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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00281-02

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2014-00281-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de junio de 2017, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró la nulidad del acto administrativo demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 77 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 41 Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18) Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta formulado por el Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta, hoy Distrito de Santa Marta, como sucesor procesal de aquel, en contra de la Resolución 0092 del 1.º de febrero de 2011 y sus destinatarios. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2014-00281-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

27 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18)
Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas en
liquidación del Distrito de Santa Marta

Demandado: Genis Soto Noriega y otros

Temas: Control de legalidad de la Resolución 0092 del 1.º de febrero de
2011

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandada, contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2017, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se declaró la nulidad del acto
acusado y se condenó en costas a la parte ahora recurrente.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18)
Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta, por conducto de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 0092 del 1.º de febrero de
2011 «[p]or medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una indemnización
moratoria, por el no pago oportuno de prestaciones sociales (Cesantías) a unos ex
funcionarios».

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que dicho acto sea retirado
del ordenamiento jurídico y, con ello, se exonere a la entidad de pagar los derechos
laborales allí reconocidos, pues la ejecución del acto causaría un detrimento a su
patrimonio.1

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) La entidad demandante es una autoridad descentralizada que cuenta con
personería jurídica y el 1.º de febrero de 2011 expidió el acto administrativo cuya
nulidad se pretende, a través del cual ordenó una indemnización moratoria por el
pago inoportuno de las cesantías a unos ex servidores del Instituto Distrital de
Tránsito y Transporte.2

(ii) Con posterioridad a tal actuación, se efectuó una fiscalización en la cual se
determinó que, para el momento en que se expidió el acto administrativo, los
derechos laborales allí reconocidos estaban prescritos.

(iii) Precisamente en la parte motiva de la resolución enjuiciada se señala que la
sanción moratoria que le dio origen derivaba de cesantías causadas entre los años

1 Según subsanación dela demanda visible en folios 88 a 92.
2 En adelante Indistran.

2

Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18)
Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

1997 a 2003, por lo que el reconocimiento de la sanción estaba en contradicción
con normas de orden público que fijan el término en el cual se extinguen los
derechos en materia laboral —artículo 488 del Código de Procedimiento Laboral—.

(iv) Sobre el anterior punto, se precisa que la prescripción implica la pérdida del
derecho por parte del trabajador y la cesación de la obligación por parte del
empleador, en tanto que se pierde la oportunidad para reclamar y, en los casos que
se trataron en dicho acto, no se daba la interrupción de la prescripción, en los
términos del artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que se trataba
de obligaciones causadas con más de ocho años de antelación a su reconocimiento.

(v) Adicional a lo anterior, se advirtió que existía un acto administrativo previo —
Resolución 076 de 2005— respecto de la cual se evidenció: a. identidad de
motivación; b. falta de motivación; c. identidad de beneficiarios; d. nuevos
beneficiarios cuyos derechos estaban prescritos; e. incremento del valor de la
indemnización reconocida en la anterior resolución. [En el libelo aparece una tabla
que da cuenta de los anteriores hallazgos, pero, en todo caso, se sintetizan en
similares términos a los que se describirán en el siguiente numeral]

(vi) Particularmente se advirtieron las siguientes situaciones:

a. Los señores Genis Soto Noriega, Luis Manuel Arango García, Camelia Ardila
Guzmán, Francisco Candanoza Guzmán, Ricardo Roberto Reyes Oliveros y
Rafael Enrique Aguilar Charris figuran con un doble reconocimiento e igual
concepto y suma de dinero, que se refleja tanto en la Resolución 076 de 2005
como en la Resolución 0092 de 2011.
b. Los señores Humberto Cantillo Granados, Ernesto Segundo Sanín Ávila,
Oswaldo Enrique Reyes Villamizar, Piedad Orozco Salazar, Neiro José
Moreno y Albeiro Taborda Osorio figuran con un doble reconocimiento, que
se refleja tanto en la Resolución 076 de 2005 como en la Resolución 0092
de 2011, pero en esta última se concede una suma superior a la que se refleja
en el acto del año 2005.

3

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Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

c. Aunque los señores Evelys Sánchez Gómez, Ramiro de Jesús Sulbarán
Wilches, Paul Armando Castañeda Salazar, Ricardo Ramos Díaz, Adolfo
Sanín Ducan y Alfonso Martínez Pérez solo aparecen en la Resolución 0092
de 2011, tienen el agravante de que los derechos reconocidos derivan de los
años 1997 a 2003, es decir, estaban prescritos.

(vii) La resolución que se cuestiona se ha empleado, por parte de algunos de los
beneficiarios, para acudir a la acción de tutela y, mediante ella, obtener el
cumplimiento —según orden impartida por el Juzgado Primero Penal del Circuito3—

(viii) Lo anterior muestra la gravedad de mantener incólume un acto administrativo
que es palmariamente ilegal y que se ha buscado hacer efectivo en
desconocimiento del orden jurídico y detrimento del erario.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 6, 121, 122, 123, inciso 2, y 209 de la
Constitución Política.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la entidad demandante
expuso los argumentos que se relacionan a continuación:

(i) La acción de lesividad es un instrumento cuyo uso procura garantizar la
prevalencia del ordenamiento constitucional y la sujeción al principio de legalidad
de la totalidad de las actuaciones y decisiones de los servidores públicos y, a través
de ella, se permite que la administración acuda a la jurisdicción a demandar el acto
propio, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en diversas providencias.4

3 Aunque no se precisa el circuito en el hecho 13 de la demanda, se infiere que se trata del de Santa

Marta.
4 Se citan las sentencias del 26 de marzo de 1999, expediente 4894, M.P. Jaime Abella Zárate; del

31 de agosto de 2006, radicación 76001 23 24 000 2001 04207 01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta; y del 28 de octubre de 2010, radicación 76001 23 31 000 2003 01399 01, M.P. Marco
Antonio Velilla Moreno.

4

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Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades
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(ii) De tales pronunciamientos jurisprudenciales, se extraen los siguientes
presupuestos para la procedencia de este mecanismo judicial: «a. que la persona
de derecho público demande su propio acto; b. que esté sometida al término de
caducidad de la acción, de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha
de expedición del acto; c. que el acto recaiga sobre situaciones particulares y
concretas; y d. que normativamente sea una acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.» todos los cuales confluyen en el caso del acto acusado, pues la
entidad demandada cuenta con personería jurídica y patrimonio propio para actuar
en el proceso y demandar su propio acto; no ha transcurrido un término superior al
previsto en la ley para acudir al mecanismo judicial; el acto que se cuestiona
reconoció un derecho a 18 «ex funcionarios» de la entidad y el medio de control que
se emplea es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

(iii) En lo que se refiere a los vicios de que adolece el acto acusado, son la falta de
motivación y la violación del principio de legalidad, en cuanto al primero de ellos,
pese a que los motivos que se invocaron son idénticos a los expuestos en la
Resolución 076 de 2005, que refieren el reconocimiento de la sanción moratoria,
resultan insuficientes en tanto que se debieron precisar los periodos que comprende
la mora, la fecha en que se pagó la prestación, el salario que se tomó para liquidar
la sanción y los días que la comprenden, lo que impide verificar asuntos relevantes
en torno a los derechos reconocidos, máxime cuando muchos de ellos están
prescritos, pues se refieren al periodo de 1997 a 2003, respecto de otros figura un
doble reconocimiento en el acto acusado y en la resolución de 2005, todo lo cual
constituye una violación al principio de legalidad.

(iv) También se incurrió en expedición irregular porque el acto desbordó la órbita de
competencia del funcionario que reconoció unos derechos fuera del término previsto
por la ley y, con ello, desatendió el deber que le estaba impuesto, de actuar con
sujeción a las normas superiores.5

5 Este último cargo conforme al memorial de subsanación de la demanda.

5

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Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

1.2. Coadyuvante

El Distrito de Santa Marta, por conducto de su apoderado, coadyuvó las
pretensiones de la demanda,6 para lo cual se pronunció en los siguientes términos:

El acto acusado constituye una flagrante violación al artículo 2 de la Ley 244 de
1995, la Ley 50 de 1990 y los Decretos 3135 de 1968, artículo 41, y 1848 de 1969,
artículo 102, pues no contiene los elementos mínimos para constituir el monto de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías; además, alude a una norma
inaplicable, como es la Ley 50 de 1990 y transgrede las normas que rigen la
prescripción de los derechos de los empleados públicos.

1.3. Contestación de la demanda

Los señores Genis Soto Noriega, Humberto Cantillo Granados, Oswaldo Enrique
Reyes Villamizar, Ernesto Segundo Sanín Ávila, Neiro José Moreno Torres, Paul
Armando Castañeda Salazar, Camelia Ardila Guzmán, Ricardo Roberto Reyes
Oliveros, Albeiro Taborda Osorio, Rafael Enrique Aguilar Charris, Piedad Orozco
Salazar, Evelys Sánchez Gómez, Ramiro de Jesús Sulbarán Wilches, Ricardo
Ramos Díaz,7 Luis Manuel Arango García, Adolfo Sanín Ducan, Francisco
Candanoza Guzmán y Alfonso Martínez,8 por conducto de su apoderado,
contestaron la demanda9 y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, para
lo cual expusieron lo siguiente:

(i) La resolución acusada nació a la vida jurídica como consecuencia de las
diferentes peticiones formuladas por los exservidores de Indistran, tendientes al
reconocimiento de sus prestaciones sociales, las cuales fueron pagadas el 27 de

6 Folios 108 a 115.
7 Respecto de los anteriores demandantes se presentó la contestación de la demanda visible en

folios 156 a 188.
8 En torno a los cuatro anteriores demandantes, a través de memorial de folio 323, solicitó que, por

economía procesal, se tuviera en cuenta el memorial de contestación de la demanda inicialmente
presentado.
9 Folios 156 a 188.

