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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-33-33-004-2017-00143-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-33-33-004-2017-00143-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 21 de septiembre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , en el proceso 30 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso. 31 A r t í c u l o 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib. 32 “ 8 . S o l o h a b r á l u g a r a c o s t a s c u a n d o e n e l e x p e d i e n t e a p a r e z c a q u e s e causaron y en la medida de su comprobación.” www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-33-33-004-2017-00143-01(3758-2021) Demandante: Luz Marina Mendoza González promovido por Luz Marina Mendoza contra el Dist rit o Especial Industrial y Portuario de Barranquilla . SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-33-33-004-2017-00143-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 08001-33-33-004-2017-00143-01 (3758-2021)
Demandante: LUZ MARINA MENDOZA GONZÁLEZ
Demandado: DISTRITO ES PECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE B ARRANQUILLA

Tema: Reconocimiento pensión voluntaria o pensión
sanción. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
interpuesto por la señora LUZ MARINA MENDO ZA GONZÁLEZ
contra la sentencia de 21 de septiembre de 2020 , proferida por el
Tribunal Administrativo de l Atlántico , que negó las pretensiones de
la demanda de la referencia .

II. ANTECEDENTES.

2.1. Pretensiones

2.1.1.Luz Marina Mendoza González , por intermedio de apoderado
judicial, pretende la nulidad de la Resolución 0202 del 7 de
noviembre de 2007 mediante la cual se le negó la pensión de
jubilación voluntaria y se le restab lezca el derecho desde que
cumplió la edad o en su defecto, la pensión sanción de que trata el
artículo 8 de la Ley 171 de 1961.

2.1.2 Se pague el retroactivo desde que cumplió los 48 años de
edad, es decir, desde el 26 de abril de 2004 o en su defecto, desde
que cumplió la edad para adquirir la pensión sanción.

2.1.3. Se reajusten con el Índice de Precios al Consumidor las
condenas resultantes.

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Demandante: Luz Marina Mendoza González

2.1.4 Se cancelen los intereses moratorios por los valores dejados
de cancelar.

2.1.5. Se paguen las costas del proceso.

2.2. Hechos.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resumen:

2.2.1 La señora Luz Marina Mendoza González fue vinculada a la
extinta Empresa s Públicas Municipal es de Barranquilla mediante
contrato de aprendizaje, el día 14 de agosto de 1975 y laboró p or
16 años, 11 meses y 16 días.

2.2.2 El 15 de enero de 1992, el Gere nte de las Empresas Públicas
Municipales amparado en el Acuerdo 0023 del 6 de junio de 1991
expedido por el Concejo de Barranquilla y el “P lan Orión ” mediante
carta RVEP/1525 ofreció a la demandante un a pensión de jubilación
voluntaria.

2.2.3 La señora MENDOZA GONZÁLEZ se acoge a la oferta
realizada y renunció de manera voluntaria.

2.2.4. Mediante Resolución 576 de 1992 notificada el 31 de octubre
del mismo año la extinta Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla acepta la renuncia y ordena el pago de la bonificación
ofertada.

2.2.5 La señora MENDOZA GONZÁLEZ nació el 25 de abril de 1956
y cumplió los 55 años de edad el 25 de abril de 2011.

2.2.6. El 5 de julio de 2005 , la demandante solicitó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por la cual se acogió al
retiro voluntario la cu al le fue negada mediante Resolución 0202
del 27 de noviembre de 2007 expedida por la Secretaría de
Hacienda fundamentándose en que no tenía el carácter de
trabajadora oficial.

1 Folios 317 al 328 del expediente electrónico.
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Demandante: Luz Marina Mendoza González

2.3. Concepto de la violación

El apoderad o de la demandante consideró como normas
vulnerada s:

• Artículos 25 y 53 de la Constitución Política.
• Artículo 8 de la Ley 171 de 1961 .
• Artículo 74 del Decreto 1848 de 1969.
• Decretos 1660 de 1991 y 2400 de 1968.
• Acuerdo 0023 del 6 de junio de 1991 expedido por el Co ncejo
de Barranquilla.

Señaló que el empleador le ofreció a la demandante una pensión
netamente voluntaria amparado en el Acuerdo 023 de 1991
expedido por el Concejo de Barra nquilla, una vez la señora
MENDOZA GONZ ÁLEZ cumpliera 48 años de edad, sin que sea
procedente determinar si es trabajad or oficial o empleado público,
esa pensión no tiene el carácter ni le gal ni convencional.

