Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2017-00447-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2017-00447-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2017-00447-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026
Radicado: 20001-23-39-003-2017-00447-01 (72.140)
Demandantes: Luisa Ledith Arias Medina y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: reparación directa - daño - prueba del daño - falla del servicio - falta de mantenimiento de
infraestructura - demostración del nexo causal - teoría de la causalidad adecuada - causa
adecuada y eficiente del daño - declaración de parte - finalidades de la declaración de parte en
el CGP - daño moral - daño a la salud - condena - reducción de la condena
Síntesis del caso: los demandantes solicitaron la declaratoria de responsabilidad del Estado por los
perjuicios derivados del accidente que sufrió la víctima directa, al caer en las escaleras del inmueble
donde funciona el palacio de justicia de Valledupar (Cesar), lo cual atribuyen a su falta de
mantenimiento.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante - 1.2. Posición de la parte demandada - 1.3.
Sentencia recurrida - 1.4. Recursos de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de julio de 2017, Luisa Ledith Arias Medina, Cándido José Vargas Hernández,
Lizeth Ledith Vargas Arias, José Carlos Vargas Arias, Édgar Enrique Arias Medina,
Jesualdo Arias Medina, Eynis Sofía Arias Medina y Mercedes Carolina Medina (en
adelante, los demandantes) presentaron demanda2, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, en contra de la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación (en adelante, la Fiscalía), con las siguientes (se trascribe):
“PRETENSIONES
PRIMERO: Que se declare administrativa, patrimonial y económicamente responsable
a [las demandadas], por el daño causado a [los demandantes].
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “096ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 170 a 196.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 20001-23-39-003-2017-00447-00 (72.140)
Demandantes: Luisa Ledith Arias Medina y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
SEGUNDO: Que el demandado le pague a la señora LUISA LEDIT ARIAS MEDINA,
INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de Lucro cesante en
base a la siguiente liquidación: (…).
TOTAL LUCRO CESANTE $2.215'037.022, hasta la fecha presente, o lo que arroje la
cuenta a la fecha de sentencia.
TERCERO: Que el demandado le pague a la señora LUISA LEDIT ARIAS MEDINA, y su
grupo familiar por concepto de perjuicios morales, de la siguiente manera: (…)
CUARTO: Que el demandado le pague a [los demandantes], por concepto de daño
en la vida de relación consistente en su separación de la vida diaria familiar y social
(…).
QUINTO: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al
ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos
de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (art. 192 del CPACA.).
SEXTO: Que el demandado le pague a la señora LUISA LEDIT ARIAS MEDINA, el daño
fisiológico consistente en la merma o disminución de la capacidad motriz; por
afectación de la columna lumbo sacra, piernas, cadera y lo demás que se demuestre
de acuerdo al dictamen médico legista, que le impide la locomoción normal,
teniendo que usar bastón de apoyo, por término indefinido. Esto ha mermado su
capacidad de desplazamiento, movilidad y reflejos para todas las actividades, en su
hogar y en su oficina. V/gracia, vestirse, calzarse, trascribir en el computador, lidiar
carpetas, subir y bajar escaleras, trasladar expedientes y todos los movimientos
necesarios en el hogar y la oficina, así como realizar ejercicios y practicar deportes.
Por este concepto solicito una condena de 500 SMLMV, resaltando que este daño no
se paga con ninguna cantidad de dinero, porque es permanente e irreversible
SÉPTIMO: Que La Nación, Ministerio de Justicia, Rama Judicial del Poder Público,
Consejo Superior De La Judicatura, Dirección Ejecutiva De Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, realice el debido mantenimiento a la estructura física,
en especial de los que sirven como sendas o medios para la movilización (escaleras y
ascensores) para funcionarios y visitantes dentro y fuera de las instalaciones
correspondientes al Palacio de Justicia de Valledupar, departamento del Cesar”.
2. Los demandantes fundamentaron sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:
3. 1) El 9 de junio de 2015, en horas de la tarde, la víctima principal, quien se
desempeñaba como fiscal delegada ante los Juzgados del Circuito Penal de
Valledupar (Cesar), cuando subía las escaleras que comunican el piso 3 y 4 del
palacio de justicia, con unos documentos en la mano, en dirección a una
audiencia, resbaló y cayó al pisar uno de los escalones, el cual se encontraba en
mal estado, por falta de mantenimiento.
4. 2) Producto de la caída, se golpeó las dos piernas, el brazo izquierdo y la cabeza.
Ese mismo día fue ingresada a la clínica Erasmo y le diagnosticaron “(…)
traumatismo de ambas piernas asociado a dolor local y limitación funcional”.
5. 3) La víctima directa fue atendida por algo más de 10 meses, desde la fecha del
accidente y, luego de varios ingresos a consulta externa en las clínicas Valledupar y
Laura Daniela (los días, 15, 18 y 26 de junio; 9,15 y 23 de julio; 3, 13 y 15 de agosto de
2015), de la realización de los exámenes correspondientes y de varias
incapacidades laborales, el 26 de agosto del mismo año se le practicó “(…) cirugía
artroscópica de rodilla derecha, procedimiento en que se le realizo meniscectomía,
reconstrucción de meniscos y del ligamento cruzado anterior”.
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Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
6. 4) La revisión posoperatoria fue realizada el 3 de septiembre de 2015, para el retiro
de las suturas, sin embargo, el 1 de octubre le otorgaron una nueva incapacidad
laboral y el 26 de noviembre “(…) fue adicionado a su recetario medico un bastón
para soportar su cuerpo y mejorar su movilidad a causa de la cirugía en rodilla
derecha por accidente laboral”.
7. 5) Luego de otras consultas, realizadas el 3 de diciembre de 2015, el 13 de enero,
el 22 de febrero y el 17 de marzo, en consulta externa de 5 de julio de 2016, fue
valorada para analizar la “(…) evolución por accidente de trabajo, se remit[ió] con
artroscopia de rodilla derecha, quedando pendiente cirugía artroscópica [de la]
rodilla izquierda”. Hasta la presentación de la demanda había tenido que seguir con
chequeos médicos y terapias constantes, pues las secuelas del daño son
permanentes.
8. Los demandantes atribuyen los daños y perjuicios al mal estado de las escaleras
del palacio de justicia en donde funcionaban las oficinas de la Rama Judicial y de
la Fiscalía, dado que “(…) e[ra] su responsabilidad el buen funcionamiento de las
estructuras propias a la prestación del servicio, para facilitar el ejercicio de sus
funciones y, así, abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos,
dependencias, organismos y entidades titulares art. 90 Constitución”. Por lo tanto,
concluyeron que el daño se causó por la “(…) omisión o mal mantenimiento de las
instalaciones, específicamente de las escaleras del cuarto piso de la entidad en
mención, ya que si el escalón que pisó la funcionaria no se hubiese encontrado
dañado (…) la fiscal en mención no se hubiera caído y, por ende, no hubiera sufrido
las consecuencias que le dejó las lesiones y sus secuelas ya que son de patología
degenerative y le imposibilita llevar una vida normal (…)”.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Rama Judicial contestó la demanda3 y se opuso a las pretensiones. Alegó que
el daño no estaba probado porque no quedó demostrada la incapacidad laboral
permanente pues, según las pruebas aportadas con la demanda, “(…) Positiva
atendió su caso (…) [y] finalmente, ordenó el reintegro de labores (…)”, incluso, a la
fecha seguía vinculada al mismo cargo. Además, con base en lo anterior, no habría
soporte para pretender indemnización por lucro cesante hasta la fecha probable
de vida. Igualmente, alegó que no estaba demostrado el nexo causal porque la
empleadora de la víctima era la Fiscalía y, según el convenio interadministrativo 18
de 1997, vigente para el momento de los hechos, y celebrado entre la Fiscalía y el
Consejo Superior de la Judicatura, “(…) los costos del mantenimiento y reparaciones
locativas del edificio o de las áreas comunes (…) ser[ía] en proporción a las áreas
ocupadas por cada una de las entidades”. Por lo tanto, a la Fiscalía “(…) también
le incumbía la reparación y mantenimiento del inmueble (…). Propuso como
excepciones la “falta de relación de causalidad”, la “falta de legitimación en la
causa por pasiva” y la que llamó “innominada y/o genérica”.
