Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2014-00752-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2014-00752-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Principio de congruencia externa de la sentencia: noción y objeto
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2014-00752-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2014-00752-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
12 de agosto de 2021
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA DE LA SENTENCIA - Noción y objeto / ESTUDIO EN SEGUNDA INSTANCIA DE CARGO O ARGUMENTO NUEVO NO PLANTEADO EN PRIMERA INSTANCIA NI ANALIZADO EN LA SENTENCIA APELADA - Improcedencia. No procede su estudio en segunda instancia al no haber hecho parte del debate planteado en el proceso / RECURSO DE APELACIÓN – Competencia y límites del juez de segunda instancia / DERECHO DE CONTRADICCIÓN - Garantías
[L]a Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los cargos de nulidad referentes a (i) la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario que hace referencia a la determinación de costos estimados y presuntos, (ii) la imposibilidad de calificar las actuaciones de la actora como fraude fiscal y (iii) la violación de la regulación de los contratos de compraventa prevista en el Código Civil, por tratarse de argumentos nuevos, no planteados en la demanda. Al respecto, en consideración al principio de congruencia externa de las providencias (art. 281 del Código General del Proceso), la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los aspectos formulados en la apelación; que a su vez, deben ser consonantes con lo planteado en la demanda y su contestación, pues el principio de legalidad que se busca desvirtuar en el marco de la segunda instancia debe haberse debatido en las etapas previas del procedimiento contencioso administrativo, para no vulnerar el derecho de contradicción de las partes.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP ) - ARTÍCULO 281
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la no vulneración del derecho de contradicción de las partes se cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 27 de mayo de 2021, Exp. 76001-23-33-000-2014-00359-01(24148), C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
PROCEDENCIA DE COSTOS Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Requisitos / FACTURA PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Condiciones que debe cumplir / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN SOBRE REALIDAD DE TRANSACCIONES DECLARADAS – Alcance. la Administración tiene la facultad de comprobar la certeza, veracidad o realidad de los hechos, datos y cifras consignados en las declaraciones privadas. Reiteración de jurisprudencia / COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Carga de la prueba. Reiteración de jurisprudencia. Corresponde al contribuyente / CARGA DE LA PRUEBA DE FACTORES DE AMINORACIÓN DEL TRIBUTO. Reiteración de jurisprudencia. Corresponde al contribuyente / REALIDAD DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA – Inexistencia. La información obtenida de los cruces de información con los intervinientes en las operaciones de compra y venta de chatarra no fueron consistentes con los valores reflejados en la contabilidad de la demandante y en las facturas aportadas como prueba / DUDAS PROVENIENTES DE VACIOS PROBATORIOS SE RESUELVEN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE – Procedencia. Hay lugar a ello cuando el contribuyente no se encuentre obligado a probar determinados hechos / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUYENTE – Improcedencia. En el caso no hay lugar a su aplicación porque la carga de la prueba sobre la realidad y procedencia de las compras e impuestos descontables recaía sobre la parte actora
El artículo 772-1 del Estatuto Tributario establece que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta así como de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requiere la presentación de facturas con el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario; o de documentos equivalentes expedidos con el lleno de los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ibidem. No obstante, la existencia de la factura no impide que la Administración ejerza sus amplias facultades de fiscalización con el fin de comprobar la realidad de las operaciones que refleja ese documento. Esto es así, porque la Administración tiene la facultad de «comprobar la certeza, veracidad o realidad de los hechos, datos y cifras consignados en las declaraciones privadas» y así asegurar la correcta y oportuna determinación de los tributos. (…) Adicionalmente, no puede perderse de vista que, sin perjuicio de la presunción de veracidad que ampara las declaraciones tributarias, en los casos en que la Administración realice requerimientos para comprobar la veracidad de los hechos declarados, la carga de probar los conceptos que aminoran el impuesto a cargo (v.g. compras, impuestos descontables, costos y gastos, entre otros) le corresponde al contribuyente. (…) [D]e la verificación a los proveedores de la demandante, la Sala destaca lo siguiente: Lo primero es resaltar que el acervo probatorio en los que se fundamentan los actos acusados no se soporta en indicios sino en pruebas directas que desvirtúan la realidad de las compras de chatarra de las que se derivan los impuestos descontables en discusión y que, por lo mismo, restan credibilidad a las facturas aportadas (…) Al respecto, esta Sección ha señalado que «las visitas de verificación y los cruces de información constituyen un medio de prueba idóneo para desvirtuar las facturas de venta y la contabilidad, toda vez que permiten a la DIAN verificar de forma directa la realidad de las operaciones que esos documentos registran». (…) En este caso, la Administración confrontó los documentos contables aportados por la contribuyente con las declaraciones de terceros, las visitas a los establecimientos de los proveedores, las respuestas a los requerimientos de información, los certificados de existencia y representación legal de los proveedores y el reporte de las entidades bancarias. Los hallazgos encontrados en esas diligencias dan cuenta de irregularidades en las transacciones comerciales, en el pago, así como en la capacidad operativa, logística y financiera de los proveedores, que logran desvirtuar la realidad de las operaciones de compraventa de chatarra. (…) Es del caso advertir que la sociedad demandante no probó, por otros medios, las operaciones realizadas con estos proveedores, por lo que no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados. Tal como lo señaló la Sección en las sentencias del 12 de junio de 2019 y del 12 de marzo de 2020, que resolvieron el mismo asunto que aquí se discute entre las mismas partes, la sociedad actora «se limitó a fundamentar la nulidad de los actos acusados en la afirmación de que la contabilidad no ha sido desvirtuada, que las facturas contabilizadas reúnen los requisitos legales y que los cruces de información realizados por la administración son solo indicios que no son suficientes para desconocer las compras y los impuestos descontables». La Sala reitera que «Siempre que haya consistencia en la mayoría de la información de los terceros con quienes se negocie, mayor será la credibilidad de los negocios». Empero, en este caso, la información obtenida de los cruces de información con los intervinientes en las operaciones de compra y venta de charra no fueron consistentes con los valores reflejados en la contabilidad de la demandante y en las facturas aportadas como prueba.
Al hilo de todo lo analizado, no es procedente la aplicación del artículo 745 del Estatuto Tributario, en tanto que esa norma textualmente señala que las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes al momento de proferir las liquidaciones o fallar los recursos deben resolverse a favor del contribuyente, siempre y cuando el contribuyente no se encuentre obligado a probar determinados hechos, condición que no se cumple en el presente caso, en el que la carga de la prueba recaía sobre la parte actora.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 772-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 617 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 618 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 745
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el rechazo de compras e impuestos descontables la Sala reitera el criterio fijado en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de junio de 2019, Exp. 08001-23-33-000-2014-01541-01(23007), C.P. Milton Chaves García y del 12 de marzo de 2020, Exp. 08001-23-33-000-2014-01084-01(22741), C.P. Milton Chaves García
SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES – Procedencia. Se tipifica la sanción contra el representante legal y la revisora fiscal de la época, por haber conocido de las irregularidades sancionables sin que hayan expresado la salvedad correspondiente / REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD - Obligación de cumplir deberes formales a cargo de su representada
El artículo 658-1 del Estatuto Tributario que tipifica la conducta sancionada dispone: (…) La Sala encuentra que, las sanciones impuestas en los actos acusados al representante legal de la época y a la revisora fiscal son procedentes, comoquiera que, contrario a lo señalado por la demandante, las operaciones de compra de chatarra y los impuestos descontables registrados en la contabilidad e informados en la declaración del IVA del bimestre 3 del año 2010 no corresponden a la realidad, tal y como quedó explicado en el apartado anterior. Ahora sobre el reparo que se hace frente al hecho que las funciones del revisor fiscal no guardan relación con los hechos investigados por la Administración, es necesario precisar que el mencionado artículo tipifica la sanción al revisor fiscal cuando “haya conocido de las irregularidades sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente”, circunstancia que no fue alegada ni demostrada por la revisora.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 658-1
SANCIÓN POR INEXACTITUD POR INCLUSIÓN DE COMPRAS E IMPUESTOS DESCONTABLES INEXISTENTES - Procedencia. Constituye conducta sancionable / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO - Aplicación. Disminución de la sanción por inexactitud
La Sala considera que la sanción por inexactitud debe mantenerse, comoquiera que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, que modificaron la declaración del IVA del bimestre 3 del año 2010. En consecuencia, quedó acreditado que la demandante incluyó en su denuncio privado compras e impuestos descontables improcedentes, que derivaron en un menor impuesto a pagar. Todo lo cual constituye inexactitud sancionable con la sanción bajo análisis. Con todo, en aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, previsto en el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, el monto de la sanción por inexactitud debe reducirse dado que, en este caso, resulta ser más favorable el monto de la sanción previsto en el artículo 248 de la Ley 1819 de 2016, en comparación con el establecido en el artículo 647 del Estatuto Tributario, vigente al momento de la expedición de los actos acusados.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 282 PARÁGRAFO 5 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 248 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 288
CONDENA EN COSTAS - Improcedencia. Por cuanto no se probó su causación
Sobre las costas, la Sala observa que no se probó su causación, razón por la cual no habrá condena alguna de conformidad con el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso (norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00752-01(22871)
Actor: C.I. METAL TRADE S.A.S.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, que resolvió:
«PRIMERO: Denieganse (sic) las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 12 de julio de 2010, C.I. Metal Trade S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre las ventas del bimestre 3 del año 2010, en la que liquidó un saldo a favor de $108.957.000.
