Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2013-00770-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2013-00770-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2013-00770-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2013-00770-01
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
5 de febrero de 2019
RECHAZO DE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES POR SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA – Procedencia / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN SOBRE REALIDAD DE TRANSACCIONES DECLARADAS – Alcance / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Hecho generador / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Bienes gravados. Noción / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Bienes exentos. Noción
[P]ara la época de los hechos discutidos –año gravable 2011- las ventas de chatarra se encontraban gravadas con IVA. Y, que la ley tributaria permite que los responsables de IVA lleven como impuestos descontables el pagado en la adquisición de bienes y servicios, imputables a los ingresos gravados. Es decir, al IVA recaudado en una venta – Iva generado-, se puede “descontar” el pagado en la compra del producto que está vendiendo –impuesto descontable-. Luego, los responsables pueden llevar en su declaración del impuesto sobre las ventas, el impuesto descontable y restarlo al IVA generado en la venta. Así, el contribuyente solo paga la diferencia. Siendo que en aquellos casos en que el responsable realice ventas exentas, como las exportaciones: La operación exenta está gravada a la tarifa 0% y, por ende, al restarse con los impuestos descontables imputables a esa operación, se genera un saldo a favor para aquél. Por eso, en la exportación de chatarra no se paga IVA -por estar gravada a tarifa del 0%- y, además, el responsable puede solicitar los impuestos descontables imputables a esa operación, esto es, el pagado en las compras de chatarra. Ahora, la procedencia de los impuestos descontables, depende de que la compra de las mercancías y su exportación se encuentra soportada conforme lo exige la ley. En cuanto a las compras de mercancías, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que la factura y los documentos equivalentes constituyen la prueba documental idónea para soportar esos conceptos. Por su parte, las exportaciones deben probarse con la factura comercial y la declaración de exportación –DEX-. El primero por ser el documento exigido para la procedencia de los impuestos descontables y, el segundo por constituir el acto jurídico que realiza el exportador para informar a la autoridad aduanera la salida de las mercancías al exterior. Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción que esos documentos registran. Por tal razón, no obstante que se pretendan acreditar las transacciones con los citados soportes, si en ejercicio del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la DIAN requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o aquélla recauda pruebas que logran probar su inexistencia, esas operaciones y los beneficios tributarios que se derivan de las mismas, deben rechazarse. Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias. Es por eso que, en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la Administración puede controvertir o desvirtuar, la realidad de los documentos que el contribuyente aporte como prueba. Una vez, la DIAN controvierte la realidad de los documentos soportes de la exención, la carga de la prueba se traslada al contribuyente, en el sentido de que debe aportar las pruebas que acrediten la existencia de dichas operaciones. (…) [S]e precisa que la realidad de los pagos se desvirtúa en el hecho de que el IVA que supuestamente pagó el contribuyente por esas compras no fue declarado por los proveedores. En efecto, aunque el contribuyente y los proveedores aceptan que se presentó un pago por concepto de compras de chatarra y de IVA, esa situación no se constata en la declaración del impuesto a las ventas de los proveedores. Es más, se verificó que tanto esos proveedores como los vendedores de los mismos declararon valores mínimos por el IVA recaudado por ventas de chatarra registradas por varios millones de pesos. (…) [S]e encuentra que existen inconsistencias respecto al transporte de las mercancías: Mientras el contribuyente afirmó que los proveedores se encargaron del transporte, éstos sostuvieron que fue la sociedad.
En todo caso, no se aportó los soportes de esa operación, como por ejemplo, los manifiestos de carga del transporte de esas mercancías.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771 NUMERAL 2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 479 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 742
SANCIÓN POR INEXACTITUD - Configuración. Al incluirse impuestos descontables improcedentes derivados de compras inexistentes / REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD – Procedibilidad
El artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, y siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. (…) [L]a Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”. Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que ésta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 640 / LEY 1819 de 2006
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00770-01(22240)
Actor: CARIBBEAN COMPANY SAS. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
FALLO
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. La sentencia dispuso:
“Primero: Deniéguense las súplicas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin costas
Tercero: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente”.
ANTECEDENTES
Demanda
Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, CARIBBEAN COMPANY SAS. EN LIQUIDACIÓN., solicitó:
“PRIMERA: Declárese la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 022412013000129 del 15 de julio de 2013, proferido por el Jefe de División de Gestión Liquidación de la DIAN.
SEGUNDA: Como consecuencia de la nulidad del citado acto administrativo y como restablecimiento del derecho, se ordene:
La firmeza de la declaración del 1º bimestre de 2011, presentado por la sociedad CARIBBEAN COMPANY SAS, EN LIQUIDACIÓN.