3 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “192ED_07ContestacionRamaJu.pdf”.
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Referencia: reparación directa
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proporción de la condena
10. La Fiscalía contestó la demanda4 y también se opuso a las pretensiones. Alegó
que, según la demanda, “(…) no se enc[ontraba] que con el actuar de la Fiscalía se
haya causado daño alguno, toda vez que (…) obró ajustada al deber legal y en
cumplimiento de sus deberes como empleadora (…), pues la víctima directa fue
atendida, oportuna y reiteradamente, por la ARL positiva, a la cual estaba afiliada.
Igualmente, no le correspondía a la Fiscalía el mantenimiento de todas las
estructuras e instalaciones del palacio de justicia, pues ello se compartía con la
Rama Judicial. Propuso como excepciones que la “Fiscalía obró en cumplimiento
de un deber legal”, pues la víctima fue atendida por la ARL a la que estaba afiliada;
la “inexistencia de nexo causal”, porque no está demostrada su responsabilidad
subjetiva en calidad de empleador de la víctima directa; la “inexistencia de la falla
del servicio”, porque no hay pruebas de que estuviera a su cargo el mantenimiento
de las escaleras en donde ocurrió la caída; y la que llamó “innominada y/o
genérica”. Por último, se opuso a los perjuicios por lucro cesante, por daño a la vida
en relación y por daño fisiológico, por no estar demostrados.
1.3. Sentencia recurrida
11. El 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cesar profirió sentencia de
primera instancia5, en la que decidió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a [las
demandadas] por las lesiones sufridas por la señora LUISA LEDITH ARIAS MEDINA como
consecuencia del accidente sufrido en las escaleras que del tercer piso conducen al
cuarto del Palacio de Justicia de Valledupar, en proporción al porcentaje de
ocupación del inmueble por parte de cada una de ellas (Fiscalía 30% y Rama Judicial
70%), por las razones expuesta en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR EN ABSTRACTO, a [las
demandadas] a reconocer y pagar los perjuicios MORALES y a la SALUD derivados de
las lesiones sufridas por señora LUISA LEDITH ARIAS MEDINA, a favor de quienes se
relacionan:
1. MORALES: En favor de LUISA LEDITH ARIAS MEDINA como víctima directa, su esposo
CÁNDIDO JOSÉ VARGAS HERNÁNDEZ, sus dos hijos LIZETH LEDITH y JOSÉ CARLOS
VARGAS ARIAS, así como para sus hermanos EDGAR ENRIQUE, JESUALDO, EYNIS
SOFÍA ARIAS MEDINA y MERCEDES CAROLINA MEDINA en la suma que arroje el
trámite incidental que deba determinar el monto indemnizatorio.
2. DAÑO A LA SALUD: En favor de LUISA LEDITH ARIAS MEDINA, en su calidad de víctima
directa, en la suma que arroje el trámite incidental que deba determinar el monto
indemnizatorio.
TERCERO: REDUCIR en un 50% el monto de los perjuicios reconocidos en el ordinal
anterior, debido a la participación de la señora LUISA LEDETH ARIAS MEDINA en la
materialización del hecho dañoso.
CUARTO: ORDENAR a [las demandadas] adelantar dentro del término de los tres (3)
meses, las gestiones a que haya lugar encaminadas a reparar los peldaños deteriorados
de las escaleras que del tercer piso conducen al cuarto piso del Palacio de Justicia de
Valledupar, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.
QUINTO: Negar las demás súplicas de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en las
motivaciones de esta decisión.
SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.”
4 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “184ED_03ContestacionFiscal.pdf”.
5 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “001SentenciadePr_20170044700Sentencia.pdf”.
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Referencia: reparación directa
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proporción de la condena
12. El tribunal indicó que el problema jurídico era determinar si las demandadas eran
“(…) administrativa y patrimonialmente responsables por los daños causados y
secuelas padecidas por la señora LUISA LEDITH ARIAS MEDINA como consecuencia
del accidente laboral sufrido el día 9 de junio de 2015 en las instalaciones del Palacio
de Justicia de Valledupar, al caer de las escaleras cuando ascendía hacia el cuarto
piso para asistir a una audiencia programada, presuntamente por el mal estado de
las mismas, responsabilidad que les es atribuida por la omisión o falla en el servicio
de mantenimiento de las instalaciones de dicha edificación, o si por el contrario, la
misma puede ser endilgada a la demandante por desatender el deber objetivo de
cuidado que le asistía al tomar las escaleras de manera presurosa y con elementos
en sus manos que le impedían circular de manera segura por las mismas”.
13. Según las pruebas obrantes, resaltó que la víctima directa sufrió un accidente
de trabajo el 9 de junio de 2015, producto de lo cual, fue diagnosticada con las
siguientes lesiones de origen profesional: “(…) i) contusión de pierna, bilateral, ii)
contusión del brazo, izquierdo, iii) contusión de la cabeza, iv) ruptura parcial de
ligamento cruzado anterior, derecho, y v) desgarro del cuerno posterior del menisco
lateral, derecho y como patologías de origen común: i) Artrosis [tricompartimental]
de rodilla derecha (no derivado del accidente) y ii) degeneración Mixoide del
Cuerno Posterior del Menisco Medial Derecho (no derivado del accidente)”.
Igualmente, fue objeto de intervenciones quirúrgicas, de varias revisiones médicas y
de varios periodos de incapacidades médicas. Por tanto, concluyó que “(…) el
accidente laboral descrito por la accionante (…) tuvo lugar en las instalaciones del
Palacio de Justicia de Valledupar el día 9 de junio de 2015 y que el mismo causó
unas lesiones a la demandante, específicamente en ambas rodillas, pero en mayor
medida en la rodilla derecha, lesiones que fueron calificadas con un 5.9% pérdida
de la capacidad laboral, conforme a lo afirmado por la misma, con lo que se
acredita entonces, la ocurrencia de un daño como consecuencia del mismo”.
14. En relación con la atribución del daño concluyó que el mantenimiento del
palacio de justicia de Valledupar era compartido entre la Fiscalía y la Rama Judicial,
en virtud del Convenio 18 de 1997 y que “(…) un peldaño del tramo de las escaleras
en las imágenes de referencia, se encuentra en estado de deterioro al no contar
con borde, lo que si bien altera la apariencia de la estructura, trae consigo
implicaciones mayores por el riesgo que genera en una zona en la que circulan de
manera permanente funcionarios, empleados y usuarios, y deja en evidencia la
falta de mantenimiento de la estructura, con lo que se pasa por alto las
implicaciones que ello genera”.
15. Concluyó que el área en donde ocurrió el accidente era de uso común y, por
tanto, las demandadas “(…) debieron adelantar de manera coordinada y
mancomunada los proyectos de mantenimientos pertinentes para que la estructura
se mantuviera en óptimas condiciones para su uso, en aras de mitigar los riesgos que
en la circulación se generaran, máxime si se toma en cuenta que las escaleras
manejan una circulación de flujo y contraflujo permanente”. En consecuencia,
encontró que la falta de mantenimiento fue la causa de las lesiones sufridas y las
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proporción de la condena
condenó en proporción a la ocupación del bien inmueble (30% la Fiscalía y 70% la
Rama Judicial). Sin embargo, dado que la víctima directa confesó que tenía
conocimiento del estado de las escaleras, consideró que se configuró “(…) una
concausa, comoquiera que el actuar de la demandante también fue determinante
en la materialización del resultado dañoso, por lo que, a efectos indemnizatorios,
ello se reflejará en la reducción a la mitad de los perjuicios que deban reconocerse”.
Por último, ordenó que se realizaran las reparaciones necesarias a las escaleras en
un término de 3 meses.