6

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diciembre de 2004, como consecuencia de la cesación de funciones por parte de
estos y la liquidación de tal entidad —la cual ocurrió mediante Decreto 170 del 15
de julio de 2004—, en todo caso, se precisa que las reclamaciones se formularon a
partir del momento en que se produjo la cesación de funciones.10

(ii) La parte demandada está dilatando el cumplimiento de la orden impartida en
fallos de tutela y presentó la demanda de nulidad y restablecimiento de la referencia
con tal propósito, es decir, pretende desconocer la cosa juzgada constitucional.

(iii) En el caso bajo análisis existen decisiones emanadas de jueces de tutela que
contienen la orden de amparar los derechos vulnerados a los ex empleados de
Indistran, las cuales gozan de cosa juzgada constitucional y cuyo cumplimiento se
produjo a través del acto materia de control en este litigio.

(iv) En lo que atañe a la prescripción, fue interrumpida con la presentación de los
escritos de reclamación ante la entidad, como lo permiten los artículos 488 y 489
del Código Sustantivo del Trabajo; además, las peticiones se formularon al
momento en que se produjo la supresión y liquidación de la entidad empleadora,
por ello no se causó el fenómeno extintivo y menos aun cuando la propia
administración en forma voluntaria reconoció los derechos a través del acto que hoy
se cuestiona.

(v) Además, no se configuró la prescripción de los derechos reconocidos en el acto
acusado «ya que est[o]s habían sido reconocid[o]s por INDISTRAN EN LIQUIDACIÓN
mediante la resolución 076 de 2004 y el FONDO CUENTA como nueva entidad
liquidadora profirió su nuevo acto administrativo, es decir, ACTUALIZÓ la obligación
pendiente, ya no fue INDISTRAN EN LIQUIDACIÓN porque ella no existe en el ámbito
jurídico, si no (sic) el FONDO CUENTA para ACTUALIZAR SUS ACREENCIAS, SUS
OBLIGACIONES Y PARA EVITAR UN DAÑO PATRIMONIAL AL DISTRITO AL ERARIO PÚBLICO,(sic)

resolución que fue tutelada y goza de AMPARO CONSTITUCIONAL, tal como consta en

10 Se precisa que en el memorial el apoderado realiza una exposición sobre los elementos y los

atributos del acto administrativo.

7

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los fallos de tutela ya proferidos que hacen TRANSITO (sic) A COSA JUZGADA».

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el 28 de
junio de 2017,11 declaró la nulidad de la Resolución 0092 del 1.º de febrero de 2011
y dispuso no condenar en costas de primera instancia a la parte demandada. Las
razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:

(i) A través del acto que se cuestiona, se reconoció la sanción moratoria por el pago
inoportuno de las cesantías de unos ex servidores de Indistran; sin embargo, al
revisar su contenido se advierte que aunque en él se precisa que sus destinatarios
son ex servidores de tal entidad no se refieren los siguientes aspectos,
indispensables para tener certeza del derecho allí reconocido: a. no se indica
ninguna otra particularidad del vínculo laboral; b. no se precisa cuál es el régimen
de cesantías que los ampara; c. aunque se establece el interregno que se pretende
indemnizar, pues en las peticiones se refiere que corresponde a las cesantías de
los años 1997 a 2003, no se precisa la fecha de presentación de tales solicitudes,
con el fin de estudiar, en forma minuciosa, el asunto relativo a la prescripción; y d.
se señalan las sumas a reconocer, pero no aparece la liquidación que llevó a
determinarlas a fin de identificar criterios particulares atenientes a ese
reconocimiento, entre otros, el relativo a la prescripción.

(ii) En las anteriores circunstancias, el fundamento fáctico del acto acusado resulta
precario y, en tal sentido, su motivación no es suficiente, máxime cuando también
carece de fundamento normativo en cuanto al régimen de cesantías aplicable a
cada uno de los beneficiados, en tanto que se invocan dos fuentes legales distintas,
a saber, la Ley 50 de 1990 —artículo 99— y la Ley 244 de 1995 —artículo 2—, pese
a que los presupuestos de una y otra no pueden aplicarse en forma concurrente,
pues la primera de ellas rige en materia de cesantías, cuando la relación está aún

11 Folios 709 a 715.

8

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vigente mientras que la segunda hace lo propio respecto de la prestación causada
al momento de la desvinculación del servicio.

(iii) En las anteriores condiciones, el derecho reconocido en el acto aludido no está
claramente identificado y ello conlleva que no tuvo una debida motivación, lo que se
enmarca dentro de una expedición irregular que lo hace anulable.

1.4. El recurso de apelación

Los beneficiarios del acto acusado, por conducto de su apoderado, interpusieron
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,12 con base en los
argumentos que se enuncian a continuación:

(i) De acuerdo con el acta que da cuenta de la audiencia inicial, se puede verificar
que el problema jurídico que allí se abordó consistió en establecer si existía o no
prescripción de las acreencias laborales reconocidas en el acto acusado, lo que
quiere decir que la decisión objeto de apelación constituye una vía de hecho pues
fundó su desarrollo en un asunto ajeno al planteado en la fijación del litigio.

(ii) Producto de la crisis financiera y fiscal que atravesaba la parte demandante, se
sometió a la intervención económica de que trata la Ley 550 de 1999 y dentro de
las determinaciones, para mejorar sus procesos y reorientación de rentas, se
dispuso la liquidación de varios entes descentralizados, entre ellos, Indistran. Como
consecuencia de ello, la entidad en liquidación expidió la Resolución 076 del 6 de
junio de 2005, por la cual reconoció y ordenó la indemnización moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías a varios ex trabajadores, durante los años 1997 a
2003.

(iii) Con posterioridad y con el fin de adelantar el proceso de liquidación de Indistran,
entre otras entidades que estaban en igual situación, el Distrito, a través del Decreto

12 Folios 417 y 418.

9

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053 del 2 de marzo de 2006, creó el Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta y uno de los propósitos
de tal acto consistía en reunir los activos de las entidades en liquidación y proceder
al pago de las acreencias sin afectar las finanzas del Distrito.

(iv) En atención a las funciones asignadas al aludido fondo y en respuesta a las
peticiones orientadas al reconocimiento de la indemnización por el retardo en el
pago de las cesantías, el enunciado fondo expidió la Resolución 0092 del 1.º de
febrero de 2011, a través de la cual accedió a la sanción moratoria por el inoportuno
pago de las cesantías de algunos ex servidores de Indistran, durante los años 1997
a 2003.

(v) Debido al incumplimiento de lo ordenado en la resolución, los beneficiarios
presentaron acción de tutela y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa
Marta, a través de fallo del 10 de diciembre de 2012, ordenó al gerente del fondo,
que diera cumplimiento a lo dispuesto a través del acto administrativo que se
cuestiona y, aun así, el gerente del fondo insistió en el incumplimiento y ello llevó a
que se impusiera, en su contra, sanción por desacato.

(vi) En lo que respecta a la expedición irregular, esta se relaciona con los requisitos
externos que debe revestir el acto en su expedición, en particular, el incumplimiento
de procedimientos o requisitos que se debieron observar al llevar a cabo la
actuación administrativa. En ese orden, se considera que el acto bajo examen sí
está motivado, además «la falta de motivación constituye un vicio de expedición
irregular que anula el acto, pero no el derecho adquirido de los terceros» y, en todo
caso, para la expedición del acto administrativo no existe una formalidad
generalizada y, por ello, puede revestir diferentes formas.

(vii) En lo que atañe a la prescripción alegada por la entidad demandante y que
constituyo el objeto de la fijación del litigio, no se configuró en este caso, teniendo
en consideración lo previsto en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues dicho fenómeno se interrumpió con el reclamo formulado por los

10

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trabajadores, de modo que entre la fecha de exigibilidad y la de su extinción se
contaba con el término de 6 años; siendo así, como la relación laboral culminó el 15
de julio de 2004, momento en el cual se decretó, por parte del Distrito de Santa
Marta, la supresión y liquidación de Indistran, las peticiones se formularon con
posterioridad a ello, por lo cual no operó la prescripción.

(viii) Además, las normas sobre extinción de los derechos no se pueden analizar en
forma descontextualizada, toda vez que el acto administrativo se expidió en el marco
de un proceso liquidatorio de la entidad, y, en ese marco, es imperativa la aplicación
de lo previsto en el artículo 35, (sic) numeral 5, del Decreto 254 de 2000, que impone
al liquidador tener en cuenta la caducidad y la prescripción al momento de cancelar
las obligaciones pendientes a cargo de la masa de liquidación.

