acuerdo con
la conciliación 000000327 del 28 de diciembre de 2018 y el cheque núm. 007284
del 18 de mayo de 2018 50. Los cheques que se analizarán llevan la firma de la parte
demandante:
50 Ibid. Folio 28
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136. El 19 de junio de 2018, en el extracto bancario se registra un traslado de
$100.000.000 a la cuenta No. 01444000580-0 Municipio de Nechí - recursos
propios. Se determina que en esa fecha se realizaron dos giros desde la cuenta de
recursos propios: el cheque núm. 296 por $60.000.000 y el cheque núm. 297 por
$20.000.000, ambos a nombre nuevamente del Secretario de Hacienda y Tesorero,
Jaime Andrés Herrera Angulo, sin contar con ningún respaldo que los justifique.
Además, no se proporcionó justificación por parte de la administración respecto de
los $20.000.000 restantes 51.
51 Ibid. Folios 29 y 30.
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137. El 29 de junio de 2018, se trasladó a la cuenta número 01444000580-0 la
suma de $150.000.000, y en esa misma fecha se giró el cheque No. 007298 por
valor de $160.000.000 al representante legal de FUNDACOL, sin ningún respaldo
que justificara dicho giro 52.
52Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: Sae 1_20190712_CD_TRASL_ANT_IP-2019-
01156_2019IE0060563
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138. En la Cuenta Maestra SGP – Propósito General del Banco de Bogotá,
número 897051686 (ítem 2), se evidenció a través de los documentos contables
que se efectuaron transacciones bancarias a la cuenta No. 37171753059 de
Bancolombia, a nombre de Yasuri Velásquez Suárez, sin que se haya podido
determinar que con los recursos del Sistema General de Participaciones se hayan
celebrado contratos en 2018 con dicha persona. A pesar de esta situación, se
registraron transacciones bancarias que reflejaron pagos, lo que lleva a concluir que
se realizaron pagos desde la cuenta maestra de educación por un valor de
$75.774.968,40 sin contar con los respectivos soportes 53.
139. El 13 de noviembre de 2019, Yasuri Velásquez Suárez 54 rindió declaración
jurada, en la que manifestó haber recibido los pagos y afirmó que no mantenía
ninguna relación contractual con el Municipio de Nechí.
“[…] . PREGUNTA. Recibió usted los siguientes pagos por parte del Municipio de
Nechí: el 19 de noviembre de 2018 dos pagos por valor de $18.943.742 cada uno, el
06 de diciembre de 2018 por valor de $18.943.742, el 13 de diciembre de 2018 por
valor de $18.943.742. CONTESTÓ: Sí señora. PREGUNTA: En razón a cuáles
ejecuciones contractuales se pagaron los citados recursos CONTESTA: Por
contratos que el señor DEY CUELLO MÁRQUEZ tenía con el Municipio de Nechí.
PREGUNTA. Qué contratos ha celebrado con el Municipio de Nechí y en que
vigencias CONTESTÓ. Ninguno. Pero deseo aclarar que ese dinero que yo recibí
porque mi cuñado (DEY CUELLO MÁRQUEZ) me llamó que le hiciera el favor, que le
prestara mi cuenta para él recibir unos pagos de unos contratos de la Alcaldía de
Nechí ya que él me dijo que tenía problemas con la cuenta de él por un embargo y
por ser él mi cuñado sé que no anda en cosas raras, le hago el favor de prestarle mi
cuenta. Esos dineros que yo recibí eran pagos de unos contratos que le habían hecho
a mi cuñado DEY STIVEN CUELLO, el tesorero JAIME HERRERA ANGULO se
53 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.
54 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 19
a 20.
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acercó y nos dijo que se había equivocado en mandar una transacción doble a mi
cuenta y él nos dijo que le devolviéramos el excedente ($18.943.742); yo le pregunté
que por qué yo no le hacía una consignación para no entregar el dinero físico, él me
respondió que esa cuenta del Municipio no podía recibir consignaciones porque era
una cuenta especial que se la entregara a él que él se encargaba de hacer los trámites
para hacer la consignación al Municipio; entonces nosotros (mi cuñado DEY y yo)
retiramos el dinero y se lo entregamos en la "Papelería y Variedades Teresita" donde
trabajo en Caucasia. Luego se repitió la misma situación con un segundo pago por
valor de $18.943.742, que también solicitó la devolución del excedente y también se
le entregó en la Papelería. Para yo recibir estos pagos recibí un poder de mi cuñado
DEY para que el Municipio me pudiera consignar los dineros, este poder se entregó
en la Secretaría de Hacienda; hasta acá todo me pareció normal”.
[…] El jefe de control interno nos dijo que hiciéramos la denuncia en la Fiscalía en
contra del señor JAIME HERRERA ANGULO quien era el Tesorero (la cual se
interpuso y haré llegar a este despacho), el de control interno y un comité del
Municipio me sugirió que devolviera el dinero pero yo les dije que yo de ese dinero no
me había apropiado, que yo sólo había hecho un favor a mi cuñado y que se lo había
entregado al señor JAIME porque él me había dicho que a la cuenta no se podía
consignar […]”.
