Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06740-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06740-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06740-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de febrero de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 74 0- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06740-01
Accionante: Luz Mélida Úsuaga Lambertinez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.
Tema: Acción de tutela contra auto en el que se confirmó el rechazo de una
demanda de reparación directa, por falta de subsanación.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la
sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
La señora Luz Mélida Úsuaga Lambertinez, en nombre propio y en representación
de su hija menor de edad, Lina Marcela Guisano Úsuaga y Laura Vanesa Guisao
Montoya promovieron acción de tutela para que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad.
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HECHOS
La parte accionante manifestó que el 11 de enero de 2023 instauró medio de control
de reparación directa en contra del municipio de Necoclí, de la Gobernación de
Antioquia y del Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS), por la muerte del
señor Rubén Darío Guisao Manco ocurrida el 22 de octubre de 2020.
Que el 1.° de junio de 2023 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Turbo inadmitió la demanda, porque no se consignaron los fundamentos de derecho
y no se realizó la estimación razonada de la cuantía.
Que el 7 de ese mes y anualidad subsanó las anteriores falencias, esto es, dentro
del término concedido para ese efecto, memorial que envió de manera simultánea
al correo del Juzgado jadmin02tur@notificacionesrj.gov.co y a los de las entidades
demandadas.
Que, a pesar de lo anterior, el 13 de julio de 2023 el Juzgado mencionado rechazó
la demanda con el argumento de que en su condición de demandante no hizo uso
de la oportunidad concedida, comoquiera que no aportó memorial alguno.
Que interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra el auto
anterior, pero el 27 de julio de 2023 la autoridad judicial no decidió reponer el
proveído, con el argumento de que la dirección electrónica para remitir los
memoriales era j02admturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co. y no a la que se envió la
subsanación.
Que el 19 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Oralidad. confirmó la decisión recurrida, para lo cual fundamentó su decisión en
el auto del 18 de septiembre de 2023 proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2021-02056-
01 (69677).
Considera que el caso citado por el Tribunal precitado no guarda correspondencia
con el asunto bajo estudio pues en este, obra constancia suscrita el 14 de julio de
2023 por la citadora del Juzgado, en el que consta que el memorial de subsanación
fue allegado al correo electrónico jadmin02tur@notificacionesrj.gov.co, lo que no
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ocurrió en el caso examinado por el tribunal de cierre de lo contencioso
administrativo, en el que no constaba la actuación.
Que el correo electrónico al que se envió el memorial pertenece al citado despacho,
por lo que el hecho de no haber sido tenido en cuenta conlleva la configuración de
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; para soportar su posición,
hizo referencia al auto del 16 de febrero de 2023 dictado por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 05001-23-33-000-2017-01541-
01 (2179-2022).
PRETENSIONES
Solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.
reponer el auto del 19 de octubre de 2023 y, en esa medida, revocar el auto del 13
de julio de 2023 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Turbo y, en su lugar, ordenarle a este último que admita la demanda.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 8 de noviembre de 2023 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto, en el que se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, como
accionado; y al municipio de Necoclí, al departamento de Antioquia, al INVIAS y al
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, como terceros con
interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, guardó
silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El municipio de Necoclí, por conducto de su alcalde, indicó que los hechos
expuestos en el escrito de tutela no le constan, puesto que el proceso de reparación
directa que dio lugar a la instauración de la acción no le ha sido notificado, en tanto
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no se ha admitido, por lo cual solicitó decidir de acuerdo a lo que se pruebe en el
proceso y en su caso negar las pretensiones.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, mediante su
titular, expresó que en el auto de inadmisión de la demanda se precisó que el
memorial de subsanación debía ser enviado al correo electrónico
j02admturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co. y que a la dirección electrónica que se
remitió es solo para notificaciones por parte de esa judicatura, por lo cual no se
repuso el auto de rechazo.
Que para adoptar esa decisión también tuvo en cuenta una providencia de la Sala
Plena del Consejo de Estado del 7 de febrero de 2022 sobre la materia, en la que
se indicó que en casos donde los memoriales son enviados a un buzón electrónico
distinto al destinado para su recepción, que han sido debida y previamente
informado a las partes, deben tenerse por no presentados.
