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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2006-01066-01

Título de imputación de responsabilidad del estado

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2006-01066-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA [A]l analizar los aspectos fácticos y jurídicos de la demanda, el asunto sub lite debe analizarse bajo el título jurídico de imputación de error jurisdiccional, en tanto que el daño que reclama el actor subyace en una falla en el servicio proveniente del presunto error contenido en las providencias judiciales que lo vincularon, acusaron y condenaron, máxime si se tiene en cuenta que no se reclamó, como tampoco se demostró, que hubiera estado privado de la libertad, como consecuencia de alguna de las mencionadas decisiones. CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA - Inexistente / ERROR JURISDICCIONAL - Procede su análisis [E]n aplicación del principio de congruencia estructurado a partir de los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con los cuales, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como, con las excepciones propuestas y probadas, se procederá a dictar sentencia bajo el título jurídico de imputación anteriormente definido, sin que se observe que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la valoración de los demás elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los elementos constitutivos de ella, que son límites que se imponen al operador judicial y a los sujetos comprometidos en el conflicto, sin excepción alguna. FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 170 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 305 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2006-01066-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL - Niega

TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONTENIDO DE LA DEMANDA / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ

[P]ara determinar el título de imputación de responsabilidad es necesario remitirse a la demanda y los hechos allí consignados, por cuanto dicho acto procesal es el que permite deducir el derecho que se reclama a partir de la existencia de un daño y su antijuridicidad y, por tanto, de la redacción de las pretensiones y de los hechos, así como, de la interpretación íntegra que hace el juez de ésta, se deriva la causa sobre la que se funda la acción.

FACULTADES DEL JUEZ - Para pronunciarse sobre aspectos que no fueron incluidos dentro de la fijación del litigio / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA DEFENSA

[L]a fijación del litigio que realiza el juez de primera instancia no constituye una limitante para el operador judicial, pues el juez se encuentra facultado para determinar si la decisión debe ceñirse al problema jurídico planteado inicialmente o si este debe ser ampliado o ajustado al trámite que corresponda a los hechos y pretensiones de la demanda, todo esto, sin perjuicio del respeto a la garantía del debido proceso y derecho de defensa de los sujetos comprometidos en el litigio, cuya observancia se debe mantener a lo largo del curso del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 27 de agosto de 2020, Exp. 64564, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia –, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, reguló el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, diferenciando tres títulos de imputación jurídica, a saber, i) el error jurisdiccional, ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) la privación injusta de la libertad.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / ERROR DE HECHO / ERROR DE DERECHO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL

[R]especto de los títulos de privación injusta de la libertad y error jurisdiccional, atendiendo el marco normativo señalado, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad se predica frente a situaciones en que una persona ha sido privada de la libertad de manera preventiva y absuelta en sentencia ejecutoriada o su equivalente; mientras que, el error jurisdiccional procede frente a las providencias judiciales que se consideren como causantes del daño, por no tener justificación fáctica o jurídica, al carecer de razonamientos válidos, aceptables y coherentes, bien porque surjan de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho). NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 14 de agosto de 2008, Exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 10 de agosto de 2010, Exp. 41671, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 12 de octubre de 2017, Exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 27 de septiembre de 2018, Exp. 39756, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ERROR JURISDICCIONAL / FALLA DEL SERVICIO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[A]l analizar los aspectos fácticos y jurídicos de la demanda, el asunto sub lite debe analizarse bajo el título jurídico de imputación de error jurisdiccional, en tanto que el daño que reclama el actor subyace en una falla en el servicio proveniente del presunto error contenido en las providencias judiciales que lo vincularon, acusaron y condenaron, máxime si se tiene en cuenta que no se reclamó, como tampoco se demostró, que hubiera estado privado de la libertad, como consecuencia de alguna de las mencionadas decisiones.

CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA - Inexistente / ERROR JURISDICCIONAL - Procede su análisis

[E]n aplicación del principio de congruencia estructurado a partir de los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con los cuales, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como, con las excepciones propuestas y probadas, se procederá a dictar sentencia bajo el título jurídico de imputación anteriormente definido, sin que se observe que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la valoración de los demás elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los elementos constitutivos de ella, que son límites que se imponen al operador judicial y a los sujetos comprometidos en el conflicto, sin excepción alguna.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 170 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 305

PROBLEMA JURÍDICO: Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación, se circunscribe a verificar si la Nación - Rama Judicial es responsable por el daño reclamado por el demandante, derivado del supuesto error judicial en que incurrió la Rama Judicial al proferir la sentencia del 18 de abril de 2002, mediante la cual condenó al señor L. I. C. C. por los delitos de fraude procesal en concurso con estafa en grado de tentativa. Lo anterior, por cuanto es menester advertir que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, quien, dentro del marco competencial dispuesto por el Decreto 2700 de 1991 – aplicable al caso sub examine - gozaba de la competencia para vincular al imputado mediante indagatoria y proferir resolución de acusación en su contra, en vista de que, el Tribunal de instancia aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación el 7 de mayo de 2014, el cual está ejecutoriado e hizo tránsito a cosa juzgada, y por cuanto dicho aspecto no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación que se analiza.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991

TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

El error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto, su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHOS FUNDAMENTALES / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[L]a jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; Exp. T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; Exp. T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell y sentencia de 28 de mayo de 2012, Exp. 2011-01174, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 229

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / ERROR JURISDICCIONAL / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / CAUSALES EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / CAUSA EXTRAÑA

[D]ebe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante, además de demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.

PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / RECURSO JUDICIAL ORDINARIO / RECURSOS ORDINARIOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / SENTENCIA EN FIRME / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

[L]a demostración de la existencia de un error judicial, se supedita al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión judicial; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias; iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado; y, iv) el carácter inexcusable e injustificable del yerro que se cuestiona. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional de 04 de octubre de 2001, Exp. C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / SENTENCIA EN FIRME / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Se configura por falta de agotamiento de los medios de defensa judicial / INEXISTENCIA DE DAÑO / DESGASTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 dispone, además, que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: i) el afectado hubiera interpuesto los recursos ordinarios de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado que produzca en virtud de una providencia judicial y, ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Así pues, ante la ausencia de dichos requisitos, resulta inocuo el estudio sustancial de las providencias acusadas y no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado, en tanto, su inobservancia es prueba de que no hay certeza del daño. En cuanto al primer elemento, la referida normativa exige que la parte demandante hubiere interpuesto los recursos en contra de la providencia que califica como un error judicial y, en la eventualidad de no haber usado estos mecanismos de defensa, se configuraría una circunstancia que relevaría al juez administrativo de efectuar el análisis sustantivo de la decisión judicial cuestionada, toda vez que ni siquiera habría perjuicio o, en caso de aceptarse lo contrario, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el supuesto error jurisdiccional. Así, de no configurarse tal supuesto, se estará en presencia de un hecho exclusivo y determinante de la víctima en la producción del menoscabo reclamado (art. 70, L. 270 de 1996) o incluso, ante la ausencia de un daño. Además, vale destacar que la exigencia relacionada con la interposición de los recursos, contenida en el numeral 1° del artículo Ibídem, tiene como claro propósito permitir al juzgador corregir posibles yerros cometidos en la labor jurisdiccional, en el mismo proceso. Por esta razón, su finalidad es evitar el desgaste de la administración de justicia y garantizar el efectivo acceso a una respuesta adecuada y de fondo a los problemas que los usuarios de este servicio público ponen de presente a la rama jurisdiccional.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO

AGOTAMIENTO DEL RECURSO JUDICIAL / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El agotamiento de los recursos en la vía ordinaria no puede considerarse acreditado cuando, a pesar de haberse interpuesto el mismo, no guardan congruencia con lo alegado como error en sede de reparación directa, puesto que, con arreglo en lo previsto en la Ley 270 de 1996, dicho recurso debe estar relacionado con el objeto de lo que se pretende en sede contenciosa administrativa.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / BIEN JURÍDICO TUTELADO / DAÑO CIERTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Conviene precisar que el daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado, por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal, y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 17412, C.P. Enrique Gil Botero y sentencia de 6 de junio de 2012, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón.

INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[A]sí como los diferentes medios de prueba que reposan en el expediente, la Sala considera que en este caso no está demostrado que el demandante hubiera padecido un daño antijurídico, en tanto que no se observa que sus derechos de acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva, hubieran sido transgredidos; por el contrario, precisamente en ejercicio y observancia de aquellos, obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones, razón por la que el presunto yerro alegado, esto es, la valoración probatoria realizada por el juez penal a quo que derivó en una sentencia adversa al actor, no vulneró los mencionados derechos y tampoco se demostró que dicha decisión hubiera afectado otro bien jurídico tutelado.

VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL - No constituye circunstancia generadora de un daño / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL ESTADO / CARGAS PÚBLICAS

[S]i bien el demandante estuvo vinculado a un proceso penal, dicha circunstancia no comporta, per se, situación que acredite un daño, pues bajo un Estado social de derecho, sometido a leyes, los administrados están en condiciones de someterse a sus mandatos. Así, si en desarrollo de las funciones y deberes básicos de las autoridades, como son las de perseguir y sancionar a los responsables de conductas punibles, se vincula a una persona, tal determinación no constituye circunstancia generadora de un daño, pues, para que no sea así, se hace necesario un cúmulo de pruebas y circunstancias que acrediten que tal acción no estuvo determinada por los fines de la norma que la autoriza, o que en desarrollo de la misma, se dieron graves e irregulares situaciones capaces de afectar de manera directa los derechos y garantías de los asociados, circunstancias aquellas, que no fueron demostradas por la parte actora.

AUSENCIA DEL ERROR DE HECHO / INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA - Inexistente / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA - Revocó la la providencia identificada por la parte actora como contentiva del error / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

[C]onsiderando que el supuesto error de hecho por indebida valoración probatoria alegado por el demandante no incidió en la decisión jurisdiccional en firme, ni hizo tránsito a cosa juzgada, en tanto que, como se demostró, la providencia identificada por la parte actora como contentiva del error fue revocada en segunda instancia, incluso a favor de los intereses del actor, es claro para la Sala que no hay siquiera prueba de un daño, resultando infructuoso el estudio sustancial de la providencia acusada, por cuanto la ausencia de un daño, impide elaborar un juicio de imputación o de atribución a la Rama Judicial, quien, a no dudarlo, no menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva del demandante, por lo que, en consecuencia, se impone denegar las pretensiones de la demanda.

CONDENA EN COSTAS - No hay lugar a su imposición

Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01066-01(52095)

Actor: LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR JUDICIAL – PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DEL ERROR – No se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, el señor Luis Ignacio Cabezas Casanova fue vinculado a una investigación penal por los delitos de fraude procesal en concurso con estafa, siendo acusado y posteriormente condenado mediante sentencia de primera instancia; finalmente, el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal lo absolvió de los cargos en aplicación del principio de in dubio pro reo y luego, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal.

SENTENCIA IMPUGNADA

1.1. Corresponde a la sentencia del 25 de febrero de 2014, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso (transcripción literal):

“1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la detención injusta del señor LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA conforme lo expuesto.

“3. (sic) Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios morales los siguientes valores:

Al señor LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA (perjudicado), la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“4. CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de DAÑO EMERGENTE a favor del señor LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA, la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($5.729.148,00)

“5. DÉSE cumplimiento a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“6. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”.

1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 24 de marzo de 2006, por el señor Luis Ignacio Cabezas Casanova, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

1.2.1. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que les fueron irrogados con ocasión de la vinculación del señor Juan Carlos Gómez Rincón a un proceso penal, dentro del cual se profirió resolución de acusación y sentencia condenatoria en su contra.

Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales, y el quebranto a su buen nombre; y, ii) cuatro millones de pesos ($4.000.000) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

Hechos

1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, el demandante señaló que, si bien no fue privado de la libertad, su vinculación a un proceso penal, por ser considerado presunto responsable de los delitos de fraude procesal en concurso con estafa, le ocasionó perjuicios materiales e inmateriales.

1.2.3. Sostuvo que, en el transcurso de las diligencias, mediante sentencia de primera instancia del 18 de abril de 2002, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali, lo condenó por los delitos investigados y el 17 de octubre de 2003, el Tribunal Superior de Cali lo absolvió de los cargos, decisión que fue objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte civil, el cual fue desatado el 27 de mayo de 2004 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien adujo que la acción penal se encontraba prescrita.
1.2.4. Concluyó que la vinculación al proceso penal, así como, la acusación por los delitos investigados y la condena en su contra, le causó perjuicios materiales e inmateriales que deben indemnizarse por parte de las demandadas.

La defensa

1.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda en auto del 6 de abril de 2006, siendo debidamente notificada a las demandadas, cuyos planteamientos y argumentos de defensa fueron, los siguientes:

1.3.1. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que las providencias proferidas durante el proceso penal estuvieron soportadas en las normas sustantivas vigentes, por lo que, no se puede pregonar la existencia de una privación injusta de la libertad o falla en el servicio susceptible de indemnización.

En este sentido, precisó que la absolución del procesado en el trámite de segunda instancia se produjo en aplicación del principio de in dubio pro reo, sin que aquello permita deducir que hubo irregularidades en la prestación del servicio de la administración de justicia; y propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios y el cobro de lo no debido.

1.3.2. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora, por considerar que no incurrió en falla del servicio por error judicial, toda vez que actuó en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de investigar las conductas que revistan el carácter de delitos y acusar al presunto infractor, de conformidad con las pruebas obrantes en el sumario.

Así mismo, manifestó que, si bien el juez penal de segunda instancia absolvió al sindicado, dicha decisión no obedeció a la antijuridicidad del daño, sino a la falta de certeza sobre su responsabilidad penal.

Alegatos

1.4. Mediante auto del 28 de noviembre de 2013, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

1.4.1. La Rama Judicial reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación.

1.4.2. En esa oportunidad procesal, la parte actora, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

La decisión

1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos indicados al inicio de esta sentencia.

Manifestó que se estructuró uno de los presupuestos que compromete la responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, por eventos de privación injusta de la libertad bajo el régimen de responsabilidad objetivo por daño especial, dado que el demandante fue privado de su libertad mediante prisión domiciliaria desde el 18 de abril de 2002, cuando se profirió sentencia condenatoria en su contra, hasta el 18 de octubre de 2003, cuando fue absuelto de los cargos por el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal, sin que se encontrara demostrada causal de exoneración de responsabilidad alguna.

En consecuencia, condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial al pago de los perjuicios deprecados en la demanda.

1.6. Mediante providencia de 28 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación el 7 de mayo anterior, en virtud del cual, esta última entidad, se comprometió a pagar “el 70% de la mitad del valor de la condena”, esto es, el 35% de la obligación total, proveído que quedó ejecutoriado el 11 de junio de 2014.

EL RECURSO INTERPUESTO

2.1. Sustentación del recurso de apelación

2.1.1. Inconforme con la decisión anterior, la Nación - Rama Judicial interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo, por considerar que actuó de conformidad con las competencias que le asisten en la etapa de juzgamiento prevista en la Ley 600 de 2000, y en atención a los elementos probatorios que comprometían al procesado con los hechos investigados.

Asimismo, sostuvo que, si bien el Juez 14 Penal del Circuito de Cali condenó en primera instancia al acusado, mientras que, el juez penal de segunda instancia lo absolvió, aquello obedeció a la discrecionalidad con la que cuenta el juez para valorar las pruebas obrantes en el plenario y a la posible coexistencia de decisiones diversas aplicables al caso, en tanto debidamente fundamentadas y argumentadas, y por tanto, la valoración probatoria realizada por los jueces en su libre convicción y bajo los criterios de la sana crítica, no resulta constitutiva de error jurisdiccional y/o privación injusta de la libertad, toda vez que, ambas posiciones eran jurídicamente admisibles.

2.2. En proveído del 8 de octubre de 2014, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 3 de diciembre siguiente corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A..

2.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación solicitó que no se realizara pronunciamiento respecto de su responsabilidad, debido a que concilió con el actor, razón por la que el proceso cursa en segunda instancia únicamente frente a la condena emitida en contra de la Rama Judicial.

2.2.2. El Ministerio Público solicitó que se confirme la condena. Al respecto, adujo que las demandadas incurrieron en falla del servicio al imponer medida de aseguramiento de detención preventiva al procesado y condenarlo por los delitos investigados, con fundamento en elementos probatorios insuficientes.

2.2.3. En esta oportunidad procesal, la parte actora y la Rama Judicial guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S

No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.

3.1. Cuestión previa

La Sala considera necesario pronunciarse respecto al título de imputación bajo el cual se analizará el caso concreto, dados los fundamentos dispersos de derecho esgrimidos en la demanda, la sentencia de primera instancia y los argumentos expuestos por la Rama Judicial en el recurso de apelación.

Con esta finalidad, se hace necesario aclarar que para determinar el título de imputación de responsabilidad es necesario remitirse a la demanda y los hechos allí consignados, por cuanto dicho acto procesal es el que permite deducir el derecho que se reclama a partir de la existencia de un daño y su antijuridicidad y, por tanto, de la redacción de las pretensiones y de los hechos, así como, de la interpretación íntegra que hace el juez de ésta, se deriva la causa sobre la que se funda la acción.

Se indica, además, que la fijación del litigio que realiza el juez de primera instancia no constituye una limitante para el operador judicial, pues el juez se encuentra facultado para determinar si la decisión debe ceñirse al problema jurídico planteado inicialmente o si este debe ser ampliado o ajustado al trámite que corresponda a los hechos y pretensiones de la demanda, todo esto, sin perjuicio del respeto a la garantía del debido proceso y derecho de defensa de los sujetos comprometidos en el litigio, cuya observancia se debe mantener a lo largo del curso del proceso.