140. De este modo se encuentra demostrado que se efectuaron transferencias de
fondos a una persona sin vinculación contractual con el Municipio de Nechí, lo que
evidencia claramente la falta de conocimiento sobre el destino de dichos recursos y
revela deficiencias en el seguimiento, supervisión y ejecución de los mismos por
parte de la administración municipal. Esta situación se confirma de manera
inequívoca y precisa. Los fondos transferidos a Yasuri Velásquez Suárez carecen
de documentación que respalde su destino, siendo aún más grave que la entidad
territorial haya solicitado su devolución debido a la irregularidad detectada y la falta
de información sobre su utilización.
141. En la cuenta Maestra del SGP Propósito General, Banco de Bogotá No.
897048773 (Ítem 3) se logró demostrar que se pagó a Fundacol la suma de
$461.171.115 55:
55 Ibid. Folio 60.
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142. El representante legal de Fundacol- Luis Tadeo Machado Romero allegó los
soportes del contrato No. 007 de 2018 y rindió declaración el 18 de noviembre de
2018 en la que manifestó lo siguiente:
“[…] PREGUNTADO: Actuó usted como representante legal de la empresa
FUNDACOL en la vigencia 2018 CONTESTÓ: Sí claro. PREGUNTA: recibió la
empresa FUNDACOL los siguientes pagos por parte del Municipio de Nechí: el 21 de
septiembre de 2018 por valor de $ $120.000.000, el 03 de diciembre de 2018 por valor
de $115.171.1 15, el 06 de diciembre de 2018 por valor de $50.000.000, el 13 de
diciembre de 2018 por valor de $80.000.000 y $25.000.000, y el 14 de diciembre de
2018 por valor de $ $71.000.000. CONTESTÓ: Si claro, pero no todos del mismo
contrato. PREGUNTA: En razón a cuales ejecuciones contractuales se pagaron los
citados recursos CONTESTA: Al contrato de suministro de emergencias, no recuerdo
en que mes, recibí dos transacciones a través de las empresas CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS ENGLOBAR SAS y FUNDACOL en las dos soy el representante
legal, recibí como ciento y pico de millones por él pero no recuerdo el valor exacto, la
ejecución era suministrar todo sobre la emergencia de hidro Ituango que fue como
dos meses, eran brazadas, materiales de encerramiento, zinc, madera, colchonetas,
alimentación, todo porque una población se movió a otra. Otro contrato de sillas,
suministre sillas escolares a las diferentes instituciones del municipio de Nechí, no
recuerdo las instituciones, eso se le entregaba al Secretario de Educación y el las
entregaba a las instituciones, eran como 3.000 0 3.500 sillas. Inicialmente creo que el
contrato valía 190 millones de pesos y luego hicieron una adición por 50 millones de
pesos. Hubo también unas cesiones de créditos de unas prestaciones de servicios
que me cancelaron ellos que consistían en servicios profesionales de derecho, una
asesoría acerca de unos embargos del contratista del municipio que era el señor
Remberto Osuna no tengo los datos de él y me pagó el municipio por valor de doce o
nueve millones no estoy seguro. PREGUNTA. Que evidencias y soportes tiene usted
de esas ejecuciones contractuales. CONTESTÓ Prácticamente todas, los soportes
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de pago no porque eran transferencias, tengo evidencias fotográficas también.
PREGUNTA. Que contratos ha celebrado con el Municipio de Nechí y en que
vigencias CONTESTO. No, sólo esos en el año 2018 […]”56.
143. De este modo, el representante legal de Fundacol trata de justificar los pagos
realizados en virtud de contratos de suministro con ocasión de la emergencia y en
unas cesiones de créditos.
144. No obstante lo anterior, revisado el expediente, se encuentra acreditado que
de esos $461.171.115 transferidos a Fundacol, $321.119.657 correspondieron a
pagos realizados en virtud del contrato núm. 007 de 2018. Este contrato tenía como
objetivo la construcción de unidades sanitarias en el área rural del Municipio de
Nechí. Se determinó que este hecho irregular causó un daño por un monto de
$140.051.458, sin que se haya podido establecer la existencia de contrato o soporte
alguno que justifique el desembolso de estos recursos. La declaración rendida por
el representante legal de Fundacol y las pruebas obrantes en el expediente no
desvirtúan el detrimento evidenciado.
145. Ahora bien, en el Informe final de interventoría técnica, financiera,
administrativa y ambiental para la obra de construcción de unidades sanitarias
rurales, en el Municipio de Nechí (Antioquia) de marzo de 2019 en el que se
concluyó: “los trabajos se desarrollan de manera normal (…) se están construyendo
unidades sanitarias seguras, utilizando materiales de primera calidad” 57.