1.4. Recursos de apelación
16. La Nación - Rama Judicial presentó recurso de apelación6 en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia con fundamento en los siguientes reparos: 1) Culpa
exclusiva de la víctima porque, a pesar del defecto en la escalera, la señora Arias
transitó de forma apresurada y cargando documentos, lo cual dificultaba sus
movimientos y visibilidad. 2) La víctima directa tenía preexistencias médicas en sus
piernas, las cuales desconoció al usar las escaleras, y no el ascensor y, en
consecuencia, el daño “se pudo haber materializado en cualquier lugar”. 3) Estaba
probado que la víctima directa cayó por las escaleras, pero no que “hubiese sido
por causa del escalón con imperfección”. 4) Las medidas incluidas en el dictamen
pericial “(…) pueden servir como sustento para la defensa”. 5) “El nivel de deterioro
del escalón e[ra] tan minúsculo, que cualquier persona que transit[ara] por aquel,
tendría que hacer o un gran esfuerzo consciente o tener una actuación temeraria,
para tropezar y caer”. 6) No se acreditó pérdida de capacidad laboral de la víctima
directa y, por tanto, no se puede condenar por ese perjuicio. 7) Los daños morales
no son atribuibles a la Rama Judicial “(…) sino por un deterioro físico que la
accionante venía presentando, lo cual facilitó su actitud reducida, al tener una
excusa baladí como una caída desde una altura de al menos -16 centímetros, que
simplemente exacerbó sus prexistencias”. 8) La responsabilidad no recae sobre la
Rama Judicial, pues no era la empleadora de la víctima directa. 9) Sobre la
condena del numeral 4, relativa a reparar el escalón en un término de 3 meses, se
alegó que “(…) no se n[egaba] a realizar los cambios tendientes a perfeccionar la
integridad de un escalón funcionalmente seguro, no obstante, el objetivo será
prácticamente estético”. Con todo, el término concedido era insuficiente porque
“(…) lo procedente no e[ra] una reparación precisa del punto de afectación, sino
más bien una reconstrucción total de la zona, lo que conllevaría demoler parte del
set de escaleras para volver a construirlo. Pretender que se h[iciera] una
complementación o arreglo sobre la zona, será más bien camuflar la imperfección,
generando una superficie de menor calidad, que sí podría ser un riesgo de
seguridad, al crear una imagen de zona segura que se pise y pueda desprenderse
causando un verdadero riesgo no mitigable”.
17. La Fiscalía presentó recurso de apelación7 en el que solicitó la revocatoria de la
sentencia porque: 1) se dio atención oportuna y legal al accidente sufrido, a través
6 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “011RecepciondeMe_ApelacionArias201700.pdf”.
7 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “013RecepciondeMe_RECURSODEAPELACIONDE.pdf”.
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proporción de la condena
de los trámites correspondientes y probados que adelantó la ARL Positiva, por tanto,
no hubo falla del servicio. 2) No estaba probado que el accidente “(…) haya sido a
causa del escalón o peldaño aparentemente incompleto, debemos recordar que
el principal riesgo derivado del uso de las escaleras es la caída a distinto nivel” y,
además, otros factores pudieron incidir, como el afán o el eventual calzado
inseguro. 3) La Fiscalía no tenía a su cargo el mantenimiento de esas escaleras
porque, según el convenio 18 de 1997, “(…) en el parágrafo de la cláusula primera
toda remodelación reparación o adecuación será previamente acordada entre las
entidades a fin de tomar las medidas del caso para hacer previsiones pertinentes y
evitar los traumatismos propios de cada obra (…)”. Y, en todo caso, el porcentaje
de ocupación del inmueble era de 23%, no de 30%. 4) Respeto de los perjuicios
morales, no había prueba de su causación en relación con los hermanos de la
víctima directa (Edgar Enrique Arias Medina, Jesualdo Arias Medina, Eynis Sofia arias
Medina y Carolina Mercedes Medina). 5) Respecto del daño a la salud, “(…) no
obra[ba] en el expediente elemento alguno que permit[iera] dar cuenta de una
afectación de esta magnitud, que se encuentre directamente relacionada con las
lesiones descritas”. 6) En relación con la condena del numeral 4, relativa a reparar
el escalón en un término de 3 meses, solicitó que, en caso de mantener la condena,
“(…) se modifi[cara] el tiempo [concedido] para dichas adecuaciones atendiendo
los términos previstos mediante la contratación pública a la que se someten las
entidades involucradas”.
18. Los demandantes presentaron recurso de apelación8, en el que solicitaron: 1)
Revocar el numeral 3 de la sentencia, relativo a la reducción de la condena al 50%
del monto de los perjuicios reconocidos (daño moral y daño a la salud), pues “(…)
era imposible para la demandante tomar el ascensor a las 2:00 pm, ya que para la
época del accidente solo existían dos ascensores en el palacio de justicia de la
ciudad de Valledupar y a la hora en que ocurrieron los hechos todos los funcionarios
ingresan a sus labores congestionando los ascensores y no solo funcionarios sino
también el público en general y como es sabido por todos, en ese momento y hasta
actualmente es caótico tomar el ascensor en esas horas y más para subir un solo
piso y más si están continuos”. Además, incluso si no hubiera llevado documentos,
las escaleras carecían de pasamanos y tampoco había señalizaciones o
advertencias de peligro, por el contrario, las escaleras estaban habilitadas para el
uso normal. 2) En relación con el daño moral, en virtud de que siguió sufriendo
consecuencias de las lesiones, para lo cual aportó las historias clínicas actuales,
donde constaban las ordenes de exámenes y las cirugías practicadas, solicitó que
se reconociera el monto indemnizatorio más alto en función de la gravedad de la
lesión, y no según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, por lo tanto, que
se condenara a 100 SMLMV para la víctima directa, su esposo y sus hijos y 50 SMLMV
para sus hermanos. 3) En relación con el daño a la salud, solicitó que no se
condenara con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino según
“(…) los porcentajes de la lesión según lo sufrido por el accionante y establecer si el
daño es permanente o temporal”. Por lo tanto, con ocasión de las secuelas
8 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “013_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACIONDE.pdf”.
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persistentes y nuevas, derivadas de las lesiones sufridas, solicitó que se aplicara la
regla de excepción de 400 SMLMV a favor de la víctima directa.
1.5. Trámite relevante en segunda instancia
19. El Ministerio Público conceptuó9 y solicitó confirmar la sentencia porque, según
las pruebas obrantes, los recursos de las demandadas no debían prosperar pues “no
ha[bía] medio de prueba alguno que permit[iera] desvirtuar que el deterioro en la
estructura de las escaleras no produjo el accidente ni las consecuentes lesiones
padecidas por la víctima; por el contrario la convicción de ese hecho, a partir del
acervo recaudado, permit[ía] inferir que, al no encontrarse completo el escalón lo
más previsible e[ra] que cuando se asc[endiera] o se des[cendiera] se produ[jera]
una inestabilidad o variación en el desplazamiento que p[odría] terminar en una
caída o accidente, como en efecto ocurrió. Así, el interrogatorio de la víctima se
convierte en un elemento probatorio manifiesto y suficiente de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que rodearon el accidente, pues es preciso y coincidente con
los demás medios de prueba de la forma en que realmente ocurrió el hecho dañoso,
máxime cuando la víctima directa fue quien padeció y presenció esa situación.
(…)”. Igualmente, solicitó confirmar la reducción del 50% de la condena, en virtud
de la participación causal de la víctima directa en la producción del daño. Por
último, consideró que estaba adecuadamente fundamentadas las condenas por
perjuicio moral, daño a la salud y la orden de reparar las escaleras donde ocurrió el
accidente.
20. En sala de la Subsección, de 17 de abril de 2026, la ponencia presentada por el
Magistrado Fredy Ibarra Martínez no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada,
razón por la cual se cambió de ponente.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Decisión que se adoptará - 2.2. Análisis sustantivo - 2.3. Liquidación de perjuicios - 2.4.
Condena en costas
2.1. Decisión que se adoptará
21. La Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad de las demandadas pues
está demostrado que el daño probado tuvo como causa eficiente y adecuada la
falta de mantenimiento de las escaleras que comunican los pisos 3 y 4 del palacio
de justicia de Valledupar.
22. Sin embargo, la conducta de la víctima directa, que desatendió sus deberes de
precaución y cuidado, también incidió en su generación, pero no en la magnitud
que determinó el tribunal y, en consecuencia, la reducción de la condena se
modificará del 50% (determinado por el tribunal) al 20%. Igualmente, se modificará
la proporción en que deben responder las demandadas, en función del porcentaje
9 Índice 10, Samai. Consejo de Estado.