El 25 de agosto de 2010, la sociedad demandante presentó solicitud de devolución del saldo a favor mencionado. Mediante Resolución Nro. 000121 del 5 de noviembre de 2010, la DIAN ordenó compensar la suma de $108.957.000 a las retenciones en la fuente de los períodos 6 y 7 del año 2010.
Previa investigación, la DIAN profirió el Requerimiento Especial Nro. 022382012000224 del 23 de octubre de 2012, en el que le propuso a la demandante modificar su declaración privada, en el sentido de desconocer compras gravadas ($1.031.320.000), compras no gravadas ($19.692.549.000) e impuestos descontables por compras gravadas ($165.011.000) y, en consecuencia, establecer un saldo a pagar por impuesto de $56.054.000 y liquidar una sanción por inexactitud de $264.018.000, para un total a pagar de $320.072.000.
Adicionalmente, la DIAN propuso la imposición de las sanciones al representante legal y a la revisora fiscal de la sociedad demandante.
La Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 022412013000112 del 6 de junio de 2013, en la que mantuvo las glosas y las sanciones propuestas en el acto preparatorio (por inexactitud, como las del representante legal y revisor fiscal), así:
Concepto
Liquidación privada
Liquidación
de revisión
Diferencia
Ingresos brutos por exportaciones
21.140.985.000
21.140.985.000
0
Ingresos brutos por operaciones exentas
25.494.000
25.494.000
0
Ingresos brutos por operaciones excluidas
0
0
0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas
425.318.000
425.318.000
0
Ingresos brutos por operaciones gravadas
557.335.000
557.335.000
0
Total ingresos netos recibidos durante el periodo
22.149.132.000
22.149.132.000
0
Compras y servicios gravados
1.386.050.000
354.730.000
1.031.320.000
Compras no gravadas
20.762.673.000
1.070.124.000
19.692.549.000
Total compras e importaciones brutas
22.148.723.000
1.424.854.000
20.723.869.000
Total compras netas realizada periodo
22.148.723.000
1.424.854.000
20.723.869.000
Total impuesto generado operaciones gravadas
89.009.000
89.009.000
0
Impuesto descontable por operaciones gravadas
196.922.000
31.911.000
165.011.000
Impuesto descontable operaciones régimen simplificado
1.044.000
1.044.000
0
Total impuestos descontables
197.966.000
32.955.000
165.011.000
Saldo a pagar por el periodo fiscal
0
56.054.000
56.054.000
Saldo a favor del periodo fiscal
108.957.000
0
108.957.000
Saldo a pagar por impuesto
0
56.054.000
56.054.000
Sanciones
0
264.018.000
264.018.000
Total saldo a pagar
0
320.072.000
320.072.000
O total saldo a favor
108.957.000
0
108.957.000
Saldo a favor susceptible de ser solicitado en devolución
108.957.000
0
108.957.000
El 9 de agosto de 2013, la actora interpuso recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial de revisión, el cual fue resuelto mediante Resolución Nro. 900.243 del 8 de julio de 2014, que confirmó el acto administrativo recurrido.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), C.I. METAL TRADE S.A.S. formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Declárese la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 022412013000112 del 6 de Junio de 2013, proferido (sic) por el Jefe de División de Gestión Liquidación de la DIAN.
SEGUNDA: Declárese la nulidad de la Resolución No. 900.243 de 8 de Julio de 2014, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.
TERCERA: Como consecuencia de la nulidad del citado acto administrativo y como restablecimiento del derecho, se ordene:
• La declaración de Firmeza del 3° bimestre de 2010 presentado por la Sociedad CI METAL TRADE SAS.
• El archivo del expediente.
TERCERA: (sic) Que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, a pagar las costas del proceso, agencias en derecho y demás gastos».
Para los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 2, 29, 209 y 363 de la Constitución; 488, 495, 683, 742, 743, 745, 746, 772, 773, 774, 775, 776 y 777 del Estatuto Tributario; 2, 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo; 4, 174, 187, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil; y 3, 103, 104 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
El concepto de la violación de las citadas normas se sintetiza así:
En la liquidación oficial de revisión se señala que el saldo a favor liquidado por la demandante es improcedente porque adquirió mercancía de proveedores en Colombia sin IVA. No obstante, lo cierto es que la sociedad adquirió bienes gravados con ese impuesto y posteriormente los exportó, de manera que el IVA pagado es descontable con derecho a devolución. Todo lo cual se demuestra con la copia del libro auxiliar.
La diferencia por $354.730.000, entre el valor registrado en el renglón 37 (compras gravadas) de la declaración y el valor informado en el libro auxiliar cuenta 143530, está plenamente justificada. Lo mismo sucede con la diferencia por $310.404.975, entre el valor registrado en el renglón 38 (compras no gravadas) y el valor registrado en el libro auxiliar cuenta 143531.
Las operaciones comerciales realizadas con los proveedores Dugilco Ltda., Insumetales S.A.S., Daniel Reyes, Metalfox APC SAS, Comercializadora Henao & Asociados S.A.S, Comercializadora el Metal S.A.S., Caribbean Company Ltda. y Metals y Metals Ltda., son reales porque constan todas las pruebas exigidas por la ley para realizar transacciones comerciales: Registro Único Tributario, facturas de venta, resolución de facturación, órdenes de pago, relación de pagos y verificación de existencia en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, entre otros.
La Administración no puede desconocer automáticamente las transacciones comerciales realizadas con los proveedores a partir de un proceso de fiscalización llevado a cabo después de la ocurrencia de las transacciones. Lo anterior, porque ello puede llevar a que se den cambios en la dirección del proveedor o a su eventual liquidación y estas situaciones no pueden serle atribuibles a la sociedad.
Del mismo modo, que los proveedores hayan incumplido con sus obligaciones tributarias no puede ser un motivo para desconocer las operaciones comerciales, pues el comportamiento tributario de los proveedores de la demandante es irrelevante en este proceso y, en todo caso, no depende de la actora.
