Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-00854-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Demandante : Orlando Gabriel Molina Jiménez
Demandado : Departamento del Atlántico – secretaría de educación
Tema : Homologación y nivelación salarial de los empleados
administrativos del sector educativo; reconocimiento
de intereses moratorios
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionante contra la sentencia de 25 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de decisión A), mediante la cual
negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 17). El señor Orlando Gabriel Molina Jiménez,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el departamento del
Atlántico, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 240 de 22 de enero de
2014, a través de la cual le fueron reconocidos unos valores retroactivos por
concepto de la homologación y nivelación salarial de los empleados
administrativos del sector educativo financiados por el sistema general de
participaciones a la planta de personal del departamento del Atlántico, que
comprendió las vigencias 1995 a 2009.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene (i) reliquidar las sumas reconocidas desde el 2000 hasta el 2009, (ii)
conceder el retroactivo correspondiente a la nivelación salarial de los años 1995
a 1999; (iii) sufragar intereses moratorios sobre lo que deba ser otorgado y lo
ya recibido, a partir del 1995; (iv) reintegrar el valor de lo descontado por
estampillas y parafiscales y (v) disponer el pago de las correspondientes
cantidades debidamente indexadas y el cumplimiento de la sentencia en los
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Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; por último, se condene en
costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que presta sus servicios a la
secretaría de educación del Atlántico «[…] desde el año 1995» y en virtud de
las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, la gobernación del referido ente territorial
dio inicio a un procedimiento de homologación y nivelación salarial de los
empleados del sector educativo.
Que, mediante Decreto 208 de 2009, la gobernación del Atlántico ordenó la
nivelación salarial de dicho personal y el Ministerio de Educación Nacional
aprobó el nuevo estudio técnico de homologación y nivelación de cargos
presentado por el ente departamental, a través de oficio 2013EE34201 de 11 de
junio de 2013.
Dice que, por Resolución 240 de 22 de enero de 2014, el demandado no liquidó
«correctamente» las acreencias concedidas por concepto de factores de salario
y prestaciones sociales para las anualidades 2000 a 2009, ni reconoció el
retroactivo salarial de 1995 a 1999.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53 de la
Constitución Política; 151 del Código Procesal del Trabajo, 1551, 1553 y 2514
del Código Civil; 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969.
Arguye que el acto acusado desconoció los preceptos constitucionales
enunciados, pues respecto del período del 2000 al 2009, no liquidó
correctamente las bonificaciones por servicios prestados y recreación; primas
de servicios, vacaciones, técnica y navidad; cesantías e intereses sobre cesantías
y las horas extras, ni le fueron pagados los días de descanso compensatorio y la
indemnización por vacaciones.
Que el procedimiento de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo fue adelantado con fundamento en el
acuerdo celebrado el 3 de mayo de 2003 entre el Ministerio de Educación
Nacional y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación
(Sintraenal) y la «[…] “DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DEL GOBIERNO
NACIONAL” HECHA EN OCTUBRE DEL AÑO 1997, la cual le da derecho a
que se liquiden tres años para a tras [sic], es decir, desde el año 1997».
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
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Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
Agrega que en el referido acuerdo no fue previsto un término en el que debiera
adelantarse el procedimiento de ajuste salarial, por lo que «[…] NO SE PUEDE
SABER […] A PARTIR DE CUANDO [sic] LA OBLIGACIÓN ES EXIGIBLE
[…]; POR LO TANTO, LA ENTIDAD PÚBLICA “RENUNCIA A LA PÉRDIDA
DE FUERZA DE EJECUTORIA” DE DICHO ACUERDO; y por lo tanto;
SIGUE VIGENTE, desde 1.997 hasta 2.009, no sólo PARA LOS AFILIADOS A
SINTREAL NACIONAL EN EL AÑO 2.000 […]», de manera que, por un hecho
suyo, renunció a la prescripción.
Asevera que tiene derecho al pago de intereses moratorios «[…] DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE TERMINO EL PERÍODO DE PAGO – SALARIO –
PACTADO, ES DECIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ADQUIRIÓ EL
DERECHO E INCURRIÓ EN MORA; EN EL PRESENTE CASO, SI SE DEJÓ
DE CANCELAR DESDE EL AÑO 1995 O DESDE EL AÑO 1995 O DESDE EL
AÑO 2000, DESDE ALLÍ EMPIEZA A CORRER LA OBLIGACIÓN DE
CANCELAR INTERESES MORATORIOS REALES» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 102 a 112). El departamento del
Atlántico, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la
demanda, por cuanto el acto acusado fue expedido conforme a derecho y no ha
vulnerado derecho legal o constitucional alguno.