Así las cosas, se advierte que las pretensiones de la demanda se orientaron a obtener la declaración de responsabilidad de las demandadas por la vinculación injustificada del señor Luis Ignacio Cabezas Casanova a un proceso penal, derivada de: i) la providencia que dispuso su vinculación mediante indagatoria; ii) la resolución de acusación proferida en su contra, presuntamente sin suficientes elementos probatorios que señalaran su responsabilidad penal; y, iii) la sentencia condenatoria de primera instancia que, en criterio del actor, derivó de una interpretación sesgada de los hechos realizada por el juez penal.

De igual manera, los hechos de la demanda se limitaron a enlistar las providencias proferidas durante el proceso penal, a la vez que se puntualizó que el daño deprecado no deviene de la privación de la libertad del señor Cabezas Casanova -la cual, según lo reconoce el propio demandante nunca existió-, sino de su vinculación al proceso penal.

Hechas estas precisiones, la Sala recuerda que la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia –, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, reguló el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, diferenciando tres títulos de imputación jurídica, a saber, i) el error jurisdiccional, ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) la privación injusta de la libertad.
De esta manera, respecto de los títulos de privación injusta de la libertad y error jurisdiccional, atendiendo el marco normativo señalado, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad se predica frente a situaciones en que una persona ha sido privada de la libertad de manera preventiva y absuelta en sentencia ejecutoriada o su equivalente; mientras que, el error jurisdiccional procede frente a las providencias judiciales que se consideren como causantes del daño, por no tener justificación fáctica o jurídica, al carecer de razonamientos válidos, aceptables y coherentes, bien porque surjan de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho) .
Sobre esta base, la Sala encuentra que, si bien los fundamentos de derecho de la demanda se contrajeron a solicitar el análisis de responsabilidad de las demandadas desde el régimen de responsabilidad objetivo, bajo el título de imputación de “privación injusta de la libertad” y, a su vez, el Tribunal a quo contrajo el problema jurídico a “determinar si proced[ía] la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y la consecuente reparación del daño por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA por los delitos de fraude procesal en concurso con estafa en grado de tentativa”; lo cierto es que al analizar los aspectos fácticos y jurídicos de la demanda, el asunto sub lite debe analizarse bajo el título jurídico de imputación de error jurisdiccional, en tanto que el daño que reclama el actor subyace en una falla en el servicio proveniente del presunto error contenido en las providencias judiciales que lo vincularon, acusaron y condenaron, máxime si se tiene en cuenta que no se reclamó, como tampoco se demostró, que hubiera estado privado de la libertad, como consecuencia de alguna de las mencionadas decisiones.

De esta manera, en aplicación del principio de congruencia estructurado a partir de los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con los cuales, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como, con las excepciones propuestas y probadas, se procederá a dictar sentencia bajo el título jurídico de imputación anteriormente definido, sin que se observe que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la valoración de los demás elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los elementos constitutivos de ella, que son límites que se imponen al operador judicial y a los sujetos comprometidos en el conflicto, sin excepción alguna.

3.2. Problema jurídico

3.2.1. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación, se circunscribe a verificar si la Nación - Rama Judicial es responsable por el daño reclamado por el demandante, derivado del supuesto error judicial en que incurrió la Rama Judicial al proferir la sentencia del 18 de abril de 2002, mediante la cual condenó al señor Luis Ignacio Cabezas Casanova por los delitos de fraude procesal en concurso con estafa en grado de tentativa.

Lo anterior, por cuanto es menester advertir que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, quien, dentro del marco competencial dispuesto por el Decreto 2700 de 1991 – aplicable al caso sub examine - gozaba de la competencia para vincular al imputado mediante indagatoria y proferir resolución de acusación en su contra, en vista de que, el Tribunal de instancia aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación el 7 de mayo de 2014, el cual está ejecutoriado e hizo tránsito a cosa juzgada, y por cuanto dicho aspecto no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación que se analiza.

3.3. Motivación de la sentencia

3.3.1. En el presente asunto está acreditado que el señor Luis Ignacio Cabezas Casanova fue vinculado a un proceso penal por los delitos de fraude procesal en concurso con estafa en grado de tentativa, actuación de la que se aportaron las siguientes piezas procesales:

• El 18 de abril de 2002, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali profirió sentencia condenatoria en contra de los señores Jorge Sánchez Cabezas y Luis Ignacio Cabezas Casanova, éste último, por los delitos de fraude procesal en concurso con estafa en grado de tentativa, condenándolo a 21 meses de prisión domiciliaria y al pago de 500 gramos oro por concepto de daño material en la modalidad de daño emergente a favor de la parte civil.

Como supuesto fáctico, indicó el a quo que el señor Cabezas Casanova, en calidad de representante legal de la empresa Ferretería Colombiana Ltda., compró el predio cuya posesión ostentaba el denunciante Servicio Tulio Garzón, al señor Jorge Sánchez Cabezas, supuesto propietario del bien, negociación que además de contener el pacto sobre el precio y la cosa, incluyó la suscripción de 3 letras de cambio por parte del vendedor y a favor del comprador, presuntamente, ante las irregularidades en el derecho de propiedad.

En este contexto, sostuvo el despacho que, el procesado inició el cobro ejecutivo de las 3 letras de cambio, solicitando el embargo y secuestro del mencionado predio, razón por la que indujo en error al juez civil, al iniciar el cobro de una obligación inexistente, con el fin de obtener provecho económico, no solo de los bienes del supuesto vendedor/deudor, sino del inmueble del denunciante y parte civil Servio Tulio Garzón.