(ix) Al momento en que el liquidador toma posesión del cargo, el término de
prescripción del pasivo laboral a cargo de la entidad se interrumpe y como la
liquidación se produjo el 15 de julio de 2004, por ello, en el caso, no puede hablarse
de prescripción de la sanción moratoria.

(x) Tampoco se ha producido el decaimiento del acto administrativo, pues no ha
perdido su fuerza ejecutoria, teniendo en consideración que no ha transcurrido el
tiempo prudencial para ello pues sus beneficiarios están imposibilitados en acudir a
la administración para ejecutarlo, dada la situación particular de Indistran.

(xi) En nada incide que los ex servidores de Indistran hubieran presentado
peticiones de reconocimiento de las cesantías, pues los términos de prescripción y
caducidad estaban suspendidos entre el mes de diciembre de 2004, cuando tomó
posesión el liquidador y diciembre de 2015, momento a partir del cual finalizó la
liquidación del Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas en
liquidación del Distrito de Santa Marta, como consta en la Resolución 018 de 2015.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

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La parte demandada, por intermedio de su apoderado, descorrió el término para
alegar13 y, en términos generales, reiteró los argumentos del recurso de apelación.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.14

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.15

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer i) si la decisión
adoptada por el a quo, en cuanto concluyó que el acto cuestionado fue expedido en
forma irregular, excedió el marco de la fijación del litigio, el cual se concretó en
definir si, en el caso concreto, se configuró la prescripción de la sanción moratoria
reclamada y ii) si la determinación en tal sentido quebrantó el debido proceso de los
demandados. En caso de que dicho reparo prospere, iii) se deberá analizar si se
configuró el fenómeno extintivo.

2.2. Marco normativo

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los

13 Folios 770 a 796.
14 Folio 797.
15 Folio 797.

12

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servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador16.

16 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

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La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales17 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

En lo que respecta a las cesantías anuales, la Ley 344 de 1996 «por la cual se
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional
encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de

17 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su artículo
13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada, que estableció
el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

De igual manera, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma
a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de
quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102

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y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, la
Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así lo determinó:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. (Se
resalta).

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores18.

Por otro lado, la Ley 550 de 1999, «[p]or la cual se establece un régimen que
promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo
armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal
vigente con las normas de esta ley», en su artículo 34 establece:

Artículo 34. EFECTOS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. Como consecuencia de
la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los
términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el
empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos
de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del
acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes
efectos legales:

[…]

2. El levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de las
practicadas por la DIAN, salvo que ésta consienta en su levantamiento, y la
terminación de los procesos ejecutivos en curso iniciados por los acreedores
contra el empresario. Durante la vigencia del acuerdo, el acreedor que cuente con
garantías constituidas por terceros y haya optado por ser parte del acuerdo, no podrá
iniciar ni continuar procesos de cobro contra los codeudores del empresario, a menos
que su exigibilidad sea prevista en el acuerdo sin el voto del acreedor garantizado.
Esta restricción es aplicable sólo al cobro de acreencias que están contempladas en
el acuerdo y que se relacionen con la empresa.

18 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de

1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

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[…]

8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el
acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas,
disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto
favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas
en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores,
pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de
seguridad social. [Resalta la Sala].

El Decreto 254 de 2000, «[p]or el cual se expide el régimen para la liquidación de
las entidades públicas del orden nacional» dispone, en su artículo 32, lo siguiente:

Artículo 32. Pago de obligaciones. Corresponderá al liquidador cancelar las
obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa disponibilidad
presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva; para ello se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

[…]
5. Para el pago del pasivo se tendrá en cuenta la caducidad y la prescripción de las
obligaciones, contenidas en las normas legales vigentes.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. Las pruebas particulares frente a cada uno de los beneficiarios del acto
acusado19

2.3.1.1. Oswaldo Enrique Reyes Villamizar

(i) El 20 de septiembre de 2002,20 el señor Oswaldo Enrique Reyes Villamizar
formuló petición ante el director de Indistran, en la que reclamó el pago de lo

19 En todo caso, se precisa que respecto de los señores Albeiro Taborda Osorio, Ricardo Roberto

Reyes Oliveros, Humberto Cantillo Granados, Evelys Sánchez Gómez, Ramiro de Jesús Sulbarán
Wilches, Paul Armando Castañeda Salazar, Ricardo Ramos Díaz, Adolfo Sanín Ducan y Alfonso
Martínez Pérez, quienes también son destinatarios del acto censurado, no obran pruebas de
reclamación individual de cesantías ni de la sanción moratoria, anteriores a la expedición de la
resolución enjuiciada.
20 Folio 20.

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siguiente: a. 1997: indexación por el no pago oportuno de cesantías; b. 1999: 5
meses de salario, 12% de intereses a las cesantías; indexación por no pago
oportuno de cesantías de 1998 y del salario; c. 2000: mes de diciembre, cesantías,
12% de intereses a las cesantías; indexación por no pago oportuno de cesantías y
del mes de diciembre; d. 2001: cesantías y 12% de intereses a las cesantías;
indexación por no pago oportuno de cesantías e intereses sobre estas; e. 2002:
«meses de junio, julio y agosto».

(ii) El 30 de julio de 2003,21 el señor Oswaldo Enrique Reyes Villamizar formuló
petición ante el gerente de Indistran y al alcalde de Santa Marta, en la que reclamó
la indemnización moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1999, por la omisión en la consignación de las cesantías de los años 1998 a 2002
en el término previsto en la ley, pues «[se] las canceló en diciembre de 2.004».
Valga aclarar que también se invocó la Ley 244 de 1995.

(iii) El 17 de noviembre de 2004,22 el señor Oswaldo Reyes Villamizar y otros
formularon reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el
reconocimiento y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995,
por el pago tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997,
1.998, 1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa
petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

(iv) El 18 de marzo de 2005,23 el señor Oswaldo Reyes Villamizar le solicitó al
gerente liquidador de Indistran, explicación del motivo por el cual en su liquidación
de sueldo y reliquidación de prestaciones sociales no se tuvo en cuenta lo siguiente:
el mes de abril de 2004, el retroactivo de 2000, el retroactivo de 2004, una diferencia

21 Folio 19.
22 Folios 22 y 23.
23 Folio 21.

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sobre las vacaciones del año 2000 y la reliquidación de sus prestaciones sociales
del año 2004 con el reajuste salarial.

2.3.1.2. Luis Manuel Arango García

(i) El 17 de noviembre de 2004,24 el señor Luis M. Arango García y otros formularon
reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el reconocimiento
y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995, por el pago
tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997, 1.998,
1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa
petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

2.3.1.3. Genis25 Soto Noriega

(i) El 20 de septiembre de 2002,26 la señora Genis Soto Noriega formuló petición
ante el director de Indistran, en la que reclamó el pago de lo siguiente: a. 1997:
indexación por el no pago oportuno de cesantías; b. 1999: 6 meses de salario, 12%
de intereses a las cesantías; indexación por no pago oportuno de cesantías de 1998
y del salario; c. 2000: mes de diciembre, cesantías, 12% de intereses a las
cesantías; indexación por no pago oportuno de cesantías y del mes de diciembre;
d. 2001: cesantías y 12% de intereses a las cesantías; indexación por no pago
oportuno de cesantías e intereses sobre estas; e. 2002: «meses de junio, julio y
agosto».

24 Folios 22 y 23.
25 Se precisa que en las diferentes solicitudes y actos administrativos que corresponden a esa
demandante se menciona el nombre en distintas formas; sin embargo, la que se acoge como
correcta, para esta providencia, es la que figura en la presentación personal del poder, visible en el
folio 192 del cuaderno 2.
26 Folio 24.

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(ii) El 5 de marzo de 2004,27 la señora Gennis (sic) Soto Noriega dirigió petición al
director general de Indistran, con el objeto de que se expidiera resolución mediante
la cual se reconociera y ordenara el pago de las cesantías, salarios, retroactivos,
primas, vacaciones y demás prestaciones de ley, que se le adeudan, producto de la
relación laboral que mantuvo como agente de tránsito, código 505, grado 54,
nombrado el 22 de julio de 1997 y cuya insubsistencia se declaró mediante la
Resolución 176 del 28 de febrero de 2004.

(iii) El 17 de noviembre de 2004,28 la señora Geni (sic) Zoto (sic) Noriega y otros
formularon reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el
reconocimiento y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995,
por el pago tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997,
1.998, 1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa
petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

2.3.1.4. Francisco Candanoza Guzmán

(i) El 17 de noviembre de 2004,29 el señor Francisco Candanoza Guzmán y otros
formularon reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el
reconocimiento y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995,
por el pago tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997,
1.998, 1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa
petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

27 Folios 14 y 15.
28 Folios 22 y 23.
29 Folios 22 y 23.

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(ii) El 12 de octubre de 2005,30 el señor Francisco Candanoza Guzmán formuló
petición ante el gerente de Indistran y el alcalde de Santa Marta, con el objeto de
obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, prevista en el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en tanto no se consignaron, en la
oportunidad legal, las cesantías correspondientes a los años 1997 a 2000. Valga
aclarar que también se invocó la Ley 244 de 1995.

