RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2013-90041-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-90041-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-90041-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, de 2 de septiembre de 2014, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Víctor Manuela Ahumada Mozo contra la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales deben ser liquidadas por el a quo. Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2013-90041-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

24 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo
Demandado: Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta, solución de continuidad, prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, de 2 de septiembre de 2014, a través de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano Víctor Manuel Ahumada Mozo, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Decreto 000143 de 8 de marzo
de 2012, a través del cual se dar por terminado su nombramiento en provisionalidad como
docente; y b) el oficio 2541 de 9 de agosto de 2012, que negó su petición de reconocimiento
de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas
de esta, ambos expedidos por el secretario de Educación del Atlántico.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre el demandante y la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
existió una relación laboral entre el 26 de enero de 2000 y el 29 de octubre de 2009, y
desde el 16 de marzo de 2012 hasta «el presente» (sic); ii) ordenar a la demandada a
pagar los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró la relación laboral y los
meses consecutivos que se vayan causando; así como el pago de las primas, vacaciones,
cesantías, pagos de aportes a la Seguridad Social en pensión y salud, intereses sobre
cesantías e intereses moratorios; y iii) reconocer el pago de todos los perjuicios
ocasionados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Desde el 26 de enero de 2000, el señor Víctor Manuel Ahumada Mozo fue vinculado a la
planta docente de la Institución Educativa Fruto de la Esperanza, actual Colegio Oficial
Fruto de la Esperanza de Galapa.

ii) Durante el tiempo en que estuvo vinculado, el señor Ahumada prestó sus servicios de
manera personal y, por ellos, percibió una remuneración económica; además, cumplió un
horario de labores de 6:45 a.m. a 12:30 p.m., de lunes a viernes, y recibió órdenes de sus
superiores.

iii) El cargo que desempeñó el señor Ahumada tenía atribuidas idénticas circunstancias de
tiempo, calidad, modo y lugar, respecto de las labores ejercidas por el personal docente
departamental o municipal.

iv) El 7 de junio de 2008, el Concejo del municipio de Galapa expidió el Acuerdo 014, por el
cual se otorgó facultades al señor alcalde para celebrar un contrato de comodato con el
representante legal del Comité Cívico del Barrio Pueblito Nuevo, con el fin de recibir la
Institución Básica Comunitaria Fruto de la Esperanza.

v) El de 19 de junio de 2009, la Asamblea Departamental del Atlántico, por medio de la
Ordenanza 0065, le otorgó el carácter oficial al Centro Educativo Fruto de la Esperanza y
creó el Colegio Oficial Fruto de la Esperanza de Galapa.

vi) El 30 de octubre de 2009, mediante la Resolución 07496, expedida por la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico, se le otorgó licencia de funcionamiento al Colegio
Oficial Fruto de la Esperanza.

vii) El 21 de septiembre de 2010, la directora del núcleo número 12 del municipio de Galapa
expidió certificación laboral, según la cual, el señor Ahumada presta sus servicios como
docente en el Centro Educativo Fruto de la Esperanza, hoy Colegio Oficial Fruto de la
Esperanza, desde el 26 de enero de 2000.

viii) El 8 de octubre de 2010, a través del Decreto 000339 de igual fecha, la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico nombró al señor Ahumada, provisionalmente, en el
cargo de docente del área de básica primaria en el Colegio Oficial Fruto de la Esperanza,
desde el 14 de octubre de 2010 hasta el 15 de marzo de 2012.

ix) El 8 de marzo de 2012, mediante el Decreto 000143, el secretario de Educación
Departamental del Atlántico dio por terminado el nombramiento provisional del señor
Ahumada.

x) El 23 de julio de 2012, el demandante presentó derecho de petición ante la Gobernación
del Atlántico, Secretaría de Educación Departamental, donde solicitó el reconocimiento de
la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y de los perjuicios ocasionados.

xi) El 9 de agosto de 2012, a través del oficio 2541 de igual fecha, la Secretaría de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

Educación Departamental del Atlántico negó el reconocimiento de la relación laboral.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 26 y 53 de la Constitución; 5, 8, 13 y
31 del Decreto 2277 de 1979, y las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y 715 de 2001.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) En los actos cuestionados se desconoció el justo equilibrio entre los derechos del
funcionario y los intereses de la Administración, pues se dio por terminado un nombramiento
provisional sin legalizar la situación laboral del señor Ahumada Mozo, como lo ordenó la
Ordenanza 0065 de 19 de junio de 2009, expedida por la Asamblea Departamental del
Atlántico; por lo tanto, no se le respetó la estabilidad a su empleo.