Resaltó que los accionantes, en el escrito de tutela, reconocieron que el documento
con el cual pretendían subsanar la demanda fue enviado a una dirección electrónica
distinta a la informada desde un inicio por ese despacho, lo que demuestra que su
apoderado incumplió el deber de cuidado al omitir la advertencia que se le hizo en
el numeral 3 del auto donde se inadmitió la demanda.
El INVIAS, a través de apoderado judicial, manifestó que los hechos narrados por
la parte actora no le constan, por cuanto aquellos corresponden al rechazo de una
demanda por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad, razón por la cual no hizo ningún pronunciamiento sobre el particular y
solicitó su desvinculación.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 13 de diciembre de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado negó la
solicitud de desvinculación del INVIAS y las pretensiones de la demanda, porque
determinó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
no incurrió en el defecto procedimental alegado ni en el desconocimiento del
precedente judicial, el cual estimó debía ser analizado, en atención a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
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Refirió que el escrito de subsanación fue remitido a una dirección electrónica no
habilitada para la recepción de mensajes de datos, por lo cual la decisión de
rechazar la demanda se sustentó en la omisión de la parte actora de radicar en
debida forma el escrito de subsanación; postura que soportó en pronunciamientos
del Consejo de Estado.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de tutela y solicitó revocarla y conceder las
pretensiones; para el efecto, adujo que la dirección electrónica a la cual se envió el
escrito de subsanación, sí estaba habilitada para la recepción de mensaje de datos,
prueba de ello es la constancia del 14 de julio de 2023 suscrita por la citadora del
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, en la que señaló que
encontró el correo enviado. Además, insistió en que ese buzón electrónico
pertenece a ese Juzgado.
Sostuvo que la postura del juez colegiado de primera instancia consistente en que,
la decisión de rechazar la demanda se encuentra sustentada en la omisión de
radicar en debida forma el escrito de subsanación, desconoce el principio de
taxatividad que rige las causales de rechazo de la demanda, establecidas en el
artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.
Al respecto, indicó que la radicación del escrito del memorial referido tuvo ocurrencia
mucho antes de que fenecieran los 10 días concedidos para ese fin, por lo cual no
se configura el supuesto de hecho de la causal 2 prevista en el artículo precitado.
Expuso que la Sección Primera de esta corporación no esgrimió ningún argumento
para apartarse de la Sentencia SU061/18 sobre el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto ni de la postura fijada en el proveído del 16 de febrero de 2023
dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado
05001-23-33-000-2017-01541-01 (2179-2022), en un caso con supuestos similares
al presente, la cual fue reiterada posteriormente en auto del 23 de febrero de 2023
proferido por igual Subsección, expediente 20001-23-39-000-2017-00447-01 (4111-
2022).
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Afirmó que la Sección que conoció la primera instancia priorizó lo formal sobre lo
sustancial, puesto que desconoció que el juez segundo administrativo oral del
circuito de Turbo tuvo a su alcance el memorial de subsanación y, pese a ello, optó
por no reponer su decisión, lo cual va en contra del artículo 228 de la Constitución.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
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habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En síntesis, la parte accionante manifestó su desacuerdo con la negativa de acceder
al amparo solicitado, porque consideró que la dirección electrónica a la cual envió
el escrito de subsanación estaba habilitada para la recepción de mensaje de datos,
conforme a la constancia del 14 de julio de 2023 suscrita por la citadora del Juzgado
de primera instancia; se transgredió el principio de taxatividad que rige las causales
de rechazo de la demanda, en tanto el memorial se remitió en tiempo; no se tuvo en
cuenta el desconocimiento de la Sentencia SU061/18 y del proveído del 16 de
febrero de 2023 dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, radicado 05001-23-33-000-2017-01541-01, cuyo criterio fue reiterado
posteriormente; y se dio prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, lo cual
va en contra del artículo 228 de la Constitución.
Para resolver los disensos expuestos, esta Subsección advierte que el 19 de
octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
confirmó el auto del 13 de julio de 2023, mediante el cual el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Turbo rechazó la demanda de reparación directa
por no subsanar los requisitos formales.