En adición, el hecho de que algunos de los proveedores compartan con la demandante el mismo domicilio, revisor fiscal y representante legal o que algunos proveedores carezcan de un software contable, cuentas bancarias y de una infraestructura de producción y almacenamiento para llevar a cabo su actividad económica, no son indicios suficientes para considerar simuladas o irreales las operaciones comerciales. Lo anterior, porque la ley no exige que la contabilidad se lleve mediante un software, ni tampoco prohíbe que el efectivo sirva de medio de pago o que dos sociedades tengan el mismo domicilio, representante legal y revisor fiscal o exista vinculación entre ellas. Además, la naturaleza del negocio ejercida por la demandante y sus proveedores «no requiere la posesión de infraestructura de producción o almacenamiento, toda vez que la comercialización de chatarra se trata básicamente de la recolección de residuos para su posterior comercialización».
El objeto social principal de la demandante es la comercialización de materiales (aluminios, cobre, bronce, radiadores y otros) que compra en el mercado interno. Esta operación está gravada con IVA, impuesto que aparece reflejado en las respectivas facturas, comprobantes de egreso y extractos bancarios.
Las operaciones de comercio exterior están exentas de IVA, de manera que la DIAN está obligada a devolver los dineros que C.I. Metal Trade S.A.S pagó por concepto de ese impuesto, sin que sea obligación de la demandante demostrar que los responsables del impuesto, esto es, sus proveedores, reflejaron el IVA pagado en sus respectivos denuncios privados.
La DIAN desconoce la forma en la que funciona el negocio de la demandante. La comercialización de chatarra no requiere para su desarrollo de grandes infraestructuras, porque los proveedores no almacenan los inventarios en sus bodegas, ya que la empresa transportadora es quien se encarga de toda la logística para llevar a cabo la exportación de esta clase de productos. Además, «no es rentable para un proveedor almacenar grandes volúmenes de inventarios ya que los márgenes de utilidad son muy reducidos por lo que el inventario debe rotar muy rápido para no tener pérdidas en los negocios». Tampoco se requiere una gran capacidad económica, toda vez que la rotación del efectivo depende de cada caso puesto que puede ser «apalancados por sus proveedores y/o clientes quienes les pueden dar plazos para el pago del material o, lo más probable, que el cliente les otorgue anticipos para que ellos les entreguen mercancía».
La DIAN, Seccional Barranquilla, en un caso similar, mediante la Resolución Nro. 022412010000032 de 6 de septiembre de 2010, aceptó los argumentos sobre la procedencia de compras e impuestos descontables a una sociedad respecto de la cual no ubicó a los proveedores.
Además, la Administración no logró desvirtuar la presunción de veracidad que ampara la declaración del IVA de la demandante. En este caso, de los indicios utilizados por la Administración no se deriva una sola prueba directa que contradiga o rechace las operaciones económicas celebradas por la actora. Por el contrario, las pruebas aportadas desvirtúan los indicios propuestos por la Administración.
En efecto, la contabilidad de la demandante, que no fue desvirtuada por la DIAN, junto con las facturas de venta, prueban las operaciones comerciales realizadas con los proveedores, cuya existencia está demostrada con los Registros Únicos Tributarios. Los documentos de exportación de la chatarra, listas de empaques, salidas de embarque, gastos administrativos y operativos de exportación, la legalización de las divisas a través de intermediarios cambiarios, entre otros aspectos cambiarios y aduaneros, acreditan la existencia y legalidad de las operaciones de comercio exterior. A su vez, las pruebas contables, fiscales y aduaneras comprueban la existencia de la mercancía exportada.
En ese sentido, al no haber pruebas con la entidad suficiente para desvirtuar la realidad de las operaciones realizadas entre la demandante y sus proveedores, debe aplicarse el artículo 745 del Estatuto Tributario, según el cual las dudas provenientes de vacíos probatorios deben resolverse a favor del contribuyente.
No es lógico que la DIAN haya desconocido únicamente los egresos por compras de materia prima para su posterior venta, sin modificar el valor de los ingresos derivados de esas mismas operaciones. Por sana lógica, y en virtud del principio de asociación, también se debieron haber disminuido los ingresos por ventas o exportaciones.
Los recursos de la actora se derivan únicamente de las divisas del exterior, por exportaciones reales, las cuales son canalizadas a través del mercado cambiario y están debidamente soportadas por los DEX. Lo anterior demuestra que las operaciones realizadas por la demandante en el 3° bimestre de 2010 son reales.
La sanción por inexactitud es improcedente porque las cifras registradas en la declaración privada corresponden a la realidad económica, contable y fiscal de la actora y no existieron maniobras fraudulentas u omisiones de ingresos. Además, la actora no ocasionó ningún daño al patrimonio estatal, pues presentó oportunamente la declaración del IVA correspondiente al bimestre 3 del año 2010.
Las sanciones contra el representante legal y el revisor fiscal no pueden imponerse porque existen pruebas idóneas que amparan las compras y los impuestos descontables registrados en la declaración de IVA de la actora y, en todo caso, las funciones del revisor fiscal no guardan relación con los hechos investigados por la Administración.
Oposición a la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora con fundamento en los siguientes argumentos:
Los actos administrativos acusados están debidamente motivados, por lo que no se advierte la violación de los derechos y principios invocados por la demandante. En el anexo explicativo de la liquidación oficial de revisión se expusieron en forma más que sumaria las razones de hecho y de derecho que fundamentaron el desconocimiento de las compras y de los impuestos descontables, así como la imposición de las sanciones. También se realizó un análisis detenido de las pruebas recaudadas, que permitió demostrar que los impuestos descontables no están debidamente probados.
A partir de las diligencias efectuadas frente a cada proveedor, así como de los cruces de información, la Administración contó con indicios que desvirtuaron las operaciones de compra en las que la actora aseguró haber participado. En efecto, de las diligencias efectuadas se pudo establecer que los proveedores no tenían la infraestructura, capacidad operativa y económica para realizar las operaciones y, además, que incluso algunos de los proveedores no existían o estaban inactivos. También se demostró que varias de las operaciones se realizaron en efectivo.
La existencia meramente formal de las operaciones en los registros contables y de las facturas de venta no es suficiente para demostrar la procedencia de los impuestos descontables registrados por la actora en su declaración. Por el contrario, es necesario acreditar que la operación efectivamente se llevó acabo. En este caso, la investigación realizada por la Administración demostró la inexistencia de las operaciones supuestamente llevadas a cabo por la contribuyente, pues «en ninguna de las etapas recorridas por el traslado del IVA, a un segundo, tercer y cuarto proveedor, el estado no recaudo (sic) el impuesto que los proveedores solicitaron en devolución por suerte del C.P. expedido por el contribuyente CI METAL TRADE S.A.S.».
Además, se desconoció la suma de $19.692.549.000, correspondiente a compras no gravadas, porque los cruces de información con los proveedores de la demandante presentan irregularidades, por lo que también éstos han sido sometidos a investigación de carácter fiscal. En consecuencia, el saldo a favor declarado por la sociedad demandante carece de origen legal.
Para determinar la real existencia de las operaciones económicas llevadas a cabo por la contribuyente y sus proveedores se consultó el sistema informativo de la DIAN en la modalidad “certificados al proveedor por comercializadora-CP”. De la consulta realizada a los proveedores Dugilco Ltda., Insumetales S.A.S, Daniel Reyes, Metalfox APC S.A.S, Comercializadora Henao & Asociados S.A.S., Comercializadora el Metal SAS y Caribbean Company Ltda. se encontraron inconsistencias relacionadas con las direcciones reportadas en el RUT, el comportamiento tributario, falta de acceso a los libros contables y fiscales, las formas de pago (efectivo), las compras realizadas y el margen de venta, falta o insuficiencia de la infraestructura física, entre otras. Todo lo cual le permitió a la Administración cuestionar la realidad de las operaciones económicas de la actora.
