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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00189-02

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00189-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Leo Marina Herrera Fontalvo contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2013-00189-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo
Demandados: Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla

Temas: Pensión voluntaria de jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Leo Marina Herrera Fontalvo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 312 del 28 de octubre de
2005, 205 del 12 de septiembre de 2006 y 0703 del 29 de diciembre de 2008
expedidas por la alcaldía de Barranquilla, por medio de las cuales le negaron el
reconocimiento de una pensión voluntaria de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

solicitó i) el reconocimiento de la aludida pensión desde que cumplió el requisito
de edad; ii) el pago del retroactivo desde que cumplió los 48 años de edad, es
decir, desde el 27 de junio de 2003; iii) el reajuste de las sumas reconocidas de
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor; iv) el pago de los intereses
moratorios por los valores dejados de recibir; y v) la condena en costas a la entidad
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Leo Marina Herrera Fontalvo nació el 27 de junio de 1955 y cumplió 48 años
de edad el 27 de junio de 2003.

3.2. El 20 de mayo de 1974, se vinculó a las extintas Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla2 mediante contrato de aprendizaje.

3.3. El 15 de enero de 1992, el gerente de las EPM le ofreció una bonificación y
una pensión de jubilación con fundamento en el Acuerdo 0023 del 6 de junio de
1991 expedido por el Concejo de Barranquilla y el «Plan Orión» mediante carta
RVEP/1292; propuesta a la que accedió y, por lo tanto, renunció de manera
voluntaria.

3.4. Mediante Resolución 160 de 1992 notificada el 29 de mayo de ese año, las
extintas EPM le aceptaron la renuncia y ordenaron el pago de la bonificación.

3.5. Luego de cumplir los 48 años de edad [requisito que le hacía falta para
adquirir la pensión ofrecida por las EPM y por la cual se acogió al retiro voluntario]
el 25 de febrero de 2004 solicitó su reconocimiento. Petición esta que fue negada
por medio de la Resolución 312 de 2005, expedida por el secretario de hacienda y
el jefe de división de pensiones, con fundamento en que en su hoja de vida no
obraba tal ofrecimiento.

3.6. Contra la anterior decisión presentó recursos de reposición y en subsidio de
apelación; los que fueron resueltos a través de las resoluciones 205 de 2006 y 0703
de 2008, respectivamente, y que confirmaron la negativa.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 25, 53, 238, 256 y 257 de la Constitución

2 En adelante EPM

2

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

Política; decretos 2400 de 1968, 1660 y 2100 de 1991; y el Acuerdo 0023 del 6 de
junio de 1991 expedido por el Concejo de Barranquilla.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

5.1. La pensión solicitada es una prestación voluntaria que ofreció el empleador
para dar por terminada su relación laboral y que estuvo fundamentada en el Acuerdo
023 de 1991 expedido por el Concejo de Barranquilla, cuyos requisitos eran haber
laborado más de 15 años y cumplir 48 años de edad, sin que sea procedente
determinar si era trabajadora oficial o empleada pública en tanto no es una pensión
de carácter legal ni convencional.

5.2. Cumplió los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por
retiro anticipado por cuanto acumuló un tiempo de servicio de 17 años, 10 meses y
24 días, en el período comprendido entre el 20 de mayo de 1974 y el 15 de abril de
1992 fecha en la que se le aceptó la renuncia voluntaria, y alcanzó los 48 años de
edad, el 27 de junio de 2003.

5.3. Con los actos acusados se desconoció el artículo 53 de la Constitución
Política sobre los derechos mínimos irrenunciables del trabajador. Aunado a que el
Consejo de Estado en sentencia del 26 de septiembre de 20074 señaló que «si bien
el "retiro anticipado" da la posibilidad al trabajador de obtener una pensión anticipada, su
reconocimiento lo da directamente la ley sin necesidad de que exista de por medio un plan
de retiro anticipado».

1.2. Contestación de la demanda

6.El distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

6.1. Las pretensiones carecen de fundamentos legales y en el caso en concreto
se está frente a la aplicación de una norma convencional y no de un acto
administrativo, pues las entidades públicas no pueden crear prerrogativas y
obligaciones de tracto sucesivo por carecer de discrecionalidad para administrarlas.
En todo caso, no es posible ofrecer a los empleados públicos una pensión no
regulada en la ley.

6.2. Los beneficios concedidos en las convenciones colectivas de trabajo son
producto de un conflicto colectivo y no es posible que los empleados públicos hagan

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 1 a la 8
4 M.P. Ligia López Diaz

3

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

parte de los pliegos de peticiones originados con ocasión de dichos conflictos, en
razón a que no firman contratos de trabajo con las entidades públicas, sino que
tienen una relación legal y reglamentaria que no admite discusión sobre las
condiciones salariales o laborales.

6.3. La decisión adoptada fue acorde con varios precedentes judiciales como por
ejemplo las sentencias C-902 de 2003 y SU241 de 2015, además de las proferidas
por la Sala de Casación Penal y la Laboral de la Corte Suprema de Justicia5.

6.4. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, los servidores públicos
quedaron cobijados por esta ley desde el 30 de junio de 1995 y la Corte
Constitucional al estudiar la exequibilidad del artículo 146 ejusdem señaló que las
entidades estatales podían otorgar pensiones de jubilación con base en normas de
carácter territorial o con normas convencionales hasta el 28 de agosto 19976.