146. El interventor del contrato número 007-2018, Andrés Borja, en su declaración
juramentada manifestó lo siguiente:
“[…] PREGUNTA: ha sido usted contratista o ha tenido algún tipo de relación
contractual con el municipio de Nechí CONTESTÓ: Si. PREGUNTA: fue usted
interventor del contrato de obra pública 007-2018 cuyo objeto fue: "Construcción de
unidades sanitarias en el área rural del municipio de Nechí Departamento de
Antioquia" CONTESTA: sí. PREGUNTA: indíquele al Despacho como se ejecutó
dicho contrato CONTESTÓ: el contrato de interventoría por licitación se tramitó la
papelería pertinente, participé en la licitación, se ganó se firmó contrato se firmó acta
de inicio y se arrancó ejecución como tal. La ejecución fue sin mayores contratiempos
por parte del contratista, se arrancó normal la obra, se aprobó la forma de pago por
actas parciales donde la interventoría solamente aprobó y firmo una sola acta, porque
incluso nosotros nos damos cuenta de los manejos irregulares cuando pedimos
el estado financiero de esos dineros, nos damos cuenta que se han hecho
movimiento de tesorería sin ningún soporte técnico ni aval por parte de la
56 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 32
a 33.
57 Ibid. Folios 180 a 214.
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interventoría. Y legalmente esos son los documentos soportados donde la
interventoría firma solo un acta y el acta de liquidación. Se hace la liquidación bilateral
nosotros descontamos unos dineros al contratista y se liquida entre el municipio y la
interventoría. Los recursos que se le descuentan al contratista son por mayores y
menores cantidades de obra y se hace un acta aclaratoria del manejo irregular de
esos dineros donde la interventoría ni el municipio tenía conocimiento de ellos.
PREGUNTA: Puede usted certificar que el contrato 007 de 2018 se recibió a
satisfacción CONTESTÓ: El contrato de obra como tal si, porque la obra se
ejecutó y bien, quedó funcional, lo irregular fue el manejo entre tesorería y el
contratista que como se puede ver este firmó contrato hoy y al día siguiente
tenía recursos en su cuenta sin ningún soporte ni aprobación. PREGUNTA:
Recuerda usted el valor pagado por el Municipio de Nechí en razón al contrato 007
de 2018. CONTESTÓ: no recuerdo exactamente la cifra era por trescientos millones
y pico PREGUNTA. Indíquele al Despacho específicamente en que zonas rurales se
realizó la construcción de las unidades sanitarias CONTESTÓ: se hicieron en la
vereda Caño Pescado 17 unidades, Chispa, 14 unidades y Esperanza 16 unidades
PREGUNTA: Tiene usted documentos que demuestren la ejecución contractual que
puedan ser aportados a esta investigación CONTESTA: si incluso yo le envié un
correo donde le informé que esos documentos reposan en la entidad y le envié los
documentos que tengo. PREGUNTA: Desea agregar algo más a la presente
diligencia. CONTESTÓ: los pagos que se ejecutaron se le hicieron al contratista sin
legalizar documentos por parte de la interventoría ahí se dieron cuenta de los
movimientos irregulares y el acta parcial que la interventoría firmo y aprobó era porque
se encontraba ejecutado […]”58. (Negrillas fuera de texto)
147. Conforme a lo expuesto, el interventor del contrato observó en los estados
financieros la presencia de manejos irregulares de los fondos públicos, sin los
correspondientes respaldos contractuales. Esto evidencia un desorden
administrativo y la ausencia de controles que permitieron el menoscabo de los
recursos del Municipio de Nechí, Antioquia.
148. Aunado a lo anterior, el testimonio de Andrés José Borja Pajón no justifica el
excedente de pago por las sumas correspondientes al detrimento patrimonial del
proceso de responsabilidad fiscal.
149. Así las cosas, las declaraciones recaudadas en el curso del proceso no
permiten desvirtuar el detrimento patrimonial. En primer lugar, Yasuri Velásquez
Suárez acepta haber recibido la transferencia de dinero del Munic ipio de Nechí
como un favor personal a su cuñado, Dey Stiven Cuello, sin que dicha operación
tenga fundamento en una relación contractual. En segundo lugar, las transferencias
realizadas al representante legal de Fundacol, como se ha reiterado, carecen de
soporte documental que permita desvirtuar el detrimento, y no se ha acreditado la
celebración de un contrato de suministro con el ente territorial por una emergencia,
58 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC41.Folios 21
a 22.
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según su declaración. En tercer lugar, el interventor del contrato número 007-2018
manifestó que se cumplió con el contrato de obra; sin embargo, señaló que "[…] lo
irregular fue el manejo entre tesorería y el contratista, ya que, como se puede
observar, este firmó el contrato un día y al siguiente tenía recursos en su cuenta sin
ningún respaldo ni aprobación […]”.
150. Para la Sala no se ha probado que las demás cifras consignadas en el
informe de auditoría elaborado por la parte demandada estén respaldadas por los
contratos que, según la parte demandante, debieron ser suscritos en virtud de la
calamidad pública derivada de la emergencia en el proyecto de Hidroituango para
el año 2018. En ese orden, a pesar de la demostración de la situación de calamidad
pública afrontada por el Municipio de Nechí durante el año en cuestión, no se ha
proporcionado información suficiente acerca de las actividades emprendidas o los
convenios celebrados y ejecutados por el ente territorial para justificar los
desembolsos y las operaciones que motivaron el hallazgo en el proceso de
responsabilidad fiscal.