A su vez, consideró que a la accion ante le es aplicable el inciso
primero del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, toda vez que, renunci ó
voluntariamente con mas de 15 años y menos de 20 de servicio.

Citó ju risprudencia de la Co rte Suprema de Justicia en la que se
establece que la edad es requisito de exigibilidad cuan do se trata
de la pensión contemplada en el artículo 8 de la Ley 1 71 de 1961.
Además, transcribió el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969.

Por último, se refirió a que la señora MENDOZA GONZÁLEZ cumplió
los requisitos para acceder a la pensión, por cuanto prestó 16 años
11 meses y 16 días de servicio, desde el 14 de agosto de 1975 al
30 de junio de 1992 fecha en la que se le aceptó la renuncia y 48
años de edad , el 25 de abril de 2004. Los 60 años de edad los
cumplió el 25 de abril de 2016.

2.4. Contestación de la demanda

El DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQ UILLA , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las
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pretensiones de la demanda 2, con fundamento en los siguientes
argumentos:

Sostuvo que existen varias clases de pensiones, las legales,
extralegales, voluntarias y anticipadas ; y que la demandante no se
encuntra cobijada por ninguna de ellas.

Fundamentó su posición en que el Acuerdo del Concejo de
Barranquilla No. 023 de 1991 y el Decreto 1660 de 1991
establecieron una indemnizaci ón para los empleados públicos que
fueran declarados insubsistentes o renunciaran voluntariamente ,
por lo que la solicitud de la demandante es improcedente por no
tener sustento legal.

Propuso las siguient es excepciones:

(i) Inexistencia de la obligación . Sostuvo que la
demandante tiene la carga de la prue ba en relación con los
supuestos de hecho en que funda las pretensiones y q ue
el acto administrativo censurado se encuentra ajustado a
derecho, por lo que no existe obligación a cargo de la
entidad demandada.
(ii) Cobro de lo no debido. La parte demandada no pued e
ordenar el pago de la pensión voluntaria de jubilación
pretendida , por cuanto no tiene sustento normativo o
jurisprudencial.
(iii) Prescripción . Sin que alegar esta excepción implique el
reconocimiento de las pretensiones del demandante
solicitó se declare la prescripción de las obligaciones
dinerarias oportunamente reclamadas dentro de los 3 años
siguientes a la exigibilidad del derecho pensional . En este
caso la actora cum plió el status pensional en el año 2004,
pero solo reclamó por v ía judicial h asta el año 2016 sin
interrumpir la prescripción, por lo que solo podría
reconocerse las mesadas tres años antes de la
presentación de la demanda.
(iv) Genérica o innominada .

2 Folios 403 al 414 del expediente digital.
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2.5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3

El Tribunal Administrativo del At lántico consideró q ue no hay
excepciones previas que resolver.

La decisión de excepciones no fue objeto de recursos.

El litig io fue fijado en los siguientes términos:

«est ablecer se si lo s act os adm inist r ativos at acados se
encuent r a viciados d e nulidad y de ell o det er m inar si la par t e
act or a t iene der ech o al pago d e una pe nsión vo lunt ar ia de
jubi lac ión o en su def ect o una pensión sanción, y en caso
posit ivo est ablec er si ha oper ado el f enóm eno de la
pr escr ipción sobr e la s m esadas dejadas de per cibir en f or m a
t ot al o par cial . . »

2.6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de la sentencia
de 21 de septiembre de 2020 declaró (i) no probadas las
excepciones de cobro de lo no debido y la prescripción (ii) probada
la excepción de inexistencia de la obligación y (iii) negó las
pretensiones de la demanda , con base en los argumentos que se
resumen a continuació n:

Sostuvo que la demandant e tenía una subordinación laboral con la
entidad demandada precedida de la suscripción de un contrato de
trabajo desde el 14 de agosto de 1975 hasta el 30 de julio de 1992.

Sin embargo, expresó que debido a las posturas de la jurisdicción
ordinaria laboral y conforme a la anulación de los est atutos de la
Empresa Públicas Municipales de Barranquilla E.P.M, la naturaleza
de la entidad es de establecimiento público, por lo que d esvirtúa el
carácter de la vinculación laboral de la actora, toda vez que, sus
servidores por regla general son empleados públicos , salvo los
dedicados a la construcción o mantenimiento de obras públicas.