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Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
de ocupación del inmueble acordado por ellas mismas, esto es, 23% la Fiscalía y 77%
la Rama Judicial.
2.2. Análisis sustantivo10
23. El Tribunal encontró demostrado el daño, consistente en las lesiones físicas
sufridas por la víctima principal, con ocasión de la caída el 9 de junio de 2015. Dado
que esa determinación no fue objeto de discusión en los recursos, la Sala abordará
directamente la imputación por falla del servicio.
24. En relación con la atribución del daño, el tribunal consideró que las
demandadas no realizaron el mantenimiento de las escaleras que comunican los
pisos 3 y 4 del palacio de justicia de Valledupar y, por lo tanto, encontró en esa
circunstancia la causa de las lesiones sufridas porque “(…) debieron adelantar de
manera coordinada y mancomunada los proyectos de mantenimientos pertinentes
para que la estructura se mantuviera en óptimas condiciones para su uso, en aras
de mitigar los riesgos que en la circulación se generaran, máxime si se toma en
cuenta que las escaleras manejan una circulación de flujo y contraflujo
permanente”. Con base en ello, queda claro que la atribución del daño y la
imputación de responsabilidad no se debió al incumplimiento de deberes
patronales, de su respectivo empleador, o a la atención recibida por la víctima
directa con ocasión del accidente. En consecuencia, ni el cargo en que la Rama
Judicial alegó no ser empleadora de la víctima directa (cargo 8), ni en el que la
Fiscalía alegó que la atención médica fue pronta y oportuna (cargo 1) están
llamados a prosperar.
25. Ahora bien, en relación con la falla del servicio, consistente en la falta de
mantenimiento de las escaleras en las que ocurrió el accidente, obran en el
expediente las siguientes pruebas: 1) convenio interadministrativo No. 18 de 14 de
abril de 1997, celebrado entre la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, en
cuyo considerando cuarto se indicó que la primera ocupaba en “(…) el Palacio de
Justicia, área total 1648 metros cuadrados, [un área] equivalente al 23% del área
total del inmueble” y, en relación con los mantenimientos y las reparaciones
locativas de las zonas comunes, según la cláusula tercera, se acordó que serían
cancelados en proporción a las áreas ocupadas11. 2) Oficio del Consejo Superior de
la Judicatura, radicado el 14 de mayo de 2019 ante el tribunal12, como respuesta al
10 En relación con los hechos ocurridos el 9 de junio de 2015, el término de caducidad culminaba, en principio, el 12 de junio
de 2017, dado que el 10 fue sábado. Sin embargo, el término estuvo suspendido entre el 25 de mayo de 2017, fecha en la que
la parte demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial, y el 17 de julio de 2017, fecha en que se declaró fallida y
se expidió la respectiva constancia. (Expediente Digital del Tribunal. Archivo “096ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 165 y 168).
De este modo, el término de caducidad estuvo suspendido por 54 días y, por lo tanto, la demanda, radicada el 19 de julio de
2017, fue oportuna, según el literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
11 “(…) CLÁUSULA PRIMERA. Las áreas de los inmuebles actualmente ocupadas por la FISCALÍA y detalladas en la cuarta
consideración del presente convenio continuarán siendo ocupadas por ella hasta el momento en que LA FISCALÍA las requiera
sin que le sea permitido variar su destinación (…) CLÁUSULA TERCERA. En cuanto a los costos de mantenimiento, reparaciones
locativas, gastos de administración, aseo, vigilancia e impuestos de todo el inmueble o de áreas comunes serán cancelados
en proporción a las áreas ocupadas por las entidades firmantes del presente convenio, para lo cual EL CONSEJO, a través de
sus respectivas dependencias hará las correspondientes liquidaciones, para lo cual la FISCALÍA deberá cancelar lo debido
dentro del plazo en que el CONSEJO SUPERIOR debe hacerlo a sus acreedores. Todo ello sin menoscabo de que puedan
celebrarse contrataciones conjuntas. (…)”. Expediente Digital del Tribunal. Archivo “192ED_07ContestacionRamaJu.pdf”, Folios
19 a 24.
12 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “097ED_01ExpedienteDigitali.pdf”, Folios 218 a 221.
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Radicado: 20001-23-39-003-2017-00447-00 (72.140)
Demandantes: Luisa Ledith Arias Medina y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
requerimiento efectuado en la audiencia inicial, en el que precisó que el referido
convenio “se encuentra vigente y sin modificación alguna” y que a la Fiscalía le
corresponde el 30% de los gastos de “(…) servicios públicos, conservación,
mantenimiento y cancelación de impuestos y administración (…)”. Igualmente, se
relacionaron 13 contratos celebrados entre 2015 y 2018 para el mantenimiento y
seguridad del palacio de justicia de Valledupar, no obstante, no se precisó cuál de
ellos incluyó obras de mantenimiento de las escaleras que comunican el piso 3 y 4
del inmueble. 3) “Álbum fotográfico”13, aportado con la demanda, del lugar de los
hechos y elaborado el 21 de abril de 2017, en cuyas fotografías se observa que el
penúltimo escalón, que comunica los pisos 3 y 4 del palacio de justicia de
Valledupar, tenía un defecto o una “(…) falla estructural entre la huella y
contrahuella (…) con desprendimiento del filo”. 4) “Informe de gestión en seguridad
y en salud en el trabajo”14 de la ARL Positiva, en relación con el palacio de justicia
de Valledupar, elaborado en mayo de 2016, casi un año después del accidente, en
el que se concluyó que hay un riesgo locativo porque “(…) las escaleras que se
encuentran cerca a los ascensores y que conducen del segundo al tercer piso y del
tercer al cuarto piso, algunos escalones presentan daños estructurales, como
pestañas quebradas, además, carecen de pasamanos”. Por lo anterior, recomendó
efectuar los mantenimientos, enfocándose en reparar los escalones con defectos
estructurales, instalar elementos antideslizantes y pasamanos. 5) Acta de reunión del
“Comité operativo de emergencias” de la seccional Cesar, llevada a cabo el 16 de
febrero de 201615, en donde se precisó que “(…) se pedirá presupuesto para
mantenimiento por parte de la rama judicial y la FNG para que sea un trabajo
uniforme e integral. (…) Se menciona el tema de riesgo locativo por el estado
deficiente de las escaleras, por estar, varios pisos del 2 al 7, las pestañas quebradas
y muchos peldaños en mal estado, lo que ha originado recurrentes accidentes por
caída en escaleras (…) como es el caso de la Dra. Luis Ledith (…)”, víctima directa
en la presente controversia. 6) Oficio DS-19-12-4-18 de 20 de abril de 201616, del
subdirector seccional de apoyo a la gestión, dirigido al director seccional de
administración judicial, en el que le informó de las conclusiones del “Comité
operativo de emergencias” y solicitó las correspondientes adecuaciones al
inmueble. 7) Dictamen pericial de 8 de noviembre de 201917, realizado por el perito
Martín Alberto Ávila Reales18, miembro de la lista de auxiliares de la justicia, en el
cual se concluyó, en relación con las escaleras que comunican el piso 3 y 4, que,
“(…) el estado actual es regular y presenta falla en la huella para el paso de
personas, el riesgo es latente”. Como soporte de esa conclusión, se incorporaron 2
fotografías, que coinciden con las aportadas con la demanda, las cuales muestran
quebrada la pestaña del penúltimo escalón de las escaleras que comunican el piso
3 y 4, acompañada de la siguiente conclusión: “(…) nótese el paso de una persona
al pisar por la huella de la escalera, el pie no alcanza la firmeza necesaria para
mantener una estabilidad segura, porque la nariz del escalón para ganar huella no
13 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “096ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 165 y 168.
14 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “080ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 67 a 83.
15 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “080ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 85 a 86.
16 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “080ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 86 a 99.
17 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “080ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folio 87.
18 Posesionado el 16 de septiembre de 2019. Expediente Digital del Tribunal. Archivo “081ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folio 42.