151. Asimismo, la Sala advierte que se realizaron transferencias de recursos por
valor de $600.000.000 destinadas a proveedores, sin que se encontraran respaldos
que justificaran los pagos de las obligaciones contraídas por la administración
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152. La Sala considera que las pruebas obrantes en el expediente permiten
determinar con certeza que se causó un daño, dado que se realizaron movimientos
de dinero de las cuentas del Municipio de Nechí (Antioquia) en mayo, junio,
noviembre y diciembre de 2018 hacia otras cuentas, y se efectuaron retiros con
cheques sin que en el proceso se demostrara que tuvieran fundamento en una
relación contractual del ente territorial, la situación de emergencia por Hidroituango,
o correspondieran a un gasto derivado de la declaración de emergencia.
153. En el caso sub examine, para esta Sala es evidente que se produjo un
detrimento patrimonial del Municipio de Nechí debido a la pérdida de
$1.165.826.426 millones de pesos, provenientes de las cuentas del ente territorial,
los cuales fueron desembolsados a terceros (Yasuri Velásquez Suárez) y al
Secretario de Planeación (Jaime Andrés Herrera Angulo), sin que dichos
desembolsos fueran reembolsados o pagados como contraprestación por algún tipo
de servicio prestado o que hubiera reportado algún beneficio.
154. Al respecto, esta Sala evidencia que la parte demandada revisó los pagos
efectuados a Fundacol en virtud del contrato número 007 de 2018, cuyo objeto era
la construcción de unidades sanitarias en el área rural del Municipio de Nechí, por
un valor de $321.119.657. Sin embargo, los documentos de respaldo no pudieron
desvirtuar el detrimento patrimonial ni demostrar que tuvieran origen en un contrato
de suministro con motivo de la emergencia del proyecto de Hidroituango.
155. La Sala considera que se realizaron pagos sin respaldo desde las cuentas
bancarias del Municipio de Nechí y la información proporcionada, que fue la base
del proceso de responsabilidad fiscal, nunca fue desvirtuada, dado que no se
aportaron al expediente los documentos de respaldo de los gastos no justificados.
156. Asimismo, la Sala advierte que no se puede afirmar que un incendio
provocado en octubre de 2019, sea la razón por la cual se asegure que los respaldos
desaparecieron. Esto se debe a que la parte demandada realizó la auditoría y abrió
la investigación previamente a esa situación. Además, el presunto responsable
fiscal, a pesar de tener todas las etapas del proceso para aportar los documentos
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que acreditaran los gastos efectuados, no lo hizo. Sobre el particular, la parte
demandante afirmó en el recurso de apelación que los recibos de egreso y los
documentos de respaldo de los gastos se encuentran en la Gobernación de
Antioquia y en EPM, prueba que no fue solicitada mediante el derecho de petición
ni con la demanda para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.
157. Por tanto, en la auditoría y en el transcurso del proceso de responsabilidad
fiscal se analizaron los extractos bancarios de la vigencia 2018 de las cuentas
bancarias del Municipio de Nechí, que reflejan transferencias a otras cuentas, las
conciliaciones bancarias y el pago de cheques que no cuentan con respaldo por
contratos, órdenes de pago, comprobantes de egresos y otros documentos
relacionados con la emergencia por el proyecto de Hidroituango que los justifiquen.
158. En este sentido, es relevante destacar que la parte demandada consultó el
SECOP y no encontró sustento de la contratación presuntamente realizada para
justificar los pagos, y no existe evidencia en el expediente de las acciones
realizadas, los contratos o los desembolsos efectuados por la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y EPM para atender la emergencia,
máxime tratándose de entidades independientes.
159. Además, en el expediente no se acreditó que el Municipio de Nechí haya
celebrado convenios interadministrativos con estas entidades con el fin de atender
la emergencia. Por lo tanto, es evidente para la Sala que, durante el año 2018, en
el ente territorial se realizaron transferencias sin los respaldos legales y/o
contractuales correspondientes. Como resultado, se concluye que el Municipio de
Nechí sufrió un daño patrimonial por un total de $1.165.826.426 debido a
transacciones y pagos irregulares que no tienen justificación contractual alguna.
160. Conforme a lo expuesto, esta Sala considera que, contrario a lo afirmado por
la parte demandante, en el caso sub examine hubo un detrimento patrimonial al
Estado.
De la gestión fiscal
161. Para la Sala es claro que el objeto del proceso de responsabilidad fiscal es
el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados como consecuencia de
una conducta dolosa o gravemente culposa de las personas que realizan gestión
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fiscal o con ocasión de esta por acción u omisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 1 y 4 de la Ley 610.
162. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 610 define la gestión fiscal como el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los
servidores públicos o los particulares que manejen o administren recursos o fondos
públicos tendientes a la adecuada administración, explotación y disposición de los
mismos y al correcto manejo, recaudo o inversión de sus rentas.