Manifestó que como consecuencia de lo anterior , e l oficio remitido
por el Gerente de las E.P.M de Barra nquilla no puede surtir efectos

3 Folios 639 al 643 del expediente digital
4 Folios 661 al 680 del expediente digital.
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jurídicos para otorgar una pensión contraria a derecho, por cuanto
la norma que regula la jubilación de los empleados públicos es la
Ley 33 de 1985 tratándose de situacion es consolidadas antes de la
Ley 100 de 1993 si se encuentra en régimen de transición.

Así las cosas, expresó que al no cumplir los requisitos de cotización
requeridos para a cceder a la pensión, la demandada no puede
proceder al reconocimiento de la pensión voluntaria ni de la pensión
sanción pretendida.

2.7. Recurso de apelación

El apoderad o de la parte demandante apeló 5 la anterior decisión ,
solicitando la revocatoria de los numerales 2 al 4 con base en los
argumentos que a continuación se resumen:

Manifestó que la demandante no tenía que demostrar si era
empleada pública o trabajadora oficial, el único requisito exigido
era cumplir 48 añ os de edad para solicitar la pensión voluntaria,
por cuanto era un ofrecimiento para garantizarle la estabilidad
laboral reforzada.

Agregó que a la señora MENDOZA GONZ ÁLEZ no le cancelaron
ninguna indemnización solo le ofrecie ron una pensión voluntaria.

Además adujo que se viola el prin cipio de favorabilidad al no
otorgársele la pensión sanción que es otra posibilidad.

Argumentó que la demandada fue entonces engañada, pero el quo
se ampara en las normas legales para sostener que dada la calidad
de trabajadora no es posible el reconocimiento, si no hubiera
aceptado el ofrecimiento le habrían pagado una indemnización y no
una mera bonificación.

Agregó que a varios trabajadores que están al mismo nivel que la
accionante se les paga hoy la pensión voluntaria.

5 Folios 689 al 693 del expediente.
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Por último, señaló que la intención de estas pensiones voluntarias
es que la vida laboral de la persona no se vea afectada porque
tienen expectativa de pensionarse, gracias a la estabili dad laboral,
pero en relación con este tema el Tribunal no se pronunció.

2.8. Alegatos de conclusión .

La parte demanda nte y la entidad demandada guardaron silencio.

El Ministerio Público rindió concepto 6 en los términos que a
continuación se re sumen, considerando que se debe confirmar la
decisión proferida por el a quo:

Sostuvo que es claro que la accio nante no consolidó derecho
alguno conforme a la ley pues adquirió el status pen sional s ólo
hasta el 2011 entendiendo que le era aplicable la Ley 33 de 1985 ,
en virtud del régimen de transición.

Por tal razón, expuso que no podía dársele aplicación a la
convención colectiva por su condición de empleada pública. Incluso
en gracia de discusión si se analizara la situación conforme al
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, no se cumplió la e dad en el
lapso definido por el legislador, est o es, hasta agosto de 1997
cuando se declaró la inexequibilidad de la norma que formalizaba
las situaciones irregulares creadas por decisiones de entidades
territoriales.

Estimó que el ofrecimiento de la pensión no fue de mala fe pues era
difícil conocer el cambio en el régimen de seguridad social pero la
EPM de Barranquilla sí hubiera podido advertir que sus
disposiciones internas no tenían valor conforme a la Ley 4 de 1992
y haber omitido la aceptación de la renuncia que fue notificada el
31 de octubre de 1992, cuando el Decreto 1660 de 1991 se h abía
declarado inexequible , es decir, era p osible evitar el efe cto nocivo
para la empleada.

Sin embargo, expres ó que la empleada había podido retirar la
renuncia, por cuanto el término para aceptarla estaba precluido

6 Índice 11 SAMAI
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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 7 el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por el apelante.

3.3. Problema jurídico .

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte
demandante en el recurso de apelación, esta Sala deberá
determinar s i la señora LUZ MARINA MENDOZA GONZÁ LEZ en su
calidad de empleada de la extinta Empresas Públicas Municipales
de Barranquilla es beneficiaria de la pensión voluntaria ofrecida por
el Gerente de la entidad amparado en el Acuerdo 0023 del 6 de
junio de 1991 expedido por el Concejo de Barranquilla o en su
defecto de la pensión sanción.