6.5. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia del derecho;
ii) prescripción; iii) buena fe; y iv) carencia de suficiente poder; v) agotamiento
parcial de la vía gubernativa; vi) pleito pendiente; y vii) genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A mediante sentencia proferida
el 13 de julio de 2020 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:

7.1. La carta de ofrecimiento de la bonificación y de la pensión de jubilación fue
aportada en copia simple y la entidad demandada la desconoció por lo que se le
resta valor probatorio.

7.2. En todo caso, a pesar de la irregularidad de la prestación sería viable amparar
su derecho con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
siempre y cuando este hubiese adquirido antes de que entrara en vigencia dicha
ley, pero como la demandante cumplió los 48 años el 27 de junio de 2003, esto fue
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100, es decir que no alcanzó a
adquirir el derecho.

5 Radicados 8067 del 20 de junio de 1966; 42556 del 26 de febrero de 2014;
6 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento C2, pág. 178 a la 194
7 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento C3, pág. 82 a la 104

4

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

1.4. El recurso de apelación

8. Leo Marina Herrera Fontalvo interpuso recurso de apelación en el cual manifestó
lo siguiente8:

8.1. El tribunal le restó valor probatorio a la carta de ofrecimiento de pensión
voluntaria con fundamento en que fue aportada en copia simple y que la entidad
demandada la desconoció, sin tener en cuenta que el artículo 246 del Código
General de Proceso les otorga valor probatorio y que la entidad no probó la tacha
propuesta, con una inspección judicial u otro medio de prueba. Además, en la
diligencia practicada para el reconocimiento del documento tachado de falso se
interrogó a Fernando Borda sobre el tipo de empleados a quienes se realizaron los
ofrecimientos para el retiro voluntario y los beneficios otorgados lo que no constituía
el objeto de la diligencia, quien frente al asunto solo indicó que no reconocía el
documento por obrar en copia. Asimismo, se omitió valorar las copias aportadas de
ofrecimientos similares a otros ex trabajadores de las Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla.

8.2. El ofrecimiento de la pensión fue un engaño y en todo caso el quo se amparó
en las normas legales para sostener que por su calidad de trabajadora no era
posible el reconocimiento, con lo que desconoció que de no haber aceptado el
ofrecimiento a las EPM le hubiese correspondido pagarle una indemnización y no
una mera bonificación como lo hizo.

8.3. La pensión ofrecida es voluntaria por lo que se encuentra por fuera del
sistema general de pensiones y prima la autonomía y voluntad del empleador.

8.4. La intención de estas pensiones es que la vida laboral de la persona no se
vea afectada porque tienen expectativa de pensionarse, gracias a la estabilidad
laboral, pero en relación con este tema el tribunal no se pronunció.

1.5. Alegatos de conclusión

9. Las partes no se pronunciaron en esta etapa9.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio10.

8 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_08001233300020130018(.zip) NroActua 2»,

documento 003. 2013-00189 APELACIÓN DE LEO MARINA HERRERA
9 Índices 13 y 17 de Samai, obran constancias de notificación y secretarial.
10 Índice 7 de Samai.

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Se circunscribe a establecer ¿si Leo Marina Herrera Fontalvo tiene derecho a la
pensión de jubilación ofrecida por el gerente de la extinta Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla con fundamento en el Acuerdo 0023 del 6 de junio de
1991 expedido por el Concejo de Barranquilla?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Naturaleza Jurídica de las Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla

12. Empresas Públicas Municipales de Barranquilla era un establecimiento
público autónomo, descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio,
constituidas por el Acuerdo 24 del 23 de mayo de 1960. Aunque en el proceso no
hay prueba que informe sobre la naturaleza jurídica de la entidad11, esta
corporación en varios pronunciamientos sí la ha estudiado y, al respecto, ha
indicado12:

«(…) las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla constituidas por el Acuerdo 24
del 23 de mayo de 1960 eran un establecimiento público autónomo, descentralizado con
personería jurídica y patrimonio propio.

Posteriormente, a través de la Resolución 05 de 12 de marzo de 1973 expedida por la
Junta Directiva de la empresa y aprobada por el Decreto 118 del mismo año proferido
por el alcalde de la ciudad, modificó los estatutos de las Empresas Públicas Municipales
de Barranquilla determinando el carácter de trabajadores oficiales de algunos servidores.

Luego, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de junio
de 1991 declaró la nulidad de la Resolución 05 de 1973 y el Decreto 118 del mismo año,
por cuanto la clasificación de los trabajadores contenidas en dichos actos administrativos
no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues los servidores de los establecimientos
públicos son por regla general empleados públicos y solo por “por excepción tienen la
condición de trabajadores oficiales quienes, se dedican al sostenimiento y construcción
de obras públicas”» (sic)

13. De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta corporación, las EPM de
Barranquilla eran un establecimiento público y, por lo tanto, sus servidores eran
empleados públicos por regla general, y solo serían trabajadores oficiales

11 Salvo por el Decreto 118 de 1991 que fue declarado nulo en sentencia del 11 de junio de 1991 por

el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 08001-23-31-
000-2009-01020-01 (4940-2014)
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2022, radicado

08001-33-33-004-2017-00143-01 (3758-2021) M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

6

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

aquellos trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas,
tendrían naturaleza de trabajador oficial. Este análisis fue igualmente expuesto
con anterioridad en sentencia del 10 de octubre de 2018, oportunidad en la que
señaló lo siguiente13:

«En el caso concreto de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, debe
señalarse que mediante el Acuerdo 24 del 23 de mayo de 1960 el Concejo de aquel
municipio definió que las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla se constituirían
como un organismo autónomo, descentralizado, con personería jurídica y patrimonio
propio.