Los indicios son aceptados como medio de prueba en materia tributaria, sin que su utilización implique la violación de la ley. Contrario a lo señalado por la demandante, la Administración obtuvo las pruebas suficientes para desestimar la realidad meramente formal en la que se basa la demandante. Por lo tanto, no se desconocieron las normas constitucionales y legales sobre la simulación. Se destaca que, en este caso, no se requiere demostrar la existencia del “animus nocendi”, o la declaración de proveedor ficticio, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado. De ahí que la demandante no acierta al señalar que se haya debido surtir previamente el trámite para declarar proveedor ficticio a los proveedores y terceros.
La sanción por inexactitud es procedente porque la actora incluyó compras e impuestos descontables inexistentes, de los cuales se derivó el saldo a favor que fue rechazado, lo cual es un hecho sancionable. La actora tuvo conocimiento y voluntad al registrar los datos en su declaración privada, de manera que está demostrado el elemento subjetivo, aunque, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo cierto es que la Administración no tiene la obligación de probar maniobras fraudulentas o intención dolosa o culposa para que proceda la sanción por inexactitud.
Las sanciones impuestas a la revisora fiscal y al representante legal de la demandante son procedentes porque suscribieron la declaración de IVA de la actora, respecto de la cual se acreditó la inclusión de compras e impuestos descontables inexistentes.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A” denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
Advirtió que la DIAN está investida con la facultad fiscalizadora, la cual puede ejercer para efectos de determinar la existencia de operaciones simuladas o ficticias, frente a liquidaciones privadas y en los casos en que se han efectuado devoluciones de saldos a favor por compras e impuestos descontables.
Señaló que, en materia tributaria, los libros de contabilidad constituyen prueba a favor del contribuyente siempre que se lleve en debida forma. No obstante, la Administración puede ampliar el esquema probatorio, particularmente, cuando se trata de impuestos descontables, pues, en esos casos, para llegar a la verdad real de los hechos no son suficientes los libros contables del contribuyente, sino que también se requiere de cruces de información con los proveedores, con el fin de verificar la existencia de las operaciones comerciales que sustentan la devolución de saldos a favor liquidados por el contribuyente.
Manifestó que, si bien las facturas aportadas por la actora cumplen con los requisitos exigidos por la normativa tributaria para la procedencia de “deducciones” frente al impuesto sobre las ventas, ello no impide que la Administración pueda verificar la exactitud de las declaraciones tributarias y establecer la real ocurrencia de los hechos económicos de la contribuyente.
Resaltó que, en el presente caso, a partir de las diligencias realizadas por la Administración, en especial, los cruces de información realizados entre la actora y sus proveedores, logró determinarse que la sociedad demandante reportó compras e impuestos descontables inexistentes, toda vez que, en algunos casos, los proveedores no fueron ubicados y en otros, no se tuvo acceso a sus libros contables. Además, muchos de ellos no tenían la infraestructura, capacidad operativa y económica para llevar a cabo su actividad.
Agregó que, si bien en el expediente administrativo existe información contable (facturas y relación de pagos), ésta no tiene credibilidad alguna en la medida en que no pudo ubicarse a los proveedores ni tener acceso a sus libros contables en las direcciones registradas en el RUT.
Precisó que, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2649 de 1993, es necesario entrar a valorar la esencia o realidad económica de los hechos y no únicamente su forma legal. Por esa razón, es que en materia tributaria los medios de prueba son los dispuestos en el Estatuto Tributario y en otros ordenamientos legales. En consecuencia, consideró que la entidad demandada acertó al afirmar que, a partir de las pruebas recaudadas, las operaciones comerciales realizadas entre la actora y sus proveedores son simuladas.
Añadió que, durante la investigación realizada por la demandada, surgieron suficientes indicios concordantes entre sí que permitieron deducir la falta de credibilidad e inexistencia de las operaciones. Por consiguiente, no se advierte que los actos administrativos acusados violen las disposiciones constitucionales y legales invocadas por la demandante, “siendo entonces, ajustada a derecho la sanción por inexactitud impuesta al representante legal y revisor fiscal de la sociedad”.
Destacó que no está llamado a prosperar el argumento expuesto por la demandante relacionado con el hecho que la Dirección Seccional de Barranquilla aceptó la procedencia de compras e impuestos descontables a una sociedad, a pesar de no haber localizado a sus proveedores, porque la actora no allegó ningún medio de prueba que así lo demuestre.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, toda vez que la demandante no realizó ninguna conducta que la hiciera merecedora de esa sanción.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la decisión del Tribunal. Para estos efectos, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y añadió que:
El a quo fundamenta su decisión en el principio de la esencia sobre la forma. Empero, «causa extrañeza» que la DIAN reconozca que los ingresos se derivan de operaciones de exportación, pero pretenda desconocer, de manera injustificada, los costos, compras e impuestos descontables registrados en la «declaración de renta» originados en dichas operaciones de exportación, los cuales están debidamente probados, toda vez que la contabilidad y sus soportes constituyen prueba directa dentro del proceso tributario sobre la realidad de los hechos económicos de la sociedad y desvirtúan los indicios en que se basó la decisión de la Administración.
Si la DIAN reconoce el ingreso lo lógico era que reconociera el costo de las operaciones económicas y, en caso de existir duda sobre ese aspecto, que aplicara el artículo 82 del Estatuto Tributario, que reconoce el principio básico de la contabilidad, según el cual no se puede obtener un ingreso sin haber incurrido en un costo. En ese sentido, la Administración actuó de manera arbitraria al no haber tenido en cuenta «todos los documentos contables que demuestran la realidad de las operaciones y los costos de la sociedad actora, o en su defecto darle aplicación al artículo 82 del Estatuto Tributario».
La Administración pretende imputarle a la sociedad las falencias a nivel contable y fiscal de sus proveedores, a pesar de que ello no es un deber legal a cargo de los contribuyentes frente a sus proveedores. En tal sentido, no son de recibo los argumentos de la DIAN para declarar improcedente el costo por las operaciones de compra, menos aun cuando éstas se encuentran debidamente acreditadas.
En el desarrollo del procedimiento administrativo, la demandante aportó las pruebas conducentes, pertinentes e idóneas que demuestran la realidad de las compras realizadas. Sin embargo, la Administración no las valoró integralmente o en conjunto, lo cual vulnera el debido proceso y el artículo 742 del Estatuto Tributario. La actuación de la Administración demuestra entonces un traslado indebido de la carga de la prueba a la demandante, pues pretende desconocer compras e impuestos descontables sin demostrar la simulación e inexistencia de las operaciones.
Los cruces de información en los que se basó la decisión de la Administración no constituyen plena prueba en contra de la actora, por el contrario, son un mero indicio, que debe ser sometido a un estudio más específico. Atribuirle el carácter de plena prueba a los cruces de información es violatorio del derecho al debido proceso y de defensa. Así las cosas, la Administración omitió analizar la información contable de la actora y, en consecuencia, expidió los actos con fundamento en hechos que no están plenamente probados.
El proceso probatorio de la Administración presenta falencias, pues no logró recaudar una prueba directa que desvirtuara la contabilidad de la demandante. Además, los documentos recaudados por la DIAN no le fueron trasladados para su contradicción. La DIAN debió haber hecho un estudio serio para determinar la improcedencia del costo, para lo cual debió haberle solicitado a la sociedad el reintegro y la legalización de las divisas del año 2009, los tiquetes de báscula de entrada de la mercancía de la bodega y, adicionalmente, debió haber revisado los saldos de inventario, los documentos contables en orden cronológico, los precios de compra de chatarra en el mercado, entre otros.
Se tiene, entonces, que no se desvirtuó la contabilidad de la demandante, por lo que es prueba directa que no puede ser suplida por indicios y que existen documentos de naturaleza aduanera y cambiaria que acreditan la veracidad de las declaraciones.