ii) El señor Víctor Manuel Ahumada reúne todos los requisitos que exige la ley para ejercer
el cargo de docente que ha desempeñado cabalmente desde hace 12 años, por lo que al
despedirlo «lo colocan en situación de desventaja con respecto a otros docentes que sí
gozan de todos sus derechos y pagos oportunos».

iii) Al retirarlo del servicio docente, al señor Ahumada le han desconocido principios
fundamentales como el pago de aportes a la Seguridad Social y de sus prestaciones
económicas y demás emolumentos, así como la estabilidad en el empleo.

1.2. Contestación de la demanda

La Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, por conducto de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:1

i) La vinculación del demandante en la Institución Básica Comunitaria Fruto de la
Esperanza, en el período comprendido entre el 26 de enero de 2000 y el 29 de octubre de
2009, fue laboral con carácter privado, y no como servidor público, toda vez que en ese
tiempo era una institución educativa de carácter privado perteneciente al Comité Cívico del
barrio Pueblito Nuevo de Galapa.

ii) Es cierto que en la Ordenanza 000065, de 19 de junio de 2009, expedida por la Asamblea
Departamental del Atlántico, se dio preferencia a los docentes y al personal administrativo
vinculado al Centro Educativo Fruto de la Esperanza, en la nueva institución; por esta razón,
el personal del centro educativo fue nombrado provisionalmente; sin embargo, una vez
realizada la convocatoria para proveer las listas de elegibles por el nivel educativo y área
de conocimiento, esas plazas fueron ocupadas por quienes superaron la etapa del
concurso.

iii) La desvinculación del demandante tuvo sustento legal y fue el resultado de un concurso
de méritos y la posterior conformación de la lista de elegibles. De ahí que, con el objeto de
que integrantes de las listas escogieran, en estricto orden de elegibilidad, la plaza que
deseaban ocupar, la ganadora del concurso seleccionó la correspondiente al Centro

1
Folios 294 a 300.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

Educativo Fruto de la Esperanza. Por este motivo se hizo necesario disponer su
nombramiento en periodo de prueba y, en consecuencia, retirar del servicio al señor Víctor
Manuel Ahumada Mozo, quien se encontraba vinculado de manera provisional.

iv) En ese orden de ideas, propuso como excepciones la de legalidad del acto
administrativo, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

1.3. La audiencia inicial

El 22 de mayo de 2014, la magistrada instructora del proceso llevó a cabo la audiencia
inicial de que trata el artículo 180 del CPACA.2 En el trámite de esta, se fijó el litigio como
a continuación se transcribe:

Las pretensiones de la demanda van dirigidas a que se declare la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio 2541, de 9 de agosto de 2012, por medio del cual
se negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales,
tales como primas, vacaciones, cesantías, pagos de aportes a la Seguridad Social en
pensiones, salud, intereses sobre cesantías, intereses moratorios y reconocimiento por
despido injusto. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se
reconozca la existencia de una relación laboral durante el período comprendido entre
el 26 de enero de 2000 a 29 de octubre de 2009, y del 16 de marzo de 2012 hasta la
presente fecha y se reconozca el pago de las prestaciones sociales, negadas en el oficio
2541 de 2012 y se condena al pago de las costas y agencias en derecho. Ahora bien,
conforme a las pretensiones de la demanda y a los supuestos fácticos de la misma (sic), la
fijación del litigio se hace en los siguientes términos: si está conforme a derecho el acto
administrativo que negó lo pretendido en la demanda. [Negrillas fuera del texto]

1.4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida 2 de septiembre de
2014,3 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:

i) Está debidamente probado que en el período comprendido entre el 26 de enero de 2000
y el 29 de octubre de 2009, no existió una relación laboral entre las partes, pues los servicios
docentes que prestaba el señor Víctor Manuel Ahumada en la Institución Educativa Básica
Comunitaria Fruto de la Esperanza, lo eran directamente a una entidad privada.

ii) Si bien la institución Fruto de la Esperanza tenía licencia de funcionamiento por parte de
la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, este hecho no implica que el
demandante prestará sus servicios de manera personal, subordinada y remunerada al
departamento del Atlántico, comoquiera que este prestó sus servicios a un establecimiento
educativo privado.

iii) Para el periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2008, cuando se oficializó por
parte del Concejo Municipal de Galapa el establecimiento educativo, y el 19 de junio de
2009, fecha en que hizo lo propio el Departamento del Atlántico, no es procedente el
reconocimiento de la relación laboral, porque el demandante prestó sus servicios docentes
al municipio de Galapa, y no al Departamento del Atlántico.