Posteriormente, la Alcaldía Municipal de Barranquilla por medio del Decreto 191 de
196014, aprobó los estatutos de la referida entidad, en los cuales de definió la empresa
como una persona jurídica de derecho público, y se precisó que tendría autonomía para
la administración de los servicios públicos cuya prestación se le encomendó y señaló las
funciones de su Junta Directiva, órgano que más adelante, a través de la Resolución 05
de 12 de marzo de 1973, aprobado por el alcalde municipal por Decreto 118 de 1973,
adicionó los estatutos de aquel ente para señalar: «CAPÍTULO XIII - DEL RÉGIMEN
LABORAL ARTÍCULO 70º.- Todos los Trabajadores que prestan sus servicios a las
Empresas Públicas Municipales de Barranquilla con excepción del Gerente, los
Subgerentes y Jefes de División, tienen el carácter de trabajadores oficiales (…)».

El 2 de junio de 1987, la Junta Directiva de las EPM de Barranquilla, expidió Resolución
022 en la que modificó nuevamente el artículo 70 de los estatutos, para precisar cuáles
serían los cargos que desempeñarían actividades de dirección y confianza, para ser
tenidos como empleados públicos, a saber: gerente general, gerentes, subgerentes,
secretaria general, jefes de oficinas, directores, jefe de división, jefes de departamento,
sub-jefes, interventores, ingenieros de planta, profesionales I y II, previsión que aprobó
la Alcaldía municipal por Decreto 472 de 1987.

En este punto, es importante tener presente que la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia de 11 de junio de 199115, declaró la nulidad de la Resolución
05 y Decreto 118 de 1973, proferidos por la Junta Directiva de las Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla y Alcalde de dicha ciudad, respectivamente, por considerar
que la clasificación de los trabajadores de las EPM de Barranquilla, contenida en estos
actos no se ajustan a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico, habida cuenta de que
los servidores de los establecimientos públicos tienen el carácter de empleados públicos,
con excepción de los dedicados a la construcción o sostenimiento de obras públicas.

Ante el panorama descrito, mediante el Decreto 649 de 1 de noviembre de 1991,
expedido por el alcalde de Barranquilla, se aprobó una modificación a los estatutos de
las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, para resolver:

«ARTÍCULO PRIMERO. - Apruébese la modificación del artículo 70 de los Estatutos de
las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, el cual quedará así:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 08001-23-31-000-2009-01020-01

(4940-2014)
14 Ff. 412 a 420.
15 Consejo de Estado, Sentencia de 11 de junio de 1991, Radicación: CE-SEC2-EXP1991-N3773,

Actor: José Joaquín Rincón Chávez (Contraloría Municipal de Barranquilla). (ff. 366 a 374).

7

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

Se tienen como actividad de sostenimiento y construcción de obras públicas las que
ejecuten en los cargos de: Albañil, Aseadora, Ayudante I, Ayudante de Electricidad,
Ayudante de Mecánica, Ayudante de Operación, Cadenero, Carpintero, Capataz,
Celador, Chofer, Conductor II, Conductor III, Conductor IV, Electricista, Electricista I,
Electricista II, Lubricador, Mecánico, Mecánico I, Mecánico II, Obrero, Obrero I, Obrero
II, Obrero III, Obrero IV, Obrero V, Obrero VI, Operador, Operador I, Operador V,
Operador de Planta de Tratamiento, Oficial, Oficial I, Oficial II, Oficial de Pintura,
Plomero, Soldador, Supervisor de Acueducto, Supervisor de Alcantarillado, Supervisor
de Aseo, Supervisor de Mecánica, Supervisor de Electricidad, Supervisor de Mercadeo,
Técnico Operador, y en consecuencia todas las personas que desempeñen tales
actividades tienen la calidad de Trabajadores Oficiales. Todos los demás son
Empleados Públicos. […]» [se resalta] (sic)

2.2.2. En torno a la calidad de empleado público o trabajador oficial de los
vinculados a las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla

14. Al respecto, valga señalar que el carácter de empleado público o trabajador
oficial se adquiere de acuerdo con los criterios orgánico, funcional y estatutario,
esto es, la entidad en la que se presta el servicio, las funciones que desempeña
el trabajador y las disposiciones contenidas en los estatutos de la entidad.

15. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la sola
forma de vinculación no es razón suficiente para determinar si una persona puede
ser considerada como empleado público o trabajador oficial, y que se hace
necesario analizar si se cumplen los criterios mencionados. Sobre el particular
señaló lo siguiente16:

«Según lo anterior, la legislación previó un concepto general para referirse a los
servidores públicos, indistintamente si se trata de empleados públicos o trabajadores
oficiales, como es la denominación empleado oficial, tal y como lo reguló el artículo 1.º
del Decreto 1848 de 1969. Respecto a las definiciones de empleado público y trabajador
oficial, la norma en cita reproduce prácticamente en su integridad el artículo 5 del Decreto
Ley 3135 de 1968.