El archivo del expediente.
TERCERA: Que se condene a la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, a pagar las costas del proceso, agencias en derecho y demás gastos”.
1.2 Hechos relevantes para el asunto
1.2.1 El 12 de abril de 2012, CARIBBEAN COMPANY SAS presentó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al 1º bimestre del año 2011, en la que registró ingresos brutos por exportaciones por valor de $8.514.260.000, compras gravadas de chatarra $7.838.682.000, e impuestos descontables por operaciones gravadas por $1.248.251.000. Lo que generó que se determinara un saldo a favor de $1.156.160.000.
1.2.2 La Administración modificó la declaración de IVA en el sentido de desconocer los ingresos por exportaciones y las compras gravadas por derivarse de operaciones simuladas de compraventa de chatarra.
Lo anterior, con fundamento en cruces de información practicados a los proveedores del contribuyente, en los que se constató que éstos no tenían la infraestructura física, financiera y operativa para realizar las transacciones. También en que los proveedores de los vendedores de la sociedad no pudieron ser ubicados.
1.2.3. El contribuyente discutió esa decisión, alegando que la Administración se fundamenta en meros indicios para desvirtuar las facturas de venta y, de paso, la realidad de las operaciones. Lo anterior, no obstante que los proveedores aceptaron haber realizado transacciones con la sociedad.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
Respecto de las normas violadas y el concepto de la violación, en la reforma de la demanda dijo:
Violación de los artículos 2º, 29, 209 y 363 de la Constitución Política; 488, 495, 683, 742, 743, 745, 746, 772, 773, 774, 775, 776 y 777 del Estatuto Tributario; 4, 174, 187, 249 y 250 del CPC; 3, 103, 104 y 138 del CPACA
1.3.1 Realidad de las operaciones de compra y exportación de chatarra
CARIBBEAN COMPANY SAS EN LIQUIDACIÓN es una compañía cuyo objeto social es la comercialización de chatarra; producto que para la época de los hechos, se encontraba gravado con IVA a la tarifa del 16%. Pero como el contribuyente exportó los bienes y esa operación no está gravada con el tributo, aquél podía llevar el IVA pagado como descontable.
En el caso concreto, la sociedad compró chatarra a los proveedores Natali Ferreira, Luis Ernesto Saltarín y Alfredo Ávila Ospino, los cuales cumplen con los requisitos legales, como la inscripción en la Cámara de Comercio, en el RUT, y la expedición de facturas con los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario.
Por estas operaciones, el contribuyente pagó a los proveedores el IVA respectivo, como se soporta con los comprobantes de egresos y los extractos bancarios. Si éstos no declararon esas sumas, esa presunta omisión no se le puede endilgar a la sociedad.
La realidad de la compra de chatarra se demuestra en la existencia física de los proveedores y que los mismos aceptaron haber realizado transacciones con la sociedad.
La naturaleza del negocio de chatarra no requiere de infraestructura de producción o almacenamiento, pues este solo consiste en la recolección de residuos para su posterior comercialización. No es rentable para un proveedor almacenar grandes volúmenes de chatarra ya que los márgenes de utilidad son muy reducidos, por lo que el inventario debe rotar rápido.
Para la comercialización de chatarra no se requiere tener un patrimonio por igual valor de ese material, porque los proveedores dan plazos para el pago de la mercancía o se hace mediante anticipos.
Por su parte, la realidad de la exportación de esas mercancías, se soporta en las salidas de embarque, canalización y legalización de las divisas y facturas de venta. Adicionalmente, mediante Oficio No. 1872012450-375, la DIAN certificó la existencia de los DEX correspondientes al año 2011, por solicitud que hiciera la sociedad.
Resulta contradictorio que se desconozca los ingresos por exportaciones pero se acepten los concernientes a diferencia en cambio, siendo que estos últimos son generados por las dichas exportaciones.
Súmese a ello que, la declaración de renta del año 2011 se encuentra en firme, lo que demuestra que la DIAN reconoce los ingresos por concepto de las exportaciones.
En todo caso, la Administración no demostró la inexistencia ni la simulación del negocio jurídico, y se fundamentó en meros indicios que no están probados en el proceso. Además, los indicios no proceden cuando existen pruebas directas, como en este caso, que se aportó la contabilidad y las facturas, entre otros soportes.
Aún si se presentara alguna duda entre la prueba indiciaria y las facturas, la misma debe resolverse a favor del contribuyente, como lo dispone el artículo 745 del Estatuto Tributario.