163. La Sección Primera del Consejo de Estado señaló que la responsabilidad
fiscal necesariamente debe recaer sobre el manejo o administración de bienes,
recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares que
tengan a su cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales tengan la
capacidad o poder de decisión. Por tanto, esta Sala considera que, para atribuir
responsabilidad fiscal, es necesario estudiar las funciones que desempeñe el
funcionario público o el particular:
“[…] La responsabilidad fiscal se deduce por la afectación del patrimonio público,
tanto en forma dolosa como culposa, en desarrollo de actividades propias de la
gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos y
particulares, que manejen o administren bienes y recursos del Estado. Vale la pena
puntualizar, que la responsabilidad fiscal debe necesariamente recaer sobre el
manejo o administración de bienes y recursos o fondos públicos, y respecto de los
servidores públicos y particulares que tengan a su cargo bienes o recursos del
Estado, sobre los cuales tengan capacidad o poder decisorio. Al revisar
detenidamente las funciones asignadas a la Jefe de la Oficina Asesora en mención,
se observa que no encajan dentro del concepto de gestión fiscal, por no estar
referidas a la ordenación, control, dirección, administración y manejo de los bienes o
recursos de la entidad, o por no implicar poder decisorio sobre dichos bienes o
fondos. Además, debe señalarse que la misma denominación del referido cargo “Jefe
de Oficina Asesora de Jurídica”, es la que indica que éste tiene relación con funciones
de asesoría, de conceptuar, absolver consultas y brindar soporte legal, pero no
involucra poder decisorio sobre bienes o recursos del Estado, elemento necesario
para pregonar responsabilidad fiscal […]”59.
164. Los pronunciamientos mencionados anteriormente están en concordancia
con la sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001, proferida por la Corte
Constitucional, que al referirse a la intervención directa en la gestión fiscal ejercida
por los servidores públicos, manifestó lo siguiente:
“[…] Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de mayo de 2016; C.P.
59
María Elizabeth García González; número único de radicación 68001233300020130102401 […]”.
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quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos
asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como
basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y
facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del
gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de
presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por
supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos
o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida
en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben
someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores
públicos, a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los
fines del Estado.
[…] Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que
tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del
detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de responsabilidad
fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa de contribución. En los
demás casos, esto es, cuando el autor o partícipe del daño al patrimonio público no
tiene poder jurídico para manejar los fondos o bienes del Estado afectados, el
proceso atinente al resarcimiento del perjuicio causado será otro diferente, no el de
responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar
respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente
habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre
fondos o bienes del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo que esa especial
responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que
hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento
en la forma y condiciones prescritos por la ley. La gestión fiscal está ligada
siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados bajo
la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de un
particular, concretamente identificados […]”60. (Destacado fuera de texto).
165. En ese sentido, para ser considerado gestor fiscal se requiere tener poder
jurídico decisorio sobre los bienes y fondos públicos puestos a su disposición caso
en el cual la responsabilidad deviene del daño patrimonial que se pueda causar a
los mismos.
166. Por lo anterior, para establecer si la conducta del servidor público encaja
dentro del concepto de gestión fiscal, es necesario analizar las funciones asignadas
a su cargo para determinar si estaban relacionadas con la administración y manejo
de los recursos de la entidad y si tenía poder decisorio sobre los mismos.
167. En el presente caso, se encuentra probado en el expediente que la parte
demandante se desempeñó como Alcalde del Municipio de Nechí (Antioquia) en el
período comprendido entre el 3 de octubre de 2017 y el 21 de diciembre de 2018 61.
Dentro de sus funciones se encontraban las siguientes:
60 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-840 de 9 de agosto de 2001; M.P. Jaime Araujo Rentería […]”.
61 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC11. Folio 27.
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“[…]Artículo 315 de la Constitución
Son atribuciones del Alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del Municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a
los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales
o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los
acuerdos respectivos.
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
Municipio.
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal
en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias,
en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el
presupuesto.
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen […]”.
168. A su turno, el artículo 314 de la Constitución señala que: “[…] En cada
Municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del
Municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro
(4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente […]”.
169. Por su parte, el manual de funciones del Municipio de Nechí prevé las
siguientes atribuciones para el Alcalde:
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"[…] Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el
Presupuesto, garantizando el cumplimiento de la normativa referida a saneamiento
fiscal […]
"Los cheques, órdenes de suministro y constancia de traslados son concretados en
concordancia con lo dispuesto en el presupuesto, en el plan de compras y en plan
anualizado de caja […]62".
170. Asimismo, el artículo 91 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 63, dispone:
[…]” ARTÍCULO 91. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por
el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:
D) En relación con la Administración Municipal:
1. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente
[…]5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las
normas jurídicas aplicables.
[…]
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales
y dictar los actos necesarios para su administración […]”.