De modo tal que para diferenciar al empleado público del trabajador oficial se debe
recurrir al criterio orgánico y funcional. Ello porque en el caso de que la entidad
empleadora sea un ministerio, departamento administrativo, superintendencia y
establecimiento público (criterio orgánico) se infiere que se trata de empleado público,
salvo, se reitera, si se dedica a actividades de construcción y mantenimiento de obras
públicas (criterio funcional).

Dicha regla también funciona en el caso de las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta (criterio orgánico) que por regla general

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de mayo de 2020, radicado

47001-23-33-000-2015-00108-01(1956-17), M.P. William Hernández Gómez.

8

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

están compuestas principalmente por trabajadores oficiales y en cargos de dirección y
confianza por empleados públicos (criterio funcional).

De igual forma, se precisa que la forma de vinculación de uno y otro es diferente, por
cuanto el empleado público se une al Estado mediante una relación legal y reglamentaria
mientras que los trabajadores oficiales lo hacen a través de contrato de trabajo».

16. En tal sentido, corresponde analizar la normativa que rige la materia a
efectos de establecer la calidad del trabajador en torno a los criterios señalados
previamente.

17. Así, el Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la
seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales» dispuso lo
siguiente:

«Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores
de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden
ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.17

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos.» [Se resalta].

18. De la norma transcrita se derivan los tres criterios reseñados: el orgánico,
en tanto indica que la clasificación en uno u otro responde a la naturaleza jurídica
de la entidad; el funcional pues tiene en consideración las labores que
desempeña el trabajador; y el estatutario, en tanto permite que a través de estos
instrumentos internos la entidad indique las actividades que pueden ser
desempeñadas por empleados públicos.

19. Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del aludido
Decreto 3135, toda persona que preste sus servicios en entidades públicas como
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos
públicos, sin importar el orden territorial al que pertenezcan, es decir, si son
entidades de carácter nacional, departamental, municipal o distrital es, por regla
general, empleado público.

20. Empero, los trabajadores oficiales son: i) las personas dedicadas a las

17 Texto subrayado declarado inexequible mediante Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.

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actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, y ii) por regla
general, quienes trabajan en las empresas industriales y comerciales del Estado,
excepto por aquellos que desempeñen funciones de dirección o confianza

2.2.3. Situaciones jurídicas definidas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993

21. A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el régimen
prestacional de los empleados del nivel territorial lo determina el gobierno de
conformidad con la ley. Al respecto, el artículo 150, numeral 19, literal e) señala
lo siguiente:

«Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la fuerza pública».

22. A su turno, la Ley 4ª de 1992, dispone lo siguiente:

«Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.

[…]
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1992.html
Artículo 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen prestacional de
los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional,
con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.

Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional».

23. De acuerdo con lo anterior, le corresponde al Congreso de la República
dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos; es decir que «se presenta una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en
tanto que el Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros
generales conforme a los cuales el Gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos

10

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. Lo
anterior, en atención a lo dispuesto en los artículos 48 y 150, numeral 19 literales e) y f)
de la Constitución Política».

24. Así las cosas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las
disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos,
así como las normas de orden convencional.

25. No se desconoce que el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; no
obstante, dicha prerrogativa no aplica para los empleados públicos. Al respecto,
la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las
excepciones al derecho a la negociación colectiva es el caso de los empleados
públicos.

26. Con todo, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte concluyó que los
empleados públicos i) tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, pues
gozan del ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y
tenidos en cuenta, con el objeto de alcanzar una concertación voluntaria y libre
de las condiciones de trabajo, a fin de garantizar la participación de todos en las
decisiones que los afectan; y ii) si bien no gozan de los plenos derechos de
asociación y convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales,
de acuerdo con las normas de orden constitucional y en atención a lo dispuesto
en y los Convenios 151 y 154 de la OIT, incorporados a la legislación interna a
través de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, a estos servidores sí se les
permite participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y
cuando se entienda que la decisión final corresponde al gobierno nacional.

27. No obstante lo expuesto hasta ahora, para establecer el régimen
prestacional de los empleados públicos en el nivel territorial existían regímenes
prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior, lo que impuso
que, con el fin de salvaguardar derechos laborales consolidados, la Ley 100 de
1993 resolviera dejar a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a su entrada en vigencia, en desarrollo del artículo 58
constitucional que ampara los derechos adquiridos.

28. Así, el artículo 146 de la aludida ley dispuso lo siguiente:

«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales
o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con

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anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales
en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores
públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus
organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido <o cumplan dentro de los dos
años siguientes>18 los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».

29. La Corte Constitucional en sentencia C-410 de 1997, señaló que la anterior
norma se encontraba ajustada a los preceptos constitucionales. Al respeto
sostuvo lo siguiente:

«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual «se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores».

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras,
basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[...]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha
trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por
disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes». [se
resalta].

30. En línea con lo expuesto, se concluye que la Ley 100 de 1993 protegió los
derechos de quienes se pensionaron o cumplieron con los requisitos para ello con
regímenes territoriales con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal.