1.3.2 Sanción por inexactitud
Debe levantarse la sanción por inexactitud toda vez que las compras declaradas y los impuestos descontables son reales.
1.3.3 Sanción al representante legal y revisor fiscal
No es procedente la sanción impuesta al representante legal y el revisor fiscal de la sociedad, porque los hechos investigados por la DIAN –compras simuladas- no se relacionan con las funciones que la ley le impone a esos sujetos.
Oposición
La parte demandada se opuso a las pretensiones de la actora, con los siguientes argumentos:
La Administración, con fundamento en sus amplias facultades de fiscalización, practicó las visitas de verificación y los cruces de información, que le permitieron recaudar serios indicios que desvirtúan la existencia de las compras declaradas.
Entre esos indicios, se encuentra que los proveedores de los señores Luis Ernesto Saltarín, Natali Ferreira y, Alfredo Ávila Ospino no pudieron ser ubicados y, que éstos últimos no declararon el IVA que el contribuyente dice que pagó por concepto de las compras de chatarra.
También se advirtió que los proveedores no tenían capacidad operativa ni económica para las ventas de chatarra supuestamente realizadas al contribuyente.
En este caso, la carga de la prueba recae sobre la sociedad, toda vez que la DIAN puso en conocimiento de aquél el acervo probatorio que desvirtúa la realidad de las operaciones y soporta la imposición de la sanción.
Debe mantenerse la sanción por inexactitud toda vez que el contribuyente declaró compras e impuestos descontables inexistentes.
La sanción al representante legal y revisor fiscal se impone porque firmaron la declaración de IVA de la sociedad, en la que se solicitó un saldo a favor superior a 590 UVT, suma que fue modificada por la DIAN por contener datos inexactos originados en la contabilidad.
Se advierte que a la demanda no se adjuntó el poder que debe otorgar la revisora fiscal para demandar la sanción que le fue impuesta, por tanto, no es procedente que el fallador se pronuncie respecto de la misma.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 28 de agosto de 2015, negó las súplicas de la demanda; con fundamento en las siguientes consideraciones:
El hecho de que el contribuyente hubiere soportado las operaciones declaradas en la contabilidad y en facturas de compraventa, no impide que la DIAN, en ejercicio de sus amplias facultades de fiscalización, verifique la realidad de las operaciones que esos documentos registran.
En este caso, la DIAN no pudo ubicar a los proveedores de los señores Luis Ernesto Saltarín, Natali Ferreira y, Alfredo Ávila Ospino y, además, constató que éstos últimos no declararon el IVA supuestamente pagado por la sociedad por la compra de chatarra, y no tenían infraestructura ni capacidad económica para realizar dichas transacciones.
Todas esas pruebas demuestran la simulación de las operaciones y, desvirtúan las facturas de compra de chatarra y demás documentos contables aportados por el contribuyente.
Debe mantenerse la sanción por inexactitud toda vez que la sociedad declaró compras y exportaciones simuladas.
No se condena en costas porque la parte demandante no actuó con temeridad en el trámite del proceso.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos de la reforma de la demanda, con excepción de los cargos relativos a la sanción al representante legal y revisor fiscal.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
La demandante reiteró los argumentos expuestos en la reforma de la demanda y en la apelación.
La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
La recurrente no desvirtúa los hechos que llevaron al desconocimiento de las compras, porque se limitó a exigir que se le tenga como plena prueba la contabilidad y las facturas.
Por esa razón, debe mantenerse el rechazo de las compras de chatarra y de las exportaciones, así como de la sanción por inexactitud.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre las ventas presentada por CARIBBEAN COMPANY SAS EN LIQUIDACIÓN por el bimestre 1 del año 2011.
En concreto, corresponde establecer si las compras y las exportaciones de chatarra declaradas por el contribuyente son reales, así como la procedencia de la sanción por inexactitud.
2. Procedencia de los ingresos por exportaciones y compras de chatarra
2.1. La Administración desconoció compras de chatarra por $7.838.682.000, los impuestos descontables generados en esa operación por $1.248.251.000, y los ingresos por la exportación de dichas mercancías por $8.514.260.000, al considerar que se derivaban de operaciones simuladas.
2.2. El contribuyente discutió esa decisión, con el argumento de que la realidad de las operaciones se encuentra soportada en una prueba directa consistente en la contabilidad, las facturas y otros documentos como los DEX, salidas de embarque, canalización y legalización de divisas, entre otros.