2.3.1.5. Neiro José Moreno Torres

(i) El 25 de febrero de 2004,31 el señor Neiro Moreno y otros formularon petición
ante el gerente de Indistran y el alcalde de Santa Marta con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de
1995 y la que alude el numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1999, pues no se
han consignado sus cesantías correspondientes a los años 1998 a 2002.

(ii) El 17 de noviembre de 2004,32 el señor Neiro Moreno Torres y otros formularon
reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el reconocimiento
y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995, por el pago
tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997, 1.998,
1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa
petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

(iii) El 22 de diciembre de 2004,33 el señor Neiro José Moreno Torres dirigió solicitud
al director de Indistran, con el objeto de reclamar «el reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
numeral 3º., y Ley 244 de 1.995, por el pago tardío de mis prestaciones sociales,
correspondientes a los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003,

30 Folio 16.
31 Folio 28.
32 Folios 22 y 23.
33 Folio 281.

21

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cesantías que a la fecha no han sido canceladas muy a pesar de la tutela que
impetr[ó] […] ya que cada una de ellas se [le] debió consignar a más tardar el 15 de
Febrero de cada año siguiente a su causación»

2.3.1.6. Camelia Ardila Guzmán

(i) El 17 de octubre de 2000,34 la señora Camelia Ardila Guzmán y otros formulados
reclamación ante el gerente de Indistran, con el fin de que se muestren alternativas
de pago de: a. los intereses de las cesantías del año 1999; b. los meses de sueldos
de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 1999; y c. la sanción
moratoria de las cesantías de los años 1997 y 1998 que se consignaron
extemporáneamente en noviembre y mayo de 1999, respectivamente.

2.3.1.7. Rafael Enrique Aguilar Charris

(i) El 17 de octubre de 2000,35 el señor Rafael Aguilar Charris y otros formulados
reclamación ante el gerente de Indistran, con el fin de que se muestren alternativas
de pago de: a. los intereses de las cesantías del año 1999; b. los meses de sueldos
de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 1999; y c. la sanción
moratoria de las cesantías de los años 1997 y 1998 que se consignaron
extemporáneamente en noviembre y mayo de 1999, respectivamente.

(ii) El 22 de mayo de 2003,36 el señor Rafael Enrique Aguilar Charris formuló petición
ante el director de Indistran, en la que solicitó «certificar a usted como representante
legal de la entidad las siguientes obligaciones que aún me adeuda la empresa», se
relaciona lo siguiente: a. 1997: indexación por el no pago oportuno de cesantías; b.
1999: 6 meses de salario, 12% de intereses a las cesantías; indexación por no pago
oportuno de cesantías del año 1998 y del salario; c. 2000: mes de diciembre,
cesantías, 12% de intereses a las cesantías; indexación por no pago oportuno de

34 Folio 30.
35 Folio 30.
36 Folio 17.

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cesantías y del mes de diciembre subsidio familiar; d. 2001: cesantías y 12% de
intereses a las cesantías; indexación por no pago oportuno de cesantías e intereses
sobre estas y subsidio familiar; e. 2002: «meses de junio, julio, agosto diciembre
primas» cesantías de 2002, intereses del 12 e indexación por el no pago de las
cesantías y subsidio familiar; y f. 2003: meses de enero, febrero, abril y subsidio
familiar.

(iii) El 27 de noviembre de 2006,37 el señor Aguilar Charris requirió al Fondo Cuenta
Especial Entidades Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta, el
reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, en cuanto no se consignó, oportunamente, su auxilio de
cesantías, por los años 1997 a 2003 «las cuales [le] fueron canceladas en Diciembre
del año 2.004 en forma personal y no en el Fondo autorizado por la ley».

2.3.1.8. Piedad Orozco Salazar

(i) El 17 de noviembre de 2004,38 la señora Piedad Orozco Salazar y otros
formularon reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el
reconocimiento y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995,
por el pago tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997,
1.998, 1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa
petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

(ii) El 12 de agosto de 2005,39 la señora Piedad Orozco Salazar, dirigió petición ante
el gerente de Indistran en liquidación con el fin de que se expidiera certificación en
la que se informara el cargo por ella desempeñada, su tiempo de servicios y si se le

37 Folio 178 del cuaderno 2.
38 Folios 22 y 23.
39 Folio 26.

23

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había cancelado alguna suma por concepto de indemnización moratoria por no pago
oportuno de las cesantías, durante los años laborados en esa entidad.

2.3.1.9. Ernesto Segundo Sanín Ávila

(i) El 20 de septiembre de 2002,40 el señor Ernesto Segundo Sanín Ávila reclamó,
ante el director de Indistran, el reconocimiento y pago de los siguientes
emolumentos: a. 1996: subsidio familiar; b. 1997: subsidio familiar e indexación por
pago inoportuno de cesantías; c. 1998: subsidio familiar; d. 1999: salario de mayo,
junio, julio, septiembre, octubre y noviembre, 12% de intereses sobre las cesantías,
indexación por no pago oportuno de ese auxilio y del salario, y subsidio familiar; e.
2000: mes de diciembre, cesantías, 12% de intereses sobre las cesantías,
indexación por el no pago oportuno de esa prestación y del salario de diciembre, y
subsidio familiar; f. 2001: cesantías, 12% de intereses sobre las cesantías, subsidio
familiar e indexación por el no pago oportuno de esa prestación y del salario de
diciembre g. 2002: meses de junio, julio y agosto y subsidio familiar.

(ii) El 25 de febrero de 2004,41 el señor Ernesto Sanín Ávila y otros formularon
petición ante el gerente de Indistran y el alcalde de Santa Marta con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria prevista en la Ley 244
de 1995 y la que alude el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1999, pues
no se han consignado sus cesantías correspondientes a los años 1998 a 2002.

(iii) El 17 de noviembre de 2004,42 el señor Ernesto Sanín Ávila y otros formularon
reclamación ante el gerente de Indistran, con el objeto de obtener el reconocimiento
y pago de la «indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
numeral 3º y la indemnización que contempla la Ley 244 de 1.995, por el pago
tardío de nuestras prestaciones sociales (cesantías) de los años 1.997, 1.998,
1.9989, (sic) 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003». Entre los hechos narrados, en esa

40 Folio 31.
41 Folio 28.
42 Folios 22 y 23.

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petición, se precisa que «ese auxilio fue consignado […] el día 7 de Diciembre del
año 2.004».

2.3.2. Las pruebas comunes acerca de las reclamaciones formuladas por los
destinatarios del acto enjuiciado

(i) El 6 de junio de 2005,43 el Distrito Industrial, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Instituto Distrital de Tránsito y Transporte —Indistran en liquidación—) expidió la
Resolución 076 «[p]or medio de la cual se reconoce y orden el pago de una
indemnización moratoria, por el no pago oportuno de prestaciones sociales
(cesantías) a unos exfuncionarios». En su parte considerativa expuso:

Que mediante el Decreto 170 del 15 de Julio de 2.004, el señor Alcalde Distrital ordenó
la supresión y consecuente liquidación de la entidad en mención, originando la
decisión adoptada la desvinculación inmediata de sus empleados y el reconocimiento
de acreencias laborales a favor de cada uno de los desvinculados.

Que los señores [se refiere el nombre e identificación de varios ex empleados de la
entidad, los cuales se citarán más adelante, en la transcripción de la parte resolutiva.
En todo caso, se precisa que en ese acto no se resolvió ninguna situación jurídica
respecto de los siguientes: Evelys Sánchez Gómez, Ramiro de Jesús Sulbarán, Paul
Armando Castañeda Salazar, Ricardo Ramos Díaz, Adolfo Sanín Ducan y Alfonso
Martínez Pérez] ex funcionarios del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte
“INDISTRAN”, prestaron sus servicios a esta institución, tal como consta en las
respectivas carpetas y hojas de vida obrantes en el archivo de la institución y que
mediante peticiones presentadas por estos sobre el reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales
(Cesantías) de los años comprendidos desde 1.997 a 2.003, agotándose de esta
manera la vía gubernativa ante esta institución y suspendiéndose con ello, cualquier
prescripción sobre dicha obligación.

Que el numeral 3º del artículo 99 de la ley 50 de 1.990, consagra que el valor liquidado
por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de Febrero del año siguiente,
en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por
cada día de retardo.

Que el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de Diciembre 29 de 1.995, señala que
en caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de
salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,

43 Folios 32 a 37.

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para lo cual sólo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo.

Que mediante el proceso liquidatorio se ordenó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales (Cesantías) de los años en comento, acreencias laborales que
se les adeudaba a dichos empleados y de conformidad a la ley, en caso de no
consignar las cesantías dentro del término legal estipulado para ello, se deberá
indemnizar a los trabajadores que a ello tengan derecho, quedando pendiente el
reconocimiento y pago de la indemnización que consagran para tal efecto las normas
antes descritas, por no habérseles cancelados (sic) las prestaciones sociales
(Cesantías) dentro de los términos legales estipulados para ello, como era a mas (sic)
tardar el día Quince (15) de Febrero de cada año siguiente de haberse causado, se
procederá a reconocerles esta indemnización.