Resulta improcedente calificar las actuaciones de la actora como “fraude fiscal”, porque no se ha abusado de las formas jurídicas para evitar el pago de impuestos. Por el contrario, la actora compró una mercancía, mediante cheques y efectivo, que posteriormente exportó, lo cual se demuestra con las pruebas que reposan en el expediente. Además, la figura de “fraude fiscal” no es aplicable, toda vez que se creó en la Ley 1607 de 2012, lo que significa que sólo es aplicable frente a actuaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2013.
La sanción por inexactitud es improcedente porque no se configuró ningún hecho sancionable. Las cifras declaradas corresponden a la realidad contable y económica, tanto así que la contabilidad de la actora demuestra la existencia de las compras y sus pagos.
Finalmente, la sentencia apelada vulneró el debido proceso y el derecho de defensa «al no haber valorado todos los argumentos expuestos en la demanda y su reforma, por cuanto no existe pronunciamiento alguno sobre los mismos».
Alegatos de conclusión
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la apelación y añadió que, al haber calificado las operaciones de compra efectuadas por la demandante, la DIAN desconoció la regulación de los contratos de compraventa prevista en el Código Civil.
La parte demandada insistió en lo expuesto en la contestación de la demanda y añadió que los actos acusados no están fundamentados en simples indicios, sino en pruebas directas de carácter documental y testimonial que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada porque, a partir de la investigación realizada por la DIAN respecto de los proveedores de la actora, se desprenden varias situaciones que impiden establecer la realidad de las compras efectuada por la demandante.
Destacó que la demandante no logró desvirtuar los hechos que produjeron el desconocimiento de las compras y, por ende, de los impuestos descontables, lo cual implica que deben confirmarse los actos demandados. Precisó que, en este caso, se está en presencia de unos indicios que demuestran la inexistencia de las compras declaradas por la actora y no frente a simples suposiciones.
Resaltó que no hace parte de la discusión la determinación de costos presuntos en la declaración de renta, pues la DIAN no se pronunció sobre este asunto en los actos acusados.
Finalmente, adujo que, si bien las facturas son un requisito necesario para la procedencia de los impuestos descontables, su existencia no impide que la DIAN cumpla con su deber de investigar la realidad de las operaciones contenidas en las declaraciones privadas, tal y como lo hizo en este caso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Atendiendo estrictamente a los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala resolver sobre la legalidad de los actos administrativos de determinación oficial que modificaron la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al bimestre 3 del año 2010 de la actora, en el sentido de desconocer compras e impuestos descontables e imponer sanción por inexactitud y sanción al representante legal (Arcenio González Gualtero) y a la revisora fiscal (Diana Lucía Mora de La Hoz).
Cuestión previa
El 4 de agosto de 2014, C.I. Metal Trade S.A.S., por medio de apoderada judicial, presentó la demanda que originó este proceso. El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda, mediante auto del 15 de septiembre de 2014. El 18 de diciembre de 2014, la demandante presentó memorial de reforma a la demanda ante lo cual, el Tribunal profirió auto del 24 de marzo de 2015, por medio del rechazó por extemporánea dicha reforma, decisión que fue objeto del recurso de reposición y confirmada por auto del 11 de junio de 2015.
En el recurso de apelación la actora alegó que el a quo no valoró «todos los argumentos expuestos en la demanda y su reforma, por cuanto no existe pronunciamiento alguno sobre los mismos». Al respecto, se advierte que la reforma a la demanda presentada por la actora fue rechazada por el Tribunal, decisión que se encuentra en firme. Por consiguiente, el contenido de ese memorial no surte ningún efecto en este proceso y, por lo mismo, no será analizado en esta instancia, pues ésta se circunscribe a los argumentos expuestos en el recurso de apelación en cuanto guarden correspondencia con la demanda y la sentencia de primera instancia.
Igualmente, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los cargos de nulidad referentes a (i) la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario que hace referencia a la determinación de costos estimados y presuntos, (ii) la imposibilidad de calificar las actuaciones de la actora como fraude fiscal y (iii) la violación de la regulación de los contratos de compraventa prevista en el Código Civil, por tratarse de argumentos nuevos, no planteados en la demanda.
Al respecto, en consideración al principio de congruencia externa de las providencias (art. 281 del Código General del Proceso), la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los aspectos formulados en la apelación; que a su vez, deben ser consonantes con lo planteado en la demanda y su contestación, pues el principio de legalidad que se busca desvirtuar en el marco de la segunda instancia debe haberse debatido en las etapas previas del procedimiento contencioso administrativo, para no vulnerar el derecho de contradicción de las partes (sentencia del 27 de mayo de 2021, exp. 24148 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
De conformidad con lo expuesto, el análisis del recurso de apelación se contraerá a determinar si procede o no el desconocimiento de las compras e impuestos descontables por supuestas operaciones simuladas o inexistentes de compra de chatarra entre la demandante y sus proveedores, y la imposición de la sanción por inexactitud. Para estos efectos, se estudiarán los cargos de la impugnación relacionados con la falta de idoneidad de la prueba indiciaria para desconocer los costos de venta, el valor probatorio de la contabilidad de la actora y de los cruces de información, la falta de valoración integral de las pruebas aportadas por la actora, así como la improcedencia de la sanción por inexactitud, al no haberse configurado ningún hecho sancionable.
También se decidirá si deben o no mantenerse las sanciones al representante legal y a la revisora fiscal, comoquiera que la apelante alega que el Tribunal no se pronunció sobre todos los argumentos planteados en la demanda, como en efecto ocurrió respecto de las mencionadas sanciones.
Para resolver la Sala reiterará, en lo pertinente, lo expuesto en las sentencias proferidas por esta Sección el 12 de junio de 2019 y el 12 de marzo de 2020, que negaron la nulidad de los actos administrativos que modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas de la actora correspondientes a los bimestres 4 y 5 del año 2010 (rechazo de compras e impuestos descontables), porque esas providencias constituyen un precedente aplicable al caso bajo examen.
Procedencia de las compras e impuestos descontables
El artículo 772-1 del Estatuto Tributario establece que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta así como de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requiere la presentación de facturas con el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario; o de documentos equivalentes expedidos con el lleno de los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ibidem.
No obstante, la existencia de la factura no impide que la Administración ejerza sus amplias facultades de fiscalización con el fin de comprobar la realidad de las operaciones que refleja ese documento. Esto es así, porque la Administración tiene la facultad de «comprobar la certeza, veracidad o realidad de los hechos, datos y cifras consignados en las declaraciones privadas» y así asegurar la correcta y oportuna determinación de los tributos.
Sobre este asunto, la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos:
«(…) aunque la factura sea un requisito necesario a efectos del reconocimiento de los impuestos descontables, lo cierto es que su exhibición no implica, indefectiblemente, que el descontable sea procedente, puesto que la Administración está facultada para adelantar investigaciones respecto de la operación documentada en la factura, a fin de desvirtuarla. Evento en el cual, corresponderá también al contribuyente desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar la realidad y características de la transacción cuestionada mediante los medios de prueba señalados en la ley».
Adicionalmente, no puede perderse de vista que, sin perjuicio de la presunción de veracidad que ampara las declaraciones tributarias, en los casos en que la Administración realice requerimientos para comprobar la veracidad de los hechos declarados, la carga de probar los conceptos que aminoran el impuesto a cargo (v.g. compras, impuestos descontables, costos y gastos, entre otros) le corresponde al contribuyente.
Caso concreto
Del análisis de los actos acusados, la Sala advierte que la DIAN desconoció compras gravadas, compras no gravadas e impuestos descontables, ante la falta de pruebas que demostraran la realidad de las operaciones llevadas a cabo entre la actora y sus proveedores, en el bimestre 3 del año 2010.