• Inconformes con la anterior decisión, los procesados interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron resueltos el 17 de octubre de 2003 por el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal, quien revocó la condena, y en su lugar, los absolvió de los cargos en aplicación del principio de in dubio pro reo. Al respecto, consideró (transcripción literal):

“Consecuentemente, la conclusión a la que se arriba, es la de que se vislumbra una duda insalvable, debiéndose aplicar el IN DUBIO PRO REO, pues si bien pudo existir responsabilidad de los procesados, no contamos con los elementos de juicio suficientes para proferir sentencia condenatoria en su contra, con el grado inamovible de certeza. En este sentido, se podría afirmar incluso que lo más probable es que los procesados hubieran pretendido apropiarse del inmueble al cual aluden las actuaciones, valiéndose de apócrifos documentos, pero esa afirmación por sí sola no resulta suficiente para entrar a proferir sentencia condenatoria…”.

• El 27 de mayo de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal, por considerar que ésta se configuró el 6 de agosto de 2002, esto es, antes de que se dictara la sentencia de segunda instancia; a la vez que, inadmitió la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil.

3.3.2. De la responsabilidad patrimonial del Estado por Error Judicial

El error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto, su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

Así mismo, el derecho a la tutela judicial efectiva además de comprender la plenitud de las garantías procesales, que se resumen en el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, constituye un “mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales”.

Sobre esta base, no cabe duda de que los yerros emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, materializados a través de decisiones que resultan contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable y jurídicamente atendible que las provea de aceptabilidad, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.

Como corolario de lo anterior, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley, esto último, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de esta (error de derecho)”.

Así las cosas, la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme a la que se le atribuye el yerro, para que se configure una lesión del derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que el análisis de las providencias acusadas no puede convertirse en una instancia adicional del proceso, por manera que la labor del juez de lo contencioso administrativo debe limitarse a la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial o a confirmar, modificar o revocar la providencia judicial cuestionada, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada.

Conforme a lo expuesto, debe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante, además de demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.

En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión judicial; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias; iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado; y, iv) el carácter inexcusable e injustificable del yerro que se cuestiona.

3.3.3.1. Presupuestos de procedibilidad del error judicial

El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 dispone, además, que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: i) el afectado hubiera interpuesto los recursos ordinarios de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado que produzca en virtud de una providencia judicial y, ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Así pues, ante la ausencia de dichos requisitos, resulta inocuo el estudio sustancial de las providencias acusadas y no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado, en tanto, su inobservancia es prueba de que no hay certeza del daño.

En cuanto al primer elemento, la referida normativa exige que la parte demandante hubiere interpuesto los recursos en contra de la providencia que califica como un error judicial y, en la eventualidad de no haber usado estos mecanismos de defensa, se configuraría una circunstancia que relevaría al juez administrativo de efectuar el análisis sustantivo de la decisión judicial cuestionada, toda vez que ni siquiera habría perjuicio o, en caso de aceptarse lo contrario, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el supuesto error jurisdiccional. Así, de no configurarse tal supuesto, se estará en presencia de un hecho exclusivo y determinante de la víctima en la producción del menoscabo reclamado (art. 70, L. 270 de 1996) o incluso, ante la ausencia de un daño

Además, vale destacar que la exigencia relacionada con la interposición de los recursos, contenida en el numeral 1° del artículo Ibídem, tiene como claro propósito permitir al juzgador corregir posibles yerros cometidos en la labor jurisdiccional, en el mismo proceso. Por esta razón, su finalidad es evitar el desgaste de la administración de justicia y garantizar el efectivo acceso a una respuesta adecuada y de fondo a los problemas que los usuarios de este servicio público ponen de presente a la rama jurisdiccional.

Por lo anterior, el agotamiento de los recursos en la vía ordinaria no puede considerarse acreditado cuando, a pesar de haberse interpuesto el mismo, no guardan congruencia con lo alegado como error en sede de reparación directa, puesto que, con arreglo en lo previsto en la Ley 270 de 1996, dicho recurso debe estar relacionado con el objeto de lo que se pretende en sede contenciosa administrativa.

En efecto, la Subsección precisa que el especialísimo título de imputación por error judicial representa un análisis de mayor rigurosidad, dado que el hecho de cuestionar una providencia judicial ejecutoriada implica que, a lo sumo, el interesado hubiera controvertido en sede ordinaria los mismos asuntos que considera, en el proceso de reparación directa, son objeto de la causación de un daño antijurídico, de cara a la transgresión de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, pues, de no ser así, el proceso de responsabilidad del Estado se convertiría en un análisis de una impugnación, pero en sede de lo contencioso administrativo.

En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que, si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”.
En efecto, respecto a la firmeza de las providencias, la jurisprudencia de la Sección Tercera, ha sostenido de manera reiterada que “aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional”. Por tanto, resulta acertado concluir que el daño es incierto cuando la decisión reprochada no ha quedado en firme, pues si esta llegara a contener un yerro, el superior tiene la posibilidad de subsanarlo y el interesado puede procurar la salvaguarda de sus derechos mediante la interposición de los recursos ordinarios.

En este sentido, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 67 ejusdem, consideró que “resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido”.

Con el material probatorio ya relacionado, la Sala encuentra probado que si bien la providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional, esto es, la sentencia de 18 de abril de 2002 proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali, fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Luis Ignacio Cabezas Casanova, en el cual, entre otros argumentos, se reprochó la valoración probatoria realizada por el juez penal a quo; lo cierto es que, la sentencia de 17 de octubre de 2003, mediante la cual se resolvió el mencionado recurso, revocó la providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional y por ende, el supuesto daño alegado por el demandante no tiene la virtualidad de ser cierto, en tanto que, como se demostró, la decisión de segunda instancia fue favorable para el actor, toda vez que lo absolvió de responsabilidad penal y, de contera, corrigió cualquier yerro en el que, a juicio del demandante, pudo incurrir el a quo.