171. De lo expuesto, se colige que el Alcalde es el jefe de la administración
municipal y su representante legal. Dentro del marco de sus funciones, debe dirigir
la acción administrativa del ente territorial para gestionar su desarrollo, ejecutar la
política económica, ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de
inversión y el presupuesto, y celebrar los contratos conforme a las normas jurídicas
aplicables.
172. En ese sentido, para la Sala es claro que la parte demandante cuando se
desempeñó como Alcalde del Municipio de Nechí (Antioquia) fue gestor fiscal de los
recursos públicos, por cuanto era representante legal del ente territorial y ordenador
del gasto, por lo que tenía la capacidad de contratar y ejecutar el presupuesto
aprobado por el Concejo Municipal con las limitaciones previstas en la ley.
62 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI.
Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folios 237
a 242.
63 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
Municipios […]”.
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173. Por su parte, el inciso del artículo 21 de la Ley 1150 de 16 de julio 2007 64
señala: "[…] En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades
estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de
control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual […]".
174. A su turno, los artículos 112 y 113 del Decreto núm. 111 de 15 de enero de
201665 señalan sobre la responsabilidad fiscal:
"[…] DE LAS RESPONSABILIDADES FISCALES
ARTICULO 112. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán
fiscalmente responsables:
a) Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de
los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que expidan giros para
pagos de las mismas;
[…] ARTÍCULO 113. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente
responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. La
Contraloría General de la República velará por el estricto cumplimiento de esta
disposición (Ley 38/89, artículo 62. Ley 179/94 y artículo 71) […]".
175. Conforme a lo expuesto, la parte demandante en ejercicio del cargo de
Alcalde del Municipio de Nechí como máxima autoridad administrativa adquirió la
titularidad para administrar y manejar recursos públicos en ejercicio de las leyes
señaladas supra y del manual de funciones del ente territorial.
Del nexo causal
176. La Sala considera que en la actuación administrativa se encontró probada la
culpa grave de la parte demandante, en su calidad de Alcalde encargado del
Municipio de Nechí para el año 2018, momento en el cual se realizaron
transferencias y retiros de los recursos. Esto se debió a que incumplió su función de
vigilancia sobre los recursos del ente territorial al permitir pagos y transacciones sin
fundamento legal o contractual, generando un daño fiscal en el ente territorial. Esto
se traduce en un manejo negligente e imprudente de los recursos públicos.
64 “[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y
se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos […]”.
65 “[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
Estatuto Orgánico del Presupuesto […]”.
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177. En el caso sub examine, se evidenció que la parte demandante no tenía
conocimiento integral de los contratos suscritos por el Municipio de Nechí. Su
defensa se centró en que tuvo que suscribir contratos debido a la calamidad pública
ocurrida en Nechí en 2018 por la emergencia en Hidroituango. No obstante lo
anterior, en el expediente no existen pruebas de la celebración, perfeccionamiento
o ejecución de contratos en virtud de los cuales se hayan realizado las
transferencias de dinero a terceros o cobrados los cheques.
178. En ese sentido, la falta de vigilancia y control sobre las funciones delegadas
al Secretario de Hacienda resultó en un detrimento patrimonial que podría haberse
evitado si la parte demandante hubiera supervisado el manejo de los recursos
públicos bajo su responsabilidad. Esta falta de supervisión condujo a una violación
de los principios de eficiencia, eficacia y economía en la gestión fiscal, causando el
daño al patrimonio del Estado. La conducta de la parte demandante es reprochable
dado que, a pesar de la delegación, no se exoneró de sus deberes de vigilancia y
control, incumpliendo los principios que rigen la función pública y la gestión fiscal.
179. En ese orden, la parte demandante tenía la responsabilidad de vigilar los
recursos del Municipio de Nechí. Sin embargo, se realizaron pagos y transacciones
sin base contractual, es decir, incumplió sus funciones al realizar pagos sin
documentos de respaldo de las ejecuciones contractuales, lo que se considera una
negligencia en la gestión de los recursos públicos, atribuyéndosele el daño
patrimonial a título de culpa grave.
180. Para la Sala, existe una relación causal entre la conducta de la parte
demandante y el daño patrimonial investigado, dado que su actuación negligente es
la causa directa del daño patrimonial, al no cumplir adecuadamente con las
funciones asignadas, como se mencionó anteriormente, y al haber certeza de un
daño patrimonial causado al Estado por quien ejercía gestión fiscal.
181. El hecho de que se hayan realizado pagos a lo largo del año 2018 sin soporte
contractual a una persona sin relación contractual con el Municipio de Nechí
evidencia una falta de seguimiento, vigilancia y ejecución de los recursos en la
administración municipal. Los pagos a Yasuri Velásquez Suárez carecen de
justificación, y es aún más grave que el ente territorial haya exigido su devolución
debido a la irregularidad y desconocimiento de su destino, como lo manifestó en su
declaración.
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182. La conducta omisiva y negligente de la parte demandante permitió la
generación del detrimento patrimonial a lo largo del año 2018, es decir, la pérdida
de los recursos del Estado es consecuencia directa de las acciones y omisiones
durante su mandato como Alcalde encargado del Municipio de Nechí.
183. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante remitió un memorando
a los Secretarios de Despacho en virtud del artículo 92 de la Ley 136 de 1994 en el
que indicó: "[…] se les comunica a todos los secretarios de todas las dependencias
que conforman la Administración Municipal de Nechí, sobre la normatividad vigente
respecto a la delegación de las diferentes funciones a su cargo y que puedo otorgar
en uso de mis facultades y que aunque no hacen parte del Manual de funciones de
cada cargo no tienen prohibición legal, por lo cual se delegan diversas funciones
en aplicación de la responsabilidad ante los diversos entes y frente a lo que debe
ser remitido por parte de la Alcaldía, así como las que son delegatarias de función
normal del municipio, en atención a las diversas facultades que como secretarios
de despacho, se tienen tanto como funciones específicas, y como funciones
delegatarias por mandato del señor Alcalde y en consonancia con la normatividad
expuesta66 […]”.
184. Lo anterior no exime de responsabilidad fiscal a la parte demandante, debido
a que persistió en su titularidad independientemente de la delegación, manteniendo
la responsabilidad sobre los funcionarios delegados. Al respecto, esta Corporación
ha señalado: “[…] Como es sabido, la delegación es un fenómeno de transferencia
de competencias a personas o funcionarios para que actúen de manera
independiente y definitiva, pudiendo el delegante reasumir la competencia y revocar
la decisión, según lo determine la ley que lo permita. La titularidad de la función no
se pierde por parte del deleqante y tampoco se rompe con su responsabilidad, que
se radica entonces tanto quien la delega como en quien se delega […]” 67.
185. La parte demandante tenía la función de vigilancia sobre los recursos y
bienes del Municipio de Nechí, y sin embargo se realizaron pagos y transacciones
sin que ellas correspondieran a contrato alguno, por lo que inequívocamente se
encuentra investido de gestión fiscal en los términos de los artículos 112 y 113 del
Decreto núm. 111 de 2016 vistos supra.
66 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Carpeta: PRF-2019-00787MUNICIPIODENECHIC21.Folio 251.
67 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de 26 de julio
de 2012; C.P. Luis Rafael Vergara Quintero; número único de radicación 76001233100020010423102 […]”.
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186. La Sala advierte que la parte demandante, como máxima autoridad
administrativa del Municipio de Nechí, debería haber impedido y tomado las
medidas necesarias para evitar la configuración del detrimento patrimonial a lo largo
del año 2018, lo cual no sucedió. Permitió que estas actividades continuaran,
consolidando así una conducta omisiva en cuanto a la protección que debía brindar
a dichos recursos públicos, sin desplegar ninguna gestión efectiva.
187. Asimismo, la Sala observa que la parte demandante omitió la adecuada
vigilancia y control de los recursos públicos para el año 2018, lo que permitió que
terminaran en manos de particulares. No resulta lógico que el ordenador del gasto,
como responsable de autorizar las operaciones y quien tiene a su cargo la
celebración de los contratos del ente territorial, no las hubiera conocido, máxime si
giró los cheques analizados 68.
188. De este modo, la parte demandante, como director administrativo y gestor
fiscal del Municipio de Nechí, sometió a un grave riesgo los recursos del ente
territorial, incumpliendo sus labores de diligencia que le eran exigibles como Alcalde.
Facilitó su utilización en operaciones que no estaban permitidas (ni amparadas en
un vínculo contractual) y que no brindaban ningún tipo de seguridad para los
dineros, los cuales nunca fueron reintegrados y no representaron ningún beneficio.
189. La Sala considera que la parte demandante desplegó su conducta con culpa
grave, dado que de manera descuidada y negligente permitió y consintió, con su
omisión, que recursos del Municipio fueran destinados a la realización de
operaciones que no brindaban seguridad al patrimonio público y no contaban con
sustento contractual.
190. Respecto del nexo causal entre la conducta y el daño, debe existir certeza
de la relación que existe entre un hecho antecedente y un resultado, de forma tal
que de no existir o haberse presentado aquella, tampoco se hubiese ocasionado
este.
191. Esta Sección de la Corporación ha adoptado la teoría de la causalidad
adecuada para analizar la existencia del nexo causal.
“[…] Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las
condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un
daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada
68
Cuentan con su firma.
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por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o
fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera
teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la
misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente
relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las
condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la
teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es
aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad
extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un
correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión
de la cadena causal hasta el infinito […].
[…] En orden a establecer el nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño,
la jurisprudencia de esta Corporación acoge la teoría de la causa adecuada, según la
cual la conducta u omisión de la administración debe ser relevante y eficaz para
producir el resultado dañino, siendo este último una consecuencia normal y previsible.
Por tanto, no es suficiente que un evento haya sumado en la producción del daño,
sino que debe tratarse de un hecho determinante y adecuado para causarlo […]”69.
192. Según lo expuesto, la teoría de la causalidad adecuada señala que será el
hecho eficiente y determinante para la producción del daño el que habrá de tenerse
en cuenta para imputar la responsabilidad, es decir, el que resulte idóneo para su
configuración.