Lo anterior, con fundamento en las visitas realizadas a las instalaciones de la actora y de sus proveedores (Dugilco Ltda., Insumetales S.A.S., Daniel Reyes, Metalfox APC S.A.S., Comercializadora Henao & Asociados S.A.S, Comercializadora El Metal S.A.S., Caribbean Company Ltda., Metals y Metals Ltda. y Barranquilla Recycling), cruces de información con terceros y los documentos aportados por la demandante y los recopilados por la Administración.
En específico, respecto al total de las compras declaradas ($22.148.723.000), la DIAN desconoció $20.723.869.000, valor que aparece discriminado de la siguiente manera en la liquidación oficial y no fue objetado por la actora:
Proveedor
Compras gravadas
Compras no gravadas
Dugilco Ltda.
$0
$231.089.350
Insumetales SAS
$0
$25.002.500
Daniel Reyes
$20.145.070
$1.514.609.642
Metalfox APC SAS
$117.472.050
$5.716.992.950
Comercializadora Henao & Asociados
$57.123.500
$319.537.130
Comercializadora El Metal SAS
$773.996.546
$11.458.334.290
Caribbean Company Ltda.
$0
$319.537.130
Metals y Metals Ltda.
$62.582.650
$0
Barranquilla Recycling Ltda.
$0
$107.446.140
Total
$1.031.319.816
$19.692.549.132
El desconocimiento de las compras se sustentó en los siguientes hechos detectados por la Administración en la verificación a los proveedores:
Dugilco Ltda.
No fue posible localizar al proveedor en la dirección inscrita en el RUT, lo cual le impidió verificar las transacciones presuntamente llevadas a cabo con la demandante y tener acceso a la contabilidad.
En cuanto al comportamiento tributario, la DIAN destacó que no presentó la declaración de renta del año 2010 y que presentó las declaraciones del IVA respecto de los 6 bimestres del año 2010 en las que declaró saldos a favor que fueron solicitados en devolución. Resaltó que, en el año 2011, el proveedor no presentó declaraciones tributarias por ningún concepto.
Insumetales SAS
El proveedor no fue localizado en la dirección inscrita en el RUT, que es idéntica a la informada por Dugilco Ltda. En consecuencia, no fue posible comprobar las operaciones comerciales supuestamente realizadas con la demandante ni acceder a la contabilidad.
En cuanto al comportamiento tributario, recalcó que el proveedor no presentó declaración de renta por el año 2010 y que, con respecto al IVA, presentó las declaraciones de los bimestres 1 a 5 con saldo a favor y la del 6 bimestre sin saldo a favor ni saldo a pagar. Además, que en los años 2011 y 2012 no presentó declaraciones tributarias por ningún concepto.
Daniel Reyes
Las operaciones de este proveedor carecen de credibilidad. Al respecto, manifestó que «según la información tributaria recopilada entre el proveedor REYES DANIEL, NIT 1.667.783-5 y los proveedores de este de nombres: COMERCIALIZADORA EL GUAJIRO SAS, METALES TATO SAS Y COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES SAS, son las mismas compras efectuadas por el proveedor las cuales a su vez fueron facturas (sic) a C.I. METAL TRADE SAS (…) observando que el margen de venta difiere entre 50 y 100 pesos».
Resaltó que los tres mencionados proveedores del señor Daniel Reyes tienen la misma fecha de inicio de operaciones y el mismo revisor fiscal. Además, que están ubicados en la ciudad de Bogotá y que Comercializadora El Guajiro S.A.S y Metales Tato S.A.S comparten la misma dirección.
Adicionalmente, hizo énfasis en que los proveedores de El Guajiro S.A.S, Comercializadora Todo Metales y Metales S.A.S y Metales Tato S.A.S fueron declarados “proveedores ficticios”, según información enviada por la Dirección Seccional de Pereira.
En cuanto al comportamiento fiscal, señaló que los tres proveedores del señor Daniel Reyes presentaron declaraciones de IVA por el bimestre 3 del año 2010 declarando compras gravadas, pero no presentaron ni pagaron declaraciones de retención en la fuente por el mismo periodo, a pesar de estar obligados. En el año 2011, no presentaron declaraciones tributarias.
Además, que los proveedores de estos proveedores (Renovadora Roma S.A.S., Aluminios y Desperdicios Muñoz S.A.S. y Aluminun Metale Valencia S.A.S) se encuentran omisos por todo concepto de impuestos, comparten la misma revisora fiscal y su RUT se encuentra suspendido.
Metalfox APC S.A.S.
No se presentaron diferencias significativas en las verificaciones realizadas con su único proveedor. Sin embargo, a pesar de haber realizado movimiento en el bimestre (mayo-junio) del año 2010, no fue posible localizar a dicho proveedor en la dirección informada en el RUT.
Comercializadora Henao & Asociados SAS
Durante la visita, la DIAN detectó que el proveedor no posee un software contable, que todos los pagos, a pesar de ser «altas sumas de dinero», son realizados en efectivo y que no posee cuentas bancarias. Además, destacó que la infraestructura física del proveedor es deficiente puesto que «se observa un patio totalmente desocupado, con basura metida en sacos, un recinto donde fue atendida la visita en mal estado» y, en general, que en el lugar no existe un movimiento normal de trabajo, dado que ni siquiera se observaron empleados.
Manifestó que se han realizado investigaciones fiscales en contra del proveedor, en las cuales se efectuaron cruces de información entre éste y sus proveedores, pruebas que, por su importancia, fueron trasladadas al procedimiento administrativo que culminó con los actos demandados.
De acuerdo con las pruebas trasladadas, la DIAN expuso que los proveedores de Comercializadora Henao & Asociados S.A.S no poseen la infraestructura ni la capacidad operativa de almacenamiento suficiente para demostrar la cantidad de material supuestamente adquirido por esa sociedad y que posteriormente fue vendido a la aquí demandante. En específico, la Administración precisó que algunos de los proveedores de este proveedor no fueron localizados en la dirección informada en el RUT y que, si bien otros fueron localizados, se encontró que la infraestructura física era sumamente deficiente, al punto que se encontraba inundada y abandonada. Además, señaló que dos de los proveedores de Distribuidora La Peña que, a su vez, es proveedor de Comercializadora Henao & Asociados S.A.S, fueron declarados “proveedores ficticios”.
Comercializadora El Metal SAS
Esta sociedad fue creada en abril de 2010, con un capital autorizado, suscrito y pagado de $50.000.000. Inició operaciones de compra por $1.022.337.000 en el bimestre 2 del año 2010 y terminó ese año con operaciones por un valor total de $38.664.692.000 e ingresos por valor de $39.075.208.000. El representante legal, Jhon Felipe Henao Toro, declara que las operaciones de compra y venta de materiales de reciclaje con sus proveedores fueron realizadas en efectivo, que los pagos realizados a su favor por parte de la aquí demandante se hicieron en cheques y que la sociedad no posee empleados.
La DIAN constató que la infraestructura física, financiera y administrativa no es acorde con el volumen de compras y ventas declaradas. Existen inconsistencias en la información entregada por el proveedor, en lo que tiene que ver con los soportes o comprobantes de ingresos y los ingresos registrados en la contabilidad.
No presentó documentos o soportes de órdenes de compras, despacho de mercancías, entradas y salidas de almacén, registros de inventarios ni tampoco registro de pagos de fletes de la mercancía. Existe vinculación entre Comercializadora Henao & Asociados S.A.S. y Comercializadora El Metal S.A.S., dado que los socios y representantes legales de ambas sociedades son hermanos.
De los cruces de información con los proveedores de esta sociedad, no se observa infraestructura de ningún tipo que sea suficiente para realizar el volumen de las operaciones supuestamente llevadas a cabo. Particularmente, frente al proveedor Yuldor Fabianny Estévez, se evidencia que cobró cheques por ventanilla por grandes sumas de dinero en los meses de mayo y junio de 2010 y, en cuanto a su comportamiento tributario, se observa que presentó declaraciones de retención en la fuente en ceros, a pesar del volumen de compras y ventas que realizó y por las cuales debió haber practicado retención en la fuente. Además, uno de sus proveedores no pudo ser ubicado en la dirección registrada en el RUT.