1.6 La providencia apelada (ff. 350 a 369). El Tribunal Administrativo del
Atlántico (sala de decisión A), mediante sentencia de 25 de septiembre de 2018,
negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al estimar que «[…]
no encuentra fundamento jurídico o probatorio alguno para acceder a las
suplicas de la demanda, pues se encuentra debidamente probado que en el acto
administrativo acusado la Secretaría de Educación Departamental le
reconoció al demandante Orlando Gabriel Molina Jiménez, la suma de
$40.878.090, por concepto de valores retroactivos dentro del proceso de
homologación de cargos y salarios hasta junio del año 2009 debidamente
indexados» (sic).
Sostiene que «[...] no basta solo con afirmar que tiene derecho al
reconocimiento de las diferencias salariales para los años 1995 a 1999, sino
que le corresponde demostrar que tiene derecho a esos emolumentos
salariales».
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Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
1.7 El recurso de apelación (ff. 428 a 477). Inconforme con el anterior fallo,
el demandante interpuso recurso de apelación, en el que insistió en los
argumentos expuestos en el libelo introductorio. Aduce que el acto acusado es
prueba suficiente de la incorrecta liquidación que la entidad demandada efectuó,
habida cuenta de que de su contenido se obtiene que «[…] no le cancelaron:
a.-) las cesantías, las cuales parece se las liquidaron posteriormente, b.-) ni la
indemnización por vacaciones a la cual no tiene derecho por disfrutar dichas
vacaciones; c.-) ni le cancelaron ni venían cancelándoseles “los intereses a
las cesantías”, como parte integral de las cesantías, a pesar de que son
ordenadas por el decreto 1919 de 2.002 y el Decreto 1582 de 1998, […] d.-)
como tampoco se liquidaron los días de descansos compensatorios no
disfrutados y dejados de cancelar […]» (sic).
Agrega que le asiste derecho a los intereses de mora deprecados, no solo por la
suspensión del procedimiento administrativo de nivelación acaecida entre 2011
y 2014, sino desde 1995, y tal figura es distinta en contenido y alcance a la
indexación pagada por la entidad, dado que los primeros se originan en la mora
del deudor en el pago de una obligación y la última obedece a la pérdida de
poder adquisitivo de la moneda.
Por último, pidió la práctica de pruebas en segunda instancia, tales como la
inspección judicial que solicitó en la demanda, requerir nuevamente a la entidad
para que allegue los documentos que permitan determinar lo incorrecto de la
liquidación contenida en el acto acusado, y ordenar que, por intermedio del
contador del tribunal, se realice la liquidación de los haberes salariales y
prestacionales que debieron serle reconocidos.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 3 de diciembre de
2018 (ff. 533 a 537 vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de
22 de enero de 2020 (f. 545), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 551), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la
accionada, que, por conducto de apoderado, expresa que «[…] la demandante
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Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
no ha logrado demostrar o aportar pruebas que determinen la responsabilidad
de mi prohijada, por lo que el despacho debe tener como referente los
argumentos expuestos a la hora de determinar responsabilidades en el
entendido que la carga de la prueba está en cabeza de la actora, y al no lograr
demostrar las responsabilidades aludidas sus pretensiones frente al
Departamento del atlántico no están llamas a prosperar por falta de pruebas,
y argumentos jurídicos que den evidencia de la responsabilidad de la hoy
demandada Departamento del Atlántico- Secretaria de Educación» (sic).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Cuestión previa. Antes de abordar la controversia jurídica planteada, se
observa que el accionante considera que deben ser practicadas, en segunda
instancia, las pruebas necesarias para proferir un fallo a su favor, esto es, la
inspección judicial que requirió en la demanda, la solicitud de la información
completa sobre todo lo pagado desde 1995, certificación de horas extras
laboradas y descansos compensatorios no disfrutados y la liquidación de las
diferencias debidas por parte del contador del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
Al respecto, resulta menester destacar que de conformidad con el artículo 212
del CPACA, para que las pruebas puedan ser apreciadas por el juez de la causa,
deberán ser solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso dentro de los
términos y oportunidades allí señalados. Acerca de la posibilidad de requerir el
decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, el artículo en referencia
estableció que dicha solicitud debe ser presentada por la parte interesada dentro
del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, y en cuanto a la procedencia para su decreto,
señaló:
[…] Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos
y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la
práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la
misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación;
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Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su
respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para
probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las
oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán
pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin
culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de
cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente
para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de
ejecutoria del auto que las decreta.
Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá
exceder de diez (10) días hábiles.
A partir de lo anterior, la Sala estima que no se encuentran acreditados los
supuestos de hecho de la norma citada y por tal razón no es procedente la
solicitud de pruebas formulada por la parte recurrente, por cuanto: (i) la
inspección judicial requerida fue negada en la audiencia inicial adelantada en
primera instancia sin que el apoderado del interesado interpusiera el
correspondiente recurso de apelación (ff. 257 a 264); (ii) la solicitud de la
información completa sobre todo lo pagado desde 1995, la certificación de
horas extras laboradas y descansos compensatorios no disfrutados y la
liquidación de las diferencias debidas por parte del contador del Tribunal
Administrativo del Atlántico no fueron pedidas en la demanda; y (iii) en la
audiencia inicial el a quo incorporó las pruebas documentales que habían sido
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Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
oportunamente arrimadas al expediente y decretó el recaudo de otros
documentos visibles en folios 266 a 279.
En esas condiciones, en el asunto sub examine no es dable decretar y practicar,
en segunda instancia, las pruebas requeridas en la alzada.
3.3 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación1, corresponde
en esta oportunidad a la Sala establecer si al demandante, en su calidad de
personal administrativo del sector educativo homologado a la planta de personal
del departamento del Atlántico, le asiste derecho al reconocimiento de los
valores atañederos a la nivelación salarial para los años 1995 a 1999, a la
reliquidación de los concedidos entre el 2000 y el 2009 y al pago de los intereses
moratorios desde 1995, o por el contrario, no ejerció la actividad probatoria
suficiente para determinar el mérito de las pretensiones, tal como lo concluyó
el a quo.
3.4 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
La homologación y nivelación salarial para el personal administrativo de la
secretaría de educación del Atlántico se dio como resultado de la
descentralización del servicio educativo ordenada por las Leyes 60 de 1993 2 y
715 de 20013. En este sentido, la sala de consulta y servicio civil de esta
Corporación, en concepto 1607 de 9 de diciembre de 20044, expresó: «Las
entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización
del servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las
plantas de personal nacional y departamentales en lo relacionado con la
clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de
1
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
2
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
3
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
4
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor: Ministro
de Educación Nacional, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
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los empleos, incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal
administrativo que reciban en virtud de la certificación».
Con fundamento en dicha consulta, el Ministerio de Educación Nacional,
mediante la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución 2171
de 17 de mayo de 20065, fijó el procedimiento que debían seguir las entidades
territoriales para la homologación de la planta de personal administrativo,
adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de
participaciones.
En efecto, el artículo 2° de la citada Resolución estableció el siguiente
cronograma:
Para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo primero de
esta resolución, se establece el siguiente cronograma:
De la misma manera, en el comentado acto administrativo, fueron establecidas
precisiones importantes para el procedimiento de homologación y nivelación
salarial, de acuerdo con la calidad del ente receptor, las particularidades de cada
servidor y la prescripción de derechos a reconocer, así:
Artículo 3. Precisiones al proceso de homologación de cargos
administrativos del sector y nivelación salarial. El proceso de
homologación y nivelación salarial si es del caso, debe desarrollarse por
5
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades
territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
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parte de las entidades territoriales teniendo en cuenta las orientaciones
impartidas en la Directiva Ministerial No. 10 del 30 de junio de 2005 y el
instructivo elaborado por el Ministerio. Así mismo, se deben considerar
los siguientes aspectos:
a. El departamento debe homologar los cargos administrativos que
recibió de la Nación por efectos de la certificación otorgada en vigencia
de la Ley 60 de 1993 y nivelar si es del caso, liquidar y cuantificar la
deuda desde la fecha en que cada administrativo fue incorporado a la
planta de cargos del departamento hasta:
• El día anterior a la fecha de actualización en nómina del cargo
homologado y nivelado si es del caso, para los funcionarios que
continuaron al servicio en el departamento.