Que a la fecha de efectuarse la presente liquidación en forma individual a cada uno
de los ex funcionarios, ésta arroja una suma total para cada uno, tal como se relaciona
a continuación, así:

[…]
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar como en efecto se hace, el reconocimiento y pago a
favor de los señores: […] GENIS SOTO NORIEGA, la suma de Noventa y Tres Millones
Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos ($93.124.468); […] LUIS
MANUEL ARANGO GARCÍA, la suma de Noventa y Un Millón (sic) Seiscientos un Mil
Doscientos Sesenta Pesos ($91.601.260); CAMELIA ARDILA GUZMÁN, la suma de Ciento
Nueve Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Veintinueve Pesos
($109.967.229); […] FRANSISCO (sic) CANDANOZA GUZMÁN, la suma de Ochenta y Ocho
Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Diecinueve Pesos ($88.945.019);
HUMBERTO CANTILLO GRANADOS, la suma de Sesenta y Un Millón (sic) Seiscientos
Treinta y Ocho Mil Novecientos Veintisiete Pesos ($61.638.927); […] ERNESTO
SEGUNDO SANÍN ÁVILA, la suma de Ochenta y Nueve Millones Trescientos Setenta y
Seis Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos ($89.376.385); OSWALDO ENRIQUE REYES
VILLAMIZAR, la suma de Noventa Millones Quinientos Veintiún Mil Setecientos Setenta
y Ocho Pesos ($90.521.778); […] PIEDAD OROZCO SALAZAR, la suma de Ochenta y
Ocho Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Once Pesos ($88.185.111); NEIRO
JOSÉ MORENO TORRES, la suma de Ochenta y Nueve Millones Setecientos Setenta Mil
Doscientos Cuatro Pesos ($89.770.204); […] ALBEIRO TABORDA OSORIO, la suma de
Noventa y Un Millón (sic) Cincuenta y Cinco Mil Ciento Veinticinco Pesos
($91.055.125); […] RICARDO ROBERTO REYES OLIVERO (sic), la suma de Noventa y
Ocho Millones Ochocientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos
($98.806.987); RAFAEL ENRIQUE AGUILAR CHARRIS, la suma de Noventa y Cuatro
Millones Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos ($94.076.492); […]

(ii) El 1.º de febrero de 2011,44 el Fondo Cuenta Especial Entidades
Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta expidió la Resolución
092 —que constituye el acto acusado— «[p]or medio de la cual se reconoce y
ordena el pago de una indemnización moratoria, por el no pago oportuno de

44 Folios 38 a 41.

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prestaciones sociales (Cesantías) a unos exfuncionarios». De sus consideraciones
se extrae lo siguiente:

Que mediante el Decreto 170 del 15 de Julio de 2004, el Señor Alcalde Distrital ordenó
la supresión y consecuente liquidación de la entidad en mención, originando la
decisión adoptada la desvinculación inmediata de sus empleados y el reconocimiento
de acreencias laborales a favor de cada uno de los desvinculados.

Que mediante Decreto N° 053 de Marzo 2 de 2006 el Señor Alcalde Distrital determinó
crear el FONDO CUENTA ESPECIAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS EN LIQUIDACIÓN
ente al cual se encomendó continuar y finiquitar el proceso liquidatorio de los entes
[…]45 suprimidos del orden descentralizado entre los que se encuentra el extinto
Instituto Distrital de Tránsito y Transporte “INDISTRAN”

Que dentro de las funciones asignadas al Fondo Cuenta se encuentra la de reconocer
y pagar todas las obligaciones de las empresas industriales y comerciales del estado
o sociedades de economía mixta, institutos descentralizados, establecimiento
públicos en liquidación, así como efectuar el pago de las sumas reconocidas por
sentencias ejecutoriadas o que se ejecutaren a cargo de todas las entidades en
liquidación.

Que los señores [se cita a todos los destinatarios de este acto y que actúan como
parte demandada en este proceso, cuyos nombres se detallarán más adelante en la
transcripción de la parte resolutiva] ex funcionarios del Instituto Distrital de Tránsito y
Transporte “INDISTRAN” prestaron sus servicios a esta institución, tal como consta en
las respectivas carpetas y hojas de vida obrantes en el archivo de la institución y que
mediante peticiones presentada por estos sobre el reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales
(Cesantías) de los años comprendidos desde 1997 a 2003, agotándose de esta
manera la vía gubernativa anta (sic) esta institución u suspendiéndose con ello,
cualquier prescripción sobre dicha obligación.

Que el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, consagra que el valor
liquidado por el concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el
mismo elija.

El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
día de retardo.

Que el Parágrafo del Artículo 2º de la Ley 244 de diciembre 29 de 1995, señala que
en caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de
salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en
este artículo.

45 Se precisa que apare una palabra ilegible.

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Que mediante el proceso liquidatorio se ordenó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales (Cesantías) de los años en comento, acreencias laborales que
se les adeudaba a dichos empleados y de conformidad a la Ley, en caso de no
consignar las cesantías dentro del término legal estipulado para ello, se deberá
indemnizar a los trabajadores que a ello tengan derecho, quedando pendiente el
reconocimiento y pago de la indemnización que consagran para tal efecto las normas
antes descritas, por no habérseles cancelados (sic) las prestaciones sociales
(Cesantías) dentro de los términos legales estipulados para ello, como era a mas (sic)
tardar el día Quince (15) de Febrero de cada año siguiente de haberse causado, se
procederá a reconocerles esta indemnización.

Que a la fecha de efectuarse la presente liquidación en forma individual a cada uno
de los ex funcionarios, esta arroja una suma total para cada uno, tal como se relaciona
a continuación, así:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar como en efecto se hace, el reconocimiento y pago a
favor de los señores: ALBEIRO TABORDA OSORIO, la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS
($179.805.224.oo), OSWALDO ENRIQUE REYES VILLAMIZAR, la suma de NOVENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
($98.806.987.oo); LUIS MANUEL ARANGO GARCÍA, la suma de NOVENTA Y UN MILLÓN (sic)
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($91.601.260.oo); GENI (sic) SOTO
NORIEGA, la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($93.124.468.oo), FRANCISCO CANDANOZA
GUZMÁN, la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DIECINUEVE PESOS ($88.945.019.oo), NEIRO JOSÉ MORENO TORRES, la suma de
NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CIENCUENTA
(sic) Y SEIS PESOS ($98.741.356.oo); CAMELIA ARDILA GUZMÁN, la suma de CIENTO
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
($109.967.229.oo), RICARDO ROBERTO REYES OLIVEROS, la suma de NOVENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETER (sic) PESOS
($98.806.987.oo), RAFAEL ENRIQUE AGUILAR CHARRIS, la suma de NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($94.076.492.oo),
HUMBERTO CANTILLO GRANADOS, la suma de setenta y cuatro millones ochocientos
noventa y seis mil doscientos noventa y siete pesos ($74.896.297.oo), PIEDAD OROZCO
SALAZAR, la suma de noventa y dos millones ochocientos setenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos ($92.876.444.oo), ERNESTO SEGUNDO SANÍN
ÁVILA, la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($97.823.463.oo) (sic)46, EVELYS SÁNCHEZ
GÓMEZ, la suma de Noventa Millones Trescientos Seis Mil Setecientos Veinte Un Peso
(sic) (90.306.721), RAMIRO DE JESÚS SULBARÁN WILCHES, la suma de Ciento Setenta y
Siete Millones Ochocientos Veinte y Un Mil Novecientos Cuarenta Pesos
($177.821.940), PAUL ARMANDO CASTAÑEDA SALAZAR, la suma de Doscientos Treinta y
Siete Millones Cuatrocientos Veinte y Un Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos
($237.421.967), RICARDO RAMOS DÍAZ, la suma de Noventa y Seis Millones Doscientos
Sesenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos ($96.261.682), ADOLFO SANÍN
DUCAN, la suma de setenta y nueve millones doscientos setenta y un mil doscientos
pesos ($79.271.200) y ALFONSO MARTÍNEZ PÉREZ, la suma de Ochenta Millones
Quinientos Veintidós Mil Cuatrocientos Trece Pesos ($80´522.413), por concepto de

46 Las cifras de las decenas no coinciden entre lo señalado en letras y en números en lo que respecta

al valor reconocido al señor Sanín Ávila.

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indemnización moratoria que consagra el parágrafo del artículo 2° de la Ley 244 de
Diciembre 29 de 1.995 y numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, por el no
pago oportuno de la (sic) cesantías, de los años 1997-2003 y como se dijo en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

(iii) El 13 de junio de 2012,47 los beneficiarios del acto anterior dirigieron solicitud
ante el gerente Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas en
Liquidación del Distrito de Santa Marta y al alcalde de esa ciudad, con el objeto de
reclamar el pago de las acreencias laborales reconocidas a través de la Resolución
0092 del 1.º de febrero de 2011.