Con el anterior fin , deberá analizarse (i) la naturaleza jurídica de
los servidores de la Empresas Públicas Municipales de Barranquilla
(ii) el régimen pensional aplicable , pensiones originadas en plan de
retiro voluntario y pensión sanción y; (ii) el análisis del caso
concreto.

7 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
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3.4. Marco normativo y Jurisprudencial.

3.4.1. Naturaleza jurídica de los servidores de la Empresas
Públicas Municipales de Barranquilla .

A fin de resolver el problema jurídico e s relevante determinar la
naturaleza de los servidores público s de las Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla.

El Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la Ley 6 de 19 45, estipuló
en su artículo 4º que la administración pública podía vincular
personal a través d e contratos de trabajo para realiza r a ctividades
relacionadas con la construcción o sostenimiento de obras públicas ,
o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que
se exploten con fines de lucro, o de in stituciones idénticas a las de
los particulares.

Por su parte, el Decreto 3135 de 1968 estableció los criterios para
diferenciar los empleados públicos de los trabajadores oficiales,
así:

“ARTÍ CULO 5. Empl eados Públ i cos y Trabaj adores
O f i ci al es. Las per sonas que pr est an sus ser vicios en los
Min ist er ios; Depar t am ent os Adm inist r at ivos,
Super int ende ncias y Est ablec im ie nt os Públ icos s on
em pleados púb licos ; sin em bar go, los t r abajador es de la
const r ucción y sost enim ie nt o de ob r as públicas son
t r abajador es of icia le s.
En l os est at ut os de l os Est abl eci mient os Públ i cos se
preci sará qué act i vi dades pueden ser desempeñadas por
personas vi ncul ada s medi ant e cont rato de t rabaj o.
Las per sonas que pr est an sus ser vicios en las Em pr esas
I ndust r iales y Com er ciales d el Est ad o son t r abajador es
of icia les; sin em bar go, los est at ut os de dichas em pr esas
pr ecisar án qué act iv idades d e dir ecc ión o conf ianza d eban
ser desem peñadas por per sonas que t engan la ca li dad de
em pleados púb licos . ( Subr ayado declar a do inexequ ibl e ) ” 9

A su vez, el Decreto 1848 de 1969 en el artículo 2 º estableció que
son empleados públicos aquellas personas que prestan sus
servicios en “los ministerios, departamentos admin istrativos,
superintendencias, establecimiento s públicos y unidades

9 Texto subrayado decl arado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-484 de
1995, Corte Constitucional
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administrativas e speciales ..” y en el artículo 3º que son
trabajadores oficiales los que prestan sus servicio s en estas
entidades 10, en la construcción y sostenimiento de las obras
públicas, con exce pción del personal directivo y de con fianza que
laboren en dichas obras

Así las cosas, de conformidad con la normatividad citada, se tiene
que los servidores públicos que laboran en los estableci mientos
públicos son por regla general empleados públicos y por excepción
trabajadores oficiales, aquellos dedicados a actividades de
construcción y sostenimiento de obras públicas

Ahora bien, las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla
constituida s por el Acuerdo 24 del 23 de mayo de 1960 eran un
establecimiento público autónomo, descentralizado con personería
jurídica y patrimonio propio 11.

Posteriormente, a través de la Resolución 05 de 12 de marzo de
1973 expedida por la Junta Directiva de la empresa y aprobada por
el Decreto 118 del mismo año proferido por el alcalde de la ciudad ,
modificó los estatutos de las Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla determinando el carácter de trabajadores oficiales de
algunos servidores .

Luego, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia del 11 de junio de 1991 12 declaró la nulidad de la
Resolución 05 de 1973 y el Decreto 1 18 del mismo año, por cuan to
la clasificación de los trabajadores contenidas en dichos actos
administrativos no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues los
servidores de los establecimientos públicos son por regla general

10 E n las entidades señaladas en el inciso 1 del artículo 1 del decreto 1848 de
1969, es decir, los ministerios, departamentos administrativos,
ssuperintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas
especiales, empresas industriales o comerc iales de tipo oficial y sociedades
de economía mixta.
11 E x t r a c t a d o C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o ,