• En el caso de los departamentos de Nariño y Quindío hasta la fecha
de entrega de los cargos administrativos del sector a los municipios
de Pasto y Armenia respectivamente, certificados por Ley 60 de
1993.
• Hasta el 31 de diciembre de 2002, para los administrativos que
fueron entregados a los municipios certificados en virtud de la Ley
715 de 2001.
b. El departamento debe homologar los cargos administrativos que
recibió de los municipios no certificados en virtud de la Ley 715 de
2001 y nivelar si es del caso, liquidar y cuantificar la deuda desde el 1°
de enero de 2003 hasta el día anterior a la fecha de actualización en
nómina del cargo.
c. El municipio que en virtud de la certificación otorgada por la Ley 715
de 2001 (enero 1° de 2003), y de acuerdo con la información de los
cargos que reciba del departamento con corte a 31 de diciembre de
2002, procederá a realizar el estudio técnico para ajustar los cargos en
su planta de personal mediante un proceso de homologación y
nivelación salarial si es del caso, liquidar y cuantificar la deuda causada
desde el 1° de enero de 2003 al día anterior a la fecha de actualización
en nómina del cargo.
d. Los municipios certificados en vigencia de la Ley 60 de 1993, deben
homologar los cargos administrativos que recibieron del departamento
y nivelar si es del caso, liquidar y cuantificar la deuda desde la fecha
en que cada administrativo fue incorporado a la planta de cargos del
municipio hasta el día anterior a la fecha de actualización en nómina
del cargo.
e. Los distritos deben homologar los cargos administrativos que
recibieron del departamento en vigencia de la Ley 60 de 1993, nivelar
si es del caso, liquidar y cuantificar la deuda desde la fecha en que cada
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administrativo fue incorporado a la planta de cargos del distrito hasta
el día anterior a la fecha de actualización en nómina del cargo.
Parágrafo 1: El reconocimiento de la deuda no incluirá los valores de
aquellos derechos que hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 102 y 103 del decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Procesal
Laboral.
Parágrafo 2: De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la
Ley 998 de 2005, el Ministerio de Educación Nacional certificará al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la deuda por concepto de
homologación y nivelación salarial si es del caso, que no pueda ser
financiada con cargo a las apropiaciones y excedentes del Sistema General
de Participaciones con que cuente la entidad territorial.
En el caso del departamento del Atlántico, por medio de oficio 2009EE30647
de 3 de junio de 2009, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el estudio
técnico de homologación y nivelación salarial presentado, por lo que el referido
ente territorial expidió el Decreto 208 de 24 de junio de 2009, en el que se
homologan y nivelan salarialmente los cargos administrativos de la secretaría
de educación y establecimientos educativos de ese departamento, financiados
con recursos del sistema general de participaciones.
En consecuencia, el 16 de diciembre de 2010, el Ministerio de Educación
Nacional certificó la deuda presentada con corte a 23 de julio de 2007 y el ente
departamental expidió actos administrativos el 3 de marzo de 2011, en los que
reconoció a algunos servidores lo correspondiente al procedimiento de
homologación y nivelación salarial.
No obstante, en virtud de inconsistencias presentadas durante el trámite de
cálculo de deuda, el procedimiento de pago fue suspendido hasta cuando, por
medio de oficio 2013EE34201 de 11 de junio de 2013, el Ministerio de
Educación Nacional aprobó el nuevo estudio técnico que comprendió todos los
conceptos de nómina, parafiscales y «patronales» para las anualidades de 1997
a 2009, por valor de $27.388.338.173.
Como puede observarse, se trata de un procedimiento administrativo complejo
de homologación de los empleos administrativos del sector educativo en la
planta de personal de las entidades territoriales que, por efecto de la nivelación
salarial, impuso el reconocimiento de unas acreencias en favor de ese personal,
bajo unos presupuestos claros de liquidación de la respectiva deuda y
aprobación por parte de la Nación, siempre bajo la égida y límites del instituto
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jurídico de la prescripción de derechos laborales.
