Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-00529-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
Demandado: Municipio de Tubará (Atlántico)
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del municipio
de Tubará, y la apelación adhesiva presentada por la demandante contra la
sentencia proferida el 7 de julio de 2016, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Sirly del Socorro Manotas Palacio, por
conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto ficto negativo
producto del silencio en que incurrió la administración por no dar respuesta a la
petición formulada el 7 de mayo de 2013, a través de la cual reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por
el no pago oportuno de sus cesantías definitivas.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) reconocer la sanción
moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por
cada día de retraso en el pago de las cesantías definitivas reconocidas a través de
la Resolución 045 de 2012, hasta el momento en que se verifique el pago total de
la condena; (ii) imponer costas a la entidad demandada, en los términos del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y (iii) dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con los
artículos 192 y 195 ibidem.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) La señora Sirly del Socorro Manotas Palacio laboró en el municipio de Tubará
entre el 24 de septiembre de 2008 y el 4 de junio de 2010, y el último cargo que
ocupó fue el de secretaria de hacienda.
(ii) A través de la Resolución 045 del 16 de abril de 2012, el municipio de Tubará
le reconoció y ordenó el pago de sus cesantías; en dicho acto, también concedió
la prima de navidad, las vacaciones del período 2009-2012 y la prima de
vacaciones.
(iii) El 7 de mayo de 2013, la demandante formuló petición ante el alcalde del ente
territorial demandado, con el fin de que le pagaran «todas las sumas reconocidas
en dicha Resolución junto con las respectivas sanciones moratorias generadas en
primer lugar por la no consignación anualmente de las cesantías al fondo de
pensiones y cesantías mientras permaneció en el cargo […] y en segunda
instancia la sanción moratoria generada por la no consignación de las cesantías
definitivas y prestaciones sociales al momento de producirse su retito del cargo».
(iv) A pesar del transcurso del tiempo, la administración no ha dado respuesta a la
petición anterior, con lo cual se configuró el silencio administrativo negativo y, por
2
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
ende, se depreca la nulidad del acto ficto que se generó con la actitud pasiva de la
administración.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 23 y 53 de la Constitución Política, 7 y 83
de la Ley 1437 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:
(i) La administración incurrió en silencio administrativo pues no dio respuesta a la
petición formulada por la demandante, razón por la cual se configuró el acto ficto
negativo, al tenor de lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011.
(ii) La desatención de las peticiones constituye causal de mala conducta, de
conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011.
(iii) La demandante tiene derecho a todos y cada uno de sus derechos laborales
que hasta la fecha no han sido satisfechos por el municipio de Tubará, entre ellos
la sanción moratoria que se reclama.1
1.2. Contestación de la demanda
El ente territorial demandado no contestó la demanda.2
1.3. La sentencia apelada3
1 Lo relativo a la sanción moratoria deriva de lo reclamado en las pretensiones 1 a 3 de la
demanda, pues aunque no se señaló en forma expresa en el concepto de violación, si se aludió a
la ley que la ordena y la especificidad de su reconocimiento, por lo cual se hace una interpretación
integral de la demanda.
2 Según se dejó constancia en la audiencia inicial, folio 102.
3 Se precisa que la providencia fue objeto de solicitud de adición, la cual fue negada a través de
auto del 8 de septiembre de 2016, folios 142 a 145.
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Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 7 de julio
de 2016,4 accedió a las pretensiones de la demanda. Las razones que lo llevaron
a tal conclusión fueron las siguientes:
(i) La demandante laboró al servicio del municipio de Tubará entre el 24 de
septiembre de 2008 y el 4 de junio de 2010 y, producto de la terminación de su
vínculo laboral, la administración le reconoció y ordenó el pago de sus cesantías
definitivas a través de la Resolución 045 del 16 de abril de 2012.
(ii) El 7 de mayo de 2013, la señora Manotas Palacio formuló reclamación ante el
municipio demandado, orientada a obtener el reconocimiento de la sanción
moratoria por el inoportuno pago de su prestación pero en el expediente no obra
prueba de que se hubiera dado respuesta, por lo cual se configuró el silencio
administrativo negativo.
(iii) En consideración a lo anterior y debido a que con la anterior petición la
demandante interrumpió el término prescriptivo respecto de la sanción reclamada,
procede el reconocimiento y pago de dicha penalidad a partir del 28 de junio de
2012, esto es, desde el vencimiento de los 45 días de que disponía la entidad,
para pagar el auxilio definitivo de cesantías, y hasta cuando se haga efectivo el
pago de la prestación.
1.4. El recurso de apelación
1.4.1. El demandado
El municipio de Tubará, actuando por intermedio de apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia,5 con base en los
argumentos que se enuncian a continuación:
(i) Aunque el municipio tuvo una actitud pasiva durante el trámite, pues no
4 Folios 120 a 126.
5 Folios 133 a 136.
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Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
contestó la demanda, el tribunal debió realizar una actividad probatoria más activa
a fin de determinar lo relativo a la ocurrencia del acto ficto y a la configuración del
fenómeno extintivo y, para ello, debió requerir el cuaderno administrativo, con el fin
de lograr mayor precisión en su decisión.
(ii) Con base en lo anterior se solicita que, en segunda instancia, se decreten
mayores elementos de juicio para resolver la controversia y se denieguen las
súplicas de la demanda.
1.4.2. Apelación adhesiva de la demandante
La señora Sirly del Socorro Manotas Palacio, por intermedio de su apoderado,
presentó apelación adhesiva,6 la cual sustentó en los siguientes términos:
(i) De acuerdo con lo señalado en la Resolución 045 del 16 de abril de 2012, a la
demandante también le adeudan la sanción moratoria por la omisión en la
consignación de las «cesantías parciales» durante la vigencia de la relación
laboral, pues se debió disponer lo pertinente, antes del 15 de febrero del año
siguiente a la causación del auxilio, pero no se hizo, prueba de ello es que en
dicho acto se reconoció la prestación por todo el tiempo de servicio.
(ii) La anterior penalidad es acumulable con aquella que se generó por el pago
inoportuno de las cesantías definitivas; por lo tanto se deben reconocer una y otra
sanción.
(iii) Se debe condenar en agencias en derecho a la entidad demandada, teniendo
en cuenta el factor subjetivo, porque no concilió en sede prejudicial, no contestó la
demanda, tampoco concilió en la audiencia inicial, la sentencia resultó
condenatoria y, además, el recurso de apelación fue interpuesto con fines
dilatorios.
6 Folios 137 a 140.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante, por intermedio de su apoderado, descorrió el término para
para alegar,7 y solicitó confirmar y adicionar el fallo de primera instancia, de
acuerdo con lo reclamado en la apelación adhesiva.
La entidad demandada guardó silencio durante esta etapa procesal.8
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación y la adhesión, se circunscribe a establecer
(i) si las pruebas recaudadas en primera instancia permitían definir la controversia
en favor de la parte demandante, en particular lo relativo a establecer si se
configuró el acto ficto negativo y si no se produjo la prescripción de la sanción
moratoria reclamada por la parte demandante; y (ii) si procede el reconocimiento
de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías anuales,
por parte del municipio de Tubará.
2.2. Marco normativo
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan
otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para
7 Folios 183 y 184.
8 Según consta en el informe secretarial visible en el folio 186.
9 Folio 186.
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Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de
los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima
para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador10.
10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus
artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.
Según lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República
y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
/- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. Acerca de la reclamación en sede administrativa
(i) El 16 de abril de 2012,12 el alcalde de Tubará expidió la Resolución 045 «por
medio de la cual se reconoce y ordena el derecho y pago las (sic) cesantías y
demás prestaciones sociales» a la demandante, en cuya parte resolutiva se
dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar el derecho a las cesantías de la señora SIRLY
DEL SOCORRO MANOTAS PALACIO […] por el tiempo laborado en esta Alcaldía entre el
24 de septiembre de 2008 hasta el 04 de junio de 2010 […]
Parágrafo: Este gasto se imputara (sic) al rubro 032300425 denominado Auxilio de
cesantías, según el Presupuesto de Renta y gastos vigencia fiscal 2012.
El acto anterior fue notificado el 16 de abril de 2012.13
(ii) El 7 de mayo de 2013,14 la demandante formuló petición ante el alcalde del
municipio de Tubará con el objeto de reclamar a. el pago de las cesantías
definitivas que se reconocieron a través de la Resolución 045 del 2012; b. la
sanción moratoria causada por la no consignación de las cesantías anuales
durante los años 2008, 2009 y 2010; c. la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías definitivas y prestaciones sociales reconocidas en la resolución antes
citada; d. la indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 52 de 1975, reglamentada por el Decreto 116 de
1976; e. los salarios, prestaciones, bonificaciones, primas, indemnizaciones
moratorias y demás derechos causados durante la vigencia de la relación laboral,
que no se hubieren pagado, incluidos los reajustes salariales; y f. la indexación o
corrección monetaria de las sumas anteriores.
12 Folios 8 y 9.
13 Según consta en el folio 9 vuelto.
14 Folios 10 a 13.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
(iii) El 21 de junio de 2013,15 la administradora de cesantías Colfondos expidió
certificación en la que consta que la demandante «presenta solicitud de
vinculación al FONDO DE CESANTÍAS administrado por COLFONDOS a partir de 2008-
11-13 a través de la empresa ALCALDÍA DE TUBARA (sic) […] y hasta la fecha no ha
presentado ninguna consignación.
2.3.2. Sobre la solicitud de antecedentes en primera instancia
(i) El 22 de julio de 2014,16 el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la
demanda y, en su numeral 4.º, dispuso:
De conformidad con el parágrafo primero del artículo 175 del CPACA, los
representantes legales de la (as) entidad (es) demandada (as) o a quien le
corresponda, dentro del término de traslado deberán allegar el expediente
administrativo que contenga los antecedentes del presente asunto. La inobservancia
de este deber constituye falta disciplinaria.
(ii) El 12 de noviembre de 2014,17 la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico notificó personalmente el auto admisorio al municipio de Tubará al correo
electrónico notificacionjudicial@tubata-atlantico.gov.co.
(iii) El 31 de mayo de 2016,18 se llevó a cabo la audiencia inicial, con presencia de
los apoderados de las partes y, en cuanto al decreto de pruebas, se dispuso:
Téngase como pruebas las aportadas por la parte demandante con la demanda.
SOLICITUD DE PRUEBAS
Respecto a la solicitud de las pruebas observa el despacho que:
LA PARTE DEMANDANTE: NO SOLICITO (sic) PRUEBAS
LA PARTE DEMANDADA: NO CONTESTO (SIC) LA DEMANDA, POR LO QUE NO SOLICITO (SIC)
PRUEBAS.
Así las cosas, se prescinde de la audiencia de pruebas por no existir pruebas que
practicar.
15 Folio 14.
16 Folios 60 y 61.
17 Folio 66.
18 Folios 15 y 16.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
De la anterior decisión, quedan notificadas las partes en estrado.
[Se precisa que no hay constancia de que ningún a de las partes hubiera formulado
oposición en torno a la decisión anterior]
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el propósito de pronunciarse frente a los argumentos de los recurrentes, se
debe advertir, en primer lugar, que, conforme a lo previsto en los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
objeto del recurso de apelación se circunscribe a que el ad quem «examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante» y, por ende, su pronunciamiento debe sujetarse a «los
argumentos expuestos» por este.
Así las cosas, el primer problema jurídico a resolver, conforme con la objeción
planteada por la entidad demandada, consiste en establecer si las pruebas
aportadas permitían tomar una decisión de fondo en torno a la controversia, en
particular, lo atinente a la ocurrencia del silencio administrativo que dio origen al
acto ficto negativo y la contabilización del término para definir si se configuró la
prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada o si el Tribunal del
Atlántico pudo y debió realizar una gestión probatoria, de oficio, más diligente, en
orden a definir tales aspectos de la controversia.
En lo que concierne a la ocurrencia del silencio administrativo, se advierte que en
el expediente obra prueba de la petición que la demandante radicó el 7 de mayo
de 2013, ante el alcalde de Tubará, con miras a obtener, entre otras cosas, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada; además, la demanda
se radicó el 3 de junio de 2014,19 y al trámite no se allegó, por parte de la entidad
demandada, la respuesta que se hubiere dado a tal solicitud.
Las anteriores premisas permiten inferir que, al tenor de lo dispuesto en el artículo
19 Como consta en el folio 7 vuelto.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
8320 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, estaban dados los supuestos para que el tribunal de instancia
considerara que se configuró un acto ficto negativo, comoquiera que las anteriores
evidencias demostraban (i) que se formuló una reclamación en sede
administrativa; (ii) que entre la radicación de ella —7 de mayo de 2013— y la
interposición de la demanda —3 de junio de 2014— transcurrió un lapso superior a
3 meses; y (iii) que no obraba prueba de que el municipio de Tubará hubiera
emitido respuesta al respecto.
Ahora bien, el apoderado de la entidad recurrente afirma que se pudo hacer un
mayor esfuerzo probatorio para definir si el silencio administrativo negativo, en
efecto, se configuró; sin embargo, en momento alguno informó que el ente
territorial que representa sí dio respuesta a la petición, ni aportó prueba de lo que
se hubiera decidido en torno a ella, y de la notificación que se hubiera efectuado a
la demandante sobre el particular, con lo cual se concluye que desatendió lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual
«[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen».
En las anteriores condiciones, como las pruebas allegadas al sub lite demostraban
que efectivamente hubo una petición que se radicó en sede administrativa, que
transcurrió el término definido por la ley para que se configurara el silencio
administrativo negativo y que no se demostró que, en lugar de este, sí hubo una
respuesta expresa a la aludida petición, por parte de la autoridad territorial, es
forzoso concluir que los elementos de juicio de que disponía el tribunal sí le
permitían llegar a la conclusión de que se configuró un acto ficto negativo y, como
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Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación
de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es
negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición
sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes
contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades.
Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya
hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00529 01 (4716-2016)
Demandante: Sirly del Socorro Manotas Palacio
consecuencia de ello, era viable analizar su legalidad, en los términos solicitados
en la demanda.
Ahora bien, el apoderado de la entidad demandante también asegura que el
esfuerzo probatorio por parte del tribunal de instancia pudo ser más eficiente, con
el objeto de identificar si en el caso bajo examen se configuró o no el término
prescriptivo; no obstante, la Sala concluye que, con las probanzas obrantes en el
expediente, el fallador de primera instancia sí podía examinar si se había
configurado o no la extinción del derecho reclamado.
Lo anterior, teniendo en consideración que en el expediente estaba demostrado,
en primer lugar, la fecha de la terminación de la relación laboral —4 de junio de
2010—;21 en segundo lugar, la fecha de expedición y notificación del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías —16 de abril de 2012—;22 en
tercer lugar, la fecha de la reclamación en sede administrativa, dirigida a reclamar
la sanción moratoria objeto del litigio —7 de mayo de 2013—23 y, en último lugar,
la fecha de radicación de la demanda —3 de junio de 2014.24
Con fundamento en los documentos que daban cuenta de lo dicho, el Tribunal
podía inferir que la reclamación de las cesantías, aunque no haya habido prueba
de ella,25 se formuló dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la relación
laboral, pues entre ese momento y la expedición del acto de reconocimiento de las
prestaciones definitivas solo transcurrieron 1 año, 9 meses y 12 días; también se
podía definir la fecha a partir de la cual se habría empezado a constituir la mora
del municipio para pagar las cesantías definitivas, comoquiera que estaba
demostrada la data en que se produjo la notificación del mencionado acto, a partir
de la cual debían contabilizarse los 45 días de que disponía el ente territorial para
21 Que consta en la Resolución 045 del 16 de abril de 2012. Folio 8.
22 Ibidem.
23 Folio 10.
24 Folio 7 vuelto.
25 En el acto administrativo de reconocimiento se indicó que la demandante formuló solicitud de sus
prestaciones sociales, pero no se precisó la fecha de tal reclamación. Así se consideró: «Que el
(sic) despacho del señor Alcalde se dirigió la señora SIRLY DEL SOCORRO MANOTAS PALACIO […] para
solicitar la liquidación y pago de sus prestaciones sociales, que le corresponde por haber laborado
e esta administración».
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hacer efectivo el pago —hasta el 22 de junio de 2012—, y entre ese momento y la
radicación de la petición en sede administrativa, tan solo transcurrieron 10 meses
y 15 días; finalmente, desde la presentación de la petición y la de la demanda tan
solo transcurrieron 1 año y 26 días.
Lo anterior quiere decir que entre la fecha en que se habría causado la mora y, por
ende, se hacía exigible el reconocimiento de la sanción moratoria, y la fecha de
reclamación de esta no transcurrieron más de 3 años, pues, se repite, tan solo
pasaron 10 meses y 15 días; ahora bien, con la petición al respecto, se
interrumpió el fenómeno extintivo por un lapso igual —3 años— y la demanda se
radicó cuando apenas había pasado 1 año y 26 días, de donde se infiere que el
Tribunal Administrativo del Atlántico sí contaba con los elementos de prueba
necesarios para concluir que no se había configurado el fenómeno extintivo, tal
como lo analizó en la providencia recurrida.
Ahora bien, la Sala debe señalar que, contrario a lo afirmado por el recurrente, el
Tribunal sí requirió al municipio de Tubará para que allegara los antecedentes
administrativos del acto ficto demandado, como consta en el numeral 4.º del auto
admisorio de la demanda;26 sin embargo, el representante legal de la entidad, a
pesar de haber sido notificado de la referida providencia, no aportó la aludida
documental y tampoco hizo pronunciamiento alguno al descorrer la demanda, con
el objeto de ejercer su defensa solicitando los medios de prueba que considerara
necesarios para resolver la litis.
En consideración a lo expuesto, la Sala concluye que las pruebas que reposaban
en el expediente sí permitían demostrar la ocurrencia del silencio administrativo
que dio origen al acto ficto negativo y la no configuración de la prescripción
extintiva de la sanción moratoria reclamada, razón por la cual el tribunal no faltó a
sus deberes de dirección e instrucción del proceso, pues no era necesario requerir
pruebas adicionales para demostrar los hechos advertidos por el recurrente, lo que
conlleva que no deban prosperar los motivos de apelación invocados por el
26 Transcrito en el acápite 2.3.2. numeral (i) de esta providencia.
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municipio de Tubará.
Resuelto lo anterior, la Sala se deberá pronunciar en torno al segundo problema
jurídico, que comprende la objeción planteada, en el recurso de apelación
adhesiva, por el apoderado de la señora Sirly del Socorro Manotas Palacio, que se
concreta en que el Tribunal Administrativo del Atlántico debió acceder a la sanción
moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías anuales, pues durante
la vigencia de la relación laboral, no se consignaron en la oportunidad debida, esto
es, antes del 15 de febrero del año siguiente a la causación.
En esa materia, se debe señalar que la parte demandante formuló solicitud de
adición de la sentencia de primera instancia, con igual objeto que el que se
concreta en la alzada, y, en torno a ello, el Tribunal resolvió negar la solicitud bajo
el siguiente razonamiento:
[…] la Sala estima que la sentencia dentro del presente proceso, se profirió de
manera congruente con la fijación del litigio, a la que se arribó en el trámite de la
audiencia inicial, y con la cual las partes manifestaron estar de acuerdo. A su vez, el
análisis de las pretensiones se hizo con fundamento en la ley 244 de 1995, por ser
esa la normatividad que resultaba a (sic) aplicable al sub lite, de conformidad con
los supuestos fácticos puestos de presente en la demanda, siendo esta la norma
que regula la situación particular del demandante (sic), quien al momento de
interponer la demanda y proferir el fallo, no estaba vinculado a la entidad
demandada, haciéndose acreedor a la sanción moratoria por el no pago de sus
cesantías definitivas.
Pues bien, en orden a resolver el planteamiento formulado por la parte
demandante, la Sala debe señalar que esta Subsección predica la tesis de que la
fijación del litigio no se puede convertir en una talanquera para el juez al analizar
la controversia y las pretensiones, en tanto que, al momento de emitir la sentencia,
no le es dable abstenerse de atender el mandato de los artículos 281 27 del Código
General del Proceso y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,28 que le exigen resolver todos los asuntos sometidos
27 Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda […].
28 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un
breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
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a su conocimiento.29
En aplicación de la tesis descrita, se debe verificar si el marco de las pretensiones
de la demanda y su fundamentación habilitaban al Tribunal, para que, atendiendo
el principio de congruencia de su providencia, se pronunciara frente a la sanción
moratoria por la inoportuna consignación de sus cesantías anuales, con
independencia del límite definido en la fijación del litigio. Por ello, se deberán
verificar las pretensiones de la reclamación en sede administrativa, en
concordancia con las formuladas en la demanda, así:
La petición ante el municipio de Tubará:
«solicito se me reconozcan y paguen los derechos que a continuación relaciono:
[…]
SEGUNDO.- La sanción moratoria con ocasión de la no consignación de las
cesantías anuales del año (sic) 2008-2009 y 2010, de que trata el artículo 23 del
Decreto 1063 de 1991, a partir del 15 de Febrero de los años 2009-2010 y 2011;
fecha en que esta entidad me debió consignar las cesantías de las precitadas
anualidades hasta que se efectúe el pago de éstas acreencias laborales.
[…]
TERCERO.- La sanción moratoria contenida en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995
con ocasión del no pago de las Cesantías Definitivas y Prestaciones Sociales
reconocidas Resolución (sic) No. 045 del 16 de Abril de 2012 expedida por el
Alcalde Municipal de Tubará. [Negrilla fuera de texto]
Las pretensiones de la demanda:30
1. Respetuosamente solicitamos al señor Juez se sirva proferir sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada en la que se declare la Nulidad del Acto Administrativo ficto
o presunto resultante del Silencio Administrativo Negativo por medio del cual la
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
[…].
29 Tal consideración fue acogida por la Subsección en sentencias del 22 de febrero de 2018,
radicación: 17001 23 33 000 2015 00825 01, M.P. William Hernández Gómez, del 9 de septiembre
de 2021, radicación: 08001 23 33 000 2015 90080 01, número interno: 3695-19, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, entre otras. Además, otras secciones y subsecciones de esta
Corporación prohíjan idéntica postura, como se advierte en la sentencia del 16 de julio de 2021, de
la Sección Tercera, Subsección A, dictada dentro del radicado 76001 23 31 000 2006 01066 01,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
30 Según memorial se subsanación, visible en folios 28 a 35.
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entidad demandada negó el pago de la indemnización moratoria
correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de
las cesantías definitivas reconocidas en la resolución 045 del 16 de abril de
2012, pagos que fueron solicitados a la entidad demandada través (sic) del derecho
de petición impetrado por la demandante SIRLY MANOTAS a fecha (sic) 07 de mayo
de 2013.
2. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la entidad demandada a reconocer y a pagar a la demandante, la
SANCIÓN POR MORA establecida en la ley 1071 de 2006 equivalente a un (1) día de
su salario, por cada día de retardo, contados desde los 45 días hábiles a partir
de los cuales quedó en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación y
pago de las cesantías definitivas de la demandante contenidas en la
Resolución 045 de 2012.
3. Que se condene a la entidad demandada MUNICIPIO DE TUBARÁ (Atl.), al pago de
la SANCIÓN MORATORIA establecida en la ley 1071 de 2006 hasta la fecha en que
se verifique el pago total de la condena.
[Resalta la Sala. En todo caso, se precisa que las demás pretensiones están
orientadas a la condena en costas y el cumplimiento de la condena en los términos
de ley, razón por la cual se omite su transcripción]
Las transcripciones que anteceden permiten concluir que no hubo congruencia,
por parte de la demandante, en la reclamación que hizo en sede administrativa
frente a las pretensiones de la demanda, pues aunque en la primera sí exigió el
reconocimiento de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de las
cesantías anuales, en el libelo tan solo deprecó, en forma expresa, el
reconocimiento de la penalidad que se originó por el pago inoportuno de las
cesantías definitivas concedidas a través de la Resolución 045 de 2012; adicional
a ello, para reforzar su pretensión se refirió al motivo de incumplimiento aludiendo
a los 45 días siguientes a la notificación del acto que concedió la prestación, de los
cuales disponía la administración para proceder al pago, y, en momento alguno,
mencionó el vencimiento anual que se habría configurado por la inoportuna
consignación del auxilio en dicho lapso.
Así las cosas, la señora Manotas Palacio no puede sorprender a la entidad
demandada, en el recurso de apelación, con una nueva pretensión que, pese a
que fue materia de reclamación en sede administrativa, no se exigió en sede
judicial, en el escrito introductor, pues ello atentaría contra el debido proceso y el
derecho de defensa del ente territorial, en tanto dicha petición no era objeto de la
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litis. En consideración de lo anterior, el Tribunal no estaba investido de facultad
para pronunciarse sobre una pretensión que no fue sometida a su conocimiento y,
por ende, en segunda instancia tampoco puede hacerse pronunciamiento sobre
ese particular, razón suficiente para concluir que los argumentos de la alzada
propuesta, en forma adhesiva, por la parte accionante tampoco están llamados a
prosperar y ello conlleva confirmar, en su integridad, la providencia recurrida.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,31 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 32 la Sala se
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, pues no prosperó ninguno
de los argumentos planteados en los recursos de apelación por las partes
demandante y demandada.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, en cuanto no prosperó
ninguno de los argumentos de los recursos de apelación, a los cuales se
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
32 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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circunscribió el anterior análisis.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de julio de 2016, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad del acto ficto negativo
demandado y accedió a las pretensiones de la demanda formulada en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la señora Sirly del
Socorro Manotas Palacio, en contra del municipio de Tubará, por las razones
expuestas en las consideraciones que anteceden.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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