2
Folios 324 al 330.
3
Folios 370 al 388, con ponencia de la magistrada Judith Romero Ibarra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

iv) Respecto del periodo que oscila entre el 20 de junio de 2009 y el 29 de octubre de 2009,
si bien es cierto que en ese lapso el establecimiento educativo donde laboró el actor había
sido oficializado por el Departamento del Atlántico, también lo es que hasta el 30 de octubre
de 2009, y a través de la Resolución 07496, la Secretaría de Educación Departamental
expidió la licencia de funcionamiento del recién creado establecimiento educativo de
carácter público. Por ello, comoquiera que el principio de la realidad sobre las formas exige
que las pruebas aportadas incorporadas al proceso acrediten los tres presupuestos de la
relación laboral, no hay en el proceso elementos probatorios que den cuenta de la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.

v) Finalmente, en relación al período comprendido entre el 16 de marzo de 2012 hasta la
presente fecha, no hay lugar al reconocimiento de la relación laboral, en consideración a
que para esa fecha el demandante se encontraba desvinculado del ente territorial
demandado, según la Resolución 00143 del 8 de marzo de 2012.

1.5. El recurso de apelación

El señor Víctor Manuel Ahumada Mozo, por intermedio de su apoderada, interpuso recurso
de apelación4 en contra de la sentencia de primera instancia; solicitó que se revoque y, en
su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda. Como sustento de la alzada,
expuso lo siguiente:

i) Contrario a lo afirmado en el fallo, entre la Secretaría de Educación Departamental del
Atlántico y el demandante sí hubo una relación laboral, toda vez que a. existió
subordinación, pues la directora del núcleo educativo era funcionaria de la secretaría;
además, cumplía un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p. m.; y, b. según las resoluciones de pago
03482 de 22 de septiembre y 3905 de 26 de octubre de 2010, recibió una remuneración por
sus actividades docentes.

ii) El testimonio del señor Hernando Ortiz Guzmán se valoró «no para darle la razón al que
tiene el derecho, sino para tomarlo en su contra».

iii) No se dio valor probatorio «al acta de fecha 6 de marzo de 2012, suscrita por el secretario
de educación departamental (sic) y los docentes entre los cuales está el demandante»,
donde el primero «se compromete a dar solución a la problemática con el pago de (...) los
docentes reconocidos y no vinculados (...)».

iv) No se valoró la certificación expedida por la directora del plantel, que demuestra la
subordinación.

v) Si bien es cierto que la Institución Educativa Comunitaria Fruto de la Esperanza «no se
encontraba en cabeza del Departamento (...)», también lo es que mediante el «Acto
administrativo 2206 del 9 de octubre de 2009» la Secretaría de Educación Departamental
asumió la carga laboral de sus docentes.

vi) En la sentencia debió examinarse la Ordenanza 0065 de 19 de junio de 2009, en lo
relacionado con dar preferencia a los docentes y al personal administrativo ya vinculado a
la Institución Educativa Comunitaria Fruto de la Esperanza.

4
Folios 394 al 398.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

vii) «Comoquiera que el ponente descarta la relación laboral entre el 26 de enero de 2000
hasta 29 (sic) de octubre de 2009,.... (sic) por lo menos debió reconocer[la] desde el 8 de
junio de 2008 hasta el mes de marzo de 2012 en que fue desvinculado».

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.6.1. Del demandante

El señor Víctor Manuel Ahumada Mozo, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido
en el recurso de alzada5 y, en ese sentido, solicitó revocar la sentencia de primer grado
para acceder a las pretensiones de la demanda, habida cuenta que entre el demandante y
la Secretaría de Educación del Atlántico sí existió una relación laboral, como lo demuestra
la documental aportada al proceso, en especial, las escrituras protocolarias, las
resoluciones de pago y el «Acta de 6 de marzo de 2012».