Sección Segunda, Sentencia 15 de agosto 2019 Rad.08001-23-31-000-2010-
00054-01(4933-17); Sentencia 12 de junio de 2020, Rad. 08001 -23-31-000-
2009-01057-01(1281-16).
12 C o n s e j o d e E s t a d o , S e n t e n c i a d e 1 1 d e j u n i o d e 1 9 9 1 , R a d i c a c i ó n N o . C E -

S E C 2 - E X P 1 9 9 1 - N 3 7 7 3 , A c t o r : J o s é́ J o a q u í n R i n c ó n C h á v e z ( C o n t r a l o r í a
Municipal de Barranquilla). C. P. Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
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empleados públicos y solo por “por excepción tienen la cond ición
de trabajadores oficiales quienes, se dedican al sost enimiento y
construcción de obras públicas ….”

3.4.2 Régimen pensional aplicable .

De conformidad con la Constitución Política , artículo 1 50 numeral
19 le corresponde al Congreso de la República dictar las normas
generales y señalar en ellas los objetivos y crite rios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos “… e) .fija r
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos … f)
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son
indelegables en las corporaciones públicas territo riales y éstas no
podrán arrogárselas.”

Es así como, existe una competencia compartida entre el legislativo
quien establece el marco general y el ejecutivo que debe
circunscribirse a los lineamientos determinados por la ley marco
para definir el régimen prestacional de todos los empleados
públicos incluidos los de los entes territoria les.

La Ley 4 de 1992 dispuso en el artículo 12 que “El régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territo riales
será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas,
criterios y objetivo s contenidos en la presente Ley.”

De otro lado, en el artículo 10 de la citada ley se establece que
“Todo régimen salarial o prest acional que se establezca
contraviniendo las disposiciones con tenidas en la presente Ley o
en los decretos que dicte el Gobier no Nacional en desarrollo de la
misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ”

Conforme a lo anterior, se puede concluir que el régimen
prestacional de lo s servidores públicos de los entes t erritoriales ,
entre ellas, las normas sobre pen siones de jubilación o vejez, es
de reserva legal, por lo que disposiciones de carácter local como
acuerdos municipales, resoluciones u ordenanzas no pueden
regular la materia.
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No obstante, el art ículo 146 de la Ley 100 de 1993 dejó a salvo las
situaciones pensionales individuales definidas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la ley con base en disposiciones
municipales o departamentales “…en materia de pensiones de
jubilación extraleg ales en favor de empleados o servido res públicos
o personas vincula das laboralmente a las entidades territoria les o
a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes .”

Esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2011 13 unificó
la postura frente a sí el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalid ó
también los beneficios de índole pensional consagrados en
convenciones colectivas a favor de empleado s públicos, al respecto
sostuvo:

“ Conf or m e a una inter pr et ación exegét ica, podr í a señalar se
que la nor m a objet o de anális is vali dó t oda clase de
r econocim ient os p ensiona les, per o est a clase de
int er pr et ación no só lo est á sopor t ada e n la l it er al idad de la
nor m a sino que se obser va desde una her m enéut ica
or iginar ia, sist em át ica e hist ór ica, pues el legisl ador quiso
valid ar est a clase d e sit uacio nes, la cu a l, al ser r evis ada en
su Const it uciona lid ad por la Cor t e Const it ucion al f ue
declar ada exequ ib le 14;; en ese sent ido, no se puede dejar de
lado, que en el se ct or t err it or ial, han exist ido m últ ipl es
r egulaci ones de car áct er t err it orial qu e, aún si n
com pet encia, han r eglado y cr ead o b enef icios d e í ndole
pensiona l, y, por supuest o, se per m it ió la suscr ipc ión y e l
am par o de convenc i ones colect ivas que han benef i ciado y
aplic ado de m aner a gener al no só lo a los t r aba jador e s
of icia les, sino que t am bién, a los em ple ados públ icos” .
En pr inci pio po dr í a pensar se, com o en ef ect o lo hizo l a Sa l a
en m últ iples f allo s, que las disposicion es del or den
t er r it or ial, com o Decr et os y O r denanzas, r egulaban, sin
com pet encia, el r égim en pensi onal de los em pleados
públ icos, m ient r as que en lo que se r ef ier e a las
convencion es colect ivas, r egulaba n la a plicac ión só lo par a
los t r abajador es of i ciales y no par a e m pleados púb licos;
per o en últ im as, uno y ot r o ger an ext r alega les, y en am bos
casos, los saneó el l egisl ador . ”