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Radicado: 20001-23-39-003-2017-00447-00 (72.140)
Demandantes: Luisa Ledith Arias Medina y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
existe”. En la audiencia de pruebas se efectuó la contradicción del dictamen y, al
respecto, el perito reiteró que para la fecha del informe pericial el escalón no había
sido reparado19.
26. Con base en las pruebas referidas, la Sala coincide con el tribunal, en el sentido
de que está demostrado que, para la época de los hechos (junio de 2015), e incluso
varios años después (febrero y mayo de 2016, noviembre de 2019) varias zonas del
palacio de justicia carecían del mantenimiento y reparaciones adecuados, lo cual
incluía las escaleras que comunican los pisos 3 y 4 en donde, precisamente, ocurrió
el accidente que constituye el hecho dañino que fundamentó la presente
controversia. Los mantenimientos y reparaciones de las áreas comunes del palacio
de justicia de Valledupar correspondían a ambas entidades, en proporción de su
ocupación, esto es, 23% la Fiscalía y 77% la Rama Judicial, según el convenio No. 18
de 14 de abril de 1997, por ellas suscrito, el cual no se corresponde con la proporción
informada por el Consejo Superior de la Judicatura (30% la Fiscalía y 70% la Rama
Judicial), en oficio radicado el 14 de mayo de 2019 ante el tribunal. De este modo,
para la Sala está demostrada la falla del servicio alegada en la demanda. En
consecuencia, el cargo en que la Fiscalía alegó que no le correspondía el
mantenimiento de las escaleras (cargo 3) no está llamado a prosperar, salvo lo
relativo al porcentaje de ocupación del inmueble, que incide en la condena y se
analizará más adelante. Tampoco prospera el cargo en que la Rama Judicial alegó
que el dictamen pericial exigió medidas de los escalones distantes de la técnica y
la realidad (cargo 4), pues al margen de esas medidas, lo cierto es que, de la
valoración conjunta del material probatorio, el penúltimo escalón de las escaleras
que comunican el piso 3 y 4 del palacio de justicia de Valledupar tenía una falla
estructural en su pestaña o huella y las demandadas eran las responsables de su
mantenimiento y reparación.
27. A su turno, en sus recursos, tanto la Rama Judicial como la Fiscalía cuestionaron
que estuviera demostrado el nexo causal entre la falla del servicio, por el escalón
defectuoso, y la caída de la víctima directa. Al respecto, obra en el expediente la
declaración de parte de la víctima directa20, rendida por solicitud de la misma parte
demandante, lo cual está permitido en la normativa procesal21, y en la que narró:
19 “(…) el mantenimiento que se apreció el día de la visita (…) es una visita técnica a todas las dependencias (…) por supuesto
que llevados en una bitácora. Es simple deducir que en este caso no lo hubo porque no hay bitácora, no hay registro de
mantenimientos. El estado actual es regular y presenta falla en la huella por el paso de las personas, con un riesgo latente. Ahí
se ve la persona tratando de bajar, por ese peldaño, específicamente, donde la supuesta nariz del peldaño no existe, es un
riesgo total (…). Se vio claramente que este peldaño no ha sido reparado, se encontraron unos pasamanos perfectos y al final
una señalización, pero muy deficiente, muy pequeña, aunque el riego es latente, la gente no se va a poner a mirar un letrerito
para ver qué es lo que dice, y hay otro que está en el piso, pero no es muy informático (sic) que digamos. Entonces mi
conclusión es que sí hubo falla en todo aspecto de la escalera, tanto en diseño como en construcción y en mantenimiento.
(…) Me piden del tramo del 3 al 4, piso, lo examiné con cuidado y encontré un deterioro en uno de los peldaños y la huella
está en un semicírculo, o sea que, si una persona pisa ahí y no tiene el cuidado, por supuesto que va a generar un accidente.
Si pisa mal te aseguro que el accidente ocurre porque ocurre, porque la escalera tiene ese deterioro, en ese escalón
específicamente”. Expediente Digital del Tribunal. Archivo “15AudienciaPruebasRad2017-00447-00.mgp” del archivo
“023ED_LINKDEAUDIENCIASpdf.pdf”.
20 El interrogatorio de parte fue reconstruido el 29 de septiembre de 2021, producto de problemas con la grabación inicial, tal
como lo indicó la magistrada ponente en dicha audiencia: “(…) lamentablemente, por tema de indebido funcionamiento del
sistema de audiencias en la sede del palacio de justicia del tribunal administrativo de Valledupar, no quedó grabada la
audiencia y se hace necesario reconstruir, para que tanto las partes como el despacho pues puedan contar con esos
elementos de pruebas (…)”. Expediente Digital del Tribunal. Archivo “15AudienciaPruebasRad2017-00447-00.mgp” del archivo
“023ED_LINKDEAUDIENCIASpdf.pdf”.
21 De conformidad con el artículo 198 del CGP “[e]l juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes
a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso (…)”. De este modo, la normativa aplicable no prohíbe que
se solicite y decrete el interrogatorio de parte de la misma parte, la cual tiene como fin principal que el juez escuche
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Radicado: 20001-23-39-003-2017-00447-00 (72.140)
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Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
“(…) [magistrada ponente, preguntó] Usted nos puede hacer una narración pequeña
de cómo ocurrieron los hechos, a los cuales ha hecho mención, que dieron lugar a su
incapacidad por 6 meses (…) [víctima directa, respondió] Sí señoría, el 9 de junio de
2015, laborando con la fiscalía 10 seccional, patrimonio económico, iba subiendo las
escaleras porque tenía audiencia a las dos de la tarde, con el juzgado segundo penal
del circuito, titular el doctor Leonel Romero Ramírez. Cuando iba subiendo las escaleras,
la sala del juzgado segundo queda en el cuarto piso, cuando iba subiendo las escaleras
del tercer piso al cuarto piso, sufrí caída en el penúltimo escalón, más o menos, de la
escalera, cayendo tendida bocabajo en las escaleras, mi cabeza quedó ya en el piso
cuarto y mi cuerpo en los escalones. De ahí, me levantó un joven que iba subiendo las
escaleras y me llevó al tercer piso, donde quedaba mi despacho, y de ahí de mi oficina
me llevó hasta la clínica Erasmo (…).
[Apoderada de la Rama Judicial, preguntó] (…) como el objeto de la presente
diligencia es, precisamente, la reconstrucción del interrogatorio ya efectuado en el
presente el proceso, quisiera que usted nos pudiera recordar lo manifestado (…) en
cuanto al circunstancias bajo las cuales se encontraba usted al momento de tener que
descender, transitar, perdón, por las escaleras ese día del accidente. Usted nos
indicaba de qué para ese día tenía una audiencia, ¿eso es cierto? (…) [víctima directa,
respondió] (…) tenía varias audiencias con el juzgado segundo y, si no estoy mal, con
el juzgado tercero. Yo iba subiendo por las escaleras con mis carpetas, varias carpetas,
unas cinco carpetas y con mi código y mi agenda, ¿Por qué subía por las escaleras?
porque a esa hora es imposible tomar un ascensor en el piso tercero, porque a las dos
de la tarde, si usted tiene una audiencia a las dos de la tarde, usted llega faltando unos
cinco minutos para las dos a su oficina. Yo cogí el ascensor, subí hasta el piso tercero,
me quedé en el piso tercero y fui a buscar mis carpetas al despacho y cuando iba a
subir, a esa hora, el ascensor no para en el piso tercero, porque va lleno, y le estoy
hablando de junio de 2015, cuando sólo había en el palacio dos ascensores, los otros
dos no había sido todavía habilitado, sólo había dos. Yo iba subiendo por la escalera,
con mis libros, y en ese escalón, ese escalón está dañado, a ese escalón no sólo le falta
el dintel, sino que le falta una parte del concreto, es como si tuviera una medialuna. Yo
todavía tengo las fotos en mi celular de ese escalón y cada vez que la veo lloro de la
impotencia, porque si ese escalón no hubiera estado dañado, yo le aseguro que no me
caigo. Yo llevaba mis libros y cuando fui a poner el pie, mi pie derecho resbaló en ese
pedazo que le falta, y digo le falta porque me dicen que todavía está igual, porque yo
tengo dos años y algo que no voy al palacio. Falta el de esa parte y cuando yo puse
en mi pie mi pie resbaló el pie derecho y yo caí, yo caí tendida, yo quedé inconsciente
(…) las escaleras no tenían cuando eso pasamanos y, segundo, el escalón estaba y
está dañado. Esas fueron las circunstancias en que me caí. (…)
[Apoderada de la Rama Judicial, preguntó] nos podrías también indicar si antes de la
fecha del incidente usted ya se había percatado que esa escalera contaba con los
daños o averías que usted está señalando en su declaración (…) [víctima directa,
respondió] (…) por lo general, yo no tomaba esa escalera, sino la otra del fondo,
porque, primero, es más aireada y, segundo, tiene menos tráfico. Sí, de pronto, yo había
visto que le faltaba esas cositas doraditas que tienen ahí los escalones, en las esquinitas,
que después yo supe, porque me dijo uno de mis compañeros del del CTI, que se llama
dintel, no tenía idea de cómo se llamaba, pero como le digo es que yo puse el pie y mi
pie se resbaló (…).