Al respecto, conviene precisar que el daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado, por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal, y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

Precisado lo anterior, así como los diferentes medios de prueba que reposan en el expediente, la Sala considera que en este caso no está demostrado que el demandante hubiera padecido un daño antijurídico, en tanto que no se observa que sus derechos de acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva, hubieran sido transgredidos; por el contrario, precisamente en ejercicio y observancia de aquellos, obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones, razón por la que el presunto yerro alegado, esto es, la valoración probatoria realizada por el juez penal a quo que derivó en una sentencia adversa al actor, no vulneró los mencionados derechos y tampoco se demostró que dicha decisión hubiera afectado otro bien jurídico tutelado.

Sobre este punto, huelga precisar que el error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien, por mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se someten a su consideración, y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.), de modo que, el hecho de que se varíe una decisión condenatoria en segunda instancia, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad automática de la autoridad judicial de primera instancia, pues, sobre un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, en tanto jurídicamente admisibles y justificadas.

Asimismo, conviene recordar en punto de varias de las alegaciones contenidas en la demanda, que, si bien el demandante estuvo vinculado a un proceso penal, dicha circunstancia no comporta, per se, situación que acredite un daño, pues bajo un Estado social de derecho, sometido a leyes, los administrados están en condiciones de someterse a sus mandatos. Así, si en desarrollo de las funciones y deberes básicos de las autoridades, como son las de perseguir y sancionar a los responsables de conductas punibles, se vincula a una persona, tal determinación no constituye circunstancia generadora de un daño, pues, para que no sea así, se hace necesario un cúmulo de pruebas y circunstancias que acrediten que tal acción no estuvo determinada por los fines de la norma que la autoriza, o que en desarrollo de la misma, se dieron graves e irregulares situaciones capaces de afectar de manera directa los derechos y garantías de los asociados, circunstancias aquellas, que no fueron demostradas por la parte actora.

Con todo, considerando que el supuesto error de hecho por indebida valoración probatoria alegado por el demandante no incidió en la decisión jurisdiccional en firme, ni hizo tránsito a cosa juzgada, en tanto que, como se demostró, la providencia identificada por la parte actora como contentiva del error fue revocada en segunda instancia, incluso a favor de los intereses del actor, es claro para la Sala que no hay siquiera prueba de un daño, resultando infructuoso el estudio sustancial de la providencia acusada, por cuanto la ausencia de un daño, impide elaborar un juicio de imputación o de atribución a la Rama Judicial, quien, a no dudarlo, no menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva del demandante, por lo que, en consecuencia, se impone denegar las pretensiones de la demanda.

3.4. Condena en costas

Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

ACLARACIÓN DE VOTO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – La privación injusta de la libertad no se debe limitar al daño generado por las medidas de detención preventiva cuando medie una sentencia absolutoria o su equivalente

Con el respeto que profeso por las decisiones que adopta la Sala, manifiesto que comparto el sentido del fallo de 16 de julio de 2021, porque, a mi juicio no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, porque la medida de aseguramiento que se impuso al demandante cumplió con los requisitos establecidos en la ley penal, tal como fueron precisados en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-072 de 2018. No obstante, me permito aclarar el voto, en cuanto al tratamiento que se dio a este evento, para decidirlo con fundamento en el título de error judicial y concluir que dicho error no se configuró porque la sentencia de primera instancia, presuntamente constitutiva del error, no quedó en firme, dado que se revocó en segunda instancia, pero, se dejó de analizar el asunto bajo los títulos de privación injusta de la libertad, como lo hizo el a quo, o de falla del servicio, por los daños eventualmente causados sobre derechos diferentes a la libertad, durante el tiempo en el que estuvo vigente la providencia que se dice constitutiva del error. En mi criterio, la pretensión del demandante sí estuvo orientada a la obtener la reparación de los perjuicios que le causó la detención preventiva, tal como lo consideró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y lo declaró en la parte resolutiva de la sentencia (…) No comparto el criterio de que la privación injusta de la libertad se limita al daño generado por las medidas de detención preventiva cuando medie una sentencia absolutoria o su equivalente. En el presente caso se afirma que, si bien la pretensión de la demanda se refiere a la declaración de una privación injusta de la libertad, el daño que se reclama proviene del “presunto error contenido en las providencias judiciales que lo vincularon, acusaron y condenaron, máxime si se tiene en cuenta que no se reclamó, como tampoco se demostró, que hubiera estado privado de la libertad, como consecuencia de alguna de las mencionadas decisiones”, ambigüedad que da lugar a considera el caso bajo el título de error judicial. La privación injusta de la libertad y el error judicial, previstos en la Ley 270 de 1996, tienen en común que el daño cuya reparación se solicita es una providencia judicial, auto o sentencia, con la diferencia de que en la primera, el daño se refiere a la vulneración del derecho a la libertad personal, y en el segundo a la vulneración del derecho fundamental de acceso efectivo a la Administración de Justicia, sin que estos títulos excluyan la posibilidad de reclamar por los daños causados, bajo los títulos de falla del servicio o daño especial, en los eventos en los que la causa del daño provenga del hecho del juez, pero no se ajusten a los títulos previstos en la ley citada. En este sentido, a mi juicio, no hay razón para considerar que la declaración de la privación injusta de la libertad se limita a la afectación de ese derecho cuando esta proviene exclusivamente de las medidas de aseguramiento de detención provisional. Esa restricción no se deduce del artículo 68 de ley 270 de 1996, como tampoco de la sentencia C-037 de 1996 , en la que se declaró la exequibilidad de esa norma, ni lo consideró así la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 , ni se dijo así en la sentencia del 6 de agosto de 2020 (46.947), último pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera en esa materia, ni tampoco se sostuvo ese critero en la sentencia de esta Subsección de 23 de octubre de 2020 (49.959), en la que se declaró la privación injusta de la libertad por la revocatoria de una sentencia condenatoria, en sede de recurso extraordinario de casación, por graves transgresiones al debido proceso. Y, de ninguna manera ha sido ese el sentido que se le ha dado en los diversos tratados internacionales de derechos humanos, que se refieren a la prohibición de las detenciones arbitrarias.