Bajo este entendido, las situaciones pensional es que se
consolidaron con base en disposiciones municipales o
departamentales y en convenciones colectivas, antes del 30 de
junio de 1995, o antes de la fecha en que hubiere entrado en vigor
el Sistema General de Pensiones en cada ente territoria l, de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia
de 29 de septiembre de 2011, Expediente No. 080012331000200502866 03
( 2 4 3 4 - 2 0 1 1 ) , A c t o r : U n i v e r s i d a d d e l A t l á n t i c o .
14 S a l v o l a e x p r e s i ó n “ o c u m p l a n d e n t r o d e l o s d o s a ñ o s s i g u i e n t e s ” .

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Demandante: Luz Marina Mendoza González

conformid ad con lo dispuesto en el artículo 146 citado, se deben
convalidar a pesar de su origen extralegal . Se debe recordar que
la extensión de esta fecha hasta el 30 de junio de 1997, fue
declarada inexequible, en virtud de la sentencia C -410 de 1997
dictada po r la Corte Constitucional. 15

Contrario sensu, los reconocimientos pensionales efectuados con
posterioridad al 30 de junio de 199 5 sustentados en disposiciones
extralegales devienen en inconstitucionales , pues la competencia
se encuentra atribuida al Congreso de la República por mandato
expreso de la Constitución Nacional . (Acto legislativo 01 de 2005)

3.4.2.1 Pensiones originadas en plan de retiro voluntario.

Las pensiones otorgadas por el empleador como consecuencia de
un plan de retiro voluntario han sido denominadas por esta
Corporación como “pensiones anticipadas ” “definidas como
aquéllas que se reconocen a los trabajadores que no cumplen los
requisitos para acceder a la pensión legal; no son equivalentes a
las pensiones extralegales, como lo sostiene el accionante, puesto
que tales pensiones hacen parte de los “planes de retiro voluntario”
y tienen el carácter de indemnizatorias, dado que se ofrecen a los
trabajadores que no cumplen con los requisitos para acceder a la
pensión legal, q uienes voluntariamente se acogen al plan, con el
fin de dar por terminado el contrato laboral. ” 16

3.4.2.2. Pensión Sanción.

El artículo 8º de la Ley 171 de 1961 disponía:

“ARTÍ CULO 8º . _ El t r abajador que sin just a causa sea
despedid o de l ser vic io de u na em pr esa d e capit al no inf er ior
a ochocient os m il pesos ( $800. 000. 00) , después de haber

15 N o sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo
acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con
fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan "dentro de los
dos años siguientes" los requisitos exigidos en dichos preceptos para
pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya
que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido. Ello impide que
los que están próximos a pensionarse -es decir, dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigencia de la ley - y que tan solo tienen una mera
expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los
beneficios propios de la ley 100 de 1993.
16 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n C u a r t a ,

Sentencia 16 de agosto de 2007 Rad.11001 -03-27-000-2005-00024-00-15398
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labor ado par a la m ism a o par a sus sucursales o subsidi ar ias
dur ant e m ás de diez ( 10) años y m enos de quince ( 15) años,
cont inuos o disc o nt inuos, ant er ior es o post er ior es la
vigenc ia de la pr esent e ley, t endr á der echo a que la em pr esa
lo pensi one desde l a f echa de su despi do, si par a ent onces
t iene cum plidos sesent a ( 60) años de edad, o desde la f echa
en que cum pla esa edad con post er ior id ad al despid o.

Si el r et ir o se pr odujer e por despido sin just a causa después
de quince ( 15) a ños de dich os se r vicios, la p ensió n
pr incip iar á a pagar s e cuando el t r aba jad or despedido cum p la
los cincuent a ( 50) años de edad o desde la f echa del
despido, s i ya los h ubier e cum pl ido. S i después de l m ism o
t iem po el t r abajador se r et ir a volunt ar iam ent e, t endr á
der echo a la pensión per o solo cuando cum pla sesent a ( 60)
años de edad.