Para soportar esa determinación, la Sala precitada sostuvo que aconteció la causal
de rechazo de la demanda prevista en el numeral 2 del artículo 169 de la Ley 1437
de 2011, esto es, «cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la
demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida», pues, si bien la parte
demandante allegó memorial con el que pretendía subsanarla, lo cierto es que lo
remitió al correo electrónico jadmin02tur@notificacionesrj.gov.co. y no al dispuesto
para ese efecto, esto es, j02admturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co, pese a que se
le informó en el auto inadmisorio sobre el canal digital pertinente; posición que
soportó en providencia del 18 de septiembre de 2023, en el proceso con radicado
05001-23-33-000-2021-02056-01.
Esta Subsección considera que la anterior decisión estuvo debidamente justificada
tanto en los supuestos fácticos del caso como en el ordenamiento jurídico, con
mayor razón si se tiene en cuenta que desde el auto de inadmisión el Juzgado
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Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo dispuso que «El memorial con
que se dé cumplimiento a lo exigido deberá remitirse al correo electrónico
j02admturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co», lo cual no fue tenido en cuenta por la
parte demandante.
En ese orden de ideas, no resulta factible en esta sede trasladar la omisión de la
parte demandante a las autoridades judiciales y, en ese entendido, endilgarles la
configuración de un defecto por esa desatención.
En el recurso de impugnación, la parte accionante manifestó que la dirección
electrónica a la cual se envió el escrito de subsanación sí estaba habilitada para
recibir mensaje de datos, conforme a la constancia del 14 de julio de 2023 suscrita
por la citadora del Juzgado de primera instancia, en la que se consignó que al revisar
el correo electrónico de notificaciones judiciales
jadmin02tur@notificacionesrj.gov.co encontró el mensaje de datos con el memorial
de subsanación.
En cuanto a ese argumento, debe aclararse que el hecho de que se haya hallado el
mensaje de datos en ese canal digital no implica que aquel haya sido dispuesto para
la recepción de correos, motivo por el cual el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Turbo desde el momento de la inadmisión informó a la parte
demandante cuál era el buzón electrónico previsto para ese efecto.
Tampoco le asiste razón a la parte actora al sostener que no se aplicaron
taxativamente las causales de rechazo establecidas en el artículo 169 de la Ley
1437 de 2011, en tanto uno de los motivos para ello es no haber corregido la
demanda en la oportunidad legalmente establecida, supuesto de hecho ocurrido,
pues el memorial con el que se pretendía la subsanación no fue remitido al correo
electrónico indicado por el despacho y destinado para ese particular, con
independencia de si fue presentado o no en tiempo.
Ahora, en relación con el desconocimiento de la Sentencia SU061/18 que fue citada
por el accionante para hacer referencia a los eventos en los cuales se configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se observa, como se explicó,
que no se encuentra estructurado un yerro en la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad; por el contrario, lo que se
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evidencia es un análisis minucioso sobre el asunto y conforme a las normas
procedimentales.
En este punto los actores afirman que se está dando prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal; no obstante, se precisa que ese principio no conlleva el
desconocimiento caprichoso de las formas procesales, sino el análisis de estas
conforme a los postulados constitucionales.
En ese entendido, en el caso bajo estudio no es posible obviar la regulación procesal
en cuanto a la subsanación de la demanda, pues es deber de las partes utilizar
debidamente los medios tecnológicos, máxime si se tiene en cuenta que en el
presente caso la parte demandante tenía pleno conocimiento de la dirección
electrónica a la cual debía ser remitido el memorial, a pesar de lo cual, y sin
justificación para ello, omitió ese deber.
En relación con el proveído del 16 de febrero de 2023 dictado por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 05001-23-33-000-2017-
01541-01, señalado como inobservado, se aclara que se trata de un auto que no
constituye precedente, en tanto en él no se definió una regla jurisprudencial de
obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales de inferior jerarquía.
En consecuencia, al no encontrarse demostrados los defectos estudiados en esta
sede, se confirmará la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 13 de diciembre de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la acción de tutela, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.
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Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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