Tal procedimiento fue adelantado por el departamento del Atlántico conforme
a los parámetros fijados por el Ministerio de Educación Nacional en la directiva
ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de
20066, efectuado a través del tiempo y finiquitado en 2009, y causó diferencias
dinerarias en favor del personal administrativo desde la fecha en que cada
persona fue incorporada desde la Nación a la planta de cargos del departamento
hasta (i) el día anterior a la fecha de actualización en nómina del empleo
homologado y nivelado, si es del caso, para los funcionarios que continuaron al
servicio de la entidad, o (ii) el 31 de diciembre de 2002, para los administrativos
que fueron entregados a los municipios certificados en virtud de la Ley 715 de
2001, sin perjuicio de la prescripción trienal.
3.5 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Acta de acuerdo celebrado el 3 de mayo de 2000 entre el Gobierno nacional
y Sintraenal (ff. 33 a 39), según el cual el primero indica que «[…] en
consideración a la declaración suscrita el 27 de octubre de 1998, […] orientará
y coadyuvará para que se surta un proceso de homologación salarial para
todos los funcionarios administrativos de la educación pagos con recursos del
situado fiscal».
b) Resolución 240 de 22 de enero de 2014 (ff. 20 a 23), por medio de la que el
departamento del Atlántico reconoce al accionante valores retroactivos por
concepto de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del
sector educativo financiado por recursos del sistema general de participaciones,
correspondiente a los años de 2000 a 2009, por la suma total de $49.765.759,
que comprendió: (i) las diferencias por concepto de salarios y prestaciones,
debidamente indexadas, en cantidad igual a $40.848.090, (ii) los referentes a
aportes parafiscales, liquidados en $2.722.101 y (iii) los aportes del empleador,
calculados en $6.195.568. Asimismo, del contenido de ese acto administrativo
se observa que dentro de la liquidación fue incluida la prima técnica, así:
6
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades
territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
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Año Prima técnica
2000 $2.674.944
2001 $2.915.694
2002 $3.090.636
2003 $3.306.984
2004 $3.521.610
2005 $3.715.302
2006 $3.901.068
2007 $4.076.622
2008 $4.308.582
2009 $4.639.056
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor hizo parte
del personal administrativo del servicio educativo oficial que, como
consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y nivelado
salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación del Atlántico;
y (ii) con Resolución 240 de 22 de enero de 2014, tal ente territorial reconoció
al accionante el retroactivo resultante de la nivelación salarial por el período
comprendido entre el 2000 y el 2009, en cuantía de $49.765.759, de los cuales
$40.848.090 corresponden a las diferencias debidamente indexadas, $2.722.101
a parafiscales y $6.195.568 a aportes «patronales»; en dicha liquidación fue
incluida la prima técnica recibida del 2000 al 2009.
Al respecto, cabe reiterar que la homologación y nivelación salarial para el
personal administrativo de la secretaría de educación del Atlántico se dio como
resultado de la descentralización del servicio educativo ordenada por las Leyes
60 de 19937 y 715 de 20018, a partir de los parámetros fijados por el Ministerio
de Educación Nacional a través de la directiva ministerial 10 de 30 de junio de
2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de 20069, y causó diferencias
dinerarias para el personal administrativo desde la fecha en que cada persona
fue incorporada a la planta de cargos del departamento hasta (i) el día anterior
a la de actualización en nómina del empleo homologado y nivelado, si es del
caso, para los funcionarios que continuaron al servicio de la entidad, o (ii) el 31
de diciembre de 2002, para los administrativos que fueron entregados a los
municipios certificados en virtud de la Ley 715 de 2001, sin perjuicio de la
7
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
8
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
9
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades
territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
12
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
prescripción trienal.
El demandante pretende se reconozcan sumas retroactivas por los años de 1995
a 1999, se liquiden correctamente las sumas concedidas entre el 2000 y el 2009
y se reconozca el pago de intereses moratorios desde 1995, pretensiones que el
a quo negó, en síntesis, por falta de caudal probatorio apropiado para resolver
el particular y determinar las fechas de prescripción y los presuntos yerros en
que incurrió la demandada a la hora de calcular el retroactivo sufragado.
Sobre el primer aspecto, la parte actora expresó que mediante el acuerdo
celebrado el 3 de mayo de 2000 con Sintraenal y la declaración de voluntad que
realizó en 1998 sobre la homologación y nivelación del personal administrativo
del sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional había renunciado a
la prescripción, de manera que debían ser reconocidas las sumas atañederas a
todos los años de labor desde cuando fue homologado, esto es, desde 1995.
Igualmente, afirma que el presidente de Sintraenal promovió peticiones «[…]
de fechas 3 de mayo de 2000 y 2003», orientadas a obtener el pago de los dineros
correspondientes a la homologación.