18 Expresión declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997.

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31. Ahora bien, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones
colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en
el aludido artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación
de 29 de septiembre de 2011 señaló lo siguiente19:

«En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos, que las
disposiciones del orden territorial, como Decretos Ordenanzas, regulaban, sin
competencia, el régimen pensional de los empleados públicos, mientras que en lo que
se refiere a las convenciones colectivas, regulaban la aplicación sólo para los
trabajadores oficiales y no para empleados públicos; pero en últimas, uno y otro eran
extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador.

La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y
consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes tenían
autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en consideraciones
precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus empleados porque esto
le correspondía al legislador.

[...]

En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».

2.3. Caso en concreto

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. Leo Marina Herrera Fontalvo nació el 27 de junio de 195520.

32.2. El 20 de mayo de 1974, se vinculó a las extintas Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla mediante contrato de aprendizaje21 y posteriormente,
como consta en el boletín 1608 del 7 de julio de 1977 fue nombrada en el cargo de

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, radicado 08001-

23-31-000-2005-02866-03(2434-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
20 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 84 obra cédula de ciudadanía y en la
102 consta acta de nacimiento
21 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 82 y 83

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secretaria I22. Mediante los siguientes boletines se presentaron las siguientes
novedades 2711 del 29 de julio de 1982 promoción del cargo de auxiliar II a
secretaria de gerencia23; 2127 del 14 de agosto de 1984 promoción del cargo
auxiliar II a auxiliar I24.

32.3. El 15 de enero de 1992 mediante carta RVEP/1292, el gerente de las EPM le
ofreció una bonificación y una pensión de jubilación en cumplimiento del Acuerdo
0023 del 6 de junio de 1991 expedido por el Concejo de Barranquilla y el «Plan
Orión», en los siguientes términos25:

«El programa citado [programa especial de oportunidad de retiro voluntario] prevee que
el trabajador que renuncia voluntariamente ósea que recilie su contrato de trabajo
durante el período comprendido entre el 15 y el 29 de enero de 1992. las Empresas
Públicas Municipales le otorgará una Bonificación Ocasional y de mera liberalidad sin
carácter de salario a Usted por el valor de $2,500,000.00 pesos.

Además de esta bonificación usted tendrá derecho a una Pensión mensual de Jubilación
equivalente al 100% del salario promedio mensual del último año a la fecha del retiro, al
cumplir 48 años de edad. La pensión ofrecida en esta carta no será adicional a la
establecida en la Convención Colectiva vigente, sino que es el reconocimiento expreso
del derecho que la Convención Colectiva de Trabajo consagra para Usted que
otorgaremos mediante el ofrecimiento que le presentamos en esta comunicación».

32.4. En escrito con fecha de recibido del 27 de enero de 1992, aceptó la oferta
anteriormente transcrita26.

32.5. El 29 de mayo de 1992, el gerente general de las EPM le aceptó la renuncia27
y ordenó el pago de la bonificación.

32.6. Obra certificado suscrito por el jefe de división del Fondo Territorial de
Pensiones del Distrito de Barranquilla en el que consta que trabajó en las extintas
EPM de Barranquilla desde el 20 de mayo de 1974 hasta el 15 de abril de 1992, en
el último cargo de secretaria de subgerencia y que en total laboró 17 años, 10 meses

22 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 81
23 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 213
24 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 296
25 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 145
26 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 144
27 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 71

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y 26 días28.

32.7. El 25 de febrero de 2004, solicitó el reconocimiento de la pensión voluntaria
y el pago del retroactivo con fundamento en el «Plan de retiro voluntario Orión»
ofrecido por las extintas EPM de Barranquilla. Petición esta que fue negada por
medio de la Resolución 312 de 200529, expedida por el secretario de hacienda y el
jefe de división de pensiones del distrito, con fundamento en que en su hoja de vida
no obraba tal ofrecimiento.

32.8. Contra la anterior decisión presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación30, pues consideró que cumplía con los requisitos de más de 15 años de
servicio y 48 de edad para obtener la pensión voluntaria de acuerdo con el plan de
retiro al que se acogió al presentar su renuncia en las extintas EPM y porque en
virtud de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, se debe dar
aplicación a las convenciones colectivas como la que reclama.

32.9. Los recursos fueron resueltos a través de las resoluciones 205 de 200631 y
0703 de 200832, respectivamente, que confirmaron la negativa por cuanto tenía la
calidad de empleada pública y por lo tanto no cumplía los requisitos para que le
fuera aplicable la convención colectiva de trabajo.

32.10. En audiencia de pruebas celebrada el 25 de abril de 2019 se recibió el
interrogatorio de parte de Leo Marina Herrera Fontalvo y la declaración de Fernando
Borda Castillo con el objetivo de que reconociera la autenticidad de la carta
RVEP/1292 tachada de falsa por la entidad demanda, quien adujo no poder
reconocerla, en tanto, había sido aportada en copia33.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

33. En atención a que lo que se pretende es que se reconozca el derecho a una
pensión de jubilación voluntaria ofrecida por las EPM a la demandante en virtud del

28 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 108
29 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 63 y 64
30 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág.66 a la 69
31 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 58 a la 60
32 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg)

NroActua 2», carpeta EXP 2013-00189J, documento 1C, pág. 16 a la 19
33 Tal y como consta en el acta de audiencia pública, visible a Índice 2 de Samai, expediente digital,

archivo «ED_CORREOENV_RVRIMITOPARAREPAR(.msg) NroActua 2», carpeta EXP 2013-
00189J, documento 3C, pág. 34 a la 37

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Acuerdo 023 de 1991 expedido por el Concejo de Barranquilla. Para ello, en primer
lugar, es necesario analizar si ella tenía el carácter de empleado público o trabajador
oficial. Sobre el particular, se tiene que:

34. Las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla eran un establecimiento
público autónomo, descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio. Leo
Marina Herrera Foltalvo prestó sus servicios allí mediante contrato de aprendizaje
desde el 20 de mayo de 1974; y posteriormente fue nombrada el cargo de secretaria
I de Subgerencia y en el cargo de auxiliar II.