(iv) El 23 de agosto de 2012,48 el secretario del Juzgado Tercero Penal Municipal
de Santa Marta dirigió oficio con destino al gerente del Fondo de Cuentas
Especiales de Entidades Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa
Marta, en el que transcribió la parte resolutiva del fallo de tutela emitido por ese
despacho el 23 de agosto de 2012, en el que se amparó el derecho de petición a
los siguientes actores de tutela [a continuación la Sala relaciona los nombres de los
destinatarios del acto acusado, que acudieron a ese mecanismo de amparo y se les
garantizaron los derechos y, se precisa, que dentro de ellos no figura el señor Adolfo
Sanín Ducan] Geni (sic) Soto Noriega, Humberto Cantillo Granados, Oswaldo
Enrique Reyes Villamizar, Luis Manuel Arango García, Ernesto Segundo Sanín
Ávila, Neiro José Moreno Torres, Evelys Sánchez Gómez, Ramiro de Jesús
Sulbarán Wilches, Paul Armando Castañeda Salazar, Ricardo Ramos Díaz, Alfonso
Martínez Pérez, Piedad Orozco Salazar, Camelia Ardila Guzmán, Ricardo Roberto
Reyes Oliveros, Albeiro Taborda Osorio, Rafael Enrique Aguilar Charris, Francisco
Candanoza Guzmán. Como consecuencia de tal amparo, se ordenó al citado fondo
que «d[é] pronta respuesta directa y resuelva de fondo y de manera clara, suficiente
y congruente la petición que elevaron»; además, se exhortó a los actores de tutela
a acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar «el presunto
incumplimiento a lo debido entre los accionantes y los entes accionados».

47 Folios 277 y 278.
48 Folios 42 a 43. Se precisa que la providencia judicial aparece en los folios 79 a 87.

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(v) El 13 de diciembre de 2012,49 el secretario del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Santa Marta le comunicó al gerente del Fondo de Cuentas Especiales
de Entidades Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta que ese
despacho judicial revocó la anterior decisión y como consecuencia de ellos ordenó
«dentro del término de Tres (3) días contados a partir de la fecha de notificación de
la presente providencia, procedan a darle cumplimiento a la decisión adoptada en
la Resolución No. 0092 de fecha 01 de Febrero de 2011, Acto Administrativo
expedido legalmente por el FONDO CUNETA (sic) ESPECIAL de ENTIDADES

DESCENTRALIZADAS en LIQUIDACIÓN del DISTRITO de SANTA MARTA».

Es importante precisar que en esta providencia50 sí figura como accionante el señor
Adolfo Sanín Ducan, respecto de quien no se había hecho manifestación en el fallo
de tutela de primera instancia.

(vi) El 12 de abril de 2013,51 el Fondo de Cuentas Especiales de Entidades
Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta expidió la Resolución
269, por la cual «rechazó la reclamación por concepto de moratorios en el pago de
las Cesantías» presentada por los destinatarios del acto que se acusa en este
proceso y, a través de Resolución 562 del 3 de julio de 2013, se dispuso no reponer
lo resuelto en aquella.

(vii) El 22 de abril de 2013,52 el apoderado de los destinatarios del acto acusado
digirió oficio ante el personero de Santa Marta con el objeto de formular queja
disciplinaria en contra de quienes habían fungido como gerentes del Fondo Cuenta
Especial de Entidades Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta,
por retardar injustificadamente el cumplimiento de los fallos judiciales. 53

49 Folio 45. En todo caso, se precisa que en folios 68 a 78 obra copia de la providencia judicial.
50 Se precisa, como se hizo en la referencia anterior, que la providencia aparece en los folios
descritos.
51 La información al respecto, se extrae de la constancia que obra en el folio 563 del cuaderno 4.

Además, las resoluciones indicadas reposan en los folios 566 a 584 y 585 a 593 del cuaderno 4,
respectivamente.
52 Folios 287 a 295.
53 Se precisa que en el plenario aparecen otras quejas con similar objeto y las respuestas que, al

respeto se ofrecieron por parte de las autoridades pertinentes, pero atendiendo el marco del objeto

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(viii) El 10 de mayo de 2013,54 el Juzgado Tercero Penal Municipal, con Funciones
de Control de Garantías de Santa Marta expidió providencia a través de la cual
sancionó, por desacato de lo ordenado en la orden de tutela anterior, al gerente y/o
representante legal del Fondo de Cuentas Especiales de Entidades
Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta y al alcalde de esa
entidad territorial.55 Tal decisión fue comunicada a la Alcaldía de Santa Marta, el 22
de mayo de 2013.56

2.3.3. Otras pruebas

(i) El 15 de julio de 2004,57 el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
expidió el Decreto 170, «por el cual se suprime un establecimiento público» en
concreto, el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte (Indistran). En su parte
resolutiva se señaló que tal determinación implicaba la supresión de la planta de
cargos de la entidad, que el proceso de liquidación se efectuaría conforme a la
normativa vigente y que los derechos laborales de sus servidores serían respetados
conforme a la legislación aplicable en cada caso.

(ii) El 15 de julio de 2004,58 el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
expidió el Decreto 181 por el cual reglamentó el proceso de liquidación de Indistran,
para lo cual se fijó un término de ocho meses.

del recurso que analiza la Sala, se hace innecesario referirlas en este acápite; por ello, tan solo se
cita una de ellas.
54 Folios 133 a 136.
55 Se precisa que de acuerdo con el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de tutela, la

orden de cumplimiento se dirigió tanto al gerente del fondo como al alcalde de Santa Marta, este
último, solidariamente.
56 Folio 137.
57 Folios 307 y 308.
58 Folios 208 a 212 del cuaderno 2.

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(iii) El 2 de marzo de 2006,59 el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
expidió el Decreto 053, a través del cual creó el Fondo Cuenta Especial de
Entidades Descentralizadas en Liquidación del Distrito de Santa Marta.

(iv) El 8 de octubre de 2015,60 se expidió la Resolución 018 por la cual se culminó
el proceso liquidatorio del Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas
en Liquidación del Distrito de Santa Marta.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Asunto previo

Es preciso señalar que, a través de providencia del 11 de agosto de 2015,61 el
Tribunal Administrativo del Magdalena dispuso suspender provisionalmente los
efectos del acto administrativo cuestionado, decisión que fue confirmada por esta
corporación, mediante auto del 10 de diciembre de 2015.62

2.4.2. Análisis de legalidad del acto enjuiciado a la luz de los argumentos de
la apelación

El apoderado de los beneficiarios de la resolución demandada manifestó que el
problema jurídico que se planteó durante la audiencia inicial consistió en establecer
si se configuró o no la prescripción de las acreencias laborales reconocidas en
aquella, de manera que la decisión proferida por el a quo, en la que se abordó un
asunto ajeno a tal delimitación constituye una vía de hecho.

Al revisar el contenido y marco decisorio de la providencia recurrida se advierte que,
en ella, el Tribunal Administrativo del Magdalena concluyó que el análisis del
contenido del acto acusado le permitió advertir que aunque en él se señala que sus

59 Folios 46 a 55.
60 Folios 468 a 473 del cuaderno 4.
61 Folios 334 a 340 vuelto del cuaderno 3.
62 Folios 457 a 464 del cuaderno 3.

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beneficiarios eran ex servidores de Indistran, no se identificaron aspectos relevantes
para acreditar el reconocimiento que allí se efectuó, tales como las particularidades
del vínculo laboral de cada uno de sus destinatarios, el régimen de cesantías que
los amparaba, el periodo que cobijaba la indemnización reconocida, aspecto frente
al cual, en forma general, se indicó que correspondía a los años 1997 a 2003, pero
no se precisó la fecha de presentación de las solicitudes que motivaron el acto, esto
último, con el objeto de examinar lo relativo a la configuración de la
prescripción. De allí concluyó que el fundamento fáctico de la decisión enjuiciada
era precario; por lo tanto, la insuficiencia en su motivación permitía configurar el
vicio de expedición irregular, que lo hacía anulable.

De la exposición anterior se infiere que el Tribunal justificó la razón que le impidió
pronunciarse acerca del marco de la fijación del litigio que, como bien lo señaló el
recurrente, consistió en definir si se configuró o no el fenómeno extintivo de los
derechos reconocidos en el acto acusado,63 por lo que, al encontrar tales
imprecisiones en el contenido de la resolución, ello le impedía pronunciarse sobre
el escenario que fue propuesto al momento de fijar el litigio; no obstante, tales
inconsistencias, advertidas en el acto bajo estudio, le llevaron a concluir que este
se encontraba afectado por un vicio que lo hacía anulable.

En tales condiciones, se debe definir si el Tribunal podía examinar, en su
pronunciamiento, un asunto distinto a aquel planteado en la fijación del litigio. En
torno a ese particular, esta Subsección predica la tesis de que la fijación del litigio
no se puede convertir en una talanquera para el juez al analizar la controversia y las
pretensiones, en tanto que, al momento de emitir la sentencia, no le es dable

63 Al revisar la fijación del litigio, en el acta que da cuenta de la audiencia inicial celebrada el 7 de

septiembre de 2016, se verifica que se formuló en los siguientes términos: «determinar si
efectivamente la indemnización moratoria reconocida se encontraba prescrita como lo afirma la parte
actora bajo el argumento que las cesantías se causaron entre los años 1997 y 2003 y lo afirmado
por los destinatarios del acto en el sentido que en varias oportunidades solicitaron a la administración
dicho pago interrumpiendo el término prescriptivo de las mismas y que además dicho término
principio (sic) a correr el 27 de diciembre de 2004 fecha en que les fueron canceladas las
prestaciones sociales».