En qué condiciones iba, totalmente lucida porque iba para una
jornada laboral de audiencias, iba temprano porque me gustaba llegar a la sala de
audiencias siquiera unos cinco o tres minutos antes de la hora programada. Por qué me
caí, porque el escalón estaba dañado y mi pie, al pisar, resbaló. (…)”22.
28. El anterior relato fue espontáneo, claro y fluido en relación con las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente. La declarante respondió,
igualmente, de forma coherente, lógica y con varios detalles a las preguntas
directamente a la parte sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos del litigio. En todo caso, si se
considerara lo contrario, y no se pudiera practicar por solicitud de la misma parte a interrogar, se habría configurado, según
el parágrafo del artículo 133 del CGP, de una irregularidad que se encuentra saneada, al no haberse impugnado
oportunamente el auto que la decretó.
22 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “15AudienciaPruebasRad2017-00447-00.mgp” del archivo
“023ED_LINKDEAUDIENCIASpdf.pdf”.
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Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
efectuadas por las apoderadas de las demandadas. Al respecto, la Sala considera
pertinente resaltar que el artículo 165 del CGP distingue dos medios de prueba
diferentes y autónomos: la confesión y la declaración de parte23. Esta última es un
medio de prueba autónomo y, por ello, no tiene como fin obtener una declaración
adversa a la parte declarante. En relación con sus diferencias, la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, retomada por esta corporación, ha indicado que la
declaración de parte “(…) consiste en el relato que la propia parte realiza sobre los
hechos materia de litigio, le favorezca o no, y la segunda [confesión] es también
una versión de aquella, pero cualificada pues debe recaer sobre hechos que la
perjudiquen y cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 191 del Código
General del Proceso. De suerte que puede afirmarse que toda confesión es una
declaración de parte, pero no toda declaración de parte constituye una confesión.
Aunque ambas han ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica y en
armonía con los demás medios de convicción (…) las partes pueden rendir su
versión sobre los hechos materia de la controversia, algunas veces se tratará de una
simple declaración y, en otras ocasiones, de una confesión lo que, en todo caso,
definirá el juez al momento de valorar el relato (…)”24.
29. Por lo tanto, queda claro que la declaración de parte consiste en un relato más
amplio, que puede incluir elementos que lo favorecen25. De ahí que el artículo 191
del CGP prevea que “[l]a simple declaración de parte se valorará por el juez de
acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.
30. Además de lo anterior, como se resaltó atrás, en reunión del “Comité operativo
de emergencias” de la seccional Cesar, de 16 de febrero de 201626, se resaltó “(…)
el tema de riesgo locativo por el estado deficiente de las escaleras, por estar, varios
pisos del 2 al 7, las pestañas quebradas y muchos peldaños en mal estado, lo que
ha originado recurrentes accidentes por caída en escaleras (…)”. Es decir, los
miembros de ese comité, dentro de los que se encuentran las demandadas,
reconocieron, expresamente, que el deterioro de las escaleras del inmueble había
causado varios accidentes, dentro de los que se encontraba el sufrido por la aquí
demandante que, además, no era el único. Por lo tanto, la valoración conjunta del
acervo probatorio permite concluir que el penúltimo escalón, que comunica el piso
3 y 4 del palacio de justicia de Valledupar, tenía una falla estructural, la cual incidió
en la causa del daño alegado en la demanda, tal como lo narró la víctima directa27
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de 16 de enero de 2026, Exp.
70.675.
24 Corte Suprema de Justicia, sentencia STC-13366-2021 de 7 de octubre de 2021, citada en: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de marzo de 2024, Exp. 60.444.
25 Cuando, como en este caso, “(…) se trata de dichos del interrogado a instancia de [preguntas de] la contraparte [y] de los
que no puede derivarse una consecuencia adversa para este”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, auto de 16 de enero de 2026, Exp. 70.675.
26 Expediente Digital del Tribunal. Archivo “080ED_01Expedientedigitali.pdf”, Folios 85 a 86.
27 Al respecto, esta corporación ha considerado que “(…) como el declarante (...) es parte demandante en este proceso, lo
manifestado en su declaración será valorado en conjunto con los demás elementos probatorios y de acuerdo con el principio
de la sana crítica, pues el artículo 165 del CGP cataloga la declaración de parte como un medio de prueba, el artículo 191
del mismo cuerpo normativo dispone que la declaración de parte será valorada por el juez de conformidad “con las reglas
generales de apreciación de las pruebas” y el artículo 198 ibídem no da tratamiento de sospechoso a la declaración que
rinda una de las partes del proceso”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia de 17 de junio de 2024, Exp. 64.353.
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Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
en su declaración de parte de forma libre, lógica, clara y consistente, sin que obre
en el expediente pruebas que la contradigan.
31. Al respecto, la Sala resalta que en los casos de omisiones administrativas la
prueba directa del nexo causal se dificulta, precisamente, por la complejidad en la
demostración de que la probada inacción del Estado fue la causa del daño
alegado, tal como ocurre en este caso, con la falta de mantenimiento de las
escaleras. Por ello, como en todos los eventos en donde se alegan omisiones del
Estado, la jurisprudencia exige la demostración, no de una equivalencia de
condiciones causales, sino de la causa eficiente y adecuada del daño28, según la
cual, para que proceda la declaratoria de responsabilidad por omisión
administrativa, se requiere de dos elementos, primero, una obligación normativa de
la parte demandada que no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente y,
segundo, la virtualidad jurídica de que el eventual cumplimiento habría
interrumpido el proceso causal de generación del daño: en el presente caso ambos
presupuestos se cumplen pues, si de la cadena causal se suprimieran las probadas
omisiones en que incurrieron las demandadas en sus deberes de mantenimientos y
reparación de las escaleras, el daño no habría ocurrido.
32. En conclusión, según las reglas de la sana crítica y en aplicación de la teoría de
la causalidad adecuada, la Sala encuentra que la causa eficiente y adecuada del
accidente de la víctima directa se encuentra en la falla del servicio de las
demandadas, al omitir durante varios años realizar el mantenimiento y la reparación
de las escaleras que, en el palacio de justicia de Valledupar, conducen del piso 3
al 4, específicamente, por carecer de pasamanos y tener una falla estructural en el
penúltimo escalón, esto es, en el mismo tramo en donde quedó demostrado que
ocurrió la caída. Por lo anterior, no están llamados a prosperar los cargos que ponían
en duda la causa del daño o el nexo causal entre la falla probada y el daño
alegado, esto es: el cargo de la Fiscalía en que alegó que no estaba demostrado
que el accidente se haya causado por el escalón o peldaño aparentemente
incompleto (cargo 2); el cargo en el que la Rama Judicial alegó que la víctima
directa tenía preexistencias médicas que desconoció al usar las escaleras (cargo
2); el cargo en que alegó que no estaba demostrado que la víctima se hubiese
28 “(…) una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido -o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa-
al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado -por omisión- del cabal cumplimiento de las funciones que el
ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica
dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido
la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. (…) son dos los elementos cuya
concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente
caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función
administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la
virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción
del daño, daño que, no obstante no derivarse -temporalmente hablando- de manera inmediata de la omisión administrativa,
regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 27.434. Teoría de la casualidad adecuada
sistemáticamente reiterada, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 19 de septiembre de 2025, Exp. 69.212; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de octubre de 2024, Exp. 56.069; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de mayo de 2024, Exp. 05001233300020230019601; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 11 de octubre de 2023, Exp. 50.378; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, Exp.