También dijo que debe tenerse en cuenta que la naturaleza del negocio de chatarra no exige una infraestructura ni una capacidad económica igual al valor del material comercializado. Además, los proveedores fueron ubicados y aceptaron las transacciones informadas por la sociedad.
No puede desconocerse que por estas operaciones, el contribuyente pagó a los proveedores el IVA respectivo. Si éstos no declararon esas sumas, la presunta omisión no se le puede endilgar a la sociedad.
Estas pruebas no pueden ser desvirtuadas con indicios, como lo pretende la Administración, dado que estos no tienen la eficacia probatoria para demostrar la simulación de las compras de chatarra.
En todo caso, resulta contradictorio que se desconozcan ingresos por exportaciones cuando en la declaración de IVA se aceptaron los ingresos por diferencia en cambio y la declaración de renta del año 2011 se encuentra en firme.
2.3. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que para la época de los hechos discutidos –año gravable 2011- las ventas de chatarra se encontraban gravadas con IVA. Y, que la ley tributaria permite que los responsables de IVA lleven como impuestos descontables el pagado en la adquisición de bienes y servicios, imputables a los ingresos gravados.
Es decir, al IVA recaudado en una venta – Iva generado-, se puede “descontar” el pagado en la compra del producto que está vendiendo –impuesto descontable-.
Luego, los responsables pueden llevar en su declaración del impuesto sobre las ventas, el impuesto descontable y restarlo al IVA generado en la venta. Así, el contribuyente solo paga la diferencia.
Siendo que en aquellos casos en que el responsable realice ventas exentas, como las exportaciones: La operación exenta está gravada a la tarifa 0% y, por ende, al restarse con los impuestos descontables imputables a esa operación, se genera un saldo a favor para aquél.
Por eso, en la exportación de chatarra no se paga IVA -por estar gravada a tarifa del 0%- y, además, el responsable puede solicitar los impuestos descontables imputables a esa operación, esto es, el pagado en las compras de chatarra.
2.3.1. Ahora, la procedencia de los impuestos descontables, depende de que la compra de las mercancías y su exportación se encuentra soportada conforme lo exige la ley.
En cuanto a las compras de mercancías, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que la factura y los documentos equivalentes constituyen la prueba documental idónea para soportar esos conceptos.
Por su parte, las exportaciones deben probarse con la factura comercial y la declaración de exportación –DEX-. El primero por ser el documento exigido para la procedencia de los impuestos descontables y, el segundo por constituir el acto jurídico que realiza el exportador para informar a la autoridad aduanera la salida de las mercancías al exterior.
2.3.2. Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción que esos documentos registran.
Por tal razón, no obstante que se pretendan acreditar las transacciones con los citados soportes, si en ejercicio del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la DIAN requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o aquélla recauda pruebas que logran probar su inexistencia, esas operaciones y los beneficios tributarios que se derivan de las mismas, deben rechazarse.
Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias.
Es por eso que, en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la Administración puede controvertir o desvirtuar, la realidad de los documentos que el contribuyente aporte como prueba.
2.3.3. Una vez, la DIAN controvierte la realidad de los documentos soportes de la exención, la carga de la prueba se traslada al contribuyente, en el sentido de que debe aportar las pruebas que acrediten la existencia de dichas operaciones.
2.4. En el caso concreto, se encuentra que los ingresos por exportaciones, las compras e impuestos descontables, se derivan de las operaciones que supuestamente realizó CARIBBEAN COMPANY SASA con los siguientes proveedores de chatarra:
Proveedores
Compras de chatarra
IVA descontable
Natali Álvarez Ferreira
$3.375.953.420
$540.152.547
Luis Ernesto Saltarín Álvarez
$2.615.233.020
$418.437.280
Alfredo Enrique Ávila Ospino
$1.799.951.940
$287.992.310
2.5. Con estas precisiones, procede la Sala a relacionar las pruebas aportadas por las partes para soportar sus afirmaciones:
2.5.1. Pruebas del contribuyente:
(i) Relación de pago de los proveedores, comprobantes de egreso y entrada al almacén, expedidos por CARIBBEAN COMPANY SAS.
(ii) Certificación de los proveedores en la que reconocen haber expedido las facturas de ventas aportadas al proceso.
(iii) Oficio DIAN No. 1872012450-375 del 16 de agosto de 2013 que informa el registro en el MUISCA de ciertas declaraciones de exportación de CARIBBEAN COMPANY SAS. relacionadas en un derecho de petición. Pero esa petición no fue aportada.