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abstenerse de atender el mandato de los artículos 28164 del Código General del
Proceso y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo,65 que le exigen resolver todos los asuntos sometidos a su
conocimiento.66

En aplicación de la tesis descrita, se debe verificar si el marco de las pretensiones
de la demanda y su fundamentación habilitaban al Tribunal, para que, atendiendo
el principio de congruencia de su providencia, se pronunciara frente a la carencia
de motivación del acto, circunstancia que, en últimas, fue la que dio lugar a su
anulación. Por ello, y al verificar los planteamientos de la demanda, en lo que
respecta al concepto de violación —descritos sucintamente en el numeral 1.1.3. de
esta providencia, en particular, los subnumerales iii) y iv)— se puede concluir que
la entidad demandante, dentro de los vicios que formuló en contra de la resolución
enjuiciada, sí señaló el de expedición irregular y, para ello, se fundamentó en que
estaba afectada por falta de motivación y violación del principio de legalidad, en
tanto que los motivos que en ella se adujeron para el reconocimiento de la sanción
moratoria resultaban insuficientes.

De lo anterior se colige que si bien es cierto, durante la audiencia inicial, el problema
jurídico se circunscribió al análisis de la configuración de la prescripción del derecho
reconocido en el acto administrativo bajo escrutinio, también lo es que el tribunal
podía, atendiendo lo previsto en los artículos 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el 281 del

64 Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda […].
65 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un

breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
[…].
66 Tal consideración fue acogida por la Subsección en sentencias del 22 de febrero de 2018,

radicación: 17001 23 33 000 2015 00825 01, M.P. William Hernández Gómez, del 9 de septiembre
de 2021, radicación: 08001 23 33 000 2015 90080 01, número interno: 3695-19, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, entre otras. Además, otras secciones y subsecciones de esta Corporación
prohíjan idéntica postura, como se advierte en la sentencia del 16 de julio de 2021, de la Sección
Tercera, Subsección A, dictada dentro del radicado 76001 23 31 000 2006 01066 01, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18)
Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

Código General del Proceso, pronunciarse acerca de la expedición irregular del acto
acusado, por la carencia de motivación suficiente, comoquiera que tal cargo se
había propuesto, por parte de la entidad demandante, desde la formulación de la
demanda y frente a la cual la parte accionada tuvo la oportunidad de pronunciarse
en la contestación de la demanda; de manera que no se le sorprendió con un asunto
que no estaba sometido a este debate y, por ende, no se configuró la vía de hecho
que se alega en la alzada, lo que lleva a concluir que el hecho de que el tribunal de
instancia hubiera desbordado el límite impuesto en la fijación del litigio no es una
circunstancia que dé lugar a revocar la providencia recurrida.

Ahora bien, el recurrente insiste en argumentos orientados a justificar que la
decisión enjuiciada fue expedida en el marco del proceso liquidatorio de Indistran, y
que, en ella, se accedió a la sanción moratoria por el inoportuno pago de las
cesantías de algunos ex servidores de Indistran, durante los años 1997 a 2003;
además, precisa que existe una orden de tutela en la que se impuso, al fondo
demandante y al Distrito de Santa Marta, la obligación de cumplir lo allí ordenado,
decisión judicial que no puede ser desatendida.

En torno a la orden de tutela que expone el recurrente, la Sala no desconoce su
existencia; por el contrario, en el acápite 2.3.2. de esta providencia —en particular
en los subnumerales iv), v) y viii)— se aludió al trámite judicial que se refiere en la
alzada; sin embargo, en torno a lo resuelto en esa instancia judicial la Sala estima
oportuno precisar que aunque sobre tales decisiones recae la cosa juzgada
constitucional o la inmutabilidad del fallo de tutela, esta se predica «exclusivamente
en lo que respecta al análisis de constitucionalidad sobre la vulneración de los
derechos fundamentales»67 pues al juez constitucional no le es dable realizar «un
juicio de legalidad sobre manifestaciones administrativas pasibles de verificación
judicial»68 pues este, por disposición legal,69 está atribuido a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. En ese orden, la decisión de tutela no puede constituir

67
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2021, radicación: 52001
23 33 000 2013 00028 03, número interno: 6395-2019, M.P. William Hernández Gómez.
68
Ibidem.
69 Ley 270 de 1996 y Ley 1437 de 2011.

35

Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18)
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Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

un motivo de oposición encaminado a impedir el control de legalidad de la resolución
acusada, que se ejerce a través del proceso bajo análisis.

Por otro lado, el apoderado de los beneficiarios del acto acusado aduce que la
expedición irregular —cargo que prosperó, según el tribunal, y que dio lugar a la
anulación—se relaciona con los requisitos externos de la decisión de la
administración, en concreto, sobre el incumplimiento de procedimientos o requisitos
que se debieron observar al llevar a cabo la actuación administrativa; por ende, la
resolución acusada, en su sentir, sí está motivada.

Para resolver el planteamiento anterior, es pertinente aclarar que el cargo de
expedición irregular se configura cuando la administración se aparta de los
procedimientos definidos en la ley para su formación, pero solo se viabiliza la
anulación del acto en el evento en que el desconocimiento recaiga en exigencias
procedimentales sustanciales, pues aquellas accesorias no tienen la entidad
suficiente para desvirtuar su legalidad. Al respecto, esta Corporación70 ha sostenido
lo siguiente:

[…] la expedición irregular es un vicio de nulidad de los actos administrativos que se
materializa cuando se vulnera el procedimiento determinado para su formación, es
decir, cuando la actuación administrativa adolece de anomalías o se desarrolla
con desconocimiento del trámite previsto en el ordenamiento jurídico. Ahora
bien, no cualquier irregularidad puede afectar la validez del acto administrativo, pues,
las formas no son un fin en sí mismo, sino un medio para materializar el derecho
objetivo, lo anterior, con fundamento en el artículo 228 de la Carta que consagra la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal o adjetivo. Por lo tanto, debe
tratarse de irregularidades en el trámite de carácter sustancial, que puedan
afectar el sentido de la decisión o que generen una grave lesión a los derechos
fundamentales de los intervinientes en la actuación. [Se resalta]

Adicional a lo expuesto, la irregularidad que se advierte en torno del acto objeto de
análisis debe ser de gravedad pues «en virtud del principio de eficacia y en procura
de la efectividad del derecho material y la realización de la función administrativa, la
irregularidad no solo debe ser sustancial sino que debe revestir la connotación de

70
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicación: 11001 03 28 000
2019 00059 00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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gravedad, capaz de cambiar el sentido de la decisión, para que los actos
administrativos devengan nulos»71.

Bajo el anterior marco conceptual se deberán verificar los argumentos que llevaron
al Tribunal Administrativo del Magdalena a declarar la nulidad de la resolución
enjuiciada, a fin de establecer si con sustento en ellos se configuraba la nulidad del
acto materia de control, los cuales se transcriben a continuación:

7.1.1.- Del fundamento fáctico

A través del acto que se demanda, se reconoció una indemnización moratoria por el
no pago oportuno de la (sic) cesantías a unos ex funcionarios de INDISTRAN, en ese
sentido, el tema objeto de pronunciamiento determina los hechos que son relevantes
para tomar la decisión, y que por ende debían constar en la resolución como sustento
de ésta, entre estos puede señalarse: i) la existencia del vínculo laboral y su duración;
ii) el régimen de cesantías que cobijaba a los empleados; iiii) a partir de lo anterior,
las fechas en que debía pagar la (sic) cesantías y por ende el tipo de sanción que se
va a reconocer, para establecer a partir de qué fecha se cuenta ésta; iv) las solicitudes
formuladas por los trabajadores, en caso de existir; v) el estudio del fenómeno de la
prescripción, a partir del período a indemnización y las solicitudes presentadas, hasta
la fecha en que se hace el reconocimiento; y vi) una vez determinado lo anterior, los
salarios percibidos según el período que será objeto de indemnización, a efectos de
realizar la liquidación del monto que será reconocido.

Las situaciones fácticas enunciadas son importante (sic), debido a que esto delimita
el fundamento jurídico que será aplicable al caso en concreto, en ese orden, de la
correspondencia entre uno y otro podrá tenerse certeza del derecho que le asiste a
las personas que se benefician de un determinado acto administrativo, sin embargo,
la Resolución No. 0092 se limita a hacer alusión a unas poas circunstancias, como
son:

• Los destinatarios del acto administrativo son ex funcionario de INDISTRAN, pero no
se hace ninguna otra alusión al vínculo laboral.
• No se establece cuál es el régimen de cesantías aplicable.
• Se indica que los beneficiarios de la resolución, presentaron peticiones con el
propósito de obtener el reconocimiento de la indemnización moratoria
correspondiente al no pago oportuno de las cesantías comprendidas entre 1997 a
2003; entonces, si bien es cierto se establece el interregno de tiempo que deberá
indemnizarse, no se hace alusión a la fecha de presentación de las solicitudes, por lo
que no podría hacerse un estudio minucioso correspondiente a la prescripción, sin
embargo, indistintamente se alega que este fenómeno se encuentra suspendido
debido a las peticiones elevadas.
• Se indican unas sumas a reconocer, sin que conste en la resolución la liquidación
efectuada o siquiera la forma en que se realizó ésta, por lo que no se tiene certeza si

71
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2021, radicado:
11001 03 26 000 2021 00071 00, número interno: 66795, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 47001 23 33 000 2014 00281 02 (0126-18)
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Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

el valor a reconocer es al que efectivamente tienen derecho los destinatarios del acto,
sobre todo porque no se hizo el estudio correspondiente a la prescripción.