Afirmar que la privación injusta de la libertad solo se puede considerar en eventos en los que se dicte una medida de aseguramiento con detención preventiva, llevaría a negar la existencia de daño antijurídico, por ejemplo, cuando la persona permanezca detenida por un tiempo superior a aquel que se determinó en la sentencia condenatoria o no se haya hecho efectivo su derecho a gozar de un subrogado penal que le fue o debió ser reconocido. En todo evento en el que una persona ha sido privada de la libertad y su responsabilidad penal fue definida mediante preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o una sentencia absolutoria, el daño antijurídico a reparar será la restricción a ese derecho fundamental y el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado deberá hacerse bajo el título de privación injusta de la libertad, pero este título no deja por fuera los demás eventos en los cuales una persona ha estado detenida por cuenta de una autoridad judicial, sin que existan motivos legales, y de razonabilidad y proporcionalidad suficientes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01066-01(52095)

Actor: LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA MARÍA ADRIANA MARÍN

Con el respeto que profeso por las decisiones que adopta la Sala, manifiesto que comparto el sentido del fallo de 16 de julio de 2021, porque, a mi juicio no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, porque la medida de aseguramiento que se impuso al demandante cumplió con los requisitos establecidos en la ley penal, tal como fueron precisados en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-072 de 2018.

No obstante, me permito aclarar el voto, en cuanto al tratamiento que se dio a este evento, para decidirlo con fundamento en el título de error judicial y concluir que dicho error no se configuró porque la sentencia de primera instancia, presuntamente constitutiva del error, no quedó en firme, dado que se revocó en segunda instancia, pero, se dejó de analizar el asunto bajo los títulos de privación injusta de la libertad, como lo hizo el a quo, o de falla del servicio, por los daños eventualmente causados sobre derechos diferentes a la libertad, durante el tiempo en el que estuvo vigente la providencia que se dice constitutiva del error.

En mi criterio, la pretensión del demandante sí estuvo orientada a la obtener la reparación de los perjuicios que le causó la detención preventiva, tal como lo consideró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y lo declaró en la parte resolutiva de la sentencia:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la detención injusta del señor LUIS IGNACIO CABEZAS CASANOVA conforme lo expuesto.

Ese título se deduce también del resumen que se hace en el proyecto aprobado por la mayoría, de la sentencia impugnada, cuando dice:

1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos indicados al inicio de esta sentencia.

Manifestó que se estructuró uno de los presupuestos que compromete la responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, por eventos de privación injusta de la libertad bajo el régimen de responsabilidad objetivo por daño especial, dado que el demandante fue privado de su libertad mediante prisión domiciliaria desde el 18 de abril de 2002, cuando se profirió sentencia condenatoria en su contra, hasta el 18 de octubre de 2003, cuando fue absuelto de los cargos por el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal, sin que se encontrara demostrada causal de exoneración de responsabilidad alguna (p. 4).

En el mismo sentido, la Fiscalía General de la Nación concilió con la parte demandada por el 70 % del 50% de la condena de primera instancia, por lo que es claro que la causa petendi de la demanda comprendía la medida de aseguramiento en la que se ordenó detención provisional del demandante.

No comparto el criterio de que la privación injusta de la libertad se limita al daño generado por las medidas de detención preventiva cuando medie una sentencia absolutoria o su equivalente.

En el presente caso se afirma que, si bien la pretensión de la demanda se refiere a la declaración de una privación injusta de la libertad, el daño que se reclama proviene del “presunto error contenido en las providencias judiciales que lo vincularon, acusaron y condenaron, máxime si se tiene en cuenta que no se reclamó, como tampoco se demostró, que hubiera estado privado de la libertad, como consecuencia de alguna de las mencionadas decisiones”, ambigüedad que da lugar a considera el caso bajo el título de error judicial.

La privación injusta de la libertad y el error judicial, previstos en la Ley 270 de 1996, tienen en común que el daño cuya reparación se solicita es una providencia judicial, auto o sentencia, con la diferencia de que en la primera, el daño se refiere a la vulneración del derecho a la libertad personal, y en el segundo a la vulneración del derecho fundamental de acceso efectivo a la Administración de Justicia, sin que estos títulos excluyan la posibilidad de reclamar por los daños causados, bajo los títulos de falla del servicio o daño especial, en los eventos en los que la causa del daño provenga del hecho del juez, pero no se ajusten a los títulos previstos en la ley citada.

En este sentido, a mi juicio, no hay razón para considerar que la declaración de la privación injusta de la libertad se limita a la afectación de ese derecho cuando esta proviene exclusivamente de las medidas de aseguramiento de detención provisional. Esa restricción no se deduce del artículo 68 de ley 270 de 1996, como tampoco de la sentencia C-037 de 1996, en la que se declaró la exequibilidad de esa norma, ni lo consideró así la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, ni se dijo así en la sentencia del 6 de agosto de 2020 (46.947), último pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera en esa materia, ni tampoco se sostuvo ese critero en la sentencia de esta Subsección de 23 de octubre de 2020 (49.959), en la que se declaró la privación injusta de la libertad por la revocatoria de una sentencia condenatoria, en sede de recurso extraordinario de casación, por graves transgresiones al debido proceso. Y, de ninguna manera ha sido ese el sentido que se le ha dado en los diversos tratados internacionales de derechos humanos, que se refieren a la prohibición de las detenciones arbitrarias.

Afirmar que la privación injusta de la libertad solo se puede considerar en eventos en los que se dicte una medida de aseguramiento con detención preventiva, llevaría a negar la existencia de daño antijurídico, por ejemplo, cuando la persona permanezca detenida por un tiempo superior a aquel que se determinó en la sentencia condenatoria o no se haya hecho efectivo su derecho a gozar de un subrogado penal que le fue o debió ser reconocido.