(iv) Dictamen pericial rendido por un contador público que certifica que la contabilidad del año 2011 fue llevada en debida forma.
(v) Escrito de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, en el que se hace referencia a la prestación de servicios al contribuyente durante el año 2011.
(vi) Escrito de la Agencia de Aduana Moviaduanas SAS Nivel 1, que informa la prestación de servicios a la sociedad durante el año 2011.
(vii) Libro auxiliar, conciliaciones bancarias y extractos bancarios de CARIBBEAN COMPANY SAS, correspondientes al primer bimestre del año 2011. En esos documentos se registran salidas de dinero mediante la expedición de cheques a terceros en las ciudades Cúcuta, Santa Marta, y Barranquilla.
(viii) Oficio de la DIAN en el que informa que la declaración de renta del año 2011 se encuentra en firme.
2.5.2. Pruebas de la DIAN:
(i) Declaración juramentada de la revisora fiscal de CARIBBEAN COMPANY LTDA:
“PREGUNTADO: Diga porqué los pagos efectuados a través de cheques girados por CARIBBEAN COMPANY SAS EN LIQUIDACIÓN a nombre de Natali Alvarez Ferreira fueron “pagados en caja”, según extractos bancarios en las plazas de Cúcuta – Norte de Santander y en Santa Marta? CONTESTADO: No sé, en mi calidad de revisor fiscal solo evalúo los procesos de CARIBBEAN COMPANY, en ningún momento tendríamos forma de saber cómo maneja los pagos la señora Natali.
[…]
PREGUNTADO: Diga el declarante cuál es la empresa que le transporta el material reciclable de sus proveedores?. CONTESTADO: Nosotros solo le compramos a nuestros proveedores puesto en bodega, no tengo conocimiento quién le transportaba a los proveedores.”
(ii) Declaración juramentada de los proveedores:
a. Natali Álvarez Ferreira:
“PREGUNTADO: Cómo le pagó y a qué plazo, la CARIBBEAN COMPANY LTDA. los productos a su empresa?. CONTESTADO: Me pagó en cheques de Bancolombia girados a mi nombre, no había plazo estipulado. […]PREGUNTADO: Diga la declarante si tiene cuentas bancarias?. CONTESTADO: Sí, en Colpatria y Colmena, pero no las utilizo en el negocio. PREGUNTADO: Se observa que manejó grandes volúmenes de ventas (miles de millones), cómo hizo para mantener ese flujo de dinero?. CONTESTADO: Este es un negocio rotativo, donde se maneja anticipo por parte de los clientes y por eso se nota un volumen alto”.
[…]
PREGUNTADO: En relación con las ventas, sírvase exponer el declarante el valor y la forma de pago del mismo. CONTESTADO: […] las formas de pago eran las siguientes: por parte de CARIBBEAN COMPANY LTDA era en efectivo o mediante cheques de Bancolombia, los cuales yo endosaba y posteriormente eran entregados al proveedor mío IVO Castro, y en cuanto Comercializadora El Metal S.A.S. lo pagos realizados eran en efectivo […] PREGUNTADO: Diga el declarante cuál es la empresa que el transportaba sus productos al cliente?. CONTESTADO: No tengo ni tenía empresa en particular, por cuanto no pago fletes, ellos mismos, clientes, me mandaban el camión a cargar.
b. Luis Ernesto Saltarín Álvarez:
“PREGUNTADO: Diga el declarante si posee cuenta corriente o de ahorros?. CONTESTADO: No poseo. PREGUNTADO: Diga el declarante cómo financia sus operaciones, para el pago de los proveedores, cuándo y cuánto les pagó durante el período gravable 4º bimestre de 2011 y anteriores, y como fue la forma de pago. CONTESTADO: El pago fue en efectivo, no tengo el dato exacto”.
c. Alfredo Enrique Ávila Ospino:
“PREGUNTADO: Cómo y en qué se transportaban los materiales y quién corría con los fletes?. CONTESTADO: estos se movilizaban en camiones y los fletes de transporte se convenían con los proveedores o con CARIBBEAN. PREGUNTADO: Con cuánto capital inició usted el negocio y como lo obtuvo. CONTESTADO: con $10.000.000 los adquirí de familiares. PREGUNTADO: Dice usted que con $10.000.000 pero sus transacciones son voluminosas que sobrepasan los diez millones de pesos, de donde salió el resto?. CONTESTADO: este es un negocio rotatorio y que recibía anticipos de CARIBBEAN”.
[…]
PREGUNTADO: Diga el declarante si posee cuenta corriente o de ahorros?. CONTESTADO: No poseo.