Acerca de tales aseveraciones, resulta oportuno advertir que el procedimiento
administrativo de homologación y nivelación salarial se desarrolló en el marco
de la descentralización de la prestación del servicio educativo y comprendió
varios compromisos por parte del Gobierno nacional, en cuyo mérito pactó con
la organización Sintraenal que «[…] orientar[ía] y coadyuvar[ía] para que se
surta un proceso de homologación salarial para todos los funcionarios
administrativos de la educación pagos con recursos del situado fiscal». Sin
embargo, ese acuerdo no previó beneficios o derechos puntuales a favor de ese
personal, y desencadenó la expedición de la directiva ministerial 10 de 30 de
junio de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de 200610, instrumentos que
preceptuaron la liquidación de las deudas por concepto de homologación, los
interregnos que deberían ser reconocidos y la prescriptibilidad de aquellos
derechos.
Por consiguiente, no es de recibo la tesis de renuncia de la prescripción aducida
por el recurrente, comoquiera que el acuerdo de marras no puede considerarse
como renuncia alguna de derechos por parte de la Administración, sino
únicamente de la voluntad de adelantar un procedimiento complejo con el
10
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las
entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas
por concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
13
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
concurso de los entes territoriales receptores, luego del cual pudiera ser
determinada la deuda de la Nación por cuenta de las acreencias no prescritas y
sufragados los respectivos valores a cada servidor.
Asimismo, se tiene que las obligaciones reconocidas en el acto administrativo
demandado lo fueron de oficio, no fue identificado en este proceso judicial el
momento a partir del cual el accionante fue homologado a la planta del
departamento del Atlántico y tampoco demostró que hubiere efectuado
requerimiento alguno en nombre propio, por intermedio de asociaciones
sindicales o a través de apoderado, tendiente al reconocimiento de la nivelación
salarial, razón por la cual no se observan elementos probatorios que den cuenta
de la ilegalidad acusada.
Por otra parte, en lo que dice relación con el reajuste de los valores reconocidos
entre el 2000 y el 2009, la Sala evidencia que no fueron expuestos en la demanda
los yerros puntuales en que la Administración incurrió a la hora de calcular la
deuda y expedir el acto de reconocimiento de acreencias. En ese sentido, se
precisa que si bien el actor arguyó que el monto de lo concedido por el
departamento en el acto enjuiciado no resultaba correcto, no determinó con
claridad y detalle la razón por la que la liquidación es defectuosa y debe ser
examinada.
Con la alzada, el demandante se refirió a que el contenido del acto
administrativo acusado es prueba de que «[…] no le cancelaron: a.-) las
cesantías, las cuales parece se las liquidaron posteriormente, b.-) ni la
indemnización por vacaciones a la cual no tiene derecho por disfrutar dichas
vacaciones; c.-) ni le cancelaron ni venían cancelándoseles “los intereses a
las cesantías”, como parte integral de las cesantías, a pesar que son
ordenadas por el decreto 1919 de 2.002 y el Decreto 1582 de 1998, […] d.-)
como tampoco se liquidaron los días de descansos compensatorios no
disfrutados y dejados de cancelar […]» (sic); enunciados que, lejos de
concederle razón, dejan entrever una suerte de indefinición o falta de
conocimiento sobre los hechos y omisiones que fundan sus pretensiones, por
cuanto (i) no se expone siquiera el régimen de cesantías que lo cobija y se aduce
un posible pago posterior que no se determina, (ii) dice que gozó de las
vacaciones respecto de las cuales requiere se pague indemnizaciones y (iii)
alude a compensatorios no disfrutados ni sufragados, pero no establece los
interregnos en que prestó el tiempo de servicio extra que presuntamente no fue
14
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
tenido en cuenta al momento de liquidar las diferencias causadas entre el 2000
y el 2009.