Caribbean Company Ltda.
El proveedor carece de la infraestructura física y operativa para llevar a cabo su actividad. La dirección registrada en el RUT corresponde a la misma de la demandante. En ella, únicamente se observa una oficina pequeña, cuyo estado físico es regular. No se observan empleados laborando en ella y tiene apariencia de archivo. En adición el representante legal y la revisora fiscal son los mismos de la sociedad actora
Si bien entregaron soportes contables, la DIAN sostuvo que las operaciones entre el proveedor y la actora son dudosas, toda vez que, si comparten el mismo sitio de laborales, no se entiende la manera en la que se transportan las mercancías y se reciben y, además, que el proveedor no tiene la infraestructura física, operativa y financiera para desarrollar el volumen de las operaciones que afirma haber llevado a cabo.
Metals y Metals Ltda.
La dirección registrada en el RUT es la misma de Caribbean Company LTDA. y de la actora. Por lo tanto, también se observó falta de infraestructura física, operativa y financiera para llevar a cabo las operaciones que supuestamente se adelantaron con la actora. Además, se constató que el representante legal y la revisoría fiscal son los mismos de la parte demandante.
Barranquilla Recycling Ltda.
La DIAN resaltó que este proveedor es uno de los que se benefició con el certificado de proveedor expedido por la actora, mediante el cual logró solicitar en devolución el IVA pagado a sus proveedores. En términos generales, la Administración destacó que las operaciones realizadas con este proveedor fueron sospechosas e inexistentes.
Vale la pena resaltar que la demandante no formuló en la demanda ningún reparo frente al desconocimiento de las compras no gravadas realizadas con este proveedor.
A partir de los resultados transcritos de la verificación a los proveedores de la demandante, la Sala destaca lo siguiente:
Lo primero es resaltar que el acervo probatorio en los que se fundamentan los actos acusados no se soporta en indicios sino en pruebas directas que desvirtúan la realidad de las compras de chatarra de las que se derivan los impuestos descontables en discusión y que, por lo mismo, restan credibilidad a las facturas aportadas por C.I. Metal Trade LTDA.
Al respecto, esta Sección ha señalado que «las visitas de verificación y los cruces de información constituyen un medio de prueba idóneo para desvirtuar las facturas de venta y la contabilidad, toda vez que permiten a la DIAN verificar de forma directa la realidad de las operaciones que esos documentos registran». (negrillas del texto)
En este caso, la Administración confrontó los documentos contables aportados por la contribuyente con las declaraciones de terceros, las visitas a los establecimientos de los proveedores, las respuestas a los requerimientos de información, los certificados de existencia y representación legal de los proveedores y el reporte de las entidades bancarias.
Los hallazgos encontrados en esas diligencias dan cuenta de irregularidades en las transacciones comerciales, en el pago, así como en la capacidad operativa, logística y financiera de los proveedores, que logran desvirtuar la realidad de las operaciones de compraventa de chatarra.
En la visita a los establecimientos de comercio de los proveedores de la actora, y de los proveedores de éstos, la DIAN encontró que carecían de capacidad locativa para almacenar la mercancía en el volumen de las operaciones de compra y venta de chatarra registradas. Incluso, en algunos casos, y pese al volumen de las ventas, a la DIAN le fue imposible localizar los establecimientos de comercio de varios de los proveedores de la actora, y de los proveedores de éstos.
Al respecto, la actora afirmó que para la comercialización de chatarra no se requiere de infraestructura ni de una gran capacidad económica. Sin embargo, no se demostró la forma en la que se comercializaron esas cantidades de chatarra sin un lugar de almacenaje. Menos aún se comprobó la forma en la que ésta se transporta, toda vez que ningún proveedor reportó pagos en los que se habitualmente se incurre para el transporte del material, como peajes, fletes, salidas de la mercancía e ingreso a las instalaciones del adquirente, manifiestos de carga, entre otros. Si bien, en el recurso la demandante señala que la DIAN debió requerir estos documentos, lo cierto es que ni en sede administrativa ni judicial la actora, quien es la tiene la carga de prueba, solicitó ni aportó tal información.
La Administración constató que tanto los proveedores de la demandante como los proveedores de éstos, afirman haber realizado operaciones de compra y venta de chatarra en efectivo y mediante cheques. No obstante, no existe un soporte de tales pagos en efectivo o en cheque, o de los endosos de los cheques. Sobre este punto, la Sala ha manifestado que no es una práctica comercial común que «sumas tan altas de dinero se paguen en efectivo» y mucho menos «sin que se expida algún tipo de constancia de pago».
Además, de la investigación adelantada, se pudo establecer que varios de los proveedores carecen de la infraestructura financiera necesaria para llevar a cabo el volumen de las operaciones de compra reportadas, pues ni siquiera poseen cuentas bancarias.
Conforme a los certificados de existencia y representación legal expedidos por las Cámaras de Comercio, el capital pagado por los proveedores es ínfimo comparado con el monto de las operaciones de compra y venta reportadas. Por ejemplo, Comercializadora El Metal SAS que registró un capital autorizado, suscrito y pagado de $50.000.000 y, en el 2010, reportó un total de compras por $38.664.692.000 e ingresos por $39.075.208.000. Todo lo cual permite advertir que el capital del comerciante para llevar a cabo su actividad económica es pequeño comparado con el monto de las operaciones declaradas.
El comportamiento tributario de la mayoría de los proveedores es muy similar. En efecto, presentan declaraciones de renta por el año 2010, declaraciones del IVA por los bimestres correspondientes y las declaraciones de retención en la fuente en cero, aunque reportan compras gravadas. Y, en el período siguiente, dejan de presentar declaraciones tributarias.
En conclusión, las citadas pruebas valoradas en su conjunto le restan credibilidad tanto a la contabilidad como a las facturas aportadas por la demandante, en tanto desvirtúan la realidad de las operaciones de compra de chatarra llevadas a cabo con estos proveedores.
Es del caso advertir que la sociedad demandante no probó, por otros medios, las operaciones realizadas con estos proveedores, por lo que no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados. Tal como lo señaló la Sección en las sentencias del 12 de junio de 2019 y del 12 de marzo de 2020, que resolvieron el mismo asunto que aquí se discute entre las mismas partes, la sociedad actora «se limitó a fundamentar la nulidad de los actos acusados en la afirmación de que la contabilidad no ha sido desvirtuada, que las facturas contabilizadas reúnen los requisitos legales y que los cruces de información realizados por la administración son solo indicios que no son suficientes para desconocer las compras y los impuestos descontables».
La Sala reitera que «Siempre que haya consistencia en la mayoría de la información de los terceros con quienes se negocie, mayor será la credibilidad de los negocios». Empero, en este caso, la información obtenida de los cruces de información con los intervinientes en las operaciones de compra y venta de charra no fueron consistentes con los valores reflejados en la contabilidad de la demandante y en las facturas aportadas como prueba.
Al hilo de todo lo analizado, no es procedente la aplicación del artículo 745 del Estatuto Tributario, en tanto que esa norma textualmente señala que las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes al momento de proferir las liquidaciones o fallar los recursos deben resolverse a favor del contribuyente, siempre y cuando el contribuyente no se encuentre obligado a probar determinados hechos, condición que no se cumple en el presente caso, en el que la carga de la prueba recaía sobre la parte actora.