35. En ese contexto, según el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 «[l]as personas que
presten sus servicios en los establecimientos públicos son empleados públicos; sin
embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales»

36. Así, la regla general es que las personas que estaban vinculadas a las Empresas
Públicas Municipales de Barranquilla eran empleados públicos a excepción de los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas.

37. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 649 de 1991, mediante el cual se aprobó
una modificación a los estatutos de estas empresas, indicó: «[s]e tienen como
actividad de sostenimiento y construcción de obras públicas las que ejecuten en los cargos
de: Albañil, Aseadora, Ayudante I, Ayudante de Electricidad, Ayudante de Mecánica,
Ayudante de Operación, Cadenero, Carpintero, Capataz, Celador, Chofer, Conductor II,
Conductor III, Conductor IV, Electricista, Electricista I, Electricista II, Lubricador, Mecánico,
Mecánico I, Mecánico II, Obrero, Obrero I, Obrero II, Obrero III, Obrero IV, Obrero V,
Obrero VI, Operador, Operador I, Operador V, Operador de Planta de Tratamiento, Oficial,
Oficial I, Oficial II, Oficial de Pintura, Plomero, Soldador, Supervisor de Acueducto,
Supervisor de Alcantarillado, Supervisor de Aseo, Supervisor de Mecánica, Supervisor de
Electricidad, Supervisor de Mercadeo, Técnico Operador»

38. Por lo anterior, y de acuerdo con cada uno de los criterios que permiten clasificar
la labor de secretaria y auxiliar que desempeñaba Leo Marina Herrera Fontalvo en
las EPM, se concluye que su naturaleza era de empleada pública, comoquiera que
era un establecimiento público y que no fue vinculada para desarrollar funciones de
construcción y sostenimiento de obras públicas.

39. Así las cosas, es viable inferir que, en principio, no podía ser beneficiaria de la
convención colectiva, tal y como se precisó anteriormente, en la medida en que los
empleados públicos no pueden beneficiarse de convenciones colectivas, tal y como

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se deriva del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo34. Al respecto, esta
Subsección ha precisado lo siguiente35:

«Como puede observarse, las normas antes descritas están en consonancia con el
artículo 55 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la negociación
colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley y
consagra el deber del Estado de promover medios de concertación y de solución pacífica
de conflictos colectivos de trabajo.

Así las cosas, encontramos que en el sector público, sólo a los sindicatos de trabajadores
oficiales se les han reconocido por el legislador las mismas atribuciones de los otros
sindicatos y el derecho a tramitar pliegos de condiciones en los mismos términos que los
demás, aun cuando no puedan declarar o hacer la huelga.

Por el contrario, los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de
condiciones ni celebrar convenciones colectivas, tal como lo dispone el artículo 416 del
Código Sustantivo del Trabajo, precepto que constituye una excepción a la garantía del
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales a que se refiere
el artículo 55 constitucional.

Significa lo anterior que los empleados públicos no pueden beneficiarse de
convenciones colectivas de trabajo, ya sean celebradas por sindicatos de
trabajadores oficiales o por sindicatos mixtos, si con las mismas se modifica el
estatuto legal a que se encuentran sometidos. En relación con ellos, primará
siempre la ley sobre la convención» [Se resalta].

40. No obstante, tampoco se aportó prueba en la que conste que la convención
colectiva de trabajo, a la que se alude en la carta de ofrecimiento del programa de
retiro voluntario y en la petición presentada el 16 de febrero del 200036 ante el Fondo
Territorial de Pensiones del distrito de Barranquilla, se hubiese extendido a los
empleados públicos de las EMP, entre ellos, a la demandante; lo que en caso
contrario, tampoco cambiaría el sentido de la decisión como se pasará a explicar
más adelante.

41. Ahora bien, en el escrito de apelación la demandante argumentó que tenía
derecho a percibir la pensión voluntaria, en tanto esta se ofreció en ejercicio de la
mera liberalidad del empleador y no correspondía a una prestación de origen legal
o convencional, por lo que se encontraba por fuera del sistema general de
pensiones.

34 «ARTÍCULO 416. LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. <TEXTO SUBRAYADO CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>

Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar
convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las
atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los
mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga».
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 5 de octubre de 2017, expediente

47001-23-33-000-2015-00035-01(0210-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
36 Pág. 100 y 101

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42. Sobre el particular, lo primero que advierte esta Sala es que, según el marco
normativo y jurisprudencial, cualquier disposición territorial o de orden convencional
que regule el régimen prestacional de los empleados públicos es contrario al orden
jurídico superior, ya que este está regulado exclusivamente por la ley según las
competencias para ello.