(iii) Actas de las visitas de verificación practicadas a los negocios de los proveedores, ubicados en la ciudad de Barranquilla. En este documento, los funcionarios de la DIAN dejaron constancia que los proveedores no tenían capacidad operativa para vender las cantidades de chatarra declaradas por el contribuyente.
(iv) El Subdirector de Gestión Tecnológica de Información y Telecomunicaciones de la DIAN, informó “que una vez consultadas la base de datos, no se encontró información de DEX definitivo en el primer bimestre de 2011”
(v) Acta de inspección contable y tributaria, que con fundamento en la verificación física, contable, financiera y fiscal practicada al contribuyente y sus proveedores, se puso en evidencia que:
Los proveedores no declararon el IVA supuestamente pagado por el contribuyente por concepto de las compras de chatarra:
Mientras el contribuyente solicita como descontable un IVA por valor de $280 a $580 millones de pesos, pagado en las compras de chatarra; sus proveedores declararon el IVA generado en esas operaciones por las suma de $0 a $22 millones de pesos.
A su vez, los vendedores de esos proveedores declararon un IVA por pagar de $9 a $15 millones, cuando éstos –los proveedores del contribuyente- supuestamente pagaron por esa transacción un IVA de 400 a 1000 millones, que solicitaron como descontable.
los proveedores del contribuyente tienen vendedores en común.
Los vendedores de los proveedores del contribuyente no pudieron ser ubicados en las direcciones informadas en el RUT.
El contribuyente declaró menores valores de retención en comparación con las compras declaradas.
2.6. Para la Sala, el anterior acervo probatorio no solo se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental y de declaraciones de terceros, que desvirtúan la realidad de las operaciones -compras de chatarra y exportación de esos bienes- de las cuales se derivan las compras gravadas, impuestos descontables e ingresos exentos discutidos.
2.6.1. Las visitas y cruces de información practicados por los funcionarios de la DIAN demuestran que las compras de chatarra fueron simuladas.
Las visitas de verificación y los cruces de información constituyen un medio de prueba idóneo para desvirtuar las facturas de venta y la contabilidad, toda vez que permiten a la DIAN verificar de forma directa la realidad de las operaciones que esos documentos registran.
Los hallazgos encontrados en esas diligencias tratan de irregularidades en las transacciones de comercio, en el pago y en el transporte de la mercancía, que logran demostrar la simulación de las compras de chatarra. Veamos:
En principio, se observa que los proveedores no tienen capacidad operativa para vender las cantidades de chatarra declaradas por el contribuyente, porque se constató que sus instalaciones no contaban con espacio suficiente para almacenar grandes volúmenes de mercancía.
Al respecto, el actor afirmó que para la comercialización de chatarra no se requiere de infraestructura ni de una gran capacidad económica, pero no se demostró la forma en que se comercializaron esas cantidades de material sin un lugar de almacenaje.
También se advierte la existencia de irregularidades en los pagos de las compras de chatarra. Si bien, los proveedores aceptaron que las compras de chatarra les fueron pagadas en cheques y el contribuyente aportó como soporte la relación de pagos, extractos bancarios, conciliaciones bancarias, comprobantes de egreso, entradas de almacén, y el libro auxiliar; esas afirmaciones y documentos se ponen en duda porque los citados proveedores supuestamente vendieron chatarra por cantidades tan significativas – las ventas oscilaron entre los 1.700 y $3.300 millones de pesos-, sin la utilización de cuentas bancarias.
Súmese a ello que, los supuestos cheques girados a nombre de los proveedores no fueron allegados al expediente, y gran parte de estos fueron girados en ciudades diferentes – Cúcuta y Santa Marta- a donde están ubicados los proveedores –Barranquilla-.
En todo caso, se precisa que la realidad de los pagos se desvirtúa en el hecho de que el IVA que supuestamente pagó el contribuyente por esas compras no fue declarado por los proveedores.
En efecto, aunque el contribuyente y los proveedores aceptan que se presentó un pago por concepto de compras de chatarra y de IVA, esa situación no se constata en la declaración del impuesto a las ventas de los proveedores. Es más, se verificó que tanto esos proveedores como los vendedores de los mismos declararon valores mínimos por el IVA recaudado por ventas de chatarra registradas por varios millones de pesos.
Todas estas inconsistencias se relacionan con CARIBBEAN COMPANY SAS porque demuestran que sus proveedores no tenían los medios comerciales para realizar transacciones con aquél y, que realmente éstos no recibieron del contribuyente pagos por las supuestas operaciones de compra de chatarra.