51.864; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 31 de marzo
de 2023, Exp. 61.616, entre otras.
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Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
caído por causa del escalón con imperfección (cargo 3), ni aquel en que la misma
Rama resaltó que el deterioro era minúsculo (cargo 5) pues, según concluyó la Sala,
al margen de las preexistencias médicas o de la magnitud del deterioro del escalón,
si las demandadas no hubieran omitido sus deberes de mantenimiento y reparación
(virtualidad jurídica) el daño no habría ocurrido.
33. A pesar de lo anterior, la Sala no puede obviar los deberes, radicados en cabeza
de la víctima directa, de precaución en el uso y tránsito de las escaleras, más si,
como confesó en su declaración de parte, tenía conocimiento del mal estado en
que se encontraban, de su falta de mantenimiento, iba en tacones, con varios
documentos en las manos (5 carpetas y el código) y con el tiempo justo para llegar
a la audiencia de 2 de la tarde. Por lo tanto, si bien está probada la incidencia
causal del escalón defectuoso en la causa del daño, la Sala encuentra que la
víctima directa también participó en la generación del daño que sufrió. Sin
embargo, la Sala no comparte la decisión de la primera instancia, en el sentido de
reducir en un 50% el monto de los perjuicios que se reconocerán porque, según las
pruebas obrantes, resulta claro que, dadas las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que ocurrió el accidente, la víctima directa no se expuso imprudentemente
al riesgo de caída porque, si bien conocía el estado de las escaleras, actuó como
usualmente lo hacían todos los usuarios y trabajadores del palacio de justicia y las
escaleras estaban habilitadas para el tránsito, sin advertencias o señales de
precaución que alertaran sobre su mal estado. En consecuencia, la incidencia de
la víctima directa en la generación del daño fue mínima y comporta la reducción
de la condena en un 20% del monto de los perjuicios probados. De este modo, el
cargo de la parte actora, en el que alegó que no debía reducirse la condena
(cargo 1), prospera parcialmente.
34. En relación con lo anterior, la Rama Judicial alegó la configuración de una culpa
exclusiva de la víctima porque, a pesar del defecto en la escalera, la víctima directa
transitó de forma apresurada y cargando documentos, lo cual dificultaba sus
movimientos y visibilidad. La Sala no comparte el reparo porque, según la
jurisprudencia de esta corporación, “(…) esta eximente exige que la conducta del
afectado sea la causa adecuada y determinante del daño (…)”29. Es decir, y
también como lo ha considerado esta corporación, para su configuración se
requiere constatar los elementos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad
respecto del demandado, junto con el análisis de si el proceder activo u omisivo de
la víctima tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño30. Por
ello, para que tenga efectos liberatorios de responsabilidad, el hecho de la víctima
debe ser la única y exclusiva causa eficiente y adecuada del daño31.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 25 de noviembre
de 2025, Exp. 71.541.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 24 de marzo de
2011, Exp. 19.067.
31 “(…) para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios,
resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que el
comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho
lesivo o que haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 11 de agosto de 2025, Exp. 57.902.
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Radicado: 20001-23-39-003-2017-00447-00 (72.140)
Demandantes: Luisa Ledith Arias Medina y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
35. Tal como se ha expuesto, según el material probatorio obrante en el proceso, el
daño objeto de la controversia no encuentra, como causa única y exclusiva, la
actuación de la víctima pues, en paralelo, las fallas en el mantenimiento y
reparación de las escaleras también incidieron en su generación. En consecuencia,
no prospera el cargo de la Rama Judicial que alegó la configuración de una culpa
exclusiva de la víctima (cargo 1).
36. En este orden de ideas, con base en el análisis efectuado, la Sala confirmará
que la responsabilidad por los daños sufridos por las víctimas es imputable a las
demandadas, pero modificará la reducción de la condena en un 20%, en virtud de
la participación causal de la víctima directa en la generación del daño que sufrió.
Por lo tanto, las demandadas deberán reparar los perjuicios que ocasionaron, con
la referida reducción. Igualmente, aunque la condena de las dos entidades
públicas se hace de manera solidaria, solo para los efectos de las relaciones internas
de la solidaridad se modificará la proporción en la que las demandadas deben
responder porque, según las pruebas obrantes (considerando cuarto del convenio
interadministrativo 18 de 1997), el porcentaje de ocupación del inmueble, en donde
funciona el palacio de justicia de Valledupar, es de 23% de la Fiscalía y de 77% de
la Rama Judicial, no de 30% de la primera y de 70% de la segunda. En consecuencia,
el reparo en el que la Fiscalía alegó dicha proporción de ocupación (cargo 3)
prospera parcialmente, salvo lo relativo a que no tenía a su cargo el mantenimiento
de las escaleras; aspecto que ya fue resuelto atrás y que está ligado, precisamente,
al porcentaje de ocupación del inmueble.
2.3. Liquidación de perjuicios
37. El tribunal condenó, en abstracto, por concepto de daño moral y daño a la
salud porque no estaba en firme el dictamen de pérdida de capacidad laboral y,
adicionalmente, ordenó que en el término de 3 meses adelantaran “(…) las
gestiones a que haya lugar encaminadas a reparar los peldaños deteriorados de
las escaleras que del tercer piso conducen al cuarto piso del Palacio de Justicia de
Valledupar (…)”. Al respecto, la Rama Judicial alegó, en su recurso, que no se
acreditó pérdida de capacidad laboral y, por tanto, no se podía condenar por ese
perjuicio (cargo 6); que los daños morales no le eran atribuibles, sino al deterioro
físico previo que venía presentando la víctima directa (cargo 7) y que el término
concedido para hacer las reparaciones era insuficiente (cargo 9). Por su parte, la
Fiscalía, en su recurso, alegó que no había prueba respecto de la generación de
perjuicios morales por parte de los hermanos de la víctima directa (cargo 4); que no
obraba prueba de afectación por daño a la salud (cargo 5) y que, igualmente, el
término concedido para hacer las reparaciones se ampliara (cargo 6). Por último,
los demandantes, en su recurso, solicitaron que se condenara a 100 SMLMV para la
víctima directa, su esposo y sus hijos y 50 SMLMV para sus hermanos, por concepto
de daño moral, sin condicionarlo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral
(cargo 2) y, en relación con el daño a la salud, se aplicara la regla de excepción
de 400 SMLMV a favor de la víctima directa, también sin condicionarlo al porcentaje
de pérdida de capacidad laboral (cargo 3).
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proporción de la condena
38. En relación con el daño moral, la Sala encuentra que la sentencia de primera
instancia consideró, de forma expresa, que su fin es “(…) resarcir el dolor y
sufrimiento padecidos por la víctima directa y sus familiares y allegados con ocasión
de la lesión sufrida, [y que] para efectos de la liquidación de los mismos conforme a
la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado es menester tener en cuenta el
índice de pérdida de capacidad laboral de la víctima directa”. Además, precisó
que, en relación con el esposo, los hijos y los hermanos, “(…) a partir de las
especiales relaciones de afecto respecto de estos parientes, se presume la aflicción
moral que padecen”, según la jurisprudencia unificada de esta corporación32.
39. La Sala comparte dichas consideraciones porque el vínculo de la víctima directa
con los demás demandantes permite aplicar la presunción de prueba del perjuicio
moral sufrido, es decir, tener por cierto la existencia de dicha tipología de perjuicio.
Sin embargo, la falta de certeza del porcentaje de pérdida de capacidad laboral,
que es el criterio que ha usado la corporación33 para determinar la gravedad o
levedad de la lesión reportada por la víctima, habilita la condena en abstracto
pues, según el artículo 193 del CPACA, no hay certeza de su cuantía. Por lo tanto,
contrario a lo alegado por los demandantes, la pérdida de capacidad laboral sí es
el criterio idóneo para determinar la cuantía de la condena por perjuicio moral, sin
que los demandantes hayan demostrado que, por el tipo de lesiones, era
procedente reconocer un monto superior al máximo ordinario (100 SMLMV), como
en casos de graves violaciones de derechos humanos, particularmente en casos de
muertes ilegítimas de personas presentadas como dadas de baja en combate34. Lo
anterior, sin que se desconozca la gravedad de las lesiones padecidas por la víctima
directa. De este modo, no está llamado a prosperar el cargo de los demandantes
(cargo 2) tendiente a no condicionar los perjuicios morales al porcentaje de pérdida
de capacidad laboral de la víctima directa.