43. En efecto esta Corporación se ha pronunciado sobre pensiones otorgadas por el
empleador como consecuencia de un plan de retiro voluntario y que también se han
denominado «pensiones anticipadas» definidas «como aquéllas que se reconocen a los
trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a la pensión legal; no son
equivalentes a las pensiones extralegales, como lo sostiene el accionante, puesto que tales
pensiones hacen parte de los “planes de retiro voluntario” y tienen el carácter de
indemnizatorias, dado que se ofrecen a los trabajadores que no cumplen con los requisitos
para acceder a la pensión legal, quienes voluntariamente se acogen al plan, con el fin de
dar por terminado el contrato laboral»37 y que estarían por fuera del sistema de
pensiones pues no son consideradas ni legales, ni convencionales.

44. No obstante, también se ha señalado que son otorgadas de manera temporal y
no vitalicia, pues continúa a cargo del empleador seguir aportando a la entidad de
previsión, hasta que esta asuma la prestación al cumplir el trabajador con los
requisitos previstos en la ley. En el mismo sentido, «se otorgan de manera temporal y
no vitalicia, puesto que la obligación pensional a cargo del empleador cesa en el momento
en que la entidad de seguridad social asuma de manera definitiva la pensión legal. Así las
cosas, cuando el pensionado reúna los requisitos de ley, la pensión anticipada se
convertirá en pensión legal y será asumida por la entidad de previsión social a la que se
encuentre afiliado, quedando por tanto a cargo del empleador la diferencia si existiere entre
la mesada reconocida y la que pague la entidad de previsión social, por tratarse de una
pensión compartida»38 [Se resalta].

45. Sin embargo, no deja de ser ineludible, el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la prestación, y la que en el sub judice se reclama proviene de una
convención colectiva, la cual, según se señaló en la demanda, dependía de que
la trabajadora colmara los requisitos de edad y tiempo de servicios.

46. Luego, es claro que la demandante a la fecha de retiro de las EPM no tenía los
requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente para obtener la pensión de
jubilación, pues contaba con 17 años y 10 meses de servicio y 37 años de edad; y

37 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia 16 de agosto de 2007, radicado11001-03-27-000-

2005-00024-00-(15398); Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de agosto de 2019,
radicado 08001 2331 000 2009 01118 01 (2131-2016)
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de agosto de 2019,

radicado 08001-23-31-000-2019-01118-01 (2131-2016) M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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si bien es cierto la pensión voluntaria o anticipada a ella ofrecida, en principio y
según el criterio expuesto, estaba excluida del sistema de seguridad social, también
lo es que una vez cumplidas las condiciones presentadas por el empleador, en este
caso 48 años de edad, esta se otorgaría de forma transitoria, hasta tanto cumpliera
los requisitos dispuestos en la ley vigente y por ende pasaría a ser una pensión de
carácter legal, siempre y cuando esa situación se hubiese consolidado con
anterioridad al 30 de junio de 1997.

47. En relación con lo anterior, es necesario señalar que al entrar en vigencia la Ley
100 de 1993 dispuso en su artículo 11 su campo de aplicación, así:

«El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de
la presente Ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,
conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores
para quienes a la fecha de vigencia de esta Ley hayan cumplido los requisitos para
acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los
derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o
convención colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia
que les asiste a las partes y de que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias
entre las partes.»

48. Sin embargo, como se expuso, el artículo 146 de la referida Ley 100 convalidó
las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o
departamentales de quienes hayan cumplido «o cumplan dentro de los dos años
siguientes» los requisitos exigidos en dichas normas; sin embargo, el aparte
resaltado de la norma fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-410 de 1997. Con todo, esta corporación consideró que dicho
aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se
consolidaron entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento
en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de
inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y comoquiera que la sentencia de
constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión39.

49. Valga insistir en que la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió que dentro
de las disposiciones del orden territorial quedaron incluidas las regulaciones de las

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2010, radicado

25000-23-25-000-2004-08779-02 (1484-09) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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convenciones colectivas de trabajo40.

50. En esa medida, si la situación pensional de Leo Marina Herrera Fontalvo se
hubiera consolidado antes del 30 de junio de 1997, habría sido válida en aplicación
del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, independientemente, de la clasificación u
origen de la prestación; pero, para esa fecha, la demandante no cumplía con el
requisito de edad necesario para acceder a la pensión voluntaria, en tanto, lo
alcanzó el 27 de junio de 2003, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del
sistema de seguridad social integral.

51. En consecuencia, no tiene derecho al reconocimiento de la pensión voluntaria en
su condición de empleada pública, por cuanto la oferta contenida en la carta
RVEP/1292 no se sujetó al ordenamiento jurídico superior [artículo 150, numeral 19,
literal e) de la Constitución Política] y pese a que tuvo como origen en un plan de
retiro voluntario y anticipado denominado plan Orión que se fundamentó en
disposiciones del orden territorial, como así se reconoce en la demanda y se refiere
en otros documentos, su situación jurídica pudo ser convalidada de haberse
consolidado antes del 30 de junio de 1997; no obstante, ésta se produjo por fuera
del límite temporal previsto por el legislador en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

52. Así pues, a Leo Marina Herrera Fontalvo tampoco se le desconoció un derecho
adquirido pues para que esto fuera considerado así, era necesario que hubiera
cumplido los supuestos para obtenerlo, pero como se observó estos se cumplieron
por fuera del límite temporal previsto en la Ley 100 para no afectar las situaciones
jurídicas consolidas con anterioridad a su expedición.