Pero además, se encuentra que existen inconsistencias respecto al transporte de las mercancías: Mientras el contribuyente afirmó que los proveedores se encargaron del transporte, éstos sostuvieron que fue la sociedad. En todo caso, no se aportó los soportes de esa operación, como por ejemplo, los manifiestos de carga del transporte de esas mercancías.
Adicionalmente, a manera de indicio se encuentra que: los proveedores tenían algunos vendedores en común, los vendedores de los proveedores del contribuyente no pudieron ser ubicados, y que el contribuyente declaró menores valores de retención en comparación con las compras declaradas.
Finalmente, se precisa que el dictamen pericial del contador público no puede tenerse como prueba, pues ese documento da cuenta de la contabilización de las operaciones, pero no de su realidad, que fue el hecho con fundamento en el cual la Administración desconoce las facturas y el registro contable de las mismas.
2.6.2. No existe prueba de la realidad de la exportación de las mercancías. Aunque los DEX, los servicios prestados por la sociedad portuaria y la agencia de aduana, corresponden a trámites que deben realizar los exportadores en cumplimiento de las obligaciones aduaneras, con la finalidad de que la autoridad aduanera permita la salida del país de la mercancía, tales documentos no exoneran al exportador de probar que la mercancía efectivamente salió del país.
No obstante, se precisa que el contribuyente no aportó los DEX presentados en el período 1º de 2011. Si bien, la sociedad aportó un oficio de la DIAN que da cuenta de la presentación de unos DEX, en ese documento no se verifica que se trate de exportaciones realizadas en el bimestre discutido. Por tanto, ese documento no se contrapone a la certificación de la DIAN que de manera expresa informó que no se presentaron exportaciones en el periodo 1º de 2011.
En todo caso, se encuentra que CARIBBEAN COMPANY SAS no demostró la efectiva exportación de la mercancía, esto es, la entrega real y material de los bienes por fuera del país. Más todavía, cuando existe prueba documental y visitas de verificación que demuestran la simulación de las compras de la chatarra que supuestamente fue exportada.
2.6.3. Las pruebas documentales e indiciarias relacionadas controvierten la compra de chatarra a los proveedores, su pago, y la movilización de la mercancía; por lo que se concluye que CARIBBEAN COMPANY SAS en realidad no compró chatarra a los proveedores y, por ende, no exportó esa mercancía.
2.7. Ahora, los ingresos que declaró el contribuyente por el impuesto de renta del año 2011, no prueban la existencia de las compras de chatarra, porque la realidad de estas últimas fue desvirtuada por la Administración con el acervo probatorio anteriormente relacionado, en el proceso de fiscalización del impuesto a las ventas.
Adicionalmente, independientemente de que en la declaración discutida se hubieren aceptado o no ingresos por diferencia en cambio, esa circunstancia no implica que deban aceptarse las exportaciones y el impuesto descontable derivado de las mismas. Primero, porque no está probado que la diferencia en cambio se derive de las supuestas exportaciones y, segundo, en tanto se encuentra demostrada la inexistencia de esas operaciones –exportación y compra de chatarra- con las pruebas recaudadas en el expediente.
2.8. En conclusión, las citadas pruebas en su conjunto, le restan credibilidad a los soportes allegados por el contribuyente, en tanto desvirtúan las operaciones que esos documentos registran. Pero además, debe precisarse que el contribuyente no desvirtuó las pruebas recaudadas por la DIAN y que sustentan la actuación administrativa.
Por tanto, debe mantenerse el rechazo de los ingresos por exportaciones, las compras e impuestos descontables ordenado en los actos demandados.
Lo que lleva a señalar que no hay lugar a dar aplicación al artículo 745 del Estatuto Tributario, por cuanto las dudas provenientes de vacíos probatorios solo pueden resolverse a favor del contribuyente siempre y cuando no se encuentre obligado a probar determinados hechos, condición que no se presenta en el caso estudiado en el que la carga de la prueba recaía sobre la parte actora.
En consecuencia, no procede el cargo para el apelante.
3. Sanción por inexactitud
3.1. Según la demandante, no es procedente la sanción por inexactitud porque los datos declarados son reales. En este caso, se presenta una diferencia de criterio en cuanto a la aplicación del derecho aplicable.
3.2. El artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.
Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, y siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
3.3. La Sala encuentra que en la declaración presentada, el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como inexactitud sancionable, como es la inclusión de ingresos exentos, costos e impuestos descontables inexistentes, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto sobre las ventas.