Ahora, si bien es cierto que la demandante declaró ingresos por exportaciones, que no fueron cuestionados por la Administración, este hecho, por sí solo, no acredita la realidad de las operaciones de compra con los proveedores Dugilco Ltda., Insumetales S.A.S., Daniel Reyes, Metalfox APC S.A.S., Comercializadora Henao & Asociados S.A.S, Comercializadora El Metal S.A.S., Caribbean Company Ltda. y Metals y Metals Ltda., en el 3 bimestre del año 2010. Debe recordarse que la DIAN no desconoció la totalidad de las compras declaradas y, en todo caso, que no es posible afirmar que «el desconocimiento parcial de compras per se implica el desconocimiento de ingresos».
Finalmente, la Sala destaca que no es aceptable el argumento de la apelante consistente en que no le fueron trasladados los documentos recopilados por la Administración para su contradicción. Ello, en la medida en que en el expediente se encuentra probado que la actora tuvo conocimiento de la investigación que la DIAN adelantaba en su contra, pues le notificó el auto de inspección tributaria y el requerimiento especial que, en el anexo explicativo, contiene las razones de hecho y de derecho en que se fundamentó la modificación propuesta, así como el acervo probatorio en que se apoyó, los cuales tuvo la oportunidad de discutir y refutar ante la Administración, comoquiera que respondió ese acto preparatorio e interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión.
En adición, una vez proferidos los actos de determinación oficial, en vía judicial la actora también podía controvertir las pruebas existentes o tachar de falsos los documentos, situación que, en este caso, no ocurrió.
Sanciones al representante legal y a la revisora fiscal
La Sala entrará a estudiar de fondo las sanciones impuestas al representante legal y a la revisora fiscal, en la medida que, aun cuando la demanda fue admitida solo respecto de la sociedad C.I. Metal Trade S.A.S, obran los poderes otorgados a título personal por los señores Arcenio González Gualtero y Diana Lucía Mora de la Hoz, representante legal y revisora fiscal de la demandante, respectivamente, con el fin de interponer demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos objeto de este proceso, mediante los cuales se les impuso la sanción. (fls 53 y 54).
Asimismo, se precisa que la administración se pronunció acerca de la procedencia de estas sanciones en la contestación de la demanda.
El artículo 658-1 del Estatuto Tributario que tipifica la conducta sancionada dispone:
ARTÍCULO 658-1. SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES. Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr023.html" \l "572" \h 572 de este Estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 UVT, la cual no podrá ser sufragada por su representada.
La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente.
Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra la sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para adelantar la actuación frente al contribuyente serán igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado.
La Sala encuentra que, las sanciones impuestas en los actos acusados al representante legal de la época y a la revisora fiscal son procedentes, comoquiera que, contrario a lo señalado por la demandante, las operaciones de compra de chatarra y los impuestos descontables registrados en la contabilidad e informados en la declaración del IVA del bimestre 3 del año 2010 no corresponden a la realidad, tal y como quedó explicado en el apartado anterior.
Ahora sobre el reparo que se hace frente al hecho que las funciones del revisor fiscal no guardan relación con los hechos investigados por la Administración, es necesario precisar que el mencionado artículo tipifica la sanción al revisor fiscal cuando “haya conocido de las irregularidades sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente”, circunstancia que no fue alegada ni demostrada por la revisora.
Sanción por inexactitud
En la apelación, la demandante insistió en que la sanción por inexactitud es improcedente porque no se cometió ningún hecho sancionable, pues las cifras declaradas corresponden a su realidad contable y económica.
La Sala considera que la sanción por inexactitud debe mantenerse, comoquiera que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, que modificaron la declaración del IVA del bimestre 3 del año 2010. En consecuencia, quedó acreditado que la demandante incluyó en su denuncio privado compras e impuestos descontables improcedentes, que derivaron en un menor impuesto a pagar. Todo lo cual constituye inexactitud sancionable con la sanción bajo análisis.
Con todo, en aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, previsto en el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, el monto de la sanción por inexactitud debe reducirse dado que, en este caso, resulta ser más favorable el monto de la sanción previsto en el artículo 248 de la Ley 1819 de 2016, en comparación con el establecido en el artículo 647 del Estatuto Tributario, vigente al momento de la expedición de los actos acusados.
Nótese que a partir de la vigencia del artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, el monto de la sanción por inexactitud dejó de ser equivalente al 160% del mayor impuesto a cargo o saldo a favor determinado oficialmente, según el caso, y pasó a ser, por regla general, al 100% de la misma base.
Así las cosas, la Sala procede a reliquidar la sanción por inexactitud así:
Sanción por inexactitud
Saldo a favor declarado (sin sanciones)
$108.957.000
Saldo a pagar propuesto antes de sanción
$56.054.000
Base para calcular la sanción
$165.011.000
Tarifa (art. 288 Ley 1819)
100%
Valor sanción por inexactitud
$165.011.000
Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho fijará la sanción por inexactitud en $165.011.000, conforme con la anterior liquidación.
Costas
Sobre las costas, la Sala observa que no se probó su causación, razón por la cual no habrá condena alguna de conformidad con el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso (norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
Revocar la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 022412013000112 del 6 de junio de 2013 y de la Resolución Nro. 900.243 del 8 de julio de 2014, únicamente en cuanto al monto de la sanción por inexactitud.
A título de restablecimiento del derecho, fijar como sanción por inexactitud a cargo de C.I. Metal Trade S.A.S., por concepto del Impuesto sobre las Ventas del bimestre 3 del año 2010, la suma de $165.011.000, conforme a la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.
Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Fls.971 a 972.
Fl.112.
Índice 43 Samai. Tomo 1 Fl.1.
Índice 43 de Samai. Fl.190.
Fls.2912 a 2970 tomo 15 índice 43 de Samai
Fls.55 a 84.
Fls.85 a 110.
Fl. 1. La demandante presentó reforma a la demanda, pero fue inadmitida por extemporánea mediante auto del 24 de marzo de 2015 (fls.699 a 703), confirmado mediante auto del 11 de junio de 2015 (fls.743 a 748).
Fls.4 a 48.
Fls.709 a 733.
Fls.957 a 972.
Fls.979 a 1015.
Fls.21 a 32, cuaderno principal 2.
Fls.33 a 41, cuaderno principal 2.
Fls.66 a 67, cuaderno principal 2.
Fls.192 a 193.
Fls.699 a 703.
Fls.743 a 748.
Exp. 23007, CP: Milton Chaves García.
Exp. 22741, CP: Milton Chaves García.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-2013-90353-01(23072). Sentencia del 30 de mayo de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17001-23-33-000-2014-00064-01 (21852). Sentencia del 27 de agosto de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez. Sobre el mismo asunto ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-2013-00770-01 (22240). Sentencia del 5 de febrero de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Fls.76 y 77.
Índice 43 Samai. Fl. 100.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2013-00580-01(22144). Sentencia del 20 de septiembre de 2018. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2014-01541-01 (23007). Sentencia del 12 de junio de 2019. CP: Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2014-01084-01 (22741). Sentencia del 12 de marzo de 2020. CP: Milton Chaves García.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2013-00580-01 (22144). Sentencia del 20 de septiembre de 2018. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Exp. 23007, CP: Milton Chaves García.
Exp. 22741, CP: Milton Chaves García.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 20001-23-33-000-2014-00006-01(22899). Sentencia del 18 de julio de 2019. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
Sobre este asunto, ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2013-00580-01(22144). Sentencia del 20 de septiembre de 2018. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2014-01541-01 (23007). Sentencia del 12 de junio de 2019. CP: Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso: 08001-23-33-000-2014-01084-01 (22741). Sentencia del 12 de marzo de 2020. CP: Milton Chaves García.
Índice 43 Samai. Fls.2793 a 2863 tomo 15.
Índice 43 Samai. Fls.2912 a 2970 tomo 15
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 19 de febrero de 2020, exp. 22889 CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00752-01 (22871)
Demandante: C.I. Metal Trade S.A.S.
PAGE
PAGE3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 73001-23-33-000-2014-00055-01 (21370)
Demandante: Petrobras Colombia Limited
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.