De lo anterior, es evidente que, en lo que respecto al fundamento fáctico, quedó
pendiente numerosos aspectos de los que se enunciaron inicialmente, y que
resultaban determinantes para establecer la norma aplicable y con ello la
consecuencia jurídica, como pasará a explicarse.

7.1.1.- Del fundamento jurídico

Como se explicó anteriormente, este requisito de motivación tiene que ver con las
disposiciones normativas y/o jurisprudenciales que regulan el caso que es objeto de
estudio, de tal forma, es correcto deducir que éste debe ir en consonancia con la
situación que se ha puesto en conocimiento a través del fundamento fáctico.

Atendiendo a lo anterior, las falencias anotadas en cuanto a la precaria descripción
de la situación fáctica que dio lugar al pronunciamiento de la parte actora, repercuten
directamente en este aspecto, específicamente en lo siguiente:

• No se alude a la normatividad específica de un régimen de cesantías, sino que se
hace alusión, sin distingo alguno, a dos normativas que consagran consecuencias
totalmente distintas, por un lado lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, que se refiere a la indemnización moratoria, y por otra parte, el parágrafo
del artículo 2º de la Ley 244 de 1995, la cual consagra la sanción moratoria, y como
se enunció en el acápite anterior éstas figuras no pueden aplicarse concurrentemente,
en razón a que la primera solo es pagadera mientras se encuentre vigente el vínculo
laboral, y en este caso de (sic) trata de ex funcionarios.
• Tampoco se refiere a las normas que regulan el fenómeno de la prescripción lo que
impide arribar a la conclusión de la suspensión de este término con la presentación
de las solicitudes.

De tal modo, al haberse hecho mención a normas opuestas, no se determinó con
claridad el derecho que se buscaba reconocer. Siendo así, no está claro, ni explicada
la norma que sustenta la decisión adoptada mediante la Resolución No. 0092 del 1º
de febrero de 2001, por lo que para la Sala resulta evidente que en la formación de
dicho acto no se acataron las exigencias requeridas normativamente para su
expedición, específicamente en lo que se refiere a la debida motivación.

[…]

De conformidad con lo expuesto, se concluye que la Resolución No. 0092 del 1º de
febrero de 2011 […] se encuentra viciada de nulidad por el cargo de expedición
irregular, toda vez que la motivación fáctica y jurídica es insuficiente, por lo que en la
formación de dicho acto no se acataron las exigencias requeridas normativamente
para su expedición específicamente en lo que se refiere a este elemento.

En efecto, al confrontar los argumentos anotados frente al marco decisorio de la

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Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

Resolución 0092 del 1.º de febrero de 2011,72 son palmarias las falencias fácticas y
jurídicas advertidas por el a quo, las cuales permitían llegar a la conclusión de que
el acto administrativo estaba afectado por una insuficiente motivación. Además de
ellas, la Sala encuentra que en sus fundamentos fácticos y jurídicos tampoco se
explicó i) el periodo de cesantías debido, en cada caso, y la fecha de pago de la
prestación; ii) las razones fácticas o jurídicas que fundamentan la presunta
interrupción del término prescriptivo; iii) la razón por la cual, pese a que una parte
de los destinatarios del acto habían tenido un reconocimiento previo por idéntico
concepto73 —indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones
sociales (Cesantías) de los años comprendidos desde 1.997 hasta 2.003— en la
Resolución 076 del 6 de junio de 2005,74 se les incluía, nuevamente, como
beneficiarios en el acto censurado, por el aludido concepto; iv) el motivo por el cual,
en algunos de esos casos en los que se incurrió en lo que podría llamarse
«duplicidad de reconocimiento» varió el monto concedido75 y, en otros, se mantuvo
idéntico al aludido en la resolución del año 2005.

Lo observado tanto por el tribunal de instancia, como los elementos adicionales,
advertidos por esta Subsección, permiten concluir, como bien lo hizo el a quo, que
la motivación del acto administrativo que se examina es insuficiente. En todo caso,
y como lo que el apoderado de los destinatarios del acto enjuiciado aduce que esa
circunstancia no tenía la relevancia para hacer anulable el acto, la Sala estima
oportuno señalar que tales falencias no son meramente formales, sino sustanciales
y, además, tienen la gravedad suficiente para enervar su legalidad. En torno a la

72 Cuya transcripción aparece en el acápite 2.3.2. numeral iii) de esta providencia.
73 Los beneficiarios del acto acusado, que también habían sido destinatarios de igual reconocimiento

en la Resolución 076 de 2005 son: Albeiro Taborda Osorio, Oswaldo Enrique Reyes Villamizar, Luis
Manuel Arango García, Genis Soto Noriega, Francisco Candanoza Guzmán, Neiro José Moreno
Torres, Camelia Ardila Guzmán, Ricardo Roberto Reyes Oliveros, Rafael Enrique Aguilar Charris,
Humberto Cantillo Granados, Piedad Orozco Salazar y Ernesto Segundo Sanín Ávila.
74 Folios 32 a 37.
75 En los casos de los señores Luis Manuel Arango García, Genis Soto Noriega, Francisco

Candanoza Guzmán, Camelia Ardila Guzmán, Ricardo Roberto Reyes Oliveros y Rafael Enrique
Aguilar Charris, es coincidente el valor reconocido en una y otra resoluciones. En cuanto a los
señores Albeiro Taborda Osorio, Oswaldo Enrique Reyes Villamizar Neiro José Moreno Torres,
Humberto Cantillo Granados, Piedad Orozco Salazar y Ernesto Segundo Sanín Ávila, en el acto
objeto de censura en este proceso, se advierte un reconocimiento en un monto superior a aquel
concedido en la resolución del año 2005.

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motivación insuficiente se hace preciso citar un pronunciamiento76 de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que, al efecto, expuso:

[…] la falta de motivación de los actos administrativos afecta los preceptos de un
Estado de Derecho, especialmente, los principios democrático y de publicidad en el
ejercicio de la función pública. Implica también la violación del debido proceso, en la
medida en que no le permitirle a los administrados controvertir las decisiones de los
entes públicos ante las vías gubernativas y judiciales. Es por ello que esa clase de
vicios constituye una causal de nulidad de los actos administrativos que incurran en
ese defecto, como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010.

La motivación de un acto administrativo es, entonces, la expresión escrita de las
razones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión de la Administración.
Por tal razón, el artículo 35 del CCA exige una ilustración siquiera sumaria de las
circunstancias fácticas y jurídicas que soportan la decisión administrativa, de modo
que la primera resulte suficiente, apta e idónea para explicar la segunda. A tal
fin, no es válido que se empleen fórmulas vagas, genéricas e indeterminadas
para justificar la decisión adoptada.

Bajo este contexto, la sustentación del acto garantiza, además de la realización del
principio de publicidad, la efectividad del derecho de defensa del administrado, en la
medida en que permite apreciar con exactitud los motivos determinantes de la
decisión; así como la tutela judicial efectiva de la que se debe encargar la jurisdicción
contencioso–administrativa. [Resalta la Sala]

En las anteriores condiciones y al ser palpable la insuficiencia de motivación del
acto administrativo acusado, tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico,
procedía su anulación, en los términos señalados por el tribunal de instancia.

Finalmente, el recurrente insiste en que el reconocimiento de la indemnización
moratoria concedida a través del acto censurado no estaba afectada por el
fenómeno prescriptivo, pues este se interrumpió con ocasión de la solicitud
formulada por los trabajadores.

En torno a ese particular, la Sala avala lo precisado por el tribunal de instancia, en
cuanto el acto acusado no identificó, de manera particular y concreta, la situación
de cada uno de sus beneficiarios, a fin de analizar cada caso, en la forma
pormenorizada que ello amerita, ni las peticiones que le dieron origen, ni los

76 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de julio de 2018, radicación: 05001 23 31

000 2012 00794 01, número interno: 22074, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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elementos de la relación laboral y del régimen de cesantías que los ampara, razones
suficientes para concluir que ello impedía pronunciarse en torno al fenómeno
extintivo de la sanción moratoria, situaciones que imponen confirmar la decisión de
primera instancia, pues no prosperó ninguno de los fundamentos del recurso de
alzada.

2.5. Condena en costas

Por tratarse de una demanda interpuesta por una entidad pública en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad, en la que se ventiló un asunto de interés público,77 no hay lugar a imponer
condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró la nulidad del acto acusado y se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de junio de 2017, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró la nulidad del acto administrativo
demandado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

77
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

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Demandante: Fondo Cuenta Especial de Entidades
Descentralizadas en liquidación del Distrito de Santa Marta

formulado por el Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas en
liquidación del Distrito de Santa Marta, hoy Distrito de Santa Marta, como sucesor
procesal de aquel, en contra de la Resolución 0092 del 1.º de febrero de 2011 y sus
destinatarios.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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