Por tanto, en el sub lite, la parte actora no determinó con claridad el alcance
concreto de las pretensiones o yerros que advierte en la liquidación contenida
en el acto administrativo, y pareciera sugerir una revisión de la actuación de la
Administración a prevención, y no así porque se hallen identificadas falencias
particulares que se encaminen a lesionar sus derechos subjetivos, asunto sobre
el que la subsección ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse11, de la
siguiente manera:
La Sala advierte que los comprobantes de pago de las anualidades
2003 a 2014 aportados por la entidad accionada, no logran acreditar
que los factores salariales reclamados por el actor, entre ellos, la
prima técnica, prima de navidad, prima de antigüedad e
indemnización por vacaciones, no hayan sido liquidados
correctamente en el acto acusado, a través del cual se reconoció a su
favor el retroactivo con ocasión a la homologación y nivelación
salarial en calidad de empleada administrativa de la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico. Lo anterior, toda vez que
dicho acto administrativo no precisa los valores que se tuvieron en
cuenta por concepto de factores salariales para liquidar las sumas a
pagar. Igualmente, tampoco se demostró que la accionante hubiese
laborado 120 horas extras.
Sobre este punto, se aclara que como la resolución acusada reviste
las características de acto administrativo, goza de la presunción de
legalidad, la cual debió ser desvirtuada por el interesado, a través de
medios probatorios idóneos.
Así las cosas, se concluye que las pruebas que obran en el expediente
no son suficientes para acreditar que el actor laboró 120 horas extras
ni que los factores salariales que alega fueron liquidados
erróneamente dentro del retroactivo reconocido, como consecuencia
de la homologación y nivelación salarial de la que fue objeto. Por
consiguiente, al no poder determinarse que la liquidación reconocida
en el acto demandado es incorrecta, resulta improcedente ordenar la
reliquidación al reajuste, solicitada por la demandante.
Por consiguiente, la Sala observa que la ausencia de material de convicción en
la presente ocasión es una falencia de orden transversal que impide evaluar si
11
Sentencia de 10 de julio de 2020, exp. 08001-23-33-000-2014-01014-01(2460-19), C. P. César Palomino
Cortés.
15
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
los cargos de ilegalidad contra el acto acusado resultan certeros, tal como lo
concluyó el a quo.
Por otro lado, en lo atañedero a los intereses pretendidos, se tiene que el actor
no acusa mora entre la expedición del acto administrativo acusado y el pago
efectivo de lo allí reconocido, por lo que no puede pregonarse que haya existido
alguna tardanza que genere intereses de alguna naturaleza, máxime cuando no
se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo
o incumplimiento de él, y no existe previsión legal al respecto.
Sobre el particular, esta subsección, en providencia de 25 de abril de 201912, al
analizar un caso análogo al que ahora nos ocupa, precisó:
Siendo este el contexto fáctico y jurídico en el que se dio la
nivelación salarial del actor, se señala que esta Sala ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia del pago de
intereses moratorios presuntamente causados en razón de la
nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de
los cargos del sector educativo que dependían de la Nación y
pasaron a las entidades territoriales, en desarrollo del proceso de
descentralización del referido sector ordenado por la Ley 60 de
1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de 2017 se partió
de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento de la
nivelación salarial respecto del pago efectivo, indicando que
“trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que
reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un
lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta la
magnitud de los trámites económicos y administrativos para
culminar el proceso homologación y nivelación salarial”13.
En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se
señaló que no es procedente acceder al pago de los intereses
moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales,
porque tratándose de derecho sancionatorio debe existir una norma
que ordene su pago, así:
“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses
moratorios en el presente caso, teniendo en cuenta la
naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en
cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 66001-
23-33-000-2016-00471-01(1731-18), C.P. César Palomino Cortés.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado
73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).
16
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
entendido si no se dijo nada al respecto en las resoluciones
que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia,
entrar a reconocerse los intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses
moratorios deben estar consagrados en una norma que los
autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de los
mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el
documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se
evidencian en el presente asunto”14.
Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de
2018, se reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios
cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y
además no existe una norma que autorice dicho reconocimiento15.
Aunado a lo anterior, pese a que al demandante le fueron reconocidos valores a
partir del 2000 y tenía derecho, de acuerdo con el acto acusado, a que le sufragaran
las diferencias entre salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos desde
esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida del poder
adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al mandato
constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes
sumas, lo que resulta incompatible con el pago de los intereses moratorios que
suplica.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
15
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
17
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00854-01 (1176-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Orlando Gabriel Molina Jiménez contra el departamento del Atlántico
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 25 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de decisión A), que negó las súplicas
de la demanda en el proceso instaurado por el señor Orlando Gabriel Molina
Jiménez contra el departamento del Atlántico – secretaría de educación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
18
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