1.6.2. De la demandada

El Departamento del Atlántico, por conducto de su apoderado, solicitó confirmar lo decidido
en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda y
dentro del curso del proceso.6 Al respecto, reiteró la legalidad de los actos administrativos
demandados y la inexistencia de la relación laboral entre su representada y el demandante;
en particular, resaltó que si bien a partir del 8 de octubre de 2010 se nombró en
provisionalidad al señor Ahumada en el cargo de docente, debió ser desvinculado en 2012,
como consecuencia de un concurso público de méritos y la posterior lista de elegibles.

1.7. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para
conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido
del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en la alzada,
corresponde a la Sala resolver las siguientes cuestiones: i) si entre el señor Víctor Manuel
Ahumada Mozo y la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico existió una
relación laboral encubierta o subyacente desde el 26 de enero de 2000 hasta el 29 de
octubre de 2009, y desde el 16 de marzo de 2012 en adelante. De ser así, si tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; y, ii) en caso de comprobarse la

5
Folios 424 a 427.
6
Folios 428 a 430.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

relación laboral, determinar, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos
los periodos de vinculación del demandante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;
ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii)
estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque
de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la
igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT-7 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el
cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo
y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:

7
Aprobada el 11 de abril de 1919.
8
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias
(...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías
mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado
Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las
medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos
los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación
de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes
de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos,
esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación
de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que
ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente
con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un
estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de
los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan
las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,
1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de
2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso
compiladas en el Decreto 1082 de 2015,9 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día,
la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se
pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las
siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados». 10

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales». 11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.

2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios

9
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
10
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso
de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
11
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral
3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite
por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación
de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de
la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta
da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la
Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado publico a quien
prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de la Carta
Política.12

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.

2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y
de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural
o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal,
el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del
objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo
contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de
identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias
que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por
haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino
como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un

12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.13

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar
esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a
las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.3.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor encomendada
al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y directamente por este;15 pues,
gracias a sus capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a
otro; por lo que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el
ejercicio de sus actividades en terceras personas. 16

2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue
la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
14
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
15
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado
2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los
montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.

2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el
objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».17

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública,
es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la exigencia de
introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del objeto convenido
en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio
de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del
negocio jurídico.18

2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de treinta (30)
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de
juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del
25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], la
cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos
de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.19

2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados
por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es procedente ordenar su
devolución aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem,
para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa. En tal
virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos parámetros.

2.3.4. De la vinculación al servicio docente estatal

En lo atinente a la forma de vinculación al servicio educativo estatal, según la Ley 115 de
1994, en su artículo 105, modificado por el artículo 129 del Decreto 2150 de 1995, se señala
que la vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público

19
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad
unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de
no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

educativo estatal, debe efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de
la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial; además, únicamente
podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación
estatal, dentro de la planta de personal, quienes previo concurso hayan sido seleccionados
y acrediten los requisitos legales.

En ese orden de ideas, en el ordenamiento nacional no existe vinculación automática a la
carrera docente, sin perjuicio de las excepciones dispuestas por el legislador, las cuales
deben tener justificación conforme a la jurisprudencia constitucional; por ejemplo, por razón
de las designaciones en zonas de difícil acceso. De manera que no hay justificación para
ese tipo de vinculación, pues la Constitución Política consagra, como regla general, la
realización de concursos públicos abiertos como el mecanismo idóneo para proveer un
empleo público.

Por su parte, al expedirse la Ley 715 de 2001, por medio de la cual se dictaron normas
orgánicas en materia de recursos y competencias, de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 de la Constitución, reformada por el Acto legislativo 01 de 2001, en el campo
la Educación se dio competencia a la Nación para reglamentar los concursos que rigen la
carrera docente y para determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas
docente y administrativa de los planteles educativos, así como los parámetros de
asignación de personal correspondientes a alumnos por docente, alumnos por directivo y
alumnos por administrativo, teniendo en cuenta las particularidades de cada región.

En cuanto a las entidades territoriales certificadas, se les facultó, entre otras materias, para
administrar, conforme a lo señalado en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, a las
instituciones educativas y nombrar al personal docente y administrativo de los planteles
educativos, con sujeción a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715 de
2001. Además, se reiteró que para cumplir dicho propósito, deberían realizarse concursos
públicos y abiertos.

En relación con los docentes vinculados por contrato de prestación de servicios y luego
nombrados en provisionalidad, el artículo 34 de la Ley 715 de 2001 dispuso que los
docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos,
que a 1 de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de prestación de
servicios y que fueran vinculados de manera provisional, también deberían cumplir los
requisitos de la carrera docente administrativa para su incorporación definitiva a las plantas
que se establecieran.

Adicionalmente, el artículo 38 de la norma ejusdem creó un tipo de provisionalidad particular
para el año lectivo 2002, en el sentido de garantizar a las personas que venían contratas
mediante órdenes de prestación de servicios, una continuidad relativa en la prestación del
servicio, pudiendo ser nombrados en provisionalidad sin que ello implicara el ingreso
automático a la carrera docente. No obstante, la Corte Constitucional, a través de la
sentencia C-793 de 2002, determinó que tal prerrogativa no debía aplicarse solo para el
citado año 2002, sino hasta que se proveyera la plaza mediante concurso de méritos.

2.4. Hechos probados

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante

i) Entre enero de 2000 y junio de 2008, el señor Víctor Manuel Ahumada Mozo perteneció
a la planta de personal docente de la Institución de Educación Básica Comunitaria Fruto de
la Esperanza, propiedad del Comité Cívico del Barrio Pueblito Nuevo de Galapa, con
personería jurídica número 943 de 1983, NIT 802.000.788-4 y con representación legal por
el señor Misael Movilla Salas.20

ii) El 17 de junio de 2008, entre el señor Misael Movilla Salas y el alcalde del municipio de
Galapa se celebró contrato de comodato o préstamo de uso de la institución educativa
arriba indicada al ente territorial; acto jurídico que en su cláusula segunda señaló que el
comodatario podría ceder el contrato al departamento del Atlántico.

iii) El 29 de agosto de 2008, a través del Acuerdo 021 de igual fecha, el Concejo municipal
de Galapa oficializó la Institución de Educación Básica Comunitaria Fruto de la Esperanza. 21

iv) El 19 de junio de 2009, la Asamblea departamental del Atlántico, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, expidió la Ordenanza 000065, a través de la cual
ordenó la creación del Colegio Oficial Frutos de la Esperanza de Galapa como un
establecimiento público dedicado a la prestación de servicios educativos a cargo del
Departamento.22

v) Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación departamental, en ejercicio de sus
atribuciones legales, expidió la Resolución 07496 de 2009, por la cual concedió licencia de
funcionamiento al Centro Educativo Frutos de la Esperanza, para ofrecer «el servicio
educativo en los niveles preescolar y básica primaria». 23

vi) El 21 de septiembre de 2010, la directora del núcleo número 12 del municipio de Galapa
expidió certificación laboral, según la cual, el señor Ahumada presta sus servicios como
docente en el Centro Educativo Fruto de la Esperanza, hoy Colegio Oficial Fruto de la
Esperanza, desde el 26 de enero de 2000. 24

vii) El 22 de septiembre de 2010, a través de la Resolución 03482, la Secretaría de
Educación del Atlántico reconoció y efectuó el pago «por la necesidad del servicio» y «de
conformidad con los servicios prestados», por el periodo comprendido entre el 30 de
octubre de 2009 y el 30 de junio de 2010, a los docentes del Centro Educativo Frutos de la
Esperanza, entre ellos, el demandante.25

20
Según certificación y escrituras públicas de protocolización de la planta docente de la Institución y contrato de comodato número 001-
08. Folios 57 al 92 y 21, respectivamente.
21
Folios 22 y 23.
22
Folios 27 y 28.
23
Folios 25 y 26.
24
Folio 39.
25
Folios 29 a 33.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

viii) El 26 de septiembre de 2010, mediante la Resolución 03905, la Secretaría aclaró la
anterior por errores de digitación de los valores y, en particular, para el demandante,
dispuso la suma de $ 8.324.041.26

ix) El 14 de octubre de 2010, a través de Acta número 1564 de igual fecha, el señor Víctor
Manuel Ahumada, ante la secretaria departamental de Educación del Atlántico, tomó
posesión del cargo de docente provisional del Centro Educativo Frutos de la Esperanza,
para el cual fue nombrado mediante el Decreto 00039 de 8 de octubre de 2010.27

x) El 8 de marzo de 2012, mediante el Decreto 000143, expedido por la secretaria de
Hacienda, encargada de las funciones del gobernador, y el secretario de Educación del
Atlántico, el señor Ahumada fue desvinculado del cargo de docente en provisionalidad.28

2.4.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 23 de julio de 2012, el demandante, a través de apoderada, solicitó al gobernador y al
secretario de Educación departamental del Atlántico la nulidad del Decreto 000143 de 8 de
marzo de 2012 y el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre las partes;
consecuencia de ello, «el pago de los salarios dejados de recibir desde el 26 de enero de
2000 hasta el 29 de octubre de 2009, y desde el 16 de marzo de 2012 hasta la presente
y los meses consecutivos que se vayan causando».29

ii) El 9 de agosto de 2012, a través del oficio 2541, el secretario de Educación departamental
no accedió a la solicitud de nulidad del acto administrativo y negó el reconocimiento de la
relación laboral.30

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia de 2 de septiembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra
el acto administrativo 2541 de 9 de agosto de 2012, emanado de la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico, que negó la petición de reconocimiento de una relación laboral
y del pago de las correspondientes prestaciones sociales al señor Víctor Manuel Ahumada
Mozo.

Teniendo en cuenta que la inconformidad del apelante se circunscribe a cuestionar la
configuración de la relación laboral entre las partes, la Sala procederá con su examen, a la
luz de los criterios establecidos en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9
de septiembre de 2021.

Así las cosas, para resolver la alzada se deben resolver los siguientes interrogantes.

26
Folios 34 a 38.
27
Folio 93.
28
Folios 94 a 96.
29
Folios 97 a 100.
30
Folios 102 a 106.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

2.5.1. Primero: ¿Existió entre el demandante y la Secretaría de Educación
departamental del Atlántico una relación laboral encubierta que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculado?

2.5.1.1. De la naturaleza de la vinculación en el periodo comprendido entre el 26 de
enero de 2000 y el 29 de octubre de 2009

Sea lo primero subrayar que en el presente caso, conforme a la etapa de fijación del litigio,
el ámbito de la controversia se circunscribió a determinar la legalidad del acto administrativo
contenido en el oficio 2541 de 9 de agosto de 2012 y, consecuentemente, el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral en el periodo comprendido entre el 26 de enero de
2000 y el 29 de octubre de 2009, y desde el 16 de marzo de 2012 en adelante; además del
pago de las prestaciones sociales correspondientes. Por ello, una vez revisado el
expediente en su conjunto y en atención a los argumentos vertidos en la alzada por la parte
actora, la Sala puede establecer lo siguiente:

De acuerdo con las escrituras públicas de protocolización de la relación de la planta de
personal docente del Instituto de Educación Básica Comunitaria Fruto de la Esperanza, el
señor Víctor Manuel Ahumada Mozo estuvo vinculado a este en las anualidades 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

El 17 de junio de 2008, a través del contrato de comodato número 001-08, celebrado entre
el señor Misael Movilla Salas, representante legal del Instituto de Educación Básica
Comunitaria Fruto de la Esperanza de Galapa y el alcalde municipal de Galapa, se entregó
en préstamo de uso, al ente territorial, un colegio de propiedad del Comité Cívico del barrio
Pueblito nuevo, con personería jurídica número 0943 de 1983 y NIT 802.000.788-4.

En la cláusula 2ª de ese acto jurídico, se señaló que el comodatario podría ceder el contrato
de comodato al Departamento del Atlántico con el fin de fortalecer la calidad educativa de
la comunidad del municipio. Este Colegio fue oficializado por parte del Concejo municipal
de Galapa, mediante la expedición del Acuerdo municipal 021 de 29 de agosto de 2008,
bajo la denominación de Centro Educativo Fruto de la Esperanza, según lo indica el numeral
segundo de la parte resolutiva del acuerdo.

Posteriormente, la Asamblea Departamental del Atlántico, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, expidió la Ordenanza 00065 de 19 de junio de 2009, donde
ordenó la creación del Colegio Oficial Frutos de la Esperanza de Galapa, como un
establecimiento público dedicado a la prestación de servicios educativos a cargo del
Departamento, y facultó al gobernador para ejercer las competencias previstas en el
numeral 9º del artículo 300 de la Constitución, con el objeto de procurar su funcionamiento.

Por su parte, la Secretaría de Educación departamental expidió la Resolución 07496 de
2009, en virtud de la cual concedió licencia de funcionamiento al centro educativo.

De igual manera, se encuentra probado que la Secretaría departamental reconoció y pago,
a los docentes del centro educativo, lo correspondiente a los servicios prestados entre el
30 de octubre 2009 y el 30 de junio de 2010, una suma de dinero que, en el caso del
demandante, ascendió a $ 8.324.041.31 Asimismo, mediante certificaciones expedidas por

31
Folios 34 a 38.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

la directora de la institución educativa, se hizo constar que el señor Ahumada Mozo
desempeñó la labor de docente en esa institución desde el 1 de julio hasta el 13 de
diciembre de 2009 y entre el 15 de enero al 30 de octubre de 2010.

De acuerdo con la anterior relación de orden probatorio, en lo atinente al lapso comprendido
entre el 26 de enero de 2000 y el 29 de octubre de 2009, la Sala comparte lo determinado
por el a quo, en el sentido de que no resulta procedente el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral entre las partes, habida cuenta de que los servicios docentes que
prestó el señor Víctor Manuel Ahumada en el Instituto de Educación Básica Comunitaria
Fruto de la Esperanza, fueron directamente a un ente de carácter privado, como se
desprende del contrato de comodato y de las escrituras de protocolización de la planta
docente de dicho plantel educativo.

Ahora bien, la vinculación de carácter privado se extendió hasta el 29 de agosto de 2008,
pues fue en esa fecha que el Concejo municipal de Galapa oficializó al Centro Educativo
Fruto de la Esperanza; por esta razón, debe concluirse que no hay lugar al reconocimiento
de la existencia de una relación laboral entre el 26 de enero de 2000 y la señalada fecha
de oficialización. A este respecto, analizado el testimonio vertido por el señor Carlos
Hernando Ortiz Guzmán, cabe resaltar que este afirmó que no podía señalar la clase de
vinculación que ostentaba el demandante con el establecimiento educativo.

En cuanto al periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2008 y el 19 de junio de 2009,
fecha en la cual se expidió la Ordenanza 000065, en cuya virtud se ordenó la creación del
Colegio Oficial Frutos de la Esperanza de Galapa como un establecimiento público a cargo
del Departamento, tampoco podría declararse la existencia de una relación laboral entre el
señor Víctor Manuel Ahumada y el ente departamental, toda vez que este prestaba sus
servicios docentes al municipio de Galapa, y no al Departamento del Atlántico, como lo
estableció el tribunal en la sentencia impugnada.

Por último, para el lapso del 20 de junio de 2009 al 29 de octubre de 2009, la Sala advierte
procedente examinar la posible existencia de la relación laboral entre las partes,
comoquiera que desde el 20 de junio de 2009, la institución había sido reconocida como
oficial por el Departamento del Atlántico, según la Ordenanza 000065 de 19 de junio de
2009.

En ese orden de ideas, conviene recordar que cuando la contratación por prestación de
servicios está dirigida a actividades de docencia, esta corporación, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, sostuvo que, por la
naturaleza de la actividad, la labor del docente contratista no deviene independiente, sino
que se encuentra subordinada al cumplimiento de la reglamentación del servicio público de
educación.32

Ello es así, porque «los docentes se someten, de forma permanente, a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, motivo por el que carecen
de autonomía en el ejercicio de sus funciones; cumplen órdenes por parte de sus superiores

32
Consejo de Estado, Sección Segunda. C.P. Dr. Carmelo Darío Perdomo Cuéter. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-
005-16 del 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15). Demandante: Lucinda María Cordero Causil
contra el Municipio de Ciénaga de Oro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

jerárquicos; y desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de la institución educativa estatal en la que desarrollan su labor».33

No obstante lo anterior, para la Subsección, dicha posición jurisprudencial «no puede
considerarse como una presunción en favor de los docentes contratistas, en el entendido
de que la sola prestación del servicio en dichas actividades o labores desvirtúa, de facto, la
modalidad de vinculación a través de contrato de prestación de servicios».34 Por lo tanto,
cada situación concreta debe ser analizada de manera individual, comoquiera que no todas
las personas contratadas para prestar servicios en centros educativos ostentan la calidad
de docentes, ni tampoco puede concluirse, per se, la concurrencia de los elementos propios
de la subordinación.

A este respecto, debe recordarse que quien pretende la declaratoria de existencia de una
relación laboral subyacente o encubierta bajo la modalidad de contratación por prestación
de servicios, tiene el deber de demostrar, a través de los medios probatorios a su
disposición, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo, a saber:
i) prestación personal del servicio, ii) subordinación o dependencia y iii) remuneración.

En el caso concreto, para el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2009 y el 29 de
octubre de 2009, si bien la Sala tiene presente los lineamientos de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, respecto de lo implícito del elemento
subordinación en la actividad docente, también debe señalar que dentro del expediente no
obran elementos probatorios suficientes para establecer la configuración de los demás
elementos de laboralidad, puesto que la parte actora únicamente aportó, para acreditar la
prestación personal del servicio y la remuneración en dicho periodo, la resoluciones de pago
por servicios (hechos probados vii y viii) que expidió la Secretaría de Educación del Atlántico
por el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2009 y el 30 de junio de 2010; es
decir, pagos o remuneraciones que claramente no abarcan el lapso del 20 de junio de 2009
al 29 de octubre de 2009.

En igual sentido, la Sala tampoco encuentra elementos de juicio suficientes que indiquen
que el señor Víctor Manuel Ahumada Mozo prestó sus servicios de manera personal en ese
periodo, o que hubiese cumplido con obligaciones relacionadas con su actividad docente
en el plante educativo. Por ello, ante la ausencia de material probatorio que ofrezca siquiera
indicios de la configuración de todos los elementos del contrato de trabajo, no es posible
declarar la existencia de una relación laboral subyacente o encubierta entre el demandante
y la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, para el mencionado lapso.

2.5.1.2. Del periodo que oscila entre 16 de marzo de 2012 en adelante

En lo concerniente a la solicitud de reconocimiento de la existencia de relación laboral entre
el 16 de marzo de 2012 en adelante, la Sala comparte nuevamente lo concluido por el a
quo, en el sentido de que no hay lugar al estudio de dicha relación, pues, para esa fecha,
el señor Víctor Manuel Ahumada Mozo ya se encontraba desvinculado del ente territorial
demandado, tal como está acreditado mediante la Resolución 000143 de 08 de marzo de
2012, que fue el acto administrativo por el cual se dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad que hasta ese momento ostentaba el demandante con el departamento del
Atlántico.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 10 de mayo de 2018; radicado 08001-23-33-000-2012-00161-01;
C.P. William Hernández Gómez.
34
Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

En definitiva, las anteriores consideraciones permiten determinar que en el periodo
comprendido entre el 26 de enero de 2000 y el 29 de octubre de 2009 no se configuraron
los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo, por ausencia probatoria de los
elementos de remuneración y prestación personal del servicio, cuya acreditación
correspondía al demandante.

De igual manera, en cuanto al periodo que oscila desde el 16 de marzo de 2012 en adelante,
no hay lugar al estudio de la existencia de la relación laboral deprecada, toda vez que el
señor Ahumada Mozo fue desvinculado mediante la Resolución 000143 de 8 de marzo de
2012.

Siendo así las cosas, queda resuelto el primer problema jurídico planteado y, por lo mismo,
no hay lugar a examinar los demás.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandada en sus argumentos de apelación
y, por consiguiente, la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, de 2 de septiembre
de 2014, que negó las pretensiones de la demanda, debe ser confirmada.

2.6. De la condena en costas

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016, 35 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:

• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o
si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Conforme a esa orientación y de acuerdo con la posición fijada por esta Subsección,36 la
Sala considera que en este caso debe imponerse la condena en costas de segunda
instancia, toda vez que la parte demandante resultó vencida en sus pretensiones. Las
costas serán liquidadas por el a quo.37

35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
36 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
37
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:( ... )»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicación: 080012333000201390041-01 (4881-2014)
Demandante: Víctor Manuel Ahumada Mozo

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada no existió una relación
laboral subyacente o encubierta, razón por la cual no hay lugar a acceder a las pretensiones
de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, de 2 de
septiembre de 2014, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Víctor Manuela Ahumada Mozo
contra la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales
deben ser liquidadas por el a quo.

Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones
en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA .

CBT

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.