53. En igual sentido lo ha señalado esta Sección en casos con contornos similares
al analizado en esta oportunidad, en los que ha concluido que el beneficio de la
pensión de origen convencional para un empleado público de las
EPM de Barranquilla solo se puede entender convalidado por haberse
perfeccionado antes de la fecha límite dispuesta por el legislador41.

54. En este punto es preciso señalar que la demandante tiene razón en cuanto al

40 Al respecto se pueden ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: del

29 de septiembre de 2011, radicado08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10); del 1º de
septiembre de 2011, radicado 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11); del 10 de octubre de
2013, radicado 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13); del 24 de junio de 2015, radicado 68001-
23-31-000-2005-02293-02(4597-13); entre otras.
41 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias del 20 de octubre de 2014, radicado 08001-

23-31-000-2009-01137-02 (1439-12) M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; del 10 de octubre de 2018,
radicado 08001-23-31-000-2009-01020-01 (4940-2014), M.P. William Hernández Gómez; y del 15
de agosto de 2019, radicado 08001-23-31-2010-00054-01 (4933-2017) M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

valor probatorio que tienen las copias, de acuerdo con el artículo 246 del Código
General del Proceso42 y que la tacha de autenticidad de un documento no puede
basarse en el hecho de haberse aportado en copia, razón tal para que esta Sala
valorara la carta RVEP/1292 bajo el principio de la sana crítica; no obstante, no es
posible llegar a una conclusión diferente a la expuesta en el contenido de esta
decisión, pues el ofrecimiento incluido en dicha carta era una mera expectativa y no
es posible convalidar una situación de irregularidad para otorgarle efectos en
derecho.

55. Esta sala no desconoce el argumento según el cual Leo Marina Herrera Fontalvo
se retiró del servicio con fundamento en el ofrecimiento recibido; sin embargo,
tampoco se encuentra que esto implique una vulneración del principio de confianza
legítima, pues lo cierto es que no se dan los supuestos que la Corte Constitucional
ha desarrollado43 y que impongan a esta autoridad judicial su intervención con fin
de protegerlo. Lo anterior pues aun cuando en la carta RVEP/1292 se indicó que
además de la bonificación, por su renuncia tendría derecho a una pensión,
i) también se señaló que esa prestación «no ser[í]a adicional a la establecida en la
Convención Colectiva vigente, sino que e[ra] el reconocimiento expreso del derecho que la
Convención Colectiva de Trabajo consagra», de la que, se insiste, no es beneficiaria
por haberse desempeñado como empleada pública y no alcanzar los requisitos para
ella con anterioridad al 30 de junio de 1997; ii) en el escrito por el cual aceptó la
oferta no aludió a la posibilidad de acceder a esta prestación sino a las
bonificaciones de los decretos 1660 y 2100 de 1991, y del Acuerdo 047 de 1991; y
iii) en todo caso, de una situación irregular no se puede generar una derecho.

56. Por su parte la Sala no desconoce el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta, según el cual, el operador judicial deberá aplicar la
interpretación o la norma más favorable al trabajador. En ese sentido la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente44:

42 Artículo 246. Valor probatorio de las copias: Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento
podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a
aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente
43 En la sentencia T-436 de 2012, la Corte señaló que «para que se active la protección del principio

de confianza legítima deben cumplirse los siguientes presupuestos: a) la necesidad por parte de la
Administración de preservar de manera perentoria el interés público; b) la demostración de que el
particular ha desplegado su conducta de conformidad con el principio de la buena fe; y c) la
desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la Administración y el particular.
Lo anterior, conlleva a que la Administración tenga la obligación de adoptar medidas transitorias para
que el particular se pueda acomodar a la nueva situación creada por el cambio intempestivo de
actitud, de no hacerlo se estaría defraudando la confianza legítima del administrado.
44 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 1995

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

«De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador,
se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de
favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino
también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es
más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En
nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los
siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva,
etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger
aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que
admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad,
ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una
tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.»

57. De acuerdo con lo anterior, en el asunto bajo estudio no existe un conflicto entre
dos normas y tampoco se admite que exista diferentes interpretaciones respecto de
las analizadas, pues como se señaló en precedencia le corresponde al Congreso
de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y en todo caso, pese a
que la pensión voluntaria es reconocida por la mera liberalidad del empleador esta
es temporal y su obligación cesa en el momento en que la entidad administradora
de pensiones asuma la que deviene en legal; luego, para que se convalidara como
una situación jurídica consolidada según lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
100 de 1993 debía adquirirse con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha
norma. Aunado a lo anterior, en el recurso no se hizo alusión a qué normas estaban
en conflicto a juicio de la demandante y del análisis expuesto la Sala tampoco lo
encuentra.

2.4. Costas

58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.

61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

62. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Leo Marina Herrera
Fontalvo, en calidad de exempleada pública de las EPM de Barranquilla no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión voluntaria, en tanto, además que deviene
en irregular no consolidó su derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 13 de julio de
2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

45En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00189-02 (2804-2022)
Demandante: Leo Marina Herrera Fontalvo

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Leo Marina Herrera
Fontalvo contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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