Adicionalmente, la Sala encuentra que en este caso no presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente por falta de soporte.
Por tanto, procede la imposición de la sanción por inexactitud.
3.4. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.
Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que ésta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.
3.5. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.
4. En segunda instancia, la Sala no condenará en costas porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del CGP, aplicable por disposición del artículo 188 del CPACA.
5. Por lo anteriormente expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme a lo expuesto en esta providencia.
Adicionalmente, ordenará no condenar en costas en esta instancia.
6. En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación de la declaración de IVA del período 1 del año 2011 en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud.
IVA Bimestre 1 de 2011
Concepto
Privada
DIAN
Consejo de Estado
Saldo a pagar del período fiscal
0
17.962.000
17.962.000
Saldo a favor del período fiscal
1.230.289.000
0
0
Retenciones por IVA
0
0
0
Saldo a pagar por impuesto generado
0
17.962.000
17.962.000
Sanciones
74.129.000
2.071.331.000
1.322.380.000
Total saldo a pagar
0
2.089.293.000
1.340.342.000
Total saldo a favor
1.156.160.000
0
0
Liquidación Sanción por
inexactitud
DIAN
CE
Saldo a favor declarado
1.156.160.000
1.156.160.000
Más sanción:
74.129.000
74.129.000
Más saldo a pagar
17.962.000
17.962.000
Base sanción
1.248.251.000
1.248.251.000
Valor sanción
160%
100%
SANCIÓN
1.997.202.000
1.248.251.000
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral 1º de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
“1. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 022412013000129 del 15 de julio de 2013, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, que modificó la declaración de IVA presentada por CARIBBEAN COMPANY SAS. EN LIQUIDACIÓN por el bimestre 1 de 2011, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud.
A título de restablecimiento del derecho, se ordena que la sanción por inexactitud y el saldo a pagar a cargo de la CARIBBEAN COMPANY SAS EN LIQUIDACIÓN corresponde a los liquidados en la parte motiva de esta providencia”.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
4. Reconocer personería para actuar en nombre de la parte demandada a la doctora Yadira Vargas Roncancio, de conformidad con el poder que obra en el folio 126 del expediente.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
Julio Roberto Piza Rodríguez
Presidente de la Sala
Stella Jeannette Carvajal Basto
Milton Chaves García
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Escrito reforma demandada. Fls 868-914 c.p.1.
Fue con la expedición de la Ley 1607 de 2012 que se adicionó el artículo 437-4 al Estatuto Tributario, para consagrar una exclusión de IVA sobre esa actividad, con excepción de las realizadas a las Siderúrgicas, que continúan gravadas con el tributo.
Artículo 485 y 488 del Estatuto Tributario.
El artículo 479 del Estatuto Tributario establece que las exportaciones están exentas de IVA.
A excepción de que el impuesto descontable no pueda imputarse de forma directa a las operaciones gravadas, exentas y excluidas, caso en el cual debe calcularse proporcionalmente, como lo prevé el artículo 490 del Estatuto Tributario.
Artículo 1 y 281 Decreto 2685 de 1999.
Artículo 742 del Estatuto Tributario. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con aquéllos.
Fls 144-222, 268-311, 397-445, 453-578, 646-650, 651-699, y 706-812 c.p1
Fls 952-962 c.p.1.
Fl 95 cuaderno No.2
Fls 107- 124 c.p.2
Fl 104, 176-192 c.p.2
Fl 193-207 c.p.2
Fl 130-174, 221-278 cp.2, Fl 405-411 c.a 3
Fl 950 c.p.1
Fls 659-660 c.a.4.
Fl 1680 c.a.9.
Fls 536-538 c.a.3
Fls 1685-1687 c.a.9.
Fl 1631 c.a.9
Fls 665 c.a.4
Fl 1627 c.a.9
Fl 1716 c.a.9. Acta de visita inspección contable
Fls 1560-1567 c.a.8 y 1709-1727 c.a.9.
El Manifiesto de Carga es un documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades y debe ser portado por el conductor del vehículo en todo el recorrido. Este documento es expedido por las empresas de transporte de carga en el momento de efectuar la movilización de mercancías dentro del territorio nacional.
Esta conducta también se encuentra sancionada en el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 647 del Estatuto Tributario.
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.
Artículo 647. Sanción por inexactitud. […]
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
Sanción por corrección declarada por el contribuyente.
Incluye la sanción por corrección de $74.129.000 y la sanción por inexactitud de $1.997.202.000.
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