193. En ese orden, la Sala advierte que solo es posible atribuir un resultado
dañoso a quien ha ejecutado una acción u omisión que se erige como la causa
idónea y eficiente para la producción del daño.
194. En el caso sub examine, del análisis integral y conjunto del acervo
probatorio, la Sala advierte que la conducta omisiva de la parte demandante se
constituyó en causa eficiente y determinante del detrimento, por cuanto, como
ordenador del gasto del Municipio de Nechí, permitió que recursos de la entidad, sin
fundamento contractual, fueran destinados a una operación no permitida por la Ley,
la cual no controló ni vigiló y que se encontraba bajo su responsabilidad.
195. Así, la Sala encuentra probada la falta de diligencia de la parte demandante
en la supervisión y cuidado de los recursos públicos, debido a que no adelantó las
labores tendientes para prevenir, vigilar y evitar el desvío de recursos de las cuentas
bancarias de la entidad territorial en la vigencia 2018, de modo que no fue diligente
en el cuidado de los recursos del ente territorial como lo hubiera hecho con los
negocios propios, máxime si, como afirma, la emergencia por el proyecto de
Hidroituango demandó una mayor contratación.
69 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de enero
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 76001233300020160114201 […]”.
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196. De lo expuesto, se colige que la parte demandante omitió evitar el daño, por
lo que existe una relación directa entre la conducta omisiva y la consolidación del
daño al patrimonio público. La omisión del entonces Alcalde del Municipio de Nechí
fue la causa eficiente del daño, quien contaba con la titularidad de dichos recursos
y no se opuso a la forma en que fueron manejados durante la vigencia 2018,
situación irregular que se repitió en varias oportunidades en ese año sin impedir que
las mismas se continuaran ejecutando.
197. Con todo, la parte demandada debió declarar responsable fiscal a la parte
demandante a título de culpa grave por omisión al no manejar los negocios ajenos
con aquel cuidado que las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en los negocios propios, en la medida en que debía estar atento a los
contratos celebrados en el año 2018 y al manejo adecuado de los recursos públicos.
La titularidad de la colocación de los recursos estaba en la parte demandante, quien
debía ejercer la dirección, supervisión y control sobre estas operaciones del
Municipio de Nechí conforme a las funciones asignadas por la Ley y la Constitución
Política y los contratos celebrados por la entidad.
198. En consecuencia, la imputación de culpa a la parte demandante por no haber
vigilado o controlado a sus subalternos en el manejo de los recursos de la entidad
tiene todos los fundamentos, toda vez que los recursos fueron desviados sin soporte
contractual durante su mandato sin que ejerciera un control estricto sobre los
mismos.
199. Por lo anterior, para la Sala existe fundamento suficiente para imputar
responsabilidad fiscal, dado que está probado que la conducta de la parte
demandante fue omisiva, descuidada y negligente, máxime cuando las
transacciones realizadas se efectuaron a lo largo del año 2018 durante su periodo
como Alcalde del Municipio de Nechí.
200. Para la Sala, de los medios de prueba antes descritos, resulta claro que: (i)
en el informe de auditoría se acreditó que se hicieron giros sin fundamento
contractual; (ii) la parte demandante no ejerció el debido control y vigilancia del
manejo de cuentas y recursos para el año 2018; (iii) se valoraron correctamente los
testimonios recaudados en el curso del proceso; (iv) el equipo auditor acreditó el
daño con la valoración de los extractos de las cuentas bancarias del Municipio de
Nechí, las conciliaciones bancarias y los cheques girados y cobrados; (v) la parte
demandante no acreditó que suscribiera contratos producto de la emergencia de
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Demandante: Esven Cortes Tejada
Hidroituango en virtud de los cuales se hayan utilizado la totalidad de los recursos
considerados como detrimento patrimonial en este proceso, y (vi) los actos
acusados se presumen legales y la parte demandante debía desvirtuar dicha
presunción cumpliendo con la carga de la prueba, es decir, aportando la
documentación correspondiente (por ejemplo, comprobantes de egreso y soportes)
que, según indica en el recurso de apelación, reposan en la Gobernación y en EPM,
lo cual no ocurrió.
Conclusiones de la Sala
201. La Sala considera que se configuró el daño, debido a que los recursos
públicos salieron del Municipio de Nechí sin ningún tipo de soporte contractual o con
ocasión de la emergencia del proyecto de Hidroituango conforme a la
documentación obrante en el proceso de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, hubo
un detrimento patrimonial al Estado atribuible a la parte demandante por la omisión
en el cumplimiento de sus funciones. Así, no se desvirtúan los fundamentos de la
sentencia de primera instancia proferida por la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia
proferida en primera instancia.
Condena en costas
202. Visto el artículo 365 numeral 8.° de la Ley 1564 sobre condena en costas, y
atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente no
aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandante.
203. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
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Demandante: Esven Cortes Tejada
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Quinta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia de 22 de enero de 2024, en primera instancia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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