40. Igualmente, los cargos que cuestionaron la condena por perjuicio moral no
están llamados a prosperar porque, primero, contrario a lo alegado por la Rama
Judicial (cargo 7) el Tribunal expuso de forma razonada, según la jurisprudencia de
esta corporación, por qué se presumían y se derivaban de la lesión sufrida por la
víctima directa, segundo, contrario a lo alegado por la Fiscalía (cargo 4), según la
misma jurisprudencia unificada, los hermanos de la víctima directa hacen parte del
nivel 2 (relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil: abuelos, hermanos y
nietos) y, por lo tanto, se presume su existencia y correspondía a los demandados
desvirtuar la misma, carga procesal que no satisficieron.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172.
33 A título ilustrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 22 de mayo de 2026, Exp. 63.026; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia de 13 de marzo de 2026, Exp. 73.182; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 9 de diciembre de 2025, Exp. 56.561; entre otras.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 2014, Exps. 26.251 y 32.988. “[e]n casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos,
entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan
circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto
total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá
motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”.
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41. En relación con el daño a la salud, la primera instancia resaltó que en materia
de lesiones psíquicas o físicas de la persona las tipologías de perjuicios como el daño
a la vida en relación, el estético o el psicológico “(…) se encontraban subsumidos
en la denominación genérica de “daño a la salud” (…)”. Como soporte de ello
refirió la sentencia de esta corporación, de 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172. A
efectos de determinar el monto de la condena, valoró la declaración de la víctima
directa y concluyó que “(…) tanto la salud física, emocional, la vida social y laboral
de la accionante se han visto afectadas negativamente con el accidente laboral
sufrido por la accionante, dejando unas secuelas que refiere, pero que como se
indicó en el acápite de perjuicios morales, no cuentan con calificación de
porcentaje de pérdida de capacidad definido, por lo que se hace necesario contar
con dicho guarismo a fin de determinar el monto indemnizatorio (…)”. Por lo tanto,
condenó en abstracto, “(…) para que a través de trámite incidental se aporten
todas las pruebas que acrediten el porcentaje de pérdida de capacidad laboral
realmente reconocido (…) debiendo de igual manera determinarse si se configuran
los presupuestos para aumentar el monto indemnizatorio por encima del quantum
fijado en la tabla que antecede, lo anterior en aplicación de los criterios que
facultan al operador judicial para ello.”
42. La Sala comparte, también, estos razonamientos porque, en efecto, la
jurisprudencia unificada de esta corporación35 determinó que la tipología del daño
a la salud indemniza una afectación psicofísica y su tasación se realiza con base en
un componente objetivo (porcentaje de invalidez) y uno subjetivo (impacto
particular en la persona lesionada). Por lo tanto, la Sala considera que la motivación
de la condena impuesta en abstracto satisface las exigencias de los precedentes
unificados de esta corporación. En consecuencia, contrario a lo alegado por la
Fiscalía (cargo 5), sí obra prueba de su existencia y, de conformidad con el artículo
193 del CPACA, en incidente se deberá determinar su cuantía, con base en los
criterios determinados en la sentencia de primera instancia, que no fueron objeto
de reparos. En el mismo orden de ideas, la parte demandante no satisfizo la carga,
impuesta por la jurisprudencia unificada36, de demostrar circunstancias de una
mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, que justificara aplicar la regla de
excepción y condenar por un monto superior a los fijados, sin superar 400 SMLMV y,
por lo tanto, su reparo (cargo 3) no está llamado a prosperar.
43. En relación con el plazo de 3 meses para efectuar las “(…) gestiones a que haya
lugar encaminadas a reparar los peldaños deteriorados de las escaleras que del
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación de 28 de agosto de
2014, Exp. 31.170. Consideraciones que han sido reiteradas, precisamente, en casos de daños a la salud: “De conformidad con
la sentencia de unificación, el perjuicio a la salud se divide en una faceta objetiva -relacionado con la afectación física- y una
faceta subjetiva en la que se tiene en cuenta, entre otros factores, “la anormalidad de la estructura o función psicológica”,
“la restricción de la capacidad para realizar una actividad rutinaria”, “los factores sociales, culturales u ocupacionales”, la
edad, el sexo y aquellos “que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima
directa””. Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 7 de
septiembre de 2023, Exp 52.713. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 11 de octubre de 2023, Exp 60.705; Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 7 de septiembre de 2023, Exp 60.705; Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 4 de septiembre de 2023, Exp 56.977;
36 Consejo de Estado, sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 28 de agosto de 2014. Expedientes:
28804 y 31172.
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proporción de la condena
tercer piso conducen al cuarto piso del Palacio de Justicia de Valledupar”, no se
accederá al reparo conjunto de las demandadas de ampliarlo porque, según el
parágrafo 1 del artículo 243 del CGP, el recurso se concedió en el efecto suspensivo
y, por lo tanto, la Sala considera que a la fecha, desde la notificación del auto que
concedió el recurso37 y/o del auto que lo admitió38, ha transcurrido un tiempo
prudente, razonable y proporcional para efectuar las reparaciones
correspondientes. En consecuencia, los alegatos de la Rama Judicial (cargo 9) y de
la Fiscalía (cargo 6) en relación con dicho plazo no prosperan.
44. Por último, la Rama Judicial alegó que no se probó la pérdida de capacidad
laboral y, por tanto, que no se podía condenar por ese perjuicio. Al respecto, la Sala
precisa que la primera instancia no condenó, autónomamente, por un perjuicio
relativo a la pérdida de capacidad laboral. Distinto es que, como se ha expuesto,
dentro de la condena en abstracto, decidió que aquella fuera el criterio de cálculo
de los perjuicios morales y del daño a la salud, tal como lo ha considerado esta
corporación. En consecuencia, no prospera el reparo de la Rama Judicial (cargo 6)
en relación con la capacidad laboral como criterio de la condena en abstracto.
2.4. Condena en costas
45. Según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, la Sala no
condenará en costas, ni en agencias en derecho de esta instancia a ninguna de
las partes porque, si bien uno de los cargos de la Fiscalía prosperó, también lo hizo,
parcialmente, uno de los cargos propuesto por los demandantes.
3. DECISIÓN
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de 25
de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, según las consideraciones
expuestas, el cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de manera solidaria, por las lesiones sufridas por la señora
LUISA LEDITH ARIAS MEDINA, como consecuencia del accidente sufrido en las escaleras
que del tercer piso conducen al cuarto del Palacio de Justicia de Valledupar, en
37 En estado de 27 de septiembre de 2024, según comunicaciones remitidas a las partes en la misma fecha. Índices 84 y 85,
SAMAI, Tribunal Administrativo de Cesar.
38 En estado de 26 de marzo de 2025, según comunicaciones remitidas a las partes el 25 de marzo de 2025. Índice 5, SAMAI,
Consejo de Estado.
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Demandantes: Luisa Ledith Arias Medina y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y otra
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia y modifica la
proporción de la condena
proporción al porcentaje de ocupación del inmueble por parte de cada una de ellas
(Fiscalía 23% y Rama Judicial 77%), por las razones expuesta en la parte motiva de esta
decisión.”
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, según las consideraciones
expuestas, el cual quedará así:
“TERCERO: REDUCIR en un 20% el monto de los perjuicios reconocidos en el ordinal
anterior, debido a la participación de la señora LUISA LEDETH ARIAS MEDINA en la
materialización del hecho dañoso.”
TERCERO: CONFIRMAR el resto de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de julio
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, según las consideraciones
expuestas.
CUARTO: NO CONDENAR por concepto de costas y agencias en derecho de esta
instancia, según las consideraciones expuestas.
QUINTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
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