La cuant í a de la pensión ser á dir ect am ent e pr opor cional a l
t iem po de ser vici os r espect o de l a que le h abr í a
cor r espondido a l t r abajador en c aso de r eunir t odos l os
r equisit os necesar i os par a gozar de la pensió n plen a
est ablecid a en e l a r t í culo 260 del Có d igo Sust ant iv o del
Tr abajo, y se liqui dar á con bas e en el pr om edio de los
salar ios deven gados en el últ im o año de ser vicios.
En t odos los dem ás aspect os de la pensi ón aquí pr evist a se
r egir á por las nor m as legales de la pensión v it al icia de
jubi lac ión.

PARÁG RA FO . _ Lo dispuest o en est e ar t í culo se aplicar á
t am bién a los t r abaj ador es lig ados por cont r at o de t r abajo
con la adm inist r aci ón públ ica o con l os est ablecim ie nt os
públ icos descent r alizad os, en los m ism os casos allí
pr evist os y con r ef er encia a la r esp ect i va pensión p lena de
jubi lac ión of ici a l” ( Subr aya f uer a de t ext o)

Esta pensión surgió como un mecanismo de protección al trabajador
frente al riesgo de vejez cuando fuera despedido sin justa causa y
sin cumplir los req uisitos para obtener la pensión de jubilación.

La Corte Constitucional frente a la naturaleza jurídica ha sostenido:
“Por ello, a título d e sanción por la te rminación injusta d el contrato
laboral, y como una forma de resa rcir a l trabajador por los perjuicios
que pudieran causarse por la expectativa generada a acceder al
derecho pensional…” 17 ( Subraya fuera de texto) . Igualmente la
Corte Suprema de Justicia ha reconocido 18 el carácter
indemnizatorio y no prestacional de la pensión sanción.

17 S e n t e n c i a
SU 138-21
18 C o r t e
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencias SL818 de
2013, SL16386 de 2014, SL 7559 de 2016, SL 21784 de 2017, SL 763 de 2021,
entre otras.
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3.5 Análisis del caso concreto .

3.5.1 Hechos Probados.

En el caso sub lite está demostrado lo siguiente:

• La señora LUZ MARINA MENDO ZA GONZÁLEZ nació el 25 de
abril de 1956 como consta en el registro civil de nacimiento
identificado con el serial 32367491 19
• La señora LUZ MARINA MENDOZA GONZÁLEZ laboró al
servicio de las Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla del 14 de agosto de 1975 al 31 de julio de 1992
en el cargo de Profesional I en la División de Control de
Usuarios de conformidad con la certifica ción expedida 20 por
el Jefe de la Oficina de Relaciones industriales de la
empresa.
• Mediante el Acuerdo 047 del 31 de diciembre de 1991 21
expedido por el Concejo de Barranquilla se facultó a la Junta
Direct iva de las Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla para crear un programa especial de pensión de
jubilación.
• El Gerente de las Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla ofreció a la señora LUZ MENDOZA GONZÁLEZ
mediante oficio con fecha ilegible 22 un “Programa Especial de
Oportunidad Voluntario” consistente en una bonificación
ocasional y una pensión de jubilación equivalente al 100% del
salario promedio mensual a la fecha de retiro al cumplir los
48 años de edad.
• El día 21 de enero de 1992 23 la señora MENDOZA GO NZÁ LEZ
se acogió al programa ofrecido.
• Con Resolución 576 de octubre de 1992 24 expedida por el
Gerente de las Empresas Públicas Municipales de
Barranquilla le f ue aceptada la renuncia a la señora
MENDOZA GONZÁ LEZ a partir del 30 de julio de 1992

19 F o l i o 9 del expediente digital
20 F o l i o 91 del expediente digital.
21 F o l i o s 6 4 7 a l 6 4 8 d e l e x p e d i e n t e d i g i t a l
22 F o l i o 8 d e l e x p e d i e n t e d i g i t a l .
23 F o l i o 5 0 3 d e l e x p e d i e n t e d i g i t a l .
24 F o l i o s 1 1 y 1 1 2 d e l e x p e d i e n t e d i g i t a l .

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• La señora MENDO ZA GONZÁLEZ solicit ó 25 el 4 de octubre de
2004 al Coordinador del Fondo Territ orial de Pensiones se le
incluya en la nómina de jubilados por cumplir los 48 años de
edad con base en el “Programa Especial de Oportunidad
Voluntario”.
• Mediante apoderado la señora MENDOZA GONZ ÁLEZ solicitó
el 5 de julio de 2005 al Alcalde del Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla se le reconociera y cancela ra la
pensión de jubilación voluntaria desd e que cumplió 48 años
de edad . 26
• A través de la Resolución 0202 del 7 de noviembre de 2007 27
la Secretaría de Hacienda - Fondo Territo rial de Pension es le
negó la pensión de jubilación solicitada por no ostentar la
calidad de trabajador oficial.
• El día 12 de noviembre de 2007 la señora MENDOZA
GONZÁLEZ presentó recurso de reposición 28 y en subsidio
apelación contra la Resolución 0202 de 2007.

3.5.2 Análisis de la Sala.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el
expediente se demostró que la demandante tiene la calidad de
empleada pública, toda vez que se desempeñó como Profesional I
de la División de Control de Usuarios de las Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla , es decir, no se desempeñó en labores
de sostenimiento y construcción de obras públicas y de acuerdo con
el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 la vinculación a los
establecimientos públicos por regla general es la de emplead o
público.

La demandante sostuvo que tiene derecho al reconocimiento de la
pensión voluntaria ofrecida por el empleador sin que sea relevante
el carácter de su vinculación, sin embargo, como se describió en
el marco normativo y jurisprudencial, no le es dable al empleador
otorgar una pensión voluntaria a los empleados públicos, toda vez

25 F o l i o 90 del expediente digital.
26 F o l i o s 10 al 11 del expediente digital.
27 F o l i o s 1 4 a l 1 7 d e l e x p e d i e n t e d i g i t a l .
28 F o l i o s 6 4 a l 6 7 d e l e x p e d i e n t e d i g i t a l .

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que el régimen pensional de éstos se deriva exclusiva mente de lo
dispuesto en la ley , luego toda disposición territorial qu e cree una
pensión fue emitida si n competencia para ello y contraría el
ordenamiento jurídico superior.

Dicho en otras p alabras, la Junta Directiva de las Empresas
Públicas Municipales de Barranquilla no tenía competencia para
crear una pensión de jubilación equivalente al 100% del salari o
promedio mensual a la fecha de retiro al cumplir los 4 8 años de
edad para los empleados públicos de la empresa y por tanto , la
pensión ofrecida a la accionante es contraria a derecho.

No obstante, si la situación pensional se hubiera consolidado antes
del 30 de junio de 199 5 se encontraría convalidada en virtud del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993 pese a su carácter de extralegal.

Pero para esa fecha la demandante no había cumplido el requisito
de edad exigido para acceder a la pens ión voluntaria, por cuanto al
30 de junio de 199 5 tenía 39 años.

En este orden de ideas, la señora MENDOZA GONZÁL EZ no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión voluntaria ofertada por el
empleador dada su condición de empleada pública.

De otra parte, frente a la solicitud subsidiaria de reconocimiento de
la pensión sanción consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de
1961, considera esta Sala que la demandante tampoco tiene
derecho, por cuanto esta pensión se establece para los
trabajad ores oficiales y no para los empleados públicos.

El régimen pensional legal aplicable a la señora MENDOZA
GONZÁLEZ por tener a 1 de abril de 1994 más de 35 años de edad,
es el establecido en la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de
transición contempla do en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por
ser el régimen anterior al que se encontraba afiliada.

Consultado el Registro Único de Afiliados RUAF 29 la demandante
tiene reconocida una pensión de vejez por la Administradora

29 h t t p s : / / r u a f . s i s p r o . g o v . c o / A f i l i a c i o n P e r s o n a . a s p x

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Colombiana de Pensiones Colpensiones mediante Resolución
66973 del 2015 -03-09.

En consecuencia, a la accionante no le asiste derecho en lo
reclamado y por lo tanto, la Sala confirm ará la sentencia proferida
en primera instancia , conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia .

4. Costas.

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 30, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios del proceso 31 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la pru eba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación.

En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación,
no se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, toda vez que , no se cumple con el presupuesto del
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso , 32 puesto
que no se acreditó que se hayan causado, ya que la en tidad
demandada no alegó de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 21 de septiembre de 2020 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , en el proceso

30 A r t í c u l o
361 del Código General del Proceso.
31 A r t í c u l o
171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
32 “ 8 . S o l o h a b r á l u g a r a c o s t a s c u a n d o e n e l e x p e d i e n t e a p a r e z c a q u e s e

causaron y en la medida de su comprobación.”
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promovido por Luz Marina Mendoza contra el Dist rit o Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla .

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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