En todo evento en el que una persona ha sido privada de la libertad y su responsabilidad penal fue definida mediante preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o una sentencia absolutoria, el daño antijurídico a reparar será la restricción a ese derecho fundamental y el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado deberá hacerse bajo el título de privación injusta de la libertad, pero este título no deja por fuera los demás eventos en los cuales una persona ha estado detenida por cuenta de una autoridad judicial, sin que existan motivos legales, y de razonabilidad y proporcionalidad suficientes.

En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto.

Respetuosamente,

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera de Estado

Folios 240 y 241 del cuaderno principal. Folios 99 a 113 del cuaderno 1. Folios 100 y 101 del cuaderno 1. Folios 116 a 118 del cuaderno 1. Folios 129 a 151 del cuaderno 1. Folios 165 a 172 del cuaderno 1. Folio 212 del cuaderno 1. Folios 218 y 219 del cuaderno 1. Folios 221 a 241 del cuaderno principal. Si bien en el expediente no obra certificación del cumplimiento de la pena por parte del señor Luis Ignacio Cabezas Casanova y el mismo actor reconoce en la demanda que no estuvo privado de la libertad; las fechas sobre la ejecución de la pena señaladas por el Tribunal corresponden a la fecha de expedición de las sentencias de primera y segunda instancia con las que se le condenó y absolvió de los cargos, respectivamente. Folios 280 a 287 del cuaderno principal. Folio 296 del cuaderno principal. Folios 256 a 259 del cuaderno principal. Folio 305 del cuaderno principal. Folio 307 del cuaderno principal. Folios 351 y 352 del cuaderno principal. No obran en el expediente piezas procesales sobre la imposición al señor Luis Ignacio Cabezas Casanova de medida de aseguramiento de detención preventiva alguna, ni de su ejecución; no obstante, se observa que en los antecedentes de la sentencia de 17 de octubre de 2003 se reseñó que el actor fue objeto de la medida cautelar, la cual, posteriormente fue revocada mediante el decreto de la nulidad parcial del cierre de la investigación. Folios 333 a 338 del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 64.564. C.P.A.C.A.”Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)”
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2005. Exp. 14740, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 10 de agosto de 2010, exp. 41.671, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 27 de septiembre de 2018, exp. 39756, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“Artículo 170. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”. Folios 3 a 34 del cuaderno 1. Folios 35 a 59 del cuaderno 1. Folios 83 a 97 del cuaderno 1. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso.

Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P.Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011
Corte Constitucional, sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, reiterada en: sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar.

Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. || d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución-auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22.322. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
“Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49.666, M.P.: María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22.581, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 22581 y sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 38028, M. P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimir Naranjo Mesa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 17.412 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Folios 221 a 241 del cuaderno principal. Si bien en el expediente no obra certificación del cumplimiento de la pena por parte del señor Luis Ignacio Cabezas Casanova y el mismo actor reconoce en la demanda que no estuvo privado de la libertad; las fechas sobre la ejecución de la pena señaladas por el Tribunal corresponden a la fecha de expedición de las sentencias de primera y segunda instancia con las que se le condenó y absolvió de los cargos, respectivamente. En la SU-072 de 2018, en cuanto a los antecedentes legislativos de la privación injusta de la libertad se estableció: 30.

La genética de la norma es útil para señalar que el legislador consideró que la privación injusta de la libertad era diferente al error judicial y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y así fue consignado en el respectivo debate del 14 de junio de 1995, durante el cual el senador Héctor Helí Rojas Jiménez solicitó que se suprimiera la expresión “para lo cual se observarán las reglas correspondientes del error jurisdiccional y del defectuoso funcionamiento de administración de justicia, según el caso”, toda vez que, según el mencionado congresista, “se trata de otra clase de error”.
(…)
De estos antecedentes se extraen tres conclusiones: (i) el legislador consideró que existían tres tipos de perjuicio, el que se derivaba del error judicial, de la privación injusta de la libertad y del mal funcionamiento del aparato jurisdiccional; (ii) dichas normas no establecieron un título de imputación para definir la responsabilidad del Estado y (iii) durante el debate se plantearon cuestiones que si bien no quedaron integradas en el texto normativo dejan en evidencia que en algunos momentos se pretendió vincular los tres tipos de formas de daño con aspectos subjetivos. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. 72. Así las cosas, en torno de la libertad se observa que: (i) es un valor, principio y derecho de superlativa importancia en nuestro ordenamiento; (ii) es un derecho que puede ser limitado en pro de la materialización de intereses constitucionalmente prevalentes; y (iii) su limitación depende de la necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. Estas precisiones, a su vez, constituyen el punto de partida a la hora de definir cuándo el Estado genera daños a quienes se les restringe el derecho a la libertad. Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

Así las cosas, la Sala mantendrá la declaratoria de responsabilidad atribuida a los entes demandados en las sentencias de primera instancia y, por consiguiente, revocará aquellas en las que se denegaron las pretensiones de la demanda, pues es evidente que frente a los aquí demandantes no se adelantó una investigación integral, hubo una violación del debido proceso, al no observarse una de sus principales garantías, como lo es la defensa material; no hubo imparcialidad; tanto la acusación como la condena –de tal magnitud y frente a un caso de tal envergadura– se cimentaron únicamente en testimonios de personas con identidad reservada que, en el transcurso del proceso, se demostró que se trató de menores de edad o de personas que realizaron señalamientos falsos. En cuanto hacen referencia a detenciones arbitraria sin determinar una etapa específica de investigación o juzgamiento penal (artículo 9º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 10 prescribe que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Los mismo pasa con el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto de estos instrumentos internacionales, la sentencia SU-072 de 2018, señaló: Así las cosas, los dispositivos normativos internacionales están revestidos, expresamente, de tres elementos comunes: el primero, la libertad como bien inalienable de las personas; el segundo, la obligación de los Estados de tener dispositivos normativos que regulen los recursos judiciales a través de los cuales el ciudadano pueda rebatir la afectación de su libertad y que tengan la vocación de restablecerla; y el tercero, un sistema normativo que defina con precisión las circunstancias y reglas a partir de las cuales se puede restringir el